LA GRAN OPCIÓN DEL 2013: LAS BARRICADAS O LAS CATACUMBAS

 

UN CUASI-CIERRE DE “POR DERECHO”: COMIENZO UNA SEGUNDA ÉPOCA

LA TIRANÍA DE LA DEMOCRACIA FALSIFICADA SE HACE MÁS FUERTE

PROPONGO DOS REFORMAS SERIAS, INSPIRADO POR RUIZ GALLARDÓN

Escribir para mi personalísimo desahogo no me va. Y no puedo seguir escribiendo aquí con arreglo a lo que me dicta la cabeza. Sirve únicamente para el consuelo de unos cuantos lectores que agradecen ver, negro sobre blanco, lo que ellos mismos piensan. Y aunque sé muy bien cuánto puede reconfortar esa coincidencia, porque yo la experimento también al leer lo que otros escriben, procurar ese consuelo a ciertos semejantes -y lo vengo diciendo desde hace muchos años: prójimos, muchos; semejantes, muy pocos- tiene un coste muy alto. Sin pretender ordenar los diversos conceptos de ese coste, está, ante todo, la dificultad, cada día mayor, de elegir asuntos variados, decidir enfoques y  escribir con cuidado en la forma y en el fondo, para no repetirse demasiado, no exagerar, no incrementar la honda decepción que nos empapa a tantos y no reiterar las negras descripciones de la actualidad que tanto abundan, muchas veces con sobrados motivos y razones. Y está también la sensación de que hay algunos que leen este blog y no es que pasen de lo que leen, no es que les resbale, sino que encuentran en los “post” una eficaz inspiración -sensu contrario, me parece- para hacer más daño, para cometer más disparates y para perpetrar más y mayores maldades. Como uno tiene otras ocupaciones laborales -y, por supuesto, otras posibilidades de distracción-, la existencia del blog y el convencimiento de que hay que mantenerlo actualizado casi semanalmente, resulta que se convierte en una carga nada liviana, añadida a otras que, muchísimo más gravosas, precisamente empujan en la dirección contraria a mantener ésta de POR DERECHO como hasta ahora.

Así que, entre unas cosas y otras, llevo bastante más de un mes, no en la tentación de cerrar este “blog” -la tentación es mucho más antigua-, sino en la consideración de mi necesidad de cerrarlo de inmediato o, al menos, de cambiar notablemente su actual “perfil”. En los momentos de mayor disgusto, he frenado esa consideración. Desde hace varias semanas, con tranquilidad, he ido sopesando la decisión. Y, con una enorme gratitud a los seguidores, los visibles y los menos visibles, éste es el último post de la primera etapa, que comenzó a finales de mayo de 2009 . No clausuraré formalmente POR DERECHO, no sea que suceda algo muy especial, que me obligue moralmente, con mucha fuerza, a escribir de nuevo. Pero este “post” o esta “entrada” es una despedida, en el sentido de anunciar que, a partir de ahora, no deben esperar encontrar con cierta frecuencia (casi semanal) nuevos textos en POR DERECHO. Sólo aparecerán, repito, si sucede algo muy grande, bueno o malo, que ahora no imagino ni preveo.

Y como hemos comenzado un nuevo año, me despediré escribiendo cómo veo el panorama. No se trata sólo de que me parezca que no exageré nada el 22 de diciembre pasado, sino de que las no muchas noticias de este 2013 indican que el rumbo general sigue y aún con más firmeza (o dureza, más bien) sin posibilidades reales de que desde la sociedad civil obliguemos a cambiarlo.

Dos pequeñas muestras del firme rumbo, ambas consistentes en noticias sobre el contenido del borrador o anteproyecto de una llamada Ley de Servicios Profesionales, patrocinada por el Ministerio de Economía. Las noticias pueden no ser exactas, pero han pasado muchas horas y no veo rectificación, así que las doy por buenas, porque verosímiles lo son, desde luego. La primera es que se suprimirá el Master establecido en la Ley de Acceso a la Abogacía, de 2006 y que lleva ya meses, como mínimo, impartiéndose. La segunda, que sólo podrá existir un Colegio Profesional por Comunidad Autónoma (CA). En Madrid, CA autónoma uniprovincial, no podrían existir dos Colegios de abogados, uno el de Madrid y otro el de Alcalá de Henares. En Galicia, por ejemplo, deberían desaparecer seis de los siete Colegios de Abogados existentes en la actualidad.

Hagamos la usual reserva expresa de desinterés personal (obligada por la corrección política, como si tener interés le convirtiese a uno en mentiroso o en mentecato, que no pudiese decir nada verdadero o decentemente razonado): a mí, personalmente, nada me va en el “master” (si me opuse a reducir la carrera de Derecho de 5 a 4 cursos y nadie me ha explicado aún el por qué de semejante cambio, imaginen lo que opino de la estructura a la boloñesa de “grados” y “másteres”) y menos aún me juego en el número de Colegios de abogados o de otros profesionales. Pero me irrita, lo reconozco, que el Ministerio de Economía se meta a cambiar las cosas porque sí.

Para la emborronada o anteproyectada supresión del “master” de autos se aduce exceso de regulación en el ámbito de la Abogacía. Economía habla, dice el informador, de “una regulación excesiva y obsoleta”. ¿Pueden ser tan necios y desahogados los redactores del papel de Economía cuando la Ley se aprobó en 2006, se desarrolló por  Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales y, para más inri, la misma Ley fue reformada en el 2012? ¿Cabe una más asombrosa frivolidad cuando el “master” correspondiente se introdujo por un déficit, único en Europa (y en otros continentes), de requisitos para el ejercicio de esa profesión de abogado? La reforma, dice la información que he leído, entrecomillándolo, sería “necesaria para mejorar la competitividad de un sector que supone alrededor del 30% del empleo universitario”.  ¿Existe en España falta de competitividad entre abogados? ¿Acaso son pocos? ¿Se prevé, por ventura, una ampliación del “mercado” gracias a la Ley de Tasas Judiciales? ¿Es que se les va a sorprender con algún imaginativo plan de promoción de la Abogacía, como el que se diseña para otros profesionales del Derecho?

Pero, ¿y lo de los Colegios Profesionales? ¿Se podría saber qué rayos le importa al Ministerio de Economía que en Galicia haya siete Colegios de abogados y en Madrid dos? ¿No saben que desde hace tiempo basta con una colegiación para actuar en toda España? ¿Pagamos quizás todos los españoles los Colegios profesionales, como pagamos, en cambio, al Ministro, Sr.  De Guindos, a sus Secretarios y Secretaria de Estado, a sus Subsecretarios y analogados y a sus Directores Generales?

Decididamente, nuestros dirigentes político-sociales-económicos/subvencionados no sólo se dedican a la industria extractiva de los bolsillos de los españoles, sino que actúan convencidos de que la sociedad civil es una finca de su propiedad, que pueden deslindar como les parezca, demoliendo esto, construyendo lo otro y plantando parterres de tulipanes (encargados a Dña. Marta Ferrusola, a ser posible) donde la gente sembraba y cuidaba sus huertos. Todo a costa de los ciudadanos, convertidos ya en colonos de la finca. La arrogancia y prepotencia de estos indocumentados, tan dados a la ingeniería social como los illuminatti de Zapatero, resulta insufrible.

De la CORRUPCIÓN no hace falta que diga nada, porque ocupa el 70% de las noticias y el 95% de las conversaciones entre españoles. A consecuencia de esas noticias seguramente dudarán Vds. mucho acerca de quiénes son de “los suyos” y quiénes son de “los otros”. En esta duda me parece ver una notable mejoría porque ya iba siendo hora de no alinearse tanto y con tanta incondicionalidad. Pero el motivo de la duda no deja de ser deplorable.

De lo que muy pocos dudamos es de que, por necesarios que hayan sido y sean algunos “recortes”, todos los que se han dado y los que se anuncian no han sido ni están siendo justificados y distribuidos con una mínima equidad, medianamente explicada. Vds. tendrán la impresión de que, por el contrario, hay gente, poca pero visible, que ni siente ni padece la famosa “crisis”, mientras tantísimos compatriotas de esa gente andan en severos apuros o en angustiosas necesidades. Para mí que nunca habían sido tan hirientes e injustificadas las desigualdades en este país. Y lo que es aún más indignante: nunca he visto tan mal disimulada la insensibilidad de los potentados. Y no me refiero tanto a quienes lo son por herencia o por su trabajo empresarial con riesgo de sus personales recursos y sin subvenciones, sino a los potentados por su integración o su simbiosis con el aparato del Estado, que ya no es ni Social ni de Derecho, sino depredatorio.

