DE INTERÉS PERMANENTE // NOTICIAS Y CURIOSIDADES

martes, 31 de agosto de 2010

DOS COSAS DISTINTAS: CRISIS DEL “ESTADO MODERNO” Y PUTREFACCIÓN DEL ESTADO EN ESPAÑA


INDEFENSOS ANTE LA INDIGNIDAD Y LA RAPIÑA; LEGITIMADOS PARA LA REBELIÓN


Sin duda cabe hablar de la crisis del llamado “Estado moderno” (que hace tiempo dejó de ser “moderno”) con referencia a aspectos y características diversas de ese Estado. Personalmente, considero que el elemento esencial de la crisis es la disparidad o desproporción entre el poder que ese Estado supone y los mecanismos de exigencia de responsabilidad a quienes ejercen el poder. Siendo el poder enorme y creciente, con cada vez mayores posibilidades de influjo inmediato (y en gran medida irreversible), los mecanismos para exigir responsabilidades son pequeños y escasamente efectivos. En pocas palabras: las elecciones periódicas son muy poca cosa como instrumento para impulsar el buen ejercicio del poder y para reaccionar ante un ejercicio desacertado y no digamos abusivo y arbitrario.

Se dirá (es la inmediata respuesta tópica) que así es la democracia y que, cualesquiera que sean sus limitaciones y debilidades, no se ha inventado un sistema mejor (“es el menos malo de los sistemas”). Esta respuesta ha dejado de ser aceptable hace mucho tiempo. Así –abocada al abuso impune- es la democracia actual. Cabría inventar otra mejor, pero los protagonistas del poder, incluso aunque se alternen en el Gobierno, no tienen el menor interés en mejorar sustancialmente el modelo democrático que existe. Pero si la esencia de la democracia reside en la participación, basada en la igual dignidad de los ciudadanos y en su libertad, la lógica ordena imperativamente, desde hace décadas, esfuerzos para corregir nuestra democracia. Lo que sucede en todas partes -nada estoy descubriendo: lo vemos todos- es que los políticos de esta democracia (que no es igual a los políticos demócratas, muy escasos) no quieren mejoras y correcciones. Y los ciudadanos no podemos introducirlas.

De vez en cuando, como ahora en España, la crisis de la antigualla que ha llegado a ser el “Estado moderno” es más visible, casi tangible. La teoría de que la soberanía reside en el pueblo, que la ejerce mediante representantes libremente elegidos se aleja sideralmente de una realidad en la que el pueblo cuenta cada vez menos, influye cada vez menos y sabe cada vez menos sobre la realidad o verdad política, mientras que el poder, por el contrario, sabe cada vez más de cada uno de nosotros, dispone de más eficaces instrumentos para ocultar y desfigurar la realidad y utiliza medios más potentes para influir casi decisivamente en los ciudadanos, en el pueblo. Nuestros representantes lo son únicamente pro forma, porque, sustancialmente, son piezas de representación del poder. No es de extrañar que los ciudadanos se consideren crecientemente al margen de los mecanismos de esta democracia y que sean sólo profesionales del poder quienes encarnen y sirvan a esos mecanismos. Que la clase política exista como tal, como grupo humano diferenciado, cerrado, casi impermeable a la ciudadanía común, es una consecuencia lógica o natural de la crisis del “Estado moderno”. Un grupo humano monopoliza, aislado y bien separado del pueblo, todas las instituciones de esta democracia e incluso innumerables instituciones no estrictamente políticas, con las que el poder ha penetrado en el ámbito de la sociedad civil, que ha dejado de conformarse por decisiones personales libres. En vez de esforzarse en mejorar lo que se necesita mejorar, la clase política se ha esforzado con éxito en politizarlo todo. La clase política es, en su naturaleza, totalitaria, aunque muchos de sus miembros no se hayan dado cuenta. Esa clase se mantiene y se defiende con el totalitarismo, porque todo lo politiza: la cultura, las profesiones, las Universidades, la vida económica y la Ciencia, incluida la experimental. Sin duda deben existir aún, dentro de la clase política, hombres y mujeres con ideales, pero la clase se ocupa de que sólo sirvan para la retórica, de la que usan y abusan los diversos partidos y las distintas piezas del sistema. Aun así, asistimos con alguna frecuencia al abandono o expulsión de esas personas.

Si la división de poderes se va difuminando y los partidos políticos reinan en ese Estado (el "Estado de Partidos") es porque a la clase política le conviene la máxima concentración (no la dispersión ni la diferenciación) y porque los partidos se han convertido en únicos fabricantes de políticos en régimen de oligopolio con prácticas colusivas. Esos dos elementos se combinan para el fatal resultado de un poder único y sin otros límites que los económicos.

En España está agudamente en crisis el “Estado moderno”. Fallan los mecanismos de responsabilidad y de control incluso ante situaciones de excepcional necesidad, como las que estamos viviendo ahora mismo. La participación del pueblo en la cosa pública está, de hecho, reducida a cero. Pero, acumulada a esa crisis aguda del "Estado moderno", en estrecha conexión con ella pero distinta, se ha producido en España una putrefacción estatal cada día más maloliente. Los ciudadanos comunes vivimos duramente castigados en nuestro olfato personal y en nuestra personal dignidad por una singular descomposición del "Estado moderno” en crisis, que ya no logra vivir discretamente ni intenta actuar con mínima higiene y limpieza al menos de puertas afuera. Estamos, todos y cada uno, salvo excepciones de superlativa insensibilidad, como si viviéramos junto a un vertedero incontrolado o al lado de una fétida fábrica de papel de las antiguas.

Sobre lo que está ocurriendo en el “Reino de España” (un “Estado moderno” en crisis) y sobre la putrefacción añadida por lo que hace y omite el actual “Gobierno de España” se pueden escribir libros, de muy diversos estilos y con distintos enfoques, pero libros que, en sí mismos, serían de mucho interés y de gran importancia. Porque serían la historia pormenorizada de unas décadas (o de unos lustros, años o meses: a elección del escritor) de acelerada y de extrema decadencia intelectual y ética, con innumerables efectos en la educación, las libertades y la seguridad públicas, el Derecho, la economía y la cultura. Una decadencia que, más allá de las grandes cifras y de las valoraciones generales, muchos sienten (sentimos) ya, cada día, en cuerpo y alma.

Si esos libros se fuesen a leer y resultase probable que suscitaran una reacción social, sería un deber apremiante escribirlos, aunque presenten la enorme dificultad de terminarlos sin poder narrar el final, porque la vida sigue, por miserable que sea. Pero, como ya he dejado dicho aquí si no recuerdo mal, una repetida experiencia de libros de contenido “explosivo”, que, aun sin rectificación alguna, no han provocado ninguna “explosión” y ni siquiera un pequeño “incendio” o “escándalo”, desaconsejan (al menos, me lo desaconsejan a mí, que no vivo de escribir) acometer una empresa escrita de gran magnitud.

En cambio, no es posible, con mínima coherencia, callar cuando se ha construido una tribuna para hablar, por modesta que sea, como ésta lo es. Tras apuntar el marco general, he de decir cosas concretas, muy sabidas y ya escritas, pero no silenciables por mí.

En estos últimos días de agosto de 2010, se han amontonado sucesos graves y tristes. Hemos podido presenciar el ultraje a unas mujeres trabajadoras, constituidas en autoridad, llevado a cabo por ciudadanos controlados del vecino Reino de Marruecos. Y el silencio absoluto del “Gobierno de España” ante ese ultraje, seguido de un viaje del Sr. Rubalcaba, superior gubernamental de las directamente ultrajadas, para rendir pleitesía al Sultán de los ofensores violentos, nos ha empapado de vergüenza ante tan viscosa y sucia indignidad. Le han llamado diplomacia a la ausencia de la menor reacción previsible según las reglas diplomáticas que rigen en las Naciones y Estados respetables, porque esas reglas suponen un mínimo, aunque sea formal, de propia estimación.

Poco después -en medio de unos movimientos de reinicio del diálogo con los terroristas domésticos de ETA, movimientos cuando menos despreciables por su oscuridad- hemos asistido al pago de rescate en metálico y a otras concesiones a reconocidos terroristas internacionales, los de Al Qaeda en el Sahel, simultáneamente a nuestro apoyo militar y policial a la acción de la OTAN en Afganistán. La alegría de ver a dos personas en libertad (los “cooperantes”) se ha visto anulada por la suma indignidad y el descrédito de retribuir a terroristas tras meses de inactividad y de negociaciones. No me vale desviar la indignación contra “oenegés” pretendidamente imprudentes e irresponsables, como algunos han hecho. La indignación la merece íntegramente el “Gobierno de España”, que ha perpetrado la suma irresponsabilidad de ceder ante el terror y de rearmarlo.

Casi a la vez, eran asesinados tres españoles a causa de un fallo de seguridad y, sobre todo, por el odio insuperable de uno de ésos que llaman “talibanes”, con improbable exactitud, pero muy probable conexión con Al Qaeda. Fueron acribillados a balazos José María Galera Córdoba, capitán de la Guardia Civil, de 33 años, natural de Albacete; Abraham Leoncio Bravo Picallo, alférez de la Guardia Civil, de 33 años, nacido en A Coruña, y el intérprete Ataollah Taefy Khalili, de 54 años, ciudadano español de origen iraní, residente desde hace más de 30 años en Cuarte, cerca de Zaragoza.

Seguimos en Afganistán mientras lo diga Barack Obama, porque la acción de la OTAN en Afganistán -sujeta a fecha de caducidad dictada por Barack Obama- es necesaria para la seguridad de Occidente. Ya no sabemos, a estas alturas, en qué consiste esa acción: la democratización de Afganistán es (ha sido siempre) una trágica majadería y su pacificación por ejércitos extranjeros, un imposible antropológico en una tierra tribal, multiétnica y endémicamente guerrera desde hace más de mil años. Si lo necesario fuese una presencia militar de control, nos tendrían que explicar de qué y para qué. Pero queda claro que, en estos momentos, lo que quizá sea necesario (no excluyo que lo sea, pero no lo explican) para Afganistán y el mundo occidental, resulta contrario a lo que necesita políticamente Barack Obama en sus “USA”. De manera que ni agradecidos ni pagados. Porque no se le ocurrirá a Moratinos, tan contento él con su disfraz afgano de Rey Gaspar, sugerir a la Sra. Clinton (ni Zapatero osará pedirle a Obama) que, a cambio de nuestro apoyo, le den un toque al Sultán marroquí, aliado de EEUU en el área (como lo somos nosotros, se supone).

