CORRUPCIÓN SOBRE LA CORRUPCIÓN Y CORRUPCIÓN COMO DISTRACCIÓN

LA CORRUPCIÓN Y LA INDIGNACIÓN, FALSAS EXIMENTES DE DISPARATES Y DESMANES

LA JUSTICIA, DENOSTADA, MALTRATADA Y AMENAZADA, ÚNICA ARMA EFICAZ CONTRA LA CORRUPCIÓN

Los lectores de este “blog” saben que no me encuentro entre quienes ocultan, disculpan y disimulan las tergiversaciones del Estado de Derecho y otras muy diversas formas de corrupción política y social. Al revés: durante muchos años —desde el tardofranquismo, cuando hacía la carrera de Derecho (1962-67) hasta hace poco—, he soportado, no siempre con la paciencia oportuna, el reproche de no ser positivo, de excederme críticamente en los análisis y hasta de ser catastrofista. Todo por no callar ante lo que me parecía negativo o peligroso. Aquí mismo, en POR DERECHO, no he podido ser más claro en el diagnóstico de la disolución del establishment, del sistema. No hay que remontarse a los inicios de este blog, en 2009, para encontrar textos rotundos, que hubiese preferido no tener que escribir: con los pocos post de este año 2013 y los del último trimestre de 2012, cualquier lector de buena fe tendrá suficiente para saber que mi actitud está en las antípodas de defender el statu quo, incluso como mal menor.

Me mantengo firme en el diagnóstico del 23 de enero pasado: http://andresdelaoliva.blogspot.com.es/2013_01_01_archive.html. Es notorio que, de entonces a ahora, han aumentado enormemente todos los síntomas de descomposición, de putrefacción. Pero, hoy como el pasado día 23 de enero de 2013, la autolisis del Estado y del sistema, muy acelerada en estos dos meses, no me impide estar seguro de dos realidades estrechamente unidas: 1ª) la existencia, en España, de muchísimas más, infinitamente más personas decentes que indecentes, desvergonzadas y corruptas; 2ª) la necesidad y la posibilidad de una rebelión de esas personas —sin esperar estímulo de ninguna institución— para regenerar este país como lo necesita y lo merece.

Puesto que, al mismo tiempo que ese diagnóstico de autolisis, he propuesto y defendido —y aún propongo y defiendo— que todos y cada uno, en nuestros sitios, nos convirtamos en activistas no profesionales, pero no menos activos que los profesionales, no debo asistir callado al espectáculo del extremismo desmoralizador que utiliza la innegable corrupción como instrumento de otra corrupción, tal vez la más letal de todas: la que quiere destruir el ánimo regenerador de tantos hombres y mujeres, que a mí sí me importan como personas individuales y en quienes sí creo, no por una ingenua credulidad, sino porque demuestran a diario que, con nuestros errores y desfallecimientos, las personas que quieren seguir siendo decentes aún son una inmensa mayoría en España. Si a diario salimos a la calle tranquilamente y volvemos a casa tan tranquilos es porque, contra lo que se escucha decir con frecuencia, aquí sí hay quien se salva, aquí predomina la gente decente e incluso amable.

En este “blog” me he alejado siempre de los habituales del me duele España, de la España irredenta e irredimible, de la España como problema (sin él o con él), etc. Les comprendo y me admira su penetración analítica sobre rasgos de nuestra gente y sobre episodios de nuestra historia, pero discrepo de su especialización en lo español —tantas veces errónea: ¿cuántos personajes políticos alemanes, británicos y franceses, etc. poco decentes han sido descubiertos y apartados en estos meses pasados?— y de su predisposición (así es: están o parecen estar pre-dispuestos) al funeral de la Nación, fundado sobre todo en una fatalidad axiomática, que adornan llegando al narcisismo del pesimismo.

[El día  12 de agosto de 2011 dije aquí de muchos de ellos: «Tal parece que cierta “intelectualidad” española (de nuestra clase política más vale no hablar: pero tampoco mucho de la alemana, ojo), que no pierde ocasión para la autoflagelación y la regurgitación de los tópicos antiespañoles más burdos e injustos, encuentra en estos días especial satisfacción para su inflada autoestima confeccionando comentarios que secundan las despectivas frases de Frau Merkel, de modo que, en síntesis, cuán trabajadores y austeros son todos los alemanes y cuán perezosos y manirrotos somos todos los españoles. Estos “intelectuales” nuestros de chichinabo, papanatas iletrados, igual se creen regeneracionistas al soltar esa tan elaborada idea, pero en realidad ejercen de voceros de lugares comunes viejísimos que nos condenarían a no regenerarnos nunca.»] [Nota de penúltima hora: el mismísimo actual Presidente del Eurogrupo, el holandés Jeroen Dijsselbloem, de dudosa locuacidad, acaba de ser pillado presumiendo de un Master en “Bussines Economics”, que no cursó.]

Pero entremos en el asunto anunciado. Se preguntarán los lectores qué es eso de la corrupción sobre la corrupción. Pues me refiero a dos fenómenos evidentes. El primero, seguramente espontáneo, es la enorme acumulación de comentarios desesperanzados y desesperanzadores, cuando no derrotistas, para el que existe la excusa de la realidad, aunque esté presente bastantes veces la pereza —es infinitamente más fácil escribir una columna más del coro de las lamentaciones que elaborar algo distinto, sobre cualquier asunto importante, al que quizás hay que dedicar antes unas horas de estudio— y aunque falle la prudencia de no amargarnos la vida más de lo necesario: se entiende que las verdaderas noticias no se deban omitir, aunque sean deprimentes, pero  otra cosa, muy frecuente, son los comentarios redundantes sobre lo ya innumerables veces comentado, en los que, a fin de cuentas, lo que se le transmite al lector, al oyente o al televidente es la falsedad de que no hay nada que hacer, de que no tenemos arreglo. Así, la corrupción se utiliza para corromper en cierto sentido, el de romper y quebrar nuestro ánimo y, en definitiva, colocarnos en una situación propicia para desear mesías políticos, para tolerar “operaciones” poco claras y para alimentar y avivar las llamas de la indignación y de toda clase de protesta y revuelta, no siempre pacífica y justa.

