UNA ESPAÑA CONVULSA A CAUSA DE PROPUESTAS IMPRUDENTES
(ESTADO FEDERAL, "¡FUERA LA CONSTITUCIÓN!" Y TRASPASO DEL "PODER JUDICIAL" AL TRIBUNAL SUPREMO)
Vaya por delante una
conveniente información. Cuando se gestaba la Constitución Española (CE) vigente,
de 1978, escribí y publiqué, en bastantes diarios y semanarios e incluso en
alguna revista especializada, muchas páginas con críticas y objeciones (e incluso
algunas fueron tenidas en cuenta).
Puse a borrador y
anteproyecto de CE duros reparos en cuanto al método. Vean, por ejemplo:
«“Qué democracia es ésta en la que los ciudadanos ignoran dónde está de
veras cada cual? ¿Se pueden llevar las técnicas “consensuales” (esto es, las
pseudoconsensuales, que ciertamente, eluden la democracia y, lejos de consolidarla,
aplazan su simple presentación al público) al extremo de un “conclavismo” tan
habitual y de tal envergadura que permita sembrar la duda, nada menos que sobre
la consideración práctica que la unidad nacional y la forma de Estado merecen a
las diversas fuerzas políticas?»
«La democracia se falsifica, no sólo cuando no hay
libertad de información, sino también —más sutilmente, pero con mayor alevosía—
cuando no se facilita la información imprescindible para el enjuiciamiento de
la labor de los políticos. Cuando no se explica el significado que cada cual
concede al concepto “nacionalidades” o a la expresión “libertad de enseñanza”
o, en otro orden de cosas, cuando no expone cada uno su verdadera postura en
relación con las elecciones generales, después de la Constitución, o
cuando no se motivan los proyectos legales y el consenso secreto sustituye a la
explicaciones racionales, cabe concluir que la democracia se ha falsificado,
quedando reducida a un mero revestimiento formal, empobrecido y mínimo, de una oligarquía
despótica y, por añadidura, muy poco ilustrada”. (…)» (Falsificar la democracia, en Actualidad
Económica, 14 de octubre de 1978).
Pero me opuse también a
bastantes contenidos de la CE. Me parece que unas pocas frases, anteriores a la
interpretación expansiva de las previsiones del Título VIII (el famoso “café
para todos”, al que la CE no obligaba), serán expresivas:
«…un ministro del Gobierno, y de
los que suelen ser calificados como progresistas, no deja de decir que el
Título VIII de la Constitución (las autonomías) nos va a llevar, entre otras
cosas, a la suspensión de pagos del Estado. Esta opinión (…) es compartida por muchos
parlamentarios de UCD y hasta del PSOE (seriamente dividido ahora, no sólo por
el tema del marxismo, sino justamente por el tema autonómico), pero sigue sin
abrirse un debate que haga llegar al ciudadano medio los inconvenientes —¡y los
costes verdaderos!— del “proceso autonomizador”, cuya excesiva alegría advirtieron, desde el primer
momento, las mentes menos frívolas. No sólo no se abre debate, sino que ni
siquiera se facilitan cifras ni se fijan criterios elementales. Y, como este
tema, muchos otros más, bastantes de los cuales saldrán de la caja de Pandora
de la Constitución…» (España malhumorada, en Actualidad Económica, 30 de diciembre de
1978).
Supongo que queda así suficientemente
claro que no he sido nunca de los que pensaron o piensan que la Constitución
Española (CE) de 1978 es una maravilla compuesta por muchos grandes aciertos y con
muy escasos errores. Pero, aparte de que en el 2012 se engendraría una
Constitución mucho peor que la de 1978 (no puedo detenerme a explicarlo, pero
estoy seguro de ello), una cosa es la crítica del texto constitucional cuando
se está haciendo e incluso cuando lleva 34 años en vigor y otra, muy distinta, propugnar
o promover políticamente en un momento dado un cambio constitucional, sea por
reforma parcial de la Constitución vigente o mediante su sustitución por otra
enteramente nueva.