En medio de la perplejidad de lo afgano, que viven sufrida, silenciosa y dignamente nuestros militares allí destacados, un detalle del “Gobierno de España” añade el último toque de indigna estulticia: insistir machaconamente, al hablar del triple asesinato de Qala-i-Naw, en la noción de “atentado terrorista”. Este énfasis es necio, porque la pretensión de no hablar de “guerra”, situación bélica o conflicto bélico, etc., es tan evidente como la guerra que realmente existe. Hay que ser tan estultos como rastreros para ponerse a hacer equilibrios nominalistas ente guerra y terrorismo con esos muertos y con los hechos como fueron y como son. Ni un solo español ignora la guerra de Afganistán a causa de esas matizaciones verbales.

La penúltima proeza han sido los evidentes malos tratos de la policía (o, tanto da, permitidos por la policía) del Sultán de Marruecos a activistas españoles pro saharauis. Tienen razón los que se asombran de la extrañeza de esos activistas ante el trato recibido. Pero que fuesen de esperar los golpes y humillaciones no los hace ni un ápice menos injustos y condenables. En este caso, el “Gobierno de España” ha pedido explicaciones, las ha recibido enseguida de los marroquíes, las ha aceptado de inmediato ¡y las ha hecho suyas de cabo a rabo!: ¡españoles, respeten la legalidad de otros países!. En abstracto, el mensaje es inobjetable. Pero en concreto, resulta que si a algún español (o española) le parten la cara en el extranjero por defender una causa que considera justa, pero que las autoridades extranjeras tachan de ilegal, que la víctima no espere del “Gobierno de España” otra cosa que la que ha hecho en el caso: una amonestación a cumplir la legalidad (la marroquí, en este caso). Como si la ilegalidad (según Marruecos) de una protesta justificase y legalizase los golpes y las vejaciones. "No hay pruebas de fuesen policías los causantes de los golpes y moratones", nos dicen (nos lo dicen gentes que, por cierto, casi nunca necesitan pruebas). Pero es indiscutible que poco o nada sucede en territorio bajo control marroquí sin que lo sepa la policía.

A todas estas, ya tenemos de nuevo al “Gobierno de España” sometiéndose al chantaje del nacionalismo. Para prolongarse en el poder, Zapatero hace cualquier cosa: por ejemplo, hablar de “autogobierno” en Euskadi con los adversarios de quien ahora ostenta legítimamente el autogobierno. Más “negociación”, como con los piratas del “Alakrana” y los terroristas de Al Qaeda y de ETA.

Pero a la indignidad añaden, abierta y contemporáneamente, su disposición a aumentar la rapiña: con más multas, con más impuestos (aunque no sepan o no quieran decir cuáles) y con más endeudamiento, que alguna vez tendremos que pagar.

No sabemos los ciudadanos comunes qué podemos hacer, concretamente, ante la presente putrefacción en España del “Estado moderno” en crisis. Se han ocupado de acorralarnos en la indefensión. No es fácil idear modos nuevos de reacción, y de reacción eficaz. Pero, por lo menos, debemos saber que estamos plenamente legitimados para la rebelión, infinitamente más legitimados que ETA, que Al Qaeda, que los piratas somalíes y que la metodología represiva del islamismo moderado. Quizá una fuerte conciencia de esa legitimidad nuestra nos estimule a pensar más que nunca y logremos inventar formas pacíficas, pero eficaces, de la rebelión que necesitamos.

lunes, 23 de agosto de 2010

LA JUSTICIA, EN EL "PLAN GLOBAL" DE RAJOY


UN ENFOQUE MEJORABLE

El Presidente del PP, D. Mariano Rajoy, acaba de hacer unas amplias declaraciones a la agencia "Europa Press", anunciando un "plan global" que, en caso de ganar las elecciones, presentará al parlamento como primera providencia. Se trata, dice la agencia, de un plan para  generar confianza y certidumbre en la economía española.

No me ocuparé aquí más que de lo poco que ha dicho sobre la Administración de Justicia. Lo relativo a la Justicia ha sido, según afirma la misma agencia y todos los medios que se han hecho eco de las declaraciones, la siguiente frase:
"La reforma de la Justicia también formará parte de las prioridades porque 'tiene una enorme influencia en la economía' y los asuntos no pueden eternizarse 'sine die'".
Sería muy deseable que, con carácter general, se dejase de hablar de "la reforma de la Justicia", porque ese artículo determinado "la" en "la reforma", confiere al propósito reformista, conforme a la lengua española,  un tono o aire mesiánico, como de arribada al Paraíso, a la perfección definitiva. Y ese tono resulta de grotesca pedantería y de ignara suficiencia cuando hemos conocido, respecto de la Justicia, tantas reformas que, todas ellas, se presentaban como "la reforma", sin pasar de ser, en realidad, unos cambios concretos, más o menos amplios, que, en su gran mayoría, no sólo no han acercado nuestra Justicia a ningún paraíso ni perfección, sino que, por el contrario, la han empeorado grandemente. Sin ir muy lejos, el Partido Popular, que hoy preside el Sr. Rajoy, ha sido plenamente responsable (aunque no el único responsable: también puso lo suyo el PSOE) de dos reformas deplorables: una en 2003 (con Aznar aún en la presidencia del PP) y otra en 2009. Ya me he ocupado de esos cambios en este mismo blog.

Sería propio de políticos y legisladores prudentes (y respetuosos con el pluralismo y las libertades intelectuales) hablar de "una reforma" de la Justicia (o del Parlamento, o del Gobierno, o de la estructura del Estado, ¿o sólo hay que reformar la Justicia?). El artículo indeterminado no impediría añadidos significativos del ámbito material de la reforma o incluso de sus criterios inspiradores. De vez en cuando, esos políticos y legisladores (ideales) podrían tener la elegancia de ser humildes y referirse a sus concretos proyectos calificándolos como "modesta reforma". Ha habido "modestas reformas" con enormes efectos positivos. Así, por ejemplo, el Real Decreto-Ley de 2 de abril de 1924, llamado de "términos judiciales", que, con sólo "tocar" unos pocos artículos de la vieja Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, redujo extraordinariamente las dilaciones de los procesos civiles.

Dicho lo anterior y reconociendo gustosamente que el artículo determinado en cuestión no es necesariamente atribuible al Sr. Rajoy, sino a la citada "Europa Press", presentar la necesidad de reformas en la Justicia española en razón de su "enorme influencia en la economía" sólo está perfectamente justificado por tratarse de un "Plan Gobal" relativo exclusivamente a la economía. Si no fuese así, resultaría un enfoque de mínima altura, pues, por encima del innegable efecto en la economía de una buena o una mala Justicia, en ésta se juegan valores aún superiores a los económicos y no digamos a los macro-económicos.

Pero es que la siguiente afirmación del Sr. Rajoy, es decir, la relativa al por qué de la "enorme influencia" es errónea por varios motivos. El primero de ellos es que esa "enorme influencia" no guarda relación sólo ni principalmente con la rapidez de los tribunales en la resolución de los asuntos, sino, más aún, con la calidad de las sentencias y con su predictibilidad, es decir, con la seguridad jurídica que la Justicia proporciona. Por utilizar el manido pero expresivo ejemplo, lo que unos inversores extranjeros consideran no es sólo ni principalmente cuánto tardan los tribunales, sino si son independientes e imparciales y si sus sentencias suponen interpretaciones autorizadas de las leyes y de los contratos (o de los preceptos penales o de la legislación laboral) o si, por el contrario, la Justicia de un determinado país carece de independencia y está más o menos corrompida o interferida por los poderes políticos o fácticos y, supuesto que no sea así, si es raro o frecuente el fenómeno de la llamada "jurisprudencia contradictoria". A esos inversores les interesa también, desde luego, si se resuelven los asuntos litigiosos en períodos razonables, pero no sólo ni primariamente ese dato. Antes les importa lo que acabo de decir.

El Sr. Rajoy, por su ambiente familiar (su padre fue Presidente de la Audiencia Provincial de Pontevedra), sintió durante unos cuantos años gran afición por la Justicia y, de hecho, no es un secreto que apeteció en varias ocasiones el Ministerio correspondiente. Seguramente es ésa una aspiración hoy abandonada. Y desde luego, es una afición no cultivada. Digo esto porque el segundo error del Presidente del PP en esa declaración significa que no le proporcionan información fiable o él no la pide. No es cierta, sino errónea, la afirmación general (que es la que ha hecho Rajoy) de que los asuntos judiciales se eternizan sine die en España (por cierto que si se eternizaran, sería necesariamente "sine die").

Hace apenas quince días he terminado y enviado, para el primer número de una nueva revista jurídica internacional un estudio sobre la calidad de la Justicia en España (no elegí yo el tema: me pidieron ese estudio en concreto). A él pertenecen los párrafos que transcribo (con algún recorte) más abajo. Queda claro que no hay eternidades que valgan y que, concretamente en las ramas civil y laboral de la Jurisdicción, la duración de los procesos está dentro de los estándares aceptables en los países civilizados. No tanto los procesos contencioso-administrativos (que a los agentes económicos les interesan también) y es un misterio absoluto la duración promedio de los procesos penales. En todo caso, ningún favor ha hecho el Presidente del PP a España dando a entender que, en general, nuestra Justicia se eterniza. Y no ha sido justo con miles de jueces y magistrados. Ahí van los datos:

"Veamos ahora las estimaciones más recientes que están disponibles sobre duración media de los procesos civiles, según la Memoria del año 2009 del Consejo General del Poder Judicial que recoge datos del año 2008. Algunos datos podemos actualizarlos al mismo año 2009, según el (...) estudio 'La Justicia dato a dato 2010'”.

"En primera instancia, la duración media nacional de todos los procesos civiles era en el 2008 de 7’4 meses. Cuando los procesos se tramitaron en Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, es decir, en Juzgados con amplia carga de trabajo procesal penal además de la primera instancia civil, esa duración alcanzaba en 2008 los 8’1 meses y en 2009 ha llegado a los 8’6 meses. Tratándose de órganos de primera instancia exclusivamente civiles, la duración media pasó de los 6’9 meses en 2008 a los 7’3 meses en 2009. Por su parte, los asuntos en los Juzgados de Familia registraron una duración media de 4 meses. En 2008, de considerarse sólo la duración media de la primera instancia de los juicios ordinarios (los previstos para los asuntos más complejos), se alcanzan los 11’6 meses y es de temer que haya aumentado en 2009, aunque ese dato no está disponible."

"La duración media de los recursos de apelación en toda clase de asuntos civiles se mantiene entre 5’4 y 5’5 meses en 2008 y 2009."

"En ciertos territorios, la duración media superaría esas cifras y las dos instancias podrían alcanzar, en total, los 19 meses. En Madrid, la duración media de las dos instancias se situaría en 18 meses. La estadística del CGPJ no proporciona dato alguno sobre la duración de los recursos ante el Tribunal Supremo, cuando son procedentes. Sin embargo, las últimas sentencias publicadas de la Sala de lo Civil del TS muestran que en 2010 se están resolviendo recursos interpuestos entre 4 y 5 años antes."