El segundo fenómeno es muy distinto y mucho peor que el anterior. No es una inconsciente ayuda a los devastadores efectos de la corrupción, sino una consciente utilización, en sí misma corrupta, de la corrupción ajena. Así, cuando se retiene, incluso durante años, la información sobre conductas inadmisibles o delictivas (¿no se habrá utilizado silenciosamente esos años?, cabe sospechar), para publicarla en un determinado momento con una finalidad que no es ni simple ni principalmente informativa. Entre otros ejemplos, sobresalen dos verdaderamente vomitivos. Uno, el del presunto abogado y primo de Dña. Letizia, que, con doble violación de un deber de confidencialidad, revela un presunto episodio trágico de su cliente y pariente en un “libro” que nadie debería comprar sin conciencia de estar enriqueciendo a un sinvergüenza y promocionando la corrupción. Dos, el del imputado Sr. Torres, socio del balonmanista Urdangarín, que va proporcionando por entregas correos electrónicos del marido de la Infanta Cristina y que, en su último movimiento, anuncia que entregará más emails si no se imputa definitivamente a la Infanta. Este “señor”, ¿no está obstruyendo la acción de la justicia y coaccionando a juez y magistrados a la luz del día? ¿No proporciona el Derecho armas para combatir este comportamiento corrupto? A mí me parece que sí.

Tampoco es manca la bajeza ética del polifacético abogado-político-comentarista-maletinero, que, con un funambulismo enrevesado —digno del público adicto a la telebasura, pero inaceptable para cualquier ciudadano capaz de olfatear lo maloliente—, filtra sucesivamente “papeles de Bárcenas” —fotocopias de originales que el filtrador no ha visto y que Bárcenas niega— a dos periódicos nacionales con sede en Madrid y que, después, remata su pirueta con un relato de sus motivos filtradores, relato carente de verosimilitud, de interés informativo y del más mínimo soporte ético y jurídico, pero que, sin embargo, se apresura a publicar un tercer periódico nacional. Y, así, de paso, otro juez, que suponemos decente y voluntarioso, es colocado a remolque de un pequeño rasputín.

En compañía de esas hazañas corruptas sobre la corrupción, está la muchedumbre de “enterados” que de pronto emerge de su silencio y de su anonimato afirmando, más o menos, “eso se sabía, lo sabíamos todos, desde hace mucho tiempo”. Y tienen alguna razón: bastantes sabíamos con plena certeza interior del uso masivo de “dinero B”, en todos los partidos políticos y fuera de ellos. Pero ni estábamos en esos ámbitos ni nos beneficiábamos ni disponíamos de prueba alguna. Algunos pensábamos y seguimos pensando que, dada la fiscalidad española, hay un uso de “dinero negro” o “dinero B” moralmente justificado (http://andresdelaoliva.blogspot.com.es/search/label/Dinero%20negro). Me refiero, por tanto, a los “enterados” que estaban en condiciones de reaccionar de alguna manera ante los casos de injusticia retributiva o de tráfico de influencias y cohecho en los partidos políticos.

Y si hablamos de la Jefatura del Estado y de la Casa Real y de la Real Familia, está meridianamente claro que alguien o, más probablemente, algunos han dado la señal para airear lo que se callaba durante tanto tiempo, pero no ignoraban, aunque sin detalles, buen número de españoles y, con bastantes detalles, sucesivos Gobiernos y personajes con influencia. Sin duda, hay entre ellos algunas personas que, en la medida de sus posibilidades, han procurado enderezar demasiados torcimientos. Pero también está claro que ha habido amigos, amiguetes y amigotes, que no han hecho otra cosa que arrimarse de buena gana a desmadres de diversa naturaleza. Pero una cosa es el mal ejemplo, innegable, y otra creer que son ejemplares, desinteresados e impulsados por motivos morales, altruistas y patrióticos (como decía el viejo Código Penal) quienes publican estos y aquellos episodios, unas veces claros y otras veces poco y mal explicados. Los escándalos son, sin duda ni atenuación, verdaderamente escandalosos, pero los publicistas de lo escandaloso no siempre son “trigo limpio” ni buscan sobre todo informar y opinar libremente. Cuidado.

Una burla inmensa y lacerante a Cataluña y a toda España es la singular batalla que el Sr. Artur Mas, President de la Generalitat, ha emprendido contra la corrupción, con creación de una OAC (Oficina Antifrau de Catalunya) y celebración de varias “cumbres contra la corrupción”. Que el Sr. Mas, el de la coalición judicialmente pluriencartada, el del “tres per cent”, disponga de un rostro pétreo o diamantino no nos extraña. Lo extraño —aunque no debiera serlo, pues, al fin y al cabo, también se trata de pura corrupción— es que asistan a esas “cumbres” autoridades judiciales y fiscales, que en ningún caso deberían participar en actos políticos, pero menos aún cuando implican un escarnio a los ciudadanos decentes, que pagan la Oficina y las “cumbres”. La más mínima sensibilidad, no atrofiada por la plaga de la reverencia al Poder Ejecutivo, les habría llevado sin vacilar a rehusar la burla de la OAC y las “cumbres”. ¿O habrían acudido al llamamiento del Führer si, en plena “solución final”, hubiese organizado un homenaje a la raza judía?

