LA “RECORTADA” CONTRA LA UNIVERSIDAD EN ESPAÑA

MATAR LA UNIVERSIDAD, CURIOSA MEDIDA PARA EL PROGRESO DE UN PAÍS

 “Recortada”: dícese de la escopeta a la que se le han acortado los cañones, de manera que es más fácil de ocultar y manejar y para la que, además, resulta sencillo adquirir munición (cartuchos con perdigones). Aunque el alcance del disparo es menor, sus efectos son devastadores a corta distancia. Se trata de un tipo de arma prohibida en la mayoría de los países, pero muy utilizada con fines criminales.

Todos estamos al tanto de los “recortes” de gasto, en las empresas privadas y en el sector público. En las Universidades públicas (en la mayoría, al menos), los “recortes” ya parecen más bien un ataque múltiple con la “recortada”. Con muy diversos motivos, a veces muy subjetivos, las perdigonadas de la “recortada” se multiplican: además de los “recortes” comunes a las  retribuciones de los funcionarios, que afectan a miles de profesores y, además de la subida general del IRPF, cierran materialmente los edificios de las Universidades durante las vacaciones y cada vez que tienen ocasión (ahorro en luz, calefacción, etc.), bajan todos los capítulos presupuestarios de los gastos ordinarios de los Departamentos (si viene un profesor extranjero no hay ni 9 euros para invitarle a comer; hay bastante menos dinero para libros y revistas o para reponer “consumibles”, etc.)

Pero son tres disparos de “recortada” los que pueden tener -si no los están teniendo ya-consecuencias letales para muchas Universidades. Los dos primeros afectan directamente al elemento esencial de éstas, al profesorado. Me refiero, por un lado, a la aplicación de la llamada “tasa de reposición 0” en casos de jubilación, defunción o cualquier otra causa por la que finaliza el status profesoral y, por otro, a la suspensión o eliminación de los planes de promoción del profesorado permanente. El tercero, a las becas y a los proyectos de investigación (I+D).

Los lectores de este blog, entre los que me consta que son numerosos los profesores universitarios españoles (y también extranjeros), me perdonarán si, a fin de no hablar de lo que no conozco bien, me refiero en este “post” o entrada especialmente a lo sucede o amenaza a mi Universidad, la Universidad Complutense, Madrid, España. Ciertamente, bastante de lo que diga valdrá para cualquier Universidad pública, pero no puedo omitir comparaciones en las que no se deben ver connotaciones peyorativas, sino sólo la exposición de diferencias entre Universidades, que considero racionalmente relevantes para una política sensata de asignación de recursos en estos tiempos de durísima crisis económica. 

Con todo, debe ir por delante una idea general y básica: aunque se ponderen y se recorten gastos no plenamente justificados e incluso superfluos (por no hablar de despilfarros y lujos inaceptables), no debería disminuir, sino en lo posible aumentar, el esfuerzo global del Estado (Comunidades Autónomas incluidas) en la Educación, en todos sus niveles. Porque sabemos todos que la Educación es el suelo sobre el que necesariamente se tiene que ir construyendo un futuro mejor. O dicho en términos: si la Educación empeora, no cabe duda de que nuestra vida empeorará. Reasígnense recursos, eliminando unos y mejorando otros, racionalícese cuanto se deba, pero establézcase y hágase real el criterio de que la Educación y, en concreto, la Educación Superior, no puede ser objeto de “recortes” si se desea realmente el progreso del país. Y, en concreto, no se abandone ni se maltrate al elemento humano esencial para toda Universidad, que es el profesorado.

Personalmente, nada me va ya en la deriva que siguen y puedan seguir las Universidades españolas. Estoy a pocos años del final de mi vida académica. Pero todavía me importan la Universidad y mis compañeros, de modo que me permitiré ampliar esta referencia personal. Terminé la Carrera de Derecho en 1967. Obtuve el grado de Doctor en 1969. Y en el año 1974 gané plaza de Profesor Agregado de la Universidad Complutense (antigua “Universidad Central”). El invento de los “Agregados” fue eliminado al cabo de no muchos años. A los Agregados que no habían pasado ya a ser Catedráticos por concurso se les convirtió sin más en Catedráticos de la Universidad en que estuviesen. Fue una medida lógica, puesto que la oposición era la misma que la de Cátedra (de seis ejercicios: “pata negra” nos llaman aún) y las funciones prácticamente iguales. Como yo sí había concursado y convertido en Catedrático en 1976, peregriné por varias plazas hasta ocupar Cátedra de la Complutense en 1984. Lo digo para que se vea que conozco la historia contemporánea de las Universidades españolas y, en concreto, de las Universidades públicas. En los años 70 no pasaban de 12 y ahora han llegado a ser 50.

