INDEFENSOS ANTE LA INDIGNIDAD Y LA RAPIÑA; LEGITIMADOS PARA LA REBELIÓN
Sin duda cabe hablar de la crisis del llamado “Estado moderno” (que hace tiempo dejó de ser “moderno”) con referencia a aspectos y características diversas de ese Estado. Personalmente, considero que el elemento esencial de la crisis es la disparidad o desproporción entre el poder que ese Estado supone y los mecanismos de exigencia de responsabilidad a quienes ejercen el poder. Siendo el poder enorme y creciente, con cada vez mayores posibilidades de influjo inmediato (y en gran medida irreversible), los mecanismos para exigir responsabilidades son pequeños y escasamente efectivos. En pocas palabras: las elecciones periódicas son muy poca cosa como instrumento para impulsar el buen ejercicio del poder y para reaccionar ante un ejercicio desacertado y no digamos abusivo y arbitrario.
Se dirá (es la inmediata respuesta tópica) que así es la democracia y que, cualesquiera que sean sus limitaciones y debilidades, no se ha inventado un sistema mejor (“es el menos malo de los sistemas”). Esta respuesta ha dejado de ser aceptable hace mucho tiempo. Así –abocada al abuso impune- es la democracia actual. Cabría inventar otra mejor, pero los protagonistas del poder, incluso aunque se alternen en el Gobierno, no tienen el menor interés en mejorar sustancialmente el modelo democrático que existe. Pero si la esencia de la democracia reside en la participación, basada en la igual dignidad de los ciudadanos y en su libertad, la lógica ordena imperativamente, desde hace décadas, esfuerzos para corregir nuestra democracia. Lo que sucede en todas partes -nada estoy descubriendo: lo vemos todos- es que los políticos de esta democracia (que no es igual a los políticos demócratas, muy escasos) no quieren mejoras y correcciones. Y los ciudadanos no podemos introducirlas.
De vez en cuando, como ahora en España, la crisis de la antigualla que ha llegado a ser el “Estado moderno” es más visible, casi tangible. La teoría de que la soberanía reside en el pueblo, que la ejerce mediante representantes libremente elegidos se aleja sideralmente de una realidad en la que el pueblo cuenta cada vez menos, influye cada vez menos y sabe cada vez menos sobre la realidad o verdad política, mientras que el poder, por el contrario, sabe cada vez más de cada uno de nosotros, dispone de más eficaces instrumentos para ocultar y desfigurar la realidad y utiliza medios más potentes para influir casi decisivamente en los ciudadanos, en el pueblo. Nuestros representantes lo son únicamente pro forma, porque, sustancialmente, son piezas de representación del poder. No es de extrañar que los ciudadanos se consideren crecientemente al margen de los mecanismos de esta democracia y que sean sólo profesionales del poder quienes encarnen y sirvan a esos mecanismos. Que la clase política exista como tal, como grupo humano diferenciado, cerrado, casi impermeable a la ciudadanía común, es una consecuencia lógica o natural de la crisis del “Estado moderno”. Un grupo humano monopoliza, aislado y bien separado del pueblo, todas las instituciones de esta democracia e incluso innumerables instituciones no estrictamente políticas, con las que el poder ha penetrado en el ámbito de la sociedad civil, que ha dejado de conformarse por decisiones personales libres. En vez de esforzarse en mejorar lo que se necesita mejorar, la clase política se ha esforzado con éxito en politizarlo todo. La clase política es, en su naturaleza, totalitaria, aunque muchos de sus miembros no se hayan dado cuenta. Esa clase se mantiene y se defiende con el totalitarismo, porque todo lo politiza: la cultura, las profesiones, las Universidades, la vida económica y la Ciencia, incluida la experimental. Sin duda deben existir aún, dentro de la clase política, hombres y mujeres con ideales, pero la clase se ocupa de que sólo sirvan para la retórica, de la que usan y abusan los diversos partidos y las distintas piezas del sistema. Aun así, asistimos con alguna frecuencia al abandono o expulsión de esas personas.
Si la división de poderes se va difuminando y los partidos políticos reinan en ese Estado (el "Estado de Partidos") es porque a la clase política le conviene la máxima concentración (no la dispersión ni la diferenciación) y porque los partidos se han convertido en únicos fabricantes de políticos en régimen de oligopolio con prácticas colusivas. Esos dos elementos se combinan para el fatal resultado de un poder único y sin otros límites que los económicos.
