domingo, 29 de mayo de 2011

OBSCENIDAD EXTREMA DEL AUTISMO POLÍTICO: EL PODER COMO FIN ÚNICO Y EXCLUYENTE


SIN DISIMULOS: LA SITUACIÓN DE ESPAÑA SE LES DA UNA HIGA; SÓLO LES PREOCUPA LA SUYA

No hablé en su día del asunto Bildu, es decir, del retorno de la “izquierda abertzale” a enchufarse a la manguera de los caudales públicos. No hablé, antes, de Sortu, declarada judicialmente continuadora de “Herri Batasuna”. Y es que hablar de todo eso sería para mí muy largo, porque implicaría un análisis de la misma Ley de Partidos, que me plantea desde su aprobación interrogantes jurídicos muy serios y difíciles de responder e incluso de explicar de modo inteligible para no juristas.
Hay un episodio, sin embargo, que sin necesidad de entrar en las honduras aludidas, me parece calificable de repugnante hasta la obscenidad. Me refiero a la manipulación del “Gobierno de España” e instituciones anexas (la Fiscalía, por ejemplo) consistente en fingir una rotunda oposición a Bildu, la nueva marca de la izquierda marxista vasca, promover a bombo y platillo su ilegalización por el Tribunal Supremo (TS), pero tener planeada desde el principio la ulterior revocación por el Tribunal Constitucional (TC) de la decisión ilegalizadora del TS. Que se trataba de un engaño a la ciudadanía conforme a un plan, no puede ofrecer duda a cualquiera que conozca el terreno y que haya visto, además, cómo, una vez recurrida al TC la sentencia del  TS, el “Gobierno de España” permanecía perfectamente pasivo (como la Fiscalía) y, por el contrario, el Sr. Rodríguez Zapatero (ZP), no se recataba en expresar una confianza plena en el TC, mientras se sucedían los “guiños” entre personajes del PSOE y del PNV (los nacionalistas vascos), que, por cierto, han demostrado de nuevo ser “listísimos”, porque en los términos de poder político que entienden, los resultados de Bildu les han dejado con el “ipurdi” al aire (basque word “ipurdi” = ass). ¡Vaya jugada, en términos de ayuntamientos, por ejemplo, han hecho estos “listísimos”!
Este enésimo jugueteo manipulador de las instituciones ha dejado institucionalmente K.O. al TC y ha enseñado obscenamente a todos las más desvergonzadas vergüenzas del triunfante “Estado de Partidos”. Sin duda, en el actual TC, como en anteriores “ediciones”, ha habido Magistrados dignos, que, a diferencia de los “juristas de alquiler” (no siempre genuinos juristas, pero siempre de alquiler) rechazan enfangar la toga con el barro de la politiquería, maloliente como el de las cochiqueras donde hozan y se revuelcan los chanchos, los cutos, los cochinos. Pero la maniobra a tres bandas del “Gobierno de España” (la burla de esta denominación propagandística es ya un sarcasmo insoportable) ha convertido en misión casi imposible convencer a nadie de que el TC alberga Magistrados dignos y es una institución en sí misma respetable.
Pero es que tras esa obscenidad, estamos presenciando ahora otra no menor, pero sí mucho más espectacular. Estamos viendo todos cómo, por una parte, el “Gobierno de España” ha cesado y no mantiene ni siquiera una actividad de “servicios mínimos” y, por otra parte, todas las energías de los dirigentes del PSOE son indisimuladamente dirigidas a hacerse con el control de su partido. Es verdad que unos pocos han hablado de formular un “nuevo proyecto” del PSOE o de articular un “nuevo discurso” del socialismo español. Pero los hechos, a cada hora, desmienten esas pocas declaraciones. Nadie quiere, de verdad, refundar el PSOE. O, mejor dicho, los que podrían quererlo hace tiempo que han sido depurados y ninguna de las incontables facciones actuales les escucha de verdad o les va a dejar refundar nada.
Quiérese decir lo siguiente: 1º) Que los que han presentado distintas opciones -elecciones primarias o Congreso extraordinario- son, todos ellos, actores de la política vapuleada electoralmente el pasado 22 de mayo; 2º) Que lo único que buscan es una candidatura para las elecciones generales que no les desposea aún más del poder (o incluso les permita recuperarlo), lo que dependerá en grandísima medida de que sus adversarios no vuelvan a obtener en el 2012 (o antes) unos resultados como los del 22-M; 3º) Que carecen de interés alguno en presentar un programa que pare el acelerado deterioro de España en muchos ámbitos: el programa importa sólo para las elecciones; 4º) Que tampoco les interesa una refundación o renovación del PSOE, de acuerdo con las muy generalizadas apreciaciones de que es necesaria una orientación netamente distinta del “zapaterismo”. Se trata, en todo, de ganar poder, de no perder más parcelas del poder como modo de vida y como industria extractiva.
Nada de eso nos debe sorprender, porque ya conocíamos todos los ingredientes. Pero el descaro y la intensidad de este egoísmo corporativo sí resulta sorprendente, porque, con las prisas y los navajeos, la indecencia del planteamiento no ha sido disimulada lo más mínimo. Todo está siendo un “show” de impudicia superlativa, de obscenidad en el desprecio al ciudadano común, al elector. Los “incondicionales” de ZP (salvo unos pocos que, al menos, guardan silencio) apurándose en desalojarle. Vemos a muchos dirigentes del PSOE, perjudicados por los gravísimos errores de su líder (errores que secundaron sin vacilar), desentendidos de cualquier rectificación y dedicados a liquidarle. El Vicepresidente primero y el Presidente de un mismo Gobierno (?), empatados por el campeonato de zancadillas. Y, como guinda del pastel (por ahora), como enésimo compromiso incumplido, la opción por unas elecciones con un solo candidato, es decir, el colmo de la cuadratura del círculo y también la aclamación de un caudillo.
Me he equivocado al hablar de autismo. El autismo es una enfermedad, algo involuntario con lo que se lucha noblemente. Esto no es enfermedad. Es morboso, sí, pero es la suma de muchos actos voluntarios de egoísmo. Esto es la altura de miras que podemos esperar. “Gobierno de España” es el objetivo. España es la presa. Dejo lo del autismo, pero con el adjetivo "político"

lunes, 23 de mayo de 2011

UNA ILUSIÓN DESVANECIDA Y LA VICTORIA POLÍTICA DE UN AMIGO "CURRANTE"


"LOS INDIGNADOS" SE AUTODESTRUYEN EN DOS DÍAS

PERO APARECE UN ALCALDE TRABAJADOR, CON LA IDEA DE LA POLÍTICA COMO SERVICIO

Dos días han descalabrado la esperanza que latió en la Puerta del Sol. El radicalismo se ha impuesto y los mejores acampados han sido desbordados por una caterva de figurantes profesionales y amateurs de la pseudorevolución, seguidos por jóvenes NI NI o CON CON, que se han apuntado a la pasajera euforia del utopismo más superficial en la forma y más inconsistente en el fondo. Lo siento mucho, aunque espero que los promotores más inteligentes se reagrupen y reconstruyan algo quizá menos llamativo, pero más efectivo, más sólido en el análisis y en el diagnóstico y más representativo de la indignación que muchos compartimos. Lo que comenzó bien estructurado y orientado, se ha convertido en un "happening" de impostura anarquista y de slogans tan simplones y manidos como los de clase política, lanzados muchas veces, demasiadas veces, por personas a todas luces desprovistas de legitimación para ejercer de portavoces de "los indignados" más machacados por el sistema y mejores conocedores de él. Lo que se presentaba amablemente, se ha inclinado a la crispación. Lo que no era anti-nadie, ha mostrado un rostro predominante con filias y fobias personales, que siempre dividen. Todo lo que latía en mi "post" anterior (los aciertos iniciales, las obvias dificultades para estructurar una permanente llamada de atención a la clase política y para impulsar firmemente una regeneración, los peligros que acechaban), todo eso ha resultado contradicho o ignorado. No esperaba, por supuesto, que el "post" se leyese en las asambleas. Lo que esperaba es que allí hubiese y permaneciese como rectora una inteligencia (encarnada en ciertas cabezas) que había podido observar en el origen del "movimiento". Pero todos los malos augurios implícitos en mi "post" (implícitos para no difundir desesperanza ni mala acogida) se han cumplido, punto por punto. Una pena. Algo triste, aunque no inesperado.

Por de pronto, lo de la "democracia real, ya" podía ser un grito justificado, pero si el "¡ya!" inspiraba la acción de cada día en el "movimiento", resultaba inevitable la deriva que acabo de describir. Porque tan clara como la multitud de razones y motivos para expresar con firmeza una gran indignación era, para cualquiera, la imposibilidad de un inmediato cambio del "sistema". El "¡ya!" era y es imposible. Y sólo podían apoyar tamaña inmediatez mentes aquejadas de ingenuidad infantiloide o adolescente o sujetos muy conscientemente interesados en darse a conocer como dirigentes de una minoría automarginada o, en todo caso, marginable, una minoría que el mismísimo "sistema" tolera como un ornamento de máximo pluralismo, porque la considera en realidad inofensiva. Hubo un momento en que se planteó, en la Puerta del Sol, una retirada hasta después de las elecciones. Evidentemente, la propuesta no salió adelante, sino que se decidió ampliar la acampada a las calles adyacentes. No digo que lo propuesto fuese necesariamente la mejor opción, pero entonces comenzaron los errores. Defendí aquí, sin ambages, la legitimidad inicial de la acampada, en tanto en cuanto, a mi entender, el derecho de reunión no queda en suspenso en vísperas electorales o en el día de los comicios, cuando no estorba ni impide votar a quien quiera hacerlo. Y las circunstancias causantes de la indignación justificaban la ocupación temporal de un espacio público, preferentemente peatonal. Pero la "indignación" con el "sistema", de ser genuinamente respetuosa con la libertad, no podía pretender la ilegitimidad de las elecciones y de la opción por participar en ellas de cualquiera de las formas posibles. Eso era ya un autoritarismo incoherente y autodestructivo del "movimiento", pero ésa fue precisamente la "tesis" de la asamblea. No me consta, por otra parte, que "los indignados" hayan dialogado con los comerciantes de la Puerta del Sol, tan pueblo como "los indignados", ni con los de las calles adyacentes. Y es innegable, me parece, que una "acampada" indefinida impone, incluso a los peatones ordinarios (y no digamos a la limitada pero real circulación de vehículos), unas restricciones de muy difícil justificación. Poco respetuoso y poco inteligente. Sobre los mensajes lanzados por esos "indignados" (por los que allí tenían voz pública) durante el sábado 21 y el domingo 22 de mayo, no me parece necesario consignar aquí comentarios concretos.

