LA IDIOCIA DE FESTEJAR UN ENDEUDAMIENTO INMORAL

POLÍTICOS SIN VERGÜENZA NI SENSIBILIDAD

Nunca he logrado entender cómo una gran mayoría de medios de comunicación han estado festejando, y aún hoy persisten en festejar, los sucesivos endeudamientos del Estado sobre la base de que los intereses comprometidos en cada ocasión son muy bajos (en comparación con los que habíamos de ofrecer con la famosa “prima de riesgo” disparada). Cualquiera diría que deber cada día más dinero es, para quien no esté loco, un sólido motivo de alegría, regocijo y entusiástica celebración.

Pero sí. Lo que está ocurriendo es que seguimos pidiendo dinero prestado, sin reducir seriamente el gasto público del que vive la muy nutrida clase política con todas sus numerosas subclases, dejando prácticamente intacto un “Estado de las Autonomías” sobredimensionado. En cambio, lo que se ha hecho para reducir el gasto han sido severos recortes en servicios esenciales —esenciales también para cualquiera que se proclame liberal: justicia, defensa, seguridad del Estado, p. ej.— y en prestaciones sociales que merecían conservarse —con serios ahorros, desde luego, pero sin grandes deterioros—, como la sanidad, la educación, las instituciones investigadoras, etc.

El Gobierno del Sr. Rajoy (Presidente al que siempre reconoceré el mérito de no haber pedido el rescate completo de España, pese a los enormes presiones en ese sentido) no se atreve a las reformas del Estado que son necesarias y, no sólo carece de ese atrevimiento, sino que tiene la fácil osadía de esquilmar a la clase media y no combatir en absoluto la tan arraigada y ya añeja praxis empresarial de la simbiosis con lo público: una simbiosis claramente parasitaria. Eso es lo que, de hecho y dejando al margen modelos ideológicos que no vienen a cuento frente a la realidad, ha sucedido y sigue sucediendo con las privatizaciones y hasta con las cesiones de gestión de servicios públicos, por no hablar de las ordenaciones y reformas urbanísticas: oportunidades de negocio, a veces pingüe (porque los supuestos empresarios no arriesgan un duro) en las que los conflictos de intereses, que deberían operar como frenos, funcionan como estímulos porque se convierten en convergencias de intereses, del que está excluido el interés público, el bien común o como se le quiera llamar al beneficio para la generalidad de las personas. Ésa es la almendra de la corrupción.

Por añadidura, sigue siendo muy tenebroso, muy oscuro, el papel de las entidades financieras, aunque sí está claro que su rescate lo pagamos todos.

El pequeño emprendedor, la empresa familiar, el autónomo y el peatón democrático soportan una presión fiscal tremenda. Y, paradójicamente, no se recauda lo suficiente. El sistema tributario es, nos dicen todos, muy ineficiente. Pero, ¿cómo podría ser eficiente si la cosa pública está, toda ella, en muy malas manos? (recuerden: http://andresdelaoliva.blogspot.com.es/2013/12/a-los-35-anos-de-la-constitucion-ella.html) Encargan a expertos una serie de propuestas de reforma fiscal. Pero, ¿acaso no persigue el encargo, marginando reactivar la economía y mejorar el nivel de vida general (que, al revés, no cesa de bajar), aumentar la recaudación? Están llegando al nivel de los atracadores, pero sin los riesgos de éstos. Ya lo había escrito antes, pero me parece que debo repetirlo.

Al tiempo, seguimos gastando más, mucho más, de lo que tenemos (o, en otros términos, de lo que obtenemos). Pero digo mal, porque no seguimos gastando: son “ellos” los que siguen gastando mucho más de lo que equitativamente pueden recaudar y más de lo que razonablemente pueden seguir pidiendo prestado, como si nadie tuviese que devolverlo. Y hay quien presta, porque sabe que, en algún momento, si no en dinero, recibirá a cambio activos suculentos.

La gente, los españoles en su inmensa mayoría, siguen con muy poco dinero en el bolsillo: el justo para llegar a fin de mes. Millones de empleados ganan menos que antes y se mantiene una gran masa de desempleados, sin una tendencia clara y firme de creación de empleo. Sectores productivos enteros se salvan por la exportación y otros se mantienen a causa de las compras por empresas e inversores extranjeros de toda clase de los aludidos activos españoles previamente depreciados por la crisis, pero sin duda valiosos en sí mismos. Porque España está en saldo, como hace tiempo veía venir en este blog (vean, a título de ejemplo: http://andresdelaoliva.blogspot.com.es/2010/05/el-ajuste-espanol-no-convence-ni.html). Y las compras a saldo se presentan como recuperación, incluso como espectacular recuperación económica. Y es que, también en el ámbito de la información y de la opinión sobre economía, la propaganda ha sustituido casi totalmente cualquier reflexión medianamente seria. Vean lo que ha dicho Bárbara Erehnreich: "Los periodistas no se comprometen con su profesión porque escriben para los ricos":  http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2014-03-27/los-periodistas-no-se-comprometen-con-su-profesion-porque-escriben-para-los-ricos_107537/

Y así es: aunque suene a archi-super-megatópico, resulta que nuestros políticos y todos sus expertos y escribidores alquilados o gratuitamente serviles se caracterizan por la insensibilidad absoluta hacia los necesitados, hacia la gente en apuros y por una paralela determinación muy firme de procurar que los ricos se enriquezcan aún más. Esta aberración moral y política no se da sólo en España, pero aquí se da. Hay demasiados dirigentes sin vergüenza ni sensibilidad.

Así las cosas, aparece esta noticia: “Europa” no se cree los “brotes verdes” porque el gasto público en España está descontrolado: http://www.elconfidencialdigital.com/dinero/Europa-brotes-verdes-Espana-descontrolado_0_2242575746.html

No es que me guste —al contrario, me preocupa mucho— que “Europa” pueda exigirnos más “recortes”. Pero, por de pronto, es un consuelo que algunas desvergüenzas no cuelen siempre y en todas partes.



Apenas venticuatro horas después de escribir este "post", aparece el comentario de Carlos Sánchez sobre informe de la OCDE acerca de la deuda pública en distintos países y en España. No se lo pierdan: http://blogs.elconfidencial.com/espana/mientras-tanto/2014-03-29/un-grafico-que-deberia-abochornar_109367/

CRISIS MUNDIAL Y CRISIS PARTICULAR DE ESPAÑA, QUE SE EMPEÑAN EN DESTRUIR

RUIZ GALLARDÓN, COMO UN ILUMINADO DESPÓTICO, DESTRUYE TODO LO QUE TOCA

Tenemos instalada en este planeta, desde hace tiempo, una crisis de civilización que está alcanzando su clímax. A diario, esa crisis, que no es únicamente económica, se manifiesta en episodios que desmienten una limitada capacidad de asombro por nuestra parte, la de las personas normales, el ordinary people. Como es natural, España está metida de lleno en esa crisis mundial. Pero, por si esa crisis fuese pequeño desafío, la clase social que forman nuestros dirigentes (la clase política propiamente dicha, los jerifaltes sindicales, los prebostes de la economía, etc.) viene causando y alimentando una crisis típicamente nuestra. En todas partes cuecen habas, como aquí he recordado con frecuencia, pero en España hay demasiados comportamientos relevantes que, en vez de hacer más llevadera o menos penosa la situación general, parecen dirigirse derechamente a que suframos más los españoles y a que España sea destruida.

No me refiero sólo a las conductas nacionalistas, mendaces y sectarias, negadoras de la historia, de la libertad y del pluralismo, que persiguen sus delirios con métodos propios de los más clásicos totalitarismos. Tampoco aludo únicamente al vandalismo decididamente pro-sistema de los “anti-sistemas” ni a la corrupción económica y política, no por conocida en general menos llamativa cuando se descubren algunas de sus concretas hazañas. Están también, como factores importantes de nuestra crisis particular, las acciones gubernamentales que, con improvisaciones inaceptables, a golpe de ocurrencias insensatas, promueven derechamente la destrucción de nuestros mejores activos culturales y sociales. Obcecados en no explicar antes de decidir, como empecinados en que no se entiendan las medidas que pretenden adoptar, muchos dirigentes no mejoran nuestro sistema educativo, sino que se diría que desean hundirlo definitivamente  y, desde luego, han emprendido todos los diversos caminos posibles para liquidar nuestra Justicia, desde hace siglos y hasta ahora accesible a los ciudadanos comunes, para convertirla sólo sea una Justicia para ricos. En esto se equivoca el Consejo General de la Abogacía Española: la ya aprobada Ley de Tasas Judiciales no instaura dos Justicias, sino sólo una: la de los económicamente pudientes.

