RUIZ GALLARDÓN DEFORMA LA HISTORIA DE ESPAÑA HASTA HACERLA IRRECONOCIBLE

 

¡QUÉ MALDAD LA NUESTRA!: SI PEDIMOS JUSTICIA, JUDICIALIZAMOS: EL MÁXIMO PECADO CIUDADANO
(actualización, a 13 de diciembre de 2012: ¡ACABÁRAMOS!: RESULTA QUE EL MINISTRO ES SÁDICO)

El pasado día 27 de noviembre de 2012, se nos informaba de que, con ocasión de la Asamblea General de las Cámaras de Comercio, Alberto Ruiz Gallardón, Ministro de Justicia del Gobierno de la Nación, había «lamentado “la tradición española de judicializar cualquier conflicto”».

Con esta lamentación, Alberto Ruiz Gallardón exhibía de nuevo su enciclopédica ignorancia sobre casi todo y, en especial, tergiversaba una tradición histórica que él, personalísimamente, podría lamentar con superlativa originalidad, pero no deformar hasta el extremo de negar la Historia de España. Es muy penoso tener que demostrar lo evidente (que es, en español y en sentido estricto, lo que resulta patente y no precisa demostración) y resulta agotador verse diariamente en la tesitura de combatir las más rotundas falsedades. Así que no me entretendré demasiado, porque, de lo contrario, hay un dilettante sin escrúpulos intelectuales y morales que me tendría siempre ocupado en salir al paso de mentiras, sofismas y falacias, sin que por ello percibiese yo un más que merecido “plus” de penosidad.

D. Felipe González (FG) y sus otrora numerosos partidarios nos dieron la murga, durante bastantes años, con la presunta “judicialización de la política”, un concepto acuñado al hilo de procesos penales seguidos contra personas que ocupaban cargos políticos en el partido y en el gobierno de FG. No digo yo que nunca se haya dado un evento procesal que supusiese judicializar lo político: a veces ha sido incluso una ley aprobada por políticos sin demasiada finura jurídica la que ha metido a los jueces en berenjenales políticos difícilmente enjuiciables con parámetros jurídicos. El fenómeno aquel que tanto preocupaba a FG era, simplemente, el de la reacción de los tribunales de justicia ante hechos que parecían delictivos y que, en efecto, acabaron declarándose tales, con imposición de las correspondientes penas a quienes se logró identificar como responsables. No se judicializó la política, sino que las instituciones reaccionaron conforme a la ley frente una criminalización de la política. Hoy, ante casos penales relativos a la actuación de políticos, nadie habla ya de “judicialización de la política”: se reconoce que estamos ante la acción de la justicia frente a la corrupción política que consista en pura delincuencia.

Ruiz Gallardón ha dejado atrás, muy atrás, a FG. Decir que existe una “tradición española de judicializar cualquier conflicto” es una retorcida manera de referirse a la tradición española de acogerse a la Justicia, de la que se viene disponiendo en España desde hace siglos, sin necesidad de ser millonario. Alberto Ruiz Gallardón es muy libre de considerar negativo que, durante siglos, los españoles, aunque careciesen de propiedades y de derecho de sufragio, no careciesen de audiencias que, en nombre del Rey o con autoridad propia conferida por el pueblo, escuchasen a las personas en conflicto y resolviesen lo procedente en buen Derecho. Pero un Ministro de Justicia se asemeja a un engendro diabólico si, como tal Ministro, considera una “lamentable tradición española” que los habitantes de España hayan podido y aún puedan (aunque sea por pocos días) recurrir a los tribunales de Justicia.