Los análisis y las
consiguientes valoraciones de una Constitución pertenecen, en sí mismos, al
ámbito de la producción intelectual. En cambio, cambiar realmente la
Constitución es una empresa netamente política, aunque no le falte un sustrato
intelectual. Y resulta elemental —más aún, es evidente para quien no esté jugando a casitas, sino tomándose en
serio la vida de un país— que la empresa política de cambiar la Constitución requiere
—más allá de muchas ideas de posibles cambios— una muy generalizada y sólida
convicción sobre la necesidad de colocar
al país en situación constituyente o, lo que es igual, un firme consenso al
respecto de los principales actores políticos. Y es preciso, además, que los previsibles
protagonistas del proceso constituyente estén en condiciones, por la situación
del país, de centrarse con serenidad,
durante cierto tiempo, en ese trabajo.
A mí me habría gustado
y aún me gustaría —en pura hipótesis— una Constitución distinta, en muchos
preceptos, de la Constitución de 1978. Algunos de nuestros problemas reales podrían
arreglarse o atenuarse con una Constitución nueva, aunque no todos ni mucho
menos los principales problemas: en eso discrepo por completo de los partidarios
de “¡Constitución nueva, ya”! Pero
ocurre, en todo caso, que no abrigo la más mínima duda de que no se dan en este
momento —ni cabe esperarlos de aquí a poco— ninguno de los presupuestos y
condiciones que hacen, no ya prudente y viable, sino simplemente no temerario, no
suicida, ponerse ahora a tumbar la Constitución de 1978 y a sustituirla por
otra. No hay consenso sobre el si ni
sobre el qué de una Constitución
diferente y el ambiente político difícilmente podría ser más opuesto a la mínima
serenidad que demanda el trabajo constituyente.
Hoy, por hoy, dados los
desacuerdos sobre innumerables preceptos de la CE (desde su Preámbulo hasta el
art. 80 incluido y muchos otros posteriores, en cuanto suponen dos Cámaras
legislativas, más todo el Titulo VI sobre el “poder judicial”) el único acuerdo
inicial de un proceso constituyente sobre el que podría registrarse el consenso
de millones de españoles, sean de izquierdas, de derechas o de centro, sería el
de limitar la reforma constitucional al Título VIII: “De la Organización
territorial del Estado”. Se trataría, a la vez, del cambio constitucional más
pertinente en relación con nuestros problemas pasados, presentes y futuros. Pero
ese consenso de ciudadanos que me parece probablemente existente sólo sería
eficaz si estuviesen debidamente representados en instituciones relevantes, que
no lo están. Además, ni PP ni PSOE están, de hecho, por esa labor de cambio
constitucional limitado: no están, por desgracia, ni siquiera por explorar juntos,
discretamente, esa posible reforma. Tienen incluso una división interna (las baronías territoriales ya son demasiado
fuertes).
Sin un amplio y sólido
acuerdo de las más importantes fuerzas políticas, cualquier cambio
constitucional de cierta envergadura agravaría enormemente nuestra apurada
situación, porque no tiene ningún efecto positivo dar una imagen de
inestabilidad política o, para ser más exactos, reforzar la impresión
de inestabilidad que, con buenas dosis de interés tendencioso, ya se está
fabricando y transmitiendo fuera de España, como ingrediente del complicado
juego (bastante sucio) de la política internacional que se entrevera con la
mega-crisis económica europea y mundial.
Tenemos un pavoroso
conjunto de problemas reales derivados de una clase política que no quiere reducirse (aunque es una falsedad y
una tomadura de pelo eso de los quinientos mil y pico políticos que hay en
España) ni reducir las estructuras del Estado (el Gobierno y la Administración
centrales, las Comunidades Autónomas, los Municipios, las empresas públicas,
etc.) y, así, sigue pretendiendo sostener lo insostenible y, por tanto,
continúa con la presión recaudatoria a la ciudadanía y aumenta el
endeudamiento, lo que es igual a impedir cualquier recuperación de la economía
real y agravar los problemas futuros.
Todo está siendo salir del paso en el problema de la
financiación del Estado, sin actuar sobre sus causas y sin comenzar a arreglarlo
con mediana seriedad sino, por añadidura, con constante empeoramiento de la
situación vital de la inmensa mayoría de los españoles. Quieren que “los
mercados” nos den una tregua, pero no hacen sino ofrecerles armamento. Soy de
los que piensan —aquí lo he dicho bastantes veces— que España tiene enemigos.