Y, a diferencia de otros ámbitos en que se cometen muy serios errores, en éste, de la Justicia, tengo el convencimiento personal, sólidamente fundado, de que existen dos personas responsables sin disculpa posible. Está, en primer lugar, el Presidente del Gobierno, al que, pese a su inicialísimo perfil profesional jurídico (Registrador de la Propiedad), enseguida abandonado y, pese a su condición de hijo de un ilustre Magistrado, la Justicia no le importa. Porque no le importa la Justicia y como demostración de la certeza de esta afirmación, nombra Ministro de Justicia a Alberto Ruiz Gallardón, asimismo de inicial perfil profesional jurídico (Fiscal), que también abandona también de inmediato y, lo mismo que Rajoy, hijo de un jurista, notorio Abogado.

Hace meses, Alberto Ruiz Gallardón, que acaba de ser reelegido Alcalde de Madrid, quiere sobre todas las cosas ser Ministro del Gobierno de España, tras el triunfo electoral del Partido Popular. No quiere ser Ministro de Justicia y así lo declara ante testigos que conozco y me lo narran, añadiendo que si se trata de ese Ministerio, seguirá de Alcalde. Pero el Ministerio de Justicia es el único que Rajoy le ofrece y, a la postre, Ruiz Gallardón lo acepta. Se puede conjeturar sobre el por qué y, de hecho, varias conjeturas se formulan y circulan. Dicen que el enorme endeudamiento del Municipio de Madrid era una realidad de la que Ruiz Gallardón quería escapar. La explicación tiene base fáctica cierta, es lógica y, por tanto, verosímil. Pienso, personalmente, sin embargo, que el intríngulis del cambio está más en la idea fija del personaje -una idea muy del ancien régime franquista- según la cual ser Ministro es lo más, por decirlo en términos de la jerga postmoderna. Los datos permiten asegurar que Alcalde de Madrid es cargo de muy superior entidad -según los parámetros al uso: presupuesto, personal, “visibilidad- que ser titular de muchos Ministerios. En todo caso, no siendo además incompatibles las dos conjeturas, el hecho es que Ruiz Gallardón acepta el Ministerio y deja el Ayuntamiento. Deja lo que había logrado por elección popular y por un tiempo cierto y prefiere la precariedad -quizá prolongada, pero no por ello menos precaria- de una designación discrecional personalísima.

Pero Ruiz Gallardón no dejó el Ayuntamiento de Madrid de cualquier forma: lo dejó en manos de quien, en una de sus jugadas políticas previas, había colocado como “número dos”: Dña. Ana Botella Serrano. No tengo la menor manía hacia esta mujer, por estar casada con D. José María Aznar ni por ningún otro motivo. Pero siempre he pensado que carecía de hechuras personales y profesionales suficientes para ser teniente de alcalde de Madrid y más aún, como se venía anunciando, para ser alcaldesa. En la primera crisis seria, la de las trágicas muertes de la noche de Halloween en el recinto municipal “Madrid Arena”, se ha comprobado -y bien que lo lamento, no como otros, que parecen desear el hundimiento de algunos personajes aunque sea en relación con sucesos mortales- que, en efecto, carecía de talla. Amén de estar rodeada de concejales de una mala reputación merecida., como el concejal Calvo.

Yo soy firme y constante partidario de la responsabilidad personal, pero en la situación del municipio madrileño hay también una clara responsabilidad de Ruiz Gallardón, que, como en el “affaire Divar”, apareció al comienzo para apoyar al concejal Calvo y, a tal fin, no apeló a la presunción de inocencia, sino que se permitió ofrecernos un destilado de su necrosada ciencia jurídica: “La imputación, en nuestro Derecho, no es de ninguna de las formas un prejuicio de acusación.” Me abstendré ahora de comentar este interesado y disparatado error, para no desviarme demasiado, pero nos sitúa ya en la órbita procesal o judicial, en la que el Ministro acaba de culminar uno de los más graves atropellos contra España: convertir nuestra accesible Justicia en una Justicia a la estadounidense, únicamente para los económicamente poderosos. Un Ministro de Justicia, cualquier Ministro de Justicia, debería tener sensibilidad para los necesitados. Ninguna muestra de esa sensibilidad ofrece Ruiz Gallardón: él está con el poder y, si me apuran, lo encarna y personifica con desprecio olímpico a cualquier clase de necesitados.

No es cosa nueva. Desde hace ya varias décadas Gallardón no se encuentra a gusto sino entre los poderosos: poderosos empresariales, poderosos mediáticos, poderosos políticos, poderosos de todo tipo en términos monetarios, a la postre. Alberto Ruiz Gallardón quizá sea interiormente un sabio que se conoce a sí mismo y conoce sus limitaciones. En su conciencia y en su interior no entro. Pero por su comportamiento, nadie diría que reconozca ninguna limitación personal, sino que es a todas luces un hombre persuadido de hallarse entre una minoría de selectos, que él mismo encabeza.

Sin embargo, sus dichos y sus hechos como Ministro revelan pavorosas ignorancias, frivolidad máxima, desprecio a todo lo que se parezca a experimentar necesidad de conocimiento. Nadie tiene nada que enseñarle. De nadie tiene nada que aprender. A nadie considera oportuno prestar oídos. Y tampoco lee. El temario de las oposiciones por las que ingresó en la Carrera Fiscal, ya en sí mismo obsoleto, queda muy lejos y estaba bien para empezar, cosa que ni siquiera llegó a hacer el triunfante opositor. Funcionalmente, como Ministro, es un autista perfecto con modales de iluminado, de líder iniciático. Ya se advertía en el discurso inaugural de su era, que aquí comenté (http://andresdelaoliva.blogspot.com.es/2012/01/un-discurso-para-el-exito-politico.html): “la Justicia empieza conmigo, hasta ahora, nada se hizo, nadie acertó”. Nadie, lectores del blog: ni siquiera su buen padre. Y no exagero: me han proporcionado una pequeña información de sumo interés, me parece, que quiero compartir con Vds. Ahí va:

En la página 3 del

BOLETÍN OFICIAL  DE LAS CORTES GENERALES

III LEGISLATURA

Serie A:      PROYECTOS DE LEY.                                   9 de octubre de 1986 Núm. 2-2

ENMIENDAS

Supresión de las tasas judiciales.

se puede leer la enmienda siguiente:

«A la Mesa del Congreso de los Diputados

José María Ruiz Gallardón, Diputado por Zamora, perteneciente al Grupo Parlamentario de Coalición Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artfculos 110 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente enmienda al proyecto de Ley de Supresión de Tasas Judiciales.

Madrid, 24 de septiembre de 1986.- José María Ruiz Gallardón.

Enmienda número 8r de adición al artículo 3.

Se adiciona un articulo 3.0 al proyecto, que dice:

“Articulo 3:

No se devengará impuesto directo alguno como consecuencia de las actuaciones de los profesionales que intervengan en toda clase de procesos judiciales.”

JUSTIFICACION

Con el fin de hacer efectivo el abaratamiento de la Justicia, no sólo es preciso suprimir las tasas y el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, sino también el Impuesto sobre el Valor Añadido, que grava las actuaciones de los profesionales que intervengan en toda clase de procesos.»

No me digan que no es una anécdota histórica verdaderamente curiosa que el hijo de este abogado y diputado enmendante -a quien tuve el honor y el gusto de conocer y tratar- sea ahora el Ministro de Justicia que ha culminado exactamente lo contrario que propugnó su padre hace 26 años. Entonces, la misma formación política no quería eliminar sólo unas tasas muy módicas (vendrían a ser unos 10 euros por proceso), sino también el IVA, que ahora han subido hasta el 21 %. No digo que el hijo, Alberto, haya querido y logrado matar al padre, a su padre, José María, conforme a las tesis freudianas en su más dura versión. Pero lo que resulta seguro es que en 1986, Alberto Ruiz Gallardón ya no era un bebé, que desconociese la actividad y las ideas de su buen padre. Cuando su padre presentaba esa enmienda, el hijo tenía 28 años y era Secretario General (interino) de Alianza Popular, partido madre de la Coalición Popular, de la que José María Ruiz Gallardón era destacado dirigente. Desde luego, un hijo no tiene por qué pensar lo mismo que su padre. Sobran ejemplos de todo lo contrario. Pero cuando los dos, padre e hijo, comparten la misma afiliación política y el hijo la mantiene hasta nuestros días, que el padre quisiese el abaratamiento y el hijo haya logrado un tremendo encarecimiento merecería alguna explicación.