El año 2013, de seguir así las cosas -y hay gente trabajando con nuestro dinero para que así sigan- no puede ser sino el año de la ira. A mí no me convencen las revoluciones y no me parece que, si alguna hay en marcha, tenga probabilidades de triunfar. Las manifestaciones y las protestas -en las que no faltan graves daños y perjuicios a muchas personas inocentes- ya no derriban ningún Gobierno. Las imágenes de multitudes en la calle no conmueven a los gobernantes y para los antidisturbios y otros menesteres menos claros no se escatiman los euros. Pero la ira es imparable y, añado, también irreprochable. Sin embargo, no es buena para la salud y de ahí que no quiera yo inflamar más mi ira ni la de otros. Así que es mejor que no siga escribiendo con frecuencia. En la opción entre las barricadas (la que más me apetece) y las catacumbas (la menos incómoda y la más fácil) escojo ésta segunda, porque es, para mí, la única posible, aunque no resulta ni heroica y ni siquiera airosa.

Sin embargo, quiero dedicar este final a dos serias propuestas de "recorte": la primera, relativa al Congreso y al Senado, inspirada en la reforma jibarizadora del Consejo General del Poder Judicial promovida por D. Alberto Ruiz Gallardón. La segunda, relativa al personal no escalafonado al servicio del Gobierno de la Nación, personal que se suprimiría, también ha recibido inspiración del Sr. Ruiz Gallardón, promotor de la  Ley Orgánica 8/2012, de 27 de diciembre, de medidas de eficiencia presupuestaria en la Administración de Justicia, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (B.O.E. de 28 de diciembre de 2012), tremenda ley por la que, de un golpe, se suprimen los jueces sustitutos, entre otras cosas. En la hipótesis meramente académica de que se hiciesen estas reformas (o incluso sólo una de ellas), es probable que la ira general no fuese en aumento.

La justificación de la primera reforma podría desarrollarse por extenso, pero, dada la disciplina de partido y el muy estrecho margen de actuación individual que los Reglamentos de Congreso y Senado atribuyen a Diputados y Senadores, los lectores entenderán que con la reforma que se propone se ahorraría mucho dinero, se estimularía de modo muy intenso la presencia de candidatos electorales con profesión y oficio conocidos al margen de la política y no padecería nada en absoluto el funcionamiento de las Cámaras, sin merma de su carácter institucional representativo, para lo que se prevén diversos actos plenarios. Dicho esto, ahí va la propuesta

REFORMA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS Y DEL SENADO DE ESPAÑA

Artículo Único. 1. Las incompatibilidades previstas hasta el presente para los miembros del Congreso de los Diputados y del Senado de España se aplicarán sólo a los Diputados y Senadores que, por acuerdo de su Grupo parlamentario, representen a éste, con voto ponderado según el número de Diputados o Senadores de su mismo grupo elegidos para cada Cámara. Cada Grupo Parlamentario designará tres Diputados y dos Senadores. Sólo estos Diputados y Senadores, así como los que integren el Grupo Mixto percibirán retribución fija por su condición parlamentaria, conforme al apartado 7 del artículo 71 de la Constitución Española.

Los restantes Diputados y Senadores podrán ejercer su profesión o desempeñar el oficio público o privado a que se dedicasen antes de su designación o, si careciesen de empleo, profesión u oficio, podrán buscar un puesto de trabajo con los subsidios y obligaciones que establecen las leyes. La prestación por desempleo durará un año desde que fueron elegidos o designados.

2. Las funciones propias del Congreso de los Diputados y del Senado de España, así como las de las Cortes Generales, serán desempeñadas en régimen de dedicación exclusiva por los Diputados y Senadores a que se refiere el parrafo primero del apartado anterior, mediante el ejercicio de su voto ponderado, con la sola excepción de los siguientes actos, a los que serán convocados todos los Diputados y Senadores:

1º) Actos de comienzo de legislatura y sesión en que se pronuncie discurso de investidura del Presidente del Gobierno.

2º) Mociones de censura.

3º) Intervención en cuestiones sucesorias relativas a la Corona, conforme a lo previsto en los arts. 57 a 63, incluidos, de la Constitución Española.

4º) Discursos de dignatarios extranjeros, cuando el Gobierno de la Nación considere oportuno que algunos de ellos se dirijan solemnemente a cualquiera de las Cámaras.

3. Para la presencia e intervención, si fuese necesaria, en los actos enumerados en el apartado anterior, los Diputados y Senadores sin dedicación exclusiva recibirán el correspondiente permiso o licencia remunerado, sin perjuicio de las dietas que en razón de esos actos se les asignen, en concepto de la asignación prevista en el apartado 7 del artículo 71 de la Constitución Española.

REFORMA PARA LA PROFESIONALIZACIÓN DEL GOBIERNO DE LA NACIÓN

PREÁMBULO
(inspirado en el de la Ley 8/2012, de 27 de diciembre, B.O.E. del día 28)

 En el actual contexto económico, se hace imprescindible la adopción de medidas que mejoren la eficiencia del Gobierno de la Nación.

Por ello se propone una reforma que garantice el servicio público que prestan directamente al Gobierno cierto número de personas, elevando sus niveles de profesionalización administrativa. Se pretende posibilitar que en la totalidad de los casos, el auxilio al Gobierno sea prestado por integrantes de los distintos Cuerpos de la Administración y que la actuación de asesores ajenos a esos Cuerpos sólo sea excepcional y ocasional, ante circunstancias de necesidad acreditada y motivada, prestando de esta manera un servicio de mayor profesionalización hacia los ciudadanos.

Artículo Único. 1. Se declaran vacantes y salen inmediatamente a concurso de traslado entre funcionarios del Cuerpo y grupo correspondiente, todos los puestos de trabajo que, en el ámbito del Gobierno de la Nación y de sus Ministerios y organismos dependientes, se encuentren actualmente desempeñados por personas que no pertenezcan a los Cuerpos de Funcionarios a los que, conforme a su configuración legal y reglamentaria, correspondería prestar los servicios del puesto de trabajo de que se trate. Sin perjuicio de convocatorias formales, los interesados pueden presentar sus instancias desde la entrada en vigor de la presente ley.

2. En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta Ley, se resolverán los concursos conforme a los principios constitucionales de mérito y capacidad. Transcurrido ese plazo, se amortizarán por ministerio de la ley los puestos de trabajo que no hubiesen sido adjudicados a personal funcionarial mediante los concursos aquí previstos.

Las puestos de trabajo continuarán desempeñados interinamente por sus actuales ocupantes hasta la resolución de los concursos.

3. Cuando el Gobierno de la Nación precise, excepcional y ocasionalmente, de asesoramiento o colaboración que no pueda ser prestada por personal de los Cuerpos de funcionarios existentes, podrá convocar concursos para contratación administrativa, conforme a la legislación correspondiente.

4. El Gobierno de la Nación adoptará las medidas oportunas para incentivar que la profesionalización aquí prevista se lleve a cabo en los ámbitos de gobierno de las Administraciones autonómicas y municipales.

Si están Vds. de acuerdo con las propuestas, envíen un SÍ a modo de comentario (sin perjuicio de añadir lo que quieran). Si no están de acuerdo, envíen un NO. Si no saben o no quieren contestar envíen NS/NC. Se lo ruego: me hace mucha ilusión terminar la primera etapa (o comenzar la segunda, tanto da) con una encuesta. No haber producido una encuesta en tres largos años es una frustración que me gustaría evitar. De aquí a un mes haré públicos los resultados en "post" especial de POR DERECHO -- II Época.

Muchísimas gracias a todos los lectores. Y hasta que toque salir de la catacumba.

¿QUIEREN DE VERDAD REDUCIR EL GASTO PÚBLICO?

¿QUIEREN DE VERDAD REEEMPLAZAR EL “ESTADO DE PARTIDOS” POR UN LIMPIO ESTADO DE DERECHO?

("Lo dudo, lo dudo, lo dudo..."
Trío Los Panchos)

Este post y el anterior quizá marquen el periodo de tiempo más largo entre nuevos textos en la pequeña historia de POR DERECHO, este blog que cumplirá tres años dentro de un par de meses.  En el tiempo transcurrido desde el 12 de marzo de 2012 hasta hoy, no han faltado noticias dignas de comentario, como las que aquí salen a relucir habitualmente. Lo que ha faltado -me ha faltado- es ocasión medianamente tranquila para escribir, sin incurrir en repeticiones. Curiosamente, no se ha producido una importante disminución de visitas, pese a que -lo comprendo- a los lectores habituales les podía desanimar no encontrarse con un nuevo “producto”. Ocurre, por un lado (el mío), que rechazo esclavizarme con una determinada periodicidad y, por otro lado, que la excesiva insistencia en ciertos temas y asuntos -por importantísimos que sean objetivamente- insensibiliza a los lectores, que rechazan ponerse a leer lo que les parece -quizá con toda razón- que ya leyeron y que, por añadidura, no va hacerles más felices, porque no se trata ni de buenas noticias ni de algo que les vaya a alegrar el día. Como no quiero oficiar de agorero ni de aguafiestas, si las novedades en sí mismas dignas de comentario van en la misma línea de lo que aquí ya se ha tratado, me abstengo de escribir. Porque, creánme, no encuentro ningún placer en reflejar y valorar la realidad en el mundo en que vivimos. Lo hago porque me parece necesario y porque los lectores habituales parecen considerar útil lo que aquí encuentran. Quizás eso explique que, aun sin post nuevo, las visitas se hayan mantenido: hay ya mucho material acumulado en este blog, que puede ser descubierto o releído.

