SE ACERCAN UNAS SUPER-TASAS JUDICIALES Y UNA JUSTICIA SÓLO PARA RICOS

TODOS A LO SUYO Y NADIE (O CASI) EN LO DE TODOS

Habrán visto en este blog “Por Derecho” un enlace que se refiere al amenazante “Proyecto de Ley  por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses”. En el blog “Hay Derecho” (con enlace aquí) se publicó el lunes 8 de octubre de 2012, un artículo que informa suficientemente, me parece, de la tremenda amenaza. Y si quieren ver el Proyecto con detalle, vayan a la web del Congreso de los Diputados:

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas/IniTipo?_piref73_1335527_73_1335526_1335526.next_page=/wc/detalleDocumento&idIniciativa=121&numExpediente=18&numDocumento=0&paginaActualB=null

No voy a insistir ahora en ejemplos de lo que pretende ese Proyecto, que sigue la línea de la implantación, por el anterior Gobierno, de unas tasas relativas a los recursos. Los efectos nefastos de lo que ahora avanza sin parar en el Congreso de los Diputados son infinitamente superiores a los de las tasas ya implantadas. Tampoco me detendré en el hecho de que —con dudosa constitucionalidad— Cataluña ya aprobó una ley de tasas en la línea del temible Proyecto, aunque con cuantías mucho más razonables. Esta dualidad de normas (y en la Comunidad Valenciana se prepara otra) no es precisamente clarificadora sobre el acceso a la Justicia. Pero el Proyecto de Ley citado supondría, en todo caso, impedir el acceso a los Tribunales a millones de españoles, sobre todo a personas físicas y a pequeñas y medianas empresas, que no andan precisamente holgadas en liquidez y, con frecuencia, sí están ahogadas por el impago de las Administraciones y empresas públicas (con cruel sarcasmo, estos acreedores no podrían demandar a esos deudores gracias a la Ley proyectada).

De lo que ahora quiero hablar es de lo que hacen, al respecto, el Consejo General de la Abogacía y los Colegios de Abogados, el Consejo General del Poder Judicial, las asociaciones judiciales, las Facultades de Derecho y sus profesores, etc. Es muy corto lo que tengo que decir: no hacen nada, al menos nada de mínima entidad, nada informativamente digno de atención, pese a que el Proyecto, de convertirse en Ley, cambiará de modo radical la realidad jurídica española.

Los jueces (simplifico y me refiero también con este nombre a los que han alcanzado la categoría de “magistrados”) no hacen nada porque quizá piensan que su carga de trabajo disminuirá drásticamente en cuanto se empiece a cobrar sin moderación el inicio de cualquier litigio (menos las denuncias y querellas). Tal vez eso explique su silencio y su inacción. Pero esa explicación implica que los jueces ya han decidido no ser sino unos funcionarios más, un tipo de empleado público como otro cualquiera: eso se viene predicando desde dentro (alguna asociación lo ha dicho recientemente sin ningún pudor) para movilizar reivindicativamente a los miembros de la Carrera Judicial como se movilizaría cualquier trabajador ante los “recortes”.

 

Hay en eso un tremendo error de base, consistente en no reconocerse como unos servidores públicos muy especiales, con una potestad singularísima atribuída para protegernos a todos. Que los jueces se consideren ante todo jueces no les debería impedir moverse en defensa de sus derechos. En cambio, que para incrementar su actitud o talante reivindicativo acepten dejar a un lado su específica condición judicial, aparte de no serles de ninguna utilidad para sus derechos, es fatal para los derechos y deberes de todos nosotros. Los partidarios de esa proletarización judicial se están haciendo responsables de una degradación ética y cívica del oficio de juzgar que será devastadora para la tutela jurídica de todos. La proletarización de la Judicatura que ya hemos denunciado hace tiempo nos deja a todos a merced del puro poder de cualquier tipo (piensen un poco en la extrema dificultad añadida por las tasas para acceder la jurisdicción contencioso-administrativa, que más directamente controla la legalidad del Ejecutivo y de las Administraciones públicas). Y no es consolador que nuestra tristeza la padezcan también cierto número de jueces decentes y dignos, que injustamente sufrirán —sufen ya— el desprestigio general de la Judicatura.

Ni CGPJ ni asociaciones judiciales dicen nada de las tasas futuras. Lo que ahora recoge la prensa es una pelea entre jueces y fiscales de la Audiencia Nacional por unas plazas de aparcamiento. Y hace días, lo que veía publicado el español medio era una pelea entre jueces y Ministerio de Justicia por tipos y días de permisos, pelea que, al parecer, no iba a llegar a mayores por la generosa cesión del Ministerio. ¿Cómo podrán los jueces quejarse del desprestigio social —que, sí, es indeseable e incluso injusto— cuando permiten esa “imagen” de casta alejada de la gente, de la realidad? ¿Cómo piensan que, metidos en su mundo pequeñito, pero con empleo fijo y bastante bien pagado (señores jueces y magistrados: piénsenlo bien antes de quejarse públicamente: Vds. cobran más que la mayoría de los servidores públicos titulados universitarios y no hablemos de los magistrados del Tribunal Supremo, que cobran bastante más que los Ministros del Gobierno de España) podrán recibir la comprensión de unos ciudadanos que las están pasando canutas? (Por si los dos párrafos anteriores no estuviesen del todo claros, lean el comentario de Anónimo judicial y mi respuesta en dos partes).

