REGENERAR
Y CAMBIAR NO SE LOGRA CON OCURRENCIAS DE EXTREMA FRIVOLIDAD
Lo lamento. Lamento escribir
sobre propuestas electorales concretas, porque he querido y quiero ser y
parecer neutral ante los comicios del próximo 20 de diciembre, para que nada de
lo que aquí diga, sobre la base de conocimientos jurídicos y con propósitos
apartidistas, pueda interpretarse como apoyo o ataque a unos u otros. En este
blog, POR DERECHO, he dejado
escritas muchas cosas sobre temas, actitudes e incluso personas, con especial (que
no exclusiva) atención a la Justicia y a la Universidad. Cualquier lector puede
extraer de lo escrito las conclusiones que le parezcan oportunas a cualquier
efecto que le interese, incluido su voto (o su abstención) en ese cercano día. En concreto, sobre el
importante asunto que me lleva a escribir este “post”, les remito a este otro,
de 30 de abril de 2013, LA DICTADURA ABSOLUTA DE LA MAYORÍA ABSOLUTA. TIRO
EN LA NUCA AL ÓRGANO DE GARANTÍA DE LA INDEPENDENCIA JUDICIAL. LA CONSTITUCIÓN,
DE NUEVO A LA BASURA: http://andresdelaoliva.blogspot.com.es/2013/04/la-dictadura-absoluta-de-la-mayoria.html.
Aquí me refería a la ocurrencia del Gobierno del PP y del Ministro Ruiz Gallardón de un Consejo General del
Poder Judicial (CGPJ) jibarizado y presidencialistas, frente al diseño
constitucional del CGPJ, un diseño no enteramente acertado, pero en general y
en lo sustancial muy positivo para la independencia judicial. Lean, les ruego,
ese post, porque sólo así entenderán bien éste.
Rompo mi propósito de
callar sobre programas electorales porque ayer, el líder de “Ciudadanos”, con
la presuntuosa escenificación de unas nuevas Cortes de Cádiz y la retórica de mirarnos a los ojos a los españoles (algo
muy cursi y muy desajustado a la estatura de uno y otros), ha propuesto suprimir
el Consejo General del Poder Judicial. Podría haber propuesto reformarlo
radicalmente, con buen número de cambios que lo regeneraran. Pero no: ha
propuesto suprimirlo. Es decir, quiere suprimir un instrumento constitucional
que, insisto, en sustancia era y es algo bueno, aunque luego haya sido incesantemente
pervertido. Esa propuesta significa, para mí, lo siento mucho, que “Ciudadanos”
no tiene hoy la menor idea de lo que es y debe ser la Justicia en España. Y,
por tanto, no tiene hoy la menor idea de cómo defender aquí, de inmediato y sin parar, el Estado de
Derecho. Y eso es esencial ahora y lo será mañana y después del 20 de
diciembre. Porque, cualquiera que sea lo que a cada uno se le pueda ocurrir en
materia de reforma del Estado y por discutibles que sean unas y otras ocurrencias,
está meridianamente claro y resulta difícilmente discutible que lograr que los
poderosos de todo tipo hayan de ajustarse a las leyes y no puedan burlarse de
ellas depende de la existencia, de la subsistencia, sin soluciones de
continuidad, de una Justicia decente, por su independencia, su calidad y su
eficiencia. Pues bien: la propuesta de “Ciudadanos” menoscaba gravísimamente la
independencia y no mejora nada el resto de los factores.
Esa crasa ignorancia de “Ciudadanos” es reprobable
porque no es una ignorancia invencible, porque se agrava con la fatuidad
grandilocuente de la presentación gaditana de la ocurrencia y, porque, para colmo, viene
a proponer despolitizar la Justicia a base de hacer depender su gobierno de una
persona designada por el Parlamento, el Presidente del Tribunal Supremo. En
época de Franco, hubo un ministro partidario encubierto de un peculiar
autogobierno de la Magistratura, que consistiría en atribuir los
nombramientos de Jueces y Magistrados, su promoción y su régimen disciplinario a
una camarilla de miembros del Tribunal Supremo. No pocos jueces empujaron a los
procesalistas a ocuparse del autogobierno de la Magistratura y así se hizo en abril de 1970:
no hubo discrepancia en entender, como lo habían señalado ya en Italia, que la
independencia judicial no estaba únicamente amenazada por el Ejecutivo, sino
que aún más podía estarlo desde dentro de la organización jurisdiccional. Expresivamente
nos decía un Magistrado honrado y competente: “me es mucho más fácil defenderme
de un intento de injerencia que proceda del Ministerio que de una indicación o
presión del Presidente de mi Audiencia”.
La independencia
judicial, que no es la independencia de un grupo de personas o de un conjunto
de órganos, sino la de todo juez en el ejercicio de la potestad jurisdiccional,
consiste en la ausencia de dependencia y exige defender a todo juez de
presiones, directrices o instrucciones procedentes también desde dentro de la
Justicia. Para eso estaba y sigue estando el CGPJ, que también debía ocuparse
del funcionamiento legal del Tribunal Supremo y sus Salas y del cumplimiento de
sus deberes por cada uno de sus ilustres Magistrados, que no tienen bula alguna.
