¿SE PUEDE TERGIVERSAR TANTO UN CASO DE “LIBERTAD CONDICIONAL”?

 

NO IMPORTA SÓLO LA SITUACIÓN DE LA SALUD, SINO TAMBIÉN EL “PRONÓSTICO DE REINSERCIÓN”

 

D. José Luis Castro Antonio, Magistrado-Juez titular del “Juzgado Central de Menores (con funciones de Vigilancia Penitenciaria”), ha resuelto, por Auto de 30 de agosto de 2012, lo siguiente: “se aprueba la propuesta de libertad condicional elevada por la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario de Álava y se concede el beneficio de libertad condicional al penado JESÚS MARÍA URIBECHEVARRIA BOLINAGA, vía art. 196.2 del Reglamento Penitenciario”. Para abreviar, me referiré a este criminal por su segundo apellido, Bolinaga. Si quisiesen leer entero el Auto, vayan a

 http://politica.elpais.com/politica/2012/08/30/actualidad/1346321669_072887.html

Los más veteranos lectores de este “blog” quizás habrán observado que muy pocas veces entro en asuntos relativos al terrorismo de ETA, a los etarras y a su entorno. Hay sobreabundancia de comentarios de todo tipo en torno a ese criminal fenómeno y, como es explicable, frecuentemente lo político invade y desfigura lo jurídico. Hago hoy una excepción porque he sentido curiosidad por los aspectos jurídicos (y médico-juridicos) de este asunto de la libertad condicional de Bolinaga y, tras informarme, me ha parecido penosa la confusión difundida y veo algo sobre lo que apenas se ha dicho nada, cuando, a mi parecer, resulta de lo más llamativo y poco explicable.

Diré, para empezar, que no entiendo a qué ha venido tanta discusión sobre el estado terminal, o no, del etarra Bolinaga, condenado a 32 años de cárcel por secuestro (fue uno de los verdugos-torturadores del funcionario de prisiones, Sr. Ortega Lara, que fue privado de libertad, en condiciones sumamente penosas, durante 532 días), a 145 años de cárcel por atentado mortal contra dos guardias civiles (1987) y a 33 años por asesinato de otro guardia civil (1993). Permanece en prisión ininterrumpida desde el 6 de julio de 1997.

Según el art. 92.1, pfo. segundo del Código Penal (CP), la libertad condicional se puede decretar “cuando, según informe médico, se trate de enfermos muy graves con padecimientos incurables”. No hay que decir que ese precepto legal no exige que el preso se encuentre en situación “terminal”, que puede no darse y, de hecho, no se da en muchísimas personas que padecen enfermedades muy graves e incurables. Personas aquejadas de enfermedades susceptibles de calificarse, sin duda, de “muy graves” y de “incurables”, pueden hallarse muy lejos de encontrarse en la situación que médicamente se considera “terminal”.  Así, por poner un solo ejemplo, los enfermos de SIDA. Por otra parte, tampoco “terminal” es lo mismo que “agónico”, de modo que el Magistrado-Juez Castro podría haberse ahorrado algunos párrafos sobre la condición agónica en su prolijo Auto de 15 folios. Bolinaga se encuentra actualmente aquejado de carcinoma renal con metástasis pulmonar y cereberales. Se trata, sin duda, de una enfermedad muy grave y, además, incurable o “con muy mal pronóstico”, lo que, al parecer, consideran equivalente al carácter incurable (aunque, desde luego, no lo es: una enfermedad que se cura raramente no es propiamente incurable).

Demos por bueno, no obstante, que Bolinaga se encuentra en la situación del art. 92.1 pfo. segundo CP. Sucede, sin embargo, que el mismo art. 92.1, en su pfo. primero, exige reunir “los requisitos establecidos, excepto el haber extinguido las tres cuartas partes de aquélla o, en su caso, las dos terceras” y esos “requisitos establecidos” son los del art. 90 CP, menos el de la letra b), que se refiere a lo que se lleve cumplido de condena. De modo que, quedan, el de la letra a), “que se encuentren en el tercer grado de tratamiento penitenciario”, requisito que cumplía Bolinaga, pero también el de la letra c): “que hayan observado buena conducta y exista respecto de los sentenciados un pronóstico individualizado y favorable de reinserción social, emitido en el informe final previsto en el artículo 67 de la Ley Orgánica General Penitenciaria." 

