ALGO BÁSICO SOBRE NUESTRA JUSTICIA Y ALGUNA PISTA DE LO QUE EN ELLA OCURRE (y II)

PENURIA EN LO ORDINARIO Y SANGRANTE DESPILFARRO EN LO EXTRAORDINARIO

Veíamos en el “post” anterior que nuestra litigiosidad no aumentaba ni aumenta, sino que disminuye, seguramente a causa del agravamiento de la crisis económica. Pero señalábamos que la duración promedio de los procesos sí aumentaba y aumenta y no poco, en algunos ámbitos muy importantes.

Me parece haber encontrado una explicación o, cuando menos, una pista del por qué de ese fenómeno, que resulta más extraño si se considera que en 2010 el Presupuesto de la Administración de Justicia, en la parte del Estado central o PGE (parte que ronda, sin alcanzarlo nunca, desde hace años, el 50%: el resto lo ponen las Comunidades Autónomas) aumentó un 13,77% (cuando esto escribo, en enero de 2012, no se sabe aún el total presupuestado para la Justicia en 2010: ¡transparencias españolas!). La pista o más que eso se encuentra en unos cuantos párrafos del texto “Modernización de la justicia: un presupuesto de futuro”, publicado en Presupuesto y Gasto Público, núm. 58/2010, págs. 29-38, Secretaría General de Presupuestos y Gastos, © 2010, Instituto de Estudios Fiscales. Un texto del que es autor Juan Carlos CAMPOS MORENO, a la sazón Secretario de Estado de Justicia del Ministerio de Justicia.

Me parece que, en vez de tratar de resumirlo, reproduciré los párrafos, permitiéndome subrayar lo más significativo y alguna breve interpolación.

“El presupuesto del Ministerio de Justicia para 2010 asciende a 1.804,82 millones de euros lo que supone un incremento del 13,77% sobre el ejercicio anterior en términos homogéneos, esto es, descontando las transferencias a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias efectuadas en 2009 y que se corresponden con 32,78 millones euros.”

“Este destacable incremento de los créditos presupuestarios del Ministerio de Justicia cobra mayor relevancia dado el actual contexto económico, que obliga a una drástica contención del gasto público. Sin embargo, la austeridad no resulta incompatible con la ambición de acometer la inaplazable reforma de la Justicia. A fin de combinar austeridad y ambición, se han reorganizado las partidas de gasto de manera que el presupuesto del Ministerio de Justicia responde a dos características fundamentales: austeridad en gastos corrientes y de servicios y, al mismo tiempo, especialización y concentración de los créditos en las actuaciones de modernización de la administración de justicia.

“A lo largo de las distintas partidas de gasto queda patente el esfuerzo de contención en los gastos corrientes en bienes y servicios. La actual coyuntura económica ha exigido reducir los gastos no productivos y aumentar los destinados a inversiones. Así y tomando en consideración la clasificación económica del gasto, el capítulo 2 disminuye sus dotaciones en un 1,32% respecto al año precedente. La misma situación económica es la que explica, por otra parte, el incremento del 5,21% en transferencias corrientes, al aumentar los servicios de Asistencia Jurídica Gratuita, por la mayor litigiosidad que se está produciendo [AOS: Obviamente, el Sr. Campos Moreno no se enteraba de la realidad de la Justicia: ya hacía un año al menos que la litigiosidad estaba siendo menor, no mayor]. Se trata, por tanto, de un presupuesto que refleja el impacto que tiene la actual crisis económica en la administración de justicia.”

Y ahora viene lo más sustancioso y significativo. Ahora se explica en qué se han gastado los dineros de más, mientras se reducían los gastos corrientes en bienes y servicios, llamados “gastos no productivos”.  Ahora veremos las “inversiones”, “las actuaciones de modernización de la Administración de Justicia” (minúsculas en el original de CAMPOS MORENO). No pierdan palabra, porque la explicación, sin duda de buena fe, no tiene desperdicio, aunque el dinero sí se haya desperdiciado.

