OTRA MENTIRA SOBRE LAS TASAS JUDICIALES DE ESPAÑA

DE LA DEROGACIÓN O MODIFICACIÓN DE LA LEY DE TASAS JUDICIALES POR ALUSIÓN PARLAMENTARIA

…O POR NOTITA DE PRENSA ANÓNIMA


PERO NO HAY NADA PARECIDO: SE TRATA DE UNA TOMADURA DE PELO
(Actualización en la noche del 26 al 27 de febrero de 2015)
                                 

En su discurso de apertura del llamado “Debate sobre el estado de la Nación”, el Presidente del Gobierno afirmaba, al hablar (poquísimo: 3 líneas en 36 folios y pico) o más bien no hablar del estado de la Justicia, que habrá una “revisión del sistema de tasas” (folio 28). El discurso fue acompañado temporalmente por la difusión de unas notas de prensa sin firma (aunque aparece el emblema del “Gobierno de España”) y en algunas de ellas se habla de supresión de las tasas judiciales para las personas físicas. La frase, que no tiene desperdicio, es literalmente ésta (por si la imagen no se ve bien): “En el marco de la creciente recuperación económica, se revisará el sistema de tasas judiciales. Las personas físicas quedarán exentas de tasas judiciales en todos los órdenes e instancias". Vean la nota:

Los 512.468.000 euros recaudados por el Estado entre el 17 de diciembre de 2012 y el 31 de julio de 2014, no se destinaron, como expliqué en el post anterior, ni a la Administración de Justicia ni al sistema de justicia gratuita, pero, ¡qué bien!, contribuyeron a una “creciente recuperación económica”. ¡Loor y prez a los héroes que, por las tasas, se vieron privados de demandar Justicia!: su sacrificio no fue inútil y vano: contribuyeron a la recuperación económica de todos.

Pero volvamos al punto que más nos interesa hoy: ante un vago anuncio de “revisión del sistema” en el discurso del Sr. Rajoy y una nota anónima que no se corresponde con el contenido del discurso, ni en su distribuida versión escrita ni en la versión auténtica, que es la oral, empieza un bombardeo publicitario de “SUPRESIÓN DE LAS TASAS JUDICIALES”. Y en ese bombardeo llegan a colaborar instituciones de Derecho Público que acogen a profesionales del Derecho, desde las que se pregona la tal supresión y, por supuesto, se apuntan un gran éxito: “gracias a nuestra pugnaz insistencia, a nuestros buenos oficios, a nuestras relaciones institucionales, hemos logrado que la Justicia española vuelva a ser generalmente asequible.”

Asombroso auto-medalleo, cuando menos temerario y prematuro. Pero más asombrosa aún carencia de sentido jurídico o, en todo caso, el que pensábamos que predominaba hasta el 25 de febrero de 2015. Porque, además de que ponerse medallas es poco elegante y bastante feo adornarse con plumas ajenas, la Ley 10/2012 no ha sido ni derogada ni modificada, que sepamos los juristas ya mayores.

He vivido el meso y el tardo franquismo, la transición, la etapa constituyente y la vida española con Gobiernos de diversos signos hasta hoy mismo. En todo ese tiempo he presenciado curiosidades jurídicas estupefacientes: desde un Ministro de Justicia del tardo-franquismo que en acto público y solemne afirmó que los “principios fundamentales del Movimiento” eran principios generales del Derecho, hasta una sentencia del Tribunal Constitucional en que se venía a negar que una expropiación por Decreto-Ley (con corrección de erratas que no eran tales) afectase al derecho de propiedad. Pero esto de que una Ley (la Ley 10/2012, de 22 de noviembre, de Tasas Judiciales) se considere derogada o modificada por una alusión parlamentaria del Presidente del Gobierno de turno me parece una innovación insuperable, incluso una revolución jurídica.

Quiero dejarla registrada aquí: sabíamos que una mayoría absoluta en las Cámaras legislativas da para mucho, pero esto es mucho más: es prescindir hasta de la mayoría absoluta. Y queden registradas, además, las notitas como la reproducida (en la que se dice una memez tan colosal como la de enmarcar una supresión de las tasas judiciales a las personas físicas en una “Agilización de la Justicia”, memez no exenta de sarcasmo cruel para quienes no han podido y aún no pueden acudir a la Justicia a causa de las tasas, situación ésta en la que cualquier “agilización” de la Justicia denegada te afecta más bien poco y de poco consuelo te sirve). Merecen constar por escrito en alguna parte las notitas como una falta de respeto al Parlamento, en el que vale lo que se dice y no los complementos escritos como esas notitas, que Sus Señorías no tienen ni siquiera por qué conocer y que no dicen lo que se ha dicho de verdad, sino que lo confunden y lo tergiversan. Aunque, bien mirado, hay algunos parlamentarios que no respetan a su propio Parlamento, como esa autoridad que, sorprendida jugando con su “Tablet” o “Smartphone” (públicos, muy probablemente) al “Candy crush”, chulescamente aduce que puede hacer dos cosas a la vez.

Alguien podría colocar un contador de los días, a partir del 24 de febrero de 2015, en que quienes deseen demandar o recurrir tendrán que pagar las tasas de la Ley 10/2012, que se proclaman suprimidas. Y alguna Fiscalía especializada debería investigar a los servidores públicos que pretendiesen cobrar esas tasas, por si esa conducta encajase de alguna manera en los tipos de los arts. 436 a 438 del Código Penal (“fraudes y exacciones ilegales”).

La verdad es que, ahora mismo, cuando Vd. lee estas líneas, no hay supresión alguna de las tasas judiciales, para nadie. Si se cumple la notita, se suprimirán para las personas físicas, pero no se suprimirán para los empresarios pequeños y medianos, a pesar de “la creciente recuperación económica”. Para éstos, se prepara un horizonte en que se espera que sigan contribuyendo a esa “creciente recuperación económica”, no sólo con sus esfuerzos por producir o prestar servicios y pagar sus buenos impuestos y no despedir a nadie e incluso procurar contratar a alguien más, sino con su privación del acceso a la Justicia en cuanto el “cash flow” no les permita pagar las inicuas tasas judiciales. Quizás incluso no puedan pagar las tasas porque el Estado se retrasa en sus “pagos a proveedores”.

La guerra sigue. Aunque los recaudadores de las tasas estén ya como en el famoso bunker de Berlín.

ACTUALIZACIÓN: Lo que se ha ido conociendo a lo largo del jueves 26 de febrero de 2015 revela que nos encontramos, no ya ante una reforma futura e incierta en cuanto al tiempo, al modo y al alcance, a todas luces insuficiente (porque limitar la supresión de las tasas a las personas físicas no sólo las mantendría para las PYMES, sino también para asociaciones, comunidades de propietarios, fundaciones, ONGs, etc), sino más bien ante una tomadura de pelo que no es exagerado calificar de sangrante.

La impresión causada por Rajoy y las notitas conduce a dos periodistas especializadas (una de ellas, al menos, veterana y de ordinario bien informada) a producir una noticia en el periódico ABC en que afirman que el día 27 de febrero de 2015 se liquidaría el "tasazo". Vean:  http://www.abc.es/espana/20150226/abci-gallardon-orden-tasas-201502251750.html Quiere esto decir que no se había engañado sólo a abogados sin precisa y completa información o a algunos ingenuos "mandos" de las corporaciones abogaciles, sino también a informadores esforzados, especialistas en la cosa judicial.

Pero héte aquí que, como la mentira y el engaño tienen las patas cortas, la verdad no es sólo que no hay, cuando leen esto, ninguna supresión de las tasas judiciales, para nadie, como escribí al comenzar el día 26 de febrero de 2015. Eso es cierto, pero, como han dicho tantos abogados decenas de miles de veces, es más cierto, mucho más cierto, que lo que se dijo en el debate fue una repetición de la vaguedad que ya había dicho el sucesor de Ruiz Gallardón en la cartera de Justicia al hacerse cargo de esa cartera: estudiaremos, revisaremos. Es un puro y duro remake de la declaración de estreno del neoministro Catalá. Porque lo que se cocía en el Congreso de los Diputados eran recomendaciones, mociones. Sin salir del mismo periódico y el mismo día (http://www.abc.es/espana/20150226/abci-congreso-alianza-civilizaciones-201502252134.html) leemos: "En otra de sus propuestas de resolución, el PP insta a eliminar las tasas judiciales para las personas físicas, lo que supone una rectificación de la política que había mantenido el anterior ministro de Justicia (...) El punto propuesto dice así: "El Congreso insta al Gobierno a facilitar el acceso a la Justicia de los ciudadanos, especialmente, exonerando a las personas físicas del pago de tasas judiciales en todos los órdenes e instancias". O sea, a efectos prácticos, nada con sifón, a no ser que, con alguna sensibilidad muy sorprendente y muy repentina, el Gobierno, simplemente instado, aprobase un Decreto-Ley el viernes 27 de febrero de 2015. Pero, por si no estuviese claro lo que cabe esperar (salvo un genuino milagro de súbita luz en las cabezas de los jefes del PP), tenemos noticia de esta otra iniciativa de negociación con el PP por parte de UPyD, muy bienintencionada sin duda, pero más bien cortita de miras:

 

¿Estamos, o no, ante una tomadura de pelo? Ojala me equivoque y se produzca el milagro (perfectamente razonable, pero, justo por eso, milagroso en nuestra política) de un Decreto-Ley aprobado mañana, 27 de febrero de 2015.

 

CRISIS MUNDIAL Y CRISIS PARTICULAR DE ESPAÑA, QUE SE EMPEÑAN EN DESTRUIR

RUIZ GALLARDÓN, COMO UN ILUMINADO DESPÓTICO, DESTRUYE TODO LO QUE TOCA

Tenemos instalada en este planeta, desde hace tiempo, una crisis de civilización que está alcanzando su clímax. A diario, esa crisis, que no es únicamente económica, se manifiesta en episodios que desmienten una limitada capacidad de asombro por nuestra parte, la de las personas normales, el ordinary people. Como es natural, España está metida de lleno en esa crisis mundial. Pero, por si esa crisis fuese pequeño desafío, la clase social que forman nuestros dirigentes (la clase política propiamente dicha, los jerifaltes sindicales, los prebostes de la economía, etc.) viene causando y alimentando una crisis típicamente nuestra. En todas partes cuecen habas, como aquí he recordado con frecuencia, pero en España hay demasiados comportamientos relevantes que, en vez de hacer más llevadera o menos penosa la situación general, parecen dirigirse derechamente a que suframos más los españoles y a que España sea destruida.

No me refiero sólo a las conductas nacionalistas, mendaces y sectarias, negadoras de la historia, de la libertad y del pluralismo, que persiguen sus delirios con métodos propios de los más clásicos totalitarismos. Tampoco aludo únicamente al vandalismo decididamente pro-sistema de los “anti-sistemas” ni a la corrupción económica y política, no por conocida en general menos llamativa cuando se descubren algunas de sus concretas hazañas. Están también, como factores importantes de nuestra crisis particular, las acciones gubernamentales que, con improvisaciones inaceptables, a golpe de ocurrencias insensatas, promueven derechamente la destrucción de nuestros mejores activos culturales y sociales. Obcecados en no explicar antes de decidir, como empecinados en que no se entiendan las medidas que pretenden adoptar, muchos dirigentes no mejoran nuestro sistema educativo, sino que se diría que desean hundirlo definitivamente  y, desde luego, han emprendido todos los diversos caminos posibles para liquidar nuestra Justicia, desde hace siglos y hasta ahora accesible a los ciudadanos comunes, para convertirla sólo sea una Justicia para ricos. En esto se equivoca el Consejo General de la Abogacía Española: la ya aprobada Ley de Tasas Judiciales no instaura dos Justicias, sino sólo una: la de los económicamente pudientes.

Y, a diferencia de otros ámbitos en que se cometen muy serios errores, en éste, de la Justicia, tengo el convencimiento personal, sólidamente fundado, de que existen dos personas responsables sin disculpa posible. Está, en primer lugar, el Presidente del Gobierno, al que, pese a su inicialísimo perfil profesional jurídico (Registrador de la Propiedad), enseguida abandonado y, pese a su condición de hijo de un ilustre Magistrado, la Justicia no le importa. Porque no le importa la Justicia y como demostración de la certeza de esta afirmación, nombra Ministro de Justicia a Alberto Ruiz Gallardón, asimismo de inicial perfil profesional jurídico (Fiscal), que también abandona también de inmediato y, lo mismo que Rajoy, hijo de un jurista, notorio Abogado.

Hace meses, Alberto Ruiz Gallardón, que acaba de ser reelegido Alcalde de Madrid, quiere sobre todas las cosas ser Ministro del Gobierno de España, tras el triunfo electoral del Partido Popular. No quiere ser Ministro de Justicia y así lo declara ante testigos que conozco y me lo narran, añadiendo que si se trata de ese Ministerio, seguirá de Alcalde. Pero el Ministerio de Justicia es el único que Rajoy le ofrece y, a la postre, Ruiz Gallardón lo acepta. Se puede conjeturar sobre el por qué y, de hecho, varias conjeturas se formulan y circulan. Dicen que el enorme endeudamiento del Municipio de Madrid era una realidad de la que Ruiz Gallardón quería escapar. La explicación tiene base fáctica cierta, es lógica y, por tanto, verosímil. Pienso, personalmente, sin embargo, que el intríngulis del cambio está más en la idea fija del personaje -una idea muy del ancien régime franquista- según la cual ser Ministro es lo más, por decirlo en términos de la jerga postmoderna. Los datos permiten asegurar que Alcalde de Madrid es cargo de muy superior entidad -según los parámetros al uso: presupuesto, personal, “visibilidad- que ser titular de muchos Ministerios. En todo caso, no siendo además incompatibles las dos conjeturas, el hecho es que Ruiz Gallardón acepta el Ministerio y deja el Ayuntamiento. Deja lo que había logrado por elección popular y por un tiempo cierto y prefiere la precariedad -quizá prolongada, pero no por ello menos precaria- de una designación discrecional personalísima.

Pero Ruiz Gallardón no dejó el Ayuntamiento de Madrid de cualquier forma: lo dejó en manos de quien, en una de sus jugadas políticas previas, había colocado como “número dos”: Dña. Ana Botella Serrano. No tengo la menor manía hacia esta mujer, por estar casada con D. José María Aznar ni por ningún otro motivo. Pero siempre he pensado que carecía de hechuras personales y profesionales suficientes para ser teniente de alcalde de Madrid y más aún, como se venía anunciando, para ser alcaldesa. En la primera crisis seria, la de las trágicas muertes de la noche de Halloween en el recinto municipal “Madrid Arena”, se ha comprobado -y bien que lo lamento, no como otros, que parecen desear el hundimiento de algunos personajes aunque sea en relación con sucesos mortales- que, en efecto, carecía de talla. Amén de estar rodeada de concejales de una mala reputación merecida., como el concejal Calvo.

Yo soy firme y constante partidario de la responsabilidad personal, pero en la situación del municipio madrileño hay también una clara responsabilidad de Ruiz Gallardón, que, como en el “affaire Divar”, apareció al comienzo para apoyar al concejal Calvo y, a tal fin, no apeló a la presunción de inocencia, sino que se permitió ofrecernos un destilado de su necrosada ciencia jurídica: “La imputación, en nuestro Derecho, no es de ninguna de las formas un prejuicio de acusación.” Me abstendré ahora de comentar este interesado y disparatado error, para no desviarme demasiado, pero nos sitúa ya en la órbita procesal o judicial, en la que el Ministro acaba de culminar uno de los más graves atropellos contra España: convertir nuestra accesible Justicia en una Justicia a la estadounidense, únicamente para los económicamente poderosos. Un Ministro de Justicia, cualquier Ministro de Justicia, debería tener sensibilidad para los necesitados. Ninguna muestra de esa sensibilidad ofrece Ruiz Gallardón: él está con el poder y, si me apuran, lo encarna y personifica con desprecio olímpico a cualquier clase de necesitados.

No es cosa nueva. Desde hace ya varias décadas Gallardón no se encuentra a gusto sino entre los poderosos: poderosos empresariales, poderosos mediáticos, poderosos políticos, poderosos de todo tipo en términos monetarios, a la postre. Alberto Ruiz Gallardón quizá sea interiormente un sabio que se conoce a sí mismo y conoce sus limitaciones. En su conciencia y en su interior no entro. Pero por su comportamiento, nadie diría que reconozca ninguna limitación personal, sino que es a todas luces un hombre persuadido de hallarse entre una minoría de selectos, que él mismo encabeza.

Sin embargo, sus dichos y sus hechos como Ministro revelan pavorosas ignorancias, frivolidad máxima, desprecio a todo lo que se parezca a experimentar necesidad de conocimiento. Nadie tiene nada que enseñarle. De nadie tiene nada que aprender. A nadie considera oportuno prestar oídos. Y tampoco lee. El temario de las oposiciones por las que ingresó en la Carrera Fiscal, ya en sí mismo obsoleto, queda muy lejos y estaba bien para empezar, cosa que ni siquiera llegó a hacer el triunfante opositor. Funcionalmente, como Ministro, es un autista perfecto con modales de iluminado, de líder iniciático. Ya se advertía en el discurso inaugural de su era, que aquí comenté (http://andresdelaoliva.blogspot.com.es/2012/01/un-discurso-para-el-exito-politico.html): “la Justicia empieza conmigo, hasta ahora, nada se hizo, nadie acertó”. Nadie, lectores del blog: ni siquiera su buen padre. Y no exagero: me han proporcionado una pequeña información de sumo interés, me parece, que quiero compartir con Vds. Ahí va:

En la página 3 del

BOLETÍN OFICIAL  DE LAS CORTES GENERALES

III LEGISLATURA

Serie A:      PROYECTOS DE LEY.                                   9 de octubre de 1986 Núm. 2-2

ENMIENDAS

Supresión de las tasas judiciales.

se puede leer la enmienda siguiente:

«A la Mesa del Congreso de los Diputados

José María Ruiz Gallardón, Diputado por Zamora, perteneciente al Grupo Parlamentario de Coalición Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artfculos 110 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente enmienda al proyecto de Ley de Supresión de Tasas Judiciales.

Madrid, 24 de septiembre de 1986.- José María Ruiz Gallardón.

Enmienda número 8r de adición al artículo 3.

Se adiciona un articulo 3.0 al proyecto, que dice:

“Articulo 3:

No se devengará impuesto directo alguno como consecuencia de las actuaciones de los profesionales que intervengan en toda clase de procesos judiciales.”

JUSTIFICACION

Con el fin de hacer efectivo el abaratamiento de la Justicia, no sólo es preciso suprimir las tasas y el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, sino también el Impuesto sobre el Valor Añadido, que grava las actuaciones de los profesionales que intervengan en toda clase de procesos.»

No me digan que no es una anécdota histórica verdaderamente curiosa que el hijo de este abogado y diputado enmendante -a quien tuve el honor y el gusto de conocer y tratar- sea ahora el Ministro de Justicia que ha culminado exactamente lo contrario que propugnó su padre hace 26 años. Entonces, la misma formación política no quería eliminar sólo unas tasas muy módicas (vendrían a ser unos 10 euros por proceso), sino también el IVA, que ahora han subido hasta el 21 %. No digo que el hijo, Alberto, haya querido y logrado matar al padre, a su padre, José María, conforme a las tesis freudianas en su más dura versión. Pero lo que resulta seguro es que en 1986, Alberto Ruiz Gallardón ya no era un bebé, que desconociese la actividad y las ideas de su buen padre. Cuando su padre presentaba esa enmienda, el hijo tenía 28 años y era Secretario General (interino) de Alianza Popular, partido madre de la Coalición Popular, de la que José María Ruiz Gallardón era destacado dirigente. Desde luego, un hijo no tiene por qué pensar lo mismo que su padre. Sobran ejemplos de todo lo contrario. Pero cuando los dos, padre e hijo, comparten la misma afiliación política y el hijo la mantiene hasta nuestros días, que el padre quisiese el abaratamiento y el hijo haya logrado un tremendo encarecimiento merecería alguna explicación.

No hay quien entienda el propósito de impedir a tantos acceder a la Justicia, propósito que, propulsado por Ruiz Gallardón, ha merecido el apoyo del Presidente del Gobierno y de todo el Partido Popular, donde hay bastantes personas que tampoco entienden, pero que, por la naturaleza de un partido político en España, consideran que su extrañeza y no digamos su disconformidad personales son irrelevantes, de modo que casi no les cabe siquiera dudar internamente.

Lo que han perpetrado Ruiz Gallardón, Rajoy y el PP no se entiende en sí mismo. Pero menos aún, si cabe, se entiende que su crimen tributario, cívico y constitucional haya sido cometido precisamente cuando el Gobierno y el Partido Popular proclamaban la necesidad de auxiliar a unos cuantos deudores, como si estuviesen dispuestos a parar los pies a la banca.

Me parece el colmo de la incoherencia y de la insensatez política, además de ser inicuo, que cuando la gente desconfía al máximo de la banca y el Gobierno del Partido Popular ha inventado un Decreto-Ley para suspender algunas ejecuciones hipotecarias (no desahucios, como una y otra vez se ha dicho, confundiendo al banquero prestamista con el arrendador o "casero") en beneficio de quienes no pagan, se apruebe una ley que sólo permitirá a los bancos demandar, junto a otros “poderosos”, pero impedirá que a aquéllos y a éstos les demande la gente corriente. Una ley que, por añadidura, dispone que lo que los económicamente pudientes tengan que desembolsar de tasas al demandar acabe recayendo sobre los demandados sin apenas liquidez, si éstos pierden el pleito.

La incoherencia no me extraña, en primer lugar porque ya hace tiempo que la coherencia dejó de ser un valor digno de respeto y, al contrario, se comenzó a sacrificarla a todas horas ante el interés de cada momento y disfrazándose todo de “pensamiento útil”. Y no me extraña, en segundo lugar, porque sobre la “base” de la vaciedad y la inopia intelectuales no cabe esperar la coherencia. Se puede hablar de “pensamiento útil”, de “pensamiento débil” o, si quieren, de “pensamiento reactivo”, pero, en román paladino, lo que vemos y padecemos son decisiones y acciones a golpes de la primera ocurrencia, desde un estado de indigencia mental y con una actitud de inconmensurable soberbia, que resiste a cualquier crítica. La misma incoherencia ha mostrado el Ministro, el Gobierno entero y el Partido Popular cuando, hondamente preocupados por que nadie pierda su techo, construyen hace pocos meses un desahucio (ese sí) super-express (v. http://www.andresdelaoliva.blogspot.com.es/2012/05/fruslerias-y-errores-juridicos-al-borde.html) para poner inquilinos en la calle expeditivamente y ahora, en cambio, afirman pretender lo contrario.

Pero he dicho que no se entiende la ley de tasas judiciales, ni en sí misma ni dadas las circunstancias.  Y debo matizar. Yo entiendo que no lo acabe de entender (ni yo ni nadie). Y es que se trata de un genuino misterio: el clásico mysterium iniquitatis, misterio de iniquidad, de la teología católica. Con frecuencia nos fijamos sólo en la iniquidad y nada o muy poco en el misterio. Sí, la maldad es un misterio. Pero existe y se ejerce. No le den más vueltas.

Como el Ministro blasona de exquisita cultura, ahí va un recadito. En 1793 se editó y en 1795 se publicó por vez primera un pequeño libro de un inglés excepcional y un extraordinario jurista, Jeremey Bentham. El libro o panfleto se titulaba “A protest against law taxes”. Está bien documentada su extraordinaria influencia en Inglaterra. Es claro que ni el Presidente del Gobierno de España ni el actual Ministro de Justicia ni ninguno de los asesores de uno y otro conocen la existencia y contenido de este demoledor ensayo, nunca traducido al español. Espero poder ofrecer a los lectores de este blog y a muchos más, en pocos días [van a ser más días de los que pensaba, porque la traducción encargada necesita una cuidadosa revisión, que me llevará su tiempo], el análisis y crítica de Bentham respecto de las tasas judiciales, que consideraba el menos legítimo y menos defendible de todos los impuestos.

 Mientras tanto, Alberto Ruiz Gallardón, impasible el ademán altanero e intacta su superlativa autoestima frente a la caterva plebeya de jueces, abogados, secretarios judiciales, que le dicen “no”, seguirá destruyendo todo lo que toca (Madrid, la Justicia, el Partido Popular) desde que, con su mayoría absoluta en 1995, se transmutó por completo y abandonó su realidad de inteligente y brillante ser humano de 37 años para auto-admitirse e instalarse en su particular Olimpo.

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PS. Espero que nadie piense que esta vez me he pasado. He releído estas líneas y no veo nada dicho a la ligera, sin conocimientos ciertos como base. Lo que está sucediendo -y ya lo he rechazado aquí bastantes veces- es que nos estamos acostumbrando a que el poder nos pase por encima irracional e inmisericordemente y aún pensamos que no nos queda ni una defensa verbal proporcionada, sino, en todo caso, unas objeciones suavonas, "con los debidos respetos", etc. Me puedo equivocar, pero no insulto. En cambio, los poderosos nunca se equivocan pero insultan nuestra sensibilidad y nuestra inteligencia todo lo que les viene en gana.

LA MAREA DE LA INDEPENDENCIA DE CATALUÑA NO ES UNA “ALGARABÍA”

 

ES HORA DE QUE ESPAÑA SE INDEPENDICE DE CATALUÑA
(PERO POR EL PROCEDIMIENTO INVERSO)

Hace ya más de tres años, el martes, 14 de julio de 2009, planteé aquí mismo, a propósito de de la financiación autonómica y Cataluña, ¿POR QUÉ NO PENSAR EN LA INDEPENDENCIA DE CATALUNYA? (http://andresdelaoliva.blogspot.com.es/2009/07/el-modelo-de-financiacion-autonomica.html)

Decía entonces que la pregunta podía sonar extrema, radical e incluso visceral (visceral no lo era en absoluto). No ha llovido mucho pero han pasado muchas lunas desde entonces y ahora son legión aquéllos a los que el interrogante ya no les asusta sino que, al contrario, les parece explicable y razonable. Ocurre que los españoles que no somos anticatalanes en nada, como es mi caso, hemos desayunado, comido y cenado tragando innumerables sapos y sapitos servidos crudos por las autoridades de Cataluña, primero con CiU, después con el PSC (Partido Socialista de Cataluña) y el “tripartito” y después, sin pausa ni descanso, de nuevo con el gobierno de Convergencia i Unió (CiU) y asociados. El dirigente de CiU y actual President de la Generalitat, el honorable Artur Mas y su Govern no tardaron mucho en descubrir que sus predecesores les habían dejado económicamente in puribus naturalibus y además sin taparrabos y desacreditados, es decir, inhabilitados para pedir crédito. Así que, pese a diversas iniciativas propias, como la de unos llamados “bonos patrióticos” (hoy  “bonos basura”), pidieron formalmente ayuda al Gobierno de España.

[Inciso para no españoles: en España (Spain, Espagne, Spanien) no hay más que un Estado, el Estado español, en el que se integran las denominadas Comunidades Autónomas y los municipios. Cataluña (Catalonia) es una región constituida en Comunidad Autónoma con muy amplias competencias, pero no es un Estado (ni federado ni sin federar) y ni siquiera una Nación, según la Constitución Española recientemente interpretada por nuestro Tribunal Constitucional. Por supuesto, cualquiera es libre de llamar “nación” a la región e incluso al municipio o al barrio en que nació, en el que vive o ha vivido o en el que se asienta su equipo de fútbol preferido, pero se tratará o se trata de una realidad sentimental, no jurídico-política o político-jurídica.]

La petición de ayuda monetaria del Govern de Catalunya (Cataluña) al Gobierno de España ya fue tan absurdamente chulesca como la actitud del tipo aquel de la historieta, que, desde el fondo del pozo al que se había caído, gritaba: “¡tírame una soga y te perdono la vida!”.  Pero la cosa ha ido a más: han reclamado un pacto fiscal (un régimen económico-financiero-presupuestario especial), perfectamente a sabiendas de que, en estos momentos y durante cierto tiempo (más bien largo), dada la crisis española y la del euro (más la mundial), no hay manera de hacer números y, por supuesto, no es momento de nada que pueda incrementar el gasto público. Pero lo más grande del caso es que el privilegiado cerebro del Artur Mas no ha tenido otra ocurrencia que vincular sus peticiones de ayuda económica urgente y de pacto fiscal a un apoyo perfectamente visible y claramente institucional a la reivindicación de independencia. En principio, CiU no era un partido independentista y sí, en cambio, Esquerra Republicana de Catalunya, pero el día 11 de octubre de 2012 se ha producido en Barcelona una gigantesca manifestación pro-independencia de Cataluña, apoyada públicamente por el gobierno del Artur Mas.

Según me dicen fuentes fiables, muchísimos catalanes se han manifestado por la independencia porque están convencidos de que sus problemas económicos específicos son culpa de “los españoles”. Es una mentira inventada y propagada por un equipo de Goebels redivivos. Un reputado gurú económico nacionalista catalán, de nacionalidad USA y afincado en Columbia University, ha arrojado más leña a ese fuego, porque aunque él no nos culpe directamente a “los españoles”, ha sostenido la inviabilidad económica de Cataluña dentro de España y, por el contrario, considera que, como Estado independiente, Cataluña sería, no ya viable, sino un portento. El argumento principal -no irrelevante ni indefendible, como verán- es el deterioro de “la marca España”. Eso es lo que ha dicho Xavier Sala i Martín.

Hay, sí, como dice Mr. Sala-i-Martin, un deterioro de la “marca España”, atribuible a unos cuantos españoles (sin excluir nacidos en Cataluña y catalanoparlantes) y también a otros tantos no españoles. Pero una de dos: o Mr. Sala-i-Martin desconoce la historia contemporánea de España y de Cataluña o cultiva con fantástico éxito una amnesia selectiva, por completo contraria a cualquier rigor intelectual, como el que Mr. Sala ha puesto en bastantes de sus trabajos. En castizo: ¿de qué habla este míster? ¿De una Cataluña con una marca impecable? Yo no me voy a dedicar al “y tú más”. Pero sí a hacer notar que, sin remontarnos a Strauss y Perl y al inefable Lerroux, hay muchos datos contemporáneos que impugnan la comparación de Mr. Sala entre España y Cataluña y la sitúan en el territorio del panfleto más insostenible. No se ha escrito en España una novela como “La ciudad de los prodigios”, de Eduardo Mendoza, en que se trate más expresivamente la corrupción política y social, identitaria de una ciudad, que es Barcelona. Mendoza retrata magistralmente la génesis de la nueva Barcelona de la gran Diagonal, pero también la Barcelona contemporánea a la novela, con empresarios-pistoleros y, por supuesto, sobornadores habituales. Difícilmente ha habido en la España contemporánea una corrupción mayor, institucional y empresarial, que la encarnada por De la Rosa, el abogado Piqué y el Juez Estevill (peón del President Pujol en Madrid, situado parlamentariamente por CiU en el CGPJ). ¿Ha habido un caso de corrupción como el de la Delegación de Hacienda de Barcelona? ¿Se ha olvidado Mr. Sala del aún humeante escándalo del Palau? ¿Se ha olvidado del caso "Banca Catalana", que, como dice un anónimo lector (por el anonimato no he publicado su comentario), le vino a costar a cada españolito unas 8.000 pesetas de 1984? 

Pero, además de esos ejemplos, hay un hito histórico, que la corrupta política catalana, la más corrupta y oligárquica de todas las políticas ibéricas, ha logrado hacer olvidar y que es preciso traer a la memoria cuando el Artur Mas y los sucesores del zampabollos de Esquerra, Carod-Rovira, sacan pecho, mienten sobre Cataluña y España y encima pretenden que España les saque las castañas del fuego, porque, dicen -y hay demasiados bombardeados por las televisiones públicas catalanas que lo creen-, que España, con la que no quieren saber nada, les ha arruinado.

Recordemos. Parlament de Catalunya, 24 de febrero de 2005: Pascual Maragall (PSC) era Presidente de la Generalitat. Artur Mas le dirige una fuerte crítica personal. Maragall se levanta de su asiento y dice simplemente: “Vostès tenen un problema i aquest problema es diu 3%”. (“Ustedes tienen un problema y ese problema se llama tres por ciento”). Y Maragall se sienta: el silencio se corta. Se ha roto violentamente, inesperadamente, l’omertà sagrada e inquebrantable de la política catalana. Se ha hablado públicamente de lo que todo el mundo sabía: las comisiones ilegales sistemáticas para toda licencia, todo concurso, etc., durante años. El Parlament se queda fulminado de estupefacción e incredulidad ante las palabras de Maragall. Artur Mas sólo acierta a responder, con involuntaria sinceridad: “Vd. ha perdido los papeles... (tres veces) Vd. ha enviado la legislatura a hacer puñetas”. Naturalmente, Pascual Maragall tiene que rectificar y lo hace escuetísimamente. Pero el momento es para revivirlo. Véanlo, por favor: http://www.youtube.com/watch?v=-acv9Bzu48M&feature=related. Después, fuera ya del parlamento, Mas amenaza a Maragall con querellarse, Maragall se disculpa más aún y no hay querella, por supuesto (tal vez por aquello de la exceptio veritatis en las injurias y calumnias dirigidas a funcionarios y cargos públicos y, sobre todo, porque lo de Maragall ha roto la más básica de las reglas del juego de la política catalana y lo que importa, lo único que importa, es restablecerla cuanto antes y que no se hable más).

Bien. Siendo así las cosas, ni el Sr. Rajoy puede ponerse en nervioso en TVE diciendo que lo del independentismo catalán, con millón y medio en las calles, es “algarabía”, ni el Sr. Rubalcaba puede quedarse consternado, pero silente. El Sr. Rajoy tiene que decirle al Sr. President de la Generalitat de Catalunya, el honorable Artur Mas, que se ha acabado todo diálogo sobre el "pacto fiscal" y sobre ayudas económicas para llegar a fin de mes y pagar las nóminas de la Generalitat. Se ha acabado porque él, Mas, ha jugado con el Estado español en el peor de los momentos y eso tiene que tener consecuencias. Primero puede decírselo en privado, pero después nos debemos enterar todos. Si esto no ocurre, España no tendría un Presidente del Gobierno de la Nación con el más elemental sentido de su cargo, de su ciudadanía y del respeto que merece el Gobierno y el Estado y que merecemos los españoles, empezando por los que amamos, desde hace muchos años, tantas cosas de nuestra querida Cataluña, pero que, por propia estimación, por sentido de la justicia, por dignidad, ya no podemos aceptar más falsos victimismos y más insultos institucionales. Se equivocará el Sr. Rajoy si piensa que esta “algarabía” carece de importancia vista la situación económica y comparada con ésta. Se equivocará si se hace el distraído (una vez más). Puede hacerse el distraído, pero Mas, Merkel, Draghi, Monti, Hollande y millones de ciudadanos podrán pensar que el Gobierno de España está presidido por un monigote.

En cuanto al Sr. Rubalcaba, es el jefe del primer partido de la oposición: ya no se puede esconder. Debemos saber cuál es, de una vez por todas, la posición del PSOE en una hora seria para esta Nación.

Pero luego, a mi entender, modesto y falible pero muy meditado, habría de aprovechar el Partido Popular su amplia mayoría en Congreso y Senado para ir preparando que los independentistas catalanes vean colmados sus deseos, que, ahora, ya sin dudar, son los míos y los de muchísimos españoles. Que se haga un referendum y que Cataluña se vaya de España, puesto que los catalanes no la quieren, sino que la explotan. Para amarrar el resultado, llegaría a recomendar que voten independencia todos los catalanes-españoles que queden (bastantes, supongo). Yo no veo mayores problemas en la independencia de Cataluña y los veo, a todas horas, en el mantenimiento de este juego de tahures, de esta timba de tramposos en un vertedero de basuras. Veo ventajas, bastantes ventajas a independizarnos de Cataluña (por el procedimiento inverso, eso sí: que sean ellos los secesionistas y queden fuera de la UE) siempre, claro está, que los catalanes que quieran seguir siendo españoles puedan serlo, con sus empresas.

Ya sé en qué va a consistir la crítica a esta propuesta. En esto: “hombre, no te pongas así”. Pues no, posibles lectores bienpensantes y amantes de la normalidad: yo no escribo esto en un pronto, sino con toda tranquilidad y después de haber pensado mucho tiempo. Yo no me pongo duro. Nos han puesto en una situación dura, que no cabe afrontar con cataplasmas convencionales. Nunca hay que precipitarse, pero sí es necesario tomar decisiones. Y en situaciones extraordinarias, las decisiones muchas veces también tendrán que ser extraordinarias. No hay que aturdirse ni alocarse ni dar palos de ciego. Pero, si no estamos ciegos, entenderemos que es preciso, que es inevitable arriesgarse. Ahora, en esta época, lo insensato es no tomar otras decisiones que las que no impliquen riesgos. Eso es pura y simple parálisis, putrefacción y muerte segura y sin dignidad.

España va a tener que cerrar filas para recuperarse y rehacerse económica y socialmente. Ése es un gran motivo más para no albergar a quienes no quieran ser españoles.

YA NO HAY DUDA: EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL ES EL “NO VA MÁS” DEL CORRUPTO “ESTADO DE PARTIDOS”

UN MINI-CONSEJO (CGPJ), OCURRENCIA POCO ORIGINAL DEL MINISTRO DE JUSTICIA DE ESPAÑA
(Actualizado a 19 de junio de 2012, 19.00 horas)

Si no me equivoco, “Estado de partidos” fue una noción acuñada hace mucho tiempo por el Prof. García Pelayo (q.e.p.d.), presidente del Tribunal Constitucional (TC), desde 1980 a 1986. La noción fue utilizada y muy difundida por la Sentencia TC Pleno 108/1986, de 29 de julio, precisamente sobre el CGPJ y la designación  parlamentaria de todos sus Vocales, incluso los 12 que han de ser “Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales” (art. 122.3 de la Constitución Española: CE).  Alertaba el TC del grave peligro de que esos 12 Vocales, en vez de representar a la Carrera Judicial, como afirmaba que era la voluntad constitucional, fuesen designados en razón del peso de las formaciones o grupos parlamentarios, lo que respondería a la “lógica del Estado de partidos”, pero no a la configuración deseada para ese órgano (el CGPJ) como garante de la independencia judicial, por desapoderamiento del Ejecutivo respecto a selección, nombramientos, inspección y sanciones de los Jueces y Magistrados, titulares del poder judicial.

La expresión “Estado de partidos” era y es certera (en especial frente al concepto de “Estado de Derecho”) porque si, pese a las proclamaciones constitucionales sobre la ausencia de mandato imperativo de Diputados y Senadores, éstos acaban representando a los partidos políticos con mayor implantación —como efectivamente ocurre— y si de los Diputados —como representantes de hecho de los partidos— viene a depender formalmente el Gobierno, sólo falta que a los poderes legislativo y ejecutivo, así determinados y condicionados por el juego político-partidista, se añada el Poder Judicial. Con ese añadido, está completo el “Estado de partidos”. El TC consideraba  que ése era un riesgo o peligro cierto de la designación parlamentaria de todos los Vocales del CGPJ, pero, al afirmar que no era absolutamente necesario que el riesgo o peligro se materializase en resultado contrario de la Constitución, no declaró inconstitucional la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), de 1985, en lo relativo a esa designación parlamentaria. Siempre pensé que el TC ejercía un funambulismo de altos vuelos con tamaño salto dialéctico (el de no permanecer en el ámbito de los riesgos o peligros, que las disposiciones legales deben neutralizar, atenuar o disminuir, y pasar a considerar resultados. No ha variado mi pensamiento y he tratado también en este “blog” de la destrucción del concepto de garantía (v. http://andresdelaoliva.blogspot.com.es/2012/01/las-garantias-juridicas-en-vias-de.html), pero ocurrió, además, que lo que al TC le parecía peligro de algo inconstitucional rápidamente se convirtió en resultado indiscutible de inconstitucionalidad (“reparto de Vocales por cuotas parlamentarias”), resultado que no ha dejado de repetirse una y otra vez sin que nadie se atreviese a negar su realidad.

Permítaseme la auto-cita, para ahorrarme tiempo. El 3 de octubre de 2011 escribía aquí: «No es ninguna manía personal esta idea de que el CGPJ es el exponente más intenso del “Estado de partidos”, corrupción de la democracia parlamentaria, sin atisbo ya de una genuina separación de poderes. Entender al CGPJ como órgano constitucional convertido en máximo exponente de la corrupción objetiva de la democracia constitucional tiene un fundamento claro: el último sistema de elección de los 12 Vocales del CGPJ que han de ser Jueces y Magistrados [instaurado por la L.O. 2/2001, de 28 de junio, con el PP en el Gobierno y el Sr. Acebes en el Ministerio de Justicia] provoca que el ámbito partidista-parlamentario y el judicial se empasten con una mixtura que no tiene parangón. Que Diputados y Senadores tengan que designar a esos 12 Vocales de entre los Jueces y Magistrados que figuran en unas listas confeccionadas sobre todo por las asociaciones judiciales no conduce, como se quiso hacer pensar, a limitar la capacidad de decisión de los Diputados y Senadores a cambio de un mayor peso del conjunto de los Jueces y Magistrados: conduce a que, en cuanto se aproxima la renovación del CGPJ, se inicie un largo, intenso y duradero compadreo entre los partidos y las asociaciones judiciales, aunque éstas, sumadas, no alcancen a integrar a la mitad de los Jueces y Magistrados en activo. Las asociaciones judiciales (o cualquier iniciativa independiente que pretenda no ser meramente testimonial) operan en función de lo que a los responsables políticos les pueda parecer y les parezca aceptable. Así, tras ese compadreo o “negociación”, salen las listas pretendidamente limitativas de posibles Vocales judiciales y, después, por cuotas parlamentarias, como desde 1985, los partidos designan los 12 Vocales. Tamaña implicación del mundo del Derecho y de la Justicia con el mundo de los partidos políticos no se produce ni siquiera al designar Magistrados del Tribunal Constitucional: ahí, la pugna y la “negociación” son directamente político-parlamentarias» (v. http://andresdelaoliva.blogspot.com.es/2011/10/hasta-el-20-n-un-parentesis-despues-del.html)

Aquí hemos seguido de cerca las andanzas de la “última edición” del CGPJ (pinchen, si quieren recordar, en la etiqueta correspondiente) y, por tanto, no nos puede extrañar lo más mínimo que la historia esté acabando con algo tan novedoso —lo único que les faltaba— como una renuncia del Presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ por avalancha de críticas públicas y declarada falta de respaldo de los Vocales a D. Carlos Dívar, primer presidente del órgano de gobierno del Poder Judicial cuya designación fue anunciada por el Presidente del Gobierno, a la sazón D. José Luis Rodríguez Zapatero, tras rapidísimo consenso con D. Mariano Rajoy, entonces Presidente del Partido Popular. La cosa tenía ya muy mal aspecto (puesto que Dívar no era un jurista, ni a secas ni de reconocido prestigio ni de reconocida competencia). El cariz de las cosas empeoró más aún cuando los muy desairados 20 Vocales de los que dependía la designación no testimoniaron siquiera su malestar y votaron unánimemente a Dívar. Y después, acontecimiento tras acontecimiento, el estado de este CGPJ no ha hecho más que agravarse hasta la actual putrefacción manifiesta.

El descontrol del gasto público en el CGPJ ya había tenido una expresión superlativa —no recordada por nadie, que yo haya visto— cuando el 20 de mayo de 1998, la misma “edición” del CGPJ que antes, en 1996, había acordado que sus miembros no tuviesen que justificar gastos de representación, aprobó, con sólo 4 votos en contra, una “autosubida de sueldo” del 23%, para que el “órgano gobernante” no ganase menos que el “órgano gobernado” (el TS), subida que se hizo efectiva con efecto retroactivo a 1 de enero de 1998, mediante una transferencia de fondos del capítulo I (gastos de personal) que no se habían gastado, sin modificación presupuestaria (que, naturalmente, hubiese correspondido al Parlamento). Vean la estupefaciente noticia entera gracias al siguiente enlace: http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1998/05/21/022.html

(Muy grave fue, aunque dentro de los parámetros ordinarios de nuestra clase política, que el Congreso de los Diputados aprobase para el siguiente ejercicio presupuestario el susodicho aumento del 23% y consolidase así unas retribuciones altísimas y absolutamente injustificadas)

Avergonzado por el desprestigio que ha causado, no ya al CGPJ, sino al mismo Tribunal Supremo, la presidencia de Dívar subsiguiente a la iniciativa de ZP consensuada con Rajoy; abrumado por la resistencia de tantos y tantos biempensantes a enfocar certeramente las noticias de los reiterados viajes de este Presidente y sus deplorables primeras explicaciones, que no hicieron sino repetirse varias veces, como si explicasen algo evidente y no quisiésemos entenderlo; entristecido todavía más, si era posible, a causa de la incapacidad de los Vocales (de todos) para reaccionar con elemental sentido común y dignidad (en unos ha habido desenfoque, pusilanimidad, chaqueterismo; en otros, exhibicionismo histriónico, oportunismo); apesadumbrado por el penoso apoyo a Dívar del Ministro de Justicia, Sr. Ruiz Gallardón, que cuando menos debió guardar silencio, al haberse dejado aconsejar decisivamente por el Sr. Dívar para formar el “núcleo duro” de su Ministerio (Secretaría de Estado, Comisiones prelegislativas, etc.); disgustado después ante la lenidad indisimulable y desvergonzada de la Fiscalía del TS y la General del Estado, decidí callar sobre este deplorable episodio de corrupción político-económica y sólo me referí, en su momento, a las especiales pestilencias que debíamos sufrir (por aquello de “a buen entendedor…”).

Ahora, sin embargo, anunciada públicamente la renuncia de Dívar, no tengo ya motivo para seguir callado. Y no quiero dejar de lamentar, ante todo, que, en su momento, la pregonada religiosidad y el no menos pregonado altruismo benéfico de Dívar —que lo pregonado no carecía de fundamento me consta personalmente— condujese a muchos a considerarlo idóneo o “de los nuestros”. Defiendo que cada cual exprese públicamente sus creencias y sentimientos religiosos en ocasiones apropiadas, pero nunca me ha gustado la beatería con visos de exhibicionismo. Y, desde luego, entiendo que un cristiano y, en concreto, un católico, tiene reforzadas por su fe las exigencias éticas propias de quienes ocupan cargos públicos o puestos de responsabilidad de los que otros dependen. Ni la ignorancia vencible (o "inexcusable", como dice la ley procesal) ni la vagancia ni el desahogo se atenúan un ápice por ser lo que antes se llamaba “de misa y comunión diarias”. Será al revés, en todo caso. Espero que este comentario, con el que no juzgo el interior de nadie, sino que valoro su comportamiento externo, ya conocido de todos, no sea interpretado como una falta de caridad con esta persona. Lo digo porque una vez me reprocharon esa falta de caridad por pedir que dimitiera de un cargo público quien había sido juzgado y condenado por hurtar varios objetos en unos grandes almacenes.

Dicho lo anterior, continúo. Sólo un muy extendido acostumbramiento a aprovecharse de los cargos públicos hasta para tomarse una cerveza y una aceituna, que no se paga si se puede endosar la cuenta a los ciudadanos (asombra ya tamaña tacañería), sólo una insensibilidad roqueña hacia los demás, sólo la más absoluta falta de elegancia, sólo la más necia equiparación de lo legal con lo ético pueden explicar que el comportamiento del Sr. Dívar haya sido, ante todo, tolerado y amparado desde dentro del CGPJ, donde, a no dudarlo, muchos debían conocerlo. Sólo ese compendio de desatinos y pésimos criterios individuales y sociales permite entender que, descubierto el pastel de tanto viaje y tanta cena, nadie haya sido capaz de decirle a D. Carlos Dívar: “no se engañe, D. Carlos, esto se ha acabado: váyase enseguida. Game is over.” Al revés, bastantes cerraron filas, como si el meollo de la cuestión fuese una trifulca interna. Hemos asistido a una polémica torpe, trucada, inmoral, casi obscena, sobre la distinción entre lo privado y lo público, con alegatos tan inaceptables como pretender que, por ser siempre, todos los días y a todas horas, Presidente del TS y del CGPJ (como siempre es uno lo que sea: Ministro, Presidente del Gobierno, Consejero de Estado), todo lo que decida gastar esa persona corre a cuenta de los caudales públicos. [ACTUALIZACIÓN: no es sólo que en el CGPJ conocieran lo que sucedía con los generosos caudales públicos presupuestariamente asignados: es que les parecía de perlas, porque, quien más quien menos, funcionaban como Dívar. A mí me repugna ver cómo el Vicepresidente, Sr. de Rosa, otro no jurista, ahora se autoproclama ya "sucesor" de Dívar y "regenerador" del CGPJ o cómo, hace poco tiempo, con el "affaire Divar" ya en la calle, el Vocal Almenar Berenguer, el peso pesado de la APM, que, en consenso con la Vocal Robles, ha manejado el CGPJ mientras Dívar disfrutaba del puesto, aparece como paladín de la austeridad.]

Lo más grave no es que haya personajes dispuestos a ahorrarse la pasta de dientes si después de cepillárselos tienen un acto público, gente preparada para invitar a un prójimo con el dinero de todos los demás, personajillos atentos a no dejar escapar la posibilidad de aducir la importancia de su cargo para no explicar con quién cenan protocolariamente (como si, además, no cenasen o almorzasen en lugares públicos y el secreto sobre la identidad del acompañante protocolario estuviese justificado). Gente así ha habido y habrá siempre. Lo que no ha sido siempre así y lo que resulta más grave es que tantos pícaros y aprovechados hayan sido y sean nombrados para muy altos cargos y tantos, tantísimos, consideren normal lo que resulta a todas luces inaceptable y reprobable. Y tampoco ha ocurrido siempre que la eventual mala uva de un denunciante excusase radicalmente lo denunciado.

En medio de este asunto, ante el que el partido en el Gobierno y el principal partido de la oposición han sido incapaces de ponerse de acuerdo para resolverlo de forma limpia y rápida, poniendo fin cuanto antes a una situación podrida, aparece Ruiz Gallardón, Ministro de Justicia, a proponer un Consejo General del Poder Judicial con dos clases de Vocales, unos —cinco en total, concreta— de primera categoría y otros —quince, si se quiere respetar el número que establece la Constitución—, de segunda. Hace mucho tiempo que está reconocido el error de los constituyentes al diseñar un órgano con 20 Vocales, cuando la mitad serían suficientes. Pero, puesto que el art. 122.3 CE habla de 20 Vocales, parece claro que el CGPJ es un órgano colegiado con unas funciones mínimas (las constitucionales: “nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario” de los Jueces y Magistrados) que han de ser desempeñadas colegiadamente por esos 20 Vocales más, en su caso, el Presidente del TS y del mismo CGPJ, que es designado por esos 20 Vocales. De modo que, para lo esencial del CGPJ, un órgano colegiado con menos de 20 Vocales no sería acorde con la Constitución.

Además, la ocurrencia del Ministro no es original. En el año 2002 ya se redactó, bajo los auspicios del Ministro de Justicia, Ángel Acebes un Borrador de una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que, elaborado irregularmente por Magistrados del Tribunal Supremo, pretendía, entre otras innovaciones, esa “miniaturización” del CGPJ. Publiqué sobre esta ocurrencia (y sobre otra aún más grave) un artículo extenso, que los más interesados pueden leer en el “blog”, hermano de éste, titulado DOCUMENT-AOS, Depósito de documentos propios y ajenos (pinchen enlace). En ese artículo, que acabo de reproducir o "colgar" ahí, pueden encontrar más detalles y más argumentos.

En suma, lo que el Sr. Ruiz Gallardón pretende no se puede llevar a cabo sin reformar la Constitución, porque cualquier atribución esencial del CGPJ (que no debería tener ninguna otra más que las esenciales) está confiada a un colegio de 20 ó 21 miembros, lo que supone que todos han de intervenir del mismo modo, pues, de lo contrario, no estaríamos ante un órgano colegiado y no cabe dudar de que ese tipo de órgano es el que establece la Constitución vigente.

Otra cosa es que los Vocales del CGPJ hayan de tener necesariamente categoría de Secretarios de Estado, retribución igual a la de los Magistrados del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, vehículo oficial individual a plena disposición, generosos gastos de representación, etc. Eso se puede —y se debe— cambiar sin necesidad de reforma constitucional: con un cambio en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que no tendría por qué demorarse hasta disponer de una LOPJ completamente nueva, faraónica obra legislativa muy dudosamente necesaria, pero indudablemente retardataria de cambios urgentes. Me parece que sería suficiente una retribución superior a la de su empleo judicial (para los 12 Vocales judiciales) y compensatoria, para los 8 Vocales Abogados y otros juristas “de reconocida competencia”, de su lógica incompatibilidad durante el tiempo que ocupen ese cargo. En todo caso, reducir el gasto público en el Consejo General del Poder Judicial es empresa harto asequible sin necesidad de inventos que intenten sortear la Constitución y realmente la vulneren.

LA FATAL FUSIÓN DE DINERO Y POLÍTICA = “RESCATE” VIGILADO, AUNQUE SEA “SOFT”

ESTO NO ES EL FINAL: DEBIERA SER EL COMIENZO DE ALGO MUY DISTINTO
(9 de junio de 2012, 20.15 horas)

Que España, en conjunto, no sea rescatada, sino sólo la banca española, sería la parte “buena” e incluso muy buena de la noticia. Significa que el Gobierno ha logrado lo que durante semanas se ha estado considerando imposible: que se ayude a la banca española (la que lo necesite) sin intervenir a España, como en los casos de Grecia, Irlanda o Portugal. Es imposible negar que, confirmado lo que se perfilaba como seguro al comenzar a escribir este post, el Gobierno Rajoy ha logrado un éxito importante, porque, aunque este rescate soft les interesase a todos, Alemania incluída, España no ha sido intervenida. Éste es un hecho indiscutible y si no tenemos intervención es, lo están diciendo todos, porque algunas reformas se han hecho (aunque no todas, ni todas bien). Y es de grandísima importancia que se explique este “rescate” blando o soft al mayor número posible de españoles, siempre que se explique con toda objetividad, para informar en serio y no, en absoluto, para colgarse una medalla. (Pueden ver la declaración del Eurogrupo en español ihttp://www.elmundo.es/elmundo/2012/06/09/economia/1339273087.html o el Statement en inglés, que es el texto original y oficial, en una de las páginas de este blog).

Lamentablemente, hemos comenzado con una rueda de prensa del Sr. Rajoy, que, aunque haya aclarado algunas cosas elementales, ha carecido de humildad en el tono y de verdad (que es lo mismo) en el fondo, lo que, valoraciones éticas y estéticas aparte, ha sido otro gran error político (y lleva demasiados, "no forzados", como dicen en el tenis) [INCISO: ¿no se da cuenta el Sr. Rajoy de que las cosas positivas o menos negativas que ocurren o que se logran no se deben necesariamente a su talento, a su prestigio y a su esfuerzo: así lo tendría que apreciar sin necesidad de otro ejercicio que un breve repaso de sus contradicciones de los últimos días, de las últimas semanas, de los meses pasados desde que preside el Gobierno de España sobre todo y ante todo por el terrible demérito ajeno?]

Ante este “rescate” soft, el Gobierno de España -empezando por su Presidente, el Sr. Rajoy, que no reconoce ningún error, ni siquiera los suyos personalísimos, que no son pequeños- tampoco está para andarse con autocomplacencias. Además de que las reformas las aguantan los españoles más aún que el Gobierno, éste ha tenido que solicitar un "rescate blando" cuando no quería, antes de que los auditores Wyman y Berger hayan establecido qué pasa con la banca española y cuál es la cifra necesaria.  Ha tenido que pedirlo y aceptar este “rescate” soft el 9 de junio de 2012 en vez de a partir del 21 de junio. Y, sin duda, habrá que afrontar consecuencias: las habrá positivas, pero no serán todas agradables, porque el Estado se endeuda (más aún) si la banca no responde bien y ya sabemos que el Estado no es nadie en particular y somos todos en general. El dinero -esto es lo más importante- no se presta ni se entrega a la banca española, sino al FROB como agente del Gobierno español y éste se hace responsable. Vean, en una de las páginas de este blog, el texto completo del "rescate" en los términos del Eurogrupo, que son los que valen. Pero -hay que añadirlo, en vista de que las opiniones políticas y económicas están mermando mucho la objetividad- bastantes, en Europa y fuera de ella (e incluso en España), querían la intervención de España y no la han logrado. Esto es tan cierto como lo anterior.

En la semana pasada, se producía un pulso Gobierno/Rajoy con UE/Merkel, por decirlo de alguna forma. El viernes y el sábado pasados, con un mayor silencio de la UE, el protagonismo público corrió a cargo de Reuters, FMI y Obama, obviamente no sin conexión con la Comisión Europea. Si vuelvo al símil del ring de boxeo, que utilicé en el post anterior, esto del “rescate blando” de nuestro sistema bancario puede ser visto como combate nulo o, más exactamente, como una derrota de España/Rajoy por puntos, pero no por K.O.

En todo caso, el “rescate”, aunque sea “blando” (es decir, para entendernos, insisto, no como el de Grecia, Irlanda o Portugal), señala definitivamente al sistema financiero español (o, mejor, a la realidad de ese sistema) como la almendra de nuestra crisis dentro de la economía mundial. Así, se comienza a poner fin al desastre por donde empezó: por bancos y cajas. Como en todo el mundo. Los efectos de la grandiosa burbuja inmobiliaria en nuestras cajas y bancos, impulsada decisivamente por el sistema financiero de los EE.UU., con sus hipotecas subprime, sus “ninjas”, etc. son, a fin de cuentas, la debilidad económica española que determina el rescate. Como  se lee en el Romance de la muerte del Rey Don Rodrigo, se castiga a España “por do más pecado había” (y, como suele ocurrir, pagan justos por pecadores).

Pero no han sido sólo bancos y cajas de ahorros los pecadores. La “clase política” -en la que están tirios y troyanos, pero más que nadie ZP/PSOE & friends- ha jugado un papel decisivo, de coautores. El Banco de España (BDE), puesto en las manos partidistas del Sr. Fernández Ordóñez, continuó desoyendo los informes de sus propios inspectores acerca de la excesiva implicación financiera con la construcción (no tanto, aunque también, con los compradores de viviendas a base de crédito hipotecario, como con constructores o promotores inmobiliarios). Fue la “clase política” -tirios y troyanos- la que corrompió muchas cajas de ahorros y propició que financiasen barbaridades. Y fue “clase política” entera la que impulsó, seguramente con la complicidad de agentes económicos, no el desmantelamiento de las cajas corruptas, sino su fusión y conversión en bancos. Esto se hizo contra dos evidencias: la primera, que las cajas, en sí mismas, no eran un mal invento, sino uno buenísimo para el crédito de millones de ciudadanos y por sus fines sociales en lugar del dividendo; la segunda, que de la suma de tres (o seis) cosas malas no puede resultar una buena. Ni los políticos, ni los financieros que vieron algún negocio en ese pésimo tratamiento de las cajas, hacieron caso de esas evidencias. Añadan a esa situación, como catalizador, el pésimo manejo, en fondo y forma, del caso Bankia y la sospecha de que la sobreexposición “al ladrillo” es mayor de lo que parece y empezamos a tener descrito, a grandes rasgos, el panorama que hoy determina el “rescate”. Falta sólo añadir el fracaso de los reguladores, porque no ha sido sólo el BDE, quien ha fallado. También la Comisión Nacional del Mercado de Valores (que, p. ej., no vió problemas en la salida a bolsa de BANKIA) y, aunque en otra medida, hasta los vigilantes de la competencia. Por último, un papel no despreciable ha jugado también la misma UE, una vez reconocida la crisis: ¿o acaso debemos olvidarnos por completo de los “test de estrés” bancario, organizados y avalados por la UE, a que se sometieron las entidades financieras españolas? El Banco Central Europeo (BCE) no está exento de alguna culpa, por más que las cajas de ahorros no fuesen sometidas a esos “test”.

En todas partes cuecen habas, me reafirmo. La implicación de los grandes agentes económicos con la clase política no es cosa solamente española. En el origen histórico de este desastre mundial, en los EE.UU., ha sido y es igualmente decisivo el papel desempeñado por la Casa Blanca, el Capitolio, la Securities and Exchange Commission (SEC) y el Sistema de Reserva Federal (FED). No lo digo yo: era la conmixtión o la simbiosis de Capitolio, White House y Wall Street lo que, en su campaña electoral, Obama prometió liquidar y no ha liquidado, sino continuado (como Guantánamo). Ocurre, eso sí, que aquí, en España, la simbiosis ha sido y es muy grosera y ha habido abundancia de analfabetos económicos manejando dinero y tomando decisiones. En los EE.UU., en cambio, muchos agentes económicos y muchos buenos cerebros han intervenido y siguen interviniendo (via “lobbys”, fundaciones, introducción directa en ámbitos de poder, etc.) para que el complejo político-financiero (en gran medida corrupto) no llegue a desmadrarse en ningún sentido (aunque aun así, ha habido grandes y notorios desmanes). Aquí esos agentes no han existido ni existen con la misma fuerza y capacidad de influencia, porque fundaciones, servicios de estudios, etc., además de no contar con los inmensos recursos de sus analogados norteamericanos, no tienen una relación tan estrecha y fuerte con quienes deciden como en los EE.UU.

No hace muchas horas, un amigo extranjero, que ha vivivo muchas crisis en otros países y conoce muy bien España, me hacía notar su asombro al estar comprobando en estos días cómo muchos empresarios (llamésmosles así) españoles siguen aún en la idea de que nuestra crisis, con ser muy grave (incomparable con otras anteriores), era o es un paréntesis. Toda su preocupación es cuándo terminará, para cerrar el paréntesis y, por supuesto, seguir de inmediato más o menos como hasta ahora.

Y no. Esta crisis no es como un paréntesis. Es el final de una época, marcada por muchos factores, totalmente desechables (el primero la "cultura del pelotazo", muy lejos de su extinción). España sigue y no deja de ser y de tener, tras el “rescate blando”, lo que es y lo que tiene, positivo y negativo, antes del “rescate”. Hay que seguir adelante, sobre las bases reales y aprovechando algunos efectos benéficos, pero con algo distinto, con emprendedores renovados y con metas y mentalidades cualitativamente distintas y, por supuesto, mejores.

Pero temo que, lamentablemente, falte visión de conjunto y de futuro. Temo muy mucho que con el “rescate blando” no haya catarsis suficiente. Se hundirán tinglados insalvables y eso no estará nada mal, pero ¿qué hará la clase política? Bien puede ocurrir que el Gobierno y el PP no sepan explicar lo que ha ocurrido y lo que se ha logrado, para lo que, bien miradas las cosas, tendrían que reconocer y entender dónde se han dado tantos pasos erróneos, por omisión y por acción. El PSOE está perdido, sin el menor sentido del Estado. A los primeros les puede dar por intentar sacar pecho, ponerse medallas y creerse genios, con lo que no habrá enmienda de tantas cosas que enmendar. Del PSOE/Rubalcaba sólo cabe esperar que digan ahora lo contrario de lo que dijeron e hicieron. Pero también sería malo que, a unos y otros, con el inestimable “apoyo” de muchos “medios” ignorantes e irresponsables,  les diese por considerarse (por considerarnos a todos) perdedores sin remedio, españoles irredentos e irredimibles, que es el mantra de tantos neoregeneracionistas de vía estrecha. Entonces, el desaliento general ya instalado no tendrá alivio y, en el plano de la politica, se abrirá la búsqueda de chivo o chivos expiatorios (incoada ya en voz baja dentro del PP). Se pedirá -ya se está pidiendo- que rueden cabezas, bajo la bandera de las responsabilidades. Ésta es una película muy vista y con muchos remakes, todos ellos muy vistos.

No seré yo, que llevo tiempo insistiendo hasta la pesadez (lo reconozco) en el terrible fallo del principio de responsabilidad y del sistema de responsabilidades, sospechoso de preferir e insinuar que las cosas sigan como están, ocultas e impunes, sin vigencia de ese básico principio de nuestra vida social y con un sistema de penosa ineficacia para la declaración de responsabilidad y sus consecuencias. Pero ocurre que la rápida determinación de cabezas de turco y de chivos expiatorios no es otra cosa que un escarnio del principio de responsabilidad y un burdo remedo del sistema para exigirla. Es un ajuste de cuentas mafioso. Un apaño interno de la clase política. No es eso lo que necesita el país.

Así que lo prioritario para lo que pueda quedar de sano entre nuestros dirigentes políticos y sociales (verán que admito que algo quede sano:  aún tengo optimismo) es sentar las bases del cambio en la banca y en la política, con una determinación tan grande como la serenidad y la prudencia. Las responsabilidades deben ser determinadas con toda seriedad y las reformas que faltan han de pensarse muy bien (nada de torpes ocurrencias, como hasta ahora) y, una vez bien pensadas, deben debe acometerse sin demora. Si lo que podríamos llamar, en términos clásicos, la pars sanior (la parte más sana o simplemente sana, pequeña, pero aún con poder) de la política no se refuerza con gente seria y es desbordada por la turbamulta de nuestros ganapanes políticos (principales elementos de la desconfianza mundial, ya desacreditados ante nuestra ciudadanía) y si el Sr. Rajoy no rectifica criterios y actitudes claramente equivocados que ha venido manteniendo -como el de no preocuparse por las responsabilidades, el de pontificar sobre el estado de nuestro sistema financiero, que no conoce, o el de querer ser él mismo la cabeza y el portavoz en matería económica-, ya no me alegraré de que no intervengan a España. Al contrario, saldré a saludar con banderita a esos “hombres de negro” de la troika interventora (¡no le va el humorismo, Sr. Montoro!), como salían a saludar a “los americanos” los paisanos de Villar del Río (Guadalíx de la Sierra), encabezados por su alcade, el inolvidable Pepe Isbert, en la extraordinaria película “Bienvenido, Mr. Marshall”.

Diré otro día mi opinión sobre las debilidades más claras de este Gobierno, que tiene que reforzarse (o caerá). Se refieren, precisamente, al sistema de determinación y exigencia de responsabilidades y a lo más elemental de la construcción de un futuro sobre bases sólidas.