A PROPÓSITO DE LOS JUECES DEL “CASO GÜRTEL”

DAÑOS GRAVES PARA LA IMAGEN Y LA REALIDAD DE NUESTRA JUSTICIA

CAUSAS DE LO LAMENTABLE Y LEGITIMACIÓN PARA QUEJARSE

Advertencia previa: quien vaya a leer este post pensando que, por sus no flamígeros titulares y su arranque de índole histórica, voy a quitarle importancia, como algo deplorable, a la situación de que dos Magistrados (uno de ellos, ponente) no ya afines (la afinidad interior es irrelevante), sino públicamente vinculados al Partido Popular (PP) juzguen un caso de graves acusaciones de corrupción en el PP, se equivoca de medio a medio. Quien después de leer este post piense algo parecido, siento decirlo, pero no ha entendido nada. Lo que va escrito tras esta advertencia muestra y demuestra exactamente hasta que extremo de perversión se ha llegado, justamente porque muestra y demuestra que hay que decidirse, de una vez por todas, a cambiar un sistema que permite una situación tan superlativamente indeseable que es imposible de arreglar inmediatamente con los instrumentos de nuestro Derecho, que son los mismos de otros ordenamientos jurídicos civilizados, que no disponen de más o distintas herramientas.

Uno puede usar su libertad de opinión y expresión para sollozar e indignarse literariamente ante lo indeseable. Respeto esa opción (¡cómo no respetar el desahogo ante lo deplorable!), pero no comparto que esa opción sea ni la única admisible y legítima ética y jurídicamente ni pienso que sea la más conveniente y útil si se quieren evitar esas situaciones indeseables. Al menos tan legítimo como expresar indignación y clamar contra lo indignante es exponer las causas de lo que produce indignación y hasta ganas de echarse a llorar. Y me atrevo incluso a pensar, con no poco apoyo lógico-metafísico, que no sirve de gran cosa lamentar los efectos sin determinar las causas y proponer, propugnar y clamar para que las causas se eliminen. Nadie quiere seriamente remover un efecto si no quiere actuar sobre su causa. Lo que va seguido a esta advertencia es precisamente ese clamor contra las causas de lo deplorable y una propuesta radical para eliminarlas, eliminación que, sospechosamente, eluden por completo bastantes de los indignados.

Que el titular de este blog POR DERECHO y autor de este post deplora la noticiosa situación creada es tan palmario y obvio como que lleva muchos años clamando contra la politización de la Justicia en todas sus formas. Quizás el lógico cansancio de esos muchos años le inclina, me inclina, más al énfasis en las causas que a una explosión airada de desacuerdo con lo inmediato, que requiere más gasto de energías, que ya son muy justitas. Porque también resulta, no sólo indignante y deplorable, sino muy cansado, casi agotador, aguantar el considerable número de indignados que en estos días se asoman a protestar airadamente del tribunal del "caso Gürtel" cuando han sido responsables, por acción o por omisión, de la causa o serie de causas y concausas que han conducido al tribunal del "caso Gürtel". Por otra parte, textos que deploran lo que sucede los hay muchos y muy expresivos. Análisis mínimamente a fondo del por qué de lo que sucede, no he visto hasta ahora ninguno. Mi libertad de opinión y de expresión se orienta a intentar ese análisis y también, aunque subordinadamente, a aclarar suavemente -la irritación, ya lo acabo de apuntar, desgasta mucho- que no cabe prescindir de la historia, de la coherencia y del sentido de la responsabilidad.

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En 1985 fue cambiado el sistema de designación de los 12 vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que han de ser Jueces o Magistrados, atribuyéndola al Parlamento (6 al Congreso y 6 al Senado) y no a los resultados de unas elecciones entre los Jueces y Magistrados en activo. Desde entonces, no han dejado de producirse fenómenos indeseables para la apariencia y la realidad de la Justicia en España. Yo me mostré sumamente preocupado y crítico con ese cambio de la LOPJ de 1985 y escribí al respecto en numerosas ocasiones (éstas, prensa aparte, fueron las primeras: "Nuevo panorama de la Administración de Justicia según la Ley Orgánica del Poder Judicial", en Boletín del Colegio de Abogados de Madrid (BCAM), núm. 5-1986, septiembre-octubre, págs. 33-59; "La nueva Ley Orgánica del Poder Judicial: análisis jurídico general y constitucional", en Revista de Derecho Procesal, núm. 1-1987, págs. 7 a 53; "En torno a la crisis de la Administración de Justicia", en BCAM, núm. 4/1990, de julio-agosto, págs. 11-29).[1]

En este mismo blog me he ocupado muchas veces del tema. Pienso que es muy conveniente, casi necesario, repasar la historia, los antecedentes, porque lo que hoy ocurre se explica por lo que se hizo y se omitió ayer. Les selecciono, para el recordatorio de la historia reciente, sólo tres post, que ordeno de más antiguo a más próximo. Ahí van los títulos y los enlaces, para facilitar la lectura:

29 de abril de 2011: CINCO MILLONES DE PARADOS Y AQUÍ NO PASA NADA. UN VIRUS PARALIZANTE, EL “NHNQH”: “NO HAY NADA QUE HACER”: http://andresdelaoliva.blogspot.com.es/2011/04/cinco-millones-de-parados-y-aqui-no.html

18 de junio de 2012: YA NO HAY DUDA: EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL ES EL “NO VA MÁS” DEL CORRUPTO “ESTADO DE PARTIDOS”. UN MINI-CONSEJO (CGPJ), OCURRENCIA POCO ORIGINAL DEL MINISTRO DE JUSTICIA DE ESPAÑA: http://andresdelaoliva.blogspot.com.es/2012/06/ya-no-hay-duda-el-consejo-general-del.html

30 de abril de 2013: LA DICTADURA ABSOLUTA DE LA MAYORÍA ABSOLUTA. TIRO EN LA NUCA AL ÓRGANO DE GARANTÍA DE LA INDEPENDENCIA JUDICIAL. LA CONSTITUCIÓN, DE NUEVO A LA BASURA: http://andresdelaoliva.blogspot.com.es/2013/04/la-dictadura-absoluta-de-la-mayoria.html

Al repaso que recomiendo se debe añadir ya el dato legal (art. 467 LOPJ y 122.3 CE) de que todas las designaciones parlamentarias de Vocales requieren el voto favorable de tres quintos de los miembros del Congreso o del Senado. Esto significa algo de suma importancia: que los Vocales que se dicen (con motivo, pero inexactamente) propuestos por el Partido Popular (PP), por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), por Convergencia i Unió (CiU), por el Partido Nacionalista Vasco (PNV), etc., son designados, no sólo con los votos (que serían insuficientes) de esos concretos partidos, sino también con los votos de Diputados o Senadores de los demás partidos, votos que tienen todos (no debería ser necesario decirlo) el mismo valor. En la designación de los Vocales, también los judiciales, hay, pues, una clara corresponsabilidad de las fuerzas políticas con representación parlamentaria. Hay, para esa designación corresponsable, una previa negociación de cuotas y de nombres y, finalmente, un pacto con nombres y apellidos. Es el “Estado de partidos” en su apogeo: exactamente lo que el Tribunal Constitucional en su famosa Sentencia 108/1986, de 29 de julio, señaló como peligroso y contrario al propósito de la Norma Fundamental: “Ciertamente, se corre el riesgo de frustrar la finalidad señalada de la Norma constitucional si  las Cámaras, a la hora de efectuar sus propuestas, olvidan el objetivo perseguido y, actuando con criterios admisibles en otros terrenos, pero no en éste, atiendan sólo a la división de fuerzas existente en su propio seno y distribuyan los puestos a cubrir entre los distintos partidos, en proporción a  la fuerza parlamentaria de éstos. La lógica del Estado de partidos empuja a actuaciones de este género, pero esa misma lógica obliga a mantener al margen de la lucha de partidos ciertos ámbitos de poder y entre ellos, y señaladamente, el Poder Judicial.”

