“ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN”, “ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN” Y
“TASA DE ÉXITO”.
LA OPRESIÓN DE UNOS “EVALUADORES EDUCATIVOS” QUE NO EDUCAN
NI EVALÚAN RACIONALMENTE
Quizás se habrán
extrañado los seguidores de este “blog” de mi largo silencio sobre asuntos
educativos y, más concretamente, universitarios. Quiero dejar claro ahora que
ese silencio no se ha debido ni a desinterés ni a conformismo. Si no he dicho
nada aquí de lo que viene ocurriendo en mi esfera profesional y vital —son ya
46 (CUARENTA Y SEIS) los años que llevo en la Universidad, sin interrupción,
desde que terminé la carrera de Derecho—, se ha debido a que, para la más
elemental protección de mis vísceras estomacales e intestinales y de mi
equilibro nervioso, procuro pensar lo menos posible en lo que cada día veo (y
soporto, en parte) y en lo que veo que muchos otros, queridos compañeros, a
diario se ven obligados a hacer y soportar, más que yo, porque, al fin y al
cabo, estoy a pocos años de la jubilación y tengo todos los trienios y
quinquenios posibles y casi todos los “sexenios de investigación” que pueden
ser reconocidos por las entidades presuntamente evaluadoras (una de ellas, por
cierto, la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, CNEAI,
ni siquiera responde a mi última solicitud remitida por correo certificado a
causa del constante fallo de sus cacareadas y obligatorias aplicaciones informáticas
“on line”: ya no se respetan ni las más elementales normas de la más básica
cortesía y consideración: estos “autoridades modernas” son de una prepotencia
formal superior con mucho a la de las autoridades franquistas).
Prosigo, tras
este inciso de desahogo y mínima denuncia de la grosería burocrática. El caso
es que no hay antieméticos que funcionen conmigo si pienso un poco en lo que
está ocurriendo en la Universidad y, concretamente, contra el profesorado
universitario. No conviene abusar del omeprazol (ni de otros fármacos), pero es
que el panorama, si lo contemplo expresamente por más de cinco minutos, me
revuelve dolorosísimamente las tripas, que se saturan de corrosiva acidez. Y se
me irrita al extremo ese colon irritable, que todos tenemos, en mayor o menor
medida. Y, por descontado, no hay tranquilizante, anxiolítico ni antidepresivo
capaz de librarme (excluyo sobredosis con efectos indeseables de catatonía) de
graves perturbaciones nerviosas, anímicas y psíquicas si no eludo habitualmente la consideración de lo
que me rodea en la Universidad.
Dicho lo anterior
como explicación de mi habitual silencio, a veces ocurren cosas que, como suele
decirse, hacen hablar al mudo o, en
mi caso, me determinan a correr los riesgos que acabo de describir. No es sólo
que estomague y encrespe el hecho de que, puestos a evaluar la actividad
académica, resulte un factor determinante de valoración adversa no haber
participado en una gran cantidad de cursos sobre “innovación educativa”,
cuando, además, esos cursos muy poco o nada positivo aportan sobre la enseñanza
de muchas materias (p. ej., jurídicas, filosóficas, etc.) si es que no llegan a
incluir, como ha ocurrido, consejos terriblemente disparatados, como el de
prescindir de los libros (lo que en Derecho y en otros ámbitos, es
sencillamente letal y contrario a una experiencia de muchos siglos en todos los
países civilizados y cultos del mundo). Tampoco se trata únicamente de soportar
sin náuseas que la evaluación positiva de un docente e investigador
universitario dependa de haber ocupado u ocupar cargos académicos, cuando ni todos los
profesores pueden ocupar cargos ni tienen por qué ocuparlos para ser excelentes
profesores: sucede, más bien, que mientras se ocupan bastantes de esos cargos,
disminuye el tiempo disponible para investigar y preparar (con preparación
próxima y también remota) buenas clases de todo tipo. Pase, no obstante, que se
incentive razonablemente el desempeño de trabajos directivos. No es admisible,
en cambio, que los incentivos por ese concepto se igualen con otros datos
docentes e investigadores. Y resulta ya irracional, si no inicuamente favorecedor
del amiguismo entre autoridades académicas, que no haber desempeñado cargos se
alce como un obstáculo para la valoración positiva. Por añadidura, este
criterio de baremación es discriminatorio en perjuicio de los profesores de
Universidades de tamaño grande o mediano, donde hay menos cargos a repartir entre más personas.
Otra importante
majadería es la de sobrevalorar las llamadas “estancias de investigación” y la
de no puntuar como “estancias de investigación” las que no superen el mes, se
trate de académicos dedicados al Derecho Mercantil, microbiólogos o botánicos.
Con el desarrollo de las comunicaciones, salir
al extranjero —que es siempre entre “interesante” y “muy interesante” salvo
para gente incapaz de observar y aprender— no puede ser prácticamente obligatorio
para cualquier progreso en toda carrera académica universitaria. Por su parte,
la duración superior a un mes, como criterio fijo y general, carece de todo
sentido. Habría que tener en cuenta siempre el objeto de la investigación, el
conocimiento del idioma extranjero cuando sea distinto del propio y otros
factores: así, un mes puede ser poco o demasiado. Muchas veces, una semana es
más que suficiente como tiempo para lo que requiere de verdad la investigación
de que se trate y en otras ocasiones, un mes ni siquiera puede servir para
introducirse en el asunto en cuestión. Además, no es raro que los profesores de
Derecho y de otras materias puedan, al acudir a Universidades distintas de la
suya, disponer de bibliotecas y otros recursos, de cantidad menor y calidad
inferior a los materiales que tienen a mano en su Universidad. En estos y otros
parecidos casos, la “estancia de investigación” es simple turismo universitario. Se me ocurre, por último, que, tanto cuando
los recursos económicos eran razonables, como en estos tiempos de “austeridad”,
el factor de las “estancias de investigación” resulta discriminatorio por
motivos económicos y desprecia enteramente la atención que merecen diversas
circunstancias personales (sobre todo, las familiares y las de salud: es real y
no aislado el caso de un esforzado y meritorio profesor, sometido a constantes
diálisis, que durante varios lustros no ha podido ni pensar en alejarse algunos
kilómetros de su lugar de residencia y trabajo).