Dicho lo anterior para explicarme, cosa que bien merecen los pocos fieles seguidores de POR DERECHO, vuelvo a las andadas con las dos preguntas de los titulares. Y la “percha” de la actualidad para el comentario (reiterativo: ¡qué le vamos a hacer!) me la proporciona indirectamente Dña. María Dolores de Cospedal, Secretaria General del Partido Popular (que ahora gobierna en España) y Presidenta de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Su marido fue nombrado miembro del Consejo de Red Eléctrica de España (REE), una empresa de esas nacidas de las privatizaciones a medias, que tanto han abundado. REE, empresa cotizada semi-pública, en la que el paquete de control (20%) está en manos del Estado, tiene como principal actividad mantener y gestionar la infraestructura que transporta la energía eléctrica que España necesita: http://www.ree.es/

Tenemos pluraridad de empresas de producción y suministro de energía a los consumidores, pero sólo una -REE- de transporte y operación para recibirla y repartirla: es la dueña de las líneas de alta tensión y de otras instalaciones necesarias. Bien: pues ocurre que D. Ignacio López del Hierro, consorte de la Sra. Cospedal, iba a ser consejero de REE con una retribución anual de 180.000 euros, que nadie ha desmentido. Son doce mensualidades de 15.000 euros.  Lamentablemente para los sacrificados consejeros de REE, se trata de la retribución bruta, con lo que, al mes, neto y sin pagas extras, vendrían a ser unos 7.000 euros y pico, a nada que las retenciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) se pusiesen en su tramo más alto, lo que no tendría nada de extraño. En todo caso, es un puesto -que no, insisto, un trabajo- de esos calificables como perita en dulce.

Porque ser consejero de REE no es un trabajo constante, sino un cargo sin apenas trabajo. El consejo se presta por esos consejeros, denominados “independientes”, cuando asisten a unos pocas sesiones del Consejo, cada año. Es una ocupación discontinua, pero, como ven, muy bien retribuida. La cosa de López del Hierro se frustró y mucho se ha escrito acerca de quién o quiénes acercaron a López del Hierro hasta el nombramiento (además de él mismo, claro está) y quién o quiénes frustraron el éxito de la operación, que se presentó como renuncia voluntaria en vista del revuelo mediático, para no perjudicar la carrera de la mujer (lo mismo que la de otro consejero frustrado, para no dañar la imagen de su hermano gemelo, que ocupa un alto cargo muy próximo al presidente del Gobierno). Se ha hablado y aún se habla, como decisiva en la frustración, de la Vicepresidenta primera del Gobierno, Dña. Soraya Sáenz de Santamaría, con el ingrediente de que su marido ha sido contratado recientemente por Telefónica (o Movistar) para un puesto ejecutivo relevante, del que no se conoce la remuneración. Las comparaciones entre las dos situaciones se han echado a la palestra, así como las versiones contradictorias de lo sucedido.

El “culebrón” ha proseguido en torno a la Sra. De Cospedal, a causa de informaciones sobre el también frustrado nombramiento de su hermano, D. Ricardo, como mandamás de la Fundación Carolina, una entidad mixta, público-privada, constituida en 2000, que todavía dirige Rosa Conde, ex-ministra con D. Felipe González, millonario hombre de negocios, que antaño fue Secretario General del PSOE. Vean, si quieren, qué es, qué hace y a quién se ha involucrado en esta fundación: http://www.fundacioncarolina.es/es-ES/Paginas/index.aspx

Vaya por delante que no son iguales, sino diferentes, las situaciones de partida de los dos consortes. El marido de la Vicepresidente del Gobierno, Iván Rosa Vallejo, que es abogado del Estado desde el año 1996,  ha trabajado en la Comisión Europea como experto en cooperación judicial internacional, ha sido Consejero de Justicia en la Representación Permanente de España en la Unión Europea y ejercía hasta su fichaje como Abogado del Estado en la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos. Ignacio López del Hierro, marido de la Sra. Cospedal, es una figura conocida por los expertos en el mundo inmobiliario español, ahora dedicado a otros negocios, pero, en todo caso, con muy variada experiencia en consejos de administración (Metrovacesa, de la que fue consejero delegado, Gecina, Bami NewCo, donde fue sancionado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores), aunque lo más llamativo es que alcanzara el consejo de la denominada Corporación Industrial de Caja Castilla La Mancha (CCLM), intervenida en 2008 por el Banco de España. Se inició en la política como Gobernador Civil de Toledo, en 1977 y posteriormente de Sevilla. En Sevilla comenzó a tejer sus relaciones de negocios, casó en primeras nupcias y comenzó a ser lo que se llama un ganador.

Se trata, como pueden ver, de dos “perfiles” y trayectorias profesionales muy diferentes. Lo de Iván Rosa Vallejo está en la clarísima línea, que se remonta -por lo que sé personalmente- al paleofranquismo, de la fuerza social y política del Cuerpo de Abogados del Estado, en el que -justo es subrayarlo- D. Iván se encontraba en activo. Pero importan más aún las diferencias entre el trabajo que ha aceptado el marido de Dña. Soraya S. de S. y el cargo que ocupó durante sólo dos días el consorte de Dña. María Dolores de Cospedal. El primero es eso, un trabajo; el segundo, un cargo. Seguramente no estará mal remunerado el trabajo, acorde con el curriculum de D. Iván y, por lo que se sabe, ofrecido a este señor en razón de lo que tiene acreditado y de lo que Telefónica (o Movistar) quiere que haga. Sólo le veo una pega al fichaje de D. Iván. Y es que no me parece muy convincente la consecuencia, ya anunciada por la misma Vicepresidenta del Gobierno, su mujer, de que ella va a abstenerse en lo sucesivo, en el Consejo de Ministros, siempre que se decida algo que afecte a Telefónica (o Movistar). Esa abstención es, en principio, claramente indeseable, porque lo deseable y procedente es que todos los miembros de un Gobierno puedan participar con plenitud en él. Si la Vicepresidenta considera necesario abstenerse cuando aparezca Telefónica (o Movistar), se estaría admitiendo un conflicto de intereses entre su cargo y el trabajo de su marido. Y si existe de verdad tal conflicto (no lo tengo por cierto porque habría que ver cuál es el nivel de decisión de D. Iván en Telefónica y cuál su implicación directa en lo que afecte a Telefónica (o Movistar), entonces, aunque parezca injusta limitación de la carrera de D. Iván, no debería haber aceptado el puesto, para no mermar las funciones públicas de su mujer. Evidentemente habría que ver la intensidad del interés de D. Iván en Telefónica, porque si no se trata de un directivo que se lucre según resulten beneficios para su empresa de lo que decida el Gobierno, sino sólo de un trabajador con alta cualificación pagado exclusivamente en razón de su trabajo, me parece que la abstención sistemática de la Vicepresidente sería quizás una exageración poco razonable, como si un Ministro de Educación tuviese que abstenerse en todo lo relacionado con las Universidades por estar casado con una Catedrática de Universidad o una Ministra de Sanidad estuviese limitada en su capacidad de decisión en todo lo relativo a la Sanidad Pública, por ser su marido Jefe de un Servicio en un Hospital público. Hay que pensar esto un poco más.

Pero, aparte de esta cuestión, lo principal es que resulta sencillamente escandaloso pagar 180.000 euros anuales por un puesto que, a lo sumo, exigirá asistir a diez reuniones en un año, un puesto para el que cualquier lector y yo mismo probablemente estaríamos ya cualficados.

La “nuez” de esta historia no es la discusión anterior sobre mujeres y maridos, sino el hecho de que en empresas públicas -públicas en la práctica- se paguen sumas astronómicas a los consejeros, que, para mayor escarnio, denominan “independientes” y que nos enteremos de ese “pequeño detalle” precisamente cuando nos estaban contando medidas adoptadas para adelgazar el sector público en ese ámbito de las empresas públicas o semi-. No es suficiente con lo que han hecho Vds., Sres. del Gobierno: acaben con estas prebendas en las grandes, medianas y pequeñas empresas semi-públicas, sin intentar ampararse en que parte del capital es de accionistas privados ni en que cotizan en Bolsa. Acaben con el reparto de cargos entre amigos de unos y otros partidos en esas islas de exceso retributivo injustificable. Paguen bien el trabajo diario que requiera una alta cualificación, pero no intenten simular que están haciendo recortes serios cuando aún mantienen docenas o centenares de chollos. Y no intenten despojar aún más a los ciudadanos corrientes y a los funcionarios de carrera de sus magras retribuciones mientras no hayan liquidado lo superfluo que cuesta muchos millones.