Las propuestas de Vocales por este o aquel partido las conocemos por la prensa. La prensa no suele mentir ni equivocarse al informar del origen de las candidaturas de esta o aquella persona, pero jurídicamente no existen las propuestas de PP, PSOE, etc., porque las propuestas vienen siendo presentadas al alimón por varios grupos parlamentarios previamente concertados y sólo el apoyo de los Diputados o Senadores de esos grupos las hace viables y determina la designación. Son, jurídica y políticamente, propuestas de varios partidos, de modo que todos los partidos proponentes de las propuestas son jurídica y políticamente responsables de ellas. Así, todos han contribuido a la politización de quienes designan, aunque algunos de los Jueces y Magistrados designados (no todos) ya se habían politizado ellos mismos de modo lamentable al vincularse antes, por propia iniciativa, a este o a aquel partido, al buscar ser amigos políticos de este o de aquel partido y procurar que este o aquel partido les considere amigos. Así se gesta, entre unos y otros, la politización que luego es muy visible.

Sentado lo anterior, veamos el ultimísimo episodio indeseable, que es el siguiente: el llamado “caso Gürtel” (lo más nuclear de él), un caso penal que afecta a dirigentes del Partido Popular, va a ser juzgado, entre otros, por un Magistrado que fue sucesivamente Letrado, Vocal y portavoz del CGPJ (con innegable sesgo político) (del 2001 al 2008: prolongaron su periodo legal, por falta de acuerdo de los partidos mayoritarios para la renovación prescrita). A ese Magistrado, sumamente involucrado con el PP de modo público, se le nombró después, por clarísima influencia y prolongada determinación de los dirigentes del Partido Popular, Magistrado del Tribunal Constitucional, cargo del que tuvo que dimitir al estrellarse tras saltarse un semáforo en rojo con más alcohol en sangre del permitido. Otra de las personas llamadas a juzgar el “caso Gürtel” es una Magistrada que también fue Vocal del Consejo General del Poder Judicial, del 2008 al 2013, asimismo designada por el Senado a propuesta (en el sentido aclarado) del Partido Popular. Esta Magistrada ha protagonizado gestos públicos de cercanía política a ese partido, gestos a mi parecer nada acertados y aceptables (en algunas resoluciones judiciales suyas mediáticamente discutidas no voy a entrar, porque nunca lo hago cuando no conozco bien los casos).

Y así, anteayer, ayer y hoy tenemos, por todas partes, una noticia titulada más o menos así: “Dos (incluso tres, según algún medio) Magistrados elegidos por el Partido Popular (“conservadores”, rezan otros titulares) juzgarán el caso Gürtel”.

No voy a lanzar sobre esos dos o tres Magistrados una suerte de presunción de prevaricación futura, que se fundaría en un temerario juicio de intenciones, pero la situación que protagonizan es, como he dicho, penosa e indeseable, porque indudablemente resta mucha confianza en la imparcialidad judicial para juzgar el caso de marras y permite denostar con demagogia y falsedad a toda la Justicia en España, lo que es muy injusto para centenares de Jueces y Magistrados que trabajan honradamente. Pues bien: esa indeseable situación y sus lamentables consecuencias no se darían, insisto, si el Consejo General del Poder Judicial no hubiese sido sometido a sucesivas reformas in peius (a peor), comenzando por la que, con la Ley Orgánica del Poder Judicial, de 1985, derogó la Ley Orgánica 1/1980, de 10 de enero, del Consejo General del Poder Judicial. Otras reformas posteriores, incluida la última (comentada en los “post” citados), no han hecho sino agravar aún más las cosas, con tenaz resistencia a remover la desviación primigenia, pese a promesas electorales incumplidas, como la del PP antes de las últimas elecciones generales.

Por si este ultimísimo episodio de los jueces del “Gürtel” no fuese suficiente, hay otras situaciones preocupantes. Vean, por ejemplo, cómo el micro-CGPJ presidencialista del Sr. Lesmes (resultado de la reforma efectivamente realizada, en vez de la prometida, por el PP) ha designado Presidente de la Audiencia Provincial de Valencia nada menos que al ex–Consejero de Justicia de la Comunidad de Valencia bajo la presidencia del Sr. Camps, D. Fernando de Rosa, de magro historial judicial y muy notable e innegable implicación política. Y, para colmo de rarezas con super-tufo político, Juan Alberto Belloch Julbe, el ex–Vocal del CGPJ, ex–Ministro de Justicia, ex–Ministro de Justicia e Interior (¡rarisima avis incluso en España!) y Alcalde de Zaragoza hasta hace dos días, escenifica una vuelta a la Judicatura, precisamente a la Audiencia Provincial de Zaragoza, cuando aún era Alcalde, vuelta que no se producirá realmente mientras no agote su mandato como Senador (pero el micro-Consejo presidencialista del Sr. Lesmes le asigna plaza cuando es incompatible, porque a los incompatibles les permiten concursar: ¡qué cosas!). Vean y lean el acto protagonizado por Belloch, que se me antoja surrealista: algo así como “vuelvo, pero hoy no: ¡mañana!”, que diría José Mota: http://www.20minutos.es/noticia/2434016/0/belloch-dice-que-tiene-sensacion-volver-casa-al-regresar-carrera-judicial/

Los hechos de los aludidos Magistrados del “caso Gürtel” no encajan en ninguna causa de abstención o recusación (si lo dudan, repasen las 16 causas del art. 219 LOPJ) y la abstención tiene que tener el mismo fundamento legal que la recusación. Además, resultaría jurídicamente muy problemático añadir (con reforma de ley orgánica) una nueva causa en el sentido de impedir a los Jueces y Magistrados ex–Vocales juzgar ciertos casos en razón de su procedencia remota (no siempre ligada a este o a aquel partido). ¿Acaso la solución podría consistir en establecer que los Vocales que constitucionalmente han de ser Jueces y Magistrados no pueden volver a ejercer como tales? NO. Rotundamente, no: en tal hipotético caso, los Vocales que deben ser Jueces y Magistrados precisamente para representar a la Carrera Judicial tendrían que abandonarla, lo que sería un despropósito lógico y contrario a las previsiones y prescripciones constitucionales.

Por tanto, lo que hay que hacer es impedir que los nombramientos de Jueces y Magistrados como Vocales del CGPJ se tiñan políticamente e impedir, aún más, todo cuanto favorezca la designación de amigos políticos en la Judicatura. Es que en la Judicatura no debe haber, ni parecer siquiera que hay, “amigos políticos” y para eso es necesario que todo gesto de contaminación política (como lo es cobrar cualquier dieta del Ejecutivo o trabajar para el Ejecutivo o intervenir en fundaciones ligadas a partidos políticos o simplemente asistir a ciertos actos) esté claramente prohibido y sea debidamente sancionado. Las “concesiones” a la libertad de pensamiento y expresión de Jueces y Magistrados en materias políticas, discutibles y discutidas, se tienen que acabar, dejándose de monsergas: ha de estar meridianamente claro para quien quiera ser y seguir siendo miembro de la Magistratura que esa decisión suya libre —la de ser juez, que no es un funcionario más, sino un singularísimo servidor público— tiene el precio de renunciar al ejercicio de ciertos derechos, por el bien de una Justicia que sea y parezca ser imparcial. Sí: estoy defendiendo la vieja idea de que los Jueces y Magistrados no deben meterse en política. Es una idea muy vieja: la pueden encontrar, implícita, pero clara, en el Libro V de la Ética a Nicómaco, de Aristóteles. Y naturalmente, no considero que sea meterse en política, para un juez, exponer los problemas con que se encuentra para desempeñar su función, opinar sobre reformas legales en curso o finalizadas y otras actuaciones semejantes. No propugno en absoluto unos jueces sordos, ciegos y mudos. Estoy seguro de que me entienden.

