EL CONSEJO FISCAL, UN CORPORATIVISMO MALOLIENTE Y DESVERGONZADO

“PRIETAS LAS FILAS, RECIAS, MARCIALES, NUESTROS FISCALES VAN”

En varias resoluciones, tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional han declarado que el art. el art. 51.2 de la Ley General Penitenciaria exige, para la intervención de las comunicaciones entre los internos y sus abogados, dos requisitos: 1º) que sea decretada por el juez; 2º) que se trate de casos de terrorismo, lo que no es el “caso Gürtel”. La Sala de lo Penal del TS reiteró recientemente que, como acabo de decir, según su propia jurisprudencia y la del Tribunal Constitucional, no son dos requisitos alternativos, sino acumulativos.

En un “post” del pasado 4 de marzo de 2010, me vi obligado a escribir lo siguiente (no es auto-cita, sino insistencia):

“Pero aparece la Fiscalía en auxilio del querellado [me refería a Garzón] y, además de dudar de que el querellante [contra Garzón] pueda serlo (¿cómo podría no considerarse ofendido por ese delito quien aparece como ilegalmente escuchado?) y de reprochar al querellante, hoy Abogado y antaño Fiscal [Ignacio Peláez], haber acudido al TS en vez de limitarse a suscitar la ilegalidad de la escucha ante el instructor del caso, el Magistrado Pedreira, sostiene, en contra de la viabilidad del proceso contra el Sr. Garzón, que las escuchas eran necesarias y que revelaron datos e informaciones interesantes.”

“Contemplar cómo una alta institución estatal de salvaguardia de la legalidad pretende sustituirla por la necesidad o el interés de la acusación resulta sumamente penoso y abrumadoramente triste. Si tuviese tiempo, demandaría al Fiscal firmante por daños morales y tendría alguna 'jurisprudencia' de la Sala de lo Civil del TS a mi favor. Pero no tengo tiempo ni dinero para tal demanda. Sí, en cambio, para decir algo, en vez de callar. Algo como esto: al emitir escritos con semejantes argumentaciones, esa gente de la Fiscalía Anticorrupción incurre y produce directamente aquello que debería combatir.”

Y, para terminar ese “post” de marzo, añadí estas líneas, en las que insisto:

“Son legión los españoles con buen sentido, aunque ni siquiera dispongan del más elemental diploma educativo. A todos ellos, es decir, a la inmensa mayoría de quienes pagan sus salarios, señores Fiscales del caso, les escandaliza extraordinariamente que Vds. lleguen a tales extremos de desprecio público de la legalidad. A mí me asaltan cada dos por tres muchas personas, de todas clases, preguntándome cómo es posible -simplemente posible- que Vds. se permitan esas afirmaciones y no pase nada. Y a mí también me invade el estupor ante ese hecho cierto, hazaña extraordinaria del descaro: profesionales del Derecho, guardianes de la legalidad, que reniegan de ella a la luz del día, para acogerse a lo que dicen interesante y necesario. Y no tengo más remedio que responder a esas personas en estos términos: hay sujetos sin vergüenza que son especialmente desvergonzados. Y no hay norma que sancione clara y directamente esa desvergonzada sinvergonzonería. Porque nunca "la legalidad" pudo imaginar y prever que sería tan abierta y agresivamente escarnecida por sus guardianes.”

Hace pocos días, el 28 de mayo de 2010, también en este “blog”, consideraba “penosa e injusta la penúltima desvergüenza de las fiscales del ‘caso Gürtel’, que, al remitir al Tribunal valenciano el fruto de las escuchas telefónicas ilegalmente acordadas en su día por el Sr. Garzón, omiten una conversación de un imputado en prisión provisional con su abogado, que podría ser favorable a Camps. Este abogado, hasta no hace mucho fiscal [Ignacio Peláez], se ha atrevido a querellarse contra estas funcionarias de inmensas tragaderas morales y jurídicamente desenfrenadas.”

Pues bien, con esos antecedentes (que pueden completar “clikando” en la etiqueta “secreto de las comunicaciones”), aparece, el 2 de junio de 2010, la siguiente noticia:

EL CONSEJO FISCAL RESPALDA A LAS FISCALES DEL “CASO GÜRTEL”.

Al no encontrar el texto completo de la declaración de ese Consejo, reproduzco lo que se lee en ABC:

“El Consejo Fiscal, órgano asesor del fiscal general del Estado, ha respaldado a las fiscales del ‘caso Gürtel’, Concepción Sabadell y Miriam Segura, después de que el abogado Ignacio Peláez se haya querellado contra ellas por avalar las escuchas ordenadas por el juez Baltasar Garzón en la causa.”

“En una declaración aprobada por unanimidad, el Consejo Fiscal expresa su apoyo y solidaridad a las dos fiscales y muestra su preocupación ‘por la seria e injusta erosión que la imagen de la Justicia, y de quienes la sirven, puede sufrir como consecuencia de los cada vez más frecuentes y desinhibidos intentos de manipulación y perturbación del proceso penal con fines espurios’.”

"El Consejo quiere dejar constancia pública del firme compromiso de toda la Carrera Fiscal con los valores de imparcialidad, profesionalidad y rigor que han guiado clara e inequívocamente la actuación de dichas Fiscales en un asunto de excepcional dificultad técnica’, añade la declaración.”

“El órgano asesor del fiscal general del Estado concluye transmitiendo su ‘firme convicción’ de que el trabajo de las fiscales ‘ha respondido y responde en todo momento a los valores de honestidad, esfuerzo profesional y respeto al Derecho que van indeleblemente aparejados a su condición de juristas’.”