"A mi parecer, la duración promedio de la primera y la segunda instancia se puede considerar satisfactoria. No así la de los recursos de casación ante el TS, si bien, por la limitada admisibilidad de esos recursos, la excesiva duración repercute menos en la calidad de la Justicia civil."

"El CGPJ no ofrece unos datos tan claros respecto de las tres restantes ramas de la Jurisdicción ordinaria (recordamos: Penal, Contencioso-Administrativa y Laboral o Social). O por decirlo más clara y precisamente, ofrece datos en buena medida inservibles."

"Así, tanto si se examina la 'Memoria' del año 2009 como el documento 'La Justicia dato a dato 2010', nada fiable podemos afirmar sobre la duración promedio de los distintos tipos de procesos penales. Las cifras proporcionadas por el CGPJ resultan increíbles." (...)

"Sí disponemos de datos respecto de la duración media de los procesos contencioso-administrativos, aquéllos -recordémoslo- en que se impugna ante un tribunal una actuación (positiva o negativa) de las administraciones públicas (lato sensu), actuación que, de ordinario, habría de sujetarse al Derecho Administrativo. Se trata, sin duda, de la rama de la Justicia más lenta. Los asuntos menores, competencia de los órganos unipersonales denominados Juzgados de lo Contencioso-Administrativo (previstos en la LOPJ de 1985, pero no instaurados hasta 1998), tenían en 2009 una duración promedio de 11’1 meses. En cambio, los asuntos de competencia de otros órganos jurisdiccionales, todos ellos colegiados, registraban duraciones de entre 18’8 meses (Tribunal Supremo) y 26’2 meses (en las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia), pasando por los 17’6 meses de los procesos en única instancia ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. No son cifras que pueda considerar satisfactorias, salvo, relativamente, desde el punto de vista histórico, en lo que se refiere a los asuntos competencia de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo: de no haberse instaurado esos órganos, cientos de miles de recursos de ciudadanos no tardarían algo menos de un año en resolverse, sino varios años."

"Veamos, finalmente, los datos sobre duración media de los procesos laborales seguidos ante los tribunales de la rama denominada “social” de la Justicia. La duración media resulta aceptable, pues en 2009 oscilaba entre los 6’4 meses de los procesos ante los Juzgados de lo Social y los 11’5 meses de los recursos ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, pasando por los 7’2 meses de los recursos ante la Sala de los Tribunales Superiores de Justicia y los 2’5 meses en el caso del mismo tipo de Sala de la Audiencia Nacional. Los procesos sobre despido en los Juzgados de lo Social registraron una duración media de 3’1 meses. A mi parecer, nada serio que objetar al elemento temporal de esta rama 'social' de la Justicia."

Ni que decir tiene que estas estadísticas no son de mi propia elaboración, pero las considero tan fiables como las que facilitan las instituciones oficiales de otros países. Los asuntos judiciales no se eternizan  en España.

Dos cosas más. Una, el encarecido ruego, por si sirve de algo, de que, tras una reforma procesal de más de un centenar de páginas del BOE, se abstengan todos de impedir que Jueces, Magistrados y Secretarios Judiciales dispongan del tiempo necesario para digerir la mega-ley, que no será un tiempo breve. Más Jueces y funcionarios (más Juzgados y Tribunales) y menos reformas legales, por favor. Pero la otra cosa que no quiero dejarme en el teclado es la sorpresa que me causa que al Sr. Rajoy no parezca importarle el funcionamiento de las Administraciones Públicas, "de enorme influencia en la economía". Porque, vamos a ver, ¿acaso las licencias y autorizaciones y toda clase de solicitudes necesarias para la actividad económica son concedidas o denegadas velozmente? ¿Resplandecen nuestras Administraciones Públicas -que el Sr. Rajoy coordinó y dirigió en su día como Ministro del ramo- por su objetividad, imparcialidad y celeridad? ¿Es el entramado administrativo y el lío legislativo y reglamentario autonómico del "Reino de España" un factor atrayente para nuevas empresas y actividades económicas? ¿Se distinguen las regulaciones administrativas de todos los asuntos por su claridad, armonía y razonable aplicación?

Como las respuestas a esos interrogantes han de ser forzosamente negativas (por no hablar de la corrupción pura y dura), ya tenemos otro ejemplo, muy importante, de cómo nuestra Justicia, nada bien tratada por los políticos, les sirve, aunque sea inconscientemente, de chivo expiatorio.

Item más, de propina: ¿saben que el arbitraje, al que tanto han recurrido los agentes económicos de cierta envergadura, les empieza a parecer a muchos más costoso y menos fiable que los Tribunales de Justicia? Pues así es: hay despachos de abogados muy importantes en que se trabaja con la instrucción de no incluir en los contratos que preparan ninguna cláusula de sumisión a arbitraje.

martes, 17 de agosto de 2010

DE CÓMO LOS MINISTROS DEL “GOBIERNO DE ESPAÑA” SE PUEDEN CONVERTIR EN SALTEADORES DE CAMINOS (Y, DE HECHO, LO HACEN)


MÁS IMPUESTOS: ¿PODRÍAN, AL MENOS, EXPOLIARNOS SIN MENTIR?


El Ministro de Fomento del “Gobierno de España”, D. José Blanco, está pluriempleado en pleno verano. El Sr. Blanco se despierta un día y resulta que se reactivan obras públicas, que él, a causa de la crisis, había dado por canceladas (y él es el Ministro de las obras públicas). Pocos días después, los medios de comunicación nos ofrecen una noticia de campanillas: el Sr. Blanco anuncia, en funciones oficiosas de Ministro de Economía y Hacienda, que van a subir los impuestos, porque en España “son muy bajos”. Son, dice, muy bajos "en relación con la media de los países europeos”.

Estas declaraciones del Sr. Blanco plantean dos grupos de cuestiones: para empezar, unas cuestiones formales y, después, los interrogantes de fondo. Formalmente, que un asunto tributario de primera clase lo plantee el Ministro de Fomento es tan extraño y anómalo como encontrarse al Ministro de Educación presentando un cambio de política energética. El Presidente del “Gobierno de España” podría modificar unas cuantas leyes y nombrar Ministros in genere, sin especificación de funciones. A fútbol total, con máxima movilidad de los jugadores, Gobierno total, con Ministros multifunción, versátiles a tope. Si el Sr. Zapatero hiciese eso de los Ministros sin cartera y para todo (como los mosqueteros, “uno para todos y todos para uno”), no dudo de que el Sr. Zapatero pasaría a la historia. Pero, dado que asigna denominaciones a los Ministerios, referidas a ámbitos de actuación más o menos diferenciados, hacer que los Ministros, en cuanto Ministros, hablen de cualquier asunto, son ganas de ensañarse con la ciudadanía, por si no tuviéramos ya bastante castigo. Hay un toque de refinada crueldad psicológica –la más terrorífica- en ese súbito proceder del Sr. Blanco, que -¿quién lo duda?- no habrá actuado sin conocimiento y permiso del Presidente Zapatero.

Suponga el Sr. Zapatero –a ver si me entiende-que cita a La Moncloa, en pleno agosto, a los más importantes empresarios de la construcción y suponga que no se filtra esa cita (o citación) y el encuentro no se suspende “sine die” (que es lo que le está ocurriendo a ZP en los últimos tiempos). ¿Qué le parecería al Sr. Zapatero que acudiesen a su cita los más prominentes empresarios de la alimentación? Seguro que le desconcertaría, le parecería una falta de respeto y un obstáculo importante para la necesaria comunicación del Gobierno con la sociedad civil. Pues lo del Ministro de Fomento anunciando subida de impuestos es una desconsideración igual hacia los ciudadanos. O incluso mayor, porque somos los ciudadanos los que pagamos al Gobierno y sus Ministros, y no al revés. Estoy dispuesto a reconocer que, en abstracto, les pagamos poco. Pero, en concreto, a estos Ministros que nos desconciertan, nos faltan al respeto y nos desasosiegan no habría que pagarles nada. Habría que subirles los impuestos.

De lo anterior se deduce que las cuestiones formales tienen, con mucha frecuencia, una importancia superlativa. Las de este anuncio de subida de impuestos nos conducen nada menos que a la cuestión de la legitimidad del poder. La legitimidad de ejercicio, que se llama, para distinguirla de la legitimidad de origen. No voy a entretenerme en grandes explicaciones. Los lectores entenderán fácilmente que, sin formas, el Gobierno no es sino una cuadrilla de salteadores de caminos, con óptimas conexiones con la Hacienda y la Guardia Civil, pero una banda de forajidos asaltantes a fin de cuentas. [Me dice "Sin retorno" que algo semejante ya lo dijo Max Weber. No me extraña y me reconforta.]

Pero es que en el anuncio del Sr. Blanco concurren, además, circunstancias agravantes. Como quiera que, según he indicado, el Sr. Blanco nos anuncia el pedrisco fiscal poco después de que se anunciase que unas obras públicas iniciadas se interrumpían y otras comprometidas no se iniciarían, todo ello por falta de fondos, los ciudadanos atribulados podríamos pensar que el Sr. Blanco se estaba vengando en cabezas ajenas, que son las nuestras, tras enterarse de que no todo lo que él había anunciado que paraba, efectivamente iba a parar. Bien podríamos pensar que D. José (“Pepiño”, para las gentes de Palas de Rei y de la Illa de Arousa y para todo el pueblo español) se ha dicho: “si lo que se paraba por falta de fondos ya no se para, entonces se necesitan fondos y, por tanto, tengo que decir que hay que subir los impuestos”. Si esta hipótesis, que dista mucho de ser irracional, se correspondiese con la realidad, tendríamos que un Ministro de obras públicas hace pagar a todos los ciudadanos su descontento con su Presidente y/o sus compañeros de “Gobierno” o su necesidad de explicarles que si no hay fondos, no los hay y, por tanto, no hay obras. Y que si hay obras, porque se quiere contentar a éste o a aquél (aliado político o empresario amigo), tienen que recaudarse fondos con la subida de impuestos.

Otra circunstancia concurrente es que Blanco ha penetrado en el territorio de la “Ministra de Economía y Hacienda”, que es además Vicepresidenta segunda del “Gobierno de España”, y por tanto, superior en categoría al Sr. Ministro de Fomento. La Sra. Salgado no había dimitido, aunque pasaban las horas y seguía en silencio. Finalmente, no es circunstancia despreciable el hecho de que el barullo no pueda encontrar excusa en hallarse el Presidente Zapatero vacacionando fuera de Madrid, porque sigue de vacaciones en la Villa y Corte. Así que este descontrol intestino (casi intestinal) del “Gobierno de España” se ha producido físicamente delante de las narices del Sr. Zapatero.

Hace pocas horas, el Ministerio de Fomento ha desmentido/matizado las declaraciones de D. José, “o noso Pepiño” y en Economía y Hacienda han venido a decir que no especulemos, que nos atengamos a los hechos, a los hechos venideros (es decir, a los próximos presupuestos) y a los firmes y constantes criterios que en esta materia, como en todas, exhibe el “Gobierno de España”. Nada tranquilizador, sino todo lo contrario.