Esto último no fue fácil nunca. Hace una veintena de años, a mí y a algunos
otros Vocales nos llamaron poco menos que “perros judíos”, “enemigos del
pueblo” y otras lindezas por haber pretendido que en el TS se cumpliesen
ciertos preceptos de la LOPJ sobre composición de las Secciones, turno de
ponencias, etc.
Rivera
y sus asesores parecen desconocer la función constitucional del CGPJ, desconocen
o desprecian la historia de las reformas legales sobre la designación de los Vocales
del CGPJ (la génesis y efectos de esas reformas: LOPJ de 1985, L.O. 2/2001, L.O.
4/2013), desconocen o desprecian la historia de los cambios que llegaron a
convertir un órgano constitucional de garantía, modesto en su tamaño y en su
coste, en un mastodóntico y muy costoso complejo orgánico, que se ocupaba de
muchas cosas ajenas a su finalidad constitucional y seguía descuidando, en
cambio, sus cometidos propiamente constitucionales. Y desconocen o desprecian
la historia de las tensiones del Tribunal Supremo con el CGPJ y con el Tribunal
Constitucional.
Don Albert Rivera, líder de “Ciudadanos”, merecía mi
respeto por su trayectoria general en favor de España y Cataluña (o de Cataluña
y España). Estoy bastante seguro de que Rivera
no es un botarate. Pero la propuesta de suprimir el CGPJ es, en sí misma,
propia de un botarate. Y, por supuesto, certifica, a mi parecer, que los padres
constituyentes de 1978 superaban con mucho en experiencia, inteligencia y
prudencia a los figurantes que, a la sombra de la Constitución de 1812, han
propuesto reformas de la Constitución vigente como la de suprimir el Consejo
General del Poder Judicial y entregar sus funciones a un Presidente del
Tribunal Supremo designado por dos tercios de los miembros del Congreso de los
Diputados.
De pasada y en línea con la que ya he dicho aquí:
¿por qué proponen muchos cambiar la Constitución vigente cuando les sobran
datos y motivos para estar completamente seguros de que no habrá consenso para
cambiarla y cuando no hacen nada (tampoco el PP) por aproximarse siquiera a ese
consenso? ¿No se llama a eso demagogia? Si quieren, repasen este otro post, de
27 de septiembre de 2012: ES QUE HAY UN NUEVO PREMIO, MULTIMILLONARIO, A LA
OCURRENCIA MÁS INCONSTITUCIONAL? UNA
ESPAÑA CONVULSA A CAUSA DE PROPUESTAS IMPRUDENTES. (ESTADO FEDERAL, "¡FUERA LA CONSTITUCIÓN!" Y TRASPASO
DEL "PODER JUDICIAL" AL TRIBUNAL SUPREMO): http://andresdelaoliva.blogspot.com.es/2012/09/es-que-hay-un-nuevo-premio.html
2 comentarios:
El profesor Sosa Wagner, que anteriormente era miembro de UPyD y actualmente colabora con Ciudadanos, sí ha formulado, en varios artículos de prensa, propuestas muy interesantes en la línea de favorecer el ascenso o promoción de magistrados con base exclusivamente en el criterio escalafonal, que es el más objetivo que hay, frente a los nombramientos discrecionales efectuados por el CGPJ, en donde prevalece el denominado "intercambio de cromos".
Como es bien sabido, en el CGPJ los magistrados se agrupan en "cuerda progresista" (acólitos del PSOE) y "cuerda conservadora" (adláteres del PP), y previamente celebran conciliábulos por separado, tras lo cual se reparten los nombramientos.
De este modo, no se nombran jueces para TS, TSJs etc. con base en un consenso compartido sobre la idoneidad del candidato, sino que se reparten las plazas: Algo así como "Si aceptáis nombrar a Fulano para tal plaza, nosotros os dejamos que designéis vosotros a Mengano para esa otra".
Las propuestas de Sosa Wagner van dirigidas, precisamente, a acabar con ese desafuero.
Sosa Wagner, entonces, propone lo que en general ya está vigente: el ascenso, promoción y destino de jueces y magistrados (incluso magistrados de los tribunales superiores de justicia) hoy sigue el criterio estrictamente escalafonal. Hay algunas excepciones: presidentes de Audiencia, presidentes de Tribunal Superior de Justicia y magistrados del Tribunal Supremo. Pero evidentemente esos cargos o plazas no deben ser ocupados por el "único" criterio de la antigüedad. Espero que no sea eso lo que propone Ciudadanos cuando habla de baremos objetivos sin discrecionalidad.
Ciudadanos tiene derecho a proponer la supresión del CGPJ, pero por favor, que no lo considere una medida de "despolitización" de la Justicia.
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