Por último, quiero decir que de todo lo recordado en este post se sigue la muy dudosa legitimación (lo de "muy dudosa" es un suavizante, un eufemismo) para clamar contra este indeseable episodio del “caso Gürtel” de quienes son corresponsables del estado de cosas que genera tales episodios. Tal vez algunos de quienes ahora gritan sobre el “caso Gürtel” no sean responsables de todos y de cada uno de los pasos contrarios a una Justicia que sea y parezca imparcial. Pero lo son de los pasos principales y no veo libre de responsabilidad sustancial a ninguna de las más importantes entidades políticas (ya las he mencionado) que han tenido representación en Congreso y Senado. Se libra UPyD. Las cosas como son y han sido.

¿Y por qué es importante la legitimación para la protesta? Porque si no se exige legitimación, los que causan un daño pueden presentarse como víctimas del daño que han causado. Y porque si la legitimación se hace irrelevante, la responsabilidad social, moral y política se desvanecen. Y esas dos consecuencias son mendaces, injustas y corrosivas para la Res Publica, muy nocivas para toda la sociedad.

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[1] En octubre de 1990, el Senado me designó como uno de los 8 Vocales no judiciales (norma constitucional nunca discutida en sí misma). Ciertamente, la iniciativa de esa designación fue del Partido Popular (PP). Aclararé que nunca he militado en el PP, como tampoco en su antecesor “Alianza Popular”: sólo tuve una experiencia de política de partidos, que fue en “Unión Liberal”, luego sustituida por el “Partido Liberal”, del que llegué a ser Presidente en Madrid; pero esa experiencia finalizó por completo exactamente el 24 de octubre de 1986 (no es que tenga gran memoria: es que existen archivos y hemerotecas) y había comenzado tres años antes. Y nunca más me he afiliado a partido alguno ni nada parecido. Al designarme Vocal del CGPJ, fui muy atacado por aceptar formar parte de un órgano que había criticado muy duramente poco antes (en la arriba citada publicación de julio-agosto de 1990). El diario El Mundo, de 27 de octubre de 1990, publicó como carta al Director este texto mío: “Es rigurosamente exacto que, desde la parlamentarización total del Consejo General del Poder Judicial, he venido criticando duramente el sistema de elección de los Vocales. Comprendo, pues, que mi aceptación de la propuesta para ser nombrado Vocal haya causado sorpresa y ni qué decir tiene que acepto la crítica como fenómeno normal. Pero me parece que puedo rogarle, en beneficio de la verdad y a favor de unos criterios en los que coincidimos, que permitan el conocimiento por los lectores de unas pocas aclaraciones y una sola rectificación: 1. No he pedido a nadie ser propuesto Vocal del Consejo. Se me ha ofrecido esa posibilidad conociendo mis ideas y sin pedirme que abjurase de ellas o las dejase a un lado. No haré ni lo uno ni lo otro. Ser Vocal del Consejo, si finalmente se me designa, supondrá defender esos mismos criterios, con la misma intensidad, en un ámbito más. 2. El artículo 119.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que “los vocales del CGPJ no estarán ligados por mandato imperativo alguno”. Si se me nombra, tengo el propósito de comportarme con arreglo a ese precepto. En cuanto a la rectificación, es ésta: nunca, que yo recuerde, he pedido a los juristas que no se incorporasen al Consejo. Si así fuese, no habría aceptado ser propuesto: la coherencia es uno de los principales valores del patrimonio que, como universitario, más me importa.” Puestos ya, excepcionalmente, a hablar de uno mismo, en las actas del Consejo (por desgracia, legalmente secretas) ha de constar que no quise participar en la elección del Presidente del Tribunal Supremo (y, ex Constitutione ipsa, Presidente del Consejo mismo), que es lo que tiene que hacer, en el minuto uno, cada nuevo Consejo con sus 20 nuevos flamantes Vocales: en vista de que se insistía en un paripé para disimular el pacto previo de los partidos más importantes, salí del Salón de Plenos. En cuanto a mi trabajo de esos años, con otros miembros del CGPJ, los documentos están recogidos en Papeles del C.G.P.J. (1990-1996), Madrid, 1997, Ed. G.F. 576 págs. Es una inusual rendición de cuentas objetiva.

 

 

¿POR QUÉ SE TARDA EN ELIMINAR UNAS INICUAS TASAS JUDICIALES?

¿QUÉ LE OCURRE AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL? ¿QUIERE QUE SE CUESTIONE SU NECESIDAD?

¿A QUÉ ANALISIS DE LA LEY DE TASAS SE QUIERE DEDICAR EL NEO-MINISTRO CATALÁ?

Después de unos meses de silencio debido a diversas causas, vuelvo a la carga. Y vuelvo con lo que me parece de mayor importancia, pese a todo lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo, que no es precisamente grano de anís ni moco de pavo ni chocolate del loro.

La más importante reforma de la Justicia en España ha consistido en hacerla inaccesible a gran número de personas mediante la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, no modificada significativamente por el Decreto-Ley 3/2013, de 22 de febrero. Con esa “reforma”, España pasaba de tener una Justicia accesible a tener otra sólo accesible a las personas adineradas. Un cambio histórico de radical involución.

Lo advertí con tiempo en ABC, tercera página, 31 de octubre de 2012: LA JUSTICIA DEL ESTADO NO SE RECORTA, que aún pueden releer mediante este enlace: http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1105935

Y en este blog se ha publicado mucho sobre las inicuas tasas impuestas (las concretas y precisas tasas que ahora se exigen: no hablamos de tasas judiciales en general) que, además de no ser verdaderas tasas, desde el punto de vista del Derecho tributario, resultan contrarias a la Constitución por varios conceptos. Repasen, si les parece oportuno, algunos de los textos:

15 de octubre de 2012: OTRA PESADILLA PARA LA JUSTICIA, por Manuel Cachón Cárdenas, abogado y Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Autónoma de Barcelona: http://andresdelaoliva.blogspot.com.es/2012/10/un-excelente-jurista-aporta-nuevos.html. Excepcional y justificadísimamente, publiqué aquí ese magnífico texto ajeno.

Ya míos son estos post: 3 de noviembre de 2012: VERDADES Y FALSEDADES DE LA "JUSTICIA GRATUITA!: "LA JUSTICIA SE ENCARECE PARA QUE SEA MÁS GRATUITA" (EXPLICACIÓN OFICIAL): http://andresdelaoliva.blogspot.com.es/2012/11/verdades-y-falsedades-de-la-justicia.html

3 de febrero de 2013: UNA CORRUPCIÓN MÁS GRAVE QUE LAS (PRESUNTAS) CUENTAS MANUSCRITAS DEL PP* PEOR, MUCHO PEOR, ES CÓMO NOS TIRANIZAN CON LAS TASAS JUDICIALES: http://andresdelaoliva.blogspot.com.es/2013/02/la-autolisis-del-sistema-se-acelera-y.html

20 de marzo de 2013: SOBRE LAS TASAS JUDICIALES, JEREMÍAS BENTHAM LO HABÍA PENSADO Y DICHO TODO, CON CLARA CRUDEZA, HACE 220 AÑOS: http://andresdelaoliva.blogspot.com.es/2013/03/una-protesta-contra-las-tasas_20.html

21 de febrero de 2013: UN CHALANEO INDIGNO PARA DISIMULAR LA INIQUIDAD DE LAS TASAS JUDICIALES: http://andresdelaoliva.blogspot.com.es/2013/02/un-chalaneo-indigno-para-disimular-la.html

24 de noviembre de 2012: TASAS ANTI-JUDICIALES, APAÑO PARA LOS PSEUDO-“DESAHUCIOS”…: http://andresdelaoliva.blogspot.com.es/2012/11/tasas-anti-judiciales-apano-para-los.html

25 de febrero de 2013: EL GOBIERNO DEL PARTIDO POPULAR EXPERIMENTA EN SERES HUMANOS VIVOS CON LAS TASAS JUDICIALES: http://andresdelaoliva.blogspot.com.es/2013/02/el-gobierno-del-partido-popular.html. A propósito del Decreto-Ley 3/2013.