Pueden Vds. ver y escuchar a D. José Blanco mediante el siguiente enlace:


A mí me parece que, para empezar como empieza Don José, afirmando dos veces que no sabe nada de impuestos, lo que después sugiere-anuncia se entiende sin dificultad. Y se ve a “Don Pepiño” bien sentado en el sillón ministerial. El descontrol no es tal: es una táctica de confusión meditada para castigar a la ciudadanía por su intención de voto. Es quizá un argumento electoral: "vótennos a nosotros, que mentimos mejor que ellos." Hace décadas, semejante argumento hubiese sido impensable (y, de hecho, nadie lo pensó o, al menos, nadie lo utilizó), pero hoy en día, sabedora y bien consciente ya la ciudadanía del problema que tiene con la clase política, lo que antes hubiese sido descabellado puede darse hoy como un ejercicio de franqueza y sinceridad ("honestidad", se dice ahora).

Pero vamos ya a la cuestión de fondo: la subida de impuestos “porque son bajos”, comparados con los de Europa. Inmediatamente, los medios de comunicación mínimamente independientes, explican, incluso con gráficos, que lo que ha dicho el Sr. Blanco no es cierto. No puedo reproducir aquí todos los datos y argumentos publicados que demuestran que el Sr. Blanco ha faltado a la verdad. De todas maneras, el enfoque de la verdad o la falsedad de la comparación con Europa (el resto de Europa, querrán decir) no es el principal y el decisivo. Porque lo principal y decisivo respecto de los tributos es a qué se destina lo que se recauda con ellos. No hace falta saber mucho para advertir que los impuestos no se han de subir o bajar en un país porque en otros sean más bajos o más altos. La mera comparación con cifras ajenas nunca ha sido ni debe ser una justificación de los tributos. Si fuese una justificación, por la misma "regla de tres", las retribuciones ajenas más altas determinarían que aquí subiesen el salario mínimo y las nóminas funcionariales, cuando las acaban de bajar.

Ocurre, además, eso sí, que la comparación con la media europea no arroja el resultado que el Sr. Blanco afirma como si fuese algo tan visible y claro como la Torre Eiffel o el Big Ben de Londres. El sindicato de técnicos del mismísimo Ministerio de Economía y Hacienda tritura la contundente afirmación de "D. Pepiño" en el seno de sus pretendidas meras reflexiones, tan serenas y ministeriales como han podido comprobar. Copio la noticia de lo que estos señores técnicos dicen:

“Los trabajadores españoles tienen que realizar un esfuerzo fiscal por encima del de los países europeos, superados solamente por Italia y Portugal, ya que si bien la presión fiscal sobre las rentas del trabajo en España es ligeramente inferior a la media europea, todavía es menor el salario medio con respecto al de los países de la zona euro, según el sindicato de técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda (Gestha).”

“En la actualidad, los españoles ganan un promedio de 22.802 euros anuales brutos, mientras que la media de los países del entorno se sitúa en unos 34.000 euros.”

“Los técnicos de Hacienda responden de esta manera al ministro de Fomento, José Blanco, quien apostó por "homologar" los impuestos españoles a la media de la UE para poder disponer de servicios de mayor calidad.”

“Gestha indica que la presión fiscal sobre el salario medio español se situó en el 37,8% en el año 2008, lo que supone una tasa cinco puntos por debajo de la media europea (43,14%). Sólo los trabajadores de Portugal (37,6%) e Irlanda (22,9%) soportan menor presión fiscal que los empleados españoles. En cambio, los trabajadores de Holanda (45%), Alemania (52%), Finlandia (43,5%) y Austria (48,8%) están sometidos a mucha mayor presión fiscal que los trabajadores españoles.”

“Sin embargo, añade que a pesar de situarse España entre los estados de menor presión fiscal, es el país de la zona euro donde más ha crecido el esfuerzo fiscal de las rentas del trabajo en los últimos cinco años, sin tener en cuenta la reciente subida de impuestos anunciada hace poco más de un mes por el Ejecutivo.”

“En este sentido, Gestha advierte de que si se consideran los impuestos que soporta un español por el consumo (IVA e Impuestos Especiales), la presión fiscal sobre el salario medio se elevaría desde el 37,8% hasta el 47,01%, y podría incluso superar el 50% si se añaden los pagos medios de los impuestos sobre sucesiones o donaciones, transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados, impuestos municipales o tasas.”

Podríamos, con suma benevolencia y total gratuidad, pensar que D. José Blanco y los que le apoyan han cometido un error, pero no una mentira, porque la mentira requiere la conciencia de que se está presentando como verdadero lo que se sabe que es falso. Así que, en teoría, cabría defender que eso de que nuestros impuestos o nuestra “base impositiva es muy baja en relación con la media de los países europeos” no es una mentira, sino un error de “Don Pepiño” y de cuantos le han apoyado en este gran sobresalto agosteño. Pero si uno piensa, como debe pensar, que el Ministro Blanco no es un “verso suelto” en este “Gobierno de España”, resulta que, como en otras ocasiones, lo que Blanco ha hecho, aunque sea desconcertada y desconcertantemente, es anunciar la nueva subida de impuestos que ese “Gobierno” planea. Ese "Gobierno" y los asesores de “Don Pepiño” no ignoran la realidad impositiva de España “en relación con la media de los países europeos”. Y como no la ignoran y no desconocen que, en media de ingresos brutos, andamos alrededor de los mil euros mensuales menos que la media de los países europeos, lo que ha hecho “Don Pepiño” es mentir. Sobre esa mentira, el "Gobierno de España" se dispone a expoliarnos más de lo que ya lo hace.

Y ese ya planeado expolio adicional es inicuo, ante todo porque con él pretenden que sigamos financiando, no servicios e infraestructuras necesarias (de los que no se sabe nada), sino los colosales organigramas del Estado y de las Comunidades Autónomas, con un gasto público que carece de cualquier justificación, racional o económica. Reduzcan nuestros gobernantes al 50 % las cúpulas de sus gobiernos (nacional, autonómicos e incluso los de grandes municipios), como pueden hacerlo sin dejar a nadie en la calle, según expliqué aquí (v. post de 6 de febrero de 2010: “Gobierno de concentración, reducción del gasto público y regeneración de la clase política”) y los contribuyentes quedaremos muy bien impresionados y bien dispuestos. Pero ciudadanos más exprimidos fiscalmente para que la clase política siga manteniéndose y manteniendo mastodontes ineficientes y mascotitas de puro capricho (las embajaditas, los “observatorios”, las “agencias”, etc.), eso no, de eso nada. Y menos con mentiras sobre nosotros y los demás europeos. La misma Agencia Tributaria demuestra que nuestro "Gobierno" miente.

Por lo demás, ya está bien de fijarse en las rentas del trabajo y hacerse los distraídos sobre las rentas del capital, por aquello de que no se fuguen los capitales (los que no se hayan fugado ya). El “Gobierno de España” no puede subir más ningún impuesto, porque nuestra recuperación económica real depende de que la gente tenga dinero. A base de que la gente tenga aún menos dinero disponible que ahora no puede darse recuperación económica alguna. Y si no hay recuperación, habrá más paro. Si no lo entienden, señores del “Gobierno de España”, será porque no quieren esforzarse nada en entenderlo, porque es algo que entiende cualquiera a poca atención que ponga. Si, pese a todo, Vds., señores “gobernantes” no logran entenderlo, pueden preguntar a alguien que tienen bien cerca, porque es un Secretario de Estado, el de Economía y Hacienda. A mí no me impresiona que este señor Campa haya pasado por el IESE. Eso no me produce ni frío ni calor. Pero, por una vez, me convenció la noticia de lo que Campa había dicho en una reunión en Londres y en la sede del Ministerio. Si era cierta la noticia (que nadie ha desmentido ni matizado), la clave de la recuperación, para Campa, está en el ahorro de las familias y las empresas, porque el consumo se ha retraído por debajo de la caída de los ingresos o renta real de los hogares. ¿Pero qué ahorro va a existir si todavía se nos exprime más?

Como tienen la sartén por el mango o el trabuco cargado apuntándonos, nos van a expoliar más aún en cuanto quieran. Pero, al menos, podrían no mentirnos. Lo que sucede es que ya no pueden. Han cogido un vicio de mentir mucho más adictivo que el tabaco. Y más nocivo.

domingo, 15 de agosto de 2010

EL "SISTEMA" NO QUIERE QUE PENSEMOS ("POR LIBRE")


¿ES MORALMENTE ACEPTABLE ABDICAR DEL ESTUDIO Y DEL PENSAMIENTO?


El 15 de diciembre de 1999, publiqué en el periódico EL MUNDO, un artículo con el título “ODIO AL PENSAMIENTO”. Lo reproduzco ahora en este “blog” porque, no sólo no ha cambiado nada mi apreciación del gran peligro en los 10 años que han transcurrido, sino que, por el contrario, veo con mucha claridad que el fenómeno del odio a pensar se ha intensificado en esta década pasada y, consiguientemente, hoy me inquieta aún más la maldad que ese odio entraña y las consecuencias a las que ha conducido y va a conducir.

El sistema, el establishment, ha sido sometido en estos años a durísimas pruebas. Tras ellas, resulta hoy mucho más fácilmente cuestionable que antes la pretendida perfección del sistema y ahora es casi absurda, racionalmente, la perspectiva de su deseable mantenimiento indefinido. Sin embargo, el sistema ha sobrevivido a todas esas pruebas -desde el 11-S hasta la megacrisis financiera y económica que aún padecemos y que durará mucho- y se ha perfeccionado hasta extremos que, al menos a mí (y sé que no soy el único), me causan una muy inquietante mezcla de vértigo e incertidumbre, con una miaja de pánico. Entre otros perfeccionamientos está el de no detenerse ni vacilar antes sus contradicciones internas (su irracionalidad) y el de procurar que no prospere nada que pueda suponer el menor principio de superación y sustitución del sistema mismo.

Seguidamente reproduzco completo, en negrita y entrecomillado, el texto de 1999, con alguna interpolación actual entre corchetes.

«Dice Bernard-Henry Lévy, en “La pureza peligrosa”, que “una democracia que ya no piensa o que, todavía peor, odia el pensamiento, es una democracia condenada. Porque, por encima de las creencias, de los deseos y de la política, lo que está en juego es el pensamiento mismo. Y, al final, este desdén por el pensamiento que hoy en día reina en el ambiente, sólo puede beneficiar a aquellos que no han dejado de pensar, o que vuelven a pensar.” (la cursiva es mía).»

«El mundo occidental no se encuentra, “hoy en día” (es decir, desde hace años), en una situación remotamente parecida al esplendor intelectual. Se diría —y, de hecho, se dice por personas más autorizadas que yo— que estamos, más bien, en un empantanamiento apático e indisimulablemente decadente.»