No hay quien entienda el propósito de impedir a tantos acceder a la Justicia, propósito que, propulsado por Ruiz Gallardón, ha merecido el apoyo del Presidente del Gobierno y de todo el Partido Popular, donde hay bastantes personas que tampoco entienden, pero que, por la naturaleza de un partido político en España, consideran que su extrañeza y no digamos su disconformidad personales son irrelevantes, de modo que casi no les cabe siquiera dudar internamente.

Lo que han perpetrado Ruiz Gallardón, Rajoy y el PP no se entiende en sí mismo. Pero menos aún, si cabe, se entiende que su crimen tributario, cívico y constitucional haya sido cometido precisamente cuando el Gobierno y el Partido Popular proclamaban la necesidad de auxiliar a unos cuantos deudores, como si estuviesen dispuestos a parar los pies a la banca.

Me parece el colmo de la incoherencia y de la insensatez política, además de ser inicuo, que cuando la gente desconfía al máximo de la banca y el Gobierno del Partido Popular ha inventado un Decreto-Ley para suspender algunas ejecuciones hipotecarias (no desahucios, como una y otra vez se ha dicho, confundiendo al banquero prestamista con el arrendador o "casero") en beneficio de quienes no pagan, se apruebe una ley que sólo permitirá a los bancos demandar, junto a otros “poderosos”, pero impedirá que a aquéllos y a éstos les demande la gente corriente. Una ley que, por añadidura, dispone que lo que los económicamente pudientes tengan que desembolsar de tasas al demandar acabe recayendo sobre los demandados sin apenas liquidez, si éstos pierden el pleito.

La incoherencia no me extraña, en primer lugar porque ya hace tiempo que la coherencia dejó de ser un valor digno de respeto y, al contrario, se comenzó a sacrificarla a todas horas ante el interés de cada momento y disfrazándose todo de “pensamiento útil”. Y no me extraña, en segundo lugar, porque sobre la “base” de la vaciedad y la inopia intelectuales no cabe esperar la coherencia. Se puede hablar de “pensamiento útil”, de “pensamiento débil” o, si quieren, de “pensamiento reactivo”, pero, en román paladino, lo que vemos y padecemos son decisiones y acciones a golpes de la primera ocurrencia, desde un estado de indigencia mental y con una actitud de inconmensurable soberbia, que resiste a cualquier crítica. La misma incoherencia ha mostrado el Ministro, el Gobierno entero y el Partido Popular cuando, hondamente preocupados por que nadie pierda su techo, construyen hace pocos meses un desahucio (ese sí) super-express (v. http://www.andresdelaoliva.blogspot.com.es/2012/05/fruslerias-y-errores-juridicos-al-borde.html) para poner inquilinos en la calle expeditivamente y ahora, en cambio, afirman pretender lo contrario.

Pero he dicho que no se entiende la ley de tasas judiciales, ni en sí misma ni dadas las circunstancias.  Y debo matizar. Yo entiendo que no lo acabe de entender (ni yo ni nadie). Y es que se trata de un genuino misterio: el clásico mysterium iniquitatis, misterio de iniquidad, de la teología católica. Con frecuencia nos fijamos sólo en la iniquidad y nada o muy poco en el misterio. Sí, la maldad es un misterio. Pero existe y se ejerce. No le den más vueltas.

Como el Ministro blasona de exquisita cultura, ahí va un recadito. En 1793 se editó y en 1795 se publicó por vez primera un pequeño libro de un inglés excepcional y un extraordinario jurista, Jeremey Bentham. El libro o panfleto se titulaba “A protest against law taxes”. Está bien documentada su extraordinaria influencia en Inglaterra. Es claro que ni el Presidente del Gobierno de España ni el actual Ministro de Justicia ni ninguno de los asesores de uno y otro conocen la existencia y contenido de este demoledor ensayo, nunca traducido al español. Espero poder ofrecer a los lectores de este blog y a muchos más, en pocos días [van a ser más días de los que pensaba, porque la traducción encargada necesita una cuidadosa revisión, que me llevará su tiempo], el análisis y crítica de Bentham respecto de las tasas judiciales, que consideraba el menos legítimo y menos defendible de todos los impuestos.

 Mientras tanto, Alberto Ruiz Gallardón, impasible el ademán altanero e intacta su superlativa autoestima frente a la caterva plebeya de jueces, abogados, secretarios judiciales, que le dicen “no”, seguirá destruyendo todo lo que toca (Madrid, la Justicia, el Partido Popular) desde que, con su mayoría absoluta en 1995, se transmutó por completo y abandonó su realidad de inteligente y brillante ser humano de 37 años para auto-admitirse e instalarse en su particular Olimpo.

-------------

PS. Espero que nadie piense que esta vez me he pasado. He releído estas líneas y no veo nada dicho a la ligera, sin conocimientos ciertos como base. Lo que está sucediendo -y ya lo he rechazado aquí bastantes veces- es que nos estamos acostumbrando a que el poder nos pase por encima irracional e inmisericordemente y aún pensamos que no nos queda ni una defensa verbal proporcionada, sino, en todo caso, unas objeciones suavonas, "con los debidos respetos", etc. Me puedo equivocar, pero no insulto. En cambio, los poderosos nunca se equivocan pero insultan nuestra sensibilidad y nuestra inteligencia todo lo que les viene en gana.

DEFINITIVAMENTE, EL MODESTO VICENTE DEL BOSQUE TRIUNFA, MIENTRAS OTROS, NADA MODESTOS, DEFINITIVAMENTE, NO TIENEN ARREGLO

LA SALA DE GOBIERNO DEL TRIBUNAL SUPREMO AMENAZA AL GOBIERNO AL QUEDARSE SIN COCHES OFICIALES

Como habrán visto, mi veredicto en el "post" anterior sobre el triunfo de la selección española de fútbol no ha podido tener más contundente confirmación. El señor Don Vicente del Bosque, que ya había acreditado plenamente sus cualidades, ha quedado consagrado por eso que a todo el mundo le importa, que es el resultado. Pero, a diferencia de cientos de miles de casos, aquí el resultado ha sido el que correspondía a la ilusión y, sobre todo, a un trabajo esforzado, coherente con la ilusión. En estos tiempos en que se diría que sólo los resultados interesan y no interesa cómo se alcanzan, es consolador un “happy end” (en realidad, el “happiest end”, el final más feliz), debido al acierto sobre los medios. Sólo añadiré que quizá muchísimos de los que, muy contentos ante el triunfo de una selección de fútbol, hoy dicen “hemos ganado”, probablemente, no dirían, si Italia hubiese vencido (mera hipótesis, porque no hay una selección campeona con sólo un buen portero, un excelente jugador, dos buenos y un seleccionador muy meritorio) algo similar al “hemos perdido, pero gracias (en el sentido de gratitud) a los azules”, como se lee en algún diario italiano (Il Corriere della Sera), sino que estarían poniendo verde a Don Vicente del Bosque y a tales y cuales jugadores españoles, o a todos ellos.

Y aunque el fútbol es sólo el fútbol, España -sí España, no su selección de fútbol, sino España, es decir, los españoles, que somos todos vagos, despilfarradores, sesteadores, dopados, etc.- nos hemos librado de ácidas y dañinas críticas que nos hubiesen dirigido aprovechando la derrota futbolera. Bien está que el ánimo se levante y se eviten bobadas.

De lo que va a ser dificilísimo librarse es de la mentalidad del “Estado de partidos” que los políticos tienen metida hasta la médula y de la penosa actitud con que desempeñan sus cargos en la cúpula del gobierno del Poder Judicial (Consejo General del Poder Judicial, CGPJ) y en el vértice de la piramidal organización judicial española, es decir, en el Tribunal Supremo (TS).

Vean, en un detalle, formal si se quiere, pero significativo, cómo, puestos de acuerdo PP y PSOE en 4 nuevos Magistrados del Tribunal Constitucional, no han sido capaces de presentar a esas personas como candidatos de ambos partidos, sino que han especificado los dos propuestos por el PP y los dos propuestos por el PSOE. Ya digo que ha sido una cuestión de forma, pero el partidismo metido hasta el tuétano les impide incluso “guardar las formas”.

En el CGPJ, ha sido noticia una cifra media de 22.000 euros de gastos anuales en viajes por cada Vocal. No desmentida la cifra, la doy por buena y me confirma en que, como ya dije aquí, lo del Sr. Dívar era conforme a un patrón colectivo. Pero lo más asombroso, lo más indigno, lo más desesperanzador es que la Sala de Gobierno del TS produzca un acuerdo contra el Gobierno o el Ministerio del Interior porque los Magistrados del TS se han quedado sin coche oficial (y sin escolta).