Con ser todo lo
anterior inaceptable y difícil de sobrellevar, recientemente he visto algo aún
peor, que no es que resulte poco inteligente o racional, sino ya del todo
idiota. He visto cómo excelentes profesores, muy positivamente valorados por
los alumnos en encuestas serias sobre su calidad docente (siempre, claro es, a
la búsqueda de la cacareada “excelencia”), han recibido objeciones relevantes
por falta de “participación en actividades de coordinación”. El concepto mismo
de este supuesto mérito ya resulta chusco o más bien grotesco. La calidad de la
enseñanza nada tiene que ver con participar mucho, poco o casi nada (algo de
coordinación es forzoso que exista) en “actividades de coordinación”. Si lo que
hace el profesor para que sus alumnos aprendan es adecuado al programa, si la
puntualidad y el cumplimiento de los deberes resulta impecable (y así se reconoce),
si los mismos destinatarios de los esfuerzos del profesor valoran muy
positivamente esos esfuerzos, ¿qué importa participar más o menos en “actividades
de coordinación”, siendo de difícil entendimiento, para empezar, cuáles pueden
ser esas “actividades” y de qué “coordinación” se está hablando? Pues, lector,
no ya por entidades externas a la Universidad, sino desde dentro de ella se
castiga, de hecho, a excelentes profesores por ausencia o poca entidad de ese
pretendido “mérito”. ¿No les parece, lectores, que tal castigo es, como les adelantaba, algo que hace hablar al mudo?
Pero aún falta
lo peor, la apoteosis del absurdo, la claudicación plena de cualquier idea decente
de la Universidad y de toda otra empresa educativa. Me refiero a la
bonificación del profesorado por una alta “tasa de éxito” y a su penalización por
una “tasa de éxito” menos alta o baja, que sería fracaso. Dicho en román
paladino: cuantos más o menos alumnos aprueben, más o menos “tasa de éxito”.
Así que ya lo saben: del “fracaso escolar” (el de los escolares, hay que
suponer) se ha pasado a hacer relevante el éxito del profesor, que no lo miden
los alumnos con sus encuestas, con su consideración de sus profesores, con las
pequeñas distinciones que pueden otorgar a quienes han apreciado más, como es
el caso de la designación como “padrinos” de una promoción para esos llamados “actos
de graduación” (con orla incluida) que se están imponiendo por doquier. No: el
éxito del profesor es medido según el número de alumnos matriculados (no
necesariamente reales y, muchas veces, con poco que ver con los reales) que
aprueban en las diversas convocatorias e incluso el número de alumnos
matriculados que se presentan a examinarse. “Suspensos” y “no presentados” son
el térmómetro exacto del “éxito” y de la “excelencia” del profesor para los
evaluadores de la calidad de la enseñanza. Y esa “tasa de éxito” o de fracaso
es relevante para la promoción de los profesores.
La benignidad en
las notas, incluso si llega a ser una benignidad maligna, por perniciosa para
la sociedad, es la clave del “éxito” y de la “excelencia” del profesor. ¿Es Vd.
lo que siempre se ha llamado un “coladero”? Pues, ¡Vd. sí que sabe lo que es pedagógicamente correcto! ¡Vd. sí que
sabe manejarse en la modernidad! ¡Vd. sí que sabe, a secas: sabe lo que le
conviene! No importa que los alumnos reales, los que fueron encuestados
minuciosamente sobre la enseñanza de un profesor, incluidos los que no han
aprobado, los que han sido suspendidos, califiquen a ese profesor con las más
positivas apreciaciones. Si el profesor suspende a algunos o a bastantes, su “tasa
de éxito” es mala, su puntuación mengua y yerra en el camino oficial hacia la “excelencia”…
oficial.
Por supuesto, a
la Oficina para la Excelencia Docente
(llámese como se llame) le da lo mismo, en cuanto a los alumnos matriculados
que ni siquiera se presentan a examen, si se trata de una asignatura impartida
al comienzo de la carrera (boloñesa o no) o si es asignatura de las que se
cursan al final, lo que en algunas carreras (Derecho, por ejemplo) puede
explicar y explica un número de matrículados especialmente alto y una gran
desproporción entre éstos y los que realmente acuden a la Facultad o Escuela y
se examinan. Hay personas que están procurando, muy legítimamente con
frecuencia, culminar una carrera universitaria mientras trabajan y su ritmo de
avance es más lento, sin que se les pueda dirigir reproche alguno: al
contrario, las autoridades que constituyen y amparan la Oficina para la
Excelencia deberían agradecerles que pague las tasas.
Con estos
planificadores y evaluadores, que idean y aplican parámetros disparatados, ¿cómo
es que quienes los permiten y los apoyan se atreven luego a hacer propaganda de
pifias tremendas cometidas por titulados universitarios en las oposiciones? ¿No
habrá alguien con simple sentido común, por raro que éste sea, que ponga fin a
tantos dislates? ¿No habrá quien liquide la opresión de la estulticia? Espero
que sí, porque como tenga que volver a escribir al respecto, con lo que me
cuesta, es seguro que a los genios de la evaluación opresora les escocerá más
que hoy.