«Pero no se trata sólo de que no se produzcan —o no circulen ni tengan vigencia— conjuntos de ideas bien trabados y fecundos; no es ya que escaseen los buenos productos de la actividad consistente en pensar. La “crisis” es más radical: es una crisis del pensamiento en el sentido en que la Academia suele construir definiciones: es crisis de la acción o efecto de pensar. Hay crisis, en este sentido, porque no es habitual pensar, porque no se estimula pensar y, además y sobre todo, porque se piensa muy malamente. Ejemplos de pensar viciado: tomar conclusiones (el término de una cadena de hechos, verdaderos principios y argumentos) como principios; manejar argumentos (discutibles) como si fueran hechos (que sólo pueden ser ciertos o falsos, o dudosos) y, muy frecuentemente, edificar argumentaciones sin ningún hecho o con hechos falsos como base.»

«Este fenómeno es antiquísimo. La “novedad” de “hoy en día” consiste en que son millares las necedades y sofismas que, sin detectarse como tales, pasan diariamente ante los ojos y zumban en los oídos de millones de seres humanos.»

«Iba a decir que esto les sucede también a los que viven en los llamados países occidentales, pero probablemente sea más exacto decir que a quienes les sucede es precisamente a los habitantes de esos países. Y esas necedades surten efectos decisivos, es decir, influyen en muchas vidas.»

«Junto a una compleja estructura de estímulos sensitivos y de teclas pulsantes de la afectividad, de estimuladores de los más simples y primeros impulsos —la aceptación o el rechazo netos—, la falsificación del raciocinio alcanza enorme validez social. No importa si se tiene razón, o no. Lo que importa es tener altavoces, tribunas, mensajes y artilugios creadores de imagen. Se mantiene la apariencia de que se sigue apelando a la condición racional de cada ciudadano o, por mejor decir, de cada consumidor o usuario, que es la faceta que interesa. Pero es sólo apariencia.» [La prueba de que se trata sólo de apariencia engañosa es que, en estos diez años, no se ha podido apreciar ningún avance significativo en la calidad de la enseñanza. Muy al contrario: lo más sobresaliente en ese ámbito es también lo más grave y negativo: la progresiva destrucción de las instituciones educativas y de los planes de estudios exigentes, en todos los niveles y en demasiados países. Puede decirse que ésta es la gran empresa del sistema contra el pensamiento.]

«Con todos esos elementos, hay configurado un sistema o establecimiento, que anida en la democracia occidental, como un parásito que la fagocita hasta dejarla en poco más que la osamenta. Este sistema establece límites, fuera de los cuales se cae en la marginalidad o el ostracismo.»

«El sistema establece lo políticamente correcto o, mejor, lo culturalmente correcto, pues comprende, no sólo la política (partidos, Estado, Administraciones), sino la vida social entera. Le interesan anchos márgenes. Se admiten y hasta se agradecen y fomentan actitudes críticas y gestos escandalosos, como flores raras y adornos estrafalarios que doten al sistema del máximo exotismo multicultural: cabe cualquier heterodoxia de guardarropía. De eso, todo lo que se quiera: provocación, obscenidad, magia blanca y negra, toda especie de marginalidad cultural prefabricada.» [Los ejemplos de marginalidad prefabricada, de “heterodoxia de guardarropía” son hoy más abundantes y notorios que hace 10 años: al sistema le conviene que existan “provocadores” e “infractores”, porque así crea una imagen de libertad y pluralismo. Pero esos “provocadores” e “infractores” no sólo no cuestionan el sistema, sino que lo encarnan y lo apoyan, aunque sólo sea (que no lo es) por fomentar la banalidad y distraer la atención.]

«En cambio, no cabe que, a base de verdades -modestas, pequeñas y punzantes verdades-, se salga nadie de lo establecido. Los límites existen y se resumen en menos letras que la Ley y los profetas: no perturbar el sistema. Si alguien no se conforma con los “amplios” márgenes, es un loco peligroso o cualquier otra categoría de réprobo. Y, sobre todo, no es de fiar. Y como no es de fiar, no se le fía. Ha entrado en la lista negra, figura en el RAI (registro de aceptaciones impagadas): nadie en el circuito le da crédito.»

«No me parece que este sistema o establishment, que, sin ser la democracia occidental, se enseñorea de ella, sea ningún invento ni que haya exageración al describirlo. El mundo de "El Show de Truman", un mundo feliz y estúpido —sumamente estúpido: el principal éxito de Weir es hacer palpar la estupidez— es una realidad, como lo es la falsa guerra de “Cortina de humo” y como lo son las descripciones americanas de Tom Wolfe.» [A los lectores de este “blog” les debe resultar familiar la idea de que las instituciones políticas y las económicas mienten y engañan casi sistemáticamente sin apenas excepciones en ningún lugar. La parte más agresiva de la estrategia institucional contra la resistencia a aceptar mentiras, engaños y ocultamientos es el uso de la etiqueta “teoría conspiratoria” o “paranoia conspirativa”. No habrán encontrado nunca en este “blog” la exposición de ninguna teoría o versión de hechos que pudiese ser así etiquetada. No me adhiero a conjeturas e hipótesis y menos aún puedo aceptar presentarlas como “verdades alternativas” a la verdad oficial y defenderlas empecinadamente como tales. Pero no caer en paranioas conspirativas es una cosa y otra muy distinta la credulidad máxima hacia lo que se presenta como verdad incontrovertible desde instancias de apariencia respetable, pero sin datos creíbles y sin argumentos claros y sólidos. No hace falta adherirse a una teoría frente a la verdad oficial para no creer en ésta. Un servidor no se fía ni del Informe Warren sobre el asesinato de Kennedy ni de la versión oficial del golpe del 23-F ni de la relativa al 11-M en Madrid, aunque no tenga sino impresiones y conjeturas personales más o menos fuertes y más o menos fundadas, pero que nunca he pretendido convertir en historia. Reconozco, sin embargo, que, en ocasiones, las verdades oficiales son la mejor promoción imaginable de las teorías conspiratorias.]

«El sistema está muy bien trabado. Para conseguirlo y mantenerlo, hay, como dice Bernard-Henry Lévy, quien no ha dejado de pensar o vuelve a pensar. Si alguien pregunta adónde conduce este sistema, la respuesta es sencilla: a ninguna parte, porque es el término, el final de la Historia (aunque no se lleve citar a Fukuyama, la idea ha calado hondo): ya no necesitamos ir, porque ya hemos llegado.»

«La debilidad de esta idea estriba, en una dimensión planetaria, en las reales amenazas al sistema y su más que difícil trasplante a inmensas porciones del globo terráqueo. Desde luego que el sistema puede intentar desentenderse de todo eso, del mismo modo que uno puede decidir vivir como si careciera de vecinos. Pero el fingimiento de un universo completo y terminado resulta muy problemático cuando a poca distancia hay matanzas masivas y uno de los elementos del sistema es la globalidad de la aldea. No es nada fácil pretender que no existen vecinos mientras te sacuden los tabiques. Ni hay seguridad de que los vecinos permanecerán pacíficamente en su territorio.»

«Pero los problemas para la pretensión de que el sistema es perfecto prosiguen en cuanto preguntamos, no adónde conduce, sino adónde nos conduce ese sistema. Una pregunta que interesa a quienes se encuentran dentro del sistema, válida incluso si se aceptara que no queda nada por recorrer y aun en la hipótesis de que no hubiera ni Tercer ni Cuarto Mundo y todos fuéramos G-8.»

«Porque suponiendo —y es mucho suponer— que todos aceptaran la sistemática falsificación del raciocinio, están, no sólo los mendigos que duermen en portales cercanos al nuestro, sino, en todo Occidente, las bolsas de miseria, el universo de los drogadictos, las muchedumbres de los delincuentes y sus víctimas y la legión de insatisfechos de todas las especies. Todos éstos, más los odiados por pensar, no se consideran -no nos consideramos- ni situados ni conducidos a nada que se parezca a un paraíso.»

«No pretendo hoy responder a todo esto. Hoy me conformaría con reclamar respeto —verdadero respeto— a la libertad de pensar y un comienzo de aversión a la intolerancia sorda —porque se trata de una sordera pertinaz y persecutoria— que ejerce lo políticamente o culturalmente correcto, el pensamiento único, o como se le llame. Un primer paso podría ser no odiar el pensamiento que no suene a políticamente o culturalmente correcto, sino querer y poder escuchar. Claro es que no puede quererse la libertad de pensamiento si no se quiere que se piense, si se confunden principios y axiomas —que son muy pocos— con conclusiones, si se decide no prestar atención a los hechos. Es irrisorio pedir a quien no sabe ni quiere saber conducir un automóvil que ejercite y respete la libertad de moverse en automóvil.»

«En su “Elogio de la locura”, subtitulado “Encomio de la Estulticia”, Erasmo hace declarar a ésta que su padre es Pluto, el dios de las riquezas, y —aclara— no “aquel Pluto aristofánico, que tenía un pie en el ataúd y la vista perdida, sino un Pluto vigoroso, embriagado por la juventud.” Sospecho que el sistema es el fruto apoteósico de un Pluto vigoroso y embriagado, un estado de cosas donde el dinero no se maneja con lógica y razón, sino que genera su propia y excluyente lógica, a partir de la cual todo se construye. Esto lo sospecho, pero en un plano más modesto y próximo, veo claramente que la simple proclividad a la adoración de Pluto obnubila la inteligencia hasta extremos tremendos. En los últimos tiempos, las cosas más disparatadas y sorprendentes —por su procedencia— que se han dicho las ha engendrado la ansiedad por el dinero. No lo demonizo. El dinero es necesario. Pero sin la embriaguez de Pluto. Sin convertirse en padre y dueño del pensar y del saber, de la política y de la justicia.»

Hasta aquí el viejo texto, al que añado algunas consideraciones. La primera va a procurar, aunque quizá sea innecesario, disolver la impresión de que cuando atribuyo una subjetividad protagonista al sistema o establishment estoy remitiendo a los lectores a una instancia vaga e inconcreta, que pretende sugerir oscuridades y anonimatos no verificables, como si se tratase de una sociedad secreta o un círculo iniciático. Y no es así, aunque no poseo conocimientos que me permitan excluir por completo la existencia de sociedades secretas y círculos iniciáticos. “Sistema” o “establishment” quiere designar el entramado de 1) instituciones políticas (no sólo oficiales, también privadas); 2) entidades empresariales, económicas, financieras; y 3) medios de comunicación, especialmente los integrados en grupos o muy conectados y dependientes de redes de información y difusión de opinión. Es una realidad patente y casi tangible. Y cae dentro de lo evidente, para cualquiera que no se haya constituido en ermitaño, la creciente implicación de esos tres tipos de entidades: los poderes públicos recurren a la banca, ésta a los poderes públicos y los medios de comunicación necesitan de los poderes políticos y económicos (no siempre y en todas partes, pero sí en España y en otros países) e influyen en unos y otros. La interacción es constante, no siempre o pocas veces limpia y ya casi nunca conforme a reglas jurídicas y económicas conocidas y aceptables.

