LA ESTULTICIA CON QUE SE PROCURA LA “EXCELENCIA” DEL PROFESORADO UNIVERSITARIO

“ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN”, “ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN” Y “TASA DE ÉXITO”.

LA OPRESIÓN DE UNOS “EVALUADORES EDUCATIVOS” QUE NO EDUCAN NI EVALÚAN RACIONALMENTE

Quizás se habrán extrañado los seguidores de este “blog” de mi largo silencio sobre asuntos educativos y, más concretamente, universitarios. Quiero dejar claro ahora que ese silencio no se ha debido ni a desinterés ni a conformismo. Si no he dicho nada aquí de lo que viene ocurriendo en mi esfera profesional y vital —son ya 46 (CUARENTA Y SEIS) los años que llevo en la Universidad, sin interrupción, desde que terminé la carrera de Derecho—, se ha debido a que, para la más elemental protección de mis vísceras estomacales e intestinales y de mi equilibro nervioso, procuro pensar lo menos posible en lo que cada día veo (y soporto, en parte) y en lo que veo que muchos otros, queridos compañeros, a diario se ven obligados a hacer y soportar, más que yo, porque, al fin y al cabo, estoy a pocos años de la jubilación y tengo todos los trienios y quinquenios posibles y casi todos los “sexenios de investigación” que pueden ser reconocidos por las entidades presuntamente evaluadoras (una de ellas, por cierto, la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, CNEAI, ni siquiera responde a mi última solicitud remitida por correo certificado a causa del constante fallo de sus cacareadas y obligatorias aplicaciones informáticas “on line”: ya no se respetan ni las más elementales normas de la más básica cortesía y consideración: estos “autoridades modernas” son de una prepotencia formal superior con mucho a la de las autoridades franquistas).

Prosigo, tras este inciso de desahogo y mínima denuncia de la grosería burocrática. El caso es que no hay antieméticos que funcionen conmigo si pienso un poco en lo que está ocurriendo en la Universidad y, concretamente, contra el profesorado universitario. No conviene abusar del omeprazol (ni de otros fármacos), pero es que el panorama, si lo contemplo expresamente por más de cinco minutos, me revuelve dolorosísimamente las tripas, que se saturan de corrosiva acidez. Y se me irrita al extremo ese colon irritable, que todos tenemos, en mayor o menor medida. Y, por descontado, no hay tranquilizante, anxiolítico ni antidepresivo capaz de librarme (excluyo sobredosis con efectos indeseables de catatonía) de graves perturbaciones nerviosas, anímicas y psíquicas si  no eludo habitualmente la consideración de lo que me rodea en la Universidad.

Dicho lo anterior como explicación de mi habitual silencio, a veces ocurren cosas que, como suele decirse, hacen hablar al mudo o, en mi caso, me determinan a correr los riesgos que acabo de describir. No es sólo que estomague y encrespe el hecho de que, puestos a evaluar la actividad académica, resulte un factor determinante de valoración adversa no haber participado en una gran cantidad de cursos sobre “innovación educativa”, cuando, además, esos cursos muy poco o nada positivo aportan sobre la enseñanza de muchas materias (p. ej., jurídicas, filosóficas, etc.) si es que no llegan a incluir, como ha ocurrido, consejos terriblemente disparatados, como el de prescindir de los libros (lo que en Derecho y en otros ámbitos, es sencillamente letal y contrario a una experiencia de muchos siglos en todos los países civilizados y cultos del mundo). Tampoco se trata únicamente de soportar sin náuseas que la evaluación positiva de un docente e investigador universitario dependa de haber ocupado u ocupar cargos académicos, cuando ni todos los profesores pueden ocupar cargos ni tienen por qué ocuparlos para ser excelentes profesores: sucede, más bien, que mientras se ocupan bastantes de esos cargos, disminuye el tiempo disponible para investigar y preparar (con preparación próxima y también remota) buenas clases de todo tipo. Pase, no obstante, que se incentive razonablemente el desempeño de trabajos directivos. No es admisible, en cambio, que los incentivos por ese concepto se igualen con otros datos docentes e investigadores. Y resulta ya irracional, si no inicuamente favorecedor del amiguismo entre autoridades académicas, que no haber desempeñado cargos se alce como un obstáculo para la valoración positiva. Por añadidura, este criterio de baremación es discriminatorio en perjuicio de los profesores de Universidades de tamaño grande o mediano, donde hay menos cargos a repartir entre más personas.

Otra importante majadería es la de sobrevalorar las llamadas “estancias de investigación” y la de no puntuar como “estancias de investigación” las que no superen el mes, se trate de académicos dedicados al Derecho Mercantil, microbiólogos o botánicos. Con el desarrollo de las comunicaciones, salir al extranjero —que es siempre entre “interesante” y “muy interesante” salvo para gente incapaz de observar y aprender— no puede ser prácticamente obligatorio para cualquier progreso en toda carrera académica universitaria. Por su parte, la duración superior a un mes, como criterio fijo y general, carece de todo sentido. Habría que tener en cuenta siempre el objeto de la investigación, el conocimiento del idioma extranjero cuando sea distinto del propio y otros factores: así, un mes puede ser poco o demasiado. Muchas veces, una semana es más que suficiente como tiempo para lo que requiere de verdad la investigación de que se trate y en otras ocasiones, un mes ni siquiera puede servir para introducirse en el asunto en cuestión. Además, no es raro que los profesores de Derecho y de otras materias puedan, al acudir a Universidades distintas de la suya, disponer de bibliotecas y otros recursos, de cantidad menor y calidad inferior a los materiales que tienen a mano en su Universidad. En estos y otros parecidos casos, la “estancia de investigación” es simple turismo universitario. Se me ocurre, por último, que, tanto cuando los recursos económicos eran razonables, como en estos tiempos de “austeridad”, el factor de las “estancias de investigación” resulta discriminatorio por motivos económicos y desprecia enteramente la atención que merecen diversas circunstancias personales (sobre todo, las familiares y las de salud: es real y no aislado el caso de un esforzado y meritorio profesor, sometido a constantes diálisis, que durante varios lustros no ha podido ni pensar en alejarse algunos kilómetros de su lugar de residencia y trabajo).

Con ser todo lo anterior inaceptable y difícil de sobrellevar, recientemente he visto algo aún peor, que no es que resulte poco inteligente o racional, sino ya del todo idiota. He visto cómo excelentes profesores, muy positivamente valorados por los alumnos en encuestas serias sobre su calidad docente (siempre, claro es, a la búsqueda de la cacareada “excelencia”), han recibido objeciones relevantes por falta de “participación en actividades de coordinación”. El concepto mismo de este supuesto mérito ya resulta chusco o más bien grotesco. La calidad de la enseñanza nada tiene que ver con participar mucho, poco o casi nada (algo de coordinación es forzoso que exista) en “actividades de coordinación”. Si lo que hace el profesor para que sus alumnos aprendan es adecuado al programa, si la puntualidad y el cumplimiento de los deberes resulta impecable (y así se reconoce), si los mismos destinatarios de los esfuerzos del profesor valoran muy positivamente esos esfuerzos, ¿qué importa participar más o menos en “actividades de coordinación”, siendo de difícil entendimiento, para empezar, cuáles pueden ser esas “actividades” y de qué “coordinación” se está hablando? Pues, lector, no ya por entidades externas a la Universidad, sino desde dentro de ella se castiga, de hecho, a excelentes profesores por ausencia o poca entidad de ese pretendido “mérito”. ¿No les parece, lectores, que tal castigo es, como les adelantaba, algo que hace hablar al mudo?

