“SOMOS UNA NACIÓN QUE SABE PONERSE EN PIE Y VOLVER A CAMINAR”

LA VERDADERA POSTRACIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA (I)
(actualizado a 7 de febrero de 2011)

El 2 de febrero de 2011, día del Acuerdo Social y Económico (ASE) (noten que lo social va antes que lo económico, un sutil toque psoe), fue presentado como un hito histórico similar a los “Pactos de la Moncloa”. Nadie ha explicado el ASE, porque debe tratarse de literatura prolija y evanescente a partes iguales: sólo sabemos que trata de las pensiones y no para mantenerlas ni aumentarlas. Pero eso no importa en esta sociedad de gestos e imágenes con las que se disimula por sistema la realidad, entre penosa y sórdida. El gran gesto del Acuerdo Social salía a escena en el teatro-bombonera de La Moncloa, sin más espectadores directos que la “claque” interesada en la pieza representada. Luego vendría la comunicación al público en general, con unas cuantas imágenes y textos. Pero, para redondear la “mise en scène" inmortalizadora del comienzo de la gesta de la recuperación económica y social, hacía falta una frase de ésas que han dado en llamarse lapidarias. Y D. José Luis Rodríguez Zapatero, Presidente del “Gobierno de España”, pensó que debía decir las palabras transcritas en el título, en sí mismas palabras bellas, cargadas de dramatismo y esperanza. Pensó el Presidente que eran palabras a la altura del momento histórico en que las pronunciaba.

Voy a defender a este señor en algún próximo “post”, porque las injusticias me sientan mal y las grandes injusticias, muy mal. Y es una gran injusticia, como todas las grandes falsedades, esa gran falsedad del momento, según la cual Rodríguez Zapatero es el mal, el único mal, el único causante de los males y el único estorbo para recuperar los bienes perdidos. Pero hoy no toca desvelar esa gran falsedad e injusticia, sino reseñar y comentar esas palabras (“Somos una nación que sabe poner en pie y volver a caminar”), palabras destinadas a ser inmortales y, sin embargo, probablemente mortíferas, bastante mortificantes y casi seguramente mortuorias o fúnebres… como ciertas lápidas.

De pronto, ”somos una Nación”, dice el Sr. Rodríguez Zapatero (ZP). De pronto, tras estar sentada o tumbada, ZP dice que esa Nación “sabe ponerse en pie”. De pronto, tras estar quieta, inmóvil, esa Nación sabe, según ZP, “volver a caminar”.

¿A quién se refiere ZP cuando dice que “somos una Nación”? ¿Se refiere acaso a España? Pienso que sí, pero, ¿se considera acaso ZP integrado en “la Nación española” de la que habla la vigente Constitución Española para afirmar su “indivisible unidad” (art. 2)? Porque, como ya se ha recordado, el 17 de noviembre de 2004 (no hace tantos años), ZP afirmaba, en defensa de otras posibles naciones en el territorio del Estado español, que «quizá no haya otro concepto tan discutido en la teoría y la ciencia política y constitucional como el de nación». No le faltaba razón a ZP: en el mundo de la teoría, “nación” es un concepto discutible, por supuesto (¿cuál no lo sería?), y discutido. Pero, aquel día de 2004, ZP no debatía conceptos en un ámbito académico-científico, sino que, como Presidente del “Gobierno de España”, intervenía en un asunto político con dimensiones constitucionales, en defensa de una determinada opción política. Se le respondió, acertadamente: «cualquier estudiante de Derecho sabe que en nuestra Constitución el término nación se reserva exclusivamente a la nación española». Las palabras de ZP el pasado día 2 de febrero, en sí mismas bellas palabras, dramáticas y esperanzadoras, han pasado inadvertidas y, sobre todo, han sido recibidas con absoluta indiferencia. Precisamente por haberlas pronunciado ZP, uno de los mortales menos idóneos para infundir confianza y esperanza. Las bellas palabras, en su boca, han sonado a epitafio.

Pero lo que ahora nos interesa no es otra de las incontables mentiras e incoherencias de ZP, al que, personalmente, sólo le considero legitimado para pertenecer a la “Alien Nation”. Lo interesante es que, en la política de gestos e imágenes, la española y la mundial (porque también existe, claro está, esa política gestual e icónica fuera de España), el número-escena del ASE se escenificó para el número-escena de la rápida pero intensa visita de Angela Merkel a la Villa y Corte. Y mientras se suceden los números de la comedia, ocurren, en España y en el mundo, cosas reales. A donde quiero llegar es a la comparación entre ese texto del libreto de nuestra comedia, la española, y la realidad de la Nación española, esa única que la Constitución reconoce.