La legitimación imprescindible para pedir más sacrificios o imponer más recortes exige que se nos informe detalladamente de empresas mantenidas y eliminadas, de cargos mantenidos o eliminados, de las retribuciones mantenidas, disminuidas o suprimidas y, del mismo modo, de todo lo concerniente a asesores perfectamente reemplazables por funcionarios cualificados ya en nómina (número, remuneraciones, etc.). El sector público está muy lejos de haber “adelgazado” razonablemente y de forma equitativa.

ULTRALIBERALES LOCOIDES QUE ODIAN LO PÚBLICO PERO SE ENRIQUECEN CON ELLO

No deje el Gobierno de sentirse urgido al “adelgazamiento” del sector público a causa de las inyecciones de dinero del Banco Central Europeo (más deuda futura). Revise a fondo lo que, más allá de cualquier liberalismo sensato, se hizo a causa de una demonización extrema de lo público y de una fanática exaltación de lo privado que, no sólo eran injustas y contrarias a la experiencia, sino que constituyeron una amalgama aprovechada para una muy oscura implicación de lo público y lo político con lo privado, de la que resultaron demasiados episodios de desmedido lucro personal, manejados por la clase política en beneficio de los más listos de los suyos. El efecto de demasiados empresarios winners, supertriunfadores, a base de especular con el dinero ajeno, ha sido, está siendo aún, demasiado prolongado y con demasiado aprovechamiento de listillos y listillas sin más experiencia real que la de la política de partidos.

Ha habido una alianza de aprovechados y de fanáticos de un ultraliberalismo locoide, generadora de beneficios estrictamente privados con un enorme aumento del gasto público. No quiero detenerme a hablar, al menos hoy, de la impostura o de la locura pretendidamente liberal que, además de engendrar montajes impresentables bajo la bandera de la libre competencia, del mercado libre y de la libertad económica, ha prostituido y enfangado la consideración social de cualquier genuino liberalismo. Y resulta que sí, que lo privado es lo bueno, lo buenísimo (hablan, claro, de su lucro privado, privadísimo), pero eso sólo fue posible gracias a lo que esos ultraliberales locoides presuntamente más odian (pero más han deseado y fomentado): un engrosamiento monstruoso, una mórbida obesidad del Estado (central, autonomías y municipios). Son pseudoliberales sin vergüenza (o sea, sinvergüenzas mal disfrazados de liberales) los que tienen siempre a flor de labios la necesidad de altas remuneraciones en el sector público o semipúblico a fin de que, con los esquemas de la competitividad, se pueda reclutar a los mejores. Con esa cantilena, justifican que ellos mismos o sus amigos cobren mucho por no trabajar nada o muy poco y, a la vez, promueven que se recorten aún más los sueldos de la generalidad de los funcionarios.

La vorágine pretendidamente liberalizadora ha debilitado al Estado al llevarlo, a la vez, a la quiebra económica y al hundimiento moral. El Estado esta siendo visto por la generalidad como un tinglado insaciablemente depredador del ciudadano común con el menor pretexto. Los funcionarios, seleccionados con cierto nivel de exigencia y con parámetros de mérito y capacidad revisable incluso ante los Tribunales de Justicia, fueron y son presentados colectiva y generalmente como vampiros, justo mientras las estructuras decisorias se llenaban de empleados públicos digitales, teóricamente interinos y, sobre todo, de cargos medios bien remunerados, de libre designación, a quienes se confiaba lo que le correspondía a una sana y profesional Administración Pública. La ineficiencia administrativa -de la que se habla poco, porque el chivo expiatorio es la Justicia, no ya desatendida, sino ocupada e internamente machacada por políticos y amigos de políticos- ha aumentado penosamente. Repetidos intentos de “ventanilla única” y otras iniciativas parecidas -p. ej., la máxima profesionalización de la carrera administrativa, tantas veces prometida- han conocido un fracaso estrepitoso, siempre atribuido falsamente a los funcionarios. De manera que no sólo no hemos avanzado, sino que seguimos retrocediendo en la quiebra social y moral del Estado, que es incompatible con toda seria pretensión de restaurar un Estado de Derecho.

Hay que identificar muy bien -tampoco sería muy difícil, si se quisiera- las zonas y rincones del Estado (incluidas Comunidades Autónomas y Municipios) que sirven y que de hecho son aprovechadas, no ya para el negocio oscuro y maloliente, con el tráfico de influencias y el cohecho como instrumentos, sino para la prebenda y la sinecura injustificables. No está de moda, lo sé, pero hay que volver a que se considere el Estado como un espacio para el servicio, no para el lucro y menos para enriquecerse rápida e injustamente. Puede ser una labor larga. Por eso hay que comenzarla con decisión y sin pérdida de tiempo. No discutan con los pretendidos liberales que pongan pegas a este planteamiento. No merecen sino desprecio, descrédito social y, muchas veces, cárcel.

¿Piensan Vds. que todo lo anterior nada tiene que ver con la indisimulada impaciencia y enfado con España y Rajoy expresados por Mario Monti, Primer Ministro italiano y Olli Rehn, Comisario europeo de Asuntos Económicos, aunque luego hayan medio rectificado? Yo lo veo muy relacionado.

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P.S. Al ver el "post" por tercera vez, me ha venido a la cabeza el tema central de ese bolerazo de Los Panchos: "Lo dudo, lo dudo, lo dudo... (que halles un amor más  puro como el que tienes en mí)"; por si quieren entretenerse, escuchen: http://www.youtube.com/watch?v=rcRfi1B-0E0. Podría, si acaso, adaptarse la letra en otro sentido: "lo dudo, lo dudo, lo dudo, que halles un lucro tan puro como el que viene de mí". Que cada uno elucubre lo que quiera sobre el "mí".

DE PRONTO, ZAPATERO & CO. CREEN EN LA CONSTITUCIÓN, PERO, ¿QUIÉN CREE A ZAPATERO & CO?

LOS NUEVOS “AJUSTES” DEL “GOBIERNO DE ESPAÑA”: EXPRIMIR A LOS DEMÁS PARA MALGASTAR ELLOS

(actualizado a 25 de agosto de 2011)

El “Gobierno de España” no es una entelequia, como algunos piensan y hasta lo dicen. No: ahí están el Presidente, dos Vicepresidencias y trece Ministerios, con sus Secretarías de Estado,  Subsecretarías y Direcciones Generales. Ahí están los centenares de asesores, las Agencias, los Consejos, los Observatorios y las todavía numerosísimas empresas públicas, muchas de ellas dudosamente útiles. No hablemos ya de las Comunidades Autónomas ni de los grandes Ayuntamientos, a los que por ley cabría reducir de tamaño. Eso sigue igual tras el último Consejo de Ministros. Las grandes medidas fueron: reducir el IVA en la compraventa de viviendas, imponer los medicamentos genéricos en el sistema público de salud e introducir cambios en el pago del impuesto de sociedades para que el Tesoro ingrese más rápidamente algunos millones de euros más.

Nadie ha considerado que esos “ajustes” fuesen en verdad relevantes en cuanto al déficit público. Incluso resulta que el del IVA favorece a los bancos con activos inmobiliarios, mucho más que animar el exánime mercado de la vivienda. De manera que ahora se anuncian, para dentro de unos días, dos medidas. Una es reducir un 8% lo que los funcionarios de la Administración del Estado -al parecer, no los de otras Administraciones- perciben como retribución ligada a la productividad (sin que esté claro qué parte de la retribución será considerada así). Es una reforma de color gris, de la que se ha hablado muy poco en los “medios”, oscurecida del todo por la segunda medida.

Porque la segunda medida presenta los colores del arco iris con su máximo fulgor y se pregona con focos y música apropiada para enfervorizar al mundo (me parece escuchar marchas militares y también una versión marchosa del segundo movimiento del Cuarteto de cuerda nº 62, op. 76, nº. 3, de Franz Joseph Haydn, el Kaiserquartett.) (A ver si les suena: http://www.youtube.com/watch?v=4t3Vmo_EM8Y.) ¿Pensarán que “los mercados” son idiotas y que Frau Merkel, que a veces se equivoca, se va a dejar engañar? ¿Pensarán que así se amansarán los analistas y los números dejarán de significar lo que significan?

Y es que la segunda medida consistiría, nada más y nada menos, que en reformar la Constitución Española de manera que en ésta constase expresamente un límite (por ahora sin definir) al déficit público. No es una idea muy original (de hecho, es copia de antiguas y recientísimas propuestas, nacionales y extranjeras), pero ha quedado resultona, con aspecto de gran cosa y todo el mundo está aplaudiendo.

Me niego a sumarme al aplauso. Todo lo contrario. Primero, porque la constitucionalización del límite del déficit sólo sería buena ahora si se acertase en el límite y el acierto no es seguro, sino muy difícil arriesgado. Si se fuese a constitucionalizar un “déficit 0” se exageraría, porque una economía puede estar sana con algún endeudamiento razonable. En cualquier otro caso de límite de déficit, podríamos, como quien dice, pillarnos los dedos, porque lo que ahora conviene puede ser malo dentro de pocos años y no es serio andar reformando la Constitución cada dos por tres.