Todo lo anterior y lo que ha venido sucediendo después encaja a la perfección en el marco de una autolisis o autodestrucción del sistema.  Vean el 25 de enero de 2013: LA AUTOLISIS DEL “SISTEMA”: http://andresdelaoliva.blogspot.com.es/2013/01/muchas-cosas-nuevas-nada-novedosas.html

Al Tribunal Constitucional español (TC) se le planteó ya hace mucho tiempo, por distintas vías (recursos y cuestiones), la inconstitucionalidad de la Ley y del Decreto-Ley mencionados. Son normas con negativos efectos diarios en la tutela judicial efectiva, que es absolutamente impedida mediante el condicionamiento de un instrumento recaudatorio que tampoco es acorde con la Constitución, porque no discrimina el tributo (un impuesto; en realidad, no es una tasa) conforme a la capacidad de los contribuyentes (art. 31 de la Constitución Española; en adelante, CE) y porque vacía de contenido el art. 119 CE sobre acceso a la Justicia y recursos económicos de los justiciables. Es el mismo TC el que ha relacionado el derecho fundamental a la tutela efectiva de los tribunales con bastantes otros preceptos constitucionales.

No pretendo —me parece innecesario e incluso insultante para los conocimientos y el sentido jurídico de los Magistrados del TC— exponer aquí pormenorizadamente por qué la referida Ley de tasas, con su parca enmienda del Decreto-Ley, es incompatible con nuestra Carta Magna. La inconstitucionalidad —no de una ley de tasas judiciales ni de cualesquiera tasas, sino de la concreta Ley española que establece las concretas tasas, de la ley concretamente recurrida y cuestionada— raya en lo evidente en sentido estricto: es patente. Sólo a base y a fuerza de sofismas podría escribirse una sentencia del TC en sentido favorable a la Ley 10/2012, de 20 de noviembre. Pero los sofismas y tergiversaciones habrían de ser de una categoría tal que el TC y el prestigio de sus miembros quedarían desacreditados para siempre.

No entiendo la dilación del TC respecto de este asunto. Se ha superado con creces el (hablemos eufemísticamente) margen temporal —ya sumamente discutible y criticable— con que el TC viene resolviendo. Y no es un secreto, sino algo ampliamente conocido, que el TC ya había dado entrada en su telar a la ley de las inicuas tasas que Ruiz Gallardón (RG) patrocinó —con el apoyo de todo el Gobierno— e hizo aprobar a uña de caballo.

Ha sido comentario común, tras la salida de RG del Gobierno, que con sus primeras declaraciones, el Ministro Catalá buscaba marcar la máxima distancia con su predecesor. En ese sentido, la inmediata afirmación de analizar, revisar y mejorar la Ley de Tasas. Pero, ¿qué análisis echa en falta el nuevo Ministro? Después, CATALÁ anunció la convocatoria de una “mesa sectorial”, invención verdaderamente peregrina, porque los justiciables somos todos y, como ya Bentham vio con lucidez, no formamos ningún sector. ¿O va a convocar CATALÁ a quienes, económicamente acaudalados, se benefician de las tasas (ellos pueden demandar, pero no ser demandados), a quienes las recaudan y a quienes han visto muy disminuido su trabajo judicial? No es posible dudar de que se trata de una burda maniobra dilatoria, ante lo que está exigiendo, desde su entrada en vigor, una inmediata y radical rectificación. A la injusticia tremenda de negarse a esa rectificación se añade un error político de enorme magnitud.

No me importa demasiado que algunas corporaciones profesionales —de las que nada o nada bueno espero desde hace mucho tiempo— parezcan haberse tomado en serio lo que es un “mareo de la perdiz” de deslumbrante claridad. Pero, como no entiendo la dilación del TC en el asunto de las tasas anti-justicia, lo que me temo, me importa y me preocupa mucho es que el TC —del que forman parte algunas personas a las que conozco bien y que hoy me merecen aprecio personal y profesional— se tome las palabras y los gestos del neo-ministro como un motivo suficiente para sacar de su telar el asunto de la Ley de Tasas Judiciales y recolocarlo en los armarios de lo que ya no corre prisa.

He dicho “motivo” porque no podía decir “razón”. No hay razón alguna, tampoco una ratio jurídica aplicable al trabajo de un tribunal, para no darse prisa con un asunto que no carece ni de finalidad práctica ni de objeto procesal y sí corre prisa, mucha prisa. Nos corre prisa a todos los justiciables y le debe correr prisa a un Tribunal que tiene entre sus funciones la de expulsar del ordenamiento jurídico lo que no es conforme a la Constitución. Eso siempre es apremiante, por mucha inclinación personal que se tenga a la parsimonia. Nunca he sido partidario de que ningún Tribunal, cuando le toca decidir, aplace su decisión por razones de conveniencia política. Hay razones para otorgar preferencia a ciertos asuntos, por urgencia objetiva. Para aplazar la decisión, una sentencia, casi nunca existe una verdadera razón. En este asunto, el TC en su presente composición se está jugando el prestigio (o, más exactamente, la muy conveniente recuperación de prestigio), así como la consideración social de su utilidad. Con los delicadísimos asuntos de Estado que el TC habrá de resolver, lo último que España necesita es un Tribunal Constitucional que parezca, simplemente parezca, acoger “guiños” de un Gobierno o de un partido que marquen la agenda y el calendario del Tribunal.

 

EL PODER NO QUIERE QUE FUNCIONE LA JUSTICIA Y ACTÚA EN CONSECUENCIA

EN TODAS PARTES CUECEN HABAS EN LA JUSTICIA, PERO NO ES NINGÚN CONSUELO

En España, han sido noticia, en las últimas semanas, Juzgados donde no podía funcionar la fotocopiadora o faltaban grapas. No me he limitado a leer esas noticias, sino que he preguntado a quienes diariamente trabajan en bastantes tribunales y me han confirmado un general estado de penuria de los más elementales medios materiales y, más aún, de personal y, mucho más aún, de personal mínimamente cualificado.

 

No me ha extrañado. Porque este periodo del Ministro Gallardón, dejado a rienda suelta para producir papeles "prelegislativos" espantosos y hacer declaraciones lamentables, está siendo la puntilla para una Administración de Justicia impedida por las tasas para los justiciables y desatendida hasta la indigencia por el Gobierno. Me indigna que las declaraciones oficiales sean ya una deleznable propaganda, burdamente mendaz para quienes sepan algo de lo que ocurre en muchos de nuestros Tribunales.

¿Se planteará siquiera alguna vez que se incurra en responsabilidad por declaraciones engañosas o no veraces y se reprima esa propaganda, exigiendo a los dirigentes políticos y sociales que no sean menos rigurosos que los publicitarios y sus mensajes? ¿Por qué la propaganda política no tiene, cuando menos, los límites establecidos y aceptados para la publicidad?

 

Leo en LE MONDE lo que me limito a transcribir, porque pienso que los lectores de este blog no necesitan traducción (por si acaso, señalo que un greffier es aproximadamente el equivalente del Secretario Judicial en España). Juzguen Vds. las semejanzas. Desde luego, ni Hollande justifica a Gallardón-Rajoy ni éstos a Hollande. Pero este cocimiento transnacional de las habas es muy revelador del fondo de los problemas: la Justicia, condicionada y obstruida, parece que sólo le interesa al Poder (y a los poderes) como chivo expiatorio de muchos males de un tergiversado y trastocado Estado de Derecho y para desviar la atención de la responsabilidad del Poder y los poderes en esos males. Por supuesto, no les interesa que funcione bien lo que controla la legalidad en el ejercicio del Poder y puede acabar sancionando desmanes y corrupciones.

