NUESTRO INSOSTENIBLE “ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS” NI SIQUIERA SE MODERA: SE ENSAÑA

LOS NUEVOS SEÑORES FEUDALES SE DISPONEN A EXPRIMIR A SUS VASALLOS

(Preparemos las sogas en los árboles del bosque de Sherwood)

Los detalles están borrosos, pero no lo esencial, que es el recuerdo de Francisco Fernández Ordóñez, seguramente al final de su período como Ministro de Hacienda, clamando en los pasillos del Congreso que las Autonomías iban a ser (o estaba siendo ya: no lo puedo precisar) la ruina de España.

De esa escena, que sería entre 1977 y 1979, hace más de treinta años. Y en esos treinta años, la “España de las Autonomías” no ha dejado de crecer. Es decir, han crecido las Autonomías, con organigramas cada vez más frondosos y con cada vez más pájaros en cada rama del árbol (perdonen los funcionarios autonómicos: lo de pájaros va sin segundas y se debe a la imagen arbórica). A grandes rasgos, cabe decir, como se ha dicho mil y una veces, que tenemos 18 Gobiernos, 18 Parlamentos, 18 Administraciones públicas. Y casi todos ellos se han metido en berenjenales de dudosa incumbencia pública, de muy discutible interés público. Se inventaron -¡y con qué éxito!- las empresas públicas autonómicas (mixtas o enteramente públicas). Algunas necesarias, muchas, inútiles. Se inventaron los “observatorios” (no astronómicos), las “agencias”, los Consejos de toda clase, los Tribunales de Cuentas y los Defensores del Pueblo, con distinta denominación. Más otros Defensores (del Menor, de la Mujer, etc.). Casi todo, prescindible. Y cuando el Estado central transfería competencias o gestión de competencias a las Autonomías, no adelgazaba en tamaño y costes de personal. Casi ninguno de esos 18 elementos se propuso brillar por su austeridad y casi ninguno ha sido austero. La gran mayoría de esas 18 organizaciones ha gastado muy por encima de sus posibilidades.

El embrollo legislativo y competencial es mayúsculo. Tenemos leyes y reglamentos al menos quintuplicados o más decuplicados sobre innumerables materias, lo que no constituye precisamente un incentivo para la inversión extranjera. Y no es un buen marco para ninguna actividad económica (ni para el buen funcionamiento de servicios públicos esenciales).

Todo lo anterior es archisabido. Y existe casi unanimidad en señalar las dimensiones redundantes de nuestro Estado (añadidos los Municipios) no sólo como una de las principales causas de nuestro endeudamiento presente, sino como un factor que lastra hasta la imposibilidad la viabilidad económica de España. No es de extrañar, por tanto, que, a la hora de analizar las “medidas extraordinarias” para reducir el déficit público del “Reino de España”, se haya señalado, una y otra vez, como alternativa o como sumando, pero, en todo caso, como algo muy preferible a la congelación de pensiones y el recorte de sueldo de los funcionarios, una drástica poda del frondoso árbol de la organización del Estado. Y, muy razonablemente, se ha apuntado en especial a las Comunidades Autónomas.

Ante estas observaciones, más de uno -el Catedrático Roberto Centeno, p. ej., recomendado aquí en el “post” de 25 de mayo pasado- ha dicho: lo que procede no es podar unas ramas superfluas de ese árbol, tan frondoso como de declinante vitalidad. Eso sería no atacar de raíz y en serio nuestros problemas. Lo que procede es acabar con un “Estado de las Autonomías” irracional e insostenible. Adelanto que, como desideratum, pocas cosas me merecen una adhesión más rotunda. Pero aunque en abstracto estoy de acuerdo con la tesis, la considero impracticable. E incluso dañina.

