UN (MUY DESEABLE) ÚLTIMO SERVICIO DE LAS TELEVISIONES PÚBLICAS, ANTES DE SER CERRADAS: QUE DESDE ELLAS NOS EXPLIQUEN LOS “AJUSTES”

EL ESTADO NO ESTÁ NI PARA INFORMAR NI PARA ENTRETENER: SI NUESTROS POLÍTICOS NO CIERRAN TV Y RADIOS PÚBLICAS NO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA AJUSTAR NI RECORTAR NADA
(Actualizado a 12 de abril de 2012: la necia injuria de un funcionario político, que desprestigia a España)

Continuaré, a no mucho tardar, el asunto de la “guerra económica” USA-Europa, pero hoy me parece necesario ajustar algunas cuentas con los “ajustadores”. No estoy seguro de la bondad pero tampoco de la maldad de ciertas medidas de ajuste presupuestario: de medidas adoptadas y de medidas que proponen adoptar unos y otros, con el consabido lanzamiento de “globos sonda” (que debería cesar y ser prohibido por la superioridad, porque es sumamente peligroso para todos). Pero estoy absolutamente seguro de dos cosas: la primera, es que, ya que nuestros gobernantes miran más a Bruselas que los españoles, deben evitar espectáculos como el de la desautorización de un Ministro de Economía por un cargo mediano del Partido Popular, desautorización clarísima aunque ahora, casi una semana después, resulte que siguen planteándose desde ese Partido lo que el Ministro puso sobre la mesa (el “copago” sanitario, concepto que no puede ser, por otra parte, menos preciso y menos apto para una discusión seria: ¿hay “copago” tanto si pongo de mi bolsillo la mitad del precio como si, aun provisto de receta “salvadora”, pongo 10 céntimos de euro cada vez que compro un medicamento?: el concepto puede aplicarse a lo uno y a lo otro y cualquiera aprecia que no es lo mismo) . Pero, a lo que voy: si el Ministro no hubiese estado acertado, él mismo, motu proprio o por mandato superior, debería hacer matizado sus declaraciones. Que saliera al paso de sus concretas declaraciones un Vicesecretario de Organización del PP no es nada acertado para la impresión que en Bruselas, en Nueva York, en Londres y en Berlín, conviene muy mucho que tengan de la autoridad de un Gobierno que afronta una crisis gravísima. No estoy abogando por fingir una autoridad de la que se carezca: sólo de que no se socave imprudentemente, insensatamente, la que se pueda tener.

[INCISO DE ACTUALIZACIÓN: El 12 de abril de 2012, todos los servidores públicos o, al menos, los del Estado, nos desayunamos con este mensaje del Sr. Beteta, de profesión funcionario del Partido Popular, con destino político interino como Secretario de Estado de Administraciones Públicas: "los funcionarios deben olvidarse del cafelito y de leer el periódico". Con tan generalizadora gracieta, el Sr. Beteta, para empezar denigra e injuria a muchos funcionarios públicos que ocupan puestos en virtud de los principios de mérito y capacidad tras superar pruebas competitivas -cosa que no ha hecho nunca Beteta- y que no merecen tacha alguna de vagancia, como la que él, irresponsablemente, nos ha arrojado a todos. Pero es que, además, Beteta, dando pruebas de nula prudencia, ha lanzado a los cuatro vientos, precisamente con la que está cayendo sobre España, el mensaje de que la Administración del Estado español está en manos de vagos. ¡Genial! En mi condición de funcionario del Estado, me siento personalmente personalmente ofendido y como los sindicatos de funcionarios no van a reaccionar (o muy poco), porque, al fin y al cabo, son sindicatos, tendré que decirle directamente a Beteta, para más inri "jefe de los funcionarios": "debe Vd. olvidarse de vivir de la política, que lleva Vd. haciéndolo desde 1983, y debe olvidarse de disponer de coche oficial con chófer: ¡váyase, Beteta, váyase del Gobierno y pruebe a intentar ganarse la vida por ahí, quizá donde no se lea el periódico ni se tomen cafelitos!" Y si no se va, porque no tiene tanta categoría, cumpla dignamente como Secretario de Estado de Administraciones públicas y haga que funcione la Inspección de Servicios, de modo que se expediente y se sancione a los funcionarios incumplidores, sin insultar a los demás. De lo contrario, tendremos que pensar que Vd., Beteta, es un resentido, que ha abusado de su cargo para un desahogo injusto e injurioso, muy dañino para España.] 