¿Qué dice sobre esta realidad abrumadora "la mejor doctrina"? (lean, si no lo han hecho, el post inmediatamente anterior).
 

Mientras los problemas reales son los reseñados, el patio judicial español (Abogacía incluida) se controla y neutraliza por el Poder haciendo promesas a las cúpulas de ciertas organizaciones y corporaciones y teniendo contentos a unos pocos titulares del Poder Judicial, de los que apenas depende la efectividad de la tutela judicial. ¡Qué lástima!

LE MONDE | 28.04.2014 à 11h24 • Mis à jour le 29.04.2014 à 07h06 |
 

 

Justice: les greffiers en grève contre des «conditions de travail indignes»

 

Par François Béguin

 

 

Pontoise, Nanterre, Versailles… Le doigt sur l'écran de son smartphone, Claude Gigoi fait défiler les photos prises ces dernières semaines lors des rassemblements de greffiers sur les parvis des tribunaux de la région. «Ils font eux-mêmes les panneaux et les slogans», se réjouit la déléguée régionale pour la cour d'appel de Versailles du syndicat des greffiers de France-FO (majoritaire). Une émancipation de l'encadrement syndical qui témoigne, selon elle, du degré de mécontentement chez ses 9 200 confrères.

Greffière auprès du juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Paris, où elle s'occupe notamment des rétentions administratives et des placements sous contrôle judiciaire, Claude Gigoi, 40 ans, a choisi de faire grève, mardi 29 avril, pour demander une revalorisation indemnitaire et statutaire. Elle assure avoir reçu des «centaines de mails» de ses collègues faisant état d'une trop faible rémunération, d'un manque de reconnaissance et plus généralement d'une insuffisance des moyens accordés à la justice. «Nous travaillons dans des conditions indignes, dit-elle. On craque, on n'en peut plus.»

 

« ON NOUS PREND POUR DES SECRÉTAIRES »

 

«Un greffier débute avec un salaire mensuel net de 1 500 euros, rappelle-t-elle, alors qu'il est souvent titulaire d'un bac + 4, ou bac + 5.» Elle-même touche 1 800 euros par mois avec quatorze ans d'ancienneté. Avec une telle somme, «impossible de faire vivre une famille en région parisienne». La profession, pourtant indispensable au bon fonctionnement de la justice, est souvent mal connue du grand public. «Les gens ne savent pas ce qu'on fait, explique Claude Gigoi. On nous prend pour des secrétaires, alors que nous sommes des professionnels du droit.»

Elle se souvient qu'à l'école nationale des greffes de Dijon, il y a une quinzaine d'années, ses formateurs lui avaient «vendu» un «métier formidable». Arrivée en juridiction, elle avait mesuré l'ambivalence de cette promesse, et découvert une activité où «il faut savoir tout faire», les tâches les plus qualifiées comme les plus modestes.

 

«Nous renseignons les magistrats, les avocats, les prévenus. On est à l'interconnexion de tout le monde, explique la greffière. A nous de trouver les interprètes, prévoir les extractions, expliquer le système judiciaire à des familles souvent désorientées, vérifier que toutes les personnes qui doivent être incarcérées le sont… Nous sommes incontournables.» Un rôle central qui «a quelque chose de gratifiant et d'excitant, reconnaît-elle. Je travaille dans un service où l'on ne s'ennuie jamais ».

 

«ON EN ARRIVE À ACHETER NOS PROPRES STYLOS»

 

Ces différentes missions, il faut parfois les assurer dans des conditions ubuesques et régulièrement «faire les fonds de tiroir». Le fax tombé en panne? «On sait qu'il ne sera pas réparé.» Les fournitures? « On en arrive à acheter nos propres stylos. Et on ne sait jamais si on aura assez d'enveloppes et de rames de papier pour terminer l'année.» Les cartouches d'encre? « Il y en a moins que d'imprimantes.» Dans son service, «on est à trois par ordinateur car la pièce est trop petite, raconte-t-elle. On joue aux chaises musicales pour consulter nos mails. Heureusement, il y en a toujours un en audience. »

Claude Gigoi se dit favorable à une évolution de son statut, avec plus de responsabilités, comme par exemple s'occuper des divorces par consentement mutuel. «On a le niveau d'études, assure-t-elle. De façon officieuse, on fait déjà beaucoup de choses qu'on ne devrait pas faire. Cela devrait être officialisé de manière à faire sortir le greffier de l'ombre.»

Mais pour tous les greffiers qui seront en grève mardi, ces nouvelles missions doivent trouver des contreparties salariales. «Nous demandons notre passage de la catégorie B à la catégorie A, comme les infirmières, les instituteurs, les enquêteurs de police, annonce la déléguée syndicale. Le ministère ne nous propose actuellement qu'une augmentation d'une quinzaine d'euros par mois.» Mme Gigoi rappelle qu'elle est amenée à travailler certains dimanches et jours fériés. «J'ai déjà eu une audience qui s'est terminée à 4 heures du matin, dit-elle. Pour la vie familiale, les horaires extensibles, c'est déstabilisant.» Et de glisser que dans un tribunal, les greffiers sont généralement les premiers arrivés et les derniers partis.

 

A LOS 35 AÑOS DE LA CONSTITUCIÓN, ELLA NO TIENE LA CULPA DE NUESTROS MALES

ESBOZO DE UNA ESPAÑA MALTRATADA POR SUS DIRIGENTES

ESTAMOS EN MALAS MANOS

Para conmemorar el 35º cumpleaños de la Constitución de 1978, han consumado una orgía de politicastros falseando por completo ese órgano constitucional, ya en muy mal estado, que era (ahora sólo es una ficción a base de un cadáver embalsamado y acicalado) el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). De nada le va a servir al régimen, al establishment español, el enésimo intento de disfrazar la más clara expresión del Estado de partidos, que ha sustituido al Estado de Derecho. A nadie, a nadie en absoluto, han conseguido engañar con el nuevo CGPJ y el nuevo Presidente del Tribunal Supremo y del mismo CGPJ.

Pertinaces en la constante infracción de nuestra Ley de leyes, quieren distraernos también hablando de su reforma. Hay comentaristas presuntamente pensantes que han llegado a enumerar, como razones para esa reforma, los mejores, más claros y también más infringidos preceptos: la bandera, la lengua oficial que se debe conocer y ha de poderse usar, la “indisoluble unidad de la Nación española”, el derecho a la intimidad, el secreto de las comunicaciones, la igualdad ante la ley, la interdicción de la arbitrariedad. Todo eso no hay que tocarlo, sino cumplirlo y hacerlo cumplir. Y lo que hacen es incumplirlo y tolerar o amparar su clamoroso incumplimiento. Lo único verdaderamente nefasto de la vigente Constitución es su Título VIII (“organización territorial del Estado”) y mucho más en el desarrollo legal de su Capítulo III (“comunidades autónomas”) que en su propio texto. Pero milagroso sería que tirios o troyanos estuviesen dispuestos a cambiar eso: el desmadrado e insostenible “Estado de las Autonomías”.

Estamos en muy malas manos. Estamos, como es bien sabido, en manos de profesionales de la política, que no son tales por una ejemplar dedicación a ella, con los esfuerzos y las habilidades propias de un buen profesional, sino de personas que, incapaces o perezosos, no han hecho en su vida otra cosa que ocupar cargos políticos. Estos profesionales sustituyen sistemáticamente los principios de “mérito y capacidad” por la posesión del adecuado perfil: “ser de confianza”. Hemos llegado al colmo de un largo proceso de selección a la inversa: no interesa la cualificación probada y seria, sino la seguridad en el funcionamiento de una cadena de transmisión que empieza en el “ordeno y mando” del Jefe. Se rechaza a quienes pueden ser capaces de pensar por su cuenta, aunque sólo sea para sugerir, con la máxima suavidad, que esta ocurrencia o tal iniciativa presentan aspectos problemáticos. Hemos llegado a una imitación perfecta, en nuestra vida pública, de las frases mafiosas y gansteriles de las películas: «¿Es que te pago para que pienses?» «¿Qué parte no has entendido de “rómpeles las rodillas”?»

Una consecuencia de todo esto es que, para oficios de contenido netamente jurídico, nada de verdaderos juristas, que, además, son pocos, porque llamar “jurista” a cualquier Licenciado o incluso Doctor en Derecho es una tergiversación del lenguaje tan tremenda como sería llamar “sabio” a cualquier Licenciado o Doctor en Ciencias Físicas, Químicas, Biológicas, etc. En todo caso, nada de juristas consagrados o con trayectoria reconocida. Lo que interesan son leguleyos, escribanos, “juristas de alquiler”, personas que, si acaso, aprobaron en su día una oposición y, por lo visto, alcanzaron un punto de llegada insuperable e inmarcesible, en lugar de un punto de partida desde el que trabajar duro. De este modo, cabe leer que un Magistrado alpinista y encumbrado, de corto ejercicio jurisdiccional y larga implicación con el único poder (el ejecutivo, claro está) es un “jurista de fuste”, cuando las bases del ISBN (libros) y del ISSN (revistas) no registran una sola publicación de cierta categoría y no puede exhibir una sola sentencia admirable y admirada.

Así las cosas, ¿es de extrañar que no haya habido, en las últimas ocasiones, un solo profesional del Derecho independiente y serio, al que simplemente se le haya pasado por la cabeza ser el próximo Presidente del Tribunal Supremo o Magistrado del Tribunal Constitucional? De vez en cuando, suena la flauta y los partidos políticos se fijan en alguien que resulta ser digno. Pero ¿aspirar y moverse para uno de esos puestos que requieren consenso político-partidista? Eso sólo se les ocurre a los miembros “juristas” de la clase política, subclase judicial, universitaria o abogadil.

Con conocimiento de causa, puedo poner otro ejemplo de la selección al revés: los evaluadores de la investigación que no investigan. Pero ahora no entraré en detalles, porque no quiero amargarme el día deteniéndome en el escuálido curriculum científico que presentan los elegidos (no se sabe muy bien por quién) para evaluar, en concreto, la actividad investigadora de los profesores universitarios de Derecho. [Por cierto que sobre evaluaciones, impactos, índices, publicaciones de referencia, etc. no está de más conocer la denuncia del Nobel de Medicina, Randy Schekman, en The Guardian: http://www.theguardian.com/science/2013/dec/09/nobel-winner-boycott-science-journals Titulares: Nobel winner declares boycott of top science journals

Randy Schekman says his lab will no longer send papers to Nature, Cell and Science as they distort scientific process. El artículo de Schekman aparece después en EL PAÍS: http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/12/11/actualidad/1386798478_265291.html] También prefiero no referirme pormenorizadamente a los méritos de quienes dirigen diversos tinglados y chiringuitos varios, con escaso quehacer, entidades no eliminadas o degradadas a dependencias de menor coste sólo, me parece, para proveer holgadamente a las “necesidades” de los dirigentes. Abundan, entre éstos, los ex-jóvenes del tipo que aquí mostré tiempo ha (post del jueves, 10 de marzo de 2011, titulado MÁS SOBRE POLÍTICOS “COMPETENTES”: ELEMENTALIDADES OLVIDADAS O DESPRECIADAS EL "EX-OPOSITOR" (TRIUNFANTE) Y EL “EX-JOVEN”). Son (o eran) muchachos con look de seguridad en sí mismos, de autoestima por las nubes, pero de curricúlun por los suelos. De ésos que ya se han estrellado, pero se empeñan en creer que son los demás quienes circulan en dirección contraria. En pocas palabras: pequeños neotecnócratas patanes, dispuestos a comerse el mundo, sin saber que carecen de la adecuada dentadura.

Así resulta que es la ineficiencia, más aún que el compadreo o la corrupción, lo que está caracterizando a gobiernos y administraciones en los últimos tiempos. Porque ya han llegado en masa al poder y a la administración, expulsando o arrinconando a la gente decente, multitud de ineptos sin historial de trabajo positivo, pero con una chulería que supera a la de los proxenetas más abusivos. Son, con alguna frecuencia, macarras con vísceras neonazis travestidos de liberales. Y han abrazado, aunque quizá sin saberlo, la doctrina gallardoniana del poder sádico, del gobernar es hacer sufrir. (v. post del miércoles 12 de diciembre de 2012 RUIZ GALLARDÓN DEFORMA LA HISTORIA DE ESPAÑA HASTA HACERLA IRRECONOCIBLE.) Así que tienen que hacer sufrir al administrado, al súbdito, incluso si están a cargo del chiringuito menos relevante para el interés general.

Y eso, esa ineficiencia indisimulable, esa ineptitud grosera, pero con altanería de baja estofa, de verdaderos chulos, es lo que están padeciendo los contribuyentes, los expropiados mes a mes para nutrir las pesebreras. Pesebreras que no son todas públicas, sino también privadas y mixtas, fruto de una simbiosis incesante entre el poder político —con sus repartos de cuotas— y la vida económica. Para esa simbiosis, no hay nunca conflicto de intereses, sino confluencia de oportunidades de lucro. Porque lo peor de todo, lo más grave de todo, con mucho, es que tantos dirigentes y tantas personas con influencia social hayan abrazado la exacerbación calvinista más extrema del culto al dinero y, en consecuencia, de los salvoconductos y los privilegios a los adinerados, sobre todo a las corporaciones, a las grandes y no tan grandes compañías. Han arrojado a los cubos de la basura los últimos vestigios de sensibilidad hacia los que pasan apuros, menores o mayores: al parecer, piensan que bien merecido tienen la angustia económica o la indigencia. Las diferencias se hacen abismales.

Estamos en muy malas manos. Y, dejando ahora a un lado la alta política internacional y la recuperación económica, vistas las cosas muy de tejas abajo, la política interior resulta deplorable. Han entregado la educación al terrorismo de los asesinos de la enseñanza. No han hecho nada por sanear la financiación de la ciencia y de la investigación, sino que las han sometido a una dieta de hambre. Manejan como pollos sin cabeza la maquinaria recaudatoria, etc.

En la vida política hay —justo es reconocerlo— no pocas excepciones de personas que se esfuerzan en hacer bien su trabajo y procuran mejorar la parcela que les ha correspondido. Conocen muy bien y sufren en carne propia todo lo que acabo de escribir y pueden, como yo podría, poner nombres, apellidos y razones sociales a los inmorales que, en el mejor de los casos, son como incansables perros del hortelano. Pero esas personas callan, porque en su oficio público es inconcebible hablar alto y claro (y no les falta razón: serían expulsadas de inmediato). Y esas excepciones no cuentan para la Jefatura. Son hombres y mujeres kleenex, útiles para disimular mínimamente la ineptitud, la ineficiencia, pero desechables rápidamente.

Mientras tanto, millones de sufridos ciudadanos y miles de verdaderos emprendedores sostienen el país y consiguen lo que los políticos se apuntan como “brotes verdes”. El colmo.

No, no perdamos el ánimo. Mantengámoslo alto, puesto que hay tanto que hacer y los deprimidos apenas pueden levantarse de la cama. Pero el ánimo no puede sostenerse a base de eludir estar razonablemente informados, de desviar toda mirada a la realidad, de destruir nuestro olfato de la podredumbre, de cultivar una confortable ingenuidad inhibidora del sentido crítico, de permitir, en fin, que nos extirpen la conciencia y nos implanten, en su lugar, el chip de la corrección. Buen ánimo, sí, pero a pesar de los pesares, no por fingir que no pasa nada alarmante o que lo alarmante es normal y hay que aceptarlo con insensibilidad ovina.

Sé bastante bien que esto que sucede en España está ocurriendo, en grandísima medida, en muchos otros países, países occidentales e incluso “grandes potencias”. La crisis de nuestro tiempo es general. Pero tendremos que empezar, en todo, por aquí.

LA DICTADURA ABSOLUTA DE LA MAYORÍA ABSOLUTA

TIRO EN LA NUCA AL ÓRGANO DE GARANTÍA DE LA INDEPENDENCIA JUDICIAL

 

LA CONSTITUCIÓN, DE NUEVO A LA BASURA

 

Hoy, 29 de abril de 2013, cansado de las proezas totalitarias que un pretendido partido humanista-cristiano y liberal le permite al ignorante Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón; asqueado hasta la náusea del inmovilismo dontancredista del Presidente del Gobierno, que nombró y mantiene al mayor ignorante e inepto que nunca ocupó la cartera de Justicia, debo, sin embargo, reseñar aquí la aprobación en el Congreso de los Diputados de un proyecto de ley lamentable, que he calificado en los titulares de este post. El “rodillo parlamentario” que está aplicando el Partido Popular, completamente descabezado  -lo saben mejor que nadie quienes militan en él y muchos de sus dirigentes, aunque no lo digan en público ni dentro del partido, porque nuestros partidos no son democráticos- no tiene nada que envidiar al “rodillo” que se aplicó en la época del esplendor socio-felipista, provocando las más duras y repetidas quejas de los “populares”.

Pero, por agotamiento moral e intelectual, me permitirán que me limite a copiar lo que ya dije en este mismo blog sobre la hazaña ahora perpetrada por Ruiz Gallardón y sus cooperadores necesarios. Ahí va.

«Hay ocurrencias contra-constitucionales en otros terrenos, que siempre han interesado en este blog. Hay ocurrencias —¡asómbrense!— desde el mismo Gobierno de la Nación. El Ministerio de Justicia, encomendado al Sr. Ruiz Gallardón, está empecinado en unas reformas contrarias al funcionamiento de la Administración de Justicia y en otras contrarias, no ya a los excesos insufribles del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), sino al designio constitucional, mejor o peor perfilado, pero en sí mismo suficientemente claro y legítimo, de un órgano de garantía de la independencia judicial, concebido como órgano colegiado compuesto por juristas de peso. »

«La hipertrofia y la corrupción de ese órgano, no debidas principalmente a la Constitución, sino a que las ha permitido y promovido la misma clase política (con la complicidad y el estímulo de corporativismos exacerbados), no se combaten ni sirven de justificación al nuevo CGPJ que promueve el Sr. Ministro, miembro en cuerpo y alma, desde su juventud, de esa clase política. Algunos cambios del proyectado nuevo CGPJ obedecerían a criterios atinados y plenamente acordes con la CE —por ejemplo, que el CGPJ vuelva a dedicarse sólo a lo que le corresponde y que carezca de otra potestad reglamentaria que la interna—, pero, en otra gran parte, responden a criterios que, quizá serían defendibles en un proceso constituyente, pero que, a mi parecer —y éste es un tema del que algo entiendo—, resultan incompatibles con el diseño constitucional y opuestos a él.»

«El CGPJ puede y debe ser sometido a una estricta dieta de gasto y ser centrado en sus funciones constitucionales. Pero ahora, con lo que quiere Ruiz Gallardón, el CGPJ pasaría a ser un órgano muy débil, muy funcionarizado, bastante ministerializado y, de hecho, una especie de apéndice del Tribunal Supremo.»  ….  «El CGPJ tendría que estar presidido por un Magistrado del TS, Vicepresidido por otro Magistrado del TS y condicionado absolutamente en la acción disciplinaria por otro Magistrado del TS. Los 20 Vocales compatibles, que nunca estarían en el CGPJ, únicamente irían a (a)probar todo y sólo lo precocinado por el Mando Supremo y a obrar las dietas.»

«Me parece necesario hablar ya muy claro de una situación de rebelión contra-constitucional —no del todo abierta, sino en parte soterrada, pero real y muy intensa— que dura más de treinta años y que viene provocando importantes problemas institucionales en España y a España. Me refiero a que el Tribunal Supremo nunca ha aceptado que la Constitución Española de 1978 optase legítimamente por crear dos órganos: el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional (TC). En el proceso constituyente de la CE se discutió expresamente al respecto y se optó de manera muy clara por un gobierno de la Magistratura (de toda ella) claramente desligado del Ejecutivo (CGPJ) y por no constituir al Tribunal Supremo también en Tribunal Constitucional, sino crear un Tribunal distinto. Sin duda —lo he estudiado con detalle y a fondo y está publicado sin ninguna refutación— las relaciones, los límites y las separaciones funcionales entre los dos altos Tribunales (TS y TC) han sido y son difíciles, porque no se establecieron —después de la Constitución— del mejor modo posible y también porque no se nombró, en demasiados casos, a juristas de talla. Pero la opción constitucional era legítima y podría funcionar en el futuro, siempre que algunos preceptos constitucionales (a los que ya apunté como muy problemáticos durante el proceso constituyente) se interpretasen con sensatez.» (post del 25 de enero de 2013)

En otro post anterior, de 8 de julio de 2012, había dejado escrito esto otro:

«Es evidente que el Ministro ha escogido para su plan -que, bien mirado, supondría eliminar un órgano constitucional, debilitando institucionalmente la independencia judicial- el momento histórico del sumo desprestigio de ese órgano, un momento en el que muchos ciudadanos comprarán fácilmente el proyecto del Ministro, porque, en vista de la politización partidista y de la corrupción del CGPJ, cientos de miles claman incondicionadamente: “¡fuera el CGPJ!”. Yo aquí he clamado “¡fuera este CGPJ!”, que no es lo mismo. Porque si la guía de los cambios profundos fuese eliminar lo que tiene hartos a los ciudadanos, ahí está el Centro de Investigaciones Sociológicas, señalando, mes tras mes, que los partidos políticos y la clase política son el segundo problema de este país, de modo que, conforme al criterio oportunista y anticonstitucional del Ministro, se deberían suprimir los partidos políticos y, por ejemplo, reducir el número de Diputados al mínimo constitucional de 300, de los cuales la inmensa mayoría podrían ser puramente nominales, concentrando en unos pocos el poder de decisión, despreocupándose de las incompatibilidades y de las retribuciones de esa inmensa mayoría, reduciendo los Plenos a la mínima expresión y, en definitiva, prescindiendo de la idea de que cada Diputado representa, sin sujeción a mandato imperativo alguno, a todo el pueblo de España.»

«De la crisis política y social -a la que subyace, como a la económica, una situación de grave y continuada infracción ética por los dirigentes políticos- se sale, no eliminando instituciones, sino refundándolas sobre sólidas bases de decencia y respeto a la verdad y al Derecho. Descartada hoy, como por diversos motivos la descartamos muchos (y entre otros, el Gobierno y la oposición), una reforma constitucional, no cabe eliminar el CGPJ, como tampoco eliminar el Congreso de los Diputados, a base de cambios que sólo mantendrían esas instituciones nominalmente. Nunca fui, desde que se proyectó, un gran entusiasta de la Constitución vigente, pero se me puede considerar un partidario acérrimo, un "fan" de ella frente a la opción de despreciarla y burlarla y también frente a la idea de que nuestra crisis política se debe a la Constitución. Por el contrario, se debe, no a fallos de diseño de esta Norma Fundamental, sino a errores de interpretación y, sobre todo, a la corrupción jurídica y política con que, una y otra vez, ha sido aplicada formalmente, pero materialmente vulnerada. »

«Así que, por decirlo coloquialmente, cargarse definitivamente el CGPJ, en vista de la enorme cantidad de veces en que se ha vulnerado la Constitución al renovarlo y en vista de la constante infracción de la Constitución y de las normas que regulan su funcionamiento, no sería ninguna regeneración y ninguna reforma: sería la consagración y el reforzamiento del “Estado de partidos”, agente decisivo de la agonía del CGPJ. Me viene a la cabeza, como símil, la idea de que unos cárteles del narcotráfico lograsen, en vista de su terrible e imparable criminalidad, que se eliminara la policía.» 