Dejemos a un lado las Universidades privadas. Hablemos de las Universidades públicas. ¿Son todas iguales? Por supuesto que NO. Ya se entiende que algunas, como la Complutense, se inventaron hace más de cinco siglos y otras, en cambio, son bastante nuevecitas. Unas, pocas, albergan centros de todas clases, con profesorado de solera y otras, muy jóvenes, han reclutado y reclutan apenas los profesores justos. En unas se defienden semanalmente varias tesis doctorales y, en otras, los nuevos doctores al año son bien pocos.  ¿Eran y son necesarias todas esas Universidades? NO. ¿Las creamos los profesores universitarios? NO. ¿Las crearon los políticos? SÍ. ¿Se ha descubierto con la crisis económica el despilfarro de los políticos en situar Universidades públicas por doquier? NO, ya se había descubierto hacía tiempo e incluso, en ciertos casos, se sabía que era irracional crearlas justo cuando se creaban. ¿Es ahora razonable aplicar las mismas recetas en todas las Universidades públicas? NO: es tan “razonable”, es decir, tan tonto, como puede serlo tratar por igual realidades extraordinariamente desiguales.

Dicho esto podemos establecer algo poco práctico, pero no carente de importancia: los dirigentes políticos que crearon Universidades, Facultades (¡ay las de Derecho!) y Escuelas innecesarias carecen de toda legitimación para hablar de despilfarro y para imponer recortes. Lo harán de todos modos, pero conviene dejar claro que debería caérseles la cara de vergüenza. Este punto es en cierta medida aplicable a quienes utilizan la “recortada” contra mi Universidad Complutense, porque, aunque no crearan Universidades públicas en Madrid, sí han permitido que en las nuevas se gastase el dinero de todos en cosas superfluas, mientras la Complutense, tan “vieja” ella, padecía –y sigue padeciendo- muchas penalidades auténticas. Algunas penalidades básicas, que no se padecen en los centros penitenciarios.

Además de que en España ya tenía que haberse planteado en serio, como en otros países, la posible fusión de Universidades, vamos a los dos primeros grandes trabucazos de “la recortada”. Aplicación de la tasa de reposición de personal 0. Voy a dar por sentado que ni siquiera se aplicará automáticamente esa “política” en los ámbitos que no se anunciaron previamente excluidos: “Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Servicios Públicos Básicos” (lit. del discurso de investidura del Sr. Rajoy). En algunos ámbitos, que no son ni la policía ni los denominados “servicios públicos básicos”, sobran funcionarios de carrera, interinos y contratados. En otros, faltan funcionarios o, cuando menos, funcionarios con elemental cualificación. Es de suponer, pues, que la “tasa de reposición 0” se aplica globalmente. Y es de suponer, todavía más, que no se aplica sólo a la Administración Central, sino también (y sobre todo) a las autonómicas y municipales: de lo contrario, la medida es una broma cruel y ya van demasiadas. Dejo a un lado otras distinciones, sin duda convenientes, pero que complicarían innecesariamente lo que quiero decir.

En las Universidades como la Complutense hay notables desigualdades en cuanto a número de profesores según las materias. Con todas las matizaciones que se quieran hacer sobre la conveniencia de no prescindir de excelentes profesores e investigadores y sobre la imperfección del criterio de carga de trabajo según el número de alumnos (en efecto: un país que se precie mantendrá y cuidará centros de estudio y unidades de investigación excelentes, por minoritarios que sean), hay desigualdades desprovistas de explicación racional, debidas a factores sobre los que no hace falta ahora ser más explícitos. Primer mandamiento contra “la recortada”: no traten por igual a los Departamentos y “áreas” hiperdotados y a los que se encuentran infradotados, suponiendo igual carga de trabajo y similar interés de la materia. No es lo mismo aplicar a rajatabla la tasa de reposición 0 al Departamento sobrecargado en que fallece un Catedrático a causa del cáncer, bastante antes de cumplir 70 años, que amortizar la vacante cuando el Departamento o “área” está hiperdotado, de manera que les sobra profesorado para afrontar los dichosos créditos (o las horas de clase) mientras otros andan echándose sobre los hombros más créditos y horas de trabajo de los debidos.