A mí me parece que la Nación española aún subsiste, sí. Muchos, a diferencia de ZP, podemos legítimamente decir “somos una Nación”, refiriéndonos a España. Pero la segunda parte, esto es, que esa Nación sepa ponerse en pie y volver a caminar resulta harto más problemática. Para ZP, saber ponerse en pie y volver a caminar significa, por el contexto de su frase, que sabemos hacer una reforma sobre las pensiones y que, entre esa reforma y otros elementos, vamos a recuperarnos. Yo lo dudo muchísimo. Para ser más exacto: estoy seguro de que, a causa del ASE y de la tregua que nos den los misteriosos “mercados”, etc., ni nos levantaremos ni comenzaremos a andar en la buena dirección.

La falsificación del Estado Social y Democrático de Derecho: ni Gobierno que gobierne ni representación popular que legisle y controle.

Porque es muy grave la postración nacional, manifestada a fin de cuentas, en la extrema debilidad de un falsificado Estado Social y Democrático de Derecho, que debería ser el decisivo instrumento a favor de esa sociedad que se considera Nación. El Estado sólo es, de hecho, el modus vivendi de muchos y el methodus lucrandi de unos pocos. Está ya archidemostrado que carecemos de un Gobierno, entendido como máquinaria de gestión razonable de recursos escasos y de impulso de medidas en beneficio de aquella sociedad o, lo que es igual, en beneficio de la generalidad de sus miembros, los españoles. El “Gobierno de España” es, desde hace tiempo, una máquina de sectaria ingeniería social y un objeto de deseo, el máximo objeto de la concupiscencia de la clase política, que los españoles, en su abrumadora mayoría, reconocen como un gran obstáculo para el interés general. Las Cámaras parlamentarias no constituyen una representación del pueblo, sino de esa clase política, conjunto de personas instaladas en las posiciones de remuneración individual y grupal que el Estado ofrece con su inmenso aparato. Los Diputados y Senadores están condicionados por su modo de designación y por una disciplina de voto exacerbada, que llega a burlarse de la misma Constitución, art. 67.2: "Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo". Nadie de la clase política quiere Diputados y Senadores que puedan considerarse, cada uno, representantes del pueblo español. El control de "la acción del Gobierno" (art. 66.2 CE) se queda en debates inefectivos. Y lo mismo, en su ámbito, cabe decir de los "legisladores autonómicos".

Y el "Poder Judicial", a punto de ser desactivado y neutralizado: resucita la unidad de poder y coordinación de funciones franquista

Los Juzgados y Tribunales, famélicos como nunca y política y administrativamente interferidos, están al final de un asedio incesante que busca terminar con el máximo obstáculo a la arbitrariedad del poder y liquidar la máxima garantía del imperio de la ley y del respeto a los derechos y libertades. Entre los Jueces y Magistrados se ha asentado ya una pésima subclase política, con una intensísima vocación de mando, cada día más efectiva, con el resultado de que en el conjunto de la Judicatura existe una total desorientación y una generalizada pérdida de la específica identidad judicial. Ante la innegable crisis recrudecida de nuestra Justicia, a una mayoría de nuestros Jueces y Magistrados no es que no les importe que nos quedemos sin ellos: es que ni siquiera se dan cuenta de que ése es un grandísimo y gravísimo problema nacional y no tanto los muchos problemas que ellos padecen (como los miembros de otros “colectivos”), unos problemas que bien podrían aparecer en un contexto lúcido y magnánimo, en vez de presentarse como cualesquiera otras “reivindicaciones” funcionariales.

Así que el “Poder Judicial”, se encuentra ya muy seriamente condicionado y en vías de completa neutralización. Y es que el "Poder Judicial" o, más exactamente, los Jueces y Magistrados en los Juzgados y Tribunales, son lo único que queda frente a la peste de la corrupción que ha infectado casi todo. Por eso la clase política no va a parar hasta neutralizarlos, desde fuera y desde dentro. Veremos de inmediato cómo se pretende desactivar los Juzgados, incluyéndolos en un "colectivo", los Tribunales de Instancia.  ¿Quien lo va a hacer? El Ministerio de Justicia, con el decisivo apoyo del PP del Sr. Trillo-Figueroa (D. Federico) y los encendidos aplausos del CGPJ (alumbrado en gran medida por el mismo Sr. Trillo y condensado perfecto de la resucitada unidad de poder y coordinación de funciones del franquismo), ante la complacencia o la indiferencia de las asociaciones judiciales, importantes sedes y semilleros de la subclase política judicial. Es triste que nuestros Jueces y Magistrados independientes, en verdad maltratados, se sienten más maltratados como funcionarios que como Jueces y Magistrados en trance de extinción. Así, no ven la próxima jugada, que se les vende con especiosos argumentos de eficacia y de unidad de criterio. Ni para la eficacia ni (aún menos) para la unidad de criterio (un bien muy inferior al de la independencia judicial) hace falta eliminar Juzgados por el sistema de engullirlos en colegios de jueces, que alguien tendrán al frente, digo yo y ésa es la clave. Los Jueces no deberían querer más jefes de ninguna clase y para conocer los criterios de los demás les basta tomarse un café con sus inmediatos compañeros y utilizar cualquier base de datos de jurisprudencia, como hacemos el resto de los mortales.