Es verdad que en estos diez años, han surgido publicaciones y medios de comunicación en parte y aparentemente contrarios al sistema (sólo en parte y en apariencia, insisto). Son una novedad reseñable, pero ni es seguro que se vayan a mantener mucho tiempo ni menos aún que, de mantenerse (y para mantenerse), no ingresen en el sistema, incluso de buena gana, como quien, desde la marginalidad, ha logrado el éxito máximo.

También está, no lo olvidamos, el auge de internet, con publicaciones digitales, blogs, redes, etc. Es innegable que internet amplifica la individualidad y la discrepancia individual, permite conexiones antes imposibles y difunde información con enorme rapidez. Pero el sistema también accede a internet de mil formas y también logra en el espacio radioeléctrico (o lo que sea) marginalidades decisivas a la hora de conformar y manejar la opinión pública y a la hora de movilizar (o inmovilizar) a la gente.

Ahí va una segunda consideración: está meridianamente claro que la Historia no ha llegado a su final con una instalación general de los seres humanos en el sistema. No estamos ante nada remotamente parecido, no sólo porque más de dos tercios del planeta se encuentren entre muy lejos de la prosperidad y demasiado cerca de la miseria (o inmersos en ella) ni porque no hayan cesado las matanzas en el Tercer y el Cuarto Mundo, sino porque, de un lado, el sistema ha entrado en pérdida con la mega-crisis económica, dentro del ámbito del G-20 y del mismísimo G-8 y, porque, de otro lado, es innegable un retroceso mundial incluso de la democracia formal (basta mirar a Iberoamérica y África, que, de ordinario, conocemos mejor que Asia). Las amenazas a la seguridad en la aldea global no han disminuido, sino aumentado, como se reconoce al referirse -más abierta y frecuentemente desde hace meses- al creciente y real peligro de conflictos nucleares.

En tercer lugar: reconozcan que el párrafo final sobre la influencia de Pluto, dios de las riquezas, bestia tan poderosa como ebria, se ha cumplido asombrosamente y hasta extremos inimaginables. La mega-crisis ha sido una gesta apoteósica de Pluto. Ante esa crisis, personalidades muy diversas han pronunciado solemnemente la misma palabra clave: “avaricia”. Y es que la condición humana no ha cambiado, en sustancia, desde Erasmo de Rotterdam hasta hoy mismo. Pero, puestos a tomarnos en serio lo descubierto desde antiguo, no dejen de releer el texto bien y reparen en que Pluto es reconocido como padre por la Estulticia. Las tonterías masivas de hoy tienen mucho que ver con el “ansia viva” (como dice José Mota, nuestro mejor sociólogo) de echar más dineros “a la saca”. Y, por supuesto, los adoradores de Pluto cometen estupideces tremendas, cósmicas. A la vista está.

Me falta, para terminar, algo que explique el subtítulo de este post. Voy a intentarlo con brevedad y siempre podré volver sobre el asunto. Quienes piensan o creen (o ambas cosas) que el hombre tiene una naturaleza y que la racionalidad es esencial en esa naturaleza, no pueden, con un mínimo de coherencia, considerar éticamente indiferente, neutral, ni bueno ni malo, el hábito de no pensar (informadamente), de no estudiar en serio los problemas. Si somos “animales racionales” dimitir del esfuerzo racional es ir contra nuestra naturaleza y traicionar nuestro destino personal. Y lo que alimenta la falta de estudio y de reflexión es contrario a la ética natural. Seriamente y gravemente contrario. Arrojarse, con desprecio del esfuerzo intelectual, del estudio y del raciocinio, en manos de lo que en 1999 procuraba describir como “estructura de estímulos sensitivos y de teclas pulsantes de la afectividad, de estimuladores de los más simples y primeros impulsos”, con la penosa justificación de que el estudio (que es leer pensando con esfuerzo por entender a fondo lo que se lee) es arduo y “poco entretenido”, es una incoherencia monumental en el plano antropológico y ético para quienes piensen o crean (o las dos cosas) que el hombre se define por ser racional y por ser libre. Las personas que reconocen la naturaleza racional del homo sapiens no pueden acabar actuando, a todas horas, como si suscribiesen, para todo, la frasecita ésa de “una buena imagen vale más que cien palabras”. O sea, que, en vez de Platón y Aristóteles, unas cuantas fotos y un buen video. Las buenas imágenes son muy expresivas respecto de algunos fenómenos, es decir, de parte de todo  lo que resulta aprehensible por los sentidos externos (y muchas veces las imágenes demandan un examen racional). Para todo lo demás, lo que se necesita es estudiar y pensar más. Para vivir como seres humanos se necesitan una buena dosis de sentido crítico (sin pasarse tampoco) y una actividad personal de estudio (pensar "por libre" no significa prescindir de conocimientos y sustituirlos por rápidas ocurrencias) y de análisis y reflexión.

Defender la libertad de opinión y de expresión de modo que estén verdaderamente protegidas hasta las tonterías más claras; defender que no se crucifique verbalmente, ni en la conversación ordinaria ni en los medios, a quien dice una bobada y oponerse a que se criminalicen las opiniones no es igual y no tiene nada que ver con actuar como si se pensase que es tan verdadera y valiosa la tontería como la afirmación bien fundamentada. Y menos aún, si cabe, tiene que ver con legitimar éticamente (por acción o por omisión) la pereza y la abulia del intelecto.

NASCITURUS, NO MORITURUS (y III): LA DUDOSA CONSTITUCIONALIDAD DE LA “LEY AÍDO”


Y LA PRETENDIDA REDUCCIÓN, CON ESA LEY, DEL NÚMERO DE "EMBARAZOS NO DESEADOS" Y DE ABORTOS.


Es lógico que sea al final cuando nos ocupemos de la discutida constitucionalidad de la Ley Orgánica 2/2010, más conocida como Ley Aído o nueva Ley del Aborto. Los datos y consideraciones de los dos anteriores “post” no pierden (ni ganan) valor a causa de la constitucionalidad o inconstitucionalidad, porque ésta depende de lo que diga la Constitución en vigor en cada país y de cómo sea interpretado lo que dice, mientras que los datos expuestos derivan de la investigación científica (biológica y genética) y del análisis intelectual del aborto voluntario.

En España lo que la Constitución dice, en el arranque de su art. 15 es esto: “Todos tienen derecho a la vida”. En las Cortes constituyentes ya fue grande el debate sobre la redacción de esa primera frase del art. 15 CE. En razón de permitir o prohibir el aborto se discutió hablar de “persona” o de “todos”. Finalmente se prefirió “todos” (“persona”, con el Código Civil en la mano, sólo son los nacidos, como ya vimos). Precisamente en esa discusión pronunció Peces-Barba Martínez una frase famosa, que aquí se recordó no hace mucho: “Desengáñense sus señorías, todos saben que el problema del Derecho es el problema de la fuerza que está detrás del poder político y de la interpretación. Y si hay un Tribunal Constitucional y una mayoría pro abortista, ‘todos’ permitirá una ley del aborto; y si hay un Tribunal Constitucional y una mayoría antiabortista, ‘la persona’ impide una ley de aborto”. Un monumento al uso alternativo del Derecho.

Llegó en 1983 una Ley Orgánica de Reforma del art. 417 bis del Código Penal, por la que, en los tres supuestos que transcribí en el primero de esta serie de “post”, se despenalizaba el aborto. Esa ley fue recurrida ante el TC y éste acabó dictando la STC 53/1985, de 11 de abril, que, aunque en sí misma estimaba el recurso, admitía la constitucionalidad del aborto en esos tres supuestos si se incluían en la ley pequeñas correcciones. En todo caso, es en esa sentencia donde se contiene la doctrina del TC español sobre la vida del nasciturus y el aborto.

Recuérdese que el planteamiento del aborto en aquellos años venía a admitir que era una desgracia, un mal grave, pero que no siempre debía ser penalmente castigado. De hecho, el aborto, tras la Ley de 1985 que se dictó para acomodarse a la STC 53/1985, seguía siendo considerado delito, con las excepciones de los tres supuestos del art. 417 bis del Código Penal. Y así se mantuvo el tratamiento legal del asunto en el mal llamado “Código Penal de la Democracia” (CP), de 1995.

La realidad del aborto en España consistía en la burla y consiguiente inaplicación de las normas legales despenalizadoras, con una red de establecimientos privados en que se fue practicando un número creciente de abortos casi siempre (más del 90 % de los casos) con la cobertura del supuesto de la salud psíquica de la madre, a base de certificados expedidos mecánicamente por facultativos al servicio de esos establecimientos. Estábamos, en realidad, ante un aborto a petición. Los abortos se realizaron, prácticamente todos, bajo la cobertura de la “salud psíquica de la madre”, con informes de médicos a sueldo de las “clínicas” instaladas para los denominados “abortos de bajo riesgo”, informes que desatendían el riesgo del aborto para esa misma salud psíquica y, por supuesto, la exigencia legal de “grave peligro”.

Pero se descubrieron varios casos de fraude y de incumplimiento masivo de la ley y de disposiciones sobre condiciones sanitarias, ligados a negocios sumamente lucrativos. Y los procesos penales consiguientemente incoados, con fuerte amenaza hacia varios “empresarios”, pusieron sobre el tapete político el tema, como lo describí en el “post” “La nueva ley española del aborto: algunas cosas claras”, de 27 de diciembre de 2009 (si quieren leerlo utilicen la etiqueta aborto). Entonces se produjo la transición al nuevo planteamiento, en que la voluntad de la mujer prevalece por sí misma, hasta el muy discutido punto de los abortos a petición de menores (de 16 y 17 años) sin consentimiento de sus padres.

Es verdad que, para cubrirse ante la doctrina del TC, se mantiene el aborto como delito con una nueva redacción del art. 145 CP, pero la “filosofía” de la “Ley Aído” es claramente e inequívocamente expresada en su art. 12: “Se garantiza el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en las condiciones que se determinan en esta Ley. Estas condiciones se interpretarán en el modo más favorable para la protección y eficacia de los 'derechos fundamentales de la mujer' que solicita la intervención, en particular, su derecho al libre desarrollo de la personalidad, a la vida, a la integridad física y moral, a la intimidad, a la libertad ideológica y a la no discriminación.” La trampa y la incoherencia son claras. Porque si la “prestación” (sanitaria, pretende la ley) del aborto estuviese seriamente fundada nada menos que en “derechos fundamentales de la mujer” y, en concreto, en el “derecho al libre desarrollo de la personalidad” (que no es un derecho fundamental: la “ley Aído” miente) o en el derecho a su “integridad física y moral” o a su “intimidad”, así como en la “libertad ideológica”, sería absolutamente incongruente que se mantuviese la penalización.