“De otro lado -prosigue CAMPOS MORENO-, la clasificación económica del presupuesto de Justicia refleja la concentración del incremento presupuestario (218 millones de euros) en los distintos elementos del Plan Estratégico de Modernización. En primer lugar, se destinan 151,59 millones de euros a conseguir una Justicia tecnológicamente avanzada. Esta parte del presupuesto se dirige a Modernización de la justicia: aquellas actuaciones tendentes a facilitar y agilizar los trámites y notificaciones, mejorar el acceso de los ciudadanos a la información y, sobre todo, favorecer la interoperabilidad entre todos los operadores jurídicos, los ciudadanos, y las Administraciones Públicas. De manera paralela, estas actuaciones permiten situar al Ministerio de Justicia como una institución de innovación y excelencia tecnológica. Esta característica del Ministerio es lo que ha permitido que ha permitido desarrollar importantes sistemas de gestión procesal (Minerva y Minerva-NOJ) o de intercambio telemático (LexNET). En esta línea, otro importante instrumento es el Sistema Integrado de Registros Administrativos de Apoyo a la Actividad Judicial (SIRAJ). Este sistema se puso en marcha en febrero de 2009 e incluye todos los registros centrales, como el Registro Central de Penados, el Registro Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica, el Registro de Central de Medidas Cautelares, el sistema de Intercambio de Antecedentes penales europeo (Network Judicial Register) y el Registro de Rebeldes Civiles. El incremento presupuestario previsto para 2010 permitirá asimismo consolidar todos estos proyectos a partir del esquema judicial de interoperabilidad y seguridad (EJIS).”

“En segundo lugar, el presupuesto permite implantar una nueva organización judicial a través de una gestión más racional de los recursos personales de la administración de justicia. A este respecto, se prevén créditos por 34,66 millones de euros para la implantación de la nueva oficina judicial (NOJ). La NOJ contará con nuevos medios de telecomunicaciones (salas de vista con sistemas de grabación audiovisual y sistemas de videoconferencias). Además, la implantación de la Nueva Oficina Judicial constituirá un motor del cambio en el proceso de modernización de la administración de justicia al concentrar la triple transformación que operarán las leyes procesales (organizativa, técnica y de distribución de competencias).”

“En tercer lugar, uno de los elementos estratégicos para la modernización y mejora de la eficacia de la administración de justicia es el desarrollo de un Nuevo Mapa Judicial. Con una dotación de 48,47 millones de euros, se procederá a la creación de 200 nuevas unidades judiciales, 50 de las cuáles corresponderán a la nueva figura de los jueces de adscripción territorial.”

“También se convocarán en 2010 hasta 250 plazas para jueces, 150 para fiscales y 260 para secretarios judiciales. Además de la creación de unidades judiciales y de la convocatoria de nuevas plazas de jueces, fiscales y secretarios judiciales, buena parte de los esfuerzos se dirigirán a establecer las bases para una nueva demarcación y planta judicial que adapte el mapa judicial a los cambios experimentados por la sociedad española.”

“Otro elemento estratégico con el consiguiente reflejo en los presupuestos es la potenciación de los gastos en infraestructuras. Con un crédito para 2010 que alcanza los 72,3 millones de euros, y que representa un incremento interanual de 15,2 millones de euros, se desarrollarán actuaciones dirigidas a la construcción, rehabilitación y equipamiento de edificios de sedes de órganos judiciales, registros civiles y servicios comunes, así como la supresión de las barreras arquitectónicas. A esta última finalidad se destinan 1,35 millones de euros.”