La clase política omnipresente y el desprestigio de las instituciones

La Nación española está sometida y presa de su clase política. Es una Nomenklatura que no ocupa puestos en virtud de serios procesos públicos de selección conformes a los principios de mérito y capacidad (procesos con los quieres acabar). Los miembros de la clase política ocupan, por interrelaciones especiales, ciertas posiciones remuneradas (todas las que se han podido inventar y las que se seguirán inventando) en los ámbitos del Gobierno (los gobiernos autonómicos también) y de las Administraciones públicas (gubernamentales), pero también de la organización de los partidos políticos y de los sindicatos sostenidos con fondos públicos. Para ingresar y permanecer en la clase política no hace falta, no ya excelencia, sino ni siquiera elemental preparación profesional, o sea, saber de algo y, para ciertos niveles, poseer una cierta experiencia (buena) en algo. Lo que se requiere es adhesión al mando y, a falta de prueba de la adhesión, eso que ahora se llama “perfil bajo”, porque el “perfil alto” no es buen indicio de docilidad acrítica.

En esta situación de podredumbre terminal del Estado Social y Democrático de Derecho, situación que no es sino una discreta y disimulada apoteosis del “Estado de partidos”, no es de extrañar que no encontremos ya en España una sola institución pública con sólido prestigio social, generadora de confianza y respeto. No sólo no lo tienen los Gobiernos ni las Cámaras y Asambleas legislativas, sino que no lo tiene el Tribunal Constitucional y aún menos el Consejo General del Poder Judicial, máximo exponente de la corrupción del Estado constitucional a manos de la clase política. El Tribunal Supremo no se afianza en su pequeña recuperación y se le ayudará legislativamente, más pronto que tarde, a consolidarse como mero balneario de la cúpula judicial, destrozada por sucesivas ediciones del CGPJ. Los grandes cuerpos de la Administración prosiguen su decadencia indisimulable y todos los entes reguladores inventados en los últimos tiempos han sido y están siendo un desastre sin paliativos: desde el Banco de España (culpable de felonías sin cuento) hasta la Comisión Nacional de la Competencia (antiguo Tribunal de Defensa de la Competencia), pasando por las demás Comisiones nacionales y autonómicas. De las Reales Academias acaso se salven algunas de las que siguen trabajado discretamente. Los Colegios Profesionales, que no han sabido legitimar a fondo su discutible estatuto privilegiado, son, en general, cadáveres a la espera de un entierro administrativo de tercera. Y más vale no hablar de las Universidades, porque, aunque subsisten en ellas muchas islas con investigación y docencia excelentes (comparables a lo mejor del mundo), en conjunto han sido destrozadas por la subclase política educativa (a la que los malos resultados de sus planes les traen al fresco) y por la alianza psico-pedagógica del disparate “Bolonia”, al que se han entregado, a falta de cerebro reamueblado, la derecha presuntamente moderna y nuestros izquierdistas de salón: los del “Gobierno de España” e incluso algunos de la hoz y el martini.

A los grandes agentes económicos y al "cuarto poder" prefiero referirme en otro post. Simplemente adelantaré que las Universidades, con estar como están, parecen cumbres de excelencia en comparación con el cenagal de la macroeconomía y el estado de los "medios".

Cualquiera de las anteriores afirmaciones se puede ilustrar profusamente ad nauseam. No soy ni me gusta parecer aguafiestas o pájaro de mal agüero. No incurro en el menor catastrofismo. Sencillamente, me niego a ocultar o disimular una catástrofe a la que no he contribuido. Si duele leer lo que he escrito, créanme: duele mucho más tener que escribirlo.

