SUBSISTE,
QUE NO ES POCO, A PESAR DE ESTOS PESARES
Por simple edad y
consiguiente historial, es frecuente que a uno le hagan preguntas generales
como “y la justicia, ¿qué tal?” o “¿cómo anda la Universidad?”. Ya se entiende que, sobre estos dos asuntos,
tanto si se demandase una respuesta ceñida al momento presente como si se
desease una exposición de más vuelos, la ocasión de un encuentro muy breve es
inadecuada. Así que hay que contestar de modo escueto y, a ser posible, con
algo significativo para el nivel de inteligencia y los conocimientos de quienes
preguntan, nivel que, en mi caso, no suele ser bajo.
A la pregunta “y la
Justicia, ¿qué tal?” yo diría: “la Justicia, inmarcesible, intacta; la Administración
de Justicia ya es otra cosa.” Y ahí se puede acabar la charla. Pero cabe que te
digan: “no, claro, me refiero a lo segundo”. Entonces, me parece que hay que dar,
en versión escueta o extendida, estas cuatro respuestas:
1ª) “Todavía hay jueces en Berlín”,
dicen que exclamó el molinero alemán, al que Federico
II, el Grande, Rey de Prusia, había ordenado demoler su molino, cuando
los jueces fallaron en favor del molinero y ordenaron la reconstrucción del
molino o, según otros, también el mismo Federico: "veo, con alborozo, que
todavía hay jueces en Berlín". Haya sido la historia así o no (aunque es
muy verosímil), la frase significa que todavía tenemos en España tribunales de
justicia que actúan y resuelven como tales, aplicando el Derecho a los casos que
les corresponde. Y eso no es poco. De hecho,
a pesar de muchos pesares, es de lo mejorcito que va quedando.
Advierto, sin embargo, serios
indicios de un peligroso deslizamiento
de los tribunales, en todos los ámbitos (el civil como el penal, por ejemplo),
hacia una pretendida “justicia del caso concreto”, que orilla la sumisión a la
ley y su interpretación conforme a Derecho y, por supuesto, lesiona la Justicia
y la seguridad jurídica. Este fenómeno es comprensible dada la extrema
hipersensibilidad que ha motivado y justificado la noticia de tantos casos de
tan variada corrupción, pero la reacción que señalo no deja de ser algo indeseable
y dañino, como lo son las injustas generalizaciones (p. ej., contra “los
funcionarios”) o la explotación corrupta de la indignación ante la corrupción, a la que me referí aquí hace tiempo (http://andresdelaoliva.blogspot.com.es/2013/04/corrupcion-sobre-la-corrupcion-y.html) y sobre la que habrá que volver con las pertinentes actualizaciones.
Cualquiera que sea la coyuntura, nunca defenderé un “activismo judicial”, porque, en tal caso, aceptaría que quedase en suspenso, cuando menos, una Administración de Justicia mínimamente fiable.
Cualquiera que sea la coyuntura, nunca defenderé un “activismo judicial”, porque, en tal caso, aceptaría que quedase en suspenso, cuando menos, una Administración de Justicia mínimamente fiable.
2ª) La Administración de Justicia no recibe —sobre todo en su decisivo
escalón primero: los Juzgados— los
medios estrictamente necesarios para unas condiciones de trabajo dignas y para
una duración aceptable de muchos procesos. En 2014 se han hecho
señalamientos de juicio para el año 2017 sobre asuntos de toda clase y hasta
para el 2018 en lo laboral y lo penal, pero hace poco aparece la noticia de un
Juzgado de lo Social, de Sevilla, que cita para el acto del juicio ¡el 6 de
febrero de 2019! Las penurias más sangrantes se extienden: cito de buenísima
fuente: “Juzgados sin papel higiénico, sin fotocopiadora, sin personal, que
nombren un juez de apoyo pero no le den funcionarios, expedientes archivados en
cuartos de baño, pasillos y escaleras, goteras, juzgados sin calefacción o sin
aire acondicionado, jueces con infarto, juicios suspendidos por falta de
sustitutos, ordenadores con sistemas operativos no solo incompatibles sino
antiquísimos, juzgados con carga de trabajo del 150% y hasta del 200%...” No es
ésta la situación de todos los órganos jurisdiccionales, pero sí la de unos
cuantos, que no son pocos, sino demasiados.