En España está agudamente en crisis el “Estado moderno”. Fallan los mecanismos de responsabilidad y de control incluso ante situaciones de excepcional necesidad, como las que estamos viviendo ahora mismo. La participación del pueblo en la cosa pública está, de hecho, reducida a cero. Pero, acumulada a esa crisis aguda del "Estado moderno", en estrecha conexión con ella pero distinta, se ha producido en España una putrefacción estatal cada día más maloliente. Los ciudadanos comunes vivimos duramente castigados en nuestro olfato personal y en nuestra personal dignidad por una singular descomposición del "Estado moderno” en crisis, que ya no logra vivir discretamente ni intenta actuar con mínima higiene y limpieza al menos de puertas afuera. Estamos, todos y cada uno, salvo excepciones de superlativa insensibilidad, como si viviéramos junto a un vertedero incontrolado o al lado de una fétida fábrica de papel de las antiguas.
Sobre lo que está ocurriendo en el “Reino de España” (un “Estado moderno” en crisis) y sobre la putrefacción añadida por lo que hace y omite el actual “Gobierno de España” se pueden escribir libros, de muy diversos estilos y con distintos enfoques, pero libros que, en sí mismos, serían de mucho interés y de gran importancia. Porque serían la historia pormenorizada de unas décadas (o de unos lustros, años o meses: a elección del escritor) de acelerada y de extrema decadencia intelectual y ética, con innumerables efectos en la educación, las libertades y la seguridad públicas, el Derecho, la economía y la cultura. Una decadencia que, más allá de las grandes cifras y de las valoraciones generales, muchos sienten (sentimos) ya, cada día, en cuerpo y alma.
Si esos libros se fuesen a leer y resultase probable que suscitaran una reacción social, sería un deber apremiante escribirlos, aunque presenten la enorme dificultad de terminarlos sin poder narrar el final, porque la vida sigue, por miserable que sea. Pero, como ya he dejado dicho aquí si no recuerdo mal, una repetida experiencia de libros de contenido “explosivo”, que, aun sin rectificación alguna, no han provocado ninguna “explosión” y ni siquiera un pequeño “incendio” o “escándalo”, desaconsejan (al menos, me lo desaconsejan a mí, que no vivo de escribir) acometer una empresa escrita de gran magnitud.
En cambio, no es posible, con mínima coherencia, callar cuando se ha construido una tribuna para hablar, por modesta que sea, como ésta lo es. Tras apuntar el marco general, he de decir cosas concretas, muy sabidas y ya escritas, pero no silenciables por mí.
En estos últimos días de agosto de 2010, se han amontonado sucesos graves y tristes. Hemos podido presenciar el ultraje a unas mujeres trabajadoras, constituidas en autoridad, llevado a cabo por ciudadanos controlados del vecino Reino de Marruecos. Y el silencio absoluto del “Gobierno de España” ante ese ultraje, seguido de un viaje del Sr. Rubalcaba, superior gubernamental de las directamente ultrajadas, para rendir pleitesía al Sultán de los ofensores violentos, nos ha empapado de vergüenza ante tan viscosa y sucia indignidad. Le han llamado diplomacia a la ausencia de la menor reacción previsible según las reglas diplomáticas que rigen en las Naciones y Estados respetables, porque esas reglas suponen un mínimo, aunque sea formal, de propia estimación.
Poco después -en medio de unos movimientos de reinicio del diálogo con los terroristas domésticos de ETA, movimientos cuando menos despreciables por su oscuridad- hemos asistido al pago de rescate en metálico y a otras concesiones a reconocidos terroristas internacionales, los de Al Qaeda en el Sahel, simultáneamente a nuestro apoyo militar y policial a la acción de la OTAN en Afganistán. La alegría de ver a dos personas en libertad (los “cooperantes”) se ha visto anulada por la suma indignidad y el descrédito de retribuir a terroristas tras meses de inactividad y de negociaciones. No me vale desviar la indignación contra “oenegés” pretendidamente imprudentes e irresponsables, como algunos han hecho. La indignación la merece íntegramente el “Gobierno de España”, que ha perpetrado la suma irresponsabilidad de ceder ante el terror y de rearmarlo.
Casi a la vez, eran asesinados tres españoles a causa de un fallo de seguridad y, sobre todo, por el odio insuperable de uno de ésos que llaman “talibanes”, con improbable exactitud, pero muy probable conexión con Al Qaeda. Fueron acribillados a balazos José María Galera Córdoba, capitán de la Guardia Civil, de 33 años, natural de Albacete; Abraham Leoncio Bravo Picallo, alférez de la Guardia Civil, de 33 años, nacido en A Coruña, y el intérprete Ataollah Taefy Khalili, de 54 años, ciudadano español de origen iraní, residente desde hace más de 30 años en Cuarte, cerca de Zaragoza.