“Judicializar” es un palabro de connotaciones peyorativas, que busca desprestigiar el recurso a la autoridad judicial presentando a quienes acuden a los tribunales como personas cuando menos molestas, pero de ordinario abusivas y desconsideradas, que tratan de movilizar los esfuerzos de jueces y otros servidores públicos para tareas que no les son propias. Pero movilizar a los jueces para que resuelvan conflictos a los que son aplicables normas jurídicas no es “judicializar. “Judicializar” sería someter a veredicto de los jueces discrepancias sobre el arte pictórico, la genialidad musical, la belleza arquitectónica, el ingenio humorístico o el gusto por el jamón de cerdo ibérico frente a la gula ante la mortadela o las salchichas alemanas. ¿Hay acaso una “tradición española” de llevar a los tribunales de justicia lo que no son pretensiones de tutela jurídica, sino discusiones y diferencias de criterio de toda índole, ajenas al Derecho? No, absolutamente no. Lo que ha habido en España, y de lo que todavía hay muchos restos, es una tradición nada lamentable sino bendita y laudable: la de que se llevan a los tribunales los agravios, lo que consideramos injusto, ilícito e ilegal, en vez de resignarse el débil frente al fuerte o incluso el poderoso ante quien le supera en poderío. Lo que no ha habido es una tradición de nombrar sheriff del condado al pistolero al servicio del dueño del saloon, de las minas y de las grandes fincas del condado. Ha habido, por el contrario, una tradición de apego al veredicto de los jueces, reconocidos como aplicadores del Derecho. Aunque otros muchos derechos de los españoles no estuviesen aún reconocidos o satisfactoriamente protegidos, no ha faltado a la generalidad de ellos el amparo de los tribunales. Ésa es la verdadera tradición española. Ésa es nuestra Historia, tergiversada por RG como si fuese el más atrevido de los agentes de la leyenda negra (que la hubo, como Julián Marías se ocupo de aclarar en su España inteligible. Razón histórica de las Españas).

Los españoles no hemos tenido durante siglos ninguna tradición de llevar a los tribunales disputas o conflictos impropios del trabajo de los jueces, discusiones y agravios sin dimensión jurídica. Por tanto, hemos “judicializado” lo que era judicial o, lo que es igual, no hemos “judicializado” nada. Hemos acudido a los jueces, pese a todos sus defectos, porque confiábamos en ellos y porque no era económicamente inasequible recurrir a ellos. Esa no es una lamentable tradición española. Es una tradición para sentirse orgullosos y decididos a que prosiga.

Pero, de pronto, como una maldición —que nada tiene que ver con nuestros pecados colectivos, reales, dudosos o inventados: nada tiene que ver con haber gastado más de lo que se tenía o haberse endeudado más de lo razonable, etc.—, ha aparecido un Ministro de Justicia (nunca jurista, sino exclusivo profesional de la política desde su muy joven juventud) que considera “lamentable”, totalmente negativa, nefasta, la descrita inclinación multisecular de los españoles a recurrir a los jueces y que, además, quiere destruir la realidad derivada de esa inclinación poniendo precios elevadísimos al acceso a los tribunales de Justicia. A eso, este relamido y pretencioso político lo compara ¡con la Revolución Industrial! Nadie había llegado tan lejos en el ejercicio de la auto-idolatría.

A la hora de los conflictos jurídicos, de las injusticias, de las ilegalidades, ¿qué quiere este Ministro de Justicia que hagan los españoles, en vez de acudir a los tribunales? ¿Quiere que zanjemos los conflictos a navajazos o a tiros? ¿Quiere que recurramos a quienes brindan eso que se ha llamado “protección”, por la que hay que pagar, voluntariamente o la fuerza? Supongo —por mi buena intención, no por las palabras y las obras del Ministro— que Ruiz Gallardón no quiere que nos demos a la “autotutela”, a la mal llamada “justicia privada”, es decir, que nos tomemos por propia mano lo que nos parezca justo o que contratemos sicarios que rompan las piernas al deudor recalcitrante. Entonces, ¿qué quiere? Quiere imponernos —así, imponernos— que recurramos a la mediación de terceros. A mí me parece bien que se nos inste a hacer todo lo posible para alcanzar acuerdos que eviten procesos judiciales, pleitos. Pero no me parece bien, sino muy mal y no me parece moderno, sino anticuado y regresivo, que la mediación sea obligatoria con carácter previo al recurso a los tribunales o en medio ya de procesos judiciales. Y conste que eso no lo exige la Directiva 2008/52, del Parlamento Europeo y del Consejo.

Seguramente el Ministro habrá caído en la cuenta de que existen en España unos profesionales, los abogados, que procuran, de ordinario, que sus clientes lleguen a un acuerdo y no sea necesario pleitear. Pero, en no pocas ocasiones, las personas que se consideran perjudicadas injustamente por otras no quieren, incluso por la propia naturaleza del conflicto, un resultado parcialmente satisfactorio pero parcialmente insatisfactorio. Quieren exponer unos hechos y que se apliquen a esos hechos las normas jurídicas. No quieren resolver un conflicto, sino una sentencia justa, una tutela jurisdiccional frente al despojo, al desamparo, al daño que se les ha causado ilícitamente. Ni a éstos se les debe imponer una mediación que no quieren ni a todos se les debe obligar a pasar por el mediador —persona física o institución— como paso previo ineludible a recurrir a los tribunales. Se trata sólo, en una gran mayoría de casos, de una pérdida de tiempo y de dinero.