DE LAS ELECCIONES, DOS BUENAS NOTICIAS

¿Se podía razonablemente pretender que una mayoría de los electores considerasen ilegítimo comportarse como tales? A mi parecer, en modo alguno. Porque una cosa es que en el necesario "check and balance", la posible renovación periódica de los dirigentes politicos resulte insuficiente desde hace mucho tiempo, en comparación con el poder de que disponen (dirigidos por los partidos políticos financiados forzosamente por todos en modo excesivo) y otra cosa, muy distinta, es pretender que ni siquiera se aproveche la única fuerza que ocasionalmente posee cada ciudadano: votar (a éstos o a aquéllos), no votar, votar en blanco o emitir a conciencia un voto nulo. El "movimiento" de "los indignados", sin embargo, acabó transmitiendo el mensaje de la ilegitimidad de la participación, que no era la postura inicial. De ahí que una participación algo superior a lo habitual cayese en la Puerta del Sol como un chubasco decididamente congelado. Pero ¿qué esperaban?

Los lectores de este "blog" habrán comprobado que, sobre las elecciones de ayer, no he querido nunca, dada la diversidad de escenarios y la deseable pluralidad de lectores, entrar en análisis de opciones ni en vaticinios de resultados y sus consecuencias. Hay, sin embargo, para mí (y supongo que para muchos otros), dos buenas noticias en los resultados: una, general y, otra, lo reconozco, muy particular, aunque socialmente muy importante, porque afecta a la ciudad de Sevilla, que no es poca cosa.

A mí me parece que el voto, en su conjunto, demuestra que la gente dista mucho de ser tan tonta, como ha veces parece ser considerada por la "clase política". Publiqué aquí, el martes 15 de febrero de 2011, un post titulado “PARA GANAR LAS ELECCIONES, HAY QUE MERECERLO” (I), en el que decía (perdonen la autocita, que no es argumento de autoridad, sino más fácil recordatorio:

"No es verdad que la culpa de todo sea de ZP y y no es justa esa atribución de culpa exclusiva. Se equivocan en el análisis de lo sucedido en estos años y cometen injusticia los que, en el PSOE, en el PP o al margen de uno y otro partido, arrojan todas las culpas a ZP. Recordemos cosas obvias: ZP no se colocó a sí mismo a la cabeza del PSOE. ZP es un producto PSOE. (Siento la tristeza que esto les causará a mis buenos amigos socialistas, que no son muchos, pero son buenos, pero veo así las cosas). Es un producto tan netamente PSOE que, terminada la carrera de Derecho (y sin conseguir plaza de profesor en la Universidad de León, aunque ahora su “bio” oficial diga lo contrario), ZP no ha hecho en la vida otra cosa que pertenecer al PSOE. El PSOE delimitó la contienda electoral interna a una alternativa que prefiero no calificar: o José Bono Martínez o José Luis Rodríguez Zapatero. Aunque por poco, los “grandes electores” del PSOE designaron Secretario General del PSOE a José Luis Rodríguez Zapatero. Fue candidato del PSOE a las siguientes elecciones. Y el PSOE bien que se alegró de ganar esas elecciones generales del 14 de marzo de 2004 y de volver a ganar las del 9 de marzo de 2008, siempre con ZP como “number one”. El número de militantes o simpatizantes del PSOE designados por ZP ha sido y es sencillamente incalculable. Y ZP no ha ideado ni hecho por sí solo cuanto a hecho, ni ha estado solo, sino muy acompañado por todo el PSOE, en sus clamorosas negaciones y omisiones, especialmente en las relativas a la crisis económica. La culpa (de todo o de lo más importante) no es sólo de ZP: al PSOE no le debe valer sacrificar a ZP como un chivo, ni expiatorio ni propiciatorio. El PSOE ha apoyado a ZP en sus reformas legales más discutibles y en sus aventuras más perniciosas."

El electorado parece haber comprendido estos argumentos. Ésa es la primera buena noticia.

La segunda es que Juan Ignacio Zoido sea el nuevo alcalde de Sevilla, con un resultado contundente, quizás entre los de mayor contundencia en toda España. Me apresuro a reconocer que conozco bien a Zoido y nos tenemos por amigos (de los pocos que me quedan en la política activa). Juan Ignacio Zoido, de carrera Magistrado, buen Magistrado, buen Decano de los Jueces de Sevilla en su día, Director General, preocupado de verdad por la Justicia a su paso por el Ministerio de Justicia, designado por la Ministra Mariscal de Gante y Mirón, ya se estrenó muy bien como candidato novato a la Alcaldía de Sevilla: fue en 2007 la lista más votada, con el 41'48% y 128.776 votos, pero no alcanzó la mayoría absoluta. Pero Zoido no se desinfló ni esperó el desgaste del adversario con una oposición protocolaria. Durante cuatro años, Juan Ignacio Zoido se ha currado Sevilla, se ha preocupado por Sevilla en serio, de modo que, ayer, obtuvo 166.040 votos (37.264 más que en el 2007), con un 49'31 % del total. Este "emigrante" de Fregenal de la Sierra, de familia de clase media, sencillo, sensible y cordial, siente -soy testigo de ello- un respeto excepcional por los caudales públicos como cosa ajena y concibe la política como un servicio al pueblo y sabe, naturalmente, que, así ejercida, la Alcaldía de Sevilla será una tarea mucho más ardua que placentera.

Comprenderán Vds. que, por una vez, me refiera a algo que considero personal. No he querido resistir el impulso de hacer una excepción, no sólo por la objetiva importancia general del hecho, sino porque considero justificado compartir una alegría, cuando les he hecho partícipes de no pocas tristezas.

viernes, 20 de mayo de 2011

EL MOVIMIENTO DE “LOS “INDIGNADOS” O LO QUE LA “CLASE POLÍTICA” NO HA QUERIDO VER


“QUIÉNES SON ÉSTOS” Y  “CÓMO ACABARÁ ESTO”

Varias de las más conocidas e importantes plazas de ciudades españolas, empezando por la Puerta del Sol, en Madrid, centro geográfico de España, se han llenado de unas multitudes que protestan. Aquí, el próximo domingo, 22 de mayo, se celebrarán elecciones municipales y autonómicas, excepto en Andalucía, Cataluña, Galicia y País Vasco. En “medios” extranjeros trazan un paralelismo -apoyado por la similitud visual- con las protestas de la Plaza Tahrir en El Cairo.

Digamos para empezar, en atención sobre todo a los lectores no españoles de este blog, que España no es Egipto ni Túnez ni Siria. Las situaciones sociales y políticas son muy diferentes. Pero hay dos elementos en común, innegables: la indignación contra el status quo como motor de la protesta, por un lado y, por otro, la comunicación electrónica como instrumento de conexión y conocimiento personales, de debate, etc.

La indignación contra el status quo, contra “lo que hay”, presenta innumerables matices diferenciales. “Lo que hay” es más fácil de identificar y más rápido de explicar cuando, como en los países árabes en una pretendida “primavera” de la libertad (me temo que más deseada que real), se trata de una dictadura o una tiranía indisimulables, que incluso pretenden ser hereditarias. En cambio, resulta mucho más complejo “lo que hay” de indignante en España, se tarda mucho más en explicarlo y los “catálogos de motivos de indignación” pueden ser muy diferentes entre “los indignados” españoles. Aunque existan coincidencias muy claras e intensas, unos están indignados por unas pocas cosas y otros, por ésas y muchas otras cosas más. O unos sintetizan mucho y, en la misma medida, explican poco, mientras que otros, aun capaces de sintetizar, quieren explicarse con detalle y ordenar de lo más general a lo más concreto o incluso jerarquizar sus motivos de indignación. En todo caso, aquí no se plantea la inmediata caída de Ben Alí o de Hosni Mubarak ni acabar con ventitantos años de estado de excepción en Siria.

La diversidad de las “indignaciones” tiene consecuencias muy importantes, pero no quiero seguir adelante sin antes decir, claro y por derecho, que en España sobran motivos de indignación para manifestarse públicamente y del concreto modo en que se está haciendo. En mi caso, llevo manifestándome, de otro modo, pero públicamente, desde hace bastantes años. Hay prueba escrita de mi indignación, no ya con tal acción o con tal otra omisión, sino con “el sistema”, al menos desde el 15 de diciembre de 1999. Vean, si no me creen, el post de este blog de 15 de agosto de 2010 (http://andresdelaoliva.blogspot.com/2010/08/el-sistema-no-quiere-que-pensemos-por.html) en que se reproduce un artículo publicado en EL MUNDO en la primera fecha. Podría remontarme mucho más en el tiempo, pero considero suficiente esa muestra, por si no abundasen desde el comienzo mismo de este “blog” y en la raíz de haberlo iniciado (“lo que no cabe en los periódicos”… y no sólo por excesiva extensión).