Pero aún falta lo peor, la apoteosis del absurdo, la claudicación plena de cualquier idea decente de la Universidad y de toda otra empresa educativa. Me refiero a la bonificación del profesorado por una alta “tasa de éxito” y a su penalización por una “tasa de éxito” menos alta o baja, que sería fracaso. Dicho en román paladino: cuantos más o menos alumnos aprueben, más o menos “tasa de éxito”. Así que ya lo saben: del “fracaso escolar” (el de los escolares, hay que suponer) se ha pasado a hacer relevante el éxito del profesor, que no lo miden los alumnos con sus encuestas, con su consideración de sus profesores, con las pequeñas distinciones que pueden otorgar a quienes han apreciado más, como es el caso de la designación como “padrinos” de una promoción para esos llamados “actos de graduación” (con orla incluida) que se están imponiendo por doquier. No: el éxito del profesor es medido según el número de alumnos matriculados (no necesariamente reales y, muchas veces, con poco que ver con los reales) que aprueban en las diversas convocatorias e incluso el número de alumnos matriculados que se presentan a examinarse. “Suspensos” y “no presentados” son el térmómetro exacto del “éxito” y de la “excelencia” del profesor para los evaluadores de la calidad de la enseñanza. Y esa “tasa de éxito” o de fracaso es relevante para la promoción de los profesores.

La benignidad en las notas, incluso si llega a ser una benignidad maligna, por perniciosa para la sociedad, es la clave del “éxito” y de la “excelencia” del profesor. ¿Es Vd. lo que siempre se ha llamado un “coladero”? Pues, ¡Vd. sí que sabe lo que es pedagógicamente correcto! ¡Vd. sí que sabe manejarse en la modernidad! ¡Vd. sí que sabe, a secas: sabe lo que le conviene! No importa que los alumnos reales, los que fueron encuestados minuciosamente sobre la enseñanza de un profesor, incluidos los que no han aprobado, los que han sido suspendidos, califiquen a ese profesor con las más positivas apreciaciones. Si el profesor suspende a algunos o a bastantes, su “tasa de éxito” es mala, su puntuación mengua y yerra en el camino oficial hacia la “excelencia”… oficial.

Por supuesto, a la Oficina para la Excelencia Docente (llámese como se llame) le da lo mismo, en cuanto a los alumnos matriculados que ni siquiera se presentan a examen, si se trata de una asignatura impartida al comienzo de la carrera (boloñesa o no) o si es asignatura de las que se cursan al final, lo que en algunas carreras (Derecho, por ejemplo) puede explicar y explica un número de matrículados especialmente alto y una gran desproporción entre éstos y los que realmente acuden a la Facultad o Escuela y se examinan. Hay personas que están procurando, muy legítimamente con frecuencia, culminar una carrera universitaria mientras trabajan y su ritmo de avance es más lento, sin que se les pueda dirigir reproche alguno: al contrario, las autoridades que constituyen y amparan la Oficina para la Excelencia deberían agradecerles que pague las tasas.

Con estos planificadores y evaluadores, que idean y aplican parámetros disparatados, ¿cómo es que quienes los permiten y los apoyan se atreven luego a hacer propaganda de pifias tremendas cometidas por titulados universitarios en las oposiciones? ¿No habrá alguien con simple sentido común, por raro que éste sea, que ponga fin a tantos dislates? ¿No habrá quien liquide la opresión de la estulticia? Espero que sí, porque como tenga que volver a escribir al respecto, con lo que me cuesta, es seguro que a los genios de la evaluación opresora les escocerá más que hoy.

LA “RECORTADA” CONTRA LA UNIVERSIDAD EN ESPAÑA

MATAR LA UNIVERSIDAD, CURIOSA MEDIDA PARA EL PROGRESO DE UN PAÍS

 “Recortada”: dícese de la escopeta a la que se le han acortado los cañones, de manera que es más fácil de ocultar y manejar y para la que, además, resulta sencillo adquirir munición (cartuchos con perdigones). Aunque el alcance del disparo es menor, sus efectos son devastadores a corta distancia. Se trata de un tipo de arma prohibida en la mayoría de los países, pero muy utilizada con fines criminales.

Todos estamos al tanto de los “recortes” de gasto, en las empresas privadas y en el sector público. En las Universidades públicas (en la mayoría, al menos), los “recortes” ya parecen más bien un ataque múltiple con la “recortada”. Con muy diversos motivos, a veces muy subjetivos, las perdigonadas de la “recortada” se multiplican: además de los “recortes” comunes a las  retribuciones de los funcionarios, que afectan a miles de profesores y, además de la subida general del IRPF, cierran materialmente los edificios de las Universidades durante las vacaciones y cada vez que tienen ocasión (ahorro en luz, calefacción, etc.), bajan todos los capítulos presupuestarios de los gastos ordinarios de los Departamentos (si viene un profesor extranjero no hay ni 9 euros para invitarle a comer; hay bastante menos dinero para libros y revistas o para reponer “consumibles”, etc.)

Pero son tres disparos de “recortada” los que pueden tener -si no los están teniendo ya-consecuencias letales para muchas Universidades. Los dos primeros afectan directamente al elemento esencial de éstas, al profesorado. Me refiero, por un lado, a la aplicación de la llamada “tasa de reposición 0” en casos de jubilación, defunción o cualquier otra causa por la que finaliza el status profesoral y, por otro, a la suspensión o eliminación de los planes de promoción del profesorado permanente. El tercero, a las becas y a los proyectos de investigación (I+D).

Los lectores de este blog, entre los que me consta que son numerosos los profesores universitarios españoles (y también extranjeros), me perdonarán si, a fin de no hablar de lo que no conozco bien, me refiero en este “post” o entrada especialmente a lo sucede o amenaza a mi Universidad, la Universidad Complutense, Madrid, España. Ciertamente, bastante de lo que diga valdrá para cualquier Universidad pública, pero no puedo omitir comparaciones en las que no se deben ver connotaciones peyorativas, sino sólo la exposición de diferencias entre Universidades, que considero racionalmente relevantes para una política sensata de asignación de recursos en estos tiempos de durísima crisis económica. 

Con todo, debe ir por delante una idea general y básica: aunque se ponderen y se recorten gastos no plenamente justificados e incluso superfluos (por no hablar de despilfarros y lujos inaceptables), no debería disminuir, sino en lo posible aumentar, el esfuerzo global del Estado (Comunidades Autónomas incluidas) en la Educación, en todos sus niveles. Porque sabemos todos que la Educación es el suelo sobre el que necesariamente se tiene que ir construyendo un futuro mejor. O dicho en términos: si la Educación empeora, no cabe duda de que nuestra vida empeorará. Reasígnense recursos, eliminando unos y mejorando otros, racionalícese cuanto se deba, pero establézcase y hágase real el criterio de que la Educación y, en concreto, la Educación Superior, no puede ser objeto de “recortes” si se desea realmente el progreso del país. Y, en concreto, no se abandone ni se maltrate al elemento humano esencial para toda Universidad, que es el profesorado.