Una Universidad que se precie no puede funcionar sin unos papeles orientadores -“documentos de plantilla” se les ha llamado, pero me daría igual otra denominación- en que consten las diversas situaciones de personal docente e investigador por Centros, áreas y Departamentos. ¡Ah! ¿Qué se quiere tomar en consideración, junto a datos cuantitativos, criterios cualitativos? No me parece mal: aunque los instrumentos criteriológicos no se encuentren cerca de la perfección ni mucho menos, los “recortadores” disponen de muchos elementos de juicio proporcionados por el “moderno“ sistema que tanto aprecian: miren los I+D nacionales solicitados y obtenidos por el “área” o Departamento (eso depende de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva: ANEP); miren los sexenios de investigación solicitados y obtenidos por sus profesores (eso depende del Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora: CNEAI); miren cómo les han evaluado las famosas agencias de evaluación (ANECA y criaturas autonómicas semejantes). Y escuchen a los interesados, que es muy sano eso de la “audiencia al interesado”, verdadero principio general del Derecho, eliminado del ámbito universitario. En no pocos casos, los interesados, si se les oye, pueden explicar bastante bien un maltrato inexplicable de los evaluadores. Pero cuando los criterios de estos artilugios evaluadores (ANEP, CNEAI, ANECA) tan modernos y estupendos son favorables, ¿también nos serán inútiles e inservibles frente a los “recortadores”? Eso ya sería el colmo del acabóse. Pero ese colmo es, precisamente, lo que estamos ya padeciendo docenas de Departamentos y “áreas”.

Segundo mandamiento contra crímenes de “la recortada”: no traten al profesorado con contrato laboral como si fuesen personal contratado en la Consejería tal o en el gabinete del Ministro cual. No lo son. No los traten como eventuales ni como interinos. No lo son. En primer lugar, que el contrato sea laboral fue el empeño lamentable de una Ministra desfasada en sus juveniles vivencias universitarias. Pero el Ayudante, el Ayudante Doctor (contratos temporales) o el Profesor Contratado Doctor (contrato indefinido) no son “colocados” a dedo por motivos clientelistas de tal o cual partido o coalición ni personal reclutado porque se pensó que había dinero y no se quiso dotar plazas de funcionario (fuese esto consecuencia de enchufismo puro y duro o de la locura ultra-neoliberal contra todo lo público y, por tanto, contra el funcionariado: de las dos cosas ha habido). Hay casos de nepotismo, desde luego, pero son excepciones. Los Ayudantes, Ayudantes Doctores y Profesores Contratados Doctores son los tres primeros pasos de la carrera de Profesor Universitario, afortunadamente establecida aquí mucho antes de Franco y entendida en muchos países como un enorme adelanto, que están queriendo incorporar para dar seriedad y base investigadora a la docencia universitaria. Las Universidades -al menos la mía, la Complutense- han venido incorporando esos Profesores con cálculos previos semejantes a los de las dotaciones de plazas de Profesores funcionarios y esas auténticas “plazas” han salido públicamente a concurso, con baremos previos, tribunal evaluador y comisión de reclamaciones independiente por si las cosas no se han hecho bien.

Y por si fuera poco lo anterior, esa carrera de Profesor Universitario suele comenzar -al menos así lo hacemos en bastantes Departamentos- con un paso previo: la obtención de una Beca de Investigación, de las que se ofrecen por el Estado y sólo después, subsidiariamente, de las que han venido ofreciendo las Comunidades Autónomas. La Beca de Investigación, por tres años, no se obtiene en mi ámbito sin una nota media de sobresaliente o, al menos, notable alto en el expediente de la carrera.

Si la tasa de reposición 0 se aplicase literalmente, se abandonaría a los Becarios de Investigación cuando agotan su beca, por más que hayan elaborado una excelente tesis doctoral, publicada en editorial con criterios de exigencia y hayan desarrollado otras actividades valiosas. No valiosas simplemente porque lo decimos los que sabemos. Valiosas también porque el “sistema” las ha considerado así y ese Becario ha sido “acreditado” oficialmente por un organismo oficial para proseguir la carrera universitaria en una categoría superior. Cabe dentro de lo posible y no es infrecuente, que el becario, a punto de terminar la beca y ya con el grado de Doctor, se someta a evaluación de la ANECA y ésta lo acredite, es decir, lo reconozca oficialmente como apto para ser Ayudante Doctor e incluso Profesor Contratado Doctor. Otro tanto cabe decir de quienes finalizan sus contratos temporales como Ayudantes o Ayudantes Doctores: la ANECA puede haberles acreditado como Profesores Contratados Doctores. Debería haber dinero para que esos profesores avancen en su Carrera allí donde son necesarios e incluso donde no lo sean estrictamente por razón del número de alumnos.  Porque, en primer lugar, a las Universidades, a las Facultades y Escuelas -a las plenamente justificadas por todos los conceptos- no se les puede dejar sin profesorado (y menos en pleno “proceso Bolonia”, que requiere más profesores). Y, en segundo lugar, porque resulta inicuo haber enrolado en una Carrera a personas de valía -tras superar filtros muy serios- y dejarlas luego en la estacada, cuando, por añadidura, eso conduce a un estado de anemia grave a los Centros, Departamentos y “áreas de conocimiento” universitarios, que convendría a todos, no ya no debilitar, sino robustecer.