Madrileño e “indignado” como soy, no he hecho, sin embargo, acto de presencia en la Puerta del Sol, por motivos que diré y que son similares a los de muchos otros madrileños. Pero, señoras y señores miembros de la clase política (con valiosas excepciones individuales, que siempre hay): no han querido Vds. enterarse de lo que estaban diciendo, una y otra vez, las grandes encuestas del oficial Centro de Estudios Sociológicos: que Vds., en cuanto clase, eran y son vistos por una gran mayoría de españoles como uno de los grandes problemas, aunque de Vds. deberían venir las soluciones. Aquí lo hemos explicado varias veces. Pues, señoras y señores: ahora tienen Vds. imágenes, que son algo muy parecido a lo que les importa (la imagen), en lugar del pensamiento, el conocimiento serio de las cosas, la laboriosidad y la prudencia.

Y las imágenes de la expresión colectiva de “los indignados” se quedan cortas. Porque hay muchos, muchísimos más “indignados” contra “lo que hay” haciendo su vida normal, sin participar visiblemente, de momento, en concentraciones o acampar en las plazas. Por los más diversos motivos, muchísimos “indignados” no pueden o no quieren, al menos de momento y en días ordinarios, ni concentrarse en la calle ni menos aún pernoctar en camping urbano. En mi caso, no he acudido a concentraciones ni he dormido en la plaza por varias razones: por ineludibles compromisos de trabajo, por mi escoliosis lumbar, porque nadie que conozca me ha convocado y porque padezco (aunque sea en grado leve)  lo que se llama, al parecer, “pantofobia” o “enoclofobia”. En román paladino: fobia a las multitudes, cualquiera que sea el motivo que las reúna. Aunque ya no estoy para ciertos trotes, puedo vencer esa fobia, pero sólo cuando siento que tengo un grave deber de hacerlo. Y todavía no siento ese deber. Pero sí siento desde hace mucho tiempo el deber cívico, ético, de pensar sobre lo que veo y de expresar libremente lo que opino.

Flotan en el ambiente dos grandes interrogantes. ¿Quiénes son éstos?, sería el primero. “¿En qué va parar esto?”, sería el segundo. En cuanto a la primera pregunta, muchos parecen haber decidido, conforme a costumbre muy extendida,  responder sin más averiguaciones a esa pregunta, que, además, les parece decisiva, porque si son “de los suyos”, estupendo y si no, malofatal. Si son independientes de verdad, "vale", "interesante".

Y así, “son los ‘antisistema’”, responden unos. “Esto está organizado por Rubalcaba" (el Ministro del Interior español, al que ya se le están atribuyendo dotes que probablemente son más legendarias que reales, aunque ciertas cualidades están fuera de duda), han dicho otros. Error en las dos respuestas. Entre lo que sé a ciencia cierta y lo que deriva de una experiencia muy probada, dentro y fuera de España, algo puedo aportar aquí. Y, en síntesis, pienso que se equivocan por completo los que consideran la movilización hasta ahora visible de “los indignados” como el montaje de un partido o una coalición política o de un movimiento de ya considerable trayectoria. Aunque estos fenómenos de movilización social atípica son, por su naturaleza, muy cambiantes, me parece que estamos en presencia de algo nuevo, iniciado hace meses con ocasión de una iniciativa político-legislativa impresentable y al que se han sumado otros grupos de “indignados”, con perfil bastante diferente del que creo primero. A base de mucha comunicación, mucho debate y muchos contactos personales en distintos lugares, personas muy distintas han ido perfilando lo que ahora presenciamos y organizándolo con unos cuantos criterios atinados -no violencia, no dejarse manipular, aportación de distintos elementos, materiales o inmateriales, según las posibilidades de cada miembro activo- y con unos objetivos bastante bien delimitados, sin pretender derribar “el sistema” de buenas a primeras, aunque sí presionando con firmeza, desde el principio, para que se produzca un cambio muy serio, una verdadera regeneración. Este era el planteamiento inicial y el que cuando escribo aún predomina, al menos en Madrid. Muy poco que ver -nada que ver- con el pobre “Cojo Manteca”, q.e.p.d.

Indicio poderoso de que no ando descaminado es observar cómo la clase política -que no ignoraba la existencia de muchos “indignados”- ha sido cogida por sorpresa, y sorpresa doble: primera, porque “los indignados” hayan logrado materializar como lo han hecho la expresión de la indignación; segunda, porque se vaya comprobando aceleradamente que el movimiento no responde bien a los típicos “clichés” sumariamente descalificadores. El encapsulamiento de la clase política en su propia atmósfera comporta incapacidad de entender y sentir.

La segunda pregunta es de muy difícil respuesta. Supongo que se la han hecho y se la hacen, ante todo,  las cabezas más pensantes de los mismos “indignados” que ocupan las plazas. Porque es probable que, por la suma de varias plataformas distintas, surjan discrepancias importantes y haya, por ejemplo, “indignados” más partidarios del enfrentamiento y de la insumisión y otros, en cambio, convencidos de que un ataque frontal y una clara situación de ilegalidad no conviene nada al movimiento. Acaba de hacerse pública una declaración -de uno de los grupos- en la que se pretende poco menos que la soberanía nacional reside en la acampada de la Puerta del Sol, que vendría a ser una “asamblea nacional constituyente”. Ése, me parece, no es ni un pensamiento medianamente sólido ni un buen punto de partida de una línea de actuación eficaz por realmente viable. Lo que se ha logrado ya es tan excepcionalmente valioso que no se no debería poner en peligro como base para avanzar. Y hay algo muy claro: pasar de mostrar con claridad y contundencia la magnitud e intensidad de la indignación que tantos sentimos a articular más detalladamente sus causas es  muy difícil y requiere tiempo y ninguna precipitación. Y más tiempo aún se necesita para formular propuestas de cambio con la más amplia sintonía de los ciudadanos: no pueden ser muchas, sino unas pocas bien seleccionadas, que aglutinen sin separar y consoliden el apoyo popular.

Este amplio apoyo pupular se perdería, por cierto, si el movimiento girase, no ya hacia la violencia, sino simplemente hacia una ruptura radical en cualquier sentido. Muchos “indignados”, cientos de miles, están muy convencidos de la necesidad de un cambio real, cuanto antes, pero, por instinto conservador o por reflexiones sobre el futuro posible (o por ambos factores), rechazarían la violencia (incluso la verbal) o el “cul de sac” o callejón sin salida (así lo ven) de un planteamiento constituyente o radicalmente rupturista, por más que se presentase con la conocida vestidura de la utopía que hay que exigir. Uno de los grandes aciertos del movimiento, hasta ahora mismo, es la armonía entre la firmeza y la ausencia de odio o crispación el esfuerzo por presentar un rostro amable, que sinceramente responda a una protesta tan firme como civilizada y tranquila. Una cosa es encontrarse en posesión de argumentos que cuestionen a fondo la actual legitimidad de ejercicio del poder en España  (ésa es una postura que personalmente sostengo) y otra, muy distinta, pasar a una acción ilegal desde el punto de vista del Derecho positivo y, por tanto, enfrentarse fácticamente al poder. A veces, la prudencia (que no es cobardía ni pusilanimidad, sino el puente entre las ideas y las decisiones y puede imperar actuar y avanzar en vez de omitir y pararse) marca una distancia entre principios y posibles conductas insalvable para la acción.

Supongo que las cabezas más pensantes son perfectamente conscientes del peligro de una ruptura interna que acecha al movimiento y que insistentemente procurarán provocar los más firmes partidarios de “lo que hay”. Pero no quiero ahora, ni extenderme más en el análisis de nuestro fenómeno ni en las diversas experiencias históricas que pueden considerarse precedentes del movimiento de “los indignados” (si fuese necesario, tiempo habrá de sacarlas a colación) ni dedicarme a dar consejos. Cómo acabará esto es imposible de predecir. Cómo acabaría, lamentablemente, tras haber comenzado bien, es, en cambio, algo sobre lo que sí resulta posible reflexionar, con algunas consideraciones que espero sean útiles. Terminaré con una información y dos propuestas.

Curiosamente, este movimiento ha venido a coincidir en el tiempo con la constitución, como asociación común, del núcleo de una plataforma transversal -jueces y no jueces, entre los que me cuento, e incluso personas no dedicadas al Derecho- en defensa de la Justicia y, especialmente, de su independencia. A mi parecer, ése es un valor que cualquier “indignado” ante “lo que hay” no es que pueda asumir con plena coherencia, sino que debe hacerlo. Primero, como reacción, porque “lo que hay” está ejecutando una múltiple acción para dejar a este país sin Jueces y Magistrados independientes y operativos; segundo, porque, como acción positiva, todos necesitamos -y más los ciudadanos comunes- una buena Justicia. Ella debe ser, entre otras cosas, el instrumento eficaz y civilizado contra la corrupción. Y, a pesar de muchos pesares, lo está siendo. El movimiento de “los indignados” ya ha hecho varias referencias a este asunto de máxima importancia. Sería excelente que, en su momento, la asunción de ese valor quedase nítidamente formulada.