Así las cosas, supongamos que es cierto algo que es (casi evidentemente) falso, a saber: que nuestro principal problema es la crisis económica. Es apremiante, en verdad, no destruir más empleo, sino crearlo. Pero eso lo harán los pequeños y medianos empresarios, a pesar del Gobierno, del Parlamento y del Poder Judicial, si se les da algún respiro. Pero el prestigio de la “marca España”, la confianza de “los mercados” internacionales, el déficit público, ¿se van a arreglar por las medidas que ahora, empujado, obligado o convertido, lidera este “Gobierno de España”, con o sin el apoyo del PP, de CiU, de CC.OO., de UGT, etc.? ¿Tiene el ASE, ocasión de las palabras comentadas, y tienen las demás medidas adoptadas o anunciadas (la acción sobre las Cajas de Ahorros, el “pacto sobre competitividad” europeo, etc.) una potencia tal que permita pensar en una Nación, España, capaz de ponerse en pie y caminar con rumbo?

Me encantaría equivocarme, pero no lo veo así. Me explicaré en cuanto pueda.

EL DERECHO, A LA ESCUPIDERA DEL CONSEJO DE MINISTROS: VUELTA A LA “LÓGICA” DEL “GAL”

APOTEOSIS DEL "PENSAMIENTO ALARMANTE"

La destrucción del Estado de Derecho empezó en serio con la expropiación de RUMASA y la posterior bendición de esa expropiación en la Sentencia 111/1983, de 2 de diciembre, por la mayoría mínima del Tribunal Constitucional (empate a votos, pero voto dirimente del entonces Presidente, Manuel García Pelayo). Y ha terminado -finito, kaputt, killed- con el Real Decreto 1673/2010, de 4 de diciembre, “por el que se declara el estado de alarma para la normalización del servicio público esencial del transporte aéreo”, con el funeral de su más que probable prolongación, ya decidida por el “Gobierno de España” (“GdE”) y a la espera de la aprobación del Congreso de los Diputados. Decretar el “estado de alarma” ilegalmente, mantenerlo ilegalmente y prolongarlo ilegalmente ha sido estrenar en la historia de nuestra reciente y nunca consolidada democracia lo que se hacía, con mayor y más fundamento legal, en la dictadura franquista. Se trata de un colofón perfectamente proporcionado a la magnitud e importancia de la paulatina demolición del Estado de Derecho establecido en la Constitución de 1978. Entre aquel puente de la Inmaculada del año 1983 y éste del 2010, el Estado de Derecho ha sufrido muchos traumas, amputaciones y enfermedades, incluídas, por supuesto, las venéreas. Pero ahora se ha enterrado vilmente el Derecho y se ha prostituido al Estado, convertido en un monstruo sin entrañas y sin otro rumbo que su máxima continuidad posible en el tiempo para beneficio de una pequeña minoría de españoles -los jefes de la partitocracia- que han hecho de la existencia de este Estado su modus vivendi, su industria extractiva, su empresa personal a coste cero.

Lo que hicieron los controladores estuvo muy mal. Pero el Estado nunca puede ponerse al nivel de quienes, en ocasiones, carezcan de consideración hacia sus conciudadanos. El Estado es una máquina jurídica y legal: jurídica y legal en su raíz legitimadora y necesariamente jurídica y legal en su comportamiento. Podemos comprender e incluso disculpar -que no es justificar- a un conjunto de trabajadores que nos dejan sin Metro o sin transporte aéreo. No podemos comprender ni disculpar ni justificar a quienes utilizan la máquina del Estado haciéndola funcionar en contra de aquello que la legitima y para su exclusivo y personalísimo beneficio. Los ciudadanos que, pese a tantos abusos, aún nos creíamos sustancialmente libres, vemos que el “GdE” no se iguala simplemente con un grupo profesional que paraliza servicios esenciales, no se sitúa al mismo nivel de quienes ese “GdE” denomina “chantajistas”, “privilegiados”, “secuestradores”. No: el "GdE" supera enormemente en bajeza y terriblemente en gravedad a la desmesurada reacción de un colectivo previamente machacado sin pausa durante muchos meses (todo hay que decirlo).

Como los controladores son (o eran) unos privilegiados retributivamente y son pocos, son malos. Y si, además, caen en mi trampa y hacen algo muy mal, no son malos, sino “los malos”, de modo que, para este “GdE”, todo vale. Es, si bien lo miran, la misma lógica del “GAL”: contra los etarras, pistoleros a sueldo y cal viva, pagando todos los españoles las primas por asesinato. «Esto está justificado -pensaron y siguen pensándolo: lo ha confesado hace poco ese enfermo ególatra que es el Gran González- porque se trata de “los malos”». Y contra “los malos” todo vale. Todo vale cuando soy yo, claro, quien decide quiénes son “los malos” y tengo a mi disposición el BOE, el dinero de los españoles y hasta las pistolas.