[ACTUALIZACIÓN: Introducir en la Constitución una fórmula "flexible" de limitación del déficit, como ahora se está matizando, resultaría nefasto: la mucha "flexibilidad" sería, no ya lo mismo que no decir nada, sino algo mucho peor: el germen de discusiones constantes sobre constitucionalidad de la acción de los poderes públicos, con remisión de parte de esas discusiones al Tribunal Constitucional. ¡Lo que nos faltaba! O, más castizamente: "¡por si fuéramos pocos, parió la abuela!". ¡El TC dictaminando sobre el déficit!]

Así que reformar la Constitución para limitar el déficit público me parece una bobada peligrosa, porque un buen límite actual se podría pactar públicamente, con la máxima solemnidad, sin necesidad de abrir el melón de cambiar el texto constitucional, precisamente ahora, con nacionalismos independentistas rampantes y otros extremismos no menos dañinos. De hecho, cuando esto escribo ya están “las redes” ardiendo con peticiones de reformas y referenda con los más diversos contenidos.

En segundo lugar, no aplaudo, sino que silbo y pateo la propuesta,  porque no puedo creer que quienes han hecho y hacen de la Constitución (y del Derecho) tan grandísimo y constante escarnio se hayan convertido o se vayan a convertir ahora en personajes respetuosos con la Norma fundamental y con el Derecho, que han tenido la costumbre de pisotear. Esta iniciativa, viniendo de Rodríguez Zapatero, con el respaldo del PSOE, es una burla, un sarcasmo, una tomadura de pelo. ¿Acaso no será el déficit un concepto “discutido y discutible”? ¿Que la reforma es avalada también por el PP? Me da igual. También el PP ha sido cooperador necesario de la repetida infracción de los artículos 117 y 122 de la Constitución Española, en materia más importante aún que el déficit público, como es la independencia de la Justicia y su impartición por los Jueces y Magistrados constitucionalmente previstos.

Mas, por si fuera poco, ocurre -y es lo más irritante- que la medida -puramente verbal- de constitucionalizar no se sabe qué límite del déficit público, viene acompañada de una enésima ocasión desperdiciada de reducir enseguida el gasto público y del anuncio de un nuevo expolio de varios millones de familias españolas: las de los funcionarios, bastantes de los cuales han de vivir con un régimen de incompatibilidades en algunos puntos más duro que el de los mismísimos jueces.

Los funcionarios de carrera no son millonarios y sí han debido superar, en muchos casos, unas pruebas competitivas de cierta dureza. Pero los políticos se han encargado de desmoralizarlos y de crear en España un laberinto normativo y organizativo que impide cualquier Administración Pública seria. Sin embargo, los funcionarios, con los que lidia el ciudadano, son los malos de la película. Los malos son los Inspectores del Banco de España que avisaron inútilmente a su jefe de la burbuja financiera y de la excesiva “exposición al ladrillo” de bancos y cajas. Los malos son los Inspectores de Hacienda que, de vez en cuando, hacen llegar al público algunas verdades. Los malos son los profesores que, a pesar de los pesares ajenos y propios, han alzado la voz sobre la degradación de la enseñanza con cada reforma. Los malos son los médicos que, también a pesar de parecidos pesares, dispensan una sanidad pública de buena calidad. Pues, todos éstos, los funcionarios, los malos, van a ser, de nuevo, los atracados en beneficio de las arcas públicas vaciadas por una clase política intelectualmente indigente y éticamente inane. Los funcionarios, los malos, se empobrecerán de inmediato, no para reactivar la economía española real (el consumo, la demanda y la producción) (todo lo contrario), sino para que no eche el cierre la insaciable industria extractiva de la clase política.

[ACTUALIZACIÓN: Después de publicado este post, desde el Gobierno se empieza a hablar de aumentar los impuestos a "los ricos", como para hacer más presentable el expolio al funcionariado y no quedarse atrás de lo que es clamor en otros países. La cuestión es qué van a entender  por "ricos". Y me temo, por los criterios que se han barajado en otros momentos, que no se trate de los "mega ricos" o "super-ricos" que diría Warren Buffet, sino que afecte a la clase media y no sólo a la clase "media alta", lo mismo que a las "grandes fortunas". Cuanto más amplia fuese la noción de "ricos", mayor sería la explotación fiscal, depresiva de la economía real. Y menos se entendería el 8% de reducción a los funcionarios a cuenta de la productividad.]

Es grosero, casi lascivo y obsceno, el modo en que nuestros gobernantes miran a los votantes. Miran a los votantes sin mirar la realidad, ni la doméstica ni la mundial. Y miran a los votantes exclusivamente como los elementos necesarios para no perder, de aquí en unos meses, sus propios empleos, sus sueldos, su poder y los grandes negocios que, de vez en cuando (es decir, siempre que se tercie), pueden hacer con ciertos amigos del “sector económico”. Los negocios de los aeropuertos innecesarios, del AVE con 9 pasajeros diarios, de privatizaciones muy sospechosas de gran lucro individual sin beneficio general, de la informatización doblemente analfabeta de la Justicia, que la paraliza pero que viene suponiendo contratos millonarios, de los carnet de identidad con microchip que no sirven para nada, de las políticas energéticas super-primadas que luego dejan caer, etc., etc.

Ante esto, tan sabido y verbalmente aborrecido como inalterado e inalterable, vuelvo a repetir, primero, que los votantes no son tontos y, segundo, que estos gobernantes (jobernantes, más bien) y sus acólitos siguen, erre que erre, jugando con fuego. Se quemarán, sin duda, pero lo malo es que el fuego hará otros estragos que no nos merecemos.

Nada que no sea entre malo y  catastrófico se puede esperar de la concreta tropa socialista de este PSOE, que es tanto el de ZP  como el del Sr. Rubalcaba, “llamadme Alfredo”. Otra tomadura de pelo sangrante lo de la gran promesa de la izquierda renovada, el Sr. Rubalcaba, descubridor de instituciones inútiles que ha mantenido durante lustros sin el menor problema, con González y con ZP, y que ya anuncia la continuidad de las más preciadas joyas del equipo ZP (Chacón, Pajín, Jiménez, etc.) Mientras, D. Mariano y su gente, a la expectativa y a remolque. Pero de las opciones para el 20-N habrá que tratar con más detenimiento en el futuro.

DESDE HOY, SI ME MUERO, DEMANDO AL “GOBIERNO DE ESPAÑA”

COMIENZO Y HORIZONTE DEL AÑO DOS MIL ONCE

(Resistencia de los fumadores y otros asuntos)

Estoy muy contento con el modo en que he comenzado el año 2011. No ha sido placentero, pero he tenido la grata sensación de que empezaba con un acto que aunaba coherencia y utilidad. En esta mañana vacía del 1 de enero de 2011, he marcado el número 902 de la Notaría de guardia. “Este es el servicio de Notaría telefónica del Distrito de Malaparte, disponible los días festivos. El número desde el que llama ha quedado registrado, así como la compañía operadora. Si llama por llamar, por molestar o por mera curiosidad, cuelgue inmediatamente o será sancionado con multa de 5 a 500 euros. Si llama por alguna razón o motivo serios, marque 1”. Así lo he hecho y después de pulsar por décima vez distintas teclas, he llegado a este punto: “si quiere modificar su testamento, marque almohadilla”. He marcado almohadilla: “si quiere eliminar alguna disposición de su testamento, marque 1. Si quiere añadir alguna disposición a su testamento, marque 2”. He marcado 2. “Esta comunicación -he escuchado enseguida- se grabará a partir de ahora. Si acepta la grabación marque 1. En caso contrario, cuelgue inmediatamente” He marcado 1. “Diga el nombre y apellidos con que figura en el registro civil. Después, marque almohadilla y teclee los números de su Documento Nacional de Identidad.” Cumplimentadas estas instrucciones, he escuchado las siguientes palabras: “Diga brevemente la disposición testamentaria que desea añadir. Dispone de un máximo de tres minutos, que se cargarán a su cuenta”. Entonces he dicho: “En el improbable caso de mi fallecimiento a causa de enfermedad, mando a mi albacea demandar al Gobierno de España, antes de la eventual aceptación de mi herencia, reclamando la cantidad de 600.000 euros, en concepto de daños morales a mis herederos y al amparo de los preceptos constitucionales y legales que establecen la responsabilidad objetiva del Estado por funcionamiento normal o anormal del servicio, dado que el Estado asumió por completo la salvaguarda de mi salud, con prohibiciones de toda clase destinadas a preservarla. El importe de la indemnización, añádase al caudal relicto y distribúyase conforme a las instrucciones testamentarias”.