Si el “Reino de España” o el Estado español fuese un grupo empresarial estructurado como ha llegado a estarlo y lo está hoy nuestro “Estado de las Autonomías”, sería imperdonable limitarse a podar ramas y ramitas, porque cabría reestructurar a fondo el “grupo”, aun a costa de muchos sacrificios de muchas personas. Pero ocurre que desmontar el “Estado de las Autonomías”, aunque no se puede definir como física ni metafísicamente imposible, entraña dificultades de tal magnitud que lo aproximan a lo irrealizable. Porque, en primer lugar, habría que sustituir la Constitución Española (CE) de 1975 por otra. Y pienso que, en estos momentos y durante un buen rato histórico, España no está en condiciones de intentar siquiera un cambio constitucional en sí mismo tan drástico y circunstancialmente tan sumamente peligroso. Con esta clase política, abrir una situación formalmente constituyente nos conduciría, con toda probabilidad, a un inmediato periodo de máxima inestabilidad política (mayor aún que la actual) y, a fin de cuentas, a una Constitución peor, mucho peor, que la vigente.

Ojala fuese viable una reforma constitucional limitada al Título VIII. Pero estoy seguro de que no lo es ahora y me parece probable que sólo se daría un ambiente favorable a tal reforma en caso de quiebra patente de las Autonomías con millones de afectados, situación que no deseo, como es natural. Y tendría que darse una quiebra y un empobrecimiento que fuesen claramente percibidos por los desempleados, los quebrados y los famélicos como debidos, no a una crisis mundial ni del “Reino de España”, sino precisa y concretamente al “Estado de las Autonomías”. Difícil e indeseable me parece que eso ocurra.

Pero, aparte del necesario cambio constitucional, desmontar nuestro Estado autonómico resulta prácticamente imposible porque, frente a los razonamientos, las cifras y los cálculos, está la oposición de todos los que viven de la estructura autonómica y, además, la de los que, al vivir y trabajar en determinadas Comunidades Autónomas, piensan, no sin motivos, que se encuentran en mejores o en menos malas condiciones que las que les ofrecería la actual Administración Central.

Dicho lo anterior, me temo que, en la práctica, las posiciones radicales contra el “Estado de las Autonomías”, además de no ser viables, acaban por constituirse en un gran obstáculo para cualquier mejoría de la penosa situación real. Los radicales -que, insisto, cuentan con mi adhesión intelectual y mi simpatía- seguirían en estado de ira ante cualquier reducción del aparato de las Autonomías. A mí, en cambio, podar ramas y ramitas me alegraría enormemente. Los problemas no siempre tienen solución, pero casi siempre pueden ser atenuados. Empiécese por ahí, porque comenzarán a producirse efectos beneficiosos, en vez de persistir o agravarse los maléficos.

Además, ante las airadas voces radicales, los responsables autonómicos pueden mostrarse tan indiferentes como cabe serlo ante propuestas tachables de utópicas. Eso es lo que está ocurriendo. En cambio, si se reclama suprimir Consejerías, Consejeros, Viceconsejeros, Directores Generales, asesores, agencias, subvenciones, “embajadas”, empresas públicas innecesarias, etc., las reclamaciones no pueden ser tan fácilmente desatendidas. Y si lo son, el reproche social es infinitamente más intenso que el que generaría la negativa a desmantelar el Estado autonómico. De manera que esto es lo que reclamamos: una poda de muchas ramas y ramitas del organigrama arbórico de cada Comunidad Autónoma. Y lo mismo respecto de buen número de municipios.

Pero la realidad es muy mala y terca. Ante una situación como la que ha justificado el Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, la respuesta procedente de las Autonomías ha sido lamentablemente insuficiente, bochornosa. Apenas en media docena de Comunidades Autónomas (Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia y Navarra) se ha planteado reducir Consejerías y, por lo que sé, sólo se ha acordado en una de ellas: Castilla-La Mancha. Cierto es que esa reducción -que se acordó en Madrid hace tiempo- puede significar muy poco. Pero nos ha asombrado que se rechazase incluso el mero gesto de solidaridad y austeridad.