Hay en el país, e incluso en las mismas Universidades (cargos, servicios, actividades extracurriculares, etc.), muchos ámbitos en que los “recortes” estarían justificados y no se han hecho ni parece previsto que se hagan. En cambio, los “recortes” en el profesorado universitario en formación con buenos resultados contrastados o en el profesorado con una formación, que, aun sin terminar -no debe terminar nunca-, se puede considerar y oficialmente se considera buena y sólida, constituyen una matanza de Universidades vivas y viables y un factor de enorme regresión social y económica.

Es el momento de decir que los “recortes” e incluso los tremendos disparos de “la recortada” se están produciendo ya, no tanto como efecto de planes nacionales, sino por iniciativa de las mismas Universidades, que detectan “agujeros” presupuestarios y financieros y por contemporánea decisión de las Comunidades Autónomas con competencias en materia educativa, que, de un lado, andan también empeñadas en reducir el gasto público y, de otro, no están dispuestas a remediar los “agujeros” y sí a prescindir de quiénes resultan perjudicados de verdad por el agujereamiento. En cuanto a los, llamémosles así, “agujeros particulares”, los habitantes permanentes de las correspondientes Universidades mereceríamos una cumplida explicación. Si mi Universidad, por ejemplo, es capaz de cuantificar un “agujero” de “cerca de 150 millones de deuda”, deberíamos saber en detalle cómo se ha producido ese “agujero”, que no es un fenómeno natural. Los que padecen directamente las consecuencias del “agujero” están especialmente legitimados para saber si no están recibiendo en su ipurdi (del vascuence: ass) la patada que merecerían los agujereadores. Pero, en realidad, debería ser realidad perceptible por cualquier ciudadano, en toda la Nación, que el que la hace, la paga.

En cualquier caso, resulta sencillamente tremendo que, por la acción combinada de “agujero” misterioso y de cicatería y miopía autonómica en la política de “recorte”, de “tijeretazo”, etc., se camine hacia la “tasa de reposición 0” y, además, se suspendan o eliminen los planes públicos de promoción del profesorado universitario. Por tales planes entiendo aquéllos que preveían calendarios determinados para a) convertir en plazas de Profesores Titulares de Universidad (funcionarios docentes universitarios) a quienes hubiesen sido acreditados oficialmente como tales y fuesen Profesores Contratados Doctores y b) para convertir en plazas de Catedráticos de Universidad las plazas de Profesores Titulares ocupadas por quienes hubiesen sido acreditados como Catedráticos, siempre oficialmente. La primera conversión, con coste 0. La segunda, con un coste nada alto, porque no es muy grande la diferencia de retribución entre Profesores Titulares y Catedráticos.

Es un hecho que esos planes han sido dejados sin efecto, precisamente en Universidades más viables e indiscutibles, más grandes. En Universidades pequeñas, los pocos profesores acreditados han podido acceder mediante concurso a la categoría de la acreditación recibida, porque la plaza correspondiente ha sido creada de inmediato. Paradójicamente, en Universidades grandes, eso es lo que no sólo no ha sucedido, sino que, al contrario, los planes de promoción aprobados y publicados han sido eliminados. No se han suspendido por falta de fondos, sino que se han eliminado o suprimido. Con independencia de la admisibilidad de los argumentos para la supresión, la falta de los fondos necesarios no debiera darse, porque asumida la financiación de esas Universidades públicas por la Comunidad Autónoma correspondiente, el “recorte” ahí es un recorte letal para esas Universidades y para la sociedad de esa Comunidad y de todo el país, dada la indiscutible movilidad del alumnado y la cacareada conveniencia de competitividad entre Universidades. Si mi Universidad Complutense tiene un “agujero”, que el Rectorado y la Comunidad Autónoma de Madrid depuren sin piedad las irregularidades, pero que no dejen a la Universidad Complutense sin sus recursos humanos de calidad o con esos recursos en condiciones de precariedad y de inexistencia de estímulos perfectamente razonables y previamente previstos.