Y voy a permitirme otra propuesta a “los indignados”, también por completo coherente con la efectividad o realidad de la democracia. ¡Defiendan a las claras la larga tradición democrática española consistente en que todo ciudadano pueda acusar, pueda ser parte en los procesos penales! ¡Defiendan la denominada acción popular! ¡No dejen en manos del Ministerio Fiscal el inicio de los procesos penales y la acusación! El stablishment busca anular desde hace años la acción popular y ahora vuelve a las andadas, con desprecio de la Constitución vigente.

martes, 17 de mayo de 2011

LOS JUECES Y MAGISTRADOS, DE NUEVO AGREDIDOS POR SU “CONSEJO AMIGO”


EL CGPJ, EN CONTRA DE LA CONSTITUCIÓN Y DE LA LEY, LES EXIGE UNA COMPATIBILIDAD EXPRESA COMO SI ESTUVIESEN MUTILADOS EN CUANTO CIUDADANOS


Lamento en el alma no estar equivocado y no ver cuestionada, ni siquiera de vez en cuando, mi valoración del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Si no fuese porque estoy seguro de que no me leen, diría que la mayoría del CGPJ se empeña en darme la razón en este resumen diagnóstico, que ya dejé escrito aquí: el CGPJ hace de todo lo que no debe hacer y no hace o hace rematadamente mal lo que sí debe hacer según la Constitución (CE) y la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Se mete a gestor, a legislador, a observador, organizador de eventos y a promotor de asuntos ajenos. Pero, en cambio, no designa los cargos conforme a los principios de mérito y capacidad, sino por consenso sobre “packs” de vacantes, alcanzado conforme a cuotas numéricas, afinidad o conmilitancia políticas y corporativistas (las de las asociaciones judiciales importantes) y amiguismo; ejerce la Inspección de Juzgados y Tribunales como arma coactiva, para amenazar o represaliar; no defiende la constitucional independencia de los Jueces y Magistrados (art. 117.1 CE) y la plenitud de la potestad jurisdiccional, sino que colabora gustosamente en cercenarla y menoscabarla; no procura que el trabajo de esos servidores públicos sea lo más llevadero posible, sino que somete y consiente que se someta a los jurisdicentes a vejaciones y menosprecios funcionales y parece hallar satisfacción en todo lo que fastidie y perturbe a los Jueces y Magistrados “ordinarios”, es decir casi todos menos unos unos pocos privilegiados, uña y carne y poleas de transmisión de ese Consejo, que, de espaldas a su naturaleza de órgano constitucional de garantía, no es ya sino una pieza clave y ejemplar del la corrupción institucional denominada “Estado de partidos".

Todo esto no afecta sólo a los Jueces y Magistrados. Nos afecta y perjudica a todos, por varias y muy importantes razones, que considero obvias.

La última ocurrencia ha sido la aprobación, el 28 de abril de 2011, del Reglamento 2/2011, de la Carrera Judicial, publicado en el BOE del lunes 9 de mayo. Me limitaré hoy a un único punto, a una nueva exigencia de expresa compatibilidad. El CGPJ pretende que, desde el 29 de mayo de 2011, “el desempeño de cargos directivos en fundaciones, públicas o privadas, o asociaciones de cualquier naturaleza exigirá la previa obtención de la compatibilidad” (art. 326. 1, letra i, del Reglamento), excepto que se trate de asociaciones judiciales, lo que “se regirá por lo dispuesto en su normativa específica”.

Si se tratase de un error, no podría ser más craso, es decir, grueso y grave. Pero no es ningún error, porque al redactarse y al aprobarse el Reglamento, tenían a la vista la norma que presuntamente se desarrolla, esto es, la LOPJ, que trata de las incompatibilidades de los jueces y magistrados en su art. 389. El núm. 9º de la relación de incompatibilidades que aparecen en el art. 389 LOPJ se corresponde con letra i), novena de nuestro alfabeto en el art. 326 del Rglto. En la LOPJ, el núm. 9º del art. 389 se refiere exclusivamente a “las funciones de director, gerente, administrador, consejero, socio colectivo o cualquier otra que implique intervención directa, administrativa o económica en sociedades o empresas mercantiles, públicas o privadas, de cualquier género.” Ahí termina el precepto legal. Y la letra i) del art. 389 del Reglamento 2/1011, del CGPJ, comienza declarando incompatible el cargo de Juez o Magistrado con “las funciones de Director, Gerente, Administrador, Consejero, socio colectivo o cualquier otra que implique intervención directa, administrativa o económica en sociedades o empresas mercantiles, públicas o privadas, de cualquier género.”

Como pueden Vds. observar, el Reglamento copia exactamente a la LOPJ, pero añade el texto que he transcrito en cursiva y negrita. El descaro es superlativo, porque el CGPJ ha aprobado un art. 326 del Reglamento que arranca con estos términos: “de conformidad con lo dispuesto en el artículo 389 de la Ley Orgánica del Poder Judicial”. Y, obviamente, no hay tal conformidad (o debería reconocerse que es sólo parcial, lo que sería ya excesiva burla y rechifla) desde el momento en que, por vía reglamentaria, se restringe a los jueces lo que carece de limitación constitucional y legal.

El CGPJ, siempre inspirado en ajustarse lo menos posible a Derecho, pretende, por tanto, que, desde el día 29 de mayo de 2011, quien ostente o quiera ostentar la presidencia de la Asociación de Padres de Alumnos (APA) de un colegio o cualquier otro cargo directivo en la Asociación de Ex-Alumnos de un colegio o en la de amigos de un museo, de filatélicos, de padres de niños aquejados de ciertas enfermedades más o menos raras, de un club de pádel, de aeromodelismo, de regatas, etc., tiene que pedir una expresa declaración de compatibilidad, que puede ser denegada.

Yo diría que, “de conformidad con esta ocurrencia reglamentaria” del “Consejo amigo” de los Jueces y Magistrados, cabe decir, de la mayoría de los miembros del CGPJ, lo que va en los siguientes puntos:

1º) Es patente que han decidido ignorar que, en general, un reglamento de desarrollo de una ley (la LOPJ) no debe ir más allá que la ley que desarrolla. Se trata de una elementalidad que no se puede permitir desconocer quien desee superar, conforme a cualquier plan, el primer curso de unos estudios de Derecho. Y casi ninguna oposición a la Administración pública deja de exigir este conocimiento jurídico, incluso a opositores provistos sólo de una educación elemental.

2º) Es patente también la voluntad de ignorar que, al afectar al contenido de un derecho fundamental (el de asociación: art. 22 CE), las normas que lo desarrollen (son inconcebibles las que lo eliminen o limiten) han de ser, según el art. 81.1 CE, leyes orgánicas, es decir, leyes aprobadas por la mayoría absoluta del Congreso. No basta la mayoría simple.

3º) No quieren tener en cuenta que al mismo resultado de conduce, aunque con más concreción, el art. artículo 122.1 CE, porque impone regular precisamente en la Ley Orgánica del Poder Judicial “el estatuto jurídico de los jueces y Magistrados de carrera.”

Son, pues, cuatro clamorosas violaciones de preceptos constitucionales porque, a los arts. 22, 81.1 y 122.1 CE, hay que añadir el art. 9.3 de la misma Constitución, que proclama el principio de “jerarquía normativa”, infringido al no ser conforme, por más restrictivo, el art. 326 del Reglamento de marras con el art. 389 LOPJ.

Aún hay más: las Cortes constituyentes, conforme a una concepción nada rara, consideraron necesario someter a los Jueces y Magistrados a algunas restricciones de los derechos cívicos, con la obvia finalidad de garantizar la objetividad e imparcialidad, reales y aparentes. A tal efecto, se estableció en el artículo 127 CE la imposibilidad jurídica de que los Jueces y Magistrados, “mientras se hallen en activo”, pertenezcan “a partidos políticos o sindicatos”, aunque expresamente se permiten las asociaciones profesionales (es decir, no nos engañemos, los sindicatos de funcionarios). ¿Quién es el Consejo General del Poder Judicial para restringir más allá de lo querido por la Constitución nada menos que el ámbito del ejercicio del derecho fundamental de asociación? No es, jurídicamente, nadie.

Jurídicamente, lo decidido por el CGPJ en ese precepto reglamentario vale tanto como lo que pudiera acordar, poner blanco sobre negro y publicar la Comisión Nacional del Mercado de Valores, algún Cabildo insular o la Federación Española de Mus on line. O sea: no vale nada. Es, manifiestamente -por una vez, de verdad manifiestamente- una norma afectada por la más deslumbrante nulidad de pleno derecho. Pero es que el CGPJ ha dejado hace tiempo de regirse y de actuar con arreglo a parámetros jurídicos, por básicos que sean. Los Jueces y Magistrados que hoy desempeñen cargos directivos en Fundaciones o Asociaciones no deben hacerse la ilusión de que no se les puede aplicar una norma que entra en vigor el 29 de mayo y que no contiene una expresa previsión de retroactividad o que no podría contenerla al ser una norma restrictiva de derechos (art. 9.3 CE) y no de cualesquiera derechos. Eso sería aproximadamente lo mismo que pretender que los indios motilones se comporten conforme a la jurisprudencia del Tribunal Iberoamericano de Derechos Humanos.