Es muy importante señalar que Bolinaga fue clasificado en el tercer grado de tratamiento penitenciario amparándose en el caso especial del aptdo. 4 del art. 104 del Reglamento Penitenciario (RP): “los penados enfermos muy graves con padecimientos incurables, según informe médico, con independencia de las variables intervinientes en el proceso de clasificación, podrán ser clasificados en tercer grado por razones humanitarias y de dignidad personal, atendiendo a la dificultad para delinquir y a su escasa peligrosidad.”

El aptdo. 3 del art. 92 CP dispone que “si el peligro para la vida del interno, a causa de su enfermedad o de su avanzada edad, fuera patente, por estar así acreditado por el dictamen del médico forense y de los servicios médicos del establecimiento penitenciario, el Juez de Vigilancia Penitenciaria podrá, previa en su caso la progresión de grado, autorizar la libertad condicional sin más trámite que requerir al centro penitenciario el informe de pronóstico final al objeto de poder hacer la valoración a que se refiere el párrafo anterior, todo ello sin perjuicio del seguimiento y control previstos por el artículo 75 de la Ley Orgánica General Penitenciaria."

Aparte de otras consideraciones y de matices no irrelevantes que podrían formularse sobre la aplicabilidad al caso del 92.3 CP, hay algo innegable, que es esto: se siga la vía del art. 92.1 pfo. primero o la del 92.3, siempre del Código Penal, resulta que es preciso en todo caso un “pronóstico final” y un pronóstico de reinserción social o, como el mismo Magistrado Castro recuerda, evocando el art. 104.4 RP, “de escasa peligrosidad del penado”, a la que el Magistrado añade “dificultad para delinquir”.

¿Es posible que, conforme a la recta razón y al conocimiento de los datos del caso, se haya emitido un pronóstico final de reinserción social favorable respecto de Bolinaga, que sigue siendo un etarra confeso y activo, que se encuentra estable y con escasos síntomas clínicos de su muy grave enfermedad? ¿Es posible que se predique de este sujeto “su escasa peligrosidad” cuando hace quince años, siendo conducido a Madrid, cuando el vehículo policial rebasaba a dos guardias civiles de tráfico, se abalanzó sobre el conductor para hacerle arrollar a estos guardias, sin importarle lo que pudiera ser de él? Si se le pone en libertad condicional, ¿no dispondrá Bolinaga de una ventana, por así decirlo, de unos cuantas semanas, en las que podría llevar a cabo grandes fechorías, sangrientas o no? Las preguntas, como habrán comprendido los lectores, son meramente retóricas. El auto del Magistrado Castro pasa de puntillas sobre la "escasa peligrosidad" y sobre la "dificultad para delinquir". de Bolinaga. Pasa de puntillas porque si mañana fuese puesto en libertad Bolinaga, no tendría, previsiblemente, mayor "dificultad para delinquir" durante semanas o meses. Sobre la "escasa peligrosidad" de Bolinaga no se extiende el Magistrado. ¿Qué podría decir? A mí me parece muy bien, en general, que los presos gravemente enfermos, también los que cumplen condena por gravísimos delitos, puedan pasar sus últimos días o semanas -sin necesidad de esperar a que hayan entrado en agonía- en su casa o donde quieran. Pero, como viene a decir la Ley, siempre y cuando no puedan hacer daño.

Desde el punto de vista médico, Bolinaga está por empezar un tratamiento que no es estrictamente paliativo, según le han aclarado al Magistrado Castro los médicos donostiarras que atienden al etarra. Que el tratamiento no se le pueda aplicar adecuadamente en la enfermería de una institución penitenciaria, ¿exige concederle el beneficio de la libertad condicional? A mí me parece, sin lugar a dudas, que la respuesta ha de ser negativa. Porque la alternativa, respecto de la salud de Bolinaga, no es o cárcel o libertad. Bolinaga podría seguir siendo tratado en el Hospital de San Sebastián, donde hoy se encuentra, privado de libertad, como ya estuvo antes en un Hospital de León. Desde el punto de vista médico, esa hospitalización, con el control constante de su evolución, sería además, preferible que enviarle a su casa amonestándole para que vaya a este o a aquel centro hospitalario según citas diversas. Si peligra la vida del interno Bolinaga, ningún sitio mejor que un hospital, pero privado de libertad mientra sea peligroso.

