ACLARANDO QUE ES GERUNDIO: LOS ARRENDAMIENTOS NO SON LOS PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UE NO DESAUTORIZA LOS DESAHUCIOS, SINO LAS EJECUCIONES HIPOTECARIAS DEMASIADO EXPEDITIVAS

LA SENTENCIA “EUROPEA”, QUE TAMPOCO ES DIGNA DE UN MONUMENTO, NO DEJARÁ DE TRAER CONSECUENCIAS PARA LA BANCA…Y PARA SUS CLIENTES

Llevo meses contemplando cómo se confunde el instrumento procesal de arrendadores frente a arrendatarios con el de los prestamistas bancarios frente a sus deudores. Es al primero de esos instrumentos, cuando el arrendador de un inmueble trata de desalojar a quien no le paga, al que la ley llama proceso o juicio de desahucio.

Distinto es el caso de quienes han recibido un préstamo de un banco (o caja, pero diré banco para simplificar) y ese préstamo se ha documentado ante fedatario público; entonces, el prestamista (el banco) puede iniciar directamente un proceso de ejecución frente a su deudor que no pague, lo que, con enorme frecuencia, determina que al deudor se le embarguen bienes, que después, de ordinario, se tratará de convertir en dinero. Y si el préstamo del banco se ha hecho con la garantía de la hipoteca de un inmueble (frecuentemente, la vivienda del prestatario, la que ya tenía o la que compra gracias al préstamo hipotecario), el banco, ante lo que considere impago del deudor,  puede instar la ejecución hipotecaria, que, sintetizando mucho, pretende obtener dinero (lo que se debe al banco más las costas) mediante la administración del bien hipotecado (raras veces) o mediante la venta de ese bien en pública subasta (la mayoría de las veces). Si la subasta no va bien, puede terminar (y sucede ahora con frecuencia) en la adjudicación del bien al acreedor por el 50% de su valor. La ejecución hipotecaria se centra en el bien hipotecado.

El nuevo dueño de la vivienda podría decidir alquilársela al deudor hipotecario si éste fuese el ocupante, pero puede también pedir que se le ponga en posesión de aquélla y, en tal caso, el proceso llevaría también al “lanzamiento”, como en los juicios de desahucio. De ahí la confusión.

¿Qué ha resuelto la Sala Primera del Tribunal Europeo de Justicia (TEJ) en su Sentencia de 14 de marzo de 2013, asunto C 415/11? Que la ley española no protege al consumidor, conforme a la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores. Pero veamos por qué, siempre según el TEJ. En todo caso, el TEJ no ha declarado ilegal el desahucio ni la ejecución hipotecaria entera, como se puede leer en titulares de "medios" presuntamente serios.

Ocurre que la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) no permite oponer como causa de oposición y suspensión (v. art. 695 LEC) de la ejecución hipotecaria la alegación, en ese mismo proceso de ejecución hipotecaria, de que el contrato de préstamo con garantía de hipoteca contiene una cláusula abusiva. Así que al deudor/consumidor sólo le queda acudir a un proceso declarativo y éste bien puede desarrollarse tras haber perdido su vivienda y haber sido “lanzado” o desalojado de ella. Eso es lo que ocurrió, efectivamente, en el caso entre Mohamed Aziz y la Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunyacaixa). El Sr. Aziz no atendió el requerimiento de pago, no se opuso a la ejecución hipotecaria y, seis meses después, el inmueble fue subastado y, a falta de postores, se lo adjudicó la Caixa citada en el 50% de su valor el día 20 de julio de 2010. El Juzgado de la ejecución hipotecaria señaló el 20 de enero de 2011 como fecha en que debía producirse la transmisión de la posesión al adjudicatario. “En consecuencia —dice la Sentencia citada— el Sr. Aziz fue expulsado de su vivienda.”

El 11 de enero de 2011, el Sr. Aziz, hasta entonces inactivo y ya amenazado de inminente desalojo, presentó demanda de proceso declarativo ordinario ante el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Barcelona, solicitando que se anulara la cláusula 15 del contrato de préstamo hipotecario por estimarla abusiva y, en consecuencia, que se declarara la nulidad del procedimiento de ejecución.

Es este Juzgado el que plantea al TEJ dos cuestiones prejudiciales y a ellas responde ese tribunal. La segunda cuestión se refiere a qué ha de entenderse por “cláusula abusiva” y no la vamos a tratar aquí, aunque podemos afirmar que el TEJ no le ofrece al Juez español orientaciones especialmente luminosas ni concretas (Si quieren, vean la sentencia completa mediante el siguiente enlace: http://estaticos.elmundo.es/documentos/2013/03/14/desahucios.pdf). En todo caso, esa segunda cuestión no es procesal y exigiría un largo desarrollo, que otros han hecho o harán mejor que yo. 

La primera cuestión plantea la posible desprotección procesal del deudor hipotecario dada las estrechas causas de oposición a la ejecución hipotecaria con suspensión de ésta. Según la STEJ, el juez de lo mercantil señaló en particular “que si, a efectos de la ejecución forzosa, el acreedor opta por el procedimiento de ejecución hipotecaria, las posibilidades de alegar el carácter abusivo de alguna de las cláusulas del contrato de préstamo son muy limitadas, ya que quedan postergadas a un procedimiento declarativo posterior, que no tiene efecto suspensivo. El órgano jurisdiccional remitente consideró que, por este motivo, resulta muy complicado para un juez español garantizar una protección eficaz al consumidor en dicho procedimiento de ejecución hipotecaria y en el correspondiente proceso declarativo.”