Personalmente, nada me va ya en la deriva que siguen y puedan seguir las Universidades españolas. Estoy a pocos años del final de mi vida académica. Pero todavía me importan la Universidad y mis compañeros, de modo que me permitiré ampliar esta referencia personal. Terminé la Carrera de Derecho en 1967. Obtuve el grado de Doctor en 1969. Y en el año 1974 gané plaza de Profesor Agregado de la Universidad Complutense (antigua “Universidad Central”). El invento de los “Agregados” fue eliminado al cabo de no muchos años. A los Agregados que no habían pasado ya a ser Catedráticos por concurso se les convirtió sin más en Catedráticos de la Universidad en que estuviesen. Fue una medida lógica, puesto que la oposición era la misma que la de Cátedra (de seis ejercicios: “pata negra” nos llaman aún) y las funciones prácticamente iguales. Como yo sí había concursado y convertido en Catedrático en 1976, peregriné por varias plazas hasta ocupar Cátedra de la Complutense en 1984. Lo digo para que se vea que conozco la historia contemporánea de las Universidades españolas y, en concreto, de las Universidades públicas. En los años 70 no pasaban de 12 y ahora han llegado a ser 50.

Dejemos a un lado las Universidades privadas. Hablemos de las Universidades públicas. ¿Son todas iguales? Por supuesto que NO. Ya se entiende que algunas, como la Complutense, se inventaron hace más de cinco siglos y otras, en cambio, son bastante nuevecitas. Unas, pocas, albergan centros de todas clases, con profesorado de solera y otras, muy jóvenes, han reclutado y reclutan apenas los profesores justos. En unas se defienden semanalmente varias tesis doctorales y, en otras, los nuevos doctores al año son bien pocos.  ¿Eran y son necesarias todas esas Universidades? NO. ¿Las creamos los profesores universitarios? NO. ¿Las crearon los políticos? SÍ. ¿Se ha descubierto con la crisis económica el despilfarro de los políticos en situar Universidades públicas por doquier? NO, ya se había descubierto hacía tiempo e incluso, en ciertos casos, se sabía que era irracional crearlas justo cuando se creaban. ¿Es ahora razonable aplicar las mismas recetas en todas las Universidades públicas? NO: es tan “razonable”, es decir, tan tonto, como puede serlo tratar por igual realidades extraordinariamente desiguales.

Dicho esto podemos establecer algo poco práctico, pero no carente de importancia: los dirigentes políticos que crearon Universidades, Facultades (¡ay las de Derecho!) y Escuelas innecesarias carecen de toda legitimación para hablar de despilfarro y para imponer recortes. Lo harán de todos modos, pero conviene dejar claro que debería caérseles la cara de vergüenza. Este punto es en cierta medida aplicable a quienes utilizan la “recortada” contra mi Universidad Complutense, porque, aunque no crearan Universidades públicas en Madrid, sí han permitido que en las nuevas se gastase el dinero de todos en cosas superfluas, mientras la Complutense, tan “vieja” ella, padecía –y sigue padeciendo- muchas penalidades auténticas. Algunas penalidades básicas, que no se padecen en los centros penitenciarios.

Además de que en España ya tenía que haberse planteado en serio, como en otros países, la posible fusión de Universidades, vamos a los dos primeros grandes trabucazos de “la recortada”. Aplicación de la tasa de reposición de personal 0. Voy a dar por sentado que ni siquiera se aplicará automáticamente esa “política” en los ámbitos que no se anunciaron previamente excluidos: “Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Servicios Públicos Básicos” (lit. del discurso de investidura del Sr. Rajoy). En algunos ámbitos, que no son ni la policía ni los denominados “servicios públicos básicos”, sobran funcionarios de carrera, interinos y contratados. En otros, faltan funcionarios o, cuando menos, funcionarios con elemental cualificación. Es de suponer, pues, que la “tasa de reposición 0” se aplica globalmente. Y es de suponer, todavía más, que no se aplica sólo a la Administración Central, sino también (y sobre todo) a las autonómicas y municipales: de lo contrario, la medida es una broma cruel y ya van demasiadas. Dejo a un lado otras distinciones, sin duda convenientes, pero que complicarían innecesariamente lo que quiero decir.

En las Universidades como la Complutense hay notables desigualdades en cuanto a número de profesores según las materias. Con todas las matizaciones que se quieran hacer sobre la conveniencia de no prescindir de excelentes profesores e investigadores y sobre la imperfección del criterio de carga de trabajo según el número de alumnos (en efecto: un país que se precie mantendrá y cuidará centros de estudio y unidades de investigación excelentes, por minoritarios que sean), hay desigualdades desprovistas de explicación racional, debidas a factores sobre los que no hace falta ahora ser más explícitos. Primer mandamiento contra “la recortada”: no traten por igual a los Departamentos y “áreas” hiperdotados y a los que se encuentran infradotados, suponiendo igual carga de trabajo y similar interés de la materia. No es lo mismo aplicar a rajatabla la tasa de reposición 0 al Departamento sobrecargado en que fallece un Catedrático a causa del cáncer, bastante antes de cumplir 70 años, que amortizar la vacante cuando el Departamento o “área” está hiperdotado, de manera que les sobra profesorado para afrontar los dichosos créditos (o las horas de clase) mientras otros andan echándose sobre los hombros más créditos y horas de trabajo de los debidos.

Una Universidad que se precie no puede funcionar sin unos papeles orientadores -“documentos de plantilla” se les ha llamado, pero me daría igual otra denominación- en que consten las diversas situaciones de personal docente e investigador por Centros, áreas y Departamentos. ¡Ah! ¿Qué se quiere tomar en consideración, junto a datos cuantitativos, criterios cualitativos? No me parece mal: aunque los instrumentos criteriológicos no se encuentren cerca de la perfección ni mucho menos, los “recortadores” disponen de muchos elementos de juicio proporcionados por el “moderno“ sistema que tanto aprecian: miren los I+D nacionales solicitados y obtenidos por el “área” o Departamento (eso depende de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva: ANEP); miren los sexenios de investigación solicitados y obtenidos por sus profesores (eso depende del Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora: CNEAI); miren cómo les han evaluado las famosas agencias de evaluación (ANECA y criaturas autonómicas semejantes). Y escuchen a los interesados, que es muy sano eso de la “audiencia al interesado”, verdadero principio general del Derecho, eliminado del ámbito universitario. En no pocos casos, los interesados, si se les oye, pueden explicar bastante bien un maltrato inexplicable de los evaluadores. Pero cuando los criterios de estos artilugios evaluadores (ANEP, CNEAI, ANECA) tan modernos y estupendos son favorables, ¿también nos serán inútiles e inservibles frente a los “recortadores”? Eso ya sería el colmo del acabóse. Pero ese colmo es, precisamente, lo que estamos ya padeciendo docenas de Departamentos y “áreas”.