¡Uf! He logrado decir todo eso antes de que pasasen los tres minutos (lo tenía escrito y ensayado). Y no vayan a pensar que no va en serio lo de “los preceptos constitucionales y legales”. Ocurre que la cita era muy larga, pero aquí están: artículo 106.2 de la Constitución Española formalmente en vigor: “Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”. Los “términos establecidos por la ley” son los de los arts. 139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El art. 139 de esta Ley (verán que tenia que abreviar) dice: “1. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.” El aptdo. 2 de ese mismo precepto exige sea “efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas”, lo que es aplicable a mi caso, porque, además, centenares de sentencias del Tribunal Supremo admiten la indemización por daños morales.

De manera que me he quedado muy satisfecho en este comienzo del 2011. Cambiar así mi testamento era lo menos que podía hacer ya que el Estado español ha entendido que, en beneficio de mi salud, no puedo fumar ni siquiera junto a otros fumadores, en bares para fumadores, restaurantes para fumadores, espacios acotados para fumadores, etc. Es evidente que una prohibición así no responde a la razón de no dañar o molestar a otros, sino a haber asumido el Estado, desconfiando de mí mismo, el cuidado de mi salud, prohibiéndome correr riesgos para ese precioso bien, del que tanto se ha hablado precisamente en estas fechas. Poco importa que el Estado haya descuidado prohibir la ingesta de alimentos que, con seguridad o alta probabilidad, sean nocivos para la salud de quien se alimenta, dado el estado de sus arterias, la irritabilidad de su colon o sus niveles de colesterol o glucosa en sangre. A pesar de esa y otras posibles omisiones -prohibiciones dirigidas a evitar riesgos contra la salud psíquica, por ejemplo-, es indudable que el principio de confianza en la responsabilidad individual respecto de la propia salud ha sido sustituido por la responsabilidad del Estado respecto de la salud de todos y cada uno de los individuos. Por eso, si me muero por enfermedad, el Estado es el responsable. Pues que pague. Y como la ley es estatal, que pague, en concreto, la Administración del Estado.

¿Me he pasado en el importe de la indemnización? Me parece que no: consultados previamente mis herederos sobre los daños morales que mi muerte les produciría, a todos les pareció razonable valorarlos en qué menos que cien millones de las antiguas pesetas. Es verdad que me quiere bastante esa buena gente. Pero eso es lo que el Tribunal Supremo, a propósito de los daños morales, llama, con gran erudición, “praetium doloris”. Y, ¿quién soy yo para rectificar el importe del precio del dolor de mis herederos, fijado por ellos mismos? Ya se encargará la Administración de no cumplir la ley y la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de interpretarla, como suele, según el principio “pro Administratione” y dar la razón a la Administración. Pero yo ya no viviré para disgustarme o desesperarme.

¡FUMADORES: NO RENDIRSE!

Mientras tanto, llamo modestamente a los fumadores empedernidos a actuar de este y otros modos que se les puedan ocurrir. Nada de rendirse. Haremos un gran desfile del Día del Orgullo Fumador, cerrando al tráfico, por un día, el centro de todas las ciudades.

Por lo demás, podemos prepararnos todos para ver cómo cierran bares y restaurantes y cómo los nuevos delitos de la enésima reforma (Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, ya en vigor) del “Código Penal de la Democracia”, aquél que en 1995 por fin dotaba de la tan ansiada estabilidad jurídico-democrática a la sociedad española, desincentivan la actividad empresarial, previendo incluso que sean las personas jurídicas las que cometan delitos (algo que nunca entenderé por mucho que me lo expliquen... quienes tampoco lo entienden). Los que se sientan con ánimo fuerte y dispongan de un sistema digestivo blindado con omeprazoles y quieran saber algo más, dénse un paseo por el nuevo Código Penal, consultando, a título de ejemplo, las innovaciones que encontrarán gracias a estos enlaces: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l1t2.html (responsabilidad penal de las personas jurídicas); http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t16.html (delitos urbanísticos y ecológicos en sentido amplísimo) o http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t13.html#a286b (varios).

No quiero ser agorero. Pero tampoco es cosa de decir gansadas sobre este nuevo año 2011. A falta de euros, ni contantes y sonantes ni virtuales, en las arcas públicas, lo que es de esperar del Estado (incluidas Autonomías y Ayuntamientos, Cabildos, Mancomunidades, Diputaciones, etc.) son, principalísimamente, dos cosas, en el mejor de los casos. Primera: que intenten extraernos todo el dinero que puedan, vía impuestos, tasas, multas (¡más multas!) y tarifas de esas que llaman “reguladas”, es decir, que pagamos dos veces: una, directa y otra, indirecta. Segunda: que legislen y reglamenten. Ésta es una actividad del Estado, no baratísima, sino de coste cero, puesto que ya disponen de efectivos humanos para inventar, escribir, redactar y publicar (en los Boletines oficiales electrónicos) leyes y reglamentos de todas clases y sobre cualquier asunto. A su vez, las nuevas leyes y reglamentos permiten establecer nuevas sanciones económicas y la necesidad de más autorizaciones y licencias, que nunca son gratuitas. O sea, que lo que cabe esperar -insisto: en el mejor de los casos- es que el Estado y gran parte de sus servidores se dediquen al ciclo continuo recaudación-legislación-recaudación y vuelta a empezar, como la máquina del perpetuum mobile. Este perpetuum mobile no va a tener nada que ver con el de Johann Strauss (escuchen, precisamente en la fecha del tradicional concierto vienés, la versión de la Wiener Philharmoniher, dirigida por Herbert Von Karajan, mediante este link: http://www.youtube.com/watch?v=b-2j_27FeH0), un juguete musical inspirado y amable. Va a ser, más bien, parecido a un martillo neumático, que de amable no tiene nada.

He escrito dos veces “en el mejor de los casos”. Porque la verdad es que la caída de la demanda y de la producción y la subida del paro, que es una situación ya en sí misma durísima, está acompañada por el tremendo endeudamiento del mismísimo “Reino de España”. Y esa “burbuja”, si estalla, no parece que nadie sepa, ni por aproximación, lo que puede llevarse por delante. Pero sería, sin duda, una gran catástrofe.

Pero, en fin, seamos optimistas y supongamos que se evita la catástrofe. Entonces, la “clase política”, contenta y tranquila en su gran microcosmos de privilegios nomenklaturistas, seguirá sus pasos habituales, los únicos que conoce: recaudar, legislar y reglamentar y vuelta a recaudar und so geht’s immer weiter!, como solían decir al unísono los músicos de la Wiener Philharmoniker al terminar el Perpetuum Mobile de Strauss: y así siempre igual de nuevo. Pero yo espero que, por fin, en el nuevo año 2011 se les ocurrirá, cuando menos, comenzar a elaborar el “Código Integral de la Corrección” o “Codigo de la Corrección Integral” (como prefieran) (la corrección cultural, idiomática, política, etc.), para que sepamos, de una vez, qué se puede, no ya pensar, pero al menos decir, sin que a uno le linchen, le multen o le lleven a juicio penal. Ya que las libertades de opinión y expresión han sido tan recortadas que, de hecho, no existen, que nos entreguen, a cambio, alguna seguridad jurídica.

LA JUSTICIA, EN EL "PLAN GLOBAL" DE RAJOY

UN ENFOQUE MEJORABLE

El Presidente del PP, D. Mariano Rajoy, acaba de hacer unas amplias declaraciones a la agencia "Europa Press", anunciando un "plan global" que, en caso de ganar las elecciones, presentará al parlamento como primera providencia. Se trata, dice la agencia, de un plan para  generar confianza y certidumbre en la economía española.

No me ocuparé aquí más que de lo poco que ha dicho sobre la Administración de Justicia. Lo relativo a la Justicia ha sido, según afirma la misma agencia y todos los medios que se han hecho eco de las declaraciones, la siguiente frase:

"La reforma de la Justicia también formará parte de las prioridades porque 'tiene una enorme influencia en la economía' y los asuntos no pueden eternizarse 'sine die'".

Sería muy deseable que, con carácter general, se dejase de hablar de "la reforma de la Justicia", porque ese artículo determinado "la" en "la reforma", confiere al propósito reformista, conforme a la lengua española,  un tono o aire mesiánico, como de arribada al Paraíso, a la perfección definitiva. Y ese tono resulta de grotesca pedantería y de ignara suficiencia cuando hemos conocido, respecto de la Justicia, tantas reformas que, todas ellas, se presentaban como "la reforma", sin pasar de ser, en realidad, unos cambios concretos, más o menos amplios, que, en su gran mayoría, no sólo no han acercado nuestra Justicia a ningún paraíso ni perfección, sino que, por el contrario, la han empeorado grandemente. Sin ir muy lejos, el Partido Popular, que hoy preside el Sr. Rajoy, ha sido plenamente responsable (aunque no el único responsable: también puso lo suyo el PSOE) de dos reformas deplorables: una en 2003 (con Aznar aún en la presidencia del PP) y otra en 2009. Ya me he ocupado de esos cambios en este mismo blog.