Seguimos en Afganistán mientras lo diga Barack Obama, porque la acción de la OTAN en Afganistán -sujeta a fecha de caducidad dictada por Barack Obama- es necesaria para la seguridad de Occidente. Ya no sabemos, a estas alturas, en qué consiste esa acción: la democratización de Afganistán es (ha sido siempre) una trágica majadería y su pacificación por ejércitos extranjeros, un imposible antropológico en una tierra tribal, multiétnica y endémicamente guerrera desde hace más de mil años. Si lo necesario fuese una presencia militar de control, nos tendrían que explicar de qué y para qué. Pero queda claro que, en estos momentos, lo que quizá sea necesario (no excluyo que lo sea, pero no lo explican) para Afganistán y el mundo occidental, resulta contrario a lo que necesita políticamente Barack Obama en sus “USA”. De manera que ni agradecidos ni pagados. Porque no se le ocurrirá a Moratinos, tan contento él con su disfraz afgano de Rey Gaspar, sugerir a la Sra. Clinton (ni Zapatero osará pedirle a Obama) que, a cambio de nuestro apoyo, le den un toque al Sultán marroquí, aliado de EEUU en el área (como lo somos nosotros, se supone).
En medio de la perplejidad de lo afgano, que viven sufrida, silenciosa y dignamente nuestros militares allí destacados, un detalle del “Gobierno de España” añade el último toque de indigna estulticia: insistir machaconamente, al hablar del triple asesinato de Qala-i-Naw, en la noción de “atentado terrorista”. Este énfasis es necio, porque la pretensión de no hablar de “guerra”, situación bélica o conflicto bélico, etc., es tan evidente como la guerra que realmente existe. Hay que ser tan estultos como rastreros para ponerse a hacer equilibrios nominalistas ente guerra y terrorismo con esos muertos y con los hechos como fueron y como son. Ni un solo español ignora la guerra de Afganistán a causa de esas matizaciones verbales.
La penúltima proeza han sido los evidentes malos tratos de la policía (o, tanto da, permitidos por la policía) del Sultán de Marruecos a activistas españoles pro saharauis. Tienen razón los que se asombran de la extrañeza de esos activistas ante el trato recibido. Pero que fuesen de esperar los golpes y humillaciones no los hace ni un ápice menos injustos y condenables. En este caso, el “Gobierno de España” ha pedido explicaciones, las ha recibido enseguida de los marroquíes, las ha aceptado de inmediato ¡y las ha hecho suyas de cabo a rabo!: ¡españoles, respeten la legalidad de otros países!. En abstracto, el mensaje es inobjetable. Pero en concreto, resulta que si a algún español (o española) le parten la cara en el extranjero por defender una causa que considera justa, pero que las autoridades extranjeras tachan de ilegal, que la víctima no espere del “Gobierno de España” otra cosa que la que ha hecho en el caso: una amonestación a cumplir la legalidad (la marroquí, en este caso). Como si la ilegalidad (según Marruecos) de una protesta justificase y legalizase los golpes y las vejaciones. "No hay pruebas de fuesen policías los causantes de los golpes y moratones", nos dicen (nos lo dicen gentes que, por cierto, casi nunca necesitan pruebas). Pero es indiscutible que poco o nada sucede en territorio bajo control marroquí sin que lo sepa la policía.
A todas estas, ya tenemos de nuevo al “Gobierno de España” sometiéndose al chantaje del nacionalismo. Para prolongarse en el poder, Zapatero hace cualquier cosa: por ejemplo, hablar de “autogobierno” en Euskadi con los adversarios de quien ahora ostenta legítimamente el autogobierno. Más “negociación”, como con los piratas del “Alakrana” y los terroristas de Al Qaeda y de ETA.
Pero a la indignidad añaden, abierta y contemporáneamente, su disposición a aumentar la rapiña: con más multas, con más impuestos (aunque no sepan o no quieran decir cuáles) y con más endeudamiento, que alguna vez tendremos que pagar.
No sabemos los ciudadanos comunes qué podemos hacer, concretamente, ante la presente putrefacción en España del “Estado moderno” en crisis. Se han ocupado de acorralarnos en la indefensión. No es fácil idear modos nuevos de reacción, y de reacción eficaz. Pero, por lo menos, debemos saber que estamos plenamente legitimados para la rebelión, infinitamente más legitimados que ETA, que Al Qaeda, que los piratas somalíes y que la metodología represiva del islamismo moderado. Quizá una fuerte conciencia de esa legitimidad nuestra nos estimule a pensar más que nunca y logremos inventar formas pacíficas, pero eficaces, de la rebelión que necesitamos.