SOBRE UNA PROPUESTA DE “CIUDADANOS”: SUPRIMIR EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

 

REGENERAR Y CAMBIAR NO SE LOGRA CON OCURRENCIAS DE EXTREMA FRIVOLIDAD

 

Lo lamento. Lamento escribir sobre propuestas electorales concretas, porque he querido y quiero ser y parecer neutral ante los comicios del próximo 20 de diciembre, para que nada de lo que aquí diga, sobre la base de conocimientos jurídicos y con propósitos apartidistas, pueda interpretarse como apoyo o ataque a unos u otros. En este blog, POR DERECHO, he dejado escritas muchas cosas sobre temas, actitudes e incluso personas, con especial (que no exclusiva) atención a la Justicia y a la Universidad. Cualquier lector puede extraer de lo escrito las conclusiones que le parezcan oportunas a cualquier efecto que le interese, incluido su voto (o su abstención) en ese cercano día. En concreto, sobre el importante asunto que me lleva a escribir este “post”, les remito a este otro, de 30 de abril de 2013, LA DICTADURA ABSOLUTA DE LA MAYORÍA ABSOLUTA. TIRO EN LA NUCA AL ÓRGANO DE GARANTÍA DE LA INDEPENDENCIA JUDICIAL. LA CONSTITUCIÓN, DE NUEVO A LA BASURA: http://andresdelaoliva.blogspot.com.es/2013/04/la-dictadura-absoluta-de-la-mayoria.html. Aquí me refería a la ocurrencia del Gobierno del PP y del Ministro Ruiz Gallardón de un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) jibarizado y presidencialistas, frente al diseño constitucional del CGPJ, un diseño no enteramente acertado, pero en general y en lo sustancial muy positivo para la independencia judicial. Lean, les ruego, ese post, porque sólo así entenderán bien éste.

Rompo mi propósito de callar sobre programas electorales porque ayer, el líder de “Ciudadanos”, con la presuntuosa escenificación de unas nuevas Cortes de Cádiz y la retórica de mirarnos a los ojos a los españoles (algo muy cursi y muy desajustado a la estatura de uno y otros), ha propuesto suprimir el Consejo General del Poder Judicial. Podría haber propuesto reformarlo radicalmente, con buen número de cambios que lo regeneraran. Pero no: ha propuesto suprimirlo. Es decir, quiere suprimir un instrumento constitucional que, insisto, en sustancia era y es algo bueno, aunque luego haya sido incesantemente pervertido. Esa propuesta significa, para mí, lo siento mucho, que “Ciudadanos” no tiene hoy la menor idea de lo que es y debe ser la Justicia en España. Y, por tanto, no tiene hoy la menor idea de cómo defender aquí, de inmediato y sin parar, el Estado de Derecho. Y eso es esencial ahora y lo será mañana y después del 20 de diciembre. Porque, cualquiera que sea lo que a cada uno se le pueda ocurrir en materia de reforma del Estado y por discutibles que sean unas y otras ocurrencias, está meridianamente claro y resulta difícilmente discutible que lograr que los poderosos de todo tipo hayan de ajustarse a las leyes y no puedan burlarse de ellas depende de la existencia, de la subsistencia, sin soluciones de continuidad, de una Justicia decente, por su independencia, su calidad y su eficiencia. Pues bien: la propuesta de “Ciudadanos” menoscaba gravísimamente la independencia y no mejora nada el resto de los factores.