Pues bien: con ocasión de la entrada en vigor de la L.O 2/2010, la ministra de Igualdad, Bibiana Aído declaró que el Gobierno estaba plenamente convencido de la constitucionalidad de la Ley del Aborto, ya que "es una ley totalmente garantista que respeta plenamente los límites que se impusieron en su día por el Tribunal Constitucional".

Aído afirmó también que uno de los objetivos de la ley es reducir el número de embarazos no deseados y el número de abortos que no ha parado de crecer en las últimas décadas en España, y que espera que se puedan reducir de "una manera significativa", aunque "no se puede hablar de cifras".

Veamos con cuánto fundamento Dña. Bibiana Aído formulaba su contundente aserto del pleno respeto a los límites impuestos (ése fue el verbo utilizado por ella) al aborto por el TC. Ya saben que el TC dio vía libre al aborto en tres supuestos excepcionales. Pensé, como he dicho antes, que el TC aceptaba, tras unos fundamentos serios, tres supuestos de trampa. Veamos, con todo, lo que el TC decía del embrión o feto:

En el Fundamento Jurídico 5 de la STC 53/1985 se lee lo siguiente:

Desde el punto de vista de la cuestión planteada basta con precisar:"

a) Que la vida humana es un devenir, un proceso que comienza con la gestación, en el curso de la cual una realidad biológica va tomando corpórea y sensitivamente configuración humana, y que termina en la muerte; es un continuo sometido por efectos del tiempo a cambios cualitativos de naturaleza somática y psíquica que tienen un reflejo en el status jurídico público y privado del sujeto vital.”

b) Que la gestación ha generado un tertium existencialmente distinto de la madre, aunque alojado en el seno de ésta.”

c) Que dentro de los cambios cualitativos en el desarrollo del proceso vital y partiendo del supuesto de que la vida es una realidad desde el inicio de la gestación, tiene particular relevancia el nacimiento, ya que significa el paso de la vida albergada en el seno materno a la vida albergada en la sociedad, bien que con distintas especificaciones y modalidades a lo largo del curso vital. Y previamente al nacimiento tiene especial trascendencia el momento a partir del cual el nasciturus es ya susceptible de vida independiente de la madre, esto es, de adquirir plena individualidad humana.”

De las consideraciones anteriores se deduce que si la Constitución protege la vida con la relevancia a que antes se ha hecho mención, no puede desprotegerla en aquella etapa de su proceso que no sólo es condición para la vida independiente del claustro materno, sino que es también un momento del desarrollo de la vida misma; por lo que ha de concluirse que la vida del nasciturus, en cuanto éste encarna un valor fundamental -la vida humana- garantizado en el art. 15 de la Constitución, constituye un bien jurídico cuya protección encuentra en dicho precepto fundamento constitucional.”

Esta conclusión resulta también de los debates parlamentarios en torno a la elaboración del mencionado artículo del texto constitucional, cuya cercanía en el tiempo justifica su utilización como elemento interpretativo. En el Pleno del Congreso fue defendida una enmienda -aprobada por mayoría- que proponía utilizar el término «todos» en sustitución de la expresión «todas las personas» -introducida en el seno de la Comisión para modificar la primitiva redacción del precepto en el Anteproyecto por estimar que era «técnicamente más correcta»- con la finalidad de incluir al nasciturus y de evitar, por otra parte, que con la palabra «persona» se entendiera incorporado el concepto de la misma elaborado en otras disciplinas jurídicas específicas, como la civil y la penal, que, de otra forma, podría entenderse asumido por la Constitución. La ambigüedad del término «todos» en la expresión «todos tienen derecho a la vida» no fue despejada, sin embargo, durante los debates por lo que se refiere a la extensión de la titularidad del derecho, pero en cualquier caso, como señaló el defensor de la enmienda, constituía una fórmula abierta que se estimaba suficiente para basar en ella la defensa del nasciturus. El precepto fue aprobado posteriormente en el Senado por 162 votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones. En definitiva, el sentido objetivo del debate parlamentario corrobora que el nasciturus está protegido por el art. 15 de la Constitución aun cuando no permite afirmar que sea titular del derecho fundamental.”

Hasta aquí, tres puntos verdaderamente fundamentales:

1º) El embrión o feto es un ser vivo distinto de la madre.

2º) El embrión o feto es un momento de desarrollo de la vida humana antes del nacimiento.

3º) El nasciturus encarna un valor fundamental - la vida humana- garantizado en el art. 15 de la Constitución y está protegido por ese precepto, aunque no sea sujeto del derecho fundamental a la vida.

En el Fundamento Jurídico 7 de la STC 53/1985 cabe leer lo siguiente:

En definitiva, los argumentos aducidos por los recurrentes no pueden estimarse para fundamentar la tesis de que al nasciturus le corresponda también la titularidad del derecho a la vida, pero, en todo caso, y ello es lo decisivo para la cuestión objeto del presente recurso, debemos afirmar que la vida del nasciturus, de acuerdo con lo argumentado en los fundamentos jurídicos anteriores de esta sentencia, es un bien jurídico constitucionalmente protegido por el art. 15 de nuestra norma fundamental.”

“Partiendo de las consideraciones efectuadas en el fundamento jurídico 4, esta protección que la Constitución dispensa al nasciturus implica para el Estado con carácter general dos obligaciones: la de abstenerse de interrumpir o de obstaculizar el proceso natural de gestación, y la de establecer un sistema legal para la defensa de la vida que suponga una protección efectiva de la misma y que, dado el carácter fundamental de la vida, incluya también, como última garantía, las normas penales.”

Del texto que se acaba de transcribir se sigue, sin manipulación ni duda alguna, que el Estado, para la debida protección constitucional del nasciturus, tiene, “con carácter general”, es decir, como regla, dos deberes: a) abstenerse de interrumpir u obstaculizar “el proceso natural de gestación”; b) establecer un sistema legal de defensa de la vida, que incluye, como garantía las normas penales.

Me apresuro a decir que, tras los párrafos transcritos, el TC prosigue en los siguientes términos:

Ello no significa que dicha protección haya de revestir carácter absoluto; pues, como sucede en relación con todos los bienes y derechos constitucionalmente reconocidos, en determinados supuestos puede y aun debe estar sujeta a limitaciones, como veremos posteriormente.”

A partir de este pasaje, el TC justifica la desprotección penal (a mi entender, erróneamente, pero no es de eso de lo que quiero tratar) en tres determinados supuestos, como ya sabemos. En todo caso, no es concorde con el básico planteamiento del TC que la "ley Aído" permita absolutamente el aborto y pretenda convertirlo en objeto de un “derecho” dentro de las primeras 14 semanas de gestación, aunque no concurra ninguna circunstancia especial de ninguna clase. Durante ese tiempo, no es necesario que la debida protección constitucional del nasciturus haya de ponerse en relación con algunos otros bienes y derechos constitucionalmente reconocidos. En esas primeras 14 semanas, no sólo se deja sin protección jurídica (ésa derivada, según el TC, del art. 15 CE) al nasciturus, sino que, al establecer la interrupción del embarazo como una prestación sanitaria a la que se tiene derecho, se contradice el deber del Estado de no obstaculizar el proceso natural de gestación. Todas las facilidades para esa “prestación” son contrarias o incoherentes con ese deber del Estado de “abstenerse de interrumpir o de obstaculizar” ese proceso natural.

Por lo dicho, pienso que tiene fundamento la repetida afirmación de que, dadas las bases generales sentadas por el TC en los párrafos transcritos, una ley de plazos resultaría inconstitucional. Ciertamente, el TC puede cambiar de criterio, pero el que ha expresado hasta ahora no permite el simple aborto por petición voluntaria dentro de las primeras catorce semanas. Dentro de esas semanas, la vida del nasciturus, conforme a la actual doctrina del TC, quedaría sin la protección que el TC considera que debe tener siempre en virtud del art. 15 CE.

Para terminar, otro detalle del desparpajo o desvergüenza del “Gobierno de España”, en especial del experto constitucionalista y Ministro de Justicia, Sr. Caamaño, que hace tiempo se apresuró a negar tajantemente la objeción de conciencia respecto de la interrupción del embarazo conforme a la “ley Aído”. Vean lo que dice el TC, no en tal o cual sentencia, sino en la 53/1985, de 11 de abril (Fundamento Jurídico 14):

“No obstante, cabe señalar, por lo que se refiere al derecho a la objeción de conciencia, que existe y puede ser ejercido con independencia de que se haya dictado o no tal regulación. La objeción de conciencia forma parte del contenido del derecho fundamental a la libertad ideológica y religiosa reconocido en el art. 16.1 de la Constitución y, como ha indicado este Tribunal en diversas ocasiones, la Constitución es directamente aplicable, especialmente en materia de derechos fundamentales.”

Unas palabras, finalmente, sobre la esperanza de Aído de que la L.O. 2/2010 reduzca el número de embarazos no deseados y el de abortos, que, reconoce, no han parado de crecer. Aunque no sea el asunto central, me parece oportuno, en primer lugar y de pasada, hacer notar dos hechos: el primero, es la grandísima relatividad de la noción de “embarazo no deseado”. Más de una vez he leído y más de dos veces me han dicho en directo que es muy frecuente aborrecer del embarazo en varias ocasiones mientras se está en ese estado. En esas ocasiones, el embarazo, quizás inicialmente recibido con enorme alegría, pasaría a ser “no deseado”, para, con frecuencia, volver a ser “deseado”. Y al revés, conozco a más de una mujer que tenía pensado no quedar embarazada (es decir, estaba en el deseo de no embarazo o en el no deseo de embarazo) y al llevarse la gran sorpresa, tardó apenas minutos o pocas horas en aceptar el embarazo y desear al hijo. Dice la Ministra Aído que en materia de embarazos no deseados y abortos no se puede hablar de cifras. Lo entiendo respecto de los embarazos no deseados (¿cómo se contarían?), salvo que se identifiquen con los abortos voluntarios, respecto de los que sí caben cifras, descontados los abortos totalmente clandestinos.