En resumen: por los medios, por los motivos y por los fines (no sólo por una de estas causas, sino frecuentemente por varias), hay corrupción manipulando la corrupción y aumentándola. Y, entre otros efectos dañinos, ese "plus" de corrupción genera el de que la consiguiente indignación sea de tal calibre (la mía lo es, aclaro, del más grueso) que A) parezca justificada cualquier reacción, B) se admitan sin parpadear algunas torpes valoraciones [p. ej., es malo para la "marca España" que se sepan ciertas cosas: enfoque de nula elevación ética e intelectual: lo malo es que se hagan esas cosas] y C) cualquier propuesta de cambio se acepte como deseable, prudente y posible (o se reconozca imposible… pero “¡qué más da, siempre será mejor que esto!”: craso error, porque está demostrado que casi todo puede empeorar).

Pues no: ni la corrupción ni la indignación por ella justifican cualquier iniciativa, intelectual u operativa. Lo recomendable es echarle mucha serenidad y frialdad de juicio al ánimo justificadamente airado. Pero también se necesita no dejarse distraer. De hecho, me parece que estamos muy distraídos respecto de la “política” (?) interna. Yo no veo por ningún lado (empezando por el Gobierno) que ni siquiera se estudie seriamente algo distinto de seguir la “agenda de Bruselas”. Me cansé de decirlo cuando en España se reconoció, con fatal retraso, que estábamos en una supercrisis: no habrá reactivación de la economía real —es decir, la única digna de atención, la que detiene el paro y crea empleo— si los españoles no tienen algún dinero en el bolsillo. Pero no parece que se haga ni se proponga nada al respecto. Al contrario: la preocupación principal parece seguir siendo cómo recaudar para mantener el Estado de Recaudación (y una cosa es la exageración de algunas prestaciones en el Estado de Bienestar y otra, el deterioro de todo para sostener el Estado depredador, Estado del Malestar). Por lo demás, siguen dando la impresión de que la banca es lo único que les importa (¿o el indulto por ZP y la ahora posible continuidad en la superbanca del Sr. Sáenz, condenado por delito doloso, les parece una corrupción pequeñita?). Y siguen sin explicar los agujeros negros de la deuda pública.

[Inciso: Un buen amigo me proporciona este enlace a una sincera y clara explicación, por un millonario USA, de lo que verdaderamente crea empleo. Les recomiendo que lo vean: http://www.youtube.com/embed/2X2uWYCY_qk]

Pero, para terminar por hoy, digamos -reconózcase- que la Justicia está siendo, pese a todos los pesares, lo que está funcionando contra la corrupción. Piénsenlo: son muchos ya los pretendidamente “intocables” muy tocados por la Justicia (Ahora que Pujol, Jr. es imputado, Papá Jordi dice que “en España no funciona nada” ¿No tendría que exceptuar al menos a la Justicia?). Pues, así las cosas (en esto, como deben ser), es corrupción, y gravísima, conspirar legislativamente para destrozar por completo esa Justicia que les resulta tan incómoda a los mandones. Pero esta tremenda corrupción es la que está en marcha. ¿Cuántos afectados por las “preferentes” no pueden demandar a causa de las tasas judiciales? ¿Qué esperanzas tiene puestas el establishment en la desaparición, aún hoy sin justificar, de los jueces instructores, para sustituirlos por los Fiscales?

LA AUTOLISIS DEL “SISTEMA” SE ACELERA Y QUIZÁ NOS PILLE SIN PUNTOS DE APOYO

 

UNA CORRUPCIÓN MÁS GRAVE QUE LAS

(PRESUNTAS) CUENTAS MANUSCRITAS

DEL PP*

 

PEOR, MUCHO PEOR, ES CÓMO NOS

TIRANIZAN CON LAS TASAS JUDICIALES

Se diría que no me equivoqué mucho sobre la inminencia de una autolisis del “sistema”, destrucción que no deseaba, pero que está a las puertas y que nos puede pillar con un vacío institucional y personal tremendo, con lo que todos saldremos muy perjudicados.

Estoy seguro de que el uso de “dinero negro” ha sido habitual en los partidos políticos desde hace años. Considero bastante probable que en los partidos políticos se hayan entregado sobres con ese tipo de dinero al menos con dos finalidades: a) afrontar gastos electorales, antes de las campañas y en ellas; b) incrementar retribuciones (“sobresueldos”, término que hasta ahora no tenía nada que ver con el “sobre” como envoltorio). Estoy seguro de que Bárcenas no ha logrado tener en Suiza 22 millones de euros por medios lícitos. Si no podemos fiarnos en absoluto de Bárcenas (ni de su abogado adláter) y si, al fin y al cabo, los papeles que se publican proceden de Bárcenas, es posible e incluso probable que junto a entregas de dinero reales, haya otras falsas, falsificadas: quizás pesetas o euros que Bárcenas no entregó a nadie distinto de sí mismo. El papel de Bárcenas era recibir y entregar dinero, pero no decidir favores y no se le conocen “pelotazos” espectaculares como para disponer en Suiza de 22 millones de euros. No doy por inexistentes los sobres y tampoco los excluyo por completo. Es un asunto que se tiene que esclarecer.