Pero aún más importante que evitar espectáculos como los referidos, es la segunda cosa de la que estoy seguro: los “ajustes” se están haciendo, no sólo a trompicones, no sólo con una dilación electoralista reprobable (que ya se apuntó en este blog), sino simplemente mal, en el fondo y en la forma. Comenzaré por la forma, que es rematadamente mala. En primer lugar, para hacer ajustes hay que legitimarse muy bien, muy contundentemente, sobre todo cuando los tijeretazos y los sablazos al contribuyente común llueven sobre mojado. Y esa legitimación continúa sin fundamentarse como es necesario. Por poner un par de ejemplos: resulta indecoroso que, tras el episodio aquí referido en el post de 25 de marzo de 2012, el Gobierno no haya actuado para eliminar “retribuciones” de consejos de administración -de cualquier clase de empresas- que ningún ciudadano decente puede entender, ni siquiera en tiempos de bonanza económica. A mí me parece vomitivo que se persiga el pluriempleo de mil formas distintas (vía incompatibilidades administrativas que no sean incompatibilidades reales, vía jurídico-laboral) y, en cambio, se admita como normal que Zutano y Perengano -siempre personas importantes, claro es- acumulen “retribuciones” por lo que se ha llamado y debe llamarse figurar. Estos figurantes riquísimos, acumuladores de “consejos”, son suficientes para desmoralizar al ciudadano, deslegitimar al gobierno y legitimar la cólera general. Otrosí digo: es lamentable la tardanza en la poda de empresas públicas injustificadas o en la fusión de organismos que, como diría Ockham (aunque, en muy diverso sentido, ya lo había apuntado Boecio), fueron en su día entes multiplicados sin necesidad.

Legitimados a fondo y con urgencia nuestros gobernantes, hay un segundo punto formal que tampoco se puede eludir por más tiempo: explicar los ajustes, cada uno (al menos los más importantes) y en su conjunto. Y eso no es una cosa que el Presidente del Gobierno pueda limitarse a desear o sustanciar con una amonestación a sus mesnadas a que expliquen “la política del Gobierno”.  Eso, en vista de lo que ocurre, lo tienen que hacer, en directo, los mismos gobernantes o dirigentes que nos aprietan el cinturón o el cuello. Los que aumentan impuestos directos e indirectos, los que suben tarifas de eléctricas y de gas, los que partipan en empresas que aumentan el precio del transporte público.

También en el fondo no son acertados los “ajustes”.  No lo son, porque hay algunas cosas, al parecer intocables, que no se tocan sin otro motivo que el menos elevado de los intereses políticos. Me refiero a las Televisiones públicas (y a las radios públicas). Que subsista Televisión Española (TVE), incluso con dos canales, quizá pueda tener la justificación histórica de haber sido la primera y, en aquellos tiempos, probablemente la única posible. Pero que haya 3 canales de TV autonómica en Andalucía, 6 canales en Cataluña, 2 en Madrid, 4 en Valencia, 4 en Galicia, 5 en el País Vasco, 2 en Canarias, 1 en Castilla-La Mancha, 1 en Murcia, 1 en Aragón, 2 en Asturias y 1 en Baleares es un desatino espectacular. No sólo por lo que gastan, sino por un cuestión de principio: porque para la información específica que el Estado (sea el Central, las Autonomías o los Municipios) tiene que proporcionar, no se necesita para nada la televisión. La información general, la opinión y el entretenimiento no están entre los fines claros del Estado. Lo dicho para los canales autonómicos de TV vale, por supuesto, para las emisoras públicas de radio.

Empezamos muy mal hace tiempo cuando se admitió -buena parte de mis colegas de Derecho Administrativo, no todos, tienen de qué arrepentirse- que el ejercicio de la libertad de difundir información por cualquier medio y el ejercicio de otras libertades de las llamadas ideológicas, fuese tratado como servicio público en sentido estricto y, por tanto, objeto de concesión administrativa. No me callé ante aquel esperpento jurídico, pero sí se me dio la callada por respuesta y, en privado, se enarboló como argumento la limitación del espacio radioeléctrico (¡qué diferente es hoy el estado tecnológico del asunto!).

CIERRE DE LAS TV Y RADIOS PÚBLICAS: NO PRIVATIZACIONES PARA QUE ALGUNOS HAGAN NEGOCIOS SUCULENTOS

No quiero extenderme más: ahora es el momento de cerrar -así, cerrar- las TV y las radios autónómicas y no aferrarse a lo que carece de otra justificación que el puro interés rastrero de la clase política. No mareen la perdiz con la privatización. Y nada de privatizar TVE para que unos cuantos compren a bajo precio sus activos y luego hagan negocio (esa película ya está muy vista): o la mantienen reestructurada y limitada, o la cierran. En cuanto a las TV autonómicas (y las municipales que pueda haber), echen el cierre, que hay modos de no dejar a la intemperie a los trabajadores de esos entes -por ejemplo, pagarles lo convenido hasta la jubilación, que sería la fórmula más costosa- bastante más económicos que mantener esos “medios de comunicación”.