El CGPJ ha aprobado esa cívica capitis deminutio (o sea, en traducción literal del instituto del Derecho Romano, "jibarización" o disminución de la cabeza: caput-capitis y deminutio-deminutionis; una limitación de la capacidad de obrar) de los Jueces y Magistrados por algún intenso interés en hacer la vida imposible a alguien o a varios, o, al menos, en hacérsela lo más difícil y miserable que pueda. La arbitrariedad en el ejercicio del poder o, en todo caso, la “costumbre” contra legem son las muy acreditadas guías del quehacer de ese Consejo que dice dedicar euros y más euros a promover la buena imagen de los Jueces y Magistrados, sin que ni ellos ni nadie haya notado ese benemérito esfuerzo. Conforme a esos “criterios rectores” (arbitrariedad e ilegalidad), al CGPJ no le importará, de ordinario, ni siquiera averiguar qué Jueces y Magistrados ocupan cargos directivos en asociaciones y fundaciones (no pasa nada, en cambio, si se trata de una sociedad civil o de una sociedad anónima deportiva), pero no dejará de exigir la compatibilidad a quien ose discrepar más o menos públicamente de lo que hace o de lo que omite el CGPJ o el fraternal Ministerio de Justicia. Y si el Juez o Magistrado por el que se interese el CGPJ pide la compatibilidad, le será denegada al “amparo” de unos parámetros que paso a transcribir, contenidos asimismo en el ominoso Reglamento 2/2011. Porque existe en él un art. 330, que dice así:

“1. Se denegará cualquier petición de compatibilidad de una actividad, tanto de carácter público como privado, cuando su ejercicio pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de los deberes judiciales o comprometer la imparcialidad o independencia del juez o magistrado afectado.”

“2. También podrá denegarse la petición de compatibilidad indicada en el número anterior, cuando el juez o magistrado interesado deba dedicar una preferente atención al desempeño de sus funciones, atendida la carga de trabajo, siempre que el retraso existente en el órgano judicial en el que desarrolla en su función le sea imputable.”

Estas justificaciones de una negativa a la petición de compatibilidad son de una tan asombrosa como temible amplitud, además de suponer que no existe límite razonable, ni siquiera por sentido común, a la dedicación de los jueces. Una de las justificaciones es, en realidad, una sanción al retrasado: "castigado sin derecho de asociación hasta que no te lo comas todo, niño". Pero es que, si se paran a pensar un poco, lo que puede menoscabar la fabricación de las “ene” resoluciones (por mes/trimestre/semestre o año, da igual) fijadas por la "Comisión de Productividad" o la necesidad -o sea, el deber- de dedicar una atención preferente a tal fabricación, sería tan justificativo de impedir ser tesorero de una APA o Presidente de la Asociación de Numismáticos sin Fronteras como de impedir contraer matrimonio o tener un hijo, sea el primero o el tercero. Por tanto, no sería ilógico que un mal día impusieran pedir compatibilidad para matrimoniar o para paternidad o maternidad. Al fin y al cabo, el derecho de asociación (art. 22 CE) es de una categoría constitucional superior al derecho a contraer matrimonio (art. 32.1 CE) y al más que dudoso “derecho a tener hijos” y, sin embargo, casarse o encontrarse en situación legalmente similar o tener un hijo son circunstancias que distraen o pueden distraer de la cuota de producción más que una APA, una asociación de amigos de los toros de lidia o un club de bridge.

Pero continuemos el análisis. Si la compatibilidad no se pide cuando se desempeña cargo directivo o se sigue desempeñando tras la denegación de la compatibilidad, el CGPJ acudirá presuroso, con la Inspección y la Comisión Disciplinaria, al art. 418, nº 14 LOPJ, donde se tipifica como falta grave “el ejercicio de cualquier actividad de las consideradas compatibilizables a que se refiere el artículo 389.5 de esta Ley, sin obtener cuando esté prevista la pertinente autorización o habiéndola obtenido con falta de veracidad en los presupuestos alegados.

Ya sé que no pedir compatibilidad para ocupar la presidencia de una APA, p. ej., no es ninguna de las conductas previstas en el aptdo. 5 del art. 389 LOPJ, pero ¿es lógico esperar que por esa “minucia” -es una minucia comparada con el Reglamento que nos ocupa- dejará el CGPJ de abrir expediente, cuando sabe que pasarán años antes de que la Sala de lo Contencioso-Administrativo estime el recurso contra su decisión? Carece de lógica esperar tanta finura jurídica. Y ¿qué tal si se les ocurre en el CGPJ que lo grave es seguir desempeñando la plaza judicial de que se trate pese a la falta de declaración de compatibilidad y echan mano de la falta muy grave del art. 417,7º: “provocar el propio nombramiento para juzgados y tribunales cuando concurra en el nombrado alguna de las situaciones de incompatibilidad o prohibición previstas en los artículos 391 a 393 de esta Ley, o mantenerse en el desempeño del cargo en dichos órganos sin poner en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial las circunstancias necesarias para proceder al traslado forzoso previsto en el artículo 394.” Tampoco es de aplicación este precepto, pero ¿no puede “sonar” como un fundamento suficiente de un expediente disciplinari a quienes vulneran cuatro preceptos constitucionales sin pestañear?

Que nadie me diga, por favor, que este “post” es cruel, “una pasada” o cosas semejantes. Lo que es cruel y “una pasada” de indigna ilicitud jurídica es lo que el CGPJ ha aprobado.

martes, 10 de mayo de 2011

EL VERDADERO TALANTE DE UN “LIBERAL”: BARACK OBAMA NOS MANDA AL PSIQUIATRA


¿“JUSTICE WAS DONE” O UN JUSTICIERISMO ACTUALIZADO DEL FAR WEST?


Los periódicos amanecieron ayer con un resumen de la larga entrevista concedida por Mr. Barack Obama, Presidente de los EE.UU., a la cadena CBS, en el programa “60 Minutes”. Pueden verla o leerla íntegra mediante este enlace:


Me parece muy importante hacer notar estos tres puntos: 1º) En ningún momento afirma o insinúa Obama que la incursión en Pakistán se propusiese detener a Bin Laden si fuere posible; 2º) Obama reconoce abiertamente la invasión por el comando del territorio pakistaní, sin conocimiento siquiera de sus autoridades; 3º) Obama omite toda referencia a la legalidad de la acción, muerte de Bin Laden incluída.

Sentado lo anterior, veamos lo que nos interesa. Según unos “medios” españoles, Mr. Obama dijo: "Cualquiera que se cuestione que Bin Laden recibió lo que se merecía, necesita que su cabeza sea examinada" Según otros, Obama habría afirmado lo siguiente: "cualquiera que cuestione que el autor de una matanza en suelo estadounidense no merecía lo que tuvo, necesita ser examinado". La frase fue exactamente ésta: “Justice was done. And I think that anyone who would question that the perpetrator of mass murder on American soil didn't deserve what he got needs to have their head examined”. Es decir: “Se hizo justicia. Y pienso que cualquiera que cuestione si el que perpetró un asesinato masivo en suelo americano no merecía lo que tuvo necesita que le examinen la cabeza”.

“Deserve what he got” es, a mi entender, la primera clave de este fulminante diagnóstico de tratamiento psiquiátrico. Obama se despista o finge distracción. Porque está fuera de duda, entre personas razonables y no fanatizadas, que quien perpetre en suelo americano (o en cualquier otro suelo) un asesinato y, además, masivo, merece un severísimo castigo. Pero la cuestión que interesa sobre la incursión a Abbottabat no son los merecimientos punitivos de Bin Laden en general, sino, en todo caso, si la muerte intencionada y violenta que concretamente tuvo resulta irreprochable o plenamente admisible. Es poco dudoso que, para empezar, muchas de las innumerables personas que son radicalmente contrarias a la pena de muerte estarán en desacuerdo con la afirmación de Obama. Y no me parece que esa sumaria y seca remisión al psiquiatra (o al neurólogo, o a ambos) sea precisamente una muestra de respeto a la libertad de opinión y de expresión de esas personas por parte de Mr. Obama, hasta hace poco gran icono “liberal” en el sentido norteamericano o en cualquier otro sentido. Esas personas no necesitan, a causa de su opinión opuesta a la presidencial, el tratamiento fulminantemente indicado por el Presidente de los EE.UU. No seré yo quien envíe a Mr. Obama al psiquiatra, pero pienso que ha tenido el enorme desacierto -una verdadera desgracia- de auto-homologarse con cuantos en el mundo han considerado la discrepancia como un síntoma concluyente de enfermedad mental (entre los que no han faltado los que actuaron en consecuencia).

Mas, por mi parte, lo primero -y lo principal- es discrepar sobre eso de “Justice was done”: “se hizo Justicia”. La Justicia, con mayúscula, es, en principio, cosa que hacen los jueces. La correlación es más clara, si cabe, allí donde, como en los EE.UU. el tratamiento que se da a muchos jueces es precisamente el de “Justice”. Reconoce Obama que la incursión en Abbotabat fue una operación militar. No hubo en ella jueces militares. Por tanto, no se hizo Justicia por ningún juez. Y la operación militar no era defensiva, sino ofensiva o de agresión. Admitamos, con Obama, que el objetivo de esa operación era dar su merecido a Bin Laden. Cada cual es muy libre de pensar si lo que se llevó Bin Laden (“what he got”) (varios tiros y la muerte) era algo merecido por Bin Laden de alguna manera (plena o parcialmente; indudable o dudosamente). Lo que no me parece sujeto a una libre apreciación, sino innegable, es que los tiros mortales no fueron imposición de ninguna pena. Dicho de otro modo: lo que hizo el comando SEAL, bajo las órdenes directas y plena responsabilidad de Mr. Obama, no fue “Justice”. Fue “retaliation”, “vengeance”, “revenge” “setting of scores” o “pay back”, es decir, “represalia”, “venganza”, “revancha”, “ajuste de cuentas” o “pago con la misma moneda”. Acerca de una represalia, una venganza, una revancha o un ajuste de cuentas, se puede pensar lo que se quiera, desde luego. Pueden parecer justificados, inicuos, excesivos, proporcionados, apropiados, etc. Lo que resultaría muy fuertemente rupturista (por decirlo suavemente) con los criterios jurídicos civilizados y generalmente admitidos es no reconocer, cuando menos, dos elementos: primero, que la venganza, la represalia, la retribución o el ajuste de cuentas dependen exclusivamente del poder real que se tenga; segundo, que son acciones al margen de la legalidad y, las más de las veces, inmersas en la ilegalidad o antijuridicidad.