La gente que quiso empezar por vía aérea el mega-puente festivo de comienzos de este mes lo pasó mal, muy mal. Pero querría yo que intentasen imaginar lo que es -desde hace tiempo, pero más ahora- dar clases en una Facultad de Derecho, en España, como si en España hubiese de verdad un Estado de Derecho, cuando no es que no lo haya, sino que su misma idea está siendo escarnecida bellacamente. Sin duda, algunos colegas han desarrollado una epidermis paquidérmica y de algunos sé que no leen los periódicos y se han aislado de toda información.. Esos pueden abstraerse y hablar de los temas de su asignatura que correspondan como si estuviesen en Heildelberg o en Alfa-Centauro. Pero no somos pocos los que nos vemos obligados a un esforzadísimo disimulo de la tristeza interior más profunda, como si por dentro llorásemos ante las ruinas de Itálica y oyésemos, Patria, tu aflicción, a todas horas.

EL FIN JUSTIFICA LOS MEDIOS. Estas palabras deben figurar cuanto antes, en gigantescas letras, compuestas con gruesas cadenas y alambre de espinos, en el frontispicio de todas las Facultades de Derecho. Una vez advertidos bien a las claras de lo que hay, los que entren en esas Facultades verán que en ellas se enseña a conocer y a apreciar en cuántas materias y ocasiones y hasta qué punto y de cuántos muy diversos modos puede el poderoso afrentar, dañar, lesionar, engañar, defraudar y explotar antijurídicamente a quien carece de poder, propio o prestado. Porque al débil no le protege ya el Estado de Derecho, impensable e imposible sin Derecho. Las Facultades de Derecho son ya los recintos en cabe aprender las iniquidades, los abusos y los dolores todos contra el Derecho, convertido en salivazos de los delincuentes de cuello blanco, que trituran y mascan con sus dientes la Constitución y las leyes, escupiéndolas después a los antihigiénicos recipientes de loza blanca, que creíamos desaparecidos, pero han tenido que ser recuperados.

Un nuevo pensamiento: el pensamiento alarmante

Lo peor de todo es el conformismo. Porque mucho peor que el abuso del tirano es la aceptación, incluso complacida, de la tiranía. En realidad, no oímos la aflicción de la patria, sino el balido de los corderos. Un gran diario nacional ha consultado a sus lectores internéticos y casi el 60 por ciento eran partidarios de despedir a todos los controladores aéreos. Así funciona de bien la maquinaria de los Rubalcabas, los Pepiños, los González, los Jáureguis, engrasada por un descontrol imperdonable de los controladores y por la envidia y el rencor social, que, paradójicamente, saben atizar muy bien en los mal pagados y mal tratados ciudadanos, justo aquellos que los malpagan y maltratan, esto es, unos cuantos politicastros sin oficio conocido, vividores que no se privan de nada con el dinero de todos. La propaganda más estúpida y sucia funciona tan bien que 60 de cada cien ciudadanos, agobiados por unos gobernantes incompetentes, están dispuestos a que España se quede sin comunicación aérea. Algo así, completamente ilógico, ha sido fruto del nuevo pensamiento: el pensamiento alarmante. El pensamiento alarmante conduce a alinearse con el suicidio colectivo, que sería también la miseria para muchos y la penuria para todos. Por eso es alarmante.

Tenemos un Fiscal General del Estado que lleva bastantes días amenazando públicamente con la cárcel a los controladores (así, genéricamente, a todo controlador) y que, al llegar cada noche, se retira a sus aposentos sin formular acusación alguna ante algún Juzgado, que es para lo que está y no para acompañar a su compinche Pepiño en algaradas que no arreglan ningún problema. Este Conde-Pumpido, que lo mismo asesora al “Ambasador USA” que se planta en La Moncla con sus “productos”, ha alumbrado una nueva criatura: el “matón togado”. Está a sus anchas en el clima del pensamiento alarmante. Como lo están, con publicidad gratis en los noticiarios de TV, varios “prestigiosos bufetes” que recaban adhesiones de afectados y afirman (¡qué cosas!) que van a pedir ¡al Fiscal! que “embargue los bienes de los controladores”. ¿Demuestran ocurrencias como ésta un mínimo, ínfimo, microscópico, conocimiento del Derecho? ¿Qué creen estos “prestigiosos bufetes” que dicen las leyes españolas?