Termino con la reproducción de pfo. tercero del art. 90 CP: “en el caso de personas condenadas por delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas y delitos de terrorismo del Capítulo VII del Título XXII del Libro II de este Código, o cometidos en el seno de organizaciones o grupos criminales, se entenderá que hay pronóstico de reinserción social cuando el penado muestre signos inequívocos de haber abandonado los fines y los medios de la actividad terrorista y además haya colaborado activamente con las autoridades, bien para impedir la producción de otros delitos por parte de la organización o grupo terrorista, bien para atenuar los efectos de su delito, bien para la identificación, captura y procesamiento de responsables de delitos terroristas, para obtener pruebas o para impedir la actuación o el desarrollo de las organizaciones o asociaciones a las que haya pertenecido o con las que haya colaborado, lo que podrá acreditarse mediante una declaración expresa de repudio de sus actividades delictivas y de abandono de la violencia y una petición expresa de perdón a las víctimas de su delito, así como por los informes técnicos que acrediten que el preso está realmente desvinculado de la organización terrorista y del entorno y actividades de asociaciones y colectivos ilegales que la rodean y su colaboración con las autoridades.” ¿Puede Bolinaga acogerse a algún extremo de esta norma?

Se dirá tal vez que ese precepto no es aplicable a los casos del art. 92 CP. A mí me parece que sí es aplicable, porque se refiere a los requisitos para la libertad condicional y esos requisitos son exigibles, salvo uno de ellos (cumplimiento de parte de la condena) en los casos del art. 92 CP. En todo caso, es una norma reveladora de lo que se exige para un pronóstico de reinserción social a penados como Bolinaga. Personalmente, yo sería menos exigente: sólo exigiría que fuese segura la ausencia de peligrosidad. Las víctimas -directas o indirectas- no tienen (o no tenemos) derecho a la venganza. De acuerdo. Pero todos tenemos derecho, por así decirlo, a que no se libere a quien está cumpliendo una pena privativa de libertad si aún puede delinquir y todavía es peligroso. En estas condiciones, las "razones humanitarias" no se dan en realidad. 

Sólo falta decir que la Fiscalía de la Audiencia Nacional pudo recurrir la clasificación de Bolinaga en tercer grado de tratamiento penitenciario y no lo hizo. El Magistrado Castro lo recuerda y no sé si lo reprocha. Aunque la incoherencia de la Fiscalía no  me asombre, a mí sí me parece que esa inactividad fiscal merece reproche y no leve. El Magistrado ha pasado una vez por encima de la ausencia de un fundado pronóstico de reinserción y del requisito de la falta de peligrosidad, pero la Fiscalía lo ha hecho dos veces: al no recurrir la clasificación de Bolinaga en tercer grado de tratamiento penitenciario y al fundar su informe al Magistrado, desfavorable a la libertad condicional de Bolinaga, en la ausencia en éste de la condición de enfermo terminal, condición que la ley no exige (cosa que los Fiscales debieran saber).

No sé si esta chapuza múltiple, lógica, médica y jurídica, de la Fiscalía y del Juez, se inscribe, o no, en una política gubernamental respecto de ETA (que, personalmente, no podría ni siquiera entender). No es que no quiera pronunciarme, por unos u otros motivos: es que, de verdad, no lo sé. Lo que sé -o me parece saber- es que aquí hay un exceso de incompetencia jurídica, profesional. De principio a fin: desde Instituciones Penitenciarias hasta el Juzgado. El yerro puede enmendarse, pero será preciso explicar muy bien al órgano judicial competente para la apelación todo lo que ha fallado en la aplicación de la ley, sin teñir el recurso de visceralidades o de vericuetos extrajurídicos de ningún tipo.