Las pruebas periciales sobre esos papeles -que son imprescindibles para intentar distinguir muchos pormenores relevantes-, las pruebas documentales contables y todas las demás pruebas pertinentes y útiles sólo tienen una sede apropiada: la Justicia. Es urgente, por tanto, la apertura de uno o varios procesos penales. No puede ser una “causa general”, porque la prohiben nuestra Constitución y nuestras leyes, sino uno o varios procesos circunscritos inicialmente a hechos que parezcan delictivos. Personalmente, no entiendo que las personas afectadas por las anotaciones que parecen ser de Bárcenas y que afirman ser falsas no estén preparando ya querellas contra el aparente autor, para, entre otras cosas, solicitar en esas querellas las diligencias que cualquier abogado medianamente competente solicitaría: declaración del querellado, careo con el querellante, testifical del adláter de Bárcenas, pericial caligráfica y de análisis del papel, tinta, etc. ¿Qué Bárcenas ha declarado que los papeles no son suyos? Que se lo repita al juez. Si yo apareciese en uno solo de esos apuntes, dirigiría una querella “contra D. L. Bárcenas…o quien resulte ser el autor de los documentos….” Habría que esperar de EL PAÍS la máxima cooperación con la Justicia.

Dicho lo anterior, sin restar importancia al gran escándalo en curso, que azota ahora al Partido Popular y que tendrá que aclararse con algo más que palabras, debo añadir que en España ocurren cosas mucho más graves -sí, mucho más graves- que las cuentas presuntamente manuscritas por el ex-tesorero del Partido Popular. Y sobre esas cosas más graves no caben dudas de ninguna clase: son hechos ciertos, innegables. Por impulso de un Ministro sospechoso de tráfico de influencias, se ha indultado a un homicida contra el parecer del  tribunal que le condenó y del Ministerio Fiscal. El Ministro no informó en Consejo a sus colegas de las circunstancias del indulto (eso es cosa sabida) y ha mentido cada vez que ha explicado ese acto arbitrario. El indultado kamikaze homicida no actuaba bajo los influjos de un brote epiléptico y ningún presunto precedente de la era Zapatero podría, no ya justificar, sino disculpar, la arbitrariedad del Ministro y sus reiteradas mentiras. Aquí no hay dudas sobre los hechos ni presunción de inocencia que ampare a Alberto Ruiz Gallardón.

¿Acaso afirmo que este hecho es comparable y peor que a la corrupción que tantos han protagonizado y protagonizan en la clase política? No. Recuerdo esta concreta actuación del Ministro a modo de tarjeta de visita del promotor de una decisión, que, como he dicho en este blog y fuera de él, es de la entera y exclusiva responsabilidad de los dirigentes gubernamentales y parlamentarios del Partido Popular y constituye una involución histórica sin parangón, como también dejé dicho fuera de este blog. Me refiero a la Ley 10/2012, de Tasas Judiciales.

Es una decisión que instaura una tiranía. Porque tiranía es colocar al poder ejecutivo, a las Administraciones públicas, al margen de la ley y el Derecho. Y es una tiranía para todos, excepto para los poderosos. ¡Atención:! No me estoy desviando ni les estoy desviando de la corrupción: al contrario, como verán, esa tiranía se asienta sobre la más grave de las corrupciones.

Las nuevas tasas judiciales afectan, sí, a los cientos de miles o millones de personas corrientes -trabajadores por cuenta ajena, autónomos, pequeños empresarios- que, sin poder acogerse al beneficio de justicia gratuita, no pueden pedir justicia, porque las demandas y los recursos se han puesto a precios altos, muy altos, por iniciativa e impulso del Ministro Ruiz Gallardón y con la cooperación necesaria del Gobierno y de los grupos parlamentarios del Partido Popular. Siendo esto de máxima gravedad, pues lo es una masiva denegación de justicia, no suele advertirse otra faceta de la misma realidad, que, sin embargo, es clarísima e indiscutible si uno se fija por un momento en los efectos de las tasas sobre los recursos contencioso-administrativos. Las tasas judiciales, en ese ámbito, suponen a dotar al Poder Ejecutivo, a las Administraciones públicas, de una amplia zona de inmunidad e impunidad, de ausencia de control de legalidad, que no sólo es frontalmente contraria a la Constitución vigente, sino que ni siquiera permitían las leyes franquistas.

Todo acto administrativo firme es recurrible ante los tribunales, dice nuestro Derecho y eso no lo discute ni el constitucionalista más complaciente con el poder. Pero, con las tasas judiciales, infinidad de sanciones administrativas han dejado de ser recurribles ante los tribunales, porque lo impide el precio del recurso, la tasa. No piensen Vds. sólo en la irracional iniquidad de que para un recurso contencioso administrativo ordinario contra una multa de 200 €, haya que pagar una tasa de 350 € de parte fija y el 0’5 % de 200 €: 351 € en total. No piensen que la tasa sería prácticamente la misma si la multa fuese de 60 €. Piensen en cientos de miles de multas (de tráfico, tributarias, por asuntos municipales, etc.). Piensen en la cantidad de actos administrativos irrecurribles por las tasas y en los millones de euros que pueden sumar.

Piensen también que ese brutal recorte de sus ingresos (Vd. deberá hacerse con 2.300 € para la tasa si necesita que un juez divida su patrimonio familiar de 400.000 €: casa, 300.000 €, apartamento en la playa de 60.000 €, 35.000 € en depósito bancario y un coche de 5.000 €) y de sus derechos (porque o no los puede ejercer a causa de la tasa para Vd inadbordable o le cobran un ojo de la cara) se debe a quienes, al parecer, no se cortan ante nada o casi nada.  Vd., sujeto tributario mucho más que ciudadano, no es que no tenga el privilegio de pedir un préstamo informal, sin interés, que se le concede en metálico, para arreglar su casa destrozada. Tampoco puede multar al político que miente, expedientar al alcalde que le endeuda monstruosamente a Vd., a sus hijos y nietos ni mucho menos, ahora, puede demandarles. Le suben la valoración catastral y el IBI, le notifican un requerimiento de identificar al conductor mediante un edicto informático que Vd., que tiene dirección conocida, lógicamente no lee y, de ese modo, una pretendida multa de pocos euros se convierte en otra de varios centenares. Y ni Vd. ni su vecino, que andan justos para llegar a fin de mes, tienen el dinero del precio de recurrir.