Antes de cerrar esos “medios”, rotundamente supérfluos, acudan a explicar los gobernantes a explicar los ajustes. Que ése sea el último servicio que preste lo que nunca debió existir. En algunas cosas -autovías, trenes de alta velocidad (AVE), etc.- quizá hemos estirado más el brazo que la manga, pero esas infraestructuras son activos valiosos, que ahí están, mientras que las Televisiones y radios autonómicas no son ni activos, ni prestaciones sociales: son puras rémoras.  Es absurdo que se caiga en el meaculpismo por el AVE (o en la crítica, como la que acaba de hacer Artur Mas al AVE a Galicia) y nada se diga de las TV y radios públicas (¡seis tiene la Generalitat del Sr. Mas!). Y que, mientras las TV y radios públicas subsisten, se recorten becas y se congele la investigación en la Universidad no es sólo absurdo, es obsceno.

Si PP y PSOE no se ponen de acuerdo (“yo cierro Telemadrid; tú cierras Canal Sur”), llame el Gobierno a esos legisladores de emergencia, como los que tuvo Boyer (que se mejore le deseo sinceramente) para reprivatizar Rumasa o, sin ir tan lejos, ZP, Pepiño Blanco y Rubalcaba para la encerrona de los controladores aéreos, porque la situación no consiente contemplaciones. Seguro que en el equipo de Rajoy son capaces de producir instrumentos jurídicos aseaditos y decentes. El Decreto-Ley está aquí justificado.

Si no adoptan esa medida -que causaría, a buen seguro, un fuerte impacto positivo en “los mercados” y, mejor aún, en la ciudadanía- que sepan que no les creemos y que no les queremos. Así de clarito he pensado que debía decirlo.

ALGO BÁSICO SOBRE NUESTRA JUSTICIA Y ALGUNA PISTA DE LO QUE EN ELLA OCURRE (y II)

PENURIA EN LO ORDINARIO Y SANGRANTE DESPILFARRO EN LO EXTRAORDINARIO

Veíamos en el “post” anterior que nuestra litigiosidad no aumentaba ni aumenta, sino que disminuye, seguramente a causa del agravamiento de la crisis económica. Pero señalábamos que la duración promedio de los procesos sí aumentaba y aumenta y no poco, en algunos ámbitos muy importantes.

Me parece haber encontrado una explicación o, cuando menos, una pista del por qué de ese fenómeno, que resulta más extraño si se considera que en 2010 el Presupuesto de la Administración de Justicia, en la parte del Estado central o PGE (parte que ronda, sin alcanzarlo nunca, desde hace años, el 50%: el resto lo ponen las Comunidades Autónomas) aumentó un 13,77% (cuando esto escribo, en enero de 2012, no se sabe aún el total presupuestado para la Justicia en 2010: ¡transparencias españolas!). La pista o más que eso se encuentra en unos cuantos párrafos del texto “Modernización de la justicia: un presupuesto de futuro”, publicado en Presupuesto y Gasto Público, núm. 58/2010, págs. 29-38, Secretaría General de Presupuestos y Gastos, © 2010, Instituto de Estudios Fiscales. Un texto del que es autor Juan Carlos CAMPOS MORENO, a la sazón Secretario de Estado de Justicia del Ministerio de Justicia.

Me parece que, en vez de tratar de resumirlo, reproduciré los párrafos, permitiéndome subrayar lo más significativo y alguna breve interpolación.

“El presupuesto del Ministerio de Justicia para 2010 asciende a 1.804,82 millones de euros lo que supone un incremento del 13,77% sobre el ejercicio anterior en términos homogéneos, esto es, descontando las transferencias a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias efectuadas en 2009 y que se corresponden con 32,78 millones euros.”

“Este destacable incremento de los créditos presupuestarios del Ministerio de Justicia cobra mayor relevancia dado el actual contexto económico, que obliga a una drástica contención del gasto público. Sin embargo, la austeridad no resulta incompatible con la ambición de acometer la inaplazable reforma de la Justicia. A fin de combinar austeridad y ambición, se han reorganizado las partidas de gasto de manera que el presupuesto del Ministerio de Justicia responde a dos características fundamentales: austeridad en gastos corrientes y de servicios y, al mismo tiempo, especialización y concentración de los créditos en las actuaciones de modernización de la administración de justicia.

