ETA Y VENEZUELA: UN EXTRAÑO Y OSCURO EPISODIO

LO QUE PLANTEA UN AUTO JUDICIAL LO ZANJA, AL PARECER, UNA NOTA DEL MINISTERIO DE AA. EXTERIORES ESPAÑOL, QUE REPRESENTA TAMBIÉN A VENEZUELA
(actualizado a las 23.57 h. del mismo domingo 7 de marzo de 2010)

Una resolución judicial (un Auto) en la instrucción de un proceso sobre terrorismo etarra generó hace unos días un más que notable revuelo por afectar al régimen venezolano de Hugo Chávez y a un afirmado apoyo a ETA, que no constituía, por otra parte ninguna novedad: ya se habían publicado informaciones sobre el reparto de grandes núcleos de etarras entre México y Venezuela. Pero, otra cosa era que un juez afirmase como muy probable la connivencia de Venezuela con la clara conexión ETA-Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Como era de esperar, el Caudillo venezolano respondió con exabruptos y sin miramientos ni respeto mínimo al “Gobierno de España” ante la mera noticia de que dicho “Gobierno de España” se disponía a pedirle “explicaciones”. El incendio estaba en marcha. Pero, enseguida, el bondadoso Ministro Moratinos, buenísima persona donde las haya, se apresuró a aclarar dos extremos: 1º) que el diálogo con el militar venezolano y su régimen continuaría porque estaba dando “buenos resultados”, que no concretó y que, personalmente, no soy capaz de adivinar; 2º) que no se habían pedido “explicaciones” al Caudillo bolivariano, sino información, no sin la aclaración, al parecer muy necesaria, de que la resolución judicial aluda no era cosa del “Gobierno de España”. Hoy, el “Gobierno de España” y el venezolano han dado por zanjado el asunto en la muy expeditiva forma que se verá.

Antecedentes. El pasado día 24 de febrero, el Juez titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6, Eloy Velasco, dicta auto de procesamiento contra seis ciudadanos españoles y siete colombianos (presuntos miembros de las FARC) por delitos de terrorismo atribuibles a ETA.

El Juez afirma que "obran diligencias en este procedimiento que ponen de manifiesto la cooperación gubernamental venezolana en la ilícita colaboración entre las FARC y la ETA". Entiende que esa circunstancia se da especialmente en el caso del presunto miembro de ETA Arturo Cubillas Fontán, uno de los procesados. Cubillas está casado desde 1990 con la "venezolana Goizeder Odriozola Lataillade", quien ha ostentado cargos públicos en el gobierno venezolano del presidente Hugo Chávez, y él mismo [Cubillas] fue nombrado en 2005 "director adscrito a la Oficina de Administración y Servicios del ministerio de Agricultura y tierras Venezuela".

Según el auto, el presunto activista ha sido "responsable del colectivo de ETA en esa zona de América desde el año 1999, encargándose de coordinar las relaciones con las FARC y la participación de integrantes de la ETA en cursillos de explosivos y armamentos y en la difusión de técnicas de guerrilla urbana terrorista".

Fontán es acusado por el juez Velasco, junto a los miembros de las FARC Edgar Gustavo Navarro Morales y Víctor Ramón Vargas Salazar de "un delito de conspiración para cometer homicidios terroristas". El presunto miembro de ETA también está acusado, junto a otros activistas de la banda armada vasca, de los delitos de tenencia de explosivo.

El juez dicta este auto en el marco de una investigación sobre la supuesta ayuda de ETA a las FARC para atentar contra personalidades colombianas en España. La investigación había comenzado en diciembre del 2008 a iniciativa de la fiscalía "a raíz de la información que se obtuvo en el ordenador de Raúl Reyes", número dos de las FARC, que había muerto en una operación contra las FARC en Ecuador en marzo del mismo año.

El Auto me parece formalmente poco cuidadoso, pero lo que se afirma en él es de suma gravedad y tampoco puedo decir que no exponga los “indicios racionales de criminalidad” que deben provocar el procesamiento. Si alguien está especialmente interesado en el tema, puede leer íntegramente el Auto mediante este enlace:

http://estaticos.elmundo.es/documentos/2010/03/01/auto_farc_eta.pdf

Ante el Auto, parezca mejor o peor fundado, caben diversas actuaciones procesales. Por de pronto, recurrirlo. Luego, con el respeto y discreción con que estas resoluciones han de ser tratadas por el Ejecutivo, podría estudiarse la colaboración que el “Gobierno de España” ha de prestar al juez que requiere la detención de sujetos con fines de extradición. Pero, en vez de respaldar, como cuestión de principio, al poder judicial español, el “Gobierno de España” ha situado públicamente el auto en un ámbito de análisis crítico: la Asesoría Jurídica del Ministerio de Asuntos Exteriores. Y sin esperar -que nadie sepa- los resultados de ese análisis, presentado como necesaria criba de una resolución, se ha producido, el 6 de marzo de 2010, el siguiente

“Comunicado conjunto de los Gobiernos del Reino de España y de la República Bolivariana de Venezuela”

“La Dirección General de Comunicación Exterior del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación hace público el siguiente comunicado:

“Los gobiernos de España y Venezuela ratifican su más enérgica condena al terrorismo en todas sus formas y manifestaciones.”