Dicen que las tasas  judiciales buscan sufragar parte del coste de la Justicia. Al ciudadano común, que se hace la ilusión de que nunca tendrá que acudir a un tribunal, no le alarma demasiado la novedad. Piensa, si acaso piensa en ello, que él, como no es usuario de la Justicia, no tiene que pagar nada. Es un ciudadano iluso. Cualquier día lo comprobará. Pero hay miles de personas que, por sus experiencias o las de amigos y parientes, no se quedan tan tranquilos y están protestando y moviendo más protestas, a base de explicar la magnitud del atropello.

Pero hay unos usuarios habituales y muy frecuentes de la Justicia. Ellos sí sabían, desde el anteproyecto de ley de tasas judiciales, el aumento de sus costes que esas tasas entrañarían. Pero ni hablaron al comienzo ni han dicho o dicen algo una vez establecidas las tasas. Son las entidades de crédito, las aseguradoras, las grandes compañías y las Administraciones públicas. Con ellas suceden dos cosas: a) tienen recursos para pagar las tasas cuando tengan que demandar o recurrir o, en el caso de las Administraciones, están exentas de las tasas; b) pueden incluso repercutir el coste adicional en los precios de las cosas o servicios que proporcionan. Pero es que sucede algo más: lo que ahora tienen ellos que pagar de más, pero pueden pagar, les compensa sobradamente, porque con las tasas, en innumerables ocasiones, sus clientes, en cambio, no tienen ya recursos económicos suficientes para demandarles o para seguir un proceso hasta su final. ¿Entienden ahora el por qué del silencio de quienes más acuden a la Justicia? ¿Qué van a decir? ¿Qué están encantados?

¿Va a decir este Gobierno, con su dilapidador Ministro de Justicia a la cabeza, que es una maravilla el tremendo descenso de los recursos contencioso-administrativos desde que se empezaron a exigir las tasas?

La tiranía que supone sacar gran parte de la actuación de la Administración fuera del ámbito de lo judicialmente controlable en su legalidad, en la forma y en el fondo, se produce así con circunstancias agravantes muy duras. Los dirigentes del Partido Popular no sólo han decidido esquilmar económicamente a los menos pudientes, sino que lo han hecho con aumento del poder de los ya poderosos. Y, por añadidura, al doloroso escarnio que supone esta nueva alianza de políticos y potentados económicos -la madre de todas las corrupciones, no se engañen ni se me despisten-, me temo que se una el desprecio hacia el abuso o la indiferencia desdeñosa para el justiciable común que muestra una parte, tal vez no mayoritaria, pero sí significativa, de jueces y magistrados. Me temo que, dada la habilidad de Ruiz Gallardón para distribuir favores y castigos, unos y otros mediante sus fulminantes reformas legales (LAVE: Legislación de Alta Velocidad Española), cierto número de jueces -con olvido de que lo son para proteger nuestros derechos y controlar la legalidad del ejercicio del poder- van a ser capaces de desacreditarse para siempre desentendiéndose del horror venal y tiránico de las tasas judiciales. Me temo que, por su mala cabeza y su egoísmo miope, se apunten decididamente a los favores ministeriales, por pequeños que sean, bajo la bandera de la corrección política y social y con el viento en popa de la beatería ante el poder político a la que me referí en el post anterior y que, pese a la que está cayendo, sigue instalada en tantos ambientes acomodados de este noble país, que están destrozando.

No puedo despedirme hasta la próxima sin dedicar unas líneas a ciertos “constitucionalistas”, titulados o amateurs, que pretenden hacerse los distraídos. Los hay catedráticos y también magistrados o académicos. Todos ellos han decidido abordar el asunto de la Ley 10/2012 a base del concepto de tasas judiciales. Lo que les importa es el concepto de tasa judicial y, por eso, la concreta Ley de las concretas tasas no les interesa. Más precisamente: procuran y suelen conseguir que, a base de tontadas sobre el concepto de tasa judicial, no se hable de la tasa judicial real. Ése es el servicio que rinden al poder, que veneran, confundiendo a los ciudadanos comunes, por los que no sienten ningún interés. Con aires intelectuales, repiten una y otra vez que el concepto de tasa judicial no es inconstitucional. Quizás estos “intelectuales”, que no pueden rebajarse a hablar de euros, porque lo suyo son los conceptos, las ideas, las nociones, logren engañar a unos cuantos. Pero a bastantes no nos engañan en su papel de cortesanos: a nadie le preocupa de verdad y nadie discute de verdad sobre el concepto de tasa judicial y sobre la constitucionalidad de ese concepto. Todos estamos dispuestos a pagar las tasas como concepto o el concepto de tasa, si se nos permite pagar en conceptos. No nos digan, pues, señores jurisconsultos de alquiler, letrados de cámara, que la globalidad de las tasas es difícilmente inconstitucional o que las tasas difícilmente serán globalmente inconstitucionales.