Puede suceder en ocasiones -de hecho, sucede-, que la Comunidad Autónoma que asumió en su día con gusto competencias educativas plenas, no es que llegue un momento en que tenga que plantearse “recortes”, sino que los decide sumariamente respecto de la Educación Superior con un talante que, por lo que aparece en la prensa (sin necesidad de “información privilegiada”), se puede calificar de dura hostilidad hacia las Universidades públicas o hacia alguna de ellas. Me temo con fundamento que eso esté sucediendo por lo que respecta a la Universidad Complutense y, en cierto modo, probablemente por defectos de expresión, hacia las Universidades públicas de Madrid. Es lamentable por muchas razones -y a mí se me hace particularmente triste- que se dé la impresión de que mis jóvenes compañeros profesores acaban recibiendo en su ipurdi (del vascuence: ass) las patadas que se le quieren dar al Rector Fulano o Mengano. Pero esa impresión es inevitable y nada infundada si a mis jóvenes compañeros no se les escucha ni se les explica nada, sino que, simplemente, resultan ser los meros y puros paganos, los que pagan el pato de una controversia ajena, las víctimas objetivas de “la recortada”, que afecta a la Universidad entera. La Universidad Complutense es muy anterior y de mucha más trascendencia y proyección que el Rectorado de Fulano o de Mengano. Fulano y Mengano deben verlo así, pero los financiadores públicos también, lo vean o no Fulano y Mengano. Por si el desastre fuese pequeño, se da pie a acusar a los financiadores de estar favoreciendo a lo privado a costa de lo público. La acusación suele ser una tontería (las Universidades privadas van a lo suyo, con sus precios), pero los problemas reales, que sería cosa de reflexionar y contar y repartir bien las habas, se envenenan política e ideológicamente. Y ya ni siquiera son abordados con una mínima objetividad.

Para no alargarme, trataré brevísimamente del tercer objetivo de “la recortada”: las becas de investigación y los proyectos de I+ D. Lo que quiero decir es sencillo: el dinero del Estado -me refiero ahora al Estado central- para becas de investigación y proyectos competitivos nacionales de I+D no debería reducirse ni un euro, precisamente por la naturaleza de la crisis económica.  Han llevado la Investigación, con rango de Secretaría de Estado, a un rebautizado Ministerio de Economía y Competitividad. Hagan, pues, honor a lo que eso supone. Las Universidades públicas (las privadas, en general, no se preocupan de eso) son en España un lugar relevantísimo de investigación. No sé -ni me hace falta saber- si las Universidades superan el volumen de investigación del Centro Superior de Investigaciones Científicas y de otros centros de investigación. Sé de sobra que si disminuyen los recursos para investigación (básica y aplicada) en las Universidades, a través de las becas de investigación y de los proyectos de I+D, nuestros dirigentes políticos están mintiendo y, puestos a apostar, como tanto les gusta ahora, no apuestan por el futuro de España. No tiene vuelta de hoja. [Por descontado, me parecerá muy bien que desaparezca la incipiente cultura en virtud de la cual algunos profesores, autoerigidos en "investigadores principales", consideran que con unos cuantos papeles vale para conseguir unos eurillos que permitan pequeños desahogos: pero eso no requiere mermar los dineros para proyectos, sino sólo seleccionarlos decentemente.]

Eximios miembros de nuestra clase política dirigente: ante lo que aquí se ha escrito pienso, con el máximo esfuerzo de sinceridad y honradez intelectual, que no tienen Vds. otro discurso que oponer que no sea el de la demagogia, extrapolando a todo y a todos los muy conocidos defectos de nuestras Universidades públicas. Vds. saben que esa extrapolación, ese ataque indiscriminado a la Universidad -ya iniciado por lenguas insensatas y cerebritos rellenos de serrín- es muy injusto, más aún que la descalificación general de la clase política a cargo de “los indignados”. Deben Vds. saber que esa demagogia -denostando a nuestras Universidades públicas en su conjunto o a varias en particular- es también muy mala para la “marca España” y muy negativa, mortal, para nuestra realidad dentro de un simple lustro. Vds. verán.