Sería propio de políticos y legisladores prudentes (y respetuosos con el pluralismo y las libertades intelectuales) hablar de "una reforma" de la Justicia (o del Parlamento, o del Gobierno, o de la estructura del Estado, ¿o sólo hay que reformar la Justicia?). El artículo indeterminado no impediría añadidos significativos del ámbito material de la reforma o incluso de sus criterios inspiradores. De vez en cuando, esos políticos y legisladores (ideales) podrían tener la elegancia de ser humildes y referirse a sus concretos proyectos calificándolos como "modesta reforma". Ha habido "modestas reformas" con enormes efectos positivos. Así, por ejemplo, el Real Decreto-Ley de 2 de abril de 1924, llamado de "términos judiciales", que, con sólo "tocar" unos pocos artículos de la vieja Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, redujo extraordinariamente las dilaciones de los procesos civiles.

Dicho lo anterior y reconociendo gustosamente que el artículo determinado en cuestión no es necesariamente atribuible al Sr. Rajoy, sino a la citada "Europa Press", presentar la necesidad de reformas en la Justicia española en razón de su "enorme influencia en la economía" sólo está perfectamente justificado por tratarse de un "Plan Gobal" relativo exclusivamente a la economía. Si no fuese así, resultaría un enfoque de mínima altura, pues, por encima del innegable efecto en la economía de una buena o una mala Justicia, en ésta se juegan valores aún superiores a los económicos y no digamos a los macro-económicos.

Pero es que la siguiente afirmación del Sr. Rajoy, es decir, la relativa al por qué de la "enorme influencia" es errónea por varios motivos. El primero de ellos es que esa "enorme influencia" no guarda relación sólo ni principalmente con la rapidez de los tribunales en la resolución de los asuntos, sino, más aún, con la calidad de las sentencias y con su predictibilidad, es decir, con la seguridad jurídica que la Justicia proporciona. Por utilizar el manido pero expresivo ejemplo, lo que unos inversores extranjeros consideran no es sólo ni principalmente cuánto tardan los tribunales, sino si son independientes e imparciales y si sus sentencias suponen interpretaciones autorizadas de las leyes y de los contratos (o de los preceptos penales o de la legislación laboral) o si, por el contrario, la Justicia de un determinado país carece de independencia y está más o menos corrompida o interferida por los poderes políticos o fácticos y, supuesto que no sea así, si es raro o frecuente el fenómeno de la llamada "jurisprudencia contradictoria". A esos inversores les interesa también, desde luego, si se resuelven los asuntos litigiosos en períodos razonables, pero no sólo ni primariamente ese dato. Antes les importa lo que acabo de decir.

El Sr. Rajoy, por su ambiente familiar (su padre fue Presidente de la Audiencia Provincial de Pontevedra), sintió durante unos cuantos años gran afición por la Justicia y, de hecho, no es un secreto que apeteció en varias ocasiones el Ministerio correspondiente. Seguramente es ésa una aspiración hoy abandonada. Y desde luego, es una afición no cultivada. Digo esto porque el segundo error del Presidente del PP en esa declaración significa que no le proporcionan información fiable o él no la pide. No es cierta, sino errónea, la afirmación general (que es la que ha hecho Rajoy) de que los asuntos judiciales se eternizan sine die en España (por cierto que si se eternizaran, sería necesariamente "sine die").

Hace apenas quince días he terminado y enviado, para el primer número de una nueva revista jurídica internacional un estudio sobre la calidad de la Justicia en España (no elegí yo el tema: me pidieron ese estudio en concreto). A él pertenecen los párrafos que transcribo (con algún recorte) más abajo. Queda claro que no hay eternidades que valgan y que, concretamente en las ramas civil y laboral de la Jurisdicción, la duración de los procesos está dentro de los estándares aceptables en los países civilizados. No tanto los procesos contencioso-administrativos (que a los agentes económicos les interesan también) y es un misterio absoluto la duración promedio de los procesos penales. En todo caso, ningún favor ha hecho el Presidente del PP a España dando a entender que, en general, nuestra Justicia se eterniza. Y no ha sido justo con miles de jueces y magistrados. Ahí van los datos:

"Veamos ahora las estimaciones más recientes que están disponibles sobre duración media de los procesos civiles, según la Memoria del año 2009 del Consejo General del Poder Judicial que recoge datos del año 2008. Algunos datos podemos actualizarlos al mismo año 2009, según el (...) estudio 'La Justicia dato a dato 2010'”.

"En primera instancia, la duración media nacional de todos los procesos civiles era en el 2008 de 7’4 meses. Cuando los procesos se tramitaron en Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, es decir, en Juzgados con amplia carga de trabajo procesal penal además de la primera instancia civil, esa duración alcanzaba en 2008 los 8’1 meses y en 2009 ha llegado a los 8’6 meses. Tratándose de órganos de primera instancia exclusivamente civiles, la duración media pasó de los 6’9 meses en 2008 a los 7’3 meses en 2009. Por su parte, los asuntos en los Juzgados de Familia registraron una duración media de 4 meses. En 2008, de considerarse sólo la duración media de la primera instancia de los juicios ordinarios (los previstos para los asuntos más complejos), se alcanzan los 11’6 meses y es de temer que haya aumentado en 2009, aunque ese dato no está disponible."

"La duración media de los recursos de apelación en toda clase de asuntos civiles se mantiene entre 5’4 y 5’5 meses en 2008 y 2009."

"En ciertos territorios, la duración media superaría esas cifras y las dos instancias podrían alcanzar, en total, los 19 meses. En Madrid, la duración media de las dos instancias se situaría en 18 meses. La estadística del CGPJ no proporciona dato alguno sobre la duración de los recursos ante el Tribunal Supremo, cuando son procedentes. Sin embargo, las últimas sentencias publicadas de la Sala de lo Civil del TS muestran que en 2010 se están resolviendo recursos interpuestos entre 4 y 5 años antes."

"A mi parecer, la duración promedio de la primera y la segunda instancia se puede considerar satisfactoria. No así la de los recursos de casación ante el TS, si bien, por la limitada admisibilidad de esos recursos, la excesiva duración repercute menos en la calidad de la Justicia civil."

"El CGPJ no ofrece unos datos tan claros respecto de las tres restantes ramas de la Jurisdicción ordinaria (recordamos: Penal, Contencioso-Administrativa y Laboral o Social). O por decirlo más clara y precisamente, ofrece datos en buena medida inservibles."

"Así, tanto si se examina la 'Memoria' del año 2009 como el documento 'La Justicia dato a dato 2010', nada fiable podemos afirmar sobre la duración promedio de los distintos tipos de procesos penales. Las cifras proporcionadas por el CGPJ resultan increíbles." (...)

"Sí disponemos de datos respecto de la duración media de los procesos contencioso-administrativos, aquéllos -recordémoslo- en que se impugna ante un tribunal una actuación (positiva o negativa) de las administraciones públicas (lato sensu), actuación que, de ordinario, habría de sujetarse al Derecho Administrativo. Se trata, sin duda, de la rama de la Justicia más lenta. Los asuntos menores, competencia de los órganos unipersonales denominados Juzgados de lo Contencioso-Administrativo (previstos en la LOPJ de 1985, pero no instaurados hasta 1998), tenían en 2009 una duración promedio de 11’1 meses. En cambio, los asuntos de competencia de otros órganos jurisdiccionales, todos ellos colegiados, registraban duraciones de entre 18’8 meses (Tribunal Supremo) y 26’2 meses (en las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia), pasando por los 17’6 meses de los procesos en única instancia ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. No son cifras que pueda considerar satisfactorias, salvo, relativamente, desde el punto de vista histórico, en lo que se refiere a los asuntos competencia de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo: de no haberse instaurado esos órganos, cientos de miles de recursos de ciudadanos no tardarían algo menos de un año en resolverse, sino varios años."

"Veamos, finalmente, los datos sobre duración media de los procesos laborales seguidos ante los tribunales de la rama denominada “social” de la Justicia. La duración media resulta aceptable, pues en 2009 oscilaba entre los 6’4 meses de los procesos ante los Juzgados de lo Social y los 11’5 meses de los recursos ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, pasando por los 7’2 meses de los recursos ante la Sala de los Tribunales Superiores de Justicia y los 2’5 meses en el caso del mismo tipo de Sala de la Audiencia Nacional. Los procesos sobre despido en los Juzgados de lo Social registraron una duración media de 3’1 meses. A mi parecer, nada serio que objetar al elemento temporal de esta rama 'social' de la Justicia."

Ni que decir tiene que estas estadísticas no son de mi propia elaboración, pero las considero tan fiables como las que facilitan las instituciones oficiales de otros países. Los asuntos judiciales no se eternizan  en España.