3ª) Por motivos de
calendario político-electoral, tras la dimisión de Ruiz Gallardón como Ministro de Justicia, ha cesado también
la megalómana e insensata diarrea de reformas legales sobre las anteriores reformas
legales, tan próximas a otras previas reformas legales. No tengo la menor duda de que esto
contribuirá a que la Administración de Justicia no se precipite en el caos
total e incluso se pueda ir restableciendo poco a poco de algunos de sus males.
Dos cirugías mayores más y la A. de J. hubiese fallecido a manos del reformismo
iletrado y megalómano.
4ª) A todas éstas, el acceso a la Justicia permanece gravísimamente
obstruido o impedido en España por la aplicación de la inicua Ley 10/2012, de
Tasas Judiciales. Van a cumplirse cuatro meses desde que se nombró nuevo
Ministro de Justicia, que inmediatamente anunció la “revisión” de esa ley y ha
sido posible que en estos meses el Ministro propusiese e hiciese aprobar una
reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero, al parecer, no considera
necesario y urgente (aunque a todas luces lo sea) eliminar las concretas tasas
actuales. Son unas tasas que, dígase lo que se quiera, no tienen una primordial
finalidad recaudatoria (que ya sería injusta e inconstitucional, por no atender
a la capacidad de los sujetos tributarios: art. 31.1 de la Constitución
Española), pues, como hizo notar Verónica Del Carpio, no se permite ni el fraccionamiento ni el aplazamiento. El propósito de las tasas es primordialmente
impeditivo y obstructivo del acceso a la Jurisdicción. En materia de estas
tasas infames, lo único que se sabe con certeza sobre el comportamiento gubernamental es que, al anunciar una
“revisión de la ley”, el Ministro enviaba un mensaje al Tribunal Constitucional para que
no resolviese recursos y cuestiones pendientes y ya comenzados a abordar y que,
de inmediato y por el momento, el mensaje fue recibido y aceptado. De esto ya
me ocupé no hace mucho tiempo: http://andresdelaoliva.blogspot.com.es/2014/10/por-que-se-tarda-en-eliminar-unas.html
EL
SANGRANTE OLVIDO DE A QUIEN FAVORECEN PODEROSAMENTE LAS ACTUALES TASAS
JUDICIALES
Acerca de las
persistentes tasas de la inicua Ley 10/1992, me parece muy oportuno, recordar
un pasaje de mi muy admirado Jeremías Bentham
en su obra A protest against law taxes
(Una protesta contra las tasas judiciales), Londres, 1793, que me ocupé de
editar, muy bien traducida con introducción y notas. Al final de las páginas
dedicadas a explicar las causas de que un impuesto tan injusto fuese finalmente
aceptado, en vez de dura y contundentemente repelido, escribía Bentham:
“¿Acaso
una especie de camaradería instintiva entre las clases acomodadas no ha podido
contribuir en algo, si no a la imposición de la tasa judicial, por lo menos a
su consentimiento? Porque las clases acomodadas son las únicas que, bien por su
patrimonio, su posición, su educación, su inteligencia o su influencia, están
cualificadas para liderar medidas legislativas; y la propiedad
característica de la tasa judicial es precisamente que favorece a las clases
acomodadas, a los ricos, y justo en proporción a su riqueza. Otras tasas no
conceden a nadie una indemnización por los recursos que detraen; la tasa
judicial otorga poder a cambio de recursos. El poder para mantener
postrados a los que deben ser mantenidos postrados, el poder para hacer el mal
y para vanagloriarse sin recato de no hacer todo el daño que ese poder permite
hacer. Tales ventajas resultan demasiado valiosas como para no ser apresadas
con avidez por la debilidad humana. En un país con libertades políticas y con
un sistema de Justicia por lo demás imparcial, esas ventajas sólo pueden
obtenerse por un camino tan opaco e indirecto como es éste de las tasas
judiciales; quienes están bien equipados para viajar por el camino superan los
inconvenientes del trayecto con el más paciente de los consentimientos.” (el
subrayado es mío)
Escribí sobre este texto
la siguiente nota y me parece también oportuno reiterar lo que apunté:
“Quizás sea éste el
pasaje más realista y de mayor dureza crítica de toda la Protesta.