Segundo mandamiento contra crímenes de “la recortada”: no traten al profesorado con contrato laboral como si fuesen personal contratado en la Consejería tal o en el gabinete del Ministro cual. No lo son. No los traten como eventuales ni como interinos. No lo son. En primer lugar, que el contrato sea laboral fue el empeño lamentable de una Ministra desfasada en sus juveniles vivencias universitarias. Pero el Ayudante, el Ayudante Doctor (contratos temporales) o el Profesor Contratado Doctor (contrato indefinido) no son “colocados” a dedo por motivos clientelistas de tal o cual partido o coalición ni personal reclutado porque se pensó que había dinero y no se quiso dotar plazas de funcionario (fuese esto consecuencia de enchufismo puro y duro o de la locura ultra-neoliberal contra todo lo público y, por tanto, contra el funcionariado: de las dos cosas ha habido). Hay casos de nepotismo, desde luego, pero son excepciones. Los Ayudantes, Ayudantes Doctores y Profesores Contratados Doctores son los tres primeros pasos de la carrera de Profesor Universitario, afortunadamente establecida aquí mucho antes de Franco y entendida en muchos países como un enorme adelanto, que están queriendo incorporar para dar seriedad y base investigadora a la docencia universitaria. Las Universidades -al menos la mía, la Complutense- han venido incorporando esos Profesores con cálculos previos semejantes a los de las dotaciones de plazas de Profesores funcionarios y esas auténticas “plazas” han salido públicamente a concurso, con baremos previos, tribunal evaluador y comisión de reclamaciones independiente por si las cosas no se han hecho bien.

Y por si fuera poco lo anterior, esa carrera de Profesor Universitario suele comenzar -al menos así lo hacemos en bastantes Departamentos- con un paso previo: la obtención de una Beca de Investigación, de las que se ofrecen por el Estado y sólo después, subsidiariamente, de las que han venido ofreciendo las Comunidades Autónomas. La Beca de Investigación, por tres años, no se obtiene en mi ámbito sin una nota media de sobresaliente o, al menos, notable alto en el expediente de la carrera.

Si la tasa de reposición 0 se aplicase literalmente, se abandonaría a los Becarios de Investigación cuando agotan su beca, por más que hayan elaborado una excelente tesis doctoral, publicada en editorial con criterios de exigencia y hayan desarrollado otras actividades valiosas. No valiosas simplemente porque lo decimos los que sabemos. Valiosas también porque el “sistema” las ha considerado así y ese Becario ha sido “acreditado” oficialmente por un organismo oficial para proseguir la carrera universitaria en una categoría superior. Cabe dentro de lo posible y no es infrecuente, que el becario, a punto de terminar la beca y ya con el grado de Doctor, se someta a evaluación de la ANECA y ésta lo acredite, es decir, lo reconozca oficialmente como apto para ser Ayudante Doctor e incluso Profesor Contratado Doctor. Otro tanto cabe decir de quienes finalizan sus contratos temporales como Ayudantes o Ayudantes Doctores: la ANECA puede haberles acreditado como Profesores Contratados Doctores. Debería haber dinero para que esos profesores avancen en su Carrera allí donde son necesarios e incluso donde no lo sean estrictamente por razón del número de alumnos.  Porque, en primer lugar, a las Universidades, a las Facultades y Escuelas -a las plenamente justificadas por todos los conceptos- no se les puede dejar sin profesorado (y menos en pleno “proceso Bolonia”, que requiere más profesores). Y, en segundo lugar, porque resulta inicuo haber enrolado en una Carrera a personas de valía -tras superar filtros muy serios- y dejarlas luego en la estacada, cuando, por añadidura, eso conduce a un estado de anemia grave a los Centros, Departamentos y “áreas de conocimiento” universitarios, que convendría a todos, no ya no debilitar, sino robustecer.

Hay en el país, e incluso en las mismas Universidades (cargos, servicios, actividades extracurriculares, etc.), muchos ámbitos en que los “recortes” estarían justificados y no se han hecho ni parece previsto que se hagan. En cambio, los “recortes” en el profesorado universitario en formación con buenos resultados contrastados o en el profesorado con una formación, que, aun sin terminar -no debe terminar nunca-, se puede considerar y oficialmente se considera buena y sólida, constituyen una matanza de Universidades vivas y viables y un factor de enorme regresión social y económica.

Es el momento de decir que los “recortes” e incluso los tremendos disparos de “la recortada” se están produciendo ya, no tanto como efecto de planes nacionales, sino por iniciativa de las mismas Universidades, que detectan “agujeros” presupuestarios y financieros y por contemporánea decisión de las Comunidades Autónomas con competencias en materia educativa, que, de un lado, andan también empeñadas en reducir el gasto público y, de otro, no están dispuestas a remediar los “agujeros” y sí a prescindir de quiénes resultan perjudicados de verdad por el agujereamiento. En cuanto a los, llamémosles así, “agujeros particulares”, los habitantes permanentes de las correspondientes Universidades mereceríamos una cumplida explicación. Si mi Universidad, por ejemplo, es capaz de cuantificar un “agujero” de “cerca de 150 millones de deuda”, deberíamos saber en detalle cómo se ha producido ese “agujero”, que no es un fenómeno natural. Los que padecen directamente las consecuencias del “agujero” están especialmente legitimados para saber si no están recibiendo en su ipurdi (del vascuence: ass) la patada que merecerían los agujereadores. Pero, en realidad, debería ser realidad perceptible por cualquier ciudadano, en toda la Nación, que el que la hace, la paga.

En cualquier caso, resulta sencillamente tremendo que, por la acción combinada de “agujero” misterioso y de cicatería y miopía autonómica en la política de “recorte”, de “tijeretazo”, etc., se camine hacia la “tasa de reposición 0” y, además, se suspendan o eliminen los planes públicos de promoción del profesorado universitario. Por tales planes entiendo aquéllos que preveían calendarios determinados para a) convertir en plazas de Profesores Titulares de Universidad (funcionarios docentes universitarios) a quienes hubiesen sido acreditados oficialmente como tales y fuesen Profesores Contratados Doctores y b) para convertir en plazas de Catedráticos de Universidad las plazas de Profesores Titulares ocupadas por quienes hubiesen sido acreditados como Catedráticos, siempre oficialmente. La primera conversión, con coste 0. La segunda, con un coste nada alto, porque no es muy grande la diferencia de retribución entre Profesores Titulares y Catedráticos.

Es un hecho que esos planes han sido dejados sin efecto, precisamente en Universidades más viables e indiscutibles, más grandes. En Universidades pequeñas, los pocos profesores acreditados han podido acceder mediante concurso a la categoría de la acreditación recibida, porque la plaza correspondiente ha sido creada de inmediato. Paradójicamente, en Universidades grandes, eso es lo que no sólo no ha sucedido, sino que, al contrario, los planes de promoción aprobados y publicados han sido eliminados. No se han suspendido por falta de fondos, sino que se han eliminado o suprimido. Con independencia de la admisibilidad de los argumentos para la supresión, la falta de los fondos necesarios no debiera darse, porque asumida la financiación de esas Universidades públicas por la Comunidad Autónoma correspondiente, el “recorte” ahí es un recorte letal para esas Universidades y para la sociedad de esa Comunidad y de todo el país, dada la indiscutible movilidad del alumnado y la cacareada conveniencia de competitividad entre Universidades. Si mi Universidad Complutense tiene un “agujero”, que el Rectorado y la Comunidad Autónoma de Madrid depuren sin piedad las irregularidades, pero que no dejen a la Universidad Complutense sin sus recursos humanos de calidad o con esos recursos en condiciones de precariedad y de inexistencia de estímulos perfectamente razonables y previamente previstos.