Pero lo más grave son los “amigos”, los políticos y dirigentes sociales y
económicos españoles que se comportan como si hubiese que ayudar a quienes, por
diversos motivos y razones, están
interesados en nuestra ruina. Así que, cuando incluso a muy corto plazo España
continúa en tremendos apuros y con pésimas perspectivas, resulta estupefaciente que
parezca haberse iniciado un concurso de disparates e imprudencias anti- o
contraconstitucionales, estimulado por un premio multimillonario.
La Constitución
Española de 1978 no me gusta, insisto. Pero no es ni la primera ni la principal
causa de nuestros problemas, que no han sido y no son primordialmente normativos,
sino de multiforme corrupción del elemento humano en muchos ámbitos (sin
modificar la Constitución podría cambiarse el sistema electoral y podría rectificarse
muy notablemente el insostenible “Estado de las Autonomías” actual,
exacerbación superlativa del Título VIII CE). Mas, si no parece que exista voluntad política para cambios legales
infraconstitucionales en esas dos líneas, ¿cómo habría consenso para cambios
constitucionales? A mi modo de ver, lo que nos convendría, si acaso, para ir
saliendo de la mega-crisis, es apoyarnos en la Constitución de 1978, en vez de
empezar a constituirnos de nuevo en
medio de nuestros enormes problemas.
Por todo eso, ha sido una colosal imprudencia la
propuesta de hacer de España un Estado federal. Esto es lo que se le ha ocurrido
al líder del PSOE, Rubalcaba, precisamente
en vista del independentismo del President
de Catalunya, Artur Mas. Genial. A las pocas horas, se matizaba
la ocurrencia de Rubalcaba desde el
mismo PSOE, pero unas cuantas horas después, vuelta la burra al trigo del federalismo. ¿No se dan cuenta de que
si la propuesta independentista de Mas
es muy problemática (para Cataluña también), aún más complicado y problemático
sería convertir un “Estado de las Autonomías” en Estado federal? En el PSOE hay gente con la cabeza encima de
los hombros: ¿por qué han sido apartados y silenciados en beneficio de
improvisadores con la cabeza perdida si alguna vez la tuvieron? Ya no pido que PSOE y su hermano el Partit des Socialistes de Catalunya (PSC) alcancen un criterio homogéneo,
pero ¿no podría el PSOE propiamente
dicho, el que se dirige desde la calle Ferraz, de Madrid, no echar litros de
gasolina sobre los rescoldos de la hoguera encendida por Artur Mas y decir algo claro y contundente para que no haya
incendio o para que, cuando menos, el incendio se limite al espacio que le
consientan los catalanes al Sr. Mas?
Por su parte, los
manifestantes del “Rodea el Congreso”, que pueden tener mil motivos innegables
para el máximo enfado, ¿a quien creen que han hecho el juego a fin de cuentas,
sino a “los mercados”, al “sistema” y a Wall Street? Por insatisfactorio que
sea —y no soy sospechoso de no decirlo con claridad— el “Estado de partidos”,
¿pueden esos manifestantes pretender con éxito que ellos representan a los
ciudadanos españoles más y mejor que el Congreso de los Diputados, negando así
radicalmente la Constitución en vigor? También el “Estado de partidos” podría
ser atacado con reformas de categoría infraconstitucional. Siempre serían más
serias que pretender erigirse tumultuariamente en genuinos representantes de los españoles
machacados e indignados.
Pero hay ocurrencias
contra-constitucionales en otros terrenos, que siempre han interesado en este
blog. Hay ocurrencias —¡asómbrense!— desde el mismo Gobierno de la Nación. El
Ministerio de Justicia, encomendado al Sr. Ruiz Gallardón, está empecinado en unas
reformas contrarias al funcionamiento de la Administración de Justicia y en
otras contrarias, no ya a los excesos insufribles del Consejo General del Poder
Judicial (CGPJ), sino al designio constitucional, mejor o peor perfilado, pero
en sí mismo suficientemente claro y legítimo, de un órgano de garantía de la
independencia judicial, concebido como órgano colegiado compuesto por juristas
de peso.
La hipertrofia y la
corrupción de ese órgano, no debidas principalmente a la Constitución, sino a que
las ha permitido y promovido la misma clase
política (con la complicidad y el estímulo de corporativismos exacerbados),
no se combaten ni sirven de justificación al nuevo CGPJ que promueve el Sr.