¿No hay nadie al lado del Ministro de Justicia que le pueda recordar la Ley 34/ 1984, de 6 de agosto, de reforma urgente de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que, entre otros muchos cambios, dispuso, como decía su E. de M., “conferir al acto de conciliación, que, como demuestra la experiencia, ha dado resultados poco satisfactorios, un carácter meramente facultativo”? Se eliminó en 1984, con general satisfacción, la exigencia de un acto de conciliación previo (en definitiva, un intento de llegar a un acuerdo que evitara el proceso). La conciliación se transformó en facultativa, en voluntaria y aún subsiste con esa naturaleza. Así que yo digo: bienvenidos sean los mediadores, individuales o institucionales, siempre que recurrir a ellos no sea obligatorio.

Soy consciente del abuso, cometido por muchos (no por mí), de la paráfrasis de Cicerón en su primera Catilinaria. Pero, ante este Ministro, que miente y engaña una y otra vez, la verdad es que está plenamente justificado preguntar:

Quo usque tandem abutere, Adalberte, patientia nostra? Quamdiu etiam furor iste tuus nos eludet? Quem ad finem sese effrenata jactabit audacia?

¿Hasta cuándo, Alberto, abusarás de nuestra paciencia? ¿Durante cuánto tiempo aún nos superará tu locura? ¿A qué extremos se arrojará tu desenfrenada audacia?

¿Por qué diablos sigue afirmando este servidor de la iniquidad —no exagero: las tasas que ha impuesto, con la ayuda racionalmente inexplicable de su partido y de sus parlamentarios, son lisa y llanamente inicuas— que nuestra litigiosidad es “desproporcionada”? ¿Quién es él, con todos sus colaboradores, para juzgar sobre proporción o desproporción entre la litigiosidad real y unas “verdaderas” necesidades de tutela judicial que experimentan los que tienen derecho a acceder a los tribunales españoles? ¿Cómo puede seguir engañando en la comparación con Francia, que en este blog ya se llevó a cabo con toda seriedad (v. http://andresdelaoliva.blogspot.com.es/2012/01/gran-patinaje-del-nuevo-ministro-de_18.html), sin arrojar, en modo alguno, los resultados que Ruiz Gallardón inescrupulosamente se atreve a esgrimir? ¿Cómo, por último (provisionalmente, última mentira), se atreve este indocumentado a afirmar que en Europa pagan los ciudadanos para litigar unos precios públicos que, en promedio, son tres veces superiores a los de nuestras malditas tasas? Y, si así fuese (que no lo es, ni por lo más remoto), ¿serían justas y razonables para los españoles las tasas gallardonianas (porque no estamos hablando de tasas en general, sino de las concretas tasas que se han aprobado aquí)? Ese simplismo que unifica las enormes diversidades que la Justicia presenta en los países europeos y que desemboca en una descarada invención, no está basado en ningún estudio (de hecho, están ahora buscando datos europeos en el Ministerio gallardoniano) y acaba de recibir un mentís, implícito pero contundente, cuando varias asociaciones judiciales han apoyado expresamente la oposición judicial española a las recientes tasas. ¿Se atreverían jueces frances, alemanes y belgas, etc., a declarar ese apoyo si supieran, como lo sabrían si fuese cierto, que en España la Justicia les cuesta a los españoles un tercio de lo que les cuesta a los europeos?

Si el Sr. Ruiz Gallardón se pone a hablar de dineros y Justicia, no habrá más remedio que ocuparse de tan sustancioso aspecto del conjunto de cambios —todos, sin excepción, increíblemente, para mal, para francamente peor— impulsados por RG en términos de dinero y Ruiz Gallardón. Lo dejo para otro día.
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ACTUALIZACIÓN (13 de diciembre de 2012): “GOBERNAR, A VECES, ES REPARTIR DOLOR”, había dicho ayer D. Alberto Ruiz Gallardón (RG). Y yo había escrito todo lo anterior sin enterarme. Pero ahora sí: ahora está más claro lo que ocurre. Sucede que el Ministro, en cuanto Ministro, es sádico. Debíamos haberlo visto claro hace tiempo porque, sin duda, lo de repartir dolor lo ha venido haciendo y lo hace el Ministro de Justicia con extraordinaria soltura y superlativa generosidad. Es sólo lo de “a veces” lo que me extraña un poco. RG reparte dolor todos los días.