Dos cosas más. Una, el encarecido ruego, por si sirve de algo, de que, tras una reforma procesal de más de un centenar de páginas del BOE, se abstengan todos de impedir que Jueces, Magistrados y Secretarios Judiciales dispongan del tiempo necesario para digerir la mega-ley, que no será un tiempo breve. Más Jueces y funcionarios (más Juzgados y Tribunales) y menos reformas legales, por favor. Pero la otra cosa que no quiero dejarme en el teclado es la sorpresa que me causa que al Sr. Rajoy no parezca importarle el funcionamiento de las Administraciones Públicas, "de enorme influencia en la economía". Porque, vamos a ver, ¿acaso las licencias y autorizaciones y toda clase de solicitudes necesarias para la actividad económica son concedidas o denegadas velozmente? ¿Resplandecen nuestras Administraciones Públicas -que el Sr. Rajoy coordinó y dirigió en su día como Ministro del ramo- por su objetividad, imparcialidad y celeridad? ¿Es el entramado administrativo y el lío legislativo y reglamentario autonómico del "Reino de España" un factor atrayente para nuevas empresas y actividades económicas? ¿Se distinguen las regulaciones administrativas de todos los asuntos por su claridad, armonía y razonable aplicación?

Como las respuestas a esos interrogantes han de ser forzosamente negativas (por no hablar de la corrupción pura y dura), ya tenemos otro ejemplo, muy importante, de cómo nuestra Justicia, nada bien tratada por los políticos, les sirve, aunque sea inconscientemente, de chivo expiatorio.

Item más, de propina: ¿saben que el arbitraje, al que tanto han recurrido los agentes económicos de cierta envergadura, les empieza a parecer a muchos más costoso y menos fiable que los Tribunales de Justicia? Pues así es: hay despachos de abogados muy importantes en que se trabaja con la instrucción de no incluir en los contratos que preparan ninguna cláusula de sumisión a arbitraje.

GOBIERNO DE CONCENTRACIÓN, REDUCCIÓN DEL GASTO PÚBLICO Y REGENERACIÓN DE LA CLASE POLÍTICA

UNA PROPUESTA PARA EMPEZAR A PARTIR EL MELÓN

El extrafalario “desayuno de oración” en Washingon y la controvertida actuación de Rodríguez Zapatero en tan pintoresco y confuso como irrelevante evento han entretenido a los “media” casi una semana y han distraído durante el mismo tiempo a muchas buenas cabezas, que no han podido o querido sustraerse al buscado carácter circense de la vida política y social española. Con todo, llevamos unos días de excepcional preocupación ante la indisimulable decadencia progresiva de nuestra situación social y económica.

La alarma ha llegado a tal punto que, desde ámbitos del PSOE y desde otros, se propone un inmediato Gobierno de concentración o de unidad (o como quieran llamarle) para dotar de credibilidad a un plan que saque a este país de su ya indisimulable situación crítica.

Ocurre, sin embargo, que cuando, según las encuestas del ente encuestador oficial (CIS), la clase política es certeramente percibida por la ciudadanía como uno de los primeros y más grandes problemas del país, estamos ante una aporía de tomo y lomo. Si la clase política es el problema (y lo nota todo el mundo), no puede ser la solución. Y, más concretamente, ni para el paro ni para la recesión ni para la educación resulta razonable poner como punto de partida que, en vez de gobernarnos una parte de la desacreditada clase política, nos gobierne toda ella. O sea, que por lo que a mí modestamente respecta, “nones, Romanones” al Gobierno PP-PSOE (por orden alfabético) o PSOE-PP (por número de escaños en el Congreso). Nada de juntar “lo mejor de cada casa”, que ya se ha visto lo que dan de sí, para que nos sigan gobernando (jobernando, más bien). Eso se sería, según expresiones populares en España, hacer un pan con unas tortas, ir de de Herodes a Pilatos, de Málaga a Malagón o de Guatemala a Guatelpeor. Sería la llamada “jugada del enano”, cuya naturaleza no puedo explicar en este “blog”.

Desde las últimísimas Cortes franquistas, no se ha visto en España un “harakiri” político colectivo por el bien común. Y algo similar es lo que ZP y sus Ministros, Secretarios de Estado, Directores Generales y demás muchedumbre jerarquizada tendrían que protagonizar, pero, desde luego, no lo protagonizarán si no son máximamente presionados, porque no pueden comprender que el cambio a peor en este país (cambio que empiezan por negar) es ya un hecho casi de la misma envergadura e importancia que la muerte de Franco en su cama.

En todo caso, la lógica exigiría empezar por que se pusiesen de acuerdo en un plan de emergencia. Si hubiese ese plan y pintase bien, entonces, y no antes, se podría empezar a hablar de gobiernos de coalición, de unidad, de concentración o como se les quiera llamar.

Uno de los factores de la crisis, innegablemente influyente, aunque se pueda discutir “ad nauseam” su grado de influencia, es el desmesurado tamaño del Estado (en sentido amplio: incluyendo Comunidades Autónomas). Es un aparato desmesurado que no podemos mantener. Nadie lo discute, pero se viene a decir que nadie está dispuesto a empezar a partir ese melón o a ponerle el cascabel a ese gato. Con lo que la España hoy desacreditada internacionalmente siempre se encontraría en el mismo punto, incapaz de acreditarse. Y la recuperación no arrancaría. Se produciría, por el contrario, un mayor descrédito y una crisis mayor.

Antes de que las Cámaras de Comercio desplieguen su anunciada campaña de estímulo a esfuerzos individuales contra la crisis (una campaña que, por cierto, bien podrían ahorrarse para no tocar el trigémino al peatón democrático), voy a proponerles un plan de notable recorte del gasto público  y de recuperación de la credibilidad interna y externa. Es un plan factible y sin apenas riesgos, que, en cambio, tendría un efecto económico no desdeñable y un efecto psicológico enardecedor de la sociedad civil. Me parece –miren lo que les voy a decir- que nuestra machacada ciudadanía experimentaría una poderosa inyección euforizante de moral.

No me hago la ilusión de que este modesto pero concreto plan resuelva por sí solo el problema económico y social. Pero afirmo que es factible, que no es perjudicial sino positivo y que por algo hay que empezar. En todo caso, me daría lo mismo que se empezase de otra forma semejante. Y lo ideal sería complementar cualquier plan de recuperación con dos medidas que la ciudadanía de cualquier color político desea, como se ha comprobado por reiterados estudios sociológicos y estadísticos. A saber: dimisión del Presidente del Gobierno, Sr. Rodríguez Zapatero y dimisión o cese del Presidente del Partido Popular. Sr. Rajoy. Aunque lo nieguen, con puro voluntarismo y por puro interés, los centuriones y pretorianos respectivos, España clama, como en paráfrasis de la copla: con ninguno de los dos tienen mis males remedio.

Lo de Zapatero es patente. Pero lo de Rajoy, también. Mes tras mes, Rajoy no llega al aprobado e incluso obtiene puntuaciones ciudadanas más bajas aún que las de Zapatero. No soy ningún "fan" de las encuestas, pero tanta constancia en los resultados no puede ser gratuita. Y es que Rajoy transmite una fuerte impresión de indolencia y de ausencia de criterio sobre todo. Porque, mes tras mes, Rajoy, al que no se le nota otra convicción que la de merecer sustituir a Zapatero, no logra que el PP articule, siquiera sea en algunos temas, unas propuestas de alternativa merecedoras de consideración. Y no deja que otros las formulen. Si el Gobierno y el PSOE abundan en frases y palabras vanas y apenas quedan ciudadanos que no las vean como tales, el PP no se esfuerza en buscar el contraste con propuestas bien pensadas. Amagan algo y rectifican confusamente y luego lo dejan correr. No sabemos qué propone el PP en materia económica y de empleo ni para reconducir el desastre educativo hacia el sentido común y la auténtica excelencia. Sí sabemos que, en Justicia, clave para el bienestar social y la seguridad jurídica, el PP secunda la extrema politización del PSOE. No: lo de Zapatero y el PSOE en su apoyo no tiene ya ni justificación ni excusa. Pero lo del PP, con Rajoy, es la ceguera del poder por el poder.  Tal como están y van las cosas, jugar al puro desgaste del contrario, sin más, me parece ya claramente inmoral.

Así, pues, ambos partidos, PSOE y PP, tienen que buscar las personas más adecuadas. Dejen unos y otros sus ambiciones personales. No vean en nuestra gravísima situación la oportunidad del "quítate tú que me pongo yo". Vean el estado de necesidad en que se encuentra este país. Pacten en el interior de cada partido el método para el cambio. Hagan votaciones secretas. Enciérrense hasta que les salga "fumata bianca". Pueden hacerlo. No es creíble que les resulte imposible. Es increíble, en cambio, que no vean  lo que está en juego. Para España, pero también para ellos mismos como dirigentes políticos. Que tengan la valentía de poner manos a la obra es el imprescindible arranque para salir de este atolladero histórico.

No me hago ilusiones de que esta última propuesta vaya a hacerse realidad. Pero no estoy ciego y, en asunto de vida o muerte, como si dijéramos, he de decir lo que veo. Lo que me temo, prefiero no decirlo todavía.