Ministro, miembro en cuerpo y alma, desde su juventud, de esa clase política. Algunos cambios del
proyectado nuevo CGPJ obedecerían a criterios atinados y plenamente acordes con
la CE —por ejemplo, que el CGPJ vuelva a dedicarse sólo a lo que le corresponde
y que carezca de otra potestad reglamentaria que la interna—, pero, en otra
gran parte, responden a criterios que, quizá serían defendibles en un proceso
constituyente, pero que, a mi parecer —y éste es un tema del que algo entiendo—, resultan
incompatibles con el diseño constitucional y opuestos a él.
El CGPJ puede y debe
ser sometido a una estricta dieta de gasto y ser centrado en sus funciones
constitucionales. Pero ahora, con lo que quiere Ruiz Gallardón, el CGPJ pasaría
a ser un órgano muy débil, muy funcionarizado, bastante ministerializado y, de
hecho, una especie de apéndice del Tribunal Supremo. Ya lo dije aquí mismo el
pasado 12 de julio de 2012: EL CGPJ, DE
MASTODONTE A ORGANISMO MICROSCÓPICO: UN CAMBIO OPORTUNISTA, CON TRAMPA POLÍTICA
Y DESPRECIO DE LA CONSTITUCIÓN VIGENTE
http://andresdelaoliva.blogspot.com.es/2012/07/el-cgpj-de-mastodonte-organismo.html.
El CGPJ tendría que estar presidido por un Magistrado del TS, Vicepresidido por
otro Magistrado del TS y condicionado absolutamente en la acción disciplinaria
por otro Magistrado del TS. Los 20 Vocales compatibles, que nunca estarían en el CGPJ, únicamente irían a (a)probar todo y sólo lo precocinado por el Mando Supremo y a cobrar las dietas.
Me parece necesario
hablar ya muy claro de una situación de rebelión contra-constitucional —no del
todo abierta, sino en parte soterrada, pero real y muy intensa— que dura más de
treinta años y que viene provocando importantes problemas institucionales en
España y a España. Me refiero a que el
Tribunal Supremo nunca ha aceptado que la Constitución Española de 1978 optase
legítimamente por crear dos órganos: el Consejo General del Poder Judicial y el
Tribunal Constitucional (TC). En el proceso constituyente de la CE se
discutió expresamente al respecto y se optó de manera muy clara por un gobierno
de la Magistratura (de toda ella) claramente desligado del Ejecutivo (CGPJ) y
por no constituir al Tribunal Supremo también en Tribunal Constitucional, sino
crear un Tribunal distinto. Sin duda —lo he estudiado con detalle y a fondo y
está publicado sin ninguna refutación— las relaciones, los límites y las
separaciones funcionales entre los dos altos Tribunales (TS y TC) han sido y
son difíciles, porque no se establecieron —después de la Constitución— del
mejor modo posible y también porque no se nombró, en demasiados casos, a
juristas de talla. Pero la opción constitucional era legítima y podría funcionar
en el futuro, siempre que algunos preceptos constitucionales (a los que ya
apunté como muy problemáticos durante el proceso constituyente) se
interpretasen con sensatez.
Esta tensión entre los
dos Tribunales, en la que —debo decirlo— las formas han sido guardadas por el
TC y ampliamente sobrepasadas e infringidas por el TS, nos ha ofrecido ya espectáculos
penosos: desde amenazas de querella y amagos públicos de acudir a la Corona
procedentes del TS hasta una increíble sentencia de la Sala de lo Civil del TS condenando
a Magistrados del TC por una presunta responsabilidad civil en realidad
inexistente e incluso infundada en cuanto a los hechos. Y ahora mismo, a
instancias del mismo abogado-agitador hace años demandante, la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del TS está literalmente pidiéndole cuentas al TC (debo
estar perdiendo facultades, pero me gustaría entender qué clase de “derecho o
interés legítimo” puede ostentar el abogado en relación con viajes de
Presidentes del TC, la Sra. Casas o el Sr. Sala).