“El gobierno venezolano refuta y desmiente las informaciones publicadas sobre una supuesta colaboración con la organización terrorista ETA, cuyas actividades rechaza sin paliativos.”

“Ambos gobiernos reiteran su compromiso de seguir colaborando en los ámbitos judicial y policial, implementando efectivamente los instrumentos de cooperación existentes.”

“España y Venezuela declaran su firme voluntad de profundizar su relación amistosa y fructífera, basada en una amplia cooperación en todos los ámbitos, incluyendo el de la lucha antiterrorista.”

A mí, al menos, me llama la atención que se anuncie un comunicado conjunto y resulte que el papel así denominado es emitido exclusivamente por una Dirección General de un Ministerio español. Porque esa Dirección General podría ser mera transmisora del comunicado, pero si es conjunto, al menos dos personas deberían aparecer como responsables. Y mucho más llamativo aún me resulta que, sin seguirse ningunos trámites judiciales, esa Dirección General del Ministerio de Asuntos Exteriores del “Gobierno de España” afirme que “el gobierno venezolano refuta y desmiente las informaciones publicadas sobre una supuesta colaboración con la organización terrorista ETA”…etc.

¿Ante quién refuta y desmiente el gobierno del Caudillo Chávez lo que dice una resolución de un Juez español? Obviamente, lo procedente y deseable sería un mentís y una refutación en sede procesal, ante el Juez que ha dictado el Auto y para los que hubiesen de intervenir en el mismo proceso por vía de recursos o en otros momentos procesales. Pero no es eso lo que sucede, puesto que el Auto sigue en manos de los asesores jurídicos del bondadosísimo Moratinos. Por tanto, es el “Gobierno de España” el que considera fundada la desconocida refutación venezolana. Y eso produce la impresión -así lo presenta toda la prensa española- de que el asunto lo da por zanjado nuestro Gobierno. Es cosa verdaderamente notable que un asunto judicial se zanje por una “nota conjunta” gubernamental que luego resulta ser emitida por el mismo país del juez del caso.

No puedo descartar que el auto del Juez Central de Instrucción nº 6 contenga extremos merecedores de un análisis por los asesores jurídicos del Ministerio de AA. Exteriores. Pero puedo asegurar sin vacilación que una nota como la transcrita no es la respuesta jurídica apropiada a un Auto de procesamiento, a órdenes internacionales de detención y a una petición de información. Esta insólita reacción merece ser estudiada, aunque sólo sea como fenómeno muy extraño, por todos los estudiosos del Derecho procesal e internacional público. Por el momento, la impresión más intensa es ésta: el “Gobierno de España” de nuevo se sale de su sitio y los pies de algún ministro pisan sonoramente profundos y oscuros charcos. Quizá es que, entretenidos en analizar el Auto, los asesores jurídicos del Ministerio de AA.EE. no tenían tiempo de aconsejar al bondadoso Moratinos que se abstuviese de chapotear donde no debía.


ACTUALIZACIÓN: Aunque el "Gobierno de España" considere zanjado algo, uno tiene ciertas dudas. Ésta es la noticia de final de la tarde: "El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Nicolás Maduro, asoció este domingo al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco con "la mafia del ex presidente José María Aznar" y "lo peor del Partido Popular" por el auto en el que acusa a Caracas de connivencia con ETA y las FARC."

"Al pasar los días quedan más claras las circunstancias que rodean tal acusación", aseguró Maduro en una entrevista a la cadena venezolana Televen. Según el titular de Exteriores de Venezuela, el juez Eloy Velasco "está asociado a la mafia del ex presidente José María Aznar, a lo peor del Partido Popular y a sectores de la ultraderecha, hijos directos de la dictadura franquista".

"Tras responsabilizar a Colombia de "aupar" el contencioso surgido entre España y Venezuela, Maduro aseguró que cualquier comunicación que sea recibida desde España será evaluada y respondida en los "justos términos que traiga esa comunicación".

"No obstante, insistió en que el auto de Velasco es una "ligereza" que le tocará evaluar a España, pues el Gobierno venezolano no tiene nada que explicar al respecto. "Tenemos un Gobierno apegado al derecho internacional (. . . ) así que la pelota está en el campo de España", argumentó."
 
"Le toca al Gobierno, a instituciones y a la sociedad española reaccionar con firmeza ante el chantaje de sectores vinculados al Gobierno colombiano y a los mecanismos de información e inteligencia de los Estados Unidos", agregó. Maduro denunció una campaña sistemática reflejada en medios de prensa como 'El País' y 'El Mundo' que "trata de sembrar odio, desprecio hacia la figura de Hugo Chávez como líder y hacia el Gobierno que dirige, que busca dañar las relaciones entre ambas naciones". 

HERMOSO COLOFÓN DIPLOMÁTICO AL COMUNICADO CONJUNTO ARRIBA TRANSCRITO. ¿No intervendría en redactarlo el Sr. Maduro? El bondadoso Moratinos seguirá dialogando, porque ese diálogo da "buenos resultados". Pero algunos pocos pensaremos que, ante estas palabras del Ministro venezolado, si el "Gobierno de España",  no habla alto y claro al Caudillo bolivariano y no defiende al juez español, será porque se está valiendo de Chávez y de Maduro para atacar a ese juez propio. Este sería el protocolo secreto del "comunicado conjunto".