«Aplaudo con entusiasmo que un nuevo CGPJ se limite a las funciones que le atribuye la Constitución entendidas racionalmente de modo estricto. La “política judicial”no puede ser otra de la que derive del cumplimiento de las leyes, comenzando por la Ley Orgánica del Poder Judicial. Me parece de perlas que las retribuciones -hoy entre las más altas de todo el Estado- del CGPJ se reduzcan notablemente (ya lo sugerí con más concreción en el “post” al que he puesto enlace) y no digamos otras prebendas. Es perfectamente posible y por completo necesario (no sólo por motivos económicos) que el CGPJ deje de ser el mastodonte actual: sobran funcionarios de todo tipo. Pero la misma Constitución establece que las funciones constitucionales del CGPJ las desempeñe un colegio de al menos 20 Vocales (casi siempre, además, con un Presidente que, elegido por ellos, nunca hasta ahora lo ha sido de entre ellos) y no puede haber un tal órgano colegiado si la capacidad de decisión se sustrae o se minora a la gran mayoría de esos 20 miembros y se concentra en unos pocos. La Constitución se habría violado y no puedo aceptar ese remedio, por que es peor, mucho peor que la enfermedad.»

«Que el Ministerio afirme que las funciones esenciales del CGPJ le seguirían correspondiendo al Pleno sencillamente no es verdad: el ejercicio de la potestad disciplinaria vendría condicionado por la acción de un Promotor de la Acción Disciplinaria, que no tendría que ser Vocal, pero sí Magistrado del Tribunal Supremo o jurista con 25 años de ejercicio profesional. Y si, como se lee en el informe de la comisión de expertos, ese señor o esa señora acusaría ante la Comisión Disciplinaria que actuaría como tribunal, pero se suprimen, siempre según los expertos, los recursos de alzada al Pleno contra las decisiones de las Comisiones, Vds. me dirán.»

«Se equivoca también grandemente el Ministro … al proponer que, excepto el Presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ (doble condición que concurre en una sola persona: arts. 122.3 y 123.2 CE), todos los demás Vocales sigan ejerciendo su profesión jurídica: los doce Vocales “Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales”, en sus Juzgados y Tribunales y los ocho “abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia”, en sus despachos del más diverso tipo: los abogados con sus pleitos, los Fiscales, los Abogados del Estado y los Catedráticos, por ejemplo, con sus asuntos habituales. Yo no tengo dudas de que para hacer los mejores nombramientos, resolver sobre las posibles faltas de disciplina y dirigir la inspección de los Juzgados y Tribunales es sumamente conveniente toda la lejanía y la desimplicación posibles. El CGPJ gobierna a los Jueces y Magistrados y no es bueno que los gobernantes también sean gobernados ni parece sensato que abogados en ejercicio decidan quién ocupa tal o cual plaza de Juez o Magistrado. Este criterio favorable a la incompatibilidad es, ciertamente, discutible, como casi todo, pero, aunque el Ministro y sus áulicos consejeros no se hayan dado cuenta, el criterio de la incompatibilidad es el asumido expresamente por la Constitución. Es muy claro lo que se lee en el art. 122.2 CE: “2. El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo. La ley orgánica establecerá su estatuto y el régimen de incompatibilidades de sus miembros…” No tendría ningún sentido esa mención específica de un régimen de incompatibiilidades si el texto constitucional estuviese abierto a que los miembros del CGPJ careciesen de incompatibilidades. Pero si hay incompatibilidades, no es posible que, excepto el Presidente (o éste y unos pocos más), los Vocales no perciban una retribución fija.»

«Otro punto negro, negrísimo a mi juicio, del proyecto de nuevo CGPJ es exigir legalmente que el cargo de Presidente del Tribunal Supremo (TS) tenga que recaer en quien ya ostente la categoría de Magistrado de ese Tribunal, lo que no exige la Constitución Española, cabalmente porque no quiso que la Presidencia del TS tuviese que recaer necesariamente en alguno de sus Magistrados. Es verdad que el art. 123.2 CE dice que “el Presidente del Tribunal Supremo será nombrado por el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, en la forma que determine la ley”, de modo que a ésta se remite la Constitución, pero también es verdad (o, como suele decirse en la jerga forense, “no es menos cierto”) que la CE pudo exigir que el Presidente del TS fuese Magistrado del TS y no lo exigió ni lo exige. Que de ordinario lo haya sido, bien está (aunque unos cuantos Presidentes procediesen más del ámbito académico que del estrictamente judicial), pero la innovación cierra la puerta a que, en alguna ocasión, se pueda llevar a algún jurista eminente, no Magistrado del TS, a la presidencia de ese órgano. Cerrar esa puerta me parece muy equivocado.»

«Para más inri, se crearía una figura, la de Vicepresidente del Tribunal Supremo, que, dice el Ministerio sobre el informe de la comisión de sabios, sería "elegido por el Pleno, entre la terna que proponga el primero [el Presidente]. El vicepresidente, que no forma parte del CGPJ, le sustituirá en caso de vacante, ausencia o enfermedad." Podría presidir el CGPJ un "alto mando" del TS, no perteneciente al CGPJ. Genial.» (post de 12 de julio de 2012)

Como lo que han aprobado ahora en el Congreso de los Diputados es sustancialmente lo mismo que anunciaba en esos textos, vale hoy, dies nefas (¡otro más!) de 29 de abril de 2013, lo que en ellos quedó dicho. En lo relativo a seguir haciendo depender del Parlamento la designación de todos los Vocales, frontalmente en contra de lo que decía el programa electoral del Partido Popular y de lo que ratificó el mismo Ruiz Gallardón tras ser nombrado Ministro, no hace falta que diga nada: es otro episodio más de los ya incontables incumplimientos de programa. Pero aquí no vale la imposibilidad como excusa o la necesidad como justificación, como cuando se han subido impuestos que se aseguró que no se subirían. Aquí es una reforma institucional en sentido absolutamente opuesto y contrario a la que se anunció.

Sólo una cosa más, para que los lectores estén informados completamente. Nada de lo que hace Ruiz Gallardón es culpa de él. La culpa es siempre de otros, de su partido y de su Gobierno. Estableció las tremendas tasas judiciales por exigencias de Montoro; dio su placet a Moliner, el actual Presidente del TS y del CGPJ, por imperativos superiores; quiere reformar los registros por imposición de un Registrador pariente próximo del Presidente Rajoy y esta jibarización del CGPJ se debe a un deseo del mismo Presidente Rajoy, que no ha perdonado al CGPJ la defenestración de Dívar. Todo esto, que Ruiz G. me consta que dice, son mentiras. La mentira le ha poseído tiempo ha. Lo mismo que a Juan Alberto Belloch Julbe, hoy gran amigo de Ruiz G. Ambos buenos colegas de Cándido Conde Pumpido, a quien, en efecto, prefiere Ruiz G. en el TC, por encima de Juan Antonio Xiol Ríos, Presidente de la Sala Primera del Tribunal Supremo. ¡Qué ensalada, amigos!