Pero si Mr. Obama o sus admiradores en este asunto insistieran en su tesis de la incursión armada en Abbottabat como impartición de justicia a Bin Laden, tesis muy política y universalmente aplaudida, tendríamos que señalar que Mr. Obama ha hecho desaparecer la separación de poderes en los EE.UU., de modo que, en lugar de los Tribunales, es el Jefe del Ejecutivo quien ha impartido justicia y, más concretamente, ha impuesto penas en nombre del pueblo de los EE.UU. Ya sé que los “privilegios del Ejecutivo” son muchos y muy amplios en ese país -por tantos conceptos admirable-, pero me parece que no llegan tan lejos como para sustituir a los Tribunales de Justicia por el Commander-in-Chief de las Fuerzas Armadas de los EE.UU.

El desenfoque total del “affaire Bin Laden” radica, precisamente, en tener y mantener la mirada puesta sólo en Bin Laden y ser incapaz de ver (o no querer ver) y examinar lo que Barack Obama decidió y consiguió hacer. Bin Laden, por lo que sabemos, era uno de esos seres deshumanizados y animalizados por el fanatismo. Él era responsable de sus actos. Y su responsabilidad, ahora extinguida, es enteramente separable de la responsabilidad del Presidente Obama. Aquí no nos ocupamos ya de Bin Laden, sino de la incursión en Abbottabat y consiguiente eliminación de Bin Laden. Las tremendas responsabilidades de Bin Laden no eliminan las responsabilidades de Obama ni tienen por qué operar, en seres humanos que están en su sano juicio (exactamente lo contrario de lo que Obama afirma con gran ligereza intelectual y talante no liberal, sino totalitario), una obnubilación impeditiva del análisis racional y, más concretamente, del análisis jurídico de aquello de lo que son responsables personas distintas de Bin Laden. Dicho castizamente: admitamos que Bin Laden era una bestia asesina y peligrosa. Está muerto. ¿Acaso no podemos interesarnos a fondo por lo que ha hecho el Sr. Obama y sus compañeros de foto en la “Situation Room” (en cuanto inmediatos “Obama’s supporters”)? Al fin y al cabo, de Bin Laden en concreto ya no hay nada que esperar ni temer. Enfoquemos ahora lo que han hecho los vencedores, que han sido y siguen siendo muy poderosos: ¿se pretende tal vez que, al ser Bin Laden una bestia, ¿tiene necesariamente que ser perfecta, intachable y merecedora de la más prolongada ovación mundial, la acción en Pakistán del Obama Invictus? Ante la bestia asesina, ¿vale todo? Más especificamente, ¿vale, fue estupendo e irreprochable, lo que Obama decidió que se hiciera y otros lograron hacer por orden suya?

Aunque esté blog no se siga en la Casa Blanca, en el post anterior se ofrecieron argumentos no improvisados, sino meditados, sobre la incursión USA en Abbottabat. La larga entrevista al Presidente los Estados Unidos de América, Mr. Barack Obama, inclina decididamente a pensar que no ha sido nunca consciente de importantes facetas de su acción en Pakistán, facetas a la vista de todos y que merecían alguna consideración y algún argumento a cualquier gobernante que, cuando menos, dudase de la Ley del Talión. Pero Obama no ofreció en "60 Minutes" ni un solo argumento mientras desgranaba los detalles de la planificación y ejecución del "raid" a Abbottabat, detalles, que, punto por punto, confirman todo lo dicho aquí en el "post anterior. Con esa falta de argumentos y con el tratamiento que tan ásperamente recomienda a los discrepantes, Obama ha exhibido una notable indigencia intelectual, ética y jurídica. Porque se nota que ni siquiera se ha detenido a considerar por un momento nada que no fuesen las dificultades técnicas y los pros y contras políticos de su decisión, adoptada internamente hace años. ¡Es muy fuerte la embriaguez del poder!

Cuando el Sr. Barack Obama, Presidente de los EE.UU., jurista diplomado, excepciona a su arbitrio la efectividad de los derechos humanos, se cisca en el Derecho Internacional y ordena la muerte de un malhechor en un “raid” sobre un país distinto del suyo, me parece estar demostrando que confunde la represalia y la venganza con la Justicia. Sé que, respecto de Bin Laden, monstruoso asesino, muchos estarán dispuestos a considerar “justa” la represalia y archi-merecida su muerte violenta. A mí, por muchas adhesiones que logre, Mr. Obama me parece haber dado una muy sobrada muestra de peligroso primitivismo. Lo que ha ordenado hacer es una versión, máximamente actualizada, de la “justicia” del Far West. Y después, con su frasecita, Mr. Obama ha perdido para siempre, en lo que a mí concierne, cualquier legitimidad para considerarse y ser considerado “liberal” (en cualquier sentido) y progresista. Si él nos manda al psiquiatra, algunos podemos mandarle a paseo. Le convendrían unos largos paseos por Filadelfia, leyendo o releyendo los Federalist Papers y, en especial, repasando a Thomas Jefferson. A Hamilton podría saltárselo, porque ya ha hecho suficientes méritos ante Wall Street.

jueves, 5 de mayo de 2011

PENSAMIENTO LIBRE SOBRE LA MUERTE DE BIN LADEN: LA HISTÓRICA INCURSION USA EN ABBOTTABAT


America can do whatever we set our mind to”: REFLEXIONES CONTRA CORRIENTE


Murió Bin Laden. Más exactamente, le mataron. Al principio fue la noticia escueta, con unos pocos datos. Después, sin muchos datos fiables más (que no son de esperar, me parece, y que, en buena medida, resultarán contradictorios: cuando la versión de algo ocurrido sin testigos o con testigos mudos se engorda, suelen aflorar los desajustes), se ha desatado, en todo el mundo, una muy dura polémica, que alcanza la ferocidad en muchas expresiones de máximo enfrentamiento. La casi completa unanimidad sólo se produce en cuanto a la repulsa absoluta a Osama Bin Laden. En todo lo demás, los grandes titulares ya dan idea de la extrema polaridad: desde “asesina” o "liquida" a “mata” o “da muerte”. Sujeto de la oración principal: “Estados Unidos” y, más concretamente, por propia declaración pública, su Presidente, Barack Obama.

Es penoso que opinar libremente sobre esta acción de los Estados Unidos resulte arriesgado salvo que se aplauda sin apenas objeción o con meros suaves reparos. Especialmente inaceptable encuentro que cualquier consideración crítica de cierto calado se presente como un solapado apoyo al terrorismo islámico o, casi peor, como un exceso trasnochadamente “exquisito” y frívolo de garantismo, que desprecia el dolor y los derechos de las víctimas para preocuparse sólo, o casi, de los derechos humanos de los delincuentes (ya lo he leído así, tal cual, bastantes veces). No es así. La tensión entre la libertad individual y la seguridad de la sociedad es permanente en la represión jurídica de la criminalidad. Diríase que no puede ser de otra manera. El equilibrio entre esos dos valores no es fácil de lograr ni tiene que ser el mismo en todas partes y en todos los tiempos. Pero ni los amantes de la libertad están autorizados a insultar a los que ponderan mucho la seguridad ni en nombre de la seguridad pública y del justificado rechazo del terrorismo y de la violencia criminal resulta razonable y civilizado injuriar a quienes se preocupan de la libertad y de los derechos individuales. No son serias y razonables, sino tristes e irracionales, las caricaturas descalificadoras que los unos propagan sobre los otros.

La valoración libre de la incursión USA en Pakistán y la muerte de Bin Laden, sin mayores peligros de linchamientos o bofetadas verbales, es muy pertinente y legítima, porque se trata de un suceso de excepcional calado. No son legítimos los sofismas, las graves incoherencias y ciertas comparaciones que, interesadamente, pretenden anular grandes diferencias entre lo que se compara. Pero todas las valoraciones razonadas, que pueden ser y son muy diversas e incluso opuestas, merecen una seria reflexión.

Ante un suceso con tantas y tan graves facetas e implicaciones, podría yo guardar silencio, dados los riesgos que están a la vista. Pero, muy probablemente, ni eso es lo que esperan los habituales lectores de este “blog” ni es lo que corresponde, por lógica, a la decisión de abrir y mantener este medio de expresión. Mi libertad de opinar (cuando tengo una opinión formada) o callar es innegable, pero, ante un acontecimiento como éste, callar por completo me parece difícil de justificar. Significaría una de estas dos cosas: o “no tengo ningún criterio” o “no quiero correr el riesgo de pensar o de decir lo que pienso”. Rechazo el silencio, pues, porque ninguna de las afirmaciones implícitas en él son ciertas en mi caso.

Dicho lo anterior, voy a ir por pasos. Y considero necesario establecer algunos puntos que sirvan de marco a la valoración.

Primero. Jurídicamente, la muerte intencionada de Bin Laden no me parece calificable de “asesinato”. “Asesinato”, es un término jurídico, que siempre debería utilizarse sólo en el plano jurídico. Para ordenar la muerte de Bin Laden, el jefe de una organización terrorista a la que se había declarado la guerra, el Presidente de los EE.UU. contaba con cobertura legal. Contaba con una previa y clara autorización del Congreso de ese país. Obama no se ha salido fuera del sistema o del régimen político-constitucional de los EE.UU.