Ni globos, ni conceptos. Hechos, cifras y situaciones reales: si la concreta tasa judicial impide demandar o recurrir a quien no puede litigar gratuitamente porque su unidad familiar supera el límite económico establecido, la tasa impide el ejercicio de un derecho fundamental (el de acceder a la Justicia). Si la tasa judicial establecida (no un concepto) disuade el ejercicio de ese derecho fundamental, si influye en él decisiva y negativamente, la ley que establece la tasa es contraria a la Constitución. Darle más vueltas a la cuestión son ganas de obsequiar al poder con esa máxima pleitesía que es la negación de la evidencia. Y cada vez que un juez se encuentra en el trance de rechazar una demanda o un recurso por imposibilidad de pagar la tasa establecida en la Ley 10/2012, ése es el momento en que tiene que plantear la cuestión de inconstitucionalidad, porque la decisión que tiene que adoptar de inmediato y que va a ser la última en ese proceso, depende de una norma concreta de cuya constitucionalidad puede dudar con todo el fundamento del mundo. Cuando alguno de estos “constitucionalistas” habla del efecto suspensivo del proceso derivado de plantear la cuestión de inconstitucionalidad y de que ésta sólo cabe plantearla al término del proceso, demuestra irrefutablemente que no sabe de lo que habla: el proceso no ha empezado o está por ver si sigue: de la tasa depende si comienza o prosigue el proceso o si, por el contrario, termina (así pues, no hay nada que suspender ni ningún final al que llegar). Cuando estos “constitucionalistas” sienten cátedra con tamañas tonterías, sería muy deseable que un decente estudiante de Derecho se lo dijese así, como un excelente ex-alumno mío en la Universidad de Zaragoza, interpeló a su profesor (que no era yo): “Oiga, cuando dice Vd. eso, ¿lo dice en serio?”
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*[Advertencia introductoria.-- Si al encontrarse con este post, Vd., lector, entiende exagerada mi comparación en los titulares precedentes, conviértalos en interrogantes, porque al comparar dos grandes males, la subjetividad es decisiva y no pretendo en absoluto que mi subjetividad prevalezca sobre la suya, sino que se entienda mejor la maldad que las tasas judiciales entrañan. Mi personalísimo criterio es que negar masivamente la Justicia a la gente corriente y blindar al Poder político frente al control de la Justicia es, si bien se mira, algo aún más grave, una corrupción aún peor que el "affaire" Bárcenas, que requiere todavía un trabajo de investigación y un veredicto judicial. Que mis titulares parezcan exagerados quizás se debe a que el susodicho "affaire" ha producido una conmoción social y política enorme, mientras que el despojo y la tiranía de las tasas judiciales se ha instalado silenciosamente. Con todo, si Vd., lector, discrepa de mi comparación, tenga la amabilidad de seguir leyendo porque yo, por un lado, acepto de buen grado su discrepancia sobre el balance de la comparación y, por otro, no pretendo sino hacer ver la enormidad del silencioso atropello de las tasas judiciales. Si Vd. sigue leyendo, seguramente entenderá mejor lo que suponen esas tasas, que es lo único que me interesa. De paso, espero que entienda que no estoy aquejado por ninguna manía u obsesión. Eso le resultará aún más fácil si, por ser lector habitual de este blog, ya sabe qué pienso de la corrupción más común y de otras formas de corrupción no tan comunes o poco vistas como corrupción.]

 

MUCHAS COSAS NUEVAS, NADA NOVEDOSAS, PRELUDIO DE UNA PRÓXIMA DEBACLE TOTAL

 

LA AUTOLISIS DEL “SISTEMA”

NO ESPEREMOS QUE NINGUNA INSTITUCIÓN REGENERE ESPAÑA: SE NECESITA UNA REBELIÓN DE PERSONAS DECENTES

En el conjunto de instituciones, públicas y no públicas, que hemos dado en llamar establishment o “sistema” han ocurrido, desde el comienzo de esta segunda época de POR DERECHO, bastantes cosas nuevas, aunque nada novedosas. Son hechos recientes y por eso son “nuevos”, pero no son de distinto estilo, naturaleza o índole de otros muchos anteriores y por eso no son "novedosos". Con todo, reaparezco porque el conjunto de esos hechos revela que se está acelerando lo que pienso que cabe denominar autolisis del “sistema”.

Autolisis: Diccionario de la Real Academia Española (DRAE): “Degradación de las células por sus propias enzimas.” Diccionario médico on line: “1. Suicidio. 2. Sinónimo: autofagia, autoproteolisis. Autodigestión de un órgano, de un tejido o de una célula abandonado a sí mismo y que conduce a su destrucción, bajo la influencia de fermentos proteolíticos propios a este órgano, a este tejido o a esta células, independientemente de toda intervención exterior a él. La liberación de las enzimas contenidas en los lisosomas es un factor de autolisis celular.”

Si nos fijamos en la definición actualizada del DRAE y en esta segunda acepción del Diccionario médico y si, además, nos atenemos a la etimología, diferenciaremos perfectamente la autolisis del suicidio, aunque la palabreja autolisis, derivada del griego, se use para referirse eufemísticamente al suicidio, vocablo de claras raíces latinas. El “sistema” no se ha suicidado ni se está suicidando. Porque no quiere poner fin a su propia existencia, sino que, muy al contrario, querría prolongarla indefinidamente. El “sistema” se está disolviendo, está autodestruyéndose por la acción de sus propios componentes, que serían como las enzimas o fermentos que, desmadrados, en vez de sostener la vida, van aniquilándola, célula tras célula.

Las noticias sobre la corrupción política y económica se han acumulado con tanta abundancia como gravedad en las dos últimas semanas. No me voy a entretener en mencionarlas todas, porque sin duda los lectores de este blog las conocen y todos hemos experimentado ramalazos de tristeza e indignación cada vez que las recordamos o nos las mencionan y no es necesario ese sufrimiento para el propósito de este post. Porque, como escribió Rodrigo Caro (A las ruinas de Itálica), "¿para qué la mente se derrama en buscar al dolor nuevo argumento?"