En todo caso, cualquiera que sea la idea contabilizadora de la Sra. Aído, lo que no puedo entender es cómo las facilidades para abortar pueden conducir a un menor número de abortos. En todo caso sería al revés, digo yo, porque la lógica conduce directa y claramente a la conclusión contraria a la ministerial. O bien -y aquí quería ir a parar- ocurre que la Sra. Aído no espera disminución de esos embarazos por la mayor facilidad de abortar, sino por otros motivos, apuntados en el resto de la L.O. 2/2010, en esa parte que no trata directamente de la interrupción del embarazo. Debe haber puesto su esperanza en la política de salud sexual y reproductiva, es decir, en la ingeniería social a que me referí en el “post” segundo de esta pequeña serie. Pero es que esa batería de actuaciones lleva en marcha desde muchos años antes de la entrada en vigor de la L.O 2/2010. Llevamos muchos años de política anticonceptiva (con medios anticonceptivos cada vez más numerosos, accesibles y promocionados) y los embarazos no deseados y los abortos, que son contabilizables, no han parado de crecer, como reconoce la Sra. Aído. Sólo una especie de inquebrantable fe religiosa del abortismo explica que se niegue lo que está tan fundado en la experiencia que casi penetra en el terreno de lo evidente. Si mirasen las cosas con serenidad, sin fanatismo, aceptarían considerar, al menos como hipótesis, lo que se ha señalado por otros bastantes veces: que esa política de “salud sexual y reproductiva” produce resultados exactamente inversos a los que dicen esperar. Ha conducido, de hecho, a que no dejase de crecer el número de embarazos pertinazmente no deseados y, por tanto, de abortos. Pero eso es lo que quieren, por un fanatismo antinatalista, que desprecia la vida humana de forma inexplicable, profundamente misteriosa.

viernes, 6 de agosto de 2010

LA CULPA (DE TODO) ES DE LOS JUECES


PERO EL PODER JUDICIAL ME PARECE, A DISTANCIA, EL MEJOR DE LOS TRES


Si mato a mi hermano es un delito grave. Si mato a mi hermana del mismo modo que a mi hermano, es un delito más grave. A simple vista resplandece la igualdad promovida por el Presidente Zapatero y su Ministra, Dña. Bibiana Aído. Y si siguen muriendo mujeres a manos de sus maridos, sus compañeros, sus novios y sus “ex” (maridos, compañeros o novios) y si se siguen cometiendo homicidios o asesinatos o de vez en cuando se cometen fratricidios, la culpa no es del Código Penal ni de la ley especial sobre violencia de género. Son leyes perfectas, en su función preventiva y en su función represora (si es que ambas pueden separarse). Tenemos un Código Penal, de 1995, “el Código Penal de la Democracia”, tan perfecto que sólo ha sido reformado 21 veces (esperen que entre en vigor la última y verán). ¿De quién es, entonces, la culpa de esas muertes? ¿Acaso de los que matan? Dejemos esta cuestión a un lado, de momento. Porque, al parecer, la culpa principal es de los jueces.

Hoy, un señor, que desempeña el curioso cargo de “Delegado del Gobierno para la Violencia de Género”, echa la culpa a los jueces por imponer sólo 369 pulseras GPS cuando hay más de 500 mujeres en situación de alto riesgo de maltrato. Y los jueces se defienden como pueden, pero resulta que, en definitiva, son los jueces y no ese señor “Delegado del Gobierno para la Violencia de Género”, quienes han sido colocados por la ley en el trance de valorar, y no precisamente a ojo, las situaciones de alto riesgo. Si a los jueces no se les aportan elementos de juicio serios para hacer esa valoración, no se deben dedicar a colocar pulseras GPS a troche y moche. Lo reconoce así hasta la Presidenta de otro organismo clave y sumamente necesario (“al revés te lo escribo para que me entiendas”), que es el “Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género”, anexo del elefantiásico Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Y la Sra. Presidenta de ese Observatorio añade algo de buen sentido: “no puede girar todo en torno a los brazaletes”. No sé si tamaña infracción de la corrección política no le va a costar un gran disgusto a la Sra. Presidenta.

Porque, para el Gobierno y para el Parlamento, el que maridos, compañeros, novios y “ex” hayan matado a mujeres y lo sigan haciendo, incluso crecientemente, pese al Código Penal y la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, “de Medidas de Protección Integral contra la Violencia Doméstica y de Género”, no tiene que ver con que los homicidas y asesinos se droguen legalmente, mezclen drogas y alcohol o carezcan de un suficiente sentido ético o moral (tanto da). Y esto, a su vez, no tiene nada que ver con que se fomente la ausencia de ética o moral y con que, cada dos por tres, se proclamen “derechos” tan absurdos como el “derecho” a ser feliz y, en definitiva, el “derecho” a no ser nunca molestado por nada. No tiene nada que ver y no depende nada de que se oscurezcan e ignoren, día tras día, los deberes morales y jurídicos (p. ej., el de respetar la vida humana). No guarda relación alguna con estar promoviendo a todas horas el placer individual como bien supremo. Ni con estar denostando a todas horas a la religión mayoritaria, burlándose de sus mandamientos. Ni con promover la Alianza de las Civilizaciones, comprendida (mejor, preferida) la que desprecia y maltrata sistemáticamente a la mujer. Esas muertes, en número creciente, tienen que ver y dependen de los jueces; ellos tienen la culpa, porque no dictan suficientes órdenes de alejamiento y no imponen suficientes pulseras con GPS (no cuenta el pequeño detalle de que no haya policía para tanta gente a la que vigilar).

¿Para qué sirve el Ministerio de Igualdad y el cargo de “Delegado del Gobierno para la Violencia de Género”, con categoría de Dirección General y dos Subdirecciones a su cargo? Para qué sirve “un presupuesto de 31.077.440 euros, un 9,73% más que en 2009. Esta subida, junto a la del año pasado, supone un incremento presupuestario de un 106% en dos años” (datos de la web ministerial). Ahora ya sabemos para qué no sirve ese presupuesto: para disminuir la violencia homicida de género. Y también sabemos para qué sirve el “Delegado del Gobierno”: para echar la culpa a los jueces cuando no desciende, sino que crece, lamentable y tristemente, esa violencia homicida.

Y es que, al parecer, han judicializado la felicidad y toda infelicidad es error o ineficacia de la Justicia o, mejor, de los jueces. Desde hace años, el Gobierno con su iniciativa legislativa y el Parlamento con sus ponencias, enmiendas, deliberaciones y votaciones, se han entusiasmado con una nueva fórmula para la felicidad de todos y de cada uno. La nueva fórmula consiste en no preguntarse por las causas de los sucesos indeseables y en no actuar, por supuesto, sobre esas causas (por claras que sean), sino en limitarse a declarar delictivos los sucesos indeseables. Noten que acabo de escribir “declarar delictivos” y no “tipificar como delitos”, porque eso de tipificar es muy laborioso y tiene inconvenientes. Hay que echarle horas a tipificar de verdad, es decir, a describir con detalle la conducta hipotética (protagonistas, acción, circunstancias, resultado concreto o riesgo específico, etc.) que se quiere sancionar con una pena. Y se corre el riesgo de haberse equivocado en la descripción, por acción o por omisión. De modo que, por ejemplo, el Gobierno propone y el legislador dispone declarar delictivo que un funcionario infrinja la ley conscientemente o que un particular incumpla la ley tributaria, la legislación urbanística, las normas relativas al medio ambiente y lo que perjudique al accionista de una sociedad anónima. O se decide por el diligente legislador que los jueces apliquen medidas de seguridad a los sujetos peligrosos, o que dejen sin efecto esas medidas, según la personalidad de los sujetos.

Y así, con lo que llaman “tipos abiertos” (en realidad, la negación del tipo y del Derecho penal: el dominio de la inseguridad jurídica más grave y el arbitrismo más injusto) o con exceso de los llamados “conceptos jurídicos indeterminados”, se fuerza legalmente a los jueces penales a resolver sobre asuntos tributarios, urbanísticos y ecológicos, propios, en todo caso, de los tribunales contencioso-administrativos. Para todo esto se dispone de la inestimable ayuda de una Fiscalía, a ser posible especial, que, más o menos a su criterio, criminaliza o no las infracciones tributarias, ecológicas, urbanísticas o mercantiles. Pero ahí tenemos a los jueces penales decidiendo también sobre la personalidad, sobre lo que es mejor para miles de menores de edad o sobre si una decisión empresarial de indemnizar es conforme al mercado o se ha pasado de esa raya en perjuicio del posible dividendo.

¿Que no se logra con ese método la sociedad feliz? ¿Que se cometen -se siguen cometiendo- en ella cosas atroces? La culpa es de los jueces. Lo coherente, si se pretendiese judicializar la armonía familiar, la ética en los negocios, el respeto a leyes no penales y la prevención de la paz y de la seguridad ciudadana, sería convenir que, a cambio de arrojar tamaña responsabilidad sobre los jueces, sus decisiones se acatasen sin rechistar. Pero, ¿cómo aceptar una infalibilidad a todas luces inexistente, aunque, para ahorrarse esfuerzo, se legisle como si existiese? No. El Ejecutivo y el Legislativo lo tienen claro: para trabajar ellos menos y sin esfuerzo, imponemos a los jueces decisiones propias de seres infalibles. Y después, cuando fallan (en los dos sentidos), la culpa es de los jueces. ¡Astuta jugada política!

No soy yo sospechoso precisamente de indulgencia sistemática con los jueces y con sus decisiones. Nuestra Justicia deja bastante que desear (aunque hay cientos de países en que no existe Justicia o sólo hay una caricatura de ella y una buena docena de importantes naciones donde la Justicia no es mejor que la nuestra o es por el estilo). Pero acabo de darme cuenta -y quiero compartirlo con Vds.- de que si se compara lo que se llama “Poder Judicial” con el Ejecutivo (el “Gobierno de España” e incluso los autonómicos) o con el Legislativo (el Congreso, el Senado, la Asamblea autonómica), gana, con una amplia diferencia de tanteo, el Poder Judicial. En el año 2009, 4836 Jueces y Magistrados resolvieron más de 9 millones de asuntos. Media docena de ellos han sido noticia crítica. Los demás han debido resultar aceptables. Es algo más de lo que los otros dos poderes del Estado pueden exhibir (engañando o mintiendo, además).

No debo olvidarme, para terminar, del interrogante que deje en el aire al principio: ¿qué culpa de los homicidios y de los asesinatos “de género” corresponde a los que mataron? Aquí aparecen unos sabios (y, de entre ellos, bastantes penalistas) y, al negar la libertad individual, el libre albedrío, echan la culpa al mal ambiente del barrio, del grupo escolar o de la comunidad, al paro, a la tele-basura o a la desestructuración de la familia (porque ahora reaparece la familia desestructurada, en vez de alguno de los tipos de “nuevas familias”), con lo que exoneran al marido, compañero, novio o “ex”, del mismo modo que, en la delincuencia que no es “de género”, también los delitos serían culpa del paro, de los juguetes bélicos, de la violencia televisiva y de la pandilla. Estos sabios, sin embargo, no llegan a proponer que se castigue al barrio, al ambiente familiar o al ramo laboral con alto paro. Después de negar la culpabilidad individual, aceptan, por motivos funcionales, utilitarios, que se castigue a individuos concretos. No me extiendo más sobre los desarrollos de esta teoría, que tiene ya muchas décadas. Pero seguro que los lectores comprenden que nuestros problemas de delincuencia, "de género" o genérica, no son del todo ajenos a esa teoría.