Pero hay que reconocer el ingenio y hay que proclamarlo con los más potentes altavoces: ALBERTO RUIZ GALLARDÓN HA INVENTADO EL BLINDAJE PERFECTO DEL DÉSPOTA. Nadie había alcanzado tamaña perfección intelectual protectora del arbitrio puro del gobernante. Nadie, desde Calígula a Gadafi, pasando por Hitler, Stalin, Ceaucescu y Mao Tse Tung, nadie había imaginado un argumento tan redondo. Piénsenlo: El gobierno causa dolor y el que está dolido no puede criticar legítimamente al gobierno. Corolario: cuanto más dolor produce el gobierno, menos crítica legítima al gobierno cabe esperar del dolorido. Más breve: cuanto más te duela lo que hace el gobernante, menos puedes criticarle. ¡Espléndido argumento! Maquiavelo, con su pragmático cinismo defensor del poderoso, era un querubín, un niño de coro, un monaguillo, al lado de RG.

Es así que a los jueces les tiene que doler que (como a otros, a mí mismo, por ejemplo) les hayan quitado la paga extraordinaria, luego (ergo) las críticas contra las tasas judiciales —las de Gallardón, no las que éste inventa que se cobran en el resto de Europa— se deben a que están dolidos. De donde se sigue que esas críticas son infundadas, reprobables, corporativistas y miserables. No les haga caso nadie (y a mí tampoco).

La doctrina gallardoniana del dolor asociado al gobierno no deja de despejar dudas y hacernos ver con claridad lo que nos espera. Hasta ahora se decía: “después de cornudo, apaleado”. Y no, lo acertado es: “después de apaleado, cornudo”. Primero se apalea y luego viene el escarnio. Palos dolorosos al súbdito (ése que se creía ciudadano) y después se le desprestigia, se le deshonra, se le anula.

Yo entendía que un Ministro de Justicia cometiese, según los jueces, un error, incluso un grave error y fuese por ellos criticado. Entendía que pudiese tener razón el Ministro y no los jueces. Pero no entendía que un Ministro de Justicia, para defenderse de las críticas de unos jueces, insultase y desprestigiase públicamente a todos los jueces, que son los encargados de impartir o administrar Justicia, algo que le debería importar a un Ministro de Justicia. Ahora lo entiendo casi todo: gobernar es causar dolor y, por tanto, si el Ministro quiere seguir siéndolo, tiene que seguir causando dolor: primero te suprime la extra de Navidad (daño económico, dolor material) y después te suprime la libertad de expresión (daño o dolor moral). Y si sigues sin entender el mecanismo, el gobernante (el Ministro RG) te seguirá infligiendo dolor: mentirá, engañará, te desprestigiará aún más. Así se entiende también que las tasas judiciales absolutamente excesivas ideadas por un Ministro sean presentadas por el mismo Ministro (un sádico, en cuanto Ministro) como consecuencia de una petición de los mismos jueces, para sus pensiones o para incremento salarial. Es que el Ministro tiene que causar más dolor a los jueces. Si a mí se me ocurre decir “Sr. Ministro, ¿en qué quedamos? ¿Propugnó Vd. esas tasas porque eran buenísimas o porque le presionaron los jueces que después las han criticado?” "¿Acaso cedió Vd. ante presiones corporativistas?", seré un perfecto idiota si pienso que el Ministro no sabrá cómo salir del apuro. Primero, mi crítica es ilegítima, deleznable, porque a mí también me han quitado la extra de Navidad. Después, el Ministro, como tal, procurará pegarme donde más me duela. Y así hasta que estemos perfectamente convencidos de que calladitos estamos más guapos y que “quien bien te quiere, te hará llorar”. Somos como niños y todo lo que hace el gobierno es por nuestro bien. De manera que sólo nos queda irnos a un rincón y cantarle bajito, a este excepcional Ministro, aquello de la copla:

“No me quieras tanto,
Ni llores por mi;
No vale la pena
Que por mi cariño.
Te pongas así.”