Aclaro que, en el
terreno de las opiniones, vale perfectamente pensar que la Constitución no
debió optar por un TC separado del TS o no debió crear el CGPJ. Pero, dado que
optó por lo contrario, debería aceptarse y respetarse la opción constitucional,
en vez de cuestionarla constantemente desde el Tribunal Supremo. Y eso hace más
grave, claro es, la iniciativa ministerial, que, con el pretexto de poner orden
en el CGPJ, lo reduce a la mínima expresión, para sustituirlo por un Presidente,
Magistrado del TS (lo que la Constitución no exige, porque no lo quiere),
apoyado en un nuevo cuerpo funcionarial (el de Letrados del CGPJ: ¡lo que
faltaba!), con un Promotor de la Acción Disciplinaria (pegado al CGPJ, ajeno a
él, pero también necesariamente Magistrado del TS) que no es, ni mucho menos,
una fórmula necesaria para el correcto ejercicio de la potestad disciplinaria,
pero sí la condiciona y minora grandemente en cuanto atribuida por la
Constitución al CGPJ, órgano colegiado, y con unos Vocales sin
incompatibilidades, cuando la Constitución prevé expresamente, respecto de
ellos, un régimen de incompatibilidades (art. 122.2 CE).
Entre las funciones constitucionales del CGPJ destaca la aplicación de lo
que se ha llamado “sistema de premios y
castigos” respecto de todos los Jueces y Magistrados. Y la inspección de
los tribunales. Y eso incluye a los Magistrados del TS y al TS mismo. Pues eso,
muy neutralizado ya con reformas legales hoy vigentes, desaparecería
completamente por obra y gracia de un Gobierno desconcertado, en el que ha
tenido cabida un hombre inteligente, pero que no sabe nada sobre la realidad de
nuestra Justicia y que, quizá inconscientemente, se ha echado en brazos del
“comando supremo”, al que ya me referí aquí el 2 de julio de 2012 en este
“post”: DEFINITIVAMENTE, EL MODESTO VICENTE DEL BOSQUE TRIUNFA, MIENTRAS
OTROS, NADA MODESTOS, DEFINITIVAMENTE, NO TIENEN ARREGLO, subtitulado LA SALA
DE GOBIERNO DEL TRIBUNAL SUPREMO AMENAZA AL GOBIERNO AL QUEDARSE SIN COCHES
OFICIALES: http://andresdelaoliva.blogspot.com.es/2012/07/definitivamente-el-modesto-vicente-del.html.
El Anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en lo
relativo al CGPJ es precedido de una motivación formalmente brillante en muchos
pasajes: ha sido escrita, sin duda, por persona inteligente. Pero los
ingeniosos argumentos que presenta no me parecen convincentes respecto de
importantes cambios (Presidente del TS necesariamente magistrado del TS;
necesidad de Promotor de la Acción Disciplinaria, también Magistrado del
Supremo; ausencia de incompatibilidades) y sobre todo, en absoluto convincentes
como determinantes de la necesidad de un tal CGPJ, tan tremendamente devaluado
y, precisamente, a favor del Tribunal Supremo, justo en el contexto histórico
real de la constante enemiga del TS al CGPJ (enemiga que no se justifica porque
el CGPJ no haya sido precisamente un faro de ejemplaridad: tampoco lo ha sido
el TS, con crasas infracciones legales no infrecuentes). Una importante
corrección legislativa sobre el CGPJ podría barrer la corrupción y
revitalizarlo como órgano constitucional de garantía de la independencia
judicial y de gobierno razonable de los Jueces y Magistrados, a favor de todos
los ciudadanos. Lo que el Anteproyecto apoya es, a la postre, un CGPJ que, a mi
entender —y he sido Vocal del CGPJ y su crítico público más constante, siempre
sin refutación de ninguna clase— no es el CGPJ querido por la Constitución y no
logrado desde su politización en 1985, proseguida después sin pausa por la
clase política. Objetivamente, es el mantenimiento formal de un órgano
mencionado en la Constitución, con lo que cabe decir que se atienen a ella,
pero materialmente es el desmantelamiento de lo que la CE quiso y de lo que personalmente,
considero que sería bueno que volviese a la vida, en vez de ser neutralizado o
desactivado. En cambio, lo que el Anteproyecto consagraría es el poder político del Tribunal Supremo, con
miembros vitalicios de facto ya omnipotentes y sin control. No me es posible imaginar
nada peor. Si es necesario, me extenderé al respecto otro día. Ahora sólo apuntaré
que el gobierno de la Magistratura por un selecto grupo de Magistrados del TS
ya se intentó —yo lo presencié, por así decirlo— en el tardo franquismo. No lo
querían los Magistrados enterados del intento y no salió adelante. Pienso que esta vez tampoco tendrá éxito el proyecto.