“A lo largo de las distintas partidas de gasto queda patente el esfuerzo de contención en los gastos corrientes en bienes y servicios. La actual coyuntura económica ha exigido reducir los gastos no productivos y aumentar los destinados a inversiones. Así y tomando en consideración la clasificación económica del gasto, el capítulo 2 disminuye sus dotaciones en un 1,32% respecto al año precedente. La misma situación económica es la que explica, por otra parte, el incremento del 5,21% en transferencias corrientes, al aumentar los servicios de Asistencia Jurídica Gratuita, por la mayor litigiosidad que se está produciendo [AOS: Obviamente, el Sr. Campos Moreno no se enteraba de la realidad de la Justicia: ya hacía un año al menos que la litigiosidad estaba siendo menor, no mayor]. Se trata, por tanto, de un presupuesto que refleja el impacto que tiene la actual crisis económica en la administración de justicia.”

Y ahora viene lo más sustancioso y significativo. Ahora se explica en qué se han gastado los dineros de más, mientras se reducían los gastos corrientes en bienes y servicios, llamados “gastos no productivos”.  Ahora veremos las “inversiones”, “las actuaciones de modernización de la Administración de Justicia” (minúsculas en el original de CAMPOS MORENO). No pierdan palabra, porque la explicación, sin duda de buena fe, no tiene desperdicio, aunque el dinero sí se haya desperdiciado.

“De otro lado -prosigue CAMPOS MORENO-, la clasificación económica del presupuesto de Justicia refleja la concentración del incremento presupuestario (218 millones de euros) en los distintos elementos del Plan Estratégico de Modernización. En primer lugar, se destinan 151,59 millones de euros a conseguir una Justicia tecnológicamente avanzada. Esta parte del presupuesto se dirige a Modernización de la justicia: aquellas actuaciones tendentes a facilitar y agilizar los trámites y notificaciones, mejorar el acceso de los ciudadanos a la información y, sobre todo, favorecer la interoperabilidad entre todos los operadores jurídicos, los ciudadanos, y las Administraciones Públicas. De manera paralela, estas actuaciones permiten situar al Ministerio de Justicia como una institución de innovación y excelencia tecnológica. Esta característica del Ministerio es lo que ha permitido que ha permitido desarrollar importantes sistemas de gestión procesal (Minerva y Minerva-NOJ) o de intercambio telemático (LexNET). En esta línea, otro importante instrumento es el Sistema Integrado de Registros Administrativos de Apoyo a la Actividad Judicial (SIRAJ). Este sistema se puso en marcha en febrero de 2009 e incluye todos los registros centrales, como el Registro Central de Penados, el Registro Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica, el Registro de Central de Medidas Cautelares, el sistema de Intercambio de Antecedentes penales europeo (Network Judicial Register) y el Registro de Rebeldes Civiles. El incremento presupuestario previsto para 2010 permitirá asimismo consolidar todos estos proyectos a partir del esquema judicial de interoperabilidad y seguridad (EJIS).”

“En segundo lugar, el presupuesto permite implantar una nueva organización judicial a través de una gestión más racional de los recursos personales de la administración de justicia. A este respecto, se prevén créditos por 34,66 millones de euros para la implantación de la nueva oficina judicial (NOJ). La NOJ contará con nuevos medios de telecomunicaciones (salas de vista con sistemas de grabación audiovisual y sistemas de videoconferencias). Además, la implantación de la Nueva Oficina Judicial constituirá un motor del cambio en el proceso de modernización de la administración de justicia al concentrar la triple transformación que operarán las leyes procesales (organizativa, técnica y de distribución de competencias).”

“En tercer lugar, uno de los elementos estratégicos para la modernización y mejora de la eficacia de la administración de justicia es el desarrollo de un Nuevo Mapa Judicial. Con una dotación de 48,47 millones de euros, se procederá a la creación de 200 nuevas unidades judiciales, 50 de las cuáles corresponderán a la nueva figura de los jueces de adscripción territorial.”

“También se convocarán en 2010 hasta 250 plazas para jueces, 150 para fiscales y 260 para secretarios judiciales. Además de la creación de unidades judiciales y de la convocatoria de nuevas plazas de jueces, fiscales y secretarios judiciales, buena parte de los esfuerzos se dirigirán a establecer las bases para una nueva demarcación y planta judicial que adapte el mapa judicial a los cambios experimentados por la sociedad española.”

“Otro elemento estratégico con el consiguiente reflejo en los presupuestos es la potenciación de los gastos en infraestructuras. Con un crédito para 2010 que alcanza los 72,3 millones de euros, y que representa un incremento interanual de 15,2 millones de euros, se desarrollarán actuaciones dirigidas a la construcción, rehabilitación y equipamiento de edificios de sedes de órganos judiciales, registros civiles y servicios comunes, así como la supresión de las barreras arquitectónicas. A esta última finalidad se destinan 1,35 millones de euros.”