Más sorprendente, con todo, es el silencio de los abogados. Y lo dice quien ha sido y se ha sentido y aun se siente abogado, desde hace más de treinta años, aunque ahora no ejerza. Incluso si los Colegios de Abogados hubiesen perdido (que lo han perdido) todo aliento de mínimo altruismo y de conciencia de su legítima función social, ¿cómo no reaccionan ante un Proyecto que previsiblemente perjudicará tremendamente a miles de abogados, al reducir su clientela?

Se puede pensar —hay quien lo piensa— que el dominio de los grandes despachos o “firmas” de abogados es total sobre los Colegios. No estoy en absoluto seguro de eso y no me parece que la pasividad corporativa de la Abogacía ante el Proyecto de Ley citado se explique así. Pienso que más bien se trata de la conjunción de dos elementos: por un lado, esas corporaciones carecen de reflejos y de músculos para lo que no sea su propia rutina de funcionamiento y financiación y, por otro, están creyendo, tontamente, que —como el Proyecto se atreve a decir, pese a ser falso e ilegal: contrario a la Ley Ley 8/1989 de Tasas y Precios Públicos— lo que se saque de las venideras tasas servirá para pagar los turnos de oficio, un problema envenenado que no tiene nada que ver con la falsedad propagandística de que “en España, como la Justicia es barata, litigamos por capricho a troche y moche y eso no puede ser: el que quiera litigar, que pague”.

Este tópico pseudo-liberal, que equipara acceder a los Tribunales con beber whisky de malta o embarcarse en un super-crucero, es una gran mentira. En España, la Justicia no es barata y mucho menos gratuita, ni siquiera para quienes, como manda la Constitución, acrediten insuficiencia de recursos para litigar (art. 119 CE). En España, todo el mundo conoce que “más vale un mal acuerdo que un buen pleito” y todo el mundo sabe la verdad que encierra la maldición gitana “pleitos tengas y los ganes”. De manera que no estamos poblados por cientos de miles de litigantes maliciosos, que dan rienda suelta a su morbosa afición, como si fuesen ludópatas, a costa de todos. Y hay, por lo demás, bastantes medios contra los litigantes temerarios, distintos de cerrar las puertas a todos poniendo un alto precio a la Justicia… pero, eso sí, con exención de pago para las Administraciones públicas y asimilados (que sí litigan “gratis total” con el dinero de todos), para el Ministerio Fiscal, etc.

¿Salen a la palestra pública Decanos de Colegios o dirigentes del Consejo General de la Abogacía para ilustrar a los ciudadanos de la transformación degenerativa que se avecina, apoyada en la mendacidaz falaz que acabo de denunciar e incluso en la tergiversación absoluta de una sentencia del Tribunal Constitucional? ¡Desde luego que no! Los Colegios Profesionales, corporaciones de Derecho Público que un Pedrol Rius consiguió introducir en el texto constitucional, han perdido por completo su médula de servicio a la sociedad y su entraña deontológica y altruista. Antonio Pedrol Rius se revolverá en su tumba, porque, con todas sus particularidades (nunca fui “pedrolista”), esta desidia absoluta no le iba y no padecía la insensibilidad que se aprecia.

Pero, como se me ha hecho notar, tampoco se advierte reacción desde el ámbito académico ante el monstruoso designio de poner precios prohibitivos a la Justicia, especialmente a los particulares, a las personas físicas, a consumidores y a usuarios que quieran reaccionar de modo individual. El reproche al profesorado universitario de Derecho (y de otras carreras, también afectadas) está plenamente justificado. Pero es que la Universidad y, en concreto, las Facultades de Derecho o centros similares con otro nombre ya dejaron, hace tiempo, de ser, en su conjunto, ámbitos de constante atención a la realidad social y de generación de análisis críticos independientes. Hay, sí, algunas iniciativas aisladas, no sólo de éste o de aquél docente, sino incluso de Departamentos o de “áreas” enteras: así se entienden coloquios, conferencias, mesas redondas y publicaciones sobre asuntos de actualidad. Pero no tenemos medios ni tiempo para lograr que esas iniciativas, nunca o casi nunca corporativas, alcancen difusión social. Y, además, se trataría siempre de excepciones. La actitud general es de pasotismo y desatención hacia la realidad, actitud fomentada en ciertos casos —también hay que decirlo— por crecientes cargas de trabajo y exigencias abrumadoras de papeleo burocrático (aunque eso sí, todo por internet). Desde los Rectorados, la comunicación institucional no se pone nunca al servicio de causas cívicas, bien analizadas y fundamentadas por los universitarios que saben del tema de que se trate.

La Justicia en España no es gratuita ni barata. Pero aún es una Justicia accesible. Tras el Proyecto, si se aprueba —y me temo que así sea, pese a las enmiendas a la totalidad presentadas, primero por UpyD y después de los restantes grupos parlamentarios, excepto el Popular, claro—, la Justicia en España sólo será para los económicamente poderosos. Un enorme cambio, que apuntilla a este país. Habrá, como hemos visto, graves corresponsables de tal cambio, pero siempre será el Gobierno del Partido Popular quien habrá cometido la atrocidad y, por tanto, el primer responsable. Seguiremos (sin saberlo o sabiéndolo, tanto da) imitando lo peor del Imperio Americano: lo peor en educación y lo peor en la Justicia, como lo peor en la Banca. No sé Vds., pero yo no perdonaré ese pecado al Gobierno del Sr. Rajoy y del Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.