Sobre esta primera cuestión, la STEJ decide lo siguiente:

“1) La Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa de un Estado miembro, como la controvertida en el litigio principal, que, al mismo tiempo que no prevé, en el marco del procedimiento de ejecución hipotecaria, la posibilidad de formular motivos de oposición basados en el carácter abusivo de una cláusula contractual que constituye el fundamento del título ejecutivo, no permite que el juez que conozca del proceso declarativo, competente para apreciar el carácter abusivo de esa cláusula, adopte medidas cautelares, entre ellas, en particular, la suspensión del procedimiento de ejecución hipotecaria, cuando acordar tales medidas sea necesario para garantizar la plena eficacia de su decisión final.”

Con este texto, lo secundario parece devenir principal y lo principal, accesorio. Porque, si Vds. lo leen bien, parece que lo que el TEJ considera contrario a la Directiva contra las cláusulas abusivas es que carezca de efectos suspensivos sobre la ejecución hipotecaria el proceso declarativo sobre ese carácter abusivo de una cláusula de un contrato de préstamo hipotecario. Y que el carácter abusivo de la cláusula del préstamo hipotecaria no se pueda aducir eficazmente en la ejecución hipotecaria aparece casi como de pasada, como un hecho que no se valora. Un estimado lector me hace notar que se podría entender esta parte dispositiva transcrita en negrita de modo que la disconformidad con la Directiva se refiera, no sólo a la carencia de efectos suspensivos, sino también a la imposibilidad actual de oponer en la ejecución hipotecaria el carácter abusivo de un cláusula relevante del préstamo hipotecario. Pues sí, se puede, con benevolencia, entenderlo así y, de hecho, yo así lo entiendo a efectos de reforma legal, pero me reafirmo en que la STEJ dista de ser lo clara y precisa que debería haber sido. ¿No hubiese sido mucho más claro redactar esa parte clave de la STEJ con estos o parecidos términos?:
 

1) La Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa de un Estado miembro, como la controvertida en el litigio principal, porque

1º) No prevé, en el marco del procedimiento de ejecución hipotecaria, la posibilidad de formular motivos de oposición basados en el carácter abusivo de una cláusula contractual que constituye el fundamento del título ejecutivo;

2º) No permite que el juez de un proceso declarativo iniciado por considerar abusiva esa cláusula, adopte medidas cautelares, entre ellas, en particular, la suspensión del procedimiento de ejecución hipotecaria, cuando acordar tales medidas sea necesario para garantizar la plena eficacia de su decisión final.

De modo que la STEJ no me parece del todo bien, e insisto en que incurre en un claro desenfoque. Trataré de explicarme más expresivamente, para que les sea más fácil entenderlo a los lectores no juristas.

En el caso que origina esta STEJ, ¿de qué le habría servido al Sr. Aziz que en el proceso declarativo ordinario iniciado con demanda interpuesta el día 11 de enero de 2010, pudiese el Juez de ese proceso suspender la ejecución hipotecaria hasta su sentencia? De nada, porque, dadas las fechas, la suspensión se habría ordenado cuando, por la ejecución hipotecaria, el Sr. Aziz ya habría sido desalojado de su vivienda, que, desde luego, ya había sido adjudicada a la Caixa, pero que incluso podía haber sido vendida en subasta un tercero de buena fe.

Dicho de otra manera: si hay que proteger a los consumidores frente a cláusulas abusivas también en los préstamos bancarios con garantía hipotecaria, ¿por qué la solución sería que un juez distinto del de la ejecución hipotecaria —aunque exactamente de igual categoría— pudiese suspenderla como medida cautelar? ¿Por qué obligar al consumidor prestatario a ser parte en dos procesos, el de la ejecución, al que le lleva el banco acreedor, y el ordinario, que el consumidor, pagando tasas nada livianas, ha de promover contra el banco?

Si la cláusula abusiva puede paralizar e invalidar la ejecución hipotecaria sobre un inmueble-vivienda, parece que el mejor y más sencillo acomodo de nuestra ley procesal a la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, sería incluir la alegación de cláusula abusiva como causa de oposición a la ejecución hipotecaria, modificando, en sentido de ampliación, el art. 695 LEC.

Dos conclusiones. Primera y muy elemental: los juicios o procesos de desahucio, propiamente dichos, no han sido en absoluto cuestionados por la citada sentencia del TEJ y tampoco se ha cuestionado la ejecución hipotecaria entera. Segunda: si hay que modificar, ampliándola, la oposición a la ejecución hipotecaria, los bancos dejarán de tener una senda procesal tan expedita ante lo que ellos consideren impagos de los créditos hipotecarios. La ejecución hipotecaria no podrá ser casi fulminante. A mí me parece estupendo que, a consecuencia de esa sentencia (si lo que entraña se entiende bien), los bancos presten dinero con mucho más respeto al prestatario siempre y en todo caso, pero, en especial, cuando presten con garantía de hipoteca. No perdamos de vista, sin embargo, un efecto que ese mayor cuidado y respeto puede tener: que los bancos presten aún menos que ahora.

No considero que sea una objeción seria ante la sentencia y ante una mejor protección futura del consumidor o usuario de la banca, que esa mejor protección pueda ser objeto de abuso. Ese riesgo siempre existe y se combate con la condena en costas e incluso con multas ante el abuso. Lo que tiene que cambiar seriamente —y no sólo como consecuencia de esta sentencia— son ciertas prácticas bancarias. Y también la actitud de los gobiernos ante las entidades financieras. Ya me entienden... supongo.