 Esa crasa ignorancia de “Ciudadanos” es reprobable porque no es una ignorancia invencible, porque se agrava con la fatuidad grandilocuente de la presentación gaditana de la ocurrencia y, porque, para colmo, viene a proponer despolitizar la Justicia a base de hacer depender su gobierno de una persona designada por el Parlamento, el Presidente del Tribunal Supremo. En época de Franco, hubo un ministro partidario encubierto de un peculiar autogobierno de la Magistratura, que consistiría en atribuir los nombramientos de Jueces y Magistrados, su promoción y su régimen disciplinario a una camarilla de miembros del Tribunal Supremo. No pocos jueces empujaron a los procesalistas a ocuparse del autogobierno de la Magistratura y así se hizo en abril de 1970: no hubo discrepancia en entender, como lo habían señalado ya en Italia, que la independencia judicial no estaba únicamente amenazada por el Ejecutivo, sino que aún más podía estarlo desde dentro de la organización jurisdiccional. Expresivamente nos decía un Magistrado honrado y competente: “me es mucho más fácil defenderme de un intento de injerencia que proceda del Ministerio que de una indicación o presión del Presidente de mi Audiencia”.

La independencia judicial, que no es la independencia de un grupo de personas o de un conjunto de órganos, sino la de todo juez en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, consiste en la ausencia de dependencia y exige defender a todo juez de presiones, directrices o instrucciones procedentes también desde dentro de la Justicia. Para eso estaba y sigue estando el CGPJ, que también debía ocuparse del funcionamiento legal del Tribunal Supremo y sus Salas y del cumplimiento de sus deberes por cada uno de sus ilustres Magistrados, que no tienen bula alguna. Esto último no fue fácil nunca. Hace una veintena de años, a mí y a algunos otros Vocales nos llamaron poco menos que “perros judíos”, “enemigos del pueblo” y otras lindezas por haber pretendido que en el TS se cumpliesen ciertos preceptos de la LOPJ sobre composición de las Secciones, turno de ponencias, etc.

Rivera y sus asesores parecen desconocer la función constitucional del CGPJ, desconocen o desprecian la historia de las reformas legales sobre la designación de los Vocales del CGPJ (la génesis y efectos de esas reformas: LOPJ de 1985, L.O. 2/2001, L.O. 4/2013), desconocen o desprecian la historia de los cambios que llegaron a convertir un órgano constitucional de garantía, modesto en su tamaño y en su coste, en un mastodóntico y muy costoso complejo orgánico, que se ocupaba de muchas cosas ajenas a su finalidad constitucional y seguía descuidando, en cambio, sus cometidos propiamente constitucionales. Y desconocen o desprecian la historia de las tensiones del Tribunal Supremo con el CGPJ y con el Tribunal Constitucional.

Don Albert Rivera, líder de “Ciudadanos”, merecía mi respeto por su trayectoria general en favor de España y Cataluña (o de Cataluña y España). Estoy bastante seguro de que Rivera no es un botarate. Pero la propuesta de suprimir el CGPJ es, en sí misma, propia de un botarate. Y, por supuesto, certifica, a mi parecer, que los padres constituyentes de 1978 superaban con mucho en experiencia, inteligencia y prudencia a los figurantes que, a la sombra de la Constitución de 1812, han propuesto reformas de la Constitución vigente como la de suprimir el Consejo General del Poder Judicial y entregar sus funciones a un Presidente del Tribunal Supremo designado por dos tercios de los miembros del Congreso de los Diputados.

De pasada y en línea con la que ya he dicho aquí: ¿por qué proponen muchos cambiar la Constitución vigente cuando les sobran datos y motivos para estar completamente seguros de que no habrá consenso para cambiarla y cuando no hacen nada (tampoco el PP) por aproximarse siquiera a ese consenso? ¿No se llama a eso demagogia? Si quieren, repasen este otro post, de 27 de septiembre de 2012: ES QUE HAY UN NUEVO PREMIO, MULTIMILLONARIO, A LA OCURRENCIA MÁS INCONSTITUCIONAL? UNA ESPAÑA CONVULSA A CAUSA DE PROPUESTAS IMPRUDENTES. (ESTADO FEDERAL, "¡FUERA LA CONSTITUCIÓN!" Y TRASPASO DEL "PODER JUDICIAL" AL TRIBUNAL SUPREMO): http://andresdelaoliva.blogspot.com.es/2012/09/es-que-hay-un-nuevo-premio.html