Leídos con atención los párrafos precedentes, parece bastante claro lo sucedido. Trataré de resumirlo con claridad y la consiguiente e inevitable crudeza: hubo -y sigue habiendo- menos recursos aún para el funcionamiento ordinario de la Administración de Justicia y se malgastó la parte del león del incremento presupuestarios en objetivos que sonaban muy modennos, pero que no se consiguieron, sino que cooperaron a una situación de muy serio empeoramiento y, en no pocos casos, de desastre. Vean una expresiva fotografía, publicada hace poco en un periódico de ámbito nacional:

Por si no leen bien en la foto lo que dice el cartel es esto: “DEBIDO AL RECORTE DE PERSONAL QUE HA PADECIDO ESTE JUZGADO, EL TIEMPO DE RESPUESTA DE LOS PROCEDIMIENTOS SE HA ALARGADO”. Se dilapidaron 151’99 millones de euros, porque no funciona Minerva ni Minerva-NOJ y no funciona el SIRAJ, al menos no como lo presentaba CAMPOS MORENO. Tampoco funciona en absoluto la informatización del Registro Civil Central, de lo que se mostraba máximamente orgulloso el ya ex-Ministro Sr. Caamaño cuando cedía los bártulos a Sr. Ruiz Gallardón. Se fue mintiendo descaradamente, como mentía cuando empezó. Y se desperdiciaron otros 34’66 millones de euros para la implantación de la NOJ. Es nada menos que su gran valedor, el Consejo General del Poder Judicial, el que tiene pedida formalmente la suspensión de la NOJ, en el sentido de no seguir “implantando” en más ámbitos territoriales la combinación de software y protocolos.

No sé qué ha podido ser del Nuevo Mapa Judicial, pero, si me atengo a la falta de noticias al respecto (cuando han proliferado las noticias simplemente falsas sobre el comienzo de esto y de lo otro, que no comenzaban), me inclino a pensar que no ha habido nada de nada. Que cualquier lector más enterado tenga a bien informarnos, por favor, así como sobre la  convocatoria en 2010 de 250 plazas para jueces, 150 para fiscales y 260 para Secretarios. En cuanto a los 72’3 millones para “construcción, rehabilitación y equipamiento de edificios de sedes de órganos judiciales, registros civiles y servicios comunes”, no me parece que este concreto esfuerzo presupuestario, si es que el presupuesto ha sido realizado, haya redundado en una mejoría medianamente visible de las sedes judiciales.

Lo que ha habido son dos hechos. El primero ha sido un aumento de la duración promedio de los procesos, especialmente importante en “gestiones” tales como notificaciones (21%), embargos (17,6%) y lanzamientos (13’3%), todas ellas atribuidas a la Nueva Oficina Judicial (NOJ). El segundo hecho es que una serie de empresas, subcontratistas casi todas de RED.es, se han embolsado unos 200 millones de euros, por un pésimo trabajo de software (lo aclaro sobre todo para lectores no españoles, no vayan a pensar que había que llenar de ordenadores los Juzgados, Audiencias y Tribunales de España). El de esas empresas no ha sido un trabajo deficiente, muy mejorable, no: ha sido un trabajo pésimo: entorpecedor, retardatario, objetivamente saboteador, por así decirlo.

Podemos y debemos exigir que se investigue a quiénes, cómo y por qué se adjudicaron los contratos de informatización fracasados, así como los contratos de los “animadores” de “implementación” de la NOJ y otros adelantados igualmente fracasados como los de “cita previa”, que han hecho disminuir la entrega de certificaciones en más de un 50 % respecto. No es que queramos hacer sangre. Es que toda una orientación -aunque pienso que equivocada, porque los gastos corrientes no debieron recortarse, que ya eran escasos- de funcionamiento de la Justicia española ha resultado una burla sangrienta con el super-fiasco de la informatización judicial. No es sangre lo que deseo: es justicia, es responsabilidad. Quienes cometen errores de tanta magnitud e importancia no pueden, ante todo, resultar desconocidos y, después lucrarse tranquilamente con el dañino pseudo-trabajo que han hecho.  

Desde luego, el relevo gubernamental no excusa esta tarea de pedir cuentas y exigir que se rindan al detalle. Entre otras cosas, porque se corre el peligro de que las cosas torcidas -y gravemente torcidas, con perjuicio de muchos miles de personas- no se enderecen e incluso se retuerzan y empeoren más.