Por supuesto, se puede discrepar de esa cobertura legal: lo que no cabe es negarla. Y uno puede estar sustancialmente conforme e incluso entusiasmado con el sistema jurídico-político norteamericano o, por el contrario, abrigar reservas, más o menos numerosas y más o menos serias y graves. Personalmente, abrigo numerosas y muy serias reservas sobre ese sistema y, desde luego, niego que sea superior al nuestro (en teoría y también en la práctica). En todo caso, es perfectamente natural que a no pocos ciudadanos y juristas españoles y europeos nos choquen fuertemente las peculiaridades del régimen USA. Muchas y fundamentales cuestiones jurídicas son respondidas a diario en los EE.UU. de modo sumamente distinto a cómo se responden en toda la zona del Civil Law o del Derecho europeo continental y sus áreas extraeuropeas de implantación o influjo. Ocurre, sobre todo, que, con cierta frecuencia, los norteamericanos se evaden de su propio sistema (el judicial penal, p. ej.) y construyen una alternativa. Y en ocasiones, llegan incluso a crear verdaderos “agujeros negros”, que engullen y hacen desaparecer lo jurídico: ahí está Guantánamo, sin ir más lejos. Ya he dicho en este blog, a propósito de ese campo de internamiento, cuánto me desconciertan (es un eufemismo) las “reglas” (?) sobre las que esa “facility” se asentó y sobre las que permanece abierta, así como todo lo que implica. En especial, me resulta imposible aceptar, además de las torturas y los tratos inhumanos persistentes y sistemáticos, que se mantenga a personas en privación indefinida de libertad cabalmente porque se carece de pruebas para llevarlas a juicio con altas probabilidades de una sentencia condenatoria, incluso ante tribunales militares (esto es lo que ellos dicen abiertamente, no es un juicio mío). Considero superlativa, inigualable, la paradoja de que ese aislado desierto jurídico haya sido creado y mantenido justo por el país de la “Justicia para todos”, el “due process of law”, la doctrina del rechazo de los “frutos del árbol envenenado” (en materia de prueba) y el enorme poder jurídico y judicial del pueblo, encarnado en la sacrosanta institución del Jurado (Jurado del que se prescinde, sin embargo, en un altísimo porcentaje de todo tipo de casos en que debiera intervenir). No me sirve de consuelo ni de justificación el traído y llevado “american exceptionalism”, sobre el que algún día tal vez me extienda. Pero para discrepar seriamente primero hay que esforzarse por comprender aquello de lo que se discrepa.

Segundo. La comparación igualadora de la orden presidencial de Obama y su ejecución con cualquier “guerra sucia” también me parece, no enteramente falsa, pero sí inexacta. La inexactitud estriba, no ya en la legalidad a que me acabo de referir, sino más aún en otro elemento muy visible y fácil de identificar. Por “guerra sucia” se viene entendiendo lo que se hace bajo cuerda, sin dar la cara, negándolo o eludiendo cualquier protagonismo y responsabilidad. Y lo que los EE.UU. han hecho con Bin Laden puede parecer mal, muy mal o pésimo, pero se ha hecho oficialmente y sin que las autoridades del país negasen conocerlo o pretendieran que se ha llevado a cabo sin su consentimiento. No es la OAS francesa (que combatía el terrorismo/independentismo argelino) ni menos aún el GAL español. En el “affaire Bin Laden” hay, desde luego, una “razón de Estado”, pero no es la clásica o típica “razón de Estado”, por definición opuesta y contraria a la legalidad. También aquí he de insistir: el reconocimiento de estas diferencias no supone necesariamente una valoración positiva y mucho menos un entusiasmo por el sistema y, en concreto, por la específica y singular “razón de Estado” que cabe intuir como base de los planteamientos de muchas autoridades USA y se aprecia bien en el discurso oficial de Obama tras la muerte de Bin Laden.

Tercero. El territorio y la atmósfera o ambiente que el poder -el oficial, con legitimidad de origen- marca como de guerra es siempre un territorio en el que el Derecho se ausenta en cierto modo. Mucho, bastante o poco, pero se ausenta o, si se prefiere decirlo con otras palabras, se debilita su presencia. Las excepciones constitucionales y legales para los tiempos de guerra consisten, casi por definición, en restricciones a la luz: muchas más sombras, mayor opacidad, mucho menor control jurídico con más poder ejecutivo. Atención: a mi entender, se puede discrepar de los presupuestos, el método y el alcance de la declaración de guerra al terrorismo y, en concreto, a Al Qaeda, establecida por el poder en los EE.UU. Pero, por una parte, la declaración existía sin lugar a dudas, oficial, pública y solemne, y, por otra parte, enmarcar el suceso de que hablamos en un escenario de guerra es algo que hay que hacer para entender lo ocurrido, que -reitero- no es lo mismo que estar de acuerdo con ello o aplaudirlo. Lo que quiero señalar es que bastante de lo que chirría ante la invasión USA de un país extranjero soberano para dar muerte a Bin Laden y sus acompañantes se debe, bien mirado, a que el escenario bélico actual (sobre todo tal como ha sido concebido y caracterizado por el poder USA) expulsa, por así decirlo, innumerables factores o ingredientes jurídicos, incluidos los propios del Derecho Internacional Público. Esta “expulsión de lo jurídico” es, ante todo, un hecho, que aún no valoro.

Cuarto. La comparación de la “operación Bin Laden” con pretéritas y muy conocidas operaciones bélicas de intención homicida (de Churchill, de Hitler, etc.) adolece también, en cuanto se pretende igualar los episodios, de considerable inexactitud. Ya va quedando bastante claro, a medida que se analiza y se piensa lo ocurrido, que lo de Bin Laden presenta rasgos únicos. Ahora no existía una guerra declarada entre países, con uno de los contendientes empeñado en la expansión territorial. Se podrá decir que lo actual, respecto del terrorismo islámico, es similar a la guerra convencional, porque se trata también de una guerra. Muy bien: justamente es similar, pero no igual o idéntico. Lo similar se diferencia de lo idéntico por la concurrencia de parciales igualdades y parciales desigualdades. Perdón por esta obviedad, pero me ha parecido necesaria para poder objetar, simplemente objetar, ciertas rápidas equiparaciones, que conducen a tratar por igual lo que es simplemente similar o parecido, pero no idéntico. Dicho lo anterior, da fatiga explicar diferencias obvias entre intentos ingleses de acabar con Hitler, intentos alemanes de acabar con Churchill y la operación USA para acabar con Bin Laden. Simplemente, recomiendo no olvidar que han tardado casi diez años en encontrar a Bin Laden y que, por lo que sabe el Gobierno americano y sabemos todos acerca de Al Qaeda, abatir a Bin Laden en modo alguno podía (podrá) suponer un efecto semejante al de haber matado, en plena II Guerra Mundial, a Hitler o a Churchill. Éstos (sobre todo, Hitler) eran los líderes decisivos de una guerra con ejércitos y escenarios muy definidos. No así Bin Laden y la acción terrorista de Al Qaeda.

Sentado todo lo anterior, me parece difícilmente discutible que la muerte de Bin Laden a manos de los SEAL americanos, por órdenes directas del Presidente Obama, significa que el Gobierno de los Estados Unidos de América se considera legitimado para privar de la vida, en cualquier lugar, a quien las autoridades de los EE.UU. hayan considerado y declarado enemigo cualificado del pueblo de loss Estados Unidos. Significa, asimismo, que la ejecución de esta voluntad de la representación popular de los EE.UU. (la que cabe atribuir al Congreso de los EE.UU.) prevalece absolutamente sobre la legalidad internacional, p. ej., sobre la soberanía de la República Islámica de Pakistán, que existe al margen de lo que guste o disguste la historia y la realidad pakistaníes. Significa también que, entre otros textos, la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), aprobada por la Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 1948, puede ser completamente ignorada por los Estados Unidos de América: antes, durante y después de la acción militar USA del 1 de mayo de 2011 en Abbottabad, Norte de Pakistán. Los enemigos especiales, así declarados, ya no son humanos, puesto que carecen de esos derechos básicos.

Ante lo ocurrido, se puede decir e incluso gritar, como se ha dicho y gritado: "Well done!!" “¡Bien hecho!”. E incluso cabe que buen número de los que lancen tal grito expresen argumentos que, a su entender, lo justifican. “Abbottabad –hemos leído, por ejemplo- es la prueba del acierto y de la bondad del campo de Guantánamo.” ¿Por qué? Y nos responden: “porque Guantánamo es lo que ha permitido finalmente localizar y matar a Bin Laden”. No voy a discutir esa relación Guantánamo-Abbottabad. Simplemente digo que ese argumento supone, objetiva e innegablemente, justificar, por una finalidad genéricamente admisible, una gran cantidad de concretas atrocidades jurídicas, psicológicas y físicas. Es un argumento que justifica, p. ej., lo que ayer mismo, acogiendo un vomitivo eufemismo de ciertas autoridades USA, muchos medios denominaban “asfixias simuladas”. La verdad es que no hay simulación alguna: lo que hay es una tortura consistente en no consumar la asfixia hasta la muerte, a fin de poder seguir asfixiándote más veces. Sobre la tortura pueden imaginarse o presentarse casos verdaderamente extremos: p. ej., el de un detenido con seguros conocimientos para salvar o condenar miles de vidas en un corto plazo de tiempo. Pero en Guantánamo no se estaba en esa situación, como tampoco en otros “centros de detención” que ahora son aludidos y se dicen situados en “países del Este”.