Esos episodios de corrupción que se multiplican son otros tantos síntomas de un proceso de autodestrucción de instituciones, que se agrava aceleradamente. Hay que incluir, desde luego, entre los síntomas de la autolisis, no sólo las apropiaciones indebidas, los cohechos, los tráficos de influencias, etc., sino también los asuntos malolientes sin relevancia monetaria conocida, como indultos injustificables -pese a informes desfavorables del tribunal y de la fiscalía- (v. los hechos en este comentario: http://www.vozpopuli.com/blogs/2081-jesus-cacho-ruiz-gallardon-el-conductor-kamikaze-y-el-indulto-como-manifestacion-suprema-de-la-corrupcion-del-poder) o nombramientos judiciales como el que ha recaído, para Magistrado de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en la persona del hasta hace nada máximo asesor jurídico de una gran entidad financiera (la Caixa), implicada en numerosos litigios civiles. Hay que incluir el engaño de prometer y encargar una reforma para acabar haciendo lo contrario de lo prometido, como el del Ministro faraónico respecto del Consejo General del Poder Judicial. Y no es sino corrupción, síntoma de autolisis, que se utilicen los nombres y el trabajo de unos “sabios”, con nombramiento en el Boletín Oficial del Estado (B.O.E.), para una propuesta de nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal -propuesta que no me convence en absoluto-, que se oculta una vez formulada, mientras se somete, para ser "pulida", al superior criterio de los asesores ministeriales, con uno ellos, muy principal (ministerialmente hablando), Magistrado él, poseedor de una cualificación jurídica tan poco clara que acaban de suspenderle en las pruebas para especializarse en el ámbito jurisdiccional penal (lo siento: me hubiera gustado no dar esta información, pero además de ser pública es relevante, porque callar este tipo de hechos contribuye decisivamente al progreso de los impostores y a la destrucción que producen).

Lo grave, con todo, no es que existan personas así, incompetentes super-auto-prestigiados, cofrades de pequeñas o no tan pequeñas sociedades de bombos mutuos, sino que se les confíe por un Ministro algo tan importante y delicado como el instrumento para la persecución jurídica de la delincuencia. Del mismo modo, lo grave no es que pueda existir un político profesional (“fiscal por un día”, más o menos) que acumule descomunal prepotencia y una ignorancia más que notable, mal disimulada con unos aires postizos de intelectualidad y exquisitez cultural. Lo grave, lo gravísimo, es que a ese político, que ha ido embarrando todo espacio que tocaba (piensen en la situación económica y política que ha dejado a su paso) se le haya nombrado Ministro y se le mantenga en ese puesto, porque las reglas de la política habitual (tan habitual como pestilente) repelen, por lo visto, todo lo que dicta el uso de razón y la prudencia más elemental.

Pero, aunque parezca imposible, peor aún que todo lo anterior, es la beatería ante el poder político inoculada en tantos españoles que habitualmente no carecen de buen juicio y que están mucho más cualificados profesionalmente que el político con el que se relacionan. Eso que llamo beatería ante el poder provoca que esos conciudadanos abdiquen de sus conocimientos y criterios, se traguen con naturalidad, como si fuese saliva, todo su espíritu crítico (incluso el que han expresado en público y por escrito) y, en definitiva, se amolden al deseo del poderoso de turno, al que rinden pleitesía con toda naturalidad y para quien muestran una comprensión y una indulgencia que no proyectan sobre las víctimas del poderoso. De este modo, ocurre algo que da pena: ver cómo personas valiosas se dejan manipular por un honor minúsculo y más que cuestionable y se despojan de su dignidad y categoría, deslumbradas por lo que, a la postre, es un empleo interino: Ministro, Secretario de Estado, etc. Pero, al fin y al cabo, eso que es penoso sólo afecta a los inconscientes beatos. Lo que a todos nos perjudica, y mucho, es su servilismo. Porque, aunque ellos no lo vean así y no lo quieran, se trata objetivamente de servilismo y el poder se afianza y aumenta con ese servilismo de quienes, por su formación y condición, podrían y deberían ser críticos y rebeldes. Todo lo educada y cortésmente que quisieran, pero críticos y rebeldes.

No piensen que con los últimos párrafos me he desviado del asunto principal. También son fenómenos de corrupción el silencio o la aquiescencia ante la impostura de falsos expertos y la obsequiosidad sistemática con el poder, mirando hacia otro lado ante tus errores y desmanes (como el de las tasas judiciales), callando ante ellos (a estos silenciosos los considero cómplices, por amigos que sean) y colaborando con el poder político en cuanto el propio “ego” es mínimamente estimulado por el poderoso. Esas actitudes son anomalías opuestas a la naturaleza de las cosas y a la lógica, contrasentidos éticos que están a la orden del día en nuestra sociedad sólo porque ésta ya se encuentra en trance de avanzada disolución, de imparable autolisis. No sólo hay enzimas desmadradas, como las he llamado antes: estamos, además, por así decirlo, ante un fallo total del sistema inmunológico. No hay elementos internos que defiendan de la corrupción al organismo político y social. Podrido desde dentro, nada hay dentro que contrarreste lo patológico. El “sistema” o “establishment” se acerca al final de su autolisis, de su disolución.

Ha estado muy de moda, desde hace bastante tiempo, teorizar (siempre con vaguedades) sobre unos inexorables procesos de autodestrucción que se desencadenan con el paso del tiempo. Así se autodestruirían, por ejemplo, partidos políticos y también, por referirme a una realidad que conozco bien, escuelas académicas. Varios años atrás dediqué cierta reflexión a esta teoría y, sobre todo, al fenómeno (innegable como fenómeno en sentido estricto) de los (aparentes) procesos autodestructivos.  Acabé comprendiendo, sin particular sorpresa, que esos “procesos” no son sino la destrucción consiguiente a los agigantados defectos o vicios personales de numerosos miembros del colectivo de que se trate.