Comienza Bentham con cierta
suavidad, preguntándose y preguntando al lector si en la aquiescencia ante las
tasas judiciales no habrá influido una suerte de “fellow-feeling” entre
la gente adinerada (among wealthy). Pero el pasaje asciende en
intensidad expresiva (retórica) y acaba con las más duras afirmaciones: las
tasas judiciales conceden nada menos que “el poder para mantener postrados a
los que deben ser mantenidos postrados, el poder para hacer el mal y para
vanagloriarse sin recato de no hacer todo el daño que ese poder permite hacer”.
Tal poder, que la debilidad humana no puede dejar de ambicionar y que no puede
dejar escapar cuando lo tiene, sólo se logra mediante una vía tan retorcida y
opaca como la de las tasas judiciales, especialmente en países, como la Gran
Bretaña de 1793 y la España actual, con libertades políticas formales y un
sistema judicial imparcial. Los poderosos, los adinerados, aumentan su poder
gracias a las tasas judiciales y si el territorio de la Justicia se hace, en
general, muy duro de transitar, ellos están perfectamente equipados para
transitarlo y, por tanto, consienten las tasas con una paciencia carente de
mérito.”
“Que así era y es la
realidad subyacente y que Bentham
no incurre en exageración alguna ni su diatriba resulta injusta y ni siquiera
algo excesiva, encuentra hoy una confirmación que se me antoja irrebatible. Me
refiero a este hecho: los grandes usuarios de la Justicia en España,
en un porcentaje que no se ha calculado como lo han hecho en otros países, son
las instituciones financieras, las aseguradoras y otras grandes compañías.
¿Acaso las tasas judiciales de 2012 no han implicado e implicarán para ellas un
aumento de sus costes? Claro que sí. Pero han guardado y guardan el máximo
silencio ante esa realidad. Y no hace falta mucha inteligencia para comprender
que las consideraciones de Bentham
en este pasaje les son perfectamente aplicables y, por mi gusto, en los mismos
términos que utiliza nuestro autor. ¿Qué ha sido del argumento de
contribuir al sostenimiento de las instituciones públicas en la medida en que
uno se beneficia de ellas?” (el subrayado también es mío).
Sólo añadiré ahora algo
que di por sabido y quizás no lo sea tanto para los lectores de este blog, en
parte no españoles: que las Administraciones Públicas no pagan tasas, de modo
que la reacción jurisdiccional ante sus resoluciones o disposiciones gravosas
(que no son sólo las sancionadoras por múltiples conceptos) le puede resultar
muy difícil o imposible a numerosos ciudadanos. Por si fuera poco, he detectado
algunos comportamientos administrativos que fuerzan acudir directamente a los
tribunales sin posible recurso administrativo previo, que no devengaría tasas.
O sea. “la Justicia,
estable, dentro de su estado crítico”. Acerca de “y la Universidad, ¿cómo anda?”
espero no tardar mucho en escribir algo.
1 comentario:
Creo haber comentado ya en este blog sobre esta cuestión, pero me parece conveniente insistir en que las tasas deberían ser sustituidas por un "depósito para litigar", a semejanza de lo que ocurre en varios órdenes jurisdiccionales para la interposición de recursos.
Aquí el depósito no sería para recurrir (segunda instancia), sino para litigar (en general, incluida la primera instancia), y se devolvería después siempre que finalmente la demanda fuese estimada en sentencia firme, total o parcialmente.
(Sólo si la demanda es desestimada totalmente por sentencia firme, el depósito se pierde y va al erario público.)
La ventaja es que para recuperar lo depositado no se dependerá de que haya imposición de costas, ni de que la contraparte sea solvente, sino que sería automático: Si la demanda prospera, el depósito se devuelve al demandante.
Por lo demás, la cuantía de este "depósito para litigar" debe ser moderada y austera, nunca prohibitiva, y genérica en función del procedimiento instado, no de la cuantía de la reclamación.
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