Leídos con atención los párrafos precedentes, parece bastante claro lo sucedido. Trataré de resumirlo con claridad y la consiguiente e inevitable crudeza: hubo -y sigue habiendo- menos recursos aún para el funcionamiento ordinario de la Administración de Justicia y se malgastó la parte del león del incremento presupuestarios en objetivos que sonaban muy modennos, pero que no se consiguieron, sino que cooperaron a una situación de muy serio empeoramiento y, en no pocos casos, de desastre. Vean una expresiva fotografía, publicada hace poco en un periódico de ámbito nacional:

Por si no leen bien en la foto lo que dice el cartel es esto: “DEBIDO AL RECORTE DE PERSONAL QUE HA PADECIDO ESTE JUZGADO, EL TIEMPO DE RESPUESTA DE LOS PROCEDIMIENTOS SE HA ALARGADO”. Se dilapidaron 151’99 millones de euros, porque no funciona Minerva ni Minerva-NOJ y no funciona el SIRAJ, al menos no como lo presentaba CAMPOS MORENO. Tampoco funciona en absoluto la informatización del Registro Civil Central, de lo que se mostraba máximamente orgulloso el ya ex-Ministro Sr. Caamaño cuando cedía los bártulos a Sr. Ruiz Gallardón. Se fue mintiendo descaradamente, como mentía cuando empezó. Y se desperdiciaron otros 34’66 millones de euros para la implantación de la NOJ. Es nada menos que su gran valedor, el Consejo General del Poder Judicial, el que tiene pedida formalmente la suspensión de la NOJ, en el sentido de no seguir “implantando” en más ámbitos territoriales la combinación de software y protocolos.

No sé qué ha podido ser del Nuevo Mapa Judicial, pero, si me atengo a la falta de noticias al respecto (cuando han proliferado las noticias simplemente falsas sobre el comienzo de esto y de lo otro, que no comenzaban), me inclino a pensar que no ha habido nada de nada. Que cualquier lector más enterado tenga a bien informarnos, por favor, así como sobre la  convocatoria en 2010 de 250 plazas para jueces, 150 para fiscales y 260 para Secretarios. En cuanto a los 72’3 millones para “construcción, rehabilitación y equipamiento de edificios de sedes de órganos judiciales, registros civiles y servicios comunes”, no me parece que este concreto esfuerzo presupuestario, si es que el presupuesto ha sido realizado, haya redundado en una mejoría medianamente visible de las sedes judiciales.

Lo que ha habido son dos hechos. El primero ha sido un aumento de la duración promedio de los procesos, especialmente importante en “gestiones” tales como notificaciones (21%), embargos (17,6%) y lanzamientos (13’3%), todas ellas atribuidas a la Nueva Oficina Judicial (NOJ). El segundo hecho es que una serie de empresas, subcontratistas casi todas de RED.es, se han embolsado unos 200 millones de euros, por un pésimo trabajo de software (lo aclaro sobre todo para lectores no españoles, no vayan a pensar que había que llenar de ordenadores los Juzgados, Audiencias y Tribunales de España). El de esas empresas no ha sido un trabajo deficiente, muy mejorable, no: ha sido un trabajo pésimo: entorpecedor, retardatario, objetivamente saboteador, por así decirlo.

Podemos y debemos exigir que se investigue a quiénes, cómo y por qué se adjudicaron los contratos de informatización fracasados, así como los contratos de los “animadores” de “implementación” de la NOJ y otros adelantados igualmente fracasados como los de “cita previa”, que han hecho disminuir la entrega de certificaciones en más de un 50 % respecto. No es que queramos hacer sangre. Es que toda una orientación -aunque pienso que equivocada, porque los gastos corrientes no debieron recortarse, que ya eran escasos- de funcionamiento de la Justicia española ha resultado una burla sangrienta con el super-fiasco de la informatización judicial. No es sangre lo que deseo: es justicia, es responsabilidad. Quienes cometen errores de tanta magnitud e importancia no pueden, ante todo, resultar desconocidos y, después lucrarse tranquilamente con el dañino pseudo-trabajo que han hecho.  

Desde luego, el relevo gubernamental no excusa esta tarea de pedir cuentas y exigir que se rindan al detalle. Entre otras cosas, porque se corre el peligro de que las cosas torcidas -y gravemente torcidas, con perjuicio de muchos miles de personas- no se enderecen e incluso se retuerzan y empeoren más.