Puede suceder en ocasiones -de hecho, sucede-, que la Comunidad Autónoma que asumió en su día con gusto competencias educativas plenas, no es que llegue un momento en que tenga que plantearse “recortes”, sino que los decide sumariamente respecto de la Educación Superior con un talante que, por lo que aparece en la prensa (sin necesidad de “información privilegiada”), se puede calificar de dura hostilidad hacia las Universidades públicas o hacia alguna de ellas. Me temo con fundamento que eso esté sucediendo por lo que respecta a la Universidad Complutense y, en cierto modo, probablemente por defectos de expresión, hacia las Universidades públicas de Madrid. Es lamentable por muchas razones -y a mí se me hace particularmente triste- que se dé la impresión de que mis jóvenes compañeros profesores acaban recibiendo en su ipurdi (del vascuence: ass) las patadas que se le quieren dar al Rector Fulano o Mengano. Pero esa impresión es inevitable y nada infundada si a mis jóvenes compañeros no se les escucha ni se les explica nada, sino que, simplemente, resultan ser los meros y puros paganos, los que pagan el pato de una controversia ajena, las víctimas objetivas de “la recortada”, que afecta a la Universidad entera. La Universidad Complutense es muy anterior y de mucha más trascendencia y proyección que el Rectorado de Fulano o de Mengano. Fulano y Mengano deben verlo así, pero los financiadores públicos también, lo vean o no Fulano y Mengano. Por si el desastre fuese pequeño, se da pie a acusar a los financiadores de estar favoreciendo a lo privado a costa de lo público. La acusación suele ser una tontería (las Universidades privadas van a lo suyo, con sus precios), pero los problemas reales, que sería cosa de reflexionar y contar y repartir bien las habas, se envenenan política e ideológicamente. Y ya ni siquiera son abordados con una mínima objetividad.

Para no alargarme, trataré brevísimamente del tercer objetivo de “la recortada”: las becas de investigación y los proyectos de I+ D. Lo que quiero decir es sencillo: el dinero del Estado -me refiero ahora al Estado central- para becas de investigación y proyectos competitivos nacionales de I+D no debería reducirse ni un euro, precisamente por la naturaleza de la crisis económica.  Han llevado la Investigación, con rango de Secretaría de Estado, a un rebautizado Ministerio de Economía y Competitividad. Hagan, pues, honor a lo que eso supone. Las Universidades públicas (las privadas, en general, no se preocupan de eso) son en España un lugar relevantísimo de investigación. No sé -ni me hace falta saber- si las Universidades superan el volumen de investigación del Centro Superior de Investigaciones Científicas y de otros centros de investigación. Sé de sobra que si disminuyen los recursos para investigación (básica y aplicada) en las Universidades, a través de las becas de investigación y de los proyectos de I+D, nuestros dirigentes políticos están mintiendo y, puestos a apostar, como tanto les gusta ahora, no apuestan por el futuro de España. No tiene vuelta de hoja. [Por descontado, me parecerá muy bien que desaparezca la incipiente cultura en virtud de la cual algunos profesores, autoerigidos en "investigadores principales", consideran que con unos cuantos papeles vale para conseguir unos eurillos que permitan pequeños desahogos: pero eso no requiere mermar los dineros para proyectos, sino sólo seleccionarlos decentemente.]

Eximios miembros de nuestra clase política dirigente: ante lo que aquí se ha escrito pienso, con el máximo esfuerzo de sinceridad y honradez intelectual, que no tienen Vds. otro discurso que oponer que no sea el de la demagogia, extrapolando a todo y a todos los muy conocidos defectos de nuestras Universidades públicas. Vds. saben que esa extrapolación, ese ataque indiscriminado a la Universidad -ya iniciado por lenguas insensatas y cerebritos rellenos de serrín- es muy injusto, más aún que la descalificación general de la clase política a cargo de “los indignados”. Deben Vds. saber que esa demagogia -denostando a nuestras Universidades públicas en su conjunto o a varias en particular- es también muy mala para la “marca España” y muy negativa, mortal, para nuestra realidad dentro de un simple lustro. Vds. verán.

UNA GRAN PARADOJA: ANTE LAS ELECCIONES, “APAGÓN” DE LA POLÍTICA

“LISTAS”, MINISTERIOS Y SECRETARÍAS DE ESTADO, ÚNICOS OBJETIVOS POLÍTICOS

UN MOMENTO HISTÓRICO EXCEPCIONAL, AFRONTADO SIN PROYECTO

Hace muchos años, cuando tuve mi primera y última experiencia, muy intensa, en un desaparecido partido político (experiencia de la que no me arrepiento, porque aprendí bastante y, sobre todo, porque acerté a ponerle fin), descubrí -y probablemente lo dejé escrito en alguna parte- que es precisamente en período electoral, en sentido amplio, cuando en los partidos políticos se habla menos de política. De hecho, sólo algunos idealistas -no sé si quedarán muchos- piensan y trabajan en los grandes asuntos de la vida pública (los que son o deberían ser objeto de la actividad política), generalmente para formular un programa electoral. La inmensa mayoría de los políticos -los importantes, los profesionales- se dedica, mientras tanto, bien a lograr un puesto en las listas electorales que les garantice ser Diputados, Senadores o Concejales, si no aspiran a ganar, bien, si piensan que ganarán, a esto mismo y a “situarse” para ocupar cargos importantes en el Gobierno de España, el autonómico o el municipal (cuando el municipio no sea minúsculo).

Ahora, con elecciones generales el próximo 20 de noviembre, es exactamente eso lo que está ocurriendo. En realidad, el programa electoral no importa. Hay sí, cierto número de gerifaltes, reales o aparentes, pidiendo “papeles” para el programa sobre esto y aquello. Bastantes de esos papeles no llegarán a su destino, porque el que los ha pedido lo ha hecho para parecer importante ante unos cuantos conocidos y “situarse” personalmente, pero sin que nadie con influencia real le haya encomendado nada respecto del programa del partido. Otros papeles sí llegarán a destino, pero ni se leerán con mínima atención ni la calidad de su contenido tendrá nada que ver con que se les haga más o menos caso.

“Colocando papeles” se mueven especialmente bien, con eficacia e influencia, los más diversos “lobbys”, no sólo del ámbito económico, sino de otros muchos. Si pueden, los “lobbys”, que a veces no son sino una camarilla de amigos (así ocurre en relación con la Justicia, por ejemplo), actúan sobre el mayor número de partidos políticos, es decir, en términos de apuestas hípicas, juegan a “ganador” y a “colocado”. Lo que interesa a los “lobbys” es poder agarrarse, tras las elecciones, a un párrafo programático sobre su  materia, que muchas veces será de las que no aparecen en el debate público electoral. Los “lobbys”-camarillas buscan sólo situarse para la batalla por los cargos, carguitos y carguetes, que decía José María García en sus insuperables diatribas radiofónicas. Si las camarillas logran su objetivo, desde esos puestos harán lo que se les ocurra y ganarán unos buenos dineros.

Finalmente, la suerte de esos “papeles” -redactados algunos por gente muy valiosa y conocedora de su ámbito; otros, en cambio, por autoproclamados expertos, en realidad ignorantes, pero, eso sí, apasionados del alpinismo político- dependerá de a quien atribuye “el jefe” la confección del programa. Puede ser -casi milagrosamente- alguien con visión de conjunto y capacidad de discernir entre unas propuestas y otras, pero es mucho más frecuente que se elija simplemente a un cargo del partido, de confianza del “jefe” y con alguna fama de saber escribir deprisa. El “jefe” no siempre revisará el programa y, si lo hace, será por encima y más para quitar lo que no le guste que para añadir algo que considere que falta o cambiar lo que se dice sobre esta o aquella materia.