Todos sabemos que, con el tiempo, si no los detectamos y no procuramos combatirlos, nuestros defectos aumentan en número y, sobre todo, en intensidad. Quien era a los veintitantos años un poco envidioso, un poco egoísta, un poco vanidoso, algo mentirosillo y un tanto cobardica, sólo veinte años después andará a todas horas pavoneándose, apuñalando a traición a sus compañeros, pisando cráneos ajenos con tal de trepar, mintiendo al por mayor a propios y extraños, escurriendo el bulto a la hora de decisiones poco gratas y mostrando una pusilanimidad penosa ante cualquier tarea que se salga de la rutina. Rechazará a su lado a personas valiosas y se rodeará de aduladores y mediocres que no le hagan sombra. Y si al comenzar su vida adulta no se preocupaba por la elegancia y la limpieza de sus ingresos, no tardará mucho en arramplar con todo lo que pueda, convertido en adorador incondicional del dios Pluto. Comprenderán que si todos podemos un mal día dejar a un lado por un momento unas buenas y sólidas convicciones éticas o traicionarlas decididamente de modo habitual, quien comienza su vida adulta desprovisto de ellas, no tardará mucho en convertirse en una bestia amoral sin el menor escrúpulo.

Si a la indigencia moral se une la intelectual,  más intenso aún es el proceso destructivo, que no sólo es ignorado por quienes están inmersos en él, sino que, muy frecuentemente, convive con la más intensa egolatría y con la convicción de una condición personal triunfante, con apenas cumbres más altas que alcanzar.

Así, y no por ningún misterioso proceso psico-sociológico, es como, al pasar el tiempo, toda clase de grupos e instituciones son frecuentemente destruidos. No se autodestruyen, sino que los destruyen algunos de sus más prominentes miembros. Mucho antes del asunto de los procesos de autodestrucción me había ocupado de recordar que no hay y no ha habido nunca un “sistema” que, por sí mismo, se pueda considerar inmune a la corrupción de las personas con mayor poder y responsabilidad: cualquier entramado institucional se viene abajo sin buenas dosis de ética en las personas, en cada persona y, en especial, en los dirigentes.

En España han destruido casi todo lo institucional. No me parece incurrir en exageración y, desde luego, me produce una intensa tristeza ese panorama. Intelectual, ética y estéticamente, estoy en las antípodas de quienes encuentran cierto gusto morboso en proclamar la decadencia y el hundimiento de España. Pero la realidad es terca e innegable, sin que exista algún buen patriotismo que permita disimularla. De modo que sí, apenas veo una institución sana, prestigiosa, capaz de encabezar un empujón de renovación y limpieza. Estoy convencido de que se equivocan quienes siguen proponiendo reformas o innovaciones institucionales. ¿Qué cabe esperar, por ejemplo, de un así llamado “fiscal anti-corrupción” en cada partido político o en cada Ayuntamiento? ¿Acaso no han tenido y tienen ya todos los partidos y Ayuntamientos cargos con autoridad y potestad para impedir y reprimir la corrupción? ¿No son “anti-corrupción” todos los cargos?

Pero, a diferencia de quienes, indignados con hartos motivos y razones, se han dado ya a generalizar y a descalificar a todos los integrantes de los grupos de personas que protagonizan la política, la justicia, la educación, los sindicatos, p. ej., el conocimiento de la realidad me permite afirmar que no todos los políticos son corruptos y vagos, ni todos los jueces ignorantes, perezosos o descuidados, ni todos los profesores incompetentes y ni siquiera todos los sindicalistas unos vividores aprovechados. En todas partes, en todos los ámbitos, incluso en los más deteriorados, quedan más o menos personas decentes, con buena y genuina cualificación profesional e incluso con un historial de trabajo comparable al de sus mejores colegas del resto del mundo. Son, sumadas una a una, muchas, muchísimas personas. Lo que ocurre es que bastantes de ellas están como atrapadas en sus respectivos ambientes, algunos (como el de la política) especialmente podridos y en los que resulta sumamente difícil o casi imposible desplegar un esfuerzo operativo de regeneración.

Mas, por difícil que resulte, desprestigiados los partidos políticos y el entramado de instituciones que ellos dominan, desmoralizada y carcomida la Universidad, maltratada la Justicia desde dentro y desde fuera, etc., sólo cabe esperar que personas, personas decentes, muchas personas decentes que aún quedan, comiencen por distanciarse intelectualmente de la corrección teórica y práctica imperante en su partido, en su Universidad, en la Justicia, en su mundo empresarial, etc. Lograda la distancia intelectual (o, con otras palabras, restaurada la finura del espíritu crítico) y recuperada una cierta valentía (es decir, desechada la cobardía y la pereza habituales), estarán -estaremos- en condiciones de pensar en serio qué hacer, cada uno solo y junto a otros. Después, a hablar, escribir y actuar, como buenamente podamos, pero sin perder tiempo ni concederse más descanso que el necesario. El resultado de esos esfuerzos personales nadie puede predecirlo ni augurarlo. Pero son lo único que resulta posible y lo que debemos considerar objeto de un serio e inexcusable deber personal. Por otra parte, sabemos con certeza que, de seguir como hasta ahora, meramente contemplativos de lo que pasa, mudos y pasivos, el tinglado actual acabará derrumbándose del todo.  Más bien pronto que tarde.

Suponiendo que no se reaccione (y, de momento, eso es lo que hay que suponer), ¿qué quedará, qué nos quedará cuando el “sistema” se caiga, cuando el “establishment” se venga abajo? No estoy en condiciones de profetizar y responder a esa cuestión. No veo a nadie capaz de hacerlo. Pero quizá quede algo -algo que no sean ruinas y escombros- si, cada uno por sí y todos juntos, que diría Cervantes, hablamos, escribimos y actuamos en una buena dirección, con cabeza y valor, sin soberbia cegadora ni el inconmensurable atrevimiento de la ignorancia.