El pensamiento alarmante es un nuevo tipo de producto humano de apariencia intelectual. Se caracteriza por ser espasmódico, desestructurado, incoherente y, ordinariamente, de muy baja, casi imperceptible, intensidad eléctrico-cerebral. El “pensamiento débil” fue un modo elegante de referise a desarrollos intelectuales caracterizados por sincretismos improvisados y discursos banales, sin originalidad sustancial ni formal. Pero el nuevo pensamiento, el pensamiento alarmante, es un sustituto de la actividad cerebral producido por otras vísceras humanas (se han localizado varias como posibles orígenes) y lo único comprobado sin lugar a dudas es que sus convulsiones en forma de aparentes ideas van acompañadas de taquicardia e hipertensión. O sea, lo típico de la ira ciega.

Para el pensamiento alarmante, será muy buena idea, en estos días, despedir a todos los controladores, ya que fusilarles en las cunetas encierra dificultades técnicas, porque no se han repartido armas, munición y plenas impunidades. Los que abracen y cultiven el pensamiento alarmante se dejarán esquilmar por las plataformas y asociaciones que les van a conseguir indemnizaciones suculentas por la módica cuota asociativa de 500 euros, por ejemplo, lo que hace un capitalito inicial de 500.000 euros a nada que firmen 1000 afectados. No importa que AENA deba 12.000 (DOCE MIL) millones de euros, a causa de haber construido aeropuertos nuevos en lugares desde los que vuelan y a los que vuelan algo así como tres docenas de personas al mes. No importa qué empresas construyeron esos aeropuertos, cobrando lo suyo por levantar esas fuentes de la ruina de todos. No importa a qué bancos extranjeros se deben gran parte de esos DOCE MIL MILLONES. No importa que esté en marcha una “privatización” de AENA que, dice la Vicepresidenta Salgado, nos reportará 8.000 (OCHO MIL) millones de euros (hagan los cálculos). Con el pensamiento alarmante, en eso no se piensa. No se piensa tampoco en que, por la lógica de “contra los malos, vale todo”, cualquier día uno se puede encontrar clasificado entre “los malos”. Cualquier día, uno se entera de que ha sido convertido en judío en el III Reich. Con el pensamiento alarmante, lo que ocurre es que deja de interesar saber, conocer. Y los que sacrifican, no una pequeña porción de libertad por algo más de seguridad, sino la libertad entera por la promesa de total seguridad (siempre una falsa promesa), de inmediato dejan de pensar por libre y, poco después, dejan de pensar en absoluto.

Lo curioso es que los promotores del “pensamiento alarmante” (y los que nada hacen contra él) estén seguros de que los despersonalizados adeptos y adictos a ese pensamiento nunca pueden tener la “idea”, muy simple, muy propia del “pensamiento alarmante”, de linchar, ahorcar o quemar vivos a quienes ahora les tienen enganchados. Porque el “pensamiento alarmante” no es una enfermedad propiamente incurable (algunos tratamientos de shock han funcionado) y, sobre todo, es muy difícil de controlar. Mucho más incontrolable que los controladores aéreos.

UN ENGAÑO COLOSAL Y MASIVO: EL PROCESO DE GARZÓN CONTRA EL FRANQUISMO

ANTE GRANDES MENTIRAS, HECHOS Y LEYES

Volvemos sobre el tema, de otra manera. Y, como verán, sin discutir acerca de la amnistía y de la prescripción. No hace falta.

EL PROCESO DE GARZÓN CONTRA EL FRANQUISMO: Hay gente que piensa que Garzón abrió un proceso penal para investigar, en su conjunto, los crímenes del franquismo. Y esta gente piensa también que ha habido y hay una conjura (no sabe muy bien de quiénes, pero con el Tribunal Supremo involucrado) que, no sólo ha impedido a Garzón seguir ese proceso, sino que está a punto de sentarle en el banquillo de los acusados, con el propósito de condenarle.

Esto que piensa mucha gente se debe a una pura propaganda que no sólo no responde a los hechos, sino que carece de freno alguno para las mentiras, aunque éstas conduzcan a contradicciones e incoherencias mayúsculas.

La verdad se puede y se debe resumir en dos puntos:

1º) Cabe afirmar que, en cierto sentido, Garzón abrió un proceso penal al franquismo. Pero ESE “PROCESO AL FRANQUISMO” SE ABRIÓ POR GARZÓN DECLARANDO LA RESPONSABILIDAD EN EL "ALZAMIENTO NACIONAL" DE TREINTA Y TANTAS PERSONAS DIFUNTAS Y SE CERRÓ AL DECLARAR GARZÓN EXTINGUIDAS LAS RESPONSABILIDADES DE ESAS TREINTA Y TANTAS PERSONAS. EL HEROICO "PROCESO" DURÓ UN MES Y DOS DÍAS.