En campaña electoral, la formulación de una propuesta coherente de gobierno, la toma de posiciones sobre los principales asuntos públicos, es una actividad completamente secundaria en los partidos políticos. Lo principal, por encima de reuniones y decisiones de táctica y estrategia -es decir, seamos claros, de la “imagen” que se quiere “vender”- es la pelea interna por estar en “puestos de salida” en las “listas”, esto es, en las candidaturas al Congreso y al Senado y, en los que se consideran a sí mismos más importantes y valiosos, por ser Ministro de esto o de lo otro (no crean que son muchos los que están bien dispuestos a ser Ministros de cualquier cosa, no) o Secretario de Estado, si llevan menos tiempo en el partido o están en las huestes de algun “importante”.

“Puestos de salida” en las “listas” son aquellos que, en la hipótesis del peor resultado en la circunscripción de que se trate, tendrían, por la Ley D’Hondt, suficientes votos para ser Diputados o Senadores. También aquí bastantes aspirantes tienen sus preferencias, de modo que no les da igual ser Diputados por Madrid que serlo por Salamanca, ni ir con el número 1 que con el número 3, aunque se trate de “puestos de salida”. Quizá al final se conforman, pero riñen y patalean mucho.

Ahora mismo, mientras sigue su trámite la reforma del art. 135 de la Constitución Española, que ha constituido, como aquí ya se dijo, una “apertura del melón” constituyente, con el contenido ya expuesto y con fallos de forma nada desdeñables, mientras REPSOL cambia de manos con ánimo de trocearla en beneficio de uno de los "emperadores del ladrillo", el Sr. Rivero, atornillado al poder (otra "jugada" demencial, como la de ENDESA), la actividad política que ocupa al  mayor número de “pesos pesados”, semipesados, welter, etc., de nuestra clase política es ésa de las “listas” y de la muchedumbre de futuros Ministros y Secretarios de Estado circulando con gran seguridad por el tinglado de la antigua farsa. Yo, sin ir más lejos, tengo noticia de varios futuros Ministros de Justicia, dos o tres inminentes Fiscales Generales del Estado y un par de docenas de venideros Magistrados del Tribunal Constitucional. De futuros Ministros de Educación, nada, porque la Educación es de los toros que nadie quiere lidiar (habrá gente al acecho, seguro, pero no se habla de eso, de la Educación).

UN MOMENTO HISTÓRICO EXCEPCIONAL AFRONTADO CON SIMPLES RUTINAS, SIN PROYECTO

Soy consciente de que nada nuevo les habré contado hasta ahora a muchos lectores de este blog. Lo nuevo y asombroso es que no haya ninguna novedad cuando este país padece una crisis plurifacética sin precedentes y el mundo entero está patas arriba, con el Gigante de Occidente francamente maltrecho (a causa, sobre todo, de dirigentes sin categoría intelectual y moral) y con Europa a la deriva, por mucho que Merkel y Sarkozy simulen saber adónde quieren ir. Lo nuevo es que cuando la crisis de la economía real es tremenda, el paro no cesa y la indignación y el descontento -de unos y de otros- crece cada día, se advierta con deslumbrante claridad que nuestros dirigentes políticos y sociales siguen sin apartarse un ápice de sus rutinas de décadas, sin impulsar ni desear siquiera -el desinterés se palpa- el menor esfuerzo de regeneración y recuperación de nada.

Me parece que desde 1978 -y quizás incluso desde antes, desde la muerte de Franco en 1975- no se ha dado como ahora un momento histórico en que se necesite más el diseño en serio de planes y proyectos factibles –a la vez prudentes y audaces- para dar a los habitantes de España motivos fundados de esperanza en un porvenir mejor. Todos hablan de globalización e internacionalización, pero a nadie, entre nuestros dirigentes, parece moverle a un estudio y reflexión serios lo que está ocurriendo en los EE.UU. y en México, en Libia, Siria e Irán, en Afganistán, en Corea, Japón o Filipinas, en Rusia o en China, por poner algunos ejemplos de grandes cambios en enorme medida desconocidos y formidablemente inquietantes. Aquí no salimos de la situación financiera, de la Bolsa, del diferencial con el bono alemán, del déficit público y, últimamente, de los “recortes” del gasto público. Y son temas de mucho calado, sin duda, pero no son la cuestión principal. La cuestión principal no es que el Estado no gaste mucho más de lo que ingresa. Eso es algo absolutamente necesario, pero no menos absolutamente instrumental. Los muchos y muy serios interrogantes -qué educación, qué Justicia, qué libertades y qué deberes, qué política exterior, qué fuentes de energía, etc.… queremos  y podemos tener- son sintetizables en una pregunta -susceptible, a su vez, de diversas formulaciones, que podría abreviarse al máximo en dos palabras: ¿PARA QUÉ?

Han recortado retribuciones, han podado y van a podar superestructuras político-administrativas, van a hacer más reformas legales sobre el mundo económico. Bien: pero, ¿PARA QUÉ? ¿Cuál es el proyecto general al que pretendidamente sirve todo eso? En términos muy prosaicos, en términos de contribuyente: “Vds. me pagan menos o Vds. me gravan más (o ambas cosas) y Vds. me dicen qué dineros -dineros de todos- no van a seguir malgastando. Muy bien. Pero ¿por qué no me dicen en qué van a emplear el dinero -de todos- que sí recaudarán y gastarán? Díganmelo no con los DVD de los Presupuestos Generales, en que aparecen todas las cifras. Díganmelo de manera que lo entienda, cuéntenme su plan.” Pero de eso, nada, amigos. Siempre, es verdad, hay algunos, a derecha e izquierda, que tienen un plan, pero, por desgracia, esos planes que se intuyen -porque no se explican- responden a recetarios caducados, revelados como ineficaces si no dañinos. No receten ya ni más privatizaciones ni más gasto público.

Termino con dos ejemplos. Primer ejemplo: el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid decide aumentar las horas lectivas semanales de 18 a 20 a los profesores no universitarios (lo digo negativamente para simplificar). La noticia primera de la decisión, en todos los medios, es ésta: grandísima protesta de miles de profesores con amenaza de huelga a comienzos del curso escolar. Después, van ofreciéndose explicaciones troceadas por unos y por otros, con el problema ya enconado y la sociedad ya alarmada y dividida, con perjuicio de toda la enseñanza, la pública y la privada. Dña. Lucía Figar, Consejera de Educación, dice: “teníamos que elegir entre contratar interinos o pagar las becas”. Es una plausible e inteligible síntesis explicativa. Pero, ¿no se hubiera podido y debido explicar a fondo y públicamente la medida, dentro de un contexto general (sin duda existente), antes de comunicarla por carta a los sujetos pasivos? ¿Cómo unos presuntos políticos avezados permiten que se les presente como desentendidos nada menos que de la educación de los niños? No creo que sea (o que sea sólo) una mentalidad de “ordeno y mando” (muy agudizada cuando se dicen a sí mismos “no hay más remedio, hay que recortar todo lo posible”) lo que ha conducido a una penosa torpeza -incluso electoral en periodo electoral: ¡el colmo!-; es, sobre todo, la ausencia de un plan que vaya más allá del recorte del gasto.

[Inciso: ¿no es exigible al menos la responsabilidad política, cuando quienes recortan son los mismos que alargaron, los mismos que se apalancaron y ya no pueden pagar y ya no les fían? Lo digo en general, pero, por seguir con el ejemplo, si 3.000 profesores interinos no pueden ser nuevamente contratados como tales so pena de no poder pagar las becas, ¿no tendría que saberse cómo se llegó a contratar a 3.000 interinos, cuando, al parecer, no eran necesarios -eso nos dicen- si los profesores titulares diesen dos horas más de clase a la semana?]

Segundo ejemplo: el primer Gobierno del Sr. Aznar afrontó con fuertes recortes el gasto y el déficit público con que se encontró. Y tuvo éxito. Pero ¿cuánto se tardó en volver a las andadas? Unos pocos años. La segunda legislatura del PP, la de la mayoría absoluta, ya inició el desatino y, a partir de Zapatero, todos -salvo el nonagenario gurú Stéphane Hessel, que ha escrito dos opúsculos sin mucha chicha, la verdad- saben a dónde hemos llegado: a una situación crítica que no es únicamente económica. La Política no trata -no va, dicen ahora- de tener bien las cuentas, ni las privadas ni las públicas. Eso es cosa de contables y debe darse por sentado. La Política trata de muchos aspectos de la vida de todos, y se vertebra en torno a ideas y proyectos, para los que se necesitan fondos, públicos y privados. Tener fondos sin ideas ni proyectos razonables conduce a catástrofes. A la vista está. Y las catástrofes no se remedian sólo cuadrando las cuentas y apretándose los cinturones (los que ya los llevaban ajustados). Gastar menos sin saber qué hacer, sin saber qué se quiere procurar, sería, simplemente, como ir por la vida ciegos y además mal comidos.

Dejo para otro día un gran asunto, quizá el gran asunto. Dicho en negativo, ese asunto es la corrupción, que no consiste sólo en cohechos y sobornos. Dicho en positivo, hablo de la necesaria y en verdad básica regeneración moral de la vida pública. Son desde hace tiempo muy autorizadas las plumas y las voces de quienes han señalado que la gran crisis, la nacional y la mundial, la económica y la política, corruptora del mercado, de la democracia y del Estado de Derecho, es, ante todo y sobre todo, una crisis ética. Vengo advirtiendo sobre esa crisis desde hace mucho tiempo. Pero, como digo, sobre esto habrá que volver despacio. Hoy me despido con un mero toque de actualidad: que los dirigentes del Partido Popular no se olviden de la corrupción porque un señor Magistrado, mi antiguo amigo Antonio Pedreira, haya producido unas llamativas resoluciones de sobreseimiento provisional de tres ex-altos cargos del PP.  

LA DEBACLE EDUCATIVA: DE DÓNDE VENIMOS Y A DÓNDE IRÍAMOS A PARAR

CONTRA LA APOTEOSIS DE LA ESTULTICIA EDUCATIVA…Y JURÍDICA
(y II)

Personalmente, apreciaría y agradecería, al igual que otros muchos miles de personas, comenzando por miles de profesores universitarios, que todos los poderes públicos con competencias en materia educativa -las Universidades habrían de empezar por ellas mismas, dada su autonomía- se preocupasen de afrontar con el necesario arsenal jurídico la plaga fraudulenta del “copieteo”, en vez de concentrarse en pertrechar de derechos (más que dudosos) y de garantías (bastante estultas) a los sinvergüenzas que hacen trampas de trilero o a los profesionales de las innovaciones tecnológicas aplicadas al fraude en los exámenes.

Este enfoque es el propio de quienes no nos hemos incorporado a las filas de los ejércitos de la estulticia, aliados y casi confundidos con los ejércitos de la que llamaría la Máxima Facilidad Igualatoria (no igualitaria, ¡ojo!), que, por imperativos, no educativos ni pedagógicos ni científicos ni de difusión del conocimiento, sino de una ideología de gran interés psiquiátrico, se empeñan en el imposible de que todos tengan de todo sin relación con el esfuerzo personal y están activamente dedicados a eliminar situaciones humanas diferentes (titulación diferente, cultura diferente, conocimientos diferentes) y, entre ellas, la diferencia que supone el fracaso escolar de unos alumnos (de cualquier clase) frente al éxito escolar de otros. Por el “ideal” de la eliminación de ese fracaso escolar, no tienen inconveniente alguno en que el sistema educativo entero sea un total fracaso, arrastrando al de la sociedad y al del Estado.

No hay nada que hacer con los militantes de este singular fanatismo igualatorio (no igualitario, insisto): nunca reconocerán las catástrofes en “efecto dominó” causadas por sus iniciativas. Y, ante el resultado de un país como España, no exento de notables recursos (pienso, sobre todo, en los “recursos humanos” y en las infraestructuras, incluidas las del sistema educativo), pero aceleradamente deteriorado hasta un punto de gran debilidad cultural, social y económica, lo que harán -lo que hacen- es jactarse de “política social”. Es una jactancia casi increíble, porque, a gran velocidad, la sociedad va siendo más débil en todo lo que la haría fuerte (educación, valores, civilidad), pero es una jactancia real y se diría que tan agresiva como infundada.

En esa línea ideológica de la igualación contra natura y contra toda razón se mueve la ocurrencia de la Hispalensis sobre los exámenes. E insisten los áulicos consejeros de la Universidad de Sevilla en defender su invento para el "copieteo". No es jurídicamente aceptable -nos dicen- que un alumno suspenda una asignatura -algo muy gravoso- a causa de que un profesor que vigila un examen advierte que ese alumno está “copiando” en sentido estricto y clásico (de “chuleta” más o menos sofisticada: en soporte papel o digitalizada y visible en una pantallita) o en sentido amplio y más moderno, porque escucha lo que se le dice o dicta por una o varias personas (a quienes, por cierto, en la jerga de la radio, se diría también que les “copia”). Con esta argumentación, el fundamento de la reglamentación de la Universidad hispalense no sería ya sólo ni principalmente preservar la integridad del “derecho a examinarse”, sino la afirmación de que, por ser sancionador o simplemente por ser gravoso, el “suspenso” no puede ser impuesto sumariamente por el profesor o profesores que vigilan un examen.

Hemos oído también, en las últimas horas, algunos elementos más de este entramado garantista iniciado por la Hispalensis. Por ejemplo, a quien se le encuentra en el uso de una “chuleta” en soporte papel, se le puede incautar esta suerte de corpus delicti. Pero si la “chuleta” es electrónica y se halla en las entrañas de un dispositivo como un teléfono inteligente (llámesele como se quiera) o se está escuchando un tema del programa de la asignatura previamente introducido en un Ipod, la incautación del aparataje no puede producirse en la medida en que esos dispositivos albergan datos personales, sujetos a especial protección. Estos personajes del hipergarantismo universitario son tan "modernos" que se les ocurre alegar la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, antes que el Código Civil, en el que se trata de la posesión y la propiedad de los bienes muebles.