Con ese acuerdo, la Sala de Gobierno del TS se mete donde nadie le llama, es decir, adopta acuerdos fuera de sus competencias legales (vean si no me creen, el art. 152 de la Ley Orgánica del Poder Judicial) (LOPJ) (y fuera de sus competencias, ningún órgano público debería considerarse ni siquiera existente) y, más aún, todos sus miembros, excepto los que hayan salvado su voto, incurren en la falta disciplinaria grave prevista desde 1985 (con antecedentes en 1870) en el art. 418, nº 3 LOPJ: “dirigir a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos, invocando la condición de juez, o sirviéndose de esta condición.” Esta falta se ha interpretado siempre, pienso que con acierto, muy restrictivamente, sin considerarla cometida ante escritos o dichos muy críticos de Jueces y Magistrados, cuando no escribían o hablaban primordialmente en cuanto jueces. Pero, en el caso del acuerdo de la Sala de Gobierno del TS, es innegable que la censura se produce sirviéndose de la condición de Magistrados. Y cuando dicen, concretamente, que esperan que la medida adoptada no signifique, "tal como en principio aparece, una injustificada discriminación institucional puesto que si así fuese la Sala de Gobierno adoptaría las iniciativas oportunas" (la cursiva es mía), se sitúan muy cerca de la falta muy grave del art. 417, nº 13 LPOJ: “el abuso de la condición de juez para obtener un trato favorable e injustificado de autoridades, funcionarios o profesionales”, por no hablar de ilícitos aún más graves, porque el tono y el tenor literal de ese “adoptaría las iniciativas oportunas” suena a amenaza.

Pero a mí no me interesan ahora las sanciones ni los procedimientos. Sería sanísimo, para todos los españoles, que tampoco los Magistrados del TS se considerasen provistos de inmunidad e impunidad, a legibus soluti (liberados de la ley), sino a legibus alligati (atados por la ley), en la línea que la Escuela de Salamanca, antes que ningún otro personaje jurídico de la historia, proclamó respecto del soberano, del Princeps. Pero tendría yo que ser memo si pensase que el CGPJ está en mínimas condiciones de controlar la legalidad de los acuerdos de la Sala de Gobierno del TS.

Sea o no sancionable y aunque no sea sancionado, lo de la Sala de Gobierno del Alto Tribunal rompe la cota de la más absoluta inelegancia, por mucho que la retirada de coche oficial y escolta (por el Ministerio del Interior) se presente como agravio comparativo, según se ha presentado, en efecto. Parece mentira que los Sres. Magistrados miembros de esa Sala ignoren que nadie tiene derecho a coche oficial y que sus coches oficiales, como sus escoltas, obedecían a una valoración de riesgo que, bien o mal hecha, no es de su competencia, sino de la del Ministerio del Interior. Si consideran que la valoración pone en peligro sus vidas, hagan las gestiones oportunas, pero no adopten un acuerdo de aspecto penoso, porque se constituyen en jueces y parte de la cuestión y se pronuncian sobre asunto por completo ajeno a sus atribuciones legales. Y si resulta que otros cargos, aun inferiores en categoría, conservan su coche oficial, probablemente porque éste no depende del Ministerio del Interior, muestren los Magistrados de esa Sala un mínimo de señorío en vez de comportarse como niños envidiosos. ¿No se dan cuenta de que esta protesta no puede ser entendida por el ciudadano común? ¿En qué clase de burbuja viven? ¿Cómo no piensan en la reacción social de rechazo que generará su queja y, sobre todo, en que su actuación enrabietada redundará en un injusto desprestigio de centenares de jueces y magistrados que, sin coche oficial, siguen intentando hacer su trabajo cada dia, lo mejor que pueden? A esta última cuestión puedo responder con algo que ya escribí y publiqué: no hay un ámbito de la vida pública más ajeno a los problemas diarios de la Juzgados y Tribunales que el ámbito del TS.

Pero es que hay más, tiene más delito lo de esta Sala de Gobierno del TS. ¿Cuáles serían esas “iniciativas oportunas” que la poderosa Sala “adoptaría” si no les restituyesen los coches y los escoltas (pero, sobre todo, los coches con chófer)? (espero, por cierto, que no lo haga el Gobierno a causa de la amenaza). Porque uno debe pensar que, por perdías que estén las cabezas (que lo están y mucho, muchas de ellas, demasiadas), algo tenían en mente los miembros de la Sala de G. del TS al referirse a unas “iniciativas" o medidas "oportunas”. ¿Quizá amenazan con condenar al Ministerio del Interior o a cualquier Ministerio en los procesos contencioso-administrativos que le tocan a la Sala Tercera o en encausar a las primeras de cambio a los aforados a la Sala de lo Penal?

Ante esta pregunta, tal vez algún lector considere que me excedo en malévola suspicacia. Pues no, no me excedo. Hubo un comando -espero que se haya extinguido- de ciertos Magistrados del Tribunal Supremo que, no hace demasiados años, logró el denominado “estatuto de los Magistrados del Tribunal Supremo” a base de peregrinar por altos despachos gubernamentales y parlamentarios y en algunos de ellos presionaron de hecho como me he atrevido a imaginar ahora, a propósito de las “iniciativas oportunas”. Y, además, he escuchado decir que en la Audiencia Nacional, a causa de la supresión de escoltas y coches, se plantean, como represalia, denegar solicitudes de intervención de comunicaciones, registros, etc., puesto que Interior sostiene que ya no hay peligro. Se trata de un despropósito mayúsculo, con tintes delicuenciales, pero, por desgracia, no sería el primero.

La “protesta” de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo no se encuentra, en estos momentos, en la “web” del Alto Tribunal, pero no cabe dudar del acuerdo de marras, pues todos los medios se hacen eco de él. Me atrevo a pedir que lo “cuelguen” íntegro cuanto antes, con expresión de los participantes en esa Sala de Gobierno y, en su caso, de los votos discrepantes. No es sólo cuestión de gallardía elemental que den la cara, con nombres y apellidos, los responsables de la ilegal rabieta. Es que no pueden o, mejor, no deben unos cuantos infamar a todos los Magistrados del Tribunal Supremo. O mucho me equivoco o bastantes de ellos no se considerarán debidamente representados. Y si aclaran que "las iniciativas oportunas" serán contratar de su bolsillo, a prorrata, un servicio de taxis, mejor que mejor.

----------

PS. En el tiempo en que fui Vocal del CGPJ -noviembre de 1990 a mayo de 1996, con ETA "a pleno rendimiento"- ninguno de los Vocales teníamos escolta. Mi nombre apareció en una lista encautada a ETA, pero como no se trataba de documento que implicase riesgo próximo, sólo se me hicieron algunas recomendaciones especiales. No se me ocurrió -ni conozco a ningún otro Vocal de aquella "edición" del CGPJ al que se le ocurriese- poner en duda el buen criterio del Ministerio del Interior.

YA NO HAY DUDA: EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL ES EL “NO VA MÁS” DEL CORRUPTO “ESTADO DE PARTIDOS”

UN MINI-CONSEJO (CGPJ), OCURRENCIA POCO ORIGINAL DEL MINISTRO DE JUSTICIA DE ESPAÑA
(Actualizado a 19 de junio de 2012, 19.00 horas)

Si no me equivoco, “Estado de partidos” fue una noción acuñada hace mucho tiempo por el Prof. García Pelayo (q.e.p.d.), presidente del Tribunal Constitucional (TC), desde 1980 a 1986. La noción fue utilizada y muy difundida por la Sentencia TC Pleno 108/1986, de 29 de julio, precisamente sobre el CGPJ y la designación  parlamentaria de todos sus Vocales, incluso los 12 que han de ser “Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales” (art. 122.3 de la Constitución Española: CE).  Alertaba el TC del grave peligro de que esos 12 Vocales, en vez de representar a la Carrera Judicial, como afirmaba que era la voluntad constitucional, fuesen designados en razón del peso de las formaciones o grupos parlamentarios, lo que respondería a la “lógica del Estado de partidos”, pero no a la configuración deseada para ese órgano (el CGPJ) como garante de la independencia judicial, por desapoderamiento del Ejecutivo respecto a selección, nombramientos, inspección y sanciones de los Jueces y Magistrados, titulares del poder judicial.

La expresión “Estado de partidos” era y es certera (en especial frente al concepto de “Estado de Derecho”) porque si, pese a las proclamaciones constitucionales sobre la ausencia de mandato imperativo de Diputados y Senadores, éstos acaban representando a los partidos políticos con mayor implantación —como efectivamente ocurre— y si de los Diputados —como representantes de hecho de los partidos— viene a depender formalmente el Gobierno, sólo falta que a los poderes legislativo y ejecutivo, así determinados y condicionados por el juego político-partidista, se añada el Poder Judicial. Con ese añadido, está completo el “Estado de partidos”. El TC consideraba  que ése era un riesgo o peligro cierto de la designación parlamentaria de todos los Vocales del CGPJ, pero, al afirmar que no era absolutamente necesario que el riesgo o peligro se materializase en resultado contrario de la Constitución, no declaró inconstitucional la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), de 1985, en lo relativo a esa designación parlamentaria. Siempre pensé que el TC ejercía un funambulismo de altos vuelos con tamaño salto dialéctico (el de no permanecer en el ámbito de los riesgos o peligros, que las disposiciones legales deben neutralizar, atenuar o disminuir, y pasar a considerar resultados. No ha variado mi pensamiento y he tratado también en este “blog” de la destrucción del concepto de garantía (v. http://andresdelaoliva.blogspot.com.es/2012/01/las-garantias-juridicas-en-vias-de.html), pero ocurrió, además, que lo que al TC le parecía peligro de algo inconstitucional rápidamente se convirtió en resultado indiscutible de inconstitucionalidad (“reparto de Vocales por cuotas parlamentarias”), resultado que no ha dejado de repetirse una y otra vez sin que nadie se atreviese a negar su realidad.

Permítaseme la auto-cita, para ahorrarme tiempo. El 3 de octubre de 2011 escribía aquí: «No es ninguna manía personal esta idea de que el CGPJ es el exponente más intenso del “Estado de partidos”, corrupción de la democracia parlamentaria, sin atisbo ya de una genuina separación de poderes. Entender al CGPJ como órgano constitucional convertido en máximo exponente de la corrupción objetiva de la democracia constitucional tiene un fundamento claro: el último sistema de elección de los 12 Vocales del CGPJ que han de ser Jueces y Magistrados [instaurado por la L.O. 2/2001, de 28 de junio, con el PP en el Gobierno y el Sr. Acebes en el Ministerio de Justicia] provoca que el ámbito partidista-parlamentario y el judicial se empasten con una mixtura que no tiene parangón. Que Diputados y Senadores tengan que designar a esos 12 Vocales de entre los Jueces y Magistrados que figuran en unas listas confeccionadas sobre todo por las asociaciones judiciales no conduce, como se quiso hacer pensar, a limitar la capacidad de decisión de los Diputados y Senadores a cambio de un mayor peso del conjunto de los Jueces y Magistrados: conduce a que, en cuanto se aproxima la renovación del CGPJ, se inicie un largo, intenso y duradero compadreo entre los partidos y las asociaciones judiciales, aunque éstas, sumadas, no alcancen a integrar a la mitad de los Jueces y Magistrados en activo. Las asociaciones judiciales (o cualquier iniciativa independiente que pretenda no ser meramente testimonial) operan en función de lo que a los responsables políticos les pueda parecer y les parezca aceptable. Así, tras ese compadreo o “negociación”, salen las listas pretendidamente limitativas de posibles Vocales judiciales y, después, por cuotas parlamentarias, como desde 1985, los partidos designan los 12 Vocales. Tamaña implicación del mundo del Derecho y de la Justicia con el mundo de los partidos políticos no se produce ni siquiera al designar Magistrados del Tribunal Constitucional: ahí, la pugna y la “negociación” son directamente político-parlamentarias» (v. http://andresdelaoliva.blogspot.com.es/2011/10/hasta-el-20-n-un-parentesis-despues-del.html)

Aquí hemos seguido de cerca las andanzas de la “última edición” del CGPJ (pinchen, si quieren recordar, en la etiqueta correspondiente) y, por tanto, no nos puede extrañar lo más mínimo que la historia esté acabando con algo tan novedoso —lo único que les faltaba— como una renuncia del Presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ por avalancha de críticas públicas y declarada falta de respaldo de los Vocales a D. Carlos Dívar, primer presidente del órgano de gobierno del Poder Judicial cuya designación fue anunciada por el Presidente del Gobierno, a la sazón D. José Luis Rodríguez Zapatero, tras rapidísimo consenso con D. Mariano Rajoy, entonces Presidente del Partido Popular. La cosa tenía ya muy mal aspecto (puesto que Dívar no era un jurista, ni a secas ni de reconocido prestigio ni de reconocida competencia). El cariz de las cosas empeoró más aún cuando los muy desairados 20 Vocales de los que dependía la designación no testimoniaron siquiera su malestar y votaron unánimemente a Dívar. Y después, acontecimiento tras acontecimiento, el estado de este CGPJ no ha hecho más que agravarse hasta la actual putrefacción manifiesta.

El descontrol del gasto público en el CGPJ ya había tenido una expresión superlativa —no recordada por nadie, que yo haya visto— cuando el 20 de mayo de 1998, la misma “edición” del CGPJ que antes, en 1996, había acordado que sus miembros no tuviesen que justificar gastos de representación, aprobó, con sólo 4 votos en contra, una “autosubida de sueldo” del 23%, para que el “órgano gobernante” no ganase menos que el “órgano gobernado” (el TS), subida que se hizo efectiva con efecto retroactivo a 1 de enero de 1998, mediante una transferencia de fondos del capítulo I (gastos de personal) que no se habían gastado, sin modificación presupuestaria (que, naturalmente, hubiese correspondido al Parlamento). Vean la estupefaciente noticia entera gracias al siguiente enlace: http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1998/05/21/022.html

(Muy grave fue, aunque dentro de los parámetros ordinarios de nuestra clase política, que el Congreso de los Diputados aprobase para el siguiente ejercicio presupuestario el susodicho aumento del 23% y consolidase así unas retribuciones altísimas y absolutamente injustificadas)

Avergonzado por el desprestigio que ha causado, no ya al CGPJ, sino al mismo Tribunal Supremo, la presidencia de Dívar subsiguiente a la iniciativa de ZP consensuada con Rajoy; abrumado por la resistencia de tantos y tantos biempensantes a enfocar certeramente las noticias de los reiterados viajes de este Presidente y sus deplorables primeras explicaciones, que no hicieron sino repetirse varias veces, como si explicasen algo evidente y no quisiésemos entenderlo; entristecido todavía más, si era posible, a causa de la incapacidad de los Vocales (de todos) para reaccionar con elemental sentido común y dignidad (en unos ha habido desenfoque, pusilanimidad, chaqueterismo; en otros, exhibicionismo histriónico, oportunismo); apesadumbrado por el penoso apoyo a Dívar del Ministro de Justicia, Sr. Ruiz Gallardón, que cuando menos debió guardar silencio, al haberse dejado aconsejar decisivamente por el Sr. Dívar para formar el “núcleo duro” de su Ministerio (Secretaría de Estado, Comisiones prelegislativas, etc.); disgustado después ante la lenidad indisimulable y desvergonzada de la Fiscalía del TS y la General del Estado, decidí callar sobre este deplorable episodio de corrupción político-económica y sólo me referí, en su momento, a las especiales pestilencias que debíamos sufrir (por aquello de “a buen entendedor…”).

Ahora, sin embargo, anunciada públicamente la renuncia de Dívar, no tengo ya motivo para seguir callado. Y no quiero dejar de lamentar, ante todo, que, en su momento, la pregonada religiosidad y el no menos pregonado altruismo benéfico de Dívar —que lo pregonado no carecía de fundamento me consta personalmente— condujese a muchos a considerarlo idóneo o “de los nuestros”. Defiendo que cada cual exprese públicamente sus creencias y sentimientos religiosos en ocasiones apropiadas, pero nunca me ha gustado la beatería con visos de exhibicionismo. Y, desde luego, entiendo que un cristiano y, en concreto, un católico, tiene reforzadas por su fe las exigencias éticas propias de quienes ocupan cargos públicos o puestos de responsabilidad de los que otros dependen. Ni la ignorancia vencible (o "inexcusable", como dice la ley procesal) ni la vagancia ni el desahogo se atenúan un ápice por ser lo que antes se llamaba “de misa y comunión diarias”. Será al revés, en todo caso. Espero que este comentario, con el que no juzgo el interior de nadie, sino que valoro su comportamiento externo, ya conocido de todos, no sea interpretado como una falta de caridad con esta persona. Lo digo porque una vez me reprocharon esa falta de caridad por pedir que dimitiera de un cargo público quien había sido juzgado y condenado por hurtar varios objetos en unos grandes almacenes.

Dicho lo anterior, continúo. Sólo un muy extendido acostumbramiento a aprovecharse de los cargos públicos hasta para tomarse una cerveza y una aceituna, que no se paga si se puede endosar la cuenta a los ciudadanos (asombra ya tamaña tacañería), sólo una insensibilidad roqueña hacia los demás, sólo la más absoluta falta de elegancia, sólo la más necia equiparación de lo legal con lo ético pueden explicar que el comportamiento del Sr. Dívar haya sido, ante todo, tolerado y amparado desde dentro del CGPJ, donde, a no dudarlo, muchos debían conocerlo. Sólo ese compendio de desatinos y pésimos criterios individuales y sociales permite entender que, descubierto el pastel de tanto viaje y tanta cena, nadie haya sido capaz de decirle a D. Carlos Dívar: “no se engañe, D. Carlos, esto se ha acabado: váyase enseguida. Game is over.” Al revés, bastantes cerraron filas, como si el meollo de la cuestión fuese una trifulca interna. Hemos asistido a una polémica torpe, trucada, inmoral, casi obscena, sobre la distinción entre lo privado y lo público, con alegatos tan inaceptables como pretender que, por ser siempre, todos los días y a todas horas, Presidente del TS y del CGPJ (como siempre es uno lo que sea: Ministro, Presidente del Gobierno, Consejero de Estado), todo lo que decida gastar esa persona corre a cuenta de los caudales públicos. [ACTUALIZACIÓN: no es sólo que en el CGPJ conocieran lo que sucedía con los generosos caudales públicos presupuestariamente asignados: es que les parecía de perlas, porque, quien más quien menos, funcionaban como Dívar. A mí me repugna ver cómo el Vicepresidente, Sr. de Rosa, otro no jurista, ahora se autoproclama ya "sucesor" de Dívar y "regenerador" del CGPJ o cómo, hace poco tiempo, con el "affaire Divar" ya en la calle, el Vocal Almenar Berenguer, el peso pesado de la APM, que, en consenso con la Vocal Robles, ha manejado el CGPJ mientras Dívar disfrutaba del puesto, aparece como paladín de la austeridad.]

Lo más grave no es que haya personajes dispuestos a ahorrarse la pasta de dientes si después de cepillárselos tienen un acto público, gente preparada para invitar a un prójimo con el dinero de todos los demás, personajillos atentos a no dejar escapar la posibilidad de aducir la importancia de su cargo para no explicar con quién cenan protocolariamente (como si, además, no cenasen o almorzasen en lugares públicos y el secreto sobre la identidad del acompañante protocolario estuviese justificado). Gente así ha habido y habrá siempre. Lo que no ha sido siempre así y lo que resulta más grave es que tantos pícaros y aprovechados hayan sido y sean nombrados para muy altos cargos y tantos, tantísimos, consideren normal lo que resulta a todas luces inaceptable y reprobable. Y tampoco ha ocurrido siempre que la eventual mala uva de un denunciante excusase radicalmente lo denunciado.

En medio de este asunto, ante el que el partido en el Gobierno y el principal partido de la oposición han sido incapaces de ponerse de acuerdo para resolverlo de forma limpia y rápida, poniendo fin cuanto antes a una situación podrida, aparece Ruiz Gallardón, Ministro de Justicia, a proponer un Consejo General del Poder Judicial con dos clases de Vocales, unos —cinco en total, concreta— de primera categoría y otros —quince, si se quiere respetar el número que establece la Constitución—, de segunda. Hace mucho tiempo que está reconocido el error de los constituyentes al diseñar un órgano con 20 Vocales, cuando la mitad serían suficientes. Pero, puesto que el art. 122.3 CE habla de 20 Vocales, parece claro que el CGPJ es un órgano colegiado con unas funciones mínimas (las constitucionales: “nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario” de los Jueces y Magistrados) que han de ser desempeñadas colegiadamente por esos 20 Vocales más, en su caso, el Presidente del TS y del mismo CGPJ, que es designado por esos 20 Vocales. De modo que, para lo esencial del CGPJ, un órgano colegiado con menos de 20 Vocales no sería acorde con la Constitución.

Además, la ocurrencia del Ministro no es original. En el año 2002 ya se redactó, bajo los auspicios del Ministro de Justicia, Ángel Acebes un Borrador de una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que, elaborado irregularmente por Magistrados del Tribunal Supremo, pretendía, entre otras innovaciones, esa “miniaturización” del CGPJ. Publiqué sobre esta ocurrencia (y sobre otra aún más grave) un artículo extenso, que los más interesados pueden leer en el “blog”, hermano de éste, titulado DOCUMENT-AOS, Depósito de documentos propios y ajenos (pinchen enlace). En ese artículo, que acabo de reproducir o "colgar" ahí, pueden encontrar más detalles y más argumentos.

En suma, lo que el Sr. Ruiz Gallardón pretende no se puede llevar a cabo sin reformar la Constitución, porque cualquier atribución esencial del CGPJ (que no debería tener ninguna otra más que las esenciales) está confiada a un colegio de 20 ó 21 miembros, lo que supone que todos han de intervenir del mismo modo, pues, de lo contrario, no estaríamos ante un órgano colegiado y no cabe dudar de que ese tipo de órgano es el que establece la Constitución vigente.

Otra cosa es que los Vocales del CGPJ hayan de tener necesariamente categoría de Secretarios de Estado, retribución igual a la de los Magistrados del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, vehículo oficial individual a plena disposición, generosos gastos de representación, etc. Eso se puede —y se debe— cambiar sin necesidad de reforma constitucional: con un cambio en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que no tendría por qué demorarse hasta disponer de una LOPJ completamente nueva, faraónica obra legislativa muy dudosamente necesaria, pero indudablemente retardataria de cambios urgentes. Me parece que sería suficiente una retribución superior a la de su empleo judicial (para los 12 Vocales judiciales) y compensatoria, para los 8 Vocales Abogados y otros juristas “de reconocida competencia”, de su lógica incompatibilidad durante el tiempo que ocupen ese cargo. En todo caso, reducir el gasto público en el Consejo General del Poder Judicial es empresa harto asequible sin necesidad de inventos que intenten sortear la Constitución y realmente la vulneren.

“RECORTAR” SIN ASFIXIAR O LOS “RECORTES” QUE NO LLEGAN: LOS DEL SECTOR PÚBLICO

"CORTEN DE RAÍZ EL GASTO PÚBLICO VERDADERAMENTE INNECESARIO: YA NO PUEDEN RECAUDAR (ASFIXIARNOS) MÁS" 

Cada día que pasa se anuncia una nueva medida que merma el dinero disponible por cada españolito. Y ocurren dos cosas. La primera, que se hace más difícil -por decirlo de modo muy optimista- cualquier reactivación de la economía real y cualquier esperanza de frenar el creciente desempleo. La segunda, que cada día con nuevos “recortes” se echan más en falta las correspondientes explicaciones que, como tantos otros, hemos venido pidiendo muchas veces a nuestros dirigentes en este blog. La cosa está llegando al punto de una plena justificación de la rebelión cívica. El Gobierno tiene la suerte de que las actuales cabezas visibles de esa posible rebelión -las centrales sindicales, el PSOE, los grupos anti-sistema- carezcan de toda legitimación para movilizar a la gente y, además, del menor atisbo de plan alternativo al del Gobierno. En las últimas “movilizaciones” (la del 29 de abril y la de ayer, 1 de mayo de 2012), lo que han venido a decir los “movilizadores” es que les gustaba más cómo estaban las cosas hace dos años y también, por supuesto, cuatro u ocho años antes. ¿Y a quién no? Pero son muy pocos los que no entienden que aquellas situaciones no se podían mantener (es decir, que no se debieron crear) y, por tanto, lo que piden, en general, estos “movilizadores” sociales es un imposible.

 Pero aunque no salgamos todos a la calle, el Gobierno sabe que la desafección ciudadana es superior a la que se podía prever. Muchos dirigentes del PP saben, en su fuero interno, que se están mereciendo esa desafección ciudadana y que el disgusto general va in crescendo y con él, la desesperanza, la desconfianza, que es económicamente letal. Y el disgusto no es sólo porque sigan sin explicar los “recortes” que disponen y los que, tontamente, avanzan con los “globos sonda”. Es, sobre todo, porque  no vemos que se recorte donde hay más que recortar y dónde los recortes harían menos daño a corto, medio y largo plazo, porque contribuirían mucho menos a la recesión o a la depresión económica.

En síntesis: tenemos la fundada impresión de que a nuestros dirigentes les importa mucho más recaudar para seguir sosteniendo el Estado (Comunidades Autónomas, Municipios y empresas públicas incluidos) que recortar a fondo el Estado para necesitar muchos menos recursos. El sector público apenas se toca en los “recortes” y para mantenerlo, se sangra aún más el sector privado, ya bastante exangüe. Eso no nos gusta a los españoles, pero es que, además, tampoco les gusta a los posibles inversores, españoles o extranjeros. Y, por tanto, cae la Bolsa, las agencias de calificación nos rebajan cada semana y el “diferencial” de los instrumentos de nuestra deuda pública con la referencia alemana sigue por las nubes.

En el post anterior me he referido a lo que sucede en los EE.UU., madre de la gran crisis mundial (es muy importante, me parece, no olvidar la génesis de esta enorme crisis: de lo contrario, repetirán la historia en lugar de aprender de ella). A lo dicho habría que añadir que los primos de los estadounidenses, la Gran Bretaña, han entrado también públicamente en recesión. Francia anda mal y Alemania apenas puede disimular que su economía ofrece señales de debilidad. La UE aplaude al Gobierno de Rajoy y hasta el muy exigente Wolfgang Schäuble, Ministro alemán de Economía, regala los oidos del Presidente al describir como “impresionantes” los gubernamentales esfuerzos presupuestarios o de déficit público. Lo que sucede, en realidad, es que, después de la amenaza de la intervención, ha venido la zanahoria y no me extrañaría que ahora mismo incluso los agnósticos, ateos y masones de la UE estén haciendo novenas a Santa Rita, Abogada de los Imposibles, para que España no se estrelle: Spain is too big to fall. Sarkozy -que puede perder al ser mucho más odiado por muchos franceses que lo que muchos franceses desconfían de Hollande- acaba de decir que Europa no puede dejar caer a España porque se produciría una deflagración catastrófica.

Mientras tanto y al margen de cómo nos miren, ¿qué tarea en todo caso necesaria elude lamentablemente el Gobierno español? Elude una muy seria poda de ramas de las Administraciones Públicas autonómicas. Que los “barones” del PP le prometan a Rajoy que serán buenos son sólo palabras nada convincentes. Que se amenace con intervenir a las Comunidades Autónomas que no cumplan los objetivos de déficit, además de ser una mera bravata, es desviarse de la cuestión. Porque ya no se trata de que las CC.AA. no sobrepasen un tope de déficit, sino de que disminuyan drásticamente, enseguida, lo que nos cuestan a todos. Hicieron en 1982 una Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA). Hagan ahora, al amparo del art. 150 CE, todo lo legalmente posible para racionalizar competencias y organismos en el sentido que venimos proponiendo.

Si no, si se mantiene y se defiende un “Estado de las Autonomías” carísimo, resultan indefendibles medidas como disminuir los sueldos a los funcionarios que estén de baja (“de baja injustificada”, añadieron enseguida). Llega a extremos de supina estupidez la extendida manía a lo público de un emergente sector  presuntamente neoliberal del PP (no son liberales: son locoides anti estatales, retratados en http://andresdelaoliva.blogspot.com.es/2012/03/quieren-de-verdad-reducir-el-gasto.html). Si la baja está justificada no hay nada del sueldo (nunca espléndido) que sea mínimamente justo disminuir y si no está justificada, no es que haya que pagar menos, sino que sería justo no pagar nada. Tampoco parece que podamos aceptar comenzar a pagar por las autovías -¿y por qué no por cualesquiera carreteras?- cuando hay centenares de cargos públicos autonómicos innecesarios, muchos de ellos con retribuciones bastante por encima de la del Presidente y los Ministros del Gobierno de la Nación.  Y ¿qué decir de la disminución de los partidos judiciales? Quizás esté muy bien, pero es algo ridículo con la que está cayendo.

¿Dónde viven nuestros dirigentes? ¿No se dan cuenta de lo asfixiados que están millones de españoles? ¿No aprecian que ya no hay atascos ni en las ciudades ni en las carreteras? ¿No ven cómo se cierran, cada semana, en su barrio, docenas de comercios y oficinas?

Hacen falta medidas drásticas, llamativas, de grueso calibre, que hagan creíble, porque lo sea, la determinación española de salir adelante y que restauren la confianza nacional e internacional. Porque hace falta dinero para detener la recesión e ir relanzando poco a poco la economía. Y el dinero no vendrá y no se invertirá o se gastará si la confianza no se restaura. Pero esas medidas drásticas y de grueso calibre tienen que referirse al tamaño del sector público, al gasto público relativo a las estructuras  y organismos de ese sector, no al esquilmamiento de los españoles, ya esquilmados, ni a la supresión, a tontas y a locas, de servicios y prestaciones a todas luces necesarios. Sin esos recortes que proponemos resulta indefendible centrarse en recortar servicios sanitarios (aunque también haya que hacerlo: acábese con el turismo sanitario y con prestaciones no propiamente médicas, como las esterilizadoras, p. ej.) ni eliminar ayudas a la investigación o becas postdoctorales (justo cuando públicamente se dice que hemos de pasar de una cultura económica del ladrillo a la del conocimiento).

La autocita, créanme, me resulta odiosa. Y de veras que produce un cansancio infinito que la historia te dé muchas veces la razón. Pero, en ocasiones, cuando hay que insistir, uno tiene que recordar lo que decía, más que nada para que se escuche en serio lo que se hace necesario repetir. Hace ya más de dos años, el 6 de febrero de 2010, propuse aquí algo duro y radical, pero no imposible ni excesivo. El post se titulaba “GOBIERNO DE CONCENTRACIÓN, REDUCCIÓN DEL GASTO PÚBLICO Y REGENERACIÓN DE LA CLASE POLÍTICA”  (http://www.andresdelaoliva.blogspot.com.es/2010/02/gobierno-de-concentracion-y-reduccion.html. Se trataba de reducir a la mitad, por concentración, el número de Ministerios, Secretarías de Estado y Direcciones Generales y lo mismo en las Comunidades Autónomas: la mitad de Consejerías, Viceconsejerías y Direcciones Generales. En aquellos momentos, eso hubiese necesitado un consenso. Hoy me parece que no.  La propuesta podía no tomarse al pie de la letra, pero el espíritu estaba claro y por, supuesto, nada ni remotamente parecido ha sido hecho o anunciado.  Y ese mismo el 6 de febrero de 2010 ya vaticinaba esto: “la economía real española va a desplomarse (bajón del consumo interno y de la producción) con más cierres de pymes y más paro, que alcanzará esos cinco millones de personas que la Sra. Salgado descartó rotundamente pocos días atrás.“  [¿Hay que recordar que estamos ya cerca de los seis millones?]

El día 5 de junio de 2010 se describía aquí nuestro insostenible “Estado de las Autonomías” (http://andresdelaoliva.blogspot.com.es/2010/06/nuestro-irreformable-estado-de-las.html). Rechazaba, por imposible, que no por indeseable, prescindir de él, pues requeriría una reforma constitucional que me parecía inviable. Repasen, si les parece, la descripción y la valoración política. Ahora sólo reiteraré lo siguiente:

 «…Las posiciones radicales contra el “Estado de las Autonomías” … acaban por constituirse en un gran obstáculo para cualquier mejoría de la penosa situación real. Los radicales -que, insisto, cuentan con mi adhesión intelectual y mi simpatía- seguirían en estado de ira ante cualquier reducción del aparato de las Autonomías. A mí, en cambio, podar ramas y ramitas me alegraría enormemente. Los problemas no siempre tienen solución, pero casi siempre pueden ser atenuados. Empiécese por ahí, porque comenzarán a producirse efectos beneficiosos, en vez de persistir o agravarse los maléficos.»

«Además, ante las airadas voces radicales, los responsables autonómicos pueden mostrarse tan indiferentes como cabe serlo ante propuestas tachables de utópicas. Eso es lo que está ocurriendo. En cambio, si se reclama suprimir Consejerías, Consejeros, Viceconsejeros, Directores Generales, asesores, agencias, subvenciones, “embajadas”, empresas públicas innecesarias, etc., las reclamaciones no pueden ser tan fácilmente desatendidas. Y si lo son, el reproche social es infinitamente más intenso que el que generaría la negativa a desmantelar el Estado autonómico. De manera que esto es lo que reclamamos: una poda de muchas ramas y ramitas del organigrama arbórico de cada Comunidad Autónoma. Y lo mismo respecto de buen número de municipios.»

Como, según ha dicho hace poco alguien importante, “el Estado de las Autonomías está en la Constitución”, ninguna poda se ha hecho más allá de un superficial maquillaje. Ahí siguen las Televisiones y las radios autonómicas y más inutilidades. Y ahí sigue la financiación de partidos y sindicatos, sin suprimir ni reducir, cuando esa medida es un símbolo generalmente admitido de la regeneración necesaria. De ahí que el reproche social hacia los “recortes” haya alcanzado tanta intensidad, que no va a parar de crecer. Lo que sí crecerá es el desempleo, la recesión o depresión y la desesperanza, que quizá es lo peor.

Esto de ahora se veía venir. El 10 de junio de 2010 apareció aquí otro post en el que, lego en economía como soy, no encontré mayor dificultad en describir la realidad del momento y el panorama del inmediato futuro, hoy presente (http://andresdelaoliva.blogspot.com.es/2010/06/mareando-la-perdiz-criminalmente-la.html). El post se titulaba “MAREANDO LA PERDIZ CRIMINALMENTE: LA CLAVE, NO SE CONFUNDAN, ES LA RECUPERACIÓN DE NUESTRA ECONOMÍA REAL”, con el subtítulo “NO MÁS IMPUESTOS PARA SOSTENER EL “ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS” NI MÁS “RECORTES” CON DESTINO A BANCOS NI CAJAS. MÁS DINERO PARA TODOS: MENOS IMPUESTOS”

Hace casi dos años, decía lo siguiente (me voy a extender más, porque ahora me parece necesario repetir exactamente la descripción y la valoración):

«En estos momentos, estamos en un círculo vicioso, tan vicioso que se diría diabólico: los “mercados” no tienen confianza en España, porque a) las “medidas extraordinarias” de “ajuste” relativas al déficit público les parecen poca cosa; b) han “descubierto”, de pronto, que, además del déficit (de su volumen absoluto y comparativo) importa mucho más todo aquello que fundamenta que un acreedor piense que el deudor le va a poder pagar. Nuestra “caja” para ir tirando está casi vacía y lo que se les está ocurriendo a nuestros "jobernantes" para que no se vacíe del todo y vuelva a contener algo conduce a que nuestra situación empeore y se desconfíe más de nosotros. Por ese camino, nadie nos prestará ni invertirá en España a tiempo para dedicar lo que nos den a una reactivación económica»

«En la tarde del 9 de junio de 2010, el Banco Mundial “descubre” que nuestra situación es "muy grave", porque el nivel de paro de España es algo tremendo. Y no lo dice porque le importe la situación de los parados, sino por la escasa fiabilidad del “Reino de España” que ese simple dato revela. Pero es que, en un contexto diferente, Moody’s … dice el día 8 de junio de 2010, por boca de Pierre Cailleteau, director del área de Deuda Soberana, algo que "encaja" muy bien con la alarma del BM. Dice que “lo más importante no es el nivel en el que se sitúe esta prima de riesgo, si no que la economía no crezca” (…) Por si la cosa no estuviese suficientemente clara, este Mr. Cailleteau (…) repite que el creciente rendimiento que se le exige a la deuda española no es grave, dado que el Banco Central Europeo (BCE) está comprando, "lo grave sería que la economía no creciera, que la economía española se estancara, algo que no ocurre en España pero que podría pasar". (Y tanto que podría pasar: está pasando y va a más).»

«El directivo de Moody´s explicó que la calificación del riesgo soberano se basa en la solvencia a medio plazo, y aseguró que aunque "el endeudamiento es un problema, no es un problema insuperable". Claro está, añado: un país lo supera del mismo modo que lo supera un particular: si gana para pagar sus deudas. Y este país, España, sólo podrá pagar si su economía real supera el estancamiento y remonta el vuelo.»

«Pero si debemos mucho y se ve que no crecemos y que no vamos a crecer a medio plazo, ocurren dos cosas gravísimas: la primera, que estamos fatal; la segunda, que nadie nos presta y nadie invierte, con lo que vamos derechos, como decía Marx (Groucho), “de la nada a la más absoluta de las miserias”.»

«¿Por qué es muy probable, si no se rectifica, que no crezcamos y sigamos en recesión? Porque los indicadores económicos generales son malos (mucho paro, producción en descenso) y apuntan todos a un empeoramiento: aumentará el paro y seguirá disminuyendo la producción. ¿Por qué? Porque no es posible ninguna reactivación económica si la gente no tiene dinero. Eso es axiomático. Y los españoles vamos a tener mucho menos dinero por varias causas:»

«1ª) Por disminución de los ingresos de 3 millones de familias: los funcionarios; 2ª) Por disminución de la capacidad adquisitiva de los pensionistas; 3ª) Por disminución de disponibilidad económica a consecuencia del IVA y del aumento de la presión fiscal (subida de impuestos e impuestos nuevos, ya anunciados); 4ª) Por aumento del precio de la energía eléctrica, tanto para particulares como para empresas; 5ª) Por imposibilidad de acceso al crédito: los bancos no prestan a particulares ni a PYMES: de nuevo andan las entidades financieras con sus problemas, poco inteligibles, porque se han cuidado durante mucho de tiempo de implantar una jerga esotérica, que no entienden más que ellos mismos…»

«Carece de todo sentido “ajustarse”, “recortarse”, apretarse el cinturón y pasar hambre para financiar un mastodonte, el “Estado de las Autonomías”, que puede y debe dejar de ser un mastodonte. Forzarnos a seguir manteniendo al mastodonte y quedarnos así sin apenas dinero tiene la misma lógica que la de unos salvajes ignorantes que se privasen de comer los productos de su pastoreo y de sus cultivos para ofrecer esos productos a la cruel deidad instalada en lo alto de una pirámide tipo maya.»

¿Hay alguna parte de este mensaje a la desesperada -al que, lamentablemente, el tiempo ha dado la razón- que el Gobierno del Sr. Rajoy no entienda? Porque, si como pienso, lo entiende todo perfectamente, no hacerlo sólo permite un diagnóstico: creen, tontamente, que pueden capear el temporal. Y quizá podrían capear un temporal: se colocan los triángulos de capa (esas velas triangulares cercanas a la cubierta) para que el navío se aplaste más, se aplome, sobre el mar embravecido y se corre la galerna, es decir, se pone popa al viento, por más que te aleje de tu destino. Lo que sucede es que no estamos ante un temporal. Y ni siquiera se trata de la ya tópica “tormenta perfecta”. Estamos viviendo una inédita confluencia de elementos devastadores de larga duración, como si se sumasen el terremoto de Lisboa de 1755 y la erupción y explosión del volcán Krakatoa, en 1883. Estamos, muy probablemente, al final de una era, de una civilización. En lo económico, nadie sabe si llevan razón los EE.UU. y su “quantitative easing”, varias veces renovado (“quantitative easing” significa, a la postre, como imprimir US$ sin respaldo) o si tendrá razón Europa con su empecinamiento en el equilibrio presupuestario. Hace muchos años, más de 40, leí en la desaparecida revista LIFE está frase: “Economic forecasting makes astrology respectable” (“la prospectiva económica hace respetable a la astrología”) ¡Cuántas veces la he recordado en estos tiempos, preguntándome por qué se me gravaría en la memoria!

Bien, no juegue nuestro Gobierno a la astrología. No apueste por el “modelo” americano actual -que desazona a los mejores economistas estadounidenses- y tampoco apueste por la ortodoxia europea. Haga, sencillamente, lo que, al margen de modelos y de dudosa prospectiva, tiene que hacer, en todo caso, por claros imperativos morales: reducir drásticamente el tamaño orgánico y el gasto de las CC.AA. y de los Municipios. No lo aconsejen, no lo prediquen, no amonesten: háganlo, reduzcan ya, de inmediato, el aparato que todos tenemos que pagar en obsequio de la clase política y de los seudoempresarios de la simbiosis con lo público. Háganlo sin falta: con nuevas LOAPAs, con Decretos-Leyes o con el art. 155 de la Constitución y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. Que todos vean, sin la menor duda, que, si hay que apretarse el cinturón, no es para que unos pocos no pasen el menor apuro. Ganar una rotunda credibilidad, hacia adentro y hacia afuera, es una tarea que no cabe aplazar más. Es el tiempo de la valentía, de la audacia, del coraje moral. Porque es el tiempo del deber, de un deber moralmente claro. Y cumplir un deber hace menos difícil la decisión audaz. Una última petición: ¡nada de privatizaciones para que algunos hagan excelentes negocios! Ya me entienden.