Y si inicialmente nos asombramos -que no deberíamos haber sido tan ingenuos-, poco después nos hemos quedado entre estupefactos y rabiosos. Porque fue mentar el “Gobierno de España” lo del posible impuesto para “los ricos” -sin determinar a quiénes se les considera tales: se hubiese visto la trampa enseguida- e iniciar varias Comunidades Autónomas, con Cataluña a la cabeza, el anuncio de incrementos del tipo del IRPF para sus “ricos” (siempre indeterminados y, no lo duden, fiscalmente inexistentes).

Si la subida del IVA en el próximo mes de julio va a retraer el consumo fuertemente, si no fuesen ya muy malos los últimos datos de producción, si la reducción salarial efectiva de los funcionarios a finales de este mes de junio no fuese con seguridad a deprimir más aún nuestra economía real, lo mismo que una congelación de pensiones con leve incremento del IPC y si, además, no siguiéramos amenazados internacionalmente a causa de la “deuda soberana” y de la dichosa reforma laboral pendiente, con lo que nuestra situación -la de todos menos unos cuantos, pocos, a los que nada afecta y menos un “impuesto para los ricos”- resulta dramática, los dirigentes de algunas Comunidades y de algunos municipios se disponen a actuar como los señores feudales que estrangulaban a sus vasallos con adicionales cargas insufribles con tal de no privarse de sus lujos habituales en momentos de dificultad general.

¿Arcas semivacías o vacías? ¿Acreedores apremiantes? Pues, "se siente", pero los barones autonómicos, como si fuesen Barones, Señores, Condes o Margraves feudales, tienen gastos intocables, como los de la “Nomenklatura” autonómica. De modo que, al peligrar esos gastos, lo que se necesita es recaudar más. Y así, Cataluña anuncia que aumentará entre 2 y 4 puntos el llamado “tramo autonómico” del IRPF a las rentas superiores a 100.000 € anuales. Baleares -con dirigentes tan ejemplares ellos, de izquierda a derecha, pasando por el centro nacionalista- parece entusiásticamente dispuesta a secundar esa iniciativa e incluso complementarla con aumentos en sucesiones, patrimonio e incluso con nuevo “impuesto ambiental”. Y se lo plantea también ese modelo de austeridad del gasto público que es la Andalucía antaño de Chaves y ahora de Griñán. Por su parte, se lo piensa, para Extremadura, Fernández Vara.

El vasallaje se prestaba al señor feudal a cambio de protección. Pero, como en el Condado de York o en Locksley o en el Nottingham del Robin Hood, que vuelven a poner de moda Ridley Scott y Russell Crowe, podía fallar estrepitosamente la protección sin reducirse, más bien al contrario, la carga impuesta a los vasallos.

Más impuestos serían, serán, menos posibilidades de recuperación de la economía real. Igual estoy equivocadísimo, pero quiero pensar que, especialmente cuando hay tanto elemento recortable para el “tijeretazo”, se debe procurar un equilibrio, de modo que no se continúen vaciando los bolsillos privados, porque de ellos depende sostener el consumo y la producción -acaba el Presidente de Siemens de recomendarnos “impulsar” nuestro “tejido industrial”- e ir mejorando la actividad económica, con freno del paro primero y, después, con creación de empleo. Sé que el equilibrio es muy difícil, pero se tiene que procurar. Dice Don Pepiño Blanco que “nuestro futuro no se puede basar en construir sin parar”. Y tiene razón, pero menos aún se basará en parar de construir (que no se construyen sólo viviendas, caramba).

En todo caso, vuelvo a lo que iba: muy mal está que muchos barones autonómicos sigan sin moderarse. Pero que pretendan expoliarnos más aún es como para ir preparándoles (cinematográficamente, claro, metafóricamente) unas buenas sogas pendientes de sólidos árboles en el bosque de Sherwood.