La situación -siempre, por supuesto, tranquilos todos, bajo control del "Gobierno de España"- nos parece  a unos cuantos, pese a ese "control", muy grave. Y es conveniente analizar cómo hemos llegado al presente estado de cosas. Ahí va mi síntesis. Durante muchos años, la escuela y la Universidad (la Universidad sobre todo) vivieron sobre el doble fundamento de normas consuetudinarias (costumbres, en sentido jurídico) y autoridad, en el sentido de autoridad intelectual y moral, de “auctoritas” (diferenciada de la “potestas”). Esa autoridad o “auctoritas” era y es, si se me permite decirlo a mi manera, como la fuerza tranquila derivada del prestigio socialmente reconocido. Con esos dos elementos -unas reglas razonables muy antiguas y la autoridad moral- era suficiente para el funcionamiento ordinario. Si dos alumnos insistían en mantener en clase una particular tertulia, podías invitarles a abandonar el aula. La abandonaban y nadie protestaba. Si “pescabas” a alguien copiando (con métodos tradicionales o con instrumentos electrónicos), el examen se acababa para ellos y se consideraba que lo habían suspendido. Quizá los “copiotas” incoaban una protesta, pero el profesor o los profesores del caso se podían mantener firmes y no pasaba nada. Después, se incoaba o no (últimamente pocas veces) expediente disciplinario académico y terminaba de un modo u otro, pero, en todo caso, se podía lograr, sin necesidad de heroísmos, un buen nivel general de observancia de ciertas normas sensatas y justas. Y, desde luego, los delincuentes del "copieteo" no aprobaban si eran sorprendidos con las manos en la masa. Y tampoco aprobaban aquéllos que habían sido descubiertos como autores de "cambiazos" en exámenes escritos o como protagonistas o beneficiarios de suplantaciones de personalidad.

Pero como quiera que, por la deriva de las aberraciones en los niveles educativos previos a la Universidad y sus consecuencias de sobra conocidas, las buenas costumbres cada vez han ido valiendo menos y la “auctoritas”, aunque se tenga (que no se tiene, en bastantes casos), ha venido a ser ignorada o pisoteada (bastante más, curiosamente, por niñitos/as y niñatos/as "pre-universitarios" que por los estudiantes universitarios, gran parte de los cuales se han recuperado en la Universidad, superando su prolongada adolescencia estulta e indolente, desarticuladora de su personalidad), como todo eso, digo, ha sucedido, hace falta ante todo detener las ocurrencias estúpidas y, a la vez, establecer sin demoras, puestas negro sobre blanco, unas pocas reglas indiscutibles por gente mentalmente sana. A mí me parece que hay dos fenómenos cuya grave ilicitud (con sanciones rotundas) debe quedar meridianamente clara: el plagio (para los profesores) y el “copieteo” o analogados, para los alumnos. Unas reglas que no incluyan esos dos indignos comportamientos serían muy defectuosas.

Está, por otra parte, el problema de la autoridad. En su momento, me pareció sustancialmente certero el proyecto madrileño de considerar legalmente autoridades a los profesores. Confío en que lo logren porque lo que proponen es necesario, no tanto para sancionar más duramente al papá que insulte o atice al “profe” de su perfecta criaturita, como para que todos los profesores puedan, jurídicamente, hacer lo que tienen que hacer, por la naturaleza de su función. Quiérese decir que, a mi entender, el carácter de autoridad de los profesores sólo debería depender de que lo sean (no es difícil concretarlo) y no de que sean profesores-funcionarios. Y para poder hacer lo propio de la función de profesor, es necesario que lo que éste diga, respecto del ejercicio de sus funciones, goce de la llamada “presunción de veracidad”, a la que, entre otros, se refiere nuestro estimado colega, el “profesor anecado”. Así, cuando el profesor diga que fulanito copiaba, esta declaración no tendrá menos valor que la denuncia de un policía municipal por aparcar en un vado o saltarse un "ceda el paso".

A partir de ahí, del estatuto legal de autoridad, nada extraño sería que el profesor pudiese (o más bien debiese) expulsar del aula inmediatamente a los “copiotas” (tarjeta roja  y fuera) y, en su caso, hacer depositar el Ipod o el smartphone (y los auriculares) con que se ha “copiado” en la Secretaría de su Centro, a la espera del expediente sancionador que corresponda.

Quedó pendiente, en la anterior entrada, la pregunta “¿hasta dónde vamos a llegar”? referida al camino materializado y ejemplificado en la ocurrencia de la Hispalensis (que, según leo, va a ser reconsiderada y quizá plenamente rectificada: ójala). Sobre ese interrogante, no es atrevida profecía afirmar que, si las mesnasdas de la estulticia y de la facilitación ultraigualitaria no encontrasen resistencia, llegaríamos pronto en España (en otros países no están tan "avanzados") a la supresión de los exámenes, sólo verbalmente sustituidos por una “evaluación continua”, que enseguida sería “autoevaluación”, es decir,  nada. Y llegaríamos también, prontamente, al socaire de Bolonia o incluso sin disfraz europeísta, a la total sustitución de los vestigios de Universidad (clásica, la de siempre, la fetén en su idea matriz, por muchos defectos de ejecución que presente) por unas Universidades meramente nominales, de aspecto y de contenido similares a los “peque-Campuses” que ya existen: una especie de guarderías en las que los profesores habríamos de entretener lúdicamente a los “jóvenes”, sin exigirles esfuerzos intelectuales y entregándoles periódicamente grados, diplomas y certificados en ceremonias con lanzamiento al aire de birretes y posterior barbacoa-botellón. Simultáneamente, proliferarían los ya prósperos grados y másteres “on line”, con autoevaluación “on line”, muchos organizados por Universidades con enseñanza “presencial”, a la que la cosa "on line" va arrebatando los “clientes” de toda la vida. Pertenece, en cambio, a la profecía más arriesgada afirmar o negar si algunos académicos y empresarios se marginarían y lograrían organizarse para ofrecer a unos pocos algo semejante a lo que ofrecía Platón a sus discípulos (es un ejemplo), pero con imprenta inventada y otros muchos medios más. Es decir, podría ser, pero también podría no ser, que en la sociedad se acabasen generando sustitutivos de la Universidad clásica extinguida.

En todo caso, si de verdad se quiere genuina innovación, investigación de categoría, avances del conocimiento científico y excelencia del aprendizaje, hay que dar un sonoro portazo a la bazofia educativa y antropológica y abrir de nuevo las puertas a una, digámoslo con lenguaje moderno, cultura del esfuerzo. Eso implica reafirmar a las claras los deberes, sin pamplinas ni monsergas y poner en su sitio bastantes falsos derechos.

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PS. En medio de esta barahúnda de la norma sevillana sobre exámenes, sigue en marcha, no se sabe muy bien con qué curso, una negociación PSOE/Gobierno-PP para un “pacto de Estado” en materia educativa. Ese pacto será, en teoría, todo lo necesario que se quiera, pero, a tenor de lo que hacen y dicen los actuales gobernantes y de lo que declaran los del PP, a mí me parece temible, muy temible. Aunar unos malos criterios muy firmes con la falta de ellos o con criterios movedizos en puntos clave no es ninguna buena combinación. Me remito a los pésimos frutos del "pacto de Estado por la Justicia" y a los últimos bandazos del PP nacional: primero prometen, imprudente y poco sensatamente, acabar con la "Educación para la Ciudadanía" y poco después parece que han pensado mejor el tema  y matizan mucho: nunca es tarde si la dicha es buena, pero a la gente no se la debe desorientar y maltratar. Aunque para descriterio en el PP, el ultimísimo, relativo a la mal llamada "Ley Sinde". Si se han dejado engañar por el "control judicial" que en este "blog" se ha analizado, no puedo fiarme de sus "ideas" educativas. No soy rencoroso, pero me es muy difícil olvidar que con un Gobierno del PP, por empeño personalísimo de una Ministra empecinada en apoyar al Sr. Crespo (y pese a lo que dijesen cualificados militantes y dirigentes "peperos") comenzó la ANECA, entusiásticamente heredada después por el PSOE. Y hubo otras genialidades "populares", de las que no quiero acordarme.