En EL MUNDO se puede leer, además, que la declaración del Consejo Fiscal considera “ejemplares” las actuaciones de estas fiscales (de la Fiscalía anti-corrupción) y destaca el "coraje y sentido de la responsabilidad ejemplares" de ambas profesionales "en condiciones de enorme presión mediática, política y social".

A mí me parece razonable que ciertos órganos corporativos -cosa que, en rigor, no es el Consejo Fiscal- defiendan a los miembros de la clase profesional correspondiente. Los Colegios profesionales, constitucionalizados (bienintencionada pero erróneamente) por el esfuerzo de D. Antonio Pedrol Rius (el último mohicano de la Abogacía española, fallecido en 1992), se ocupan de los intereses de sus colegiados. Pero lo único que, frente a la  libertad asociativa, verdaderamente legitimaría a los obligatorios Colegios (y a cualquier entidad con ánimo de defensa corporativa) sería una clara y constante defensa de la ética en el ejercicio de la profesión correspondiente, porque se debe suponer que el máximo interés de un honrado profesional es que otros no deshonren la profesión, perjudicando gravemente a sus compañeros.

Es notorio que, desdichadamente, bastantes de los tinglados corporativos han perdido esa legitimación hace mucho tiempo. Y el Consejo Fiscal ha logrado por sí solo ponerse a la cabeza de la ausencia de legitimidad. El Consejo Fiscal, ante comportamientos ilegales e inicuos de ciertos Fiscales (no de todos: queda un buen número que trabaja a diario con seriedad), no afirma que sean falsos esos comportamientos  (avalar unas escuchas ilegales y ocultar parte de sus resultados) y tampoco los defiende jurídicamente. Ni una sola negativa de los hechos y ni un solo argumento en defensa de la legalidad. En vez de eso, como si se hubiesen formado en la Falange o en el Frente de Juventudes, los miembros del Consejo Fiscal, reeditan el cántico aquel de “prietas las filas, recias, marciales”, con la variación “nuestros fiscales van” (en vez de "nuestras escuadras van"). Una declaración con siete frases tan vacías como grandilocuentes sobre el heroísmo de las fiscales anticorrupción y sobre la necesidad de preservar la imagen de la Justicia, más la colosal desvergüenza -¡que corto me quedaba en mis “post” anteriores!- de arrojar sobre los demás las culpas propias.

Resulta, según este autodeslegitimado Consejo Fiscal -constante, por lo demás, en salirse de sus funciones-, que somos los que hemos protestado ante los desmanes, con justificación cumplida de su existencia, los que manipulamos y perturbamos el proceso penal con fines espurios. No son quienes incumplen descaradamente las más elementales normas procesales los que desvían el proceso penal de su finalidad constitucional y legal. No son los que vulneran el principio de igualdad ante la ley los que manipulan el proceso penal. No: los “malos” somos los que hablamos, con datos y argumentos, del abuso del poder con que actúan algunos fiscales a los que quiere representar el Consejo Fiscal.

Es un fenómeno lamentablemente habitual -una verdadera enfermedad social española- que las corporaciones profesionales basculen hacia la defensa a ultranza de “los suyos”, con olvido de que les incumbe, sobre todo, hacer efectiva la deontología de la profesión de que se trate y, en consecuencia, mantener el correspondiente ámbito profesional (abogados, médicos, arquitectos, notarios, registradores, etc.) lo más limpio de posible de personas que desprestigian una profesión. Llamamos “corporativismo” a esa corrupción institucional. El Consejo Fiscal, con su comunicado o declaración del 2 de junio de 2010, nos ha proporcionado un ejemplo insuperable de corporativismo extremo y maloliente. Porque huele muy mal que, para defender a sus clientes, se sitúen de espaldas a la realidad, a los hechos innegables y, para más “inri”, defiendan como “honesto” “responsable” “profesional” y “respetuoso con el Derecho” lo que varios Tribunales, empezando por el Supremo, acaban de considerar radicalmente ilegal. No les avergüenza la ilegalidad de lo que han hecho esos compañeros, ante la que, al menos, hubieran debido callar, aunque ese silencio no hubiese dejado de ser complicidad corporativista. Nada de sentir vergüenza. Y, sin vergüenza, han pasado desvergonzadamente al insulto.  Perfectamente lógico. Los alborotadores contra la Justicia y contra el Ministerio Fiscal, los enemigos del pueblo y los “perros judíos” somos quienes, por la Justicia y por un digno y eficaz Ministerio Fiscal, no reconocemos la probidad, la profesionalidad y el heroísmo de unas fiscales que apoyaron escuchas ilegales y ocultaron parte de sus resultados.

Simplemente sobre la base de este “blog” (dejando aparte numerosas publicaciones en revistas jurídicas), pueden los lectores comprobar que mi desconfianza hacia este Ministerio Fiscal no es de hoy y sí es muy fuerte (v. el “post” de 3 de diciembre de 2009). No podía imaginar que sucesos posteriores, hasta ahora mismo, pudiesen confirmar tan contundentemente mi criterio. Lo lamento muy de veras. Porque la situación es muy mala cuando los Jueces han de salvarnos de ciertos Fiscales. Y todavía quiere el poder ejecutivo que los Fiscales aten mucho más las manos de los jueces. Sarkozy ha tenido que desistir, por el momento, de aumentar en Francia el poder de la Fiscalía en detrimento del Juez instructor, que desaparecería totalmente. En España la situación ya es mala, pero existe el peligro cierto de que empeore y mucho. Por Caamaño y Conde Pumpido no se escatimarán esfuerzos para caminar decididamente en pos de una reedición eficaz de la “unidad de poder y diversidad de funciones”, principio político abiertamente confesado del franquismo, pero siempre profesado por los totalitarios de cualquier signo, que, además de querer aplastarnos, se burlan cruelmente de nosotros al pretender que son demócratas.