LA “REVOLUCIÓN” PROCESAL PENAL: EL "GOBIERNO DE ESPAÑA" PROMUEVE LA VIRTUD

TERCERA NORMA NUEVA SOBRE LAS QUERELLAS (y II)

De todos es sabido que el “Gobierno de España” sólo busca nuestro bien. Deberíamos recordar constantemente lo que nuestros mayores nos repetían con frecuencia: “quien bien te quiere, te hará llorar”. Pero no voy a referirme ahora a nada doloroso, aunque el “Gobierno de España” no escatime medidas que, sin duda por nuestro bien, nos producen molestias y hasta fuertes quebrantos, físicos y psíquicos. Ahora me importa subrayar hasta qué extremos impresionantes (al menos, a mi me impresionan fuertemente) vela el “Gobierno de España” por nuestro bien. Se preocupan de nuestra salud física y se preocupan de nuestra corrección intelectual y cultural (otro día me extenderé sobre este punto, pero basta mencionar aquí los millones de “vacunas” adquiridas para la amenazante “gripe A”, que han resultado innecesarias, pero que ahí están en cientos de miles de cajas, elocuentes testigos de la incesante vigilia gubernamental). Con todo, en estas últimas semanas, nuestros gobernantes han ido a más, a mucho más y se han preocupado de nuestro bien hasta extremos conmovedores, que al borde de la conmoción me han tenido. Porque se han preocupado de nuestra virtud. Sí, han leído bien: se han preocupado y se preocupan, y mucho, de nuestra virtud.

De pronto, nuestros gobernantes, se han preguntado: ¿puede ser que se presenten querellas por gente a la que le mueve el rencor, el deseo de venganza, la animadversión personal al querellado, el afán de notoriedad propia, el deseo visceral de ajustar cuentas, el interés político y tantos otros sentimientos de escasa o nula nobleza o de clara bajeza moral? Y, sin duda, nuestros gobernantes se han respondido: eso es posible, pero rotundamente indeseable. Y se han dicho, sin duda, que no podían permanecer impasibles ante las intenciones torcidas, ante el odio y la "mala uva". De ahí que, con la legitimidad de las urnas, que les impulsa y les justifica para toda acción y para cualquier omisión, se han dedicado a juzgar sobre las intenciones de los querellantes, sobre su talante o catadura político-moral, sobre su corrección cultural, sobre su inspiración ideológica, etc.

El móvil de las querellas, el designio que guía a los querellantes, con sus posibles efectos sobre “la ciudadanía”, ha adquirido una relevancia superlativa, suprema, me atrevería a decir. Lo mismo hemos podido observar respecto de las disposiciones interiores de las personas llamadas a juzgar. A nuestros gobernantes no les basta que no concurra ninguna causa de abstención y recusación. El “Gobierno de España” y sus portavoces, también los oficiosos, se preocupa de la mejor, de la más virtuosa actitud anímica de los juzgadores. Para imputar a alguien, hay que sentir afecto o, al menos, cordial respeto  a ese alguien. Cueste lo que cueste, nos quieren virtuosos, sin mala sangre, sin malos sentimientos, no vaya a ser que nos precipitemos en el infierno laico. Y quieren, además, que nuestra posible falta de virtud no repercuta sobre la serenidad de ánimo de nadie ni incomode o exaspere a alguien ni desencadene agrias polémicas y otros fenómenos perturbadores.

Me parece que esa preocupación, ese desvelo por la virtud y por la pax tranquilitas ordinis, debe tener su reflejo procesal. Es indiscutible que el “Gobierno de España” desea ese reflejo, con pura lógica y coherencia. Así que se impone otra nueva norma básica sobre las querellas. Conforme a un entendimiento pacífico del art. 313 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, una querella debe ser admitida siempre que 1º) se interponga ante el tribunal legalmente competente; 2º) los hechos relatados en la querella, de ser ciertos (lo que se verá en el proceso), resulten prima facie (a primera vista) constitutivos de delito y no puedan considerarse del todo inverosímiles. Hay otros requisitos legales formales, subsanables, pero, de cumplirse esos requisitos de forma, la admisión depende de esos dos puntos. Pues bien: un reflejo de la preocupación gubernamental por la virtud de todos nosotros conduce a considerar derogado ese precepto legal: el art. 313 LECrim. Y conduce a una nueva norma procesal penal, más o menos del siguiente tenor:

“No se admitirá querella alguna que, por las circunstancias concurrentes que resulten del texto de la querella o que sean averiguadas por las autoridades públicas, pueda revelar en el querellante una ausencia o defecto de ecuanimidad y objetividad o la presencia de intenciones vindicativas o inamistosas hacia el querellado.”

“Cualquier autoridad que conozca hechos o circunstancias relevantes a los efectos del párrafo anterior, deberá comunicarlos al Juez o Tribunal por el conducto más rápido que considere oportuno.”

En favor de esta norma cabe argumentar que no debe surgir derecho alguno de una voluntad influida por las bajas pasiones. Soy consciente de que, en esta línea de máximo fomento de la virtud (opuesta al muy simple canónico criterio: de internis, neque Ecclesia), se pueden desencadenar otros cambios que quizá no reflejarían adecuadamente los criterios etológicos que nuestro Gobierno central tiene sobradamente acreditados como propios e inflexibles. Imaginen qué sería de cierto tipo de denuncias, de "derechos a la salud sexual y reproductiva" o del auxilio a la "muerte digna", por ejemplo, si se hubiesen de indagar las intenciones. Imaginen qué ocurriría si la imposición de sanciones administrativas se hiciese depender de una probada ausencia de “mala uva” en la autoridad sancionadora y sus auxiliares. Pero el “Gobierno de España”, en su inmensa prudencia, irá elaborando un calendario de las reformas oportunas, según su superior criterio sobre las demandas sociales. No nos precipitemos, pues. Ahora, lo que toca es lo procesal penal.