Si, como se admite, Bin Laden no estaba armado, la “resistencia” que ofreció, ¿impedía capturarle vivo? Que se sepa, el comando de los SEAL apenas encontró oposición, pudo recoger diversos materiales y embarcar en los helicópteros, destruyendo antes uno de ellos, todo en muy poco tiempo. Es muy probable que presentase similar dificultad llevarse un prisionero que llevarse un cadáver. Pero todos sabemos -no por ser muy listos, sino porque las mismas autoridades americanas nos lo han hecho saber- cuántos “problemas” muy diversos crearía a esas autoridades (y quizás a sus aliados) un Bin Laden en prisión o confinamiento en USA. De modo que matarle evitaba todos esos “problemas”. Y así, lo más verosímil, como tantos afirman o insinúan, es que siempre se trató de una caza a muerte.

Voy a reconocer varias cosas sin ningún  problema. Admito que es altamente probable -casi segura- la necesidad de mejores instrumentos jurídicos internacionales y nacionales frente al fenómeno de un terrorismo hiperfanático y dispuesto a la inmolación personal. Reconozco que no es satisfactorio, sino hiriente, que los terroristas (en especial los fanáticos suicidas) y ciertos tipos de criminales se aprovechen injustamente de un garantismo del que abusan, con grave desequilibrio de los intereses contrapuestos y con menoscabo injusto de la seguridad de la sociedad, es decir, de la debida protección del conjunto de la población, en tales o cuales países y en el entero planeta. Admito también que la ONU, aunque en ocasiones cumpla una función positiva, está muy lejos de ofrecer respuestas eficaces -jurídicas y prácticas- a terribles tragedias humanas de naturaleza criminal (consiente ahora mismo en Siria masacres diarias). Acepto que no se vislumbra un cambio positivo en esas “Naciones Unidas”. Pero todo eso no me vale para aplaudir la acción de los Estados Unidos de América en Abbottabat, matando a Bin Laden.

No me vale para justificar esa acción y lo que implica, porque lo que se deriva de cuanto acabo de reconocer como necesario es la urgencia de un esfuerzo y de unos buenos resultados en el sentido de perfilar mejor las garantías de los sospechosos, de los detenidos y de los acusados  (especialmente, en casos de terrorismo) y, a la vez, ciertas reformas para hacer más eficaz la persecución y sanción jurídica de la más grave criminalidad. Lo que no cabe aceptar, por irracional, inhumano e injusto, es que las tremendas realidades del terrorismo y del narcotráfico impulsen una drástica disminución de las principales garantías previstas en la DUDH de 1948. Ahí se da un gran salto porque es lo más fácil de hacer con resultados inmediatos, pero se trata de un verdadero salto mortal. Supone asimismo un tremendo cambio, respecto de un mínimo respeto al Derecho Internacional, la prevalencia absoluta en nuestro mundo de la voluntad política de los Estados Unidos de América. Y, sin ánimo de exhaustividad, encuentro de enorme gravedad que un país, por importante y poderoso que sea, por generoso que haya sido y siga siendo con otros países, excluya por completo a ciertas personas de la elemental protección que brindan muchos preceptos de la DUDH (texto que tomo como ejemplo: no es el único ni el mejor, pero sí el más aceptado mundialmente). Hacer excepciones -incluso con Osama Bin Laden- a la efectividad de ciertos principios supone, ineludiblemente, abrir y dejar abierta una ancha puerta al ejercicio del puro poder, una gran puerta abierta a que quien pueda haga lo que quiera.

Abandonar todo estatuto básico de limitaciones claras al poder es el suicidio de una sociedad libre. Es lamentable que esta o aquella sociedad, organizada en Estado, resuelva emprender el camino de ese suicidio (o lo que uno piensa que es tal y que ójala se rectifique), aunque, desde fuera de esa sociedad, no quepa sino aceptar lo que por ella se decide. Pero lo que ha sucedido en Abbottabat es otra cosa, muy distinta, ésta que una sociedad y un Estado determinados imponen al mundo entero, de hecho, por su concreta fuerza, prescindir del Derecho o, lo que es igual, inventar un falso Derecho, que no incluye razonables limitaciones al poder, político o de otra clase.

La acción USA contra Bin Laden en Abbottabat, el 1 de mayo de 2011, no supone un cambio, medianamente pensado, de un modus vivendi mundial a otro. No se ha diseñado, ni siquiera provisional y limitadamente, algo distinto de las reglas actuales, que se pretenda mejor que ellas. Lo ocurrido expresa directamente una pura y dura involución. La involución de suspender cualquier regla. Si bien se mira, el episodio de Abbottabad es la proclamación, con trompetas y clarines, de un difuso estado de excepción, no para los Estados Unidos de América, no con la Patriot Act, querida, al fin y al cabo, por la gran mayoría de los ciudadanos USA. Se ha decretado por los Estados Unidos de América un estado de excepción indefinido en todo el mundo.

Que a Osama Bin Laden no era posible tratarle como a cualquier feroz delincuente está fuera de toda duda. Que la “excepcionalidad Osama” llegase a justificar la excepcionalidad de Obama me parece, en cambio, muy dudoso. Más claro: me parece mal. Demasiados valores y reglas universales han sido sepultadas en la refriega de Abbottabat. El precio de esta nueva muestra de “american exceptionalism” resulta imposible de aceptar con cordura. Veo cuántos -de casi todos los colores- andan embobados (y un poco embotados también) ante la demostración de poderío y “eficacia” y ante el alarde de perseverancia USA en la retribución y la venganza.  Les comprendo. De verdad comprendo a esa gente. No me siento vacunado contra eventuales sentimientos de venganza. Pero la venganza -que no la justicia, como la llama Obama- es rechazable, aunque cueste mucho rechazarla. Y, por otra parte, me da mucha pena una tan grandísima y extendidísima devoción al poder, al éxito y a la “eficacia”, todo en el mismo “pack”. Comprendo que el mundo sufre una pandemia así, pero me considero afortunado por haberme librado de ella y saber algo de sus temibles efectos. Y me considero obligado a denunciarla y combatirla como pueda.

Nunca he sido antiamericano. Más bien, durante bastante tiempo, me pareció admirable casi todo lo americano. Exageraciones juveniles, más que errores crasos, pienso. Por eso, porque no soy antiamericano, me resulta doloroso escribir -no a la ligera, acierte más o menos- lo que ya he dejado dicho y lo que voy a decir aún. Lo que ha decidido Obama y han ejecutado sus subordinados me parece el producto de un gravísimo error de juicio, propiciado por una mentalidad jurídica y éticamente rechazable. Todos conocen el “YES, WE CAN” electoral de Barack Obama. No es éste el momento de bromas, sarcasmos o jueguecitos de palabras al respecto. Sí es oportuno, en cambio, contraponer a esa cantinela electoral de tres palabras, una frase clave al final del discurso de Obama el 1 de mayo: “America can do whatever we set our mind to” Son palabras que se pueden traducir suavemente, como las versiones oficiales en español, pero esas palabras significan, a la postre, que “América puede hacer cualquier cosa que se le ocurra” o, más precisamente, que "América puede hacer cualquier cosa que se nos ocurra". Aparte de la penosa inclinación, bastante analfabeta y desconsiderada, a tomar la parte por el todo, como si los EE.UU. fueran toda América, quizás esa “América” ahora encarnada por B. Obama pueda hacer cualquier cosa que se inserte en su mente o que nazca de ella. Pero no siempre debe hacerla. Entre otros motivos, porque lo que se le ocurra a ese "we", "nosotros", que es identificado con “América”, a veces no será acertado sino erróneo, incluso en el más prosaico y pragmático plano de la política menor y cortoplacista.

Varios Presidentes de los Estados Unidos de América se propusieron públicamente, en distintas solemnes ocasiones, acercarse más a la comunidad internacional y colaborar más estrechamente con ella, abandonando un notable unilateralismo (en el que, es justo reconocerlo, los EE.UU. hacían buena parte, parte dura, del trabajo de otros). El 1 de mayo de 2011, esa dirección se ha abandonado bruscamente. “America” ha llevado a cabo una exhibición de puro poder que, lo comprendo, entusiasma a muchos. A mí me parece demasiado predominio del puro poder sobre reglas de suma importancia, amén del retorno a una soberbia (en ambos sentidos de la palabra) soledad. Y, además, dudo de que lo realizado le convenga políticamente al pueblo de los Estados Unidos de América. Como dudo mucho también de que, para luchar eficazmente contra el terrorismo islámico, haya sido mejor matar a Bin Laden que tenerlo localizado y controlado. La nada temeraria conjetura de que Barack Obama, con baja popularidad el 31 de abril de 2001, ha comprometido gravemente a su Nación por pensar que una mayoría de los estadounidenses recibirían un fuerte impacto positivo si Osama Bin Laden fuese capturado “dead or alive” (but better absolutely dead, me permito añadir) ganará solidez y podría convertirse en certeza si, en el terreno (pragmático pero muy importante) del combate al terrorismo islámico, esta “operación Abbottabat” no sólo no rinde frutos claros, sino que desencadena efectos muy negativos. Puede ocurrir en no pocos frentes. No lo deseo, pero me lo temo. Cuando se tiene mucho poder, la tentación de dar avisos contundentes es acuciante. Es muy humano caer en esa tentación, pero lo que es sabio y realmente eficaz es combatir  y eliminar el orgullo y el ansia de demostrar el propio poder. La sobreactuación, como le llaman ahora a la demasía prepotente, no conduce a nada bueno.