2º) GARZÓN NO INTENTÓ SIQUIERA INVESTIGAR UN SOLO CRIMEN POSTERIOR AL "ALZAMIENTO NACIONAL". GARZÓN SE LIMITÓ A SOLICITAR CERTIFICADOS DE DEFUNCIÓN RESPECTO DE PERSONAS QUE SABÍA Y RECONOCÍA QUE ESTABAN MUERTAS. NO HUBO NINGUNA INVESTIGACIÓN DE GARZÓN SOBRE CRÍMENES FRANQUISTAS.

Si alguien no se cree este resumen, vea si puede ignorar los siguientes hechos:

-El Juez Garzón se declara competente para instruir un proceso sobre el “Alzamiento Nacional” en una resolución (auto) de 16 de octubre de 2008, en que considera que el “Alzamiento” fue un delito contra Altos Organismos de la Nación. En esa misma resolución, el Juez Garzón 1º) Establece quiénes son los responsables de ese delito, con nombres y apellidos; 2º) Afirma -dos veces- que es notorio que todas las personas con esos nombres y apellidos han fallecido; 3º) Solicita los certificados de defunción de esas personas, anunciando ya que, una vez que los haya recibido, declarará extinguidas sus responsabilidades penales.

-Por otra resolución (auto), de 18 de noviembre de 2008, recibidos los certificados, el Juez Garzón 1º) Declara extinguidas las responsabilidades penales de los por él declarados protagonistas del “Alzamiento Nacional”; 2º) Se declara incompetente para seguir conociendo del proceso que él había iniciado.

Sin duda, tras el auto de 16 de octubre de 2008, Garzón hubiera podido intentar siquiera investigar hechos de apariencia delictiva conexos con el "Alzamiento Nacional" y posteriores a él. No sólo no lo hace, sino que el planteamiento garzoniano es, desde el principio, de apertura y carpetazo inmediato.

GARZÓN Y LOS “DESAPARECIDOS” Y ENTERRADOS EN LUGARES DESCONOCIDOS. Mucha gente piensa también que, más concretamente, Garzón se estaba ocupando de investigar “desapariciones” que se le habían denunciado. Muchos, de buena fe, entendieron que Garzón abría así una puerta a la esperanza de localizar las sepulturas de seres queridos, identificarlos y permitir un digno sepelio.

La verdad sobre esta “creencia” se puede resumir así:

GARZÓN NUNCA INVESTIGÓ LAS DESAPARICIONES DENUNCIADAS A SU JUZGADO A PARTIR DE DICIEMBRE DE 2006. DURANTE AÑO Y MEDIO NO HACE NADA, EXCEPTO RECIBIR NUEVAS DENUNCIAS. AL CABO DE AÑO Y MEDIO, GARZÓN REQUIERE INFORMACIÓN SOBRE ENTERRAMIENTOS Y OTRAS POSIBLES DESAPARICIONES. AL CABO DE OTRO MES, SE DECLARA INCOMPETENTE PARA CONOCER DE LAS DESAPARICIONES. LA ACTUACIÓN JUDICIAL DE GARZÓN SOBRE LAS DESAPARICIONES DURA ALGO MÁS DE DOS MESES.

A quienes piensen que exagero o me equivoco, les sugiero que confronten el resumen que acabo de hacer con los siguientes hechos, indiscutibles, porque están todos documentados.

Las denuncias de “desapariciones forzadas” se comienzan a presentar ante el Juzgado de Garzón (Juzgado Central de Instrucción nº 5) en diciembre de 2006. Durante largos meses, Garzón nada resuelve. Al cabo de un año y medio, primero el día 28 de agosto y después el 25 de septiembre de 2008, Garzón solicita a innumerables entidades información sobre otras posibles desapariciones y sobre inhumaciones o enterramientos colectivos en toda España. Sigue sin investigar las desapariciones denunciadas. Y el 18 de noviembre de 2008, en la resolución (auto) antes citada, es decir, menos de tres meses después de mover por vez primera el asunto de las “desapariciones”, Garzón se declara incompetente para conocer de las desapariciones, inhibiéndose a favor de gran número de Juzgados de Instrucción de toda España. Aplica, al cabo de casi dos años, los preceptos legales que pudo y debió aplicar desde el principio.

Veamos la cuestión de la competencia o jurisdicción de Garzón en relación con las "desapariciones forzadas".

Las “desapariciones forzadas” constituyen un delito especial de “detención ilegal”, previsto en el art. 166 del Código Penal, dentro de un Capítulo que lleva el rótulo “De las detenciones ilegales y secuestros”. Los delitos para los que tiene competencia un Juzgado Central de Instrucción son, en virtud del art. 88 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), los que se enuncian en el el art. 65 de la mismo LOPJ y, en especial, los del aptdo. 1, a saber:

“a) Delitos contra el Titular de la Corona, su Consorte, su Sucesor, altos organismos de la Nación y forma de Gobierno.”

“b) Falsificación de moneda, delitos monetarios y relativos al control de cambios.”

“c) Defraudaciones y maquinaciones para alterar el precio de las cosas que produzcan o puedan producir grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, en la economía nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una audiencia.”

“d) Tráfico de drogas o estupefacientes, fraudes alimentarios y de sustancias farmacéuticas o medicinales, siempre que sean cometidos por bandas o grupos organizados y produzcan efectos en lugares pertenecientes a distintas audiencias.”

“e) Delitos cometidos fuera del territorio nacional, cuando conforme a las Leyes o a los tratados corresponda su enjuiciamiento a los Tribunales Españoles.”

Resulta patente que las “desapariciones forzadas” no son de la competencia de los Juzgados Centrales de Instrucción.

El más elemental conocimiento exigible a cualquier Magistrado que desempeñe un Juzgado Central de Instrucción es el de los preceptos legales que se acaban de citar. Porque de ellos depende que tenga o no jurisdicción para conocer de unos hechos con apariencia delictiva. Y si no tiene competencia o jurisdicción todo lo que haga es radicalmente nulo.

Cualquier Juez Central de Instrucción, ante una denuncia o una querella relativa a una o varias “desapariciones forzadas”, se declararía inmediatamente incompetente y se inhibiría a favor del Juzgado de Instrucción que considerase legalmente competente (según los arts. 25 y 14 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). Obviamente Garzón no actúa así. Él recibe denuncias desde finales del 2006 hasta bien entrado el año 2008. Durante ese tiempo, cabe decir que Garzón "cajonea" esos papeles. Es decir, los guarda en un cajón. Es un maestro en eso.

¿O acaso no se dio cuenta Garzón en diciembre de 2006, que no le correspondía legalmente ocuparse de las desapariciones denunciadas? Dicho de otra manera: ¿se consideró erróneamente competente y, casi dos años después, cayó en la cuenta del error? No se puede responder en sentido afirmativo, porque Garzón, desde diciembre de 2006 a agosto de 2008, nunca se declaró competente y, en lo poco que actuó, reconoció que actuaba sin resolver sobre su propia competencia.

Y ahora recapitulemos. La justa causa de quienes deseaban y aún desean conocer dónde se encuentran enterrados sus familiares o amigos, ¿en qué se benefició de resoluciones judiciales dictadas por Garzón? EN NADA. ¿Qué concreto (presunto o real) crimen del franquismo fue objeto de una actuación judicial de Garzón? De los papeles del proceso, todos publicados en su día, surge esta obligada respuesta: NINGUNO. Garzón despertó esperanzas que quedaron insatisfechas y movilizó muchos recursos económicos y muchos esfuerzos de gran número de personas, con este ÚNICO RESULTADO: MILES DE PÁGINAS EN PERIÓDICOS Y REVISTAS Y MILES DE MINUTOS EN RADIO Y TV CON GARZÓN COMO PROTAGONISTA.

¿Hay infracciones jurídicas en el curso de estas peripecias procesales garzonianas? Las hay, y no pocas ni leves. Así lo consideró la Fiscalía en varios informes de excepcional dureza (que luego ha contradicho sin el menor rubor). Por la claridad de esas infracciones jurídicas y porque se le dan a conocer a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, ésta, comprobados los hechos -que son todos resoluciones del mismo Garzón-, no pudo sino admitir la querella y no ha podido sino resolver, hace unos días, que procede seguir juicio contra Garzón, sin prejuzgar el resultado. Que la querella la presentasen personas de derechas, gente judeo-masónico-bolchevique, individuos del "entorno" de ETA, etc.,  carecía de relevancia jurídica. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo hizo bien al no concederle una relevancia inexistente.

LA CONJURA. Garzón se encuentra también encausado por otros dos asuntos. ¿Son también de derechas o ultraderechas los querellantes de esos asuntos? En el asunto relativo a gestiones de Garzón ante el Presidente del Banco de Santander y dineros desembolsados por este Banco en relación con una estancia en USA del Sr. Garzón, los querellantes son dos abogados sin historial político conocido, aunque uno de ellos ha aumentado su notoriedad recientemente al promover una acción judicial para eliminar un monumento (en Monteagudo, Murcia) consistente en una gran estatua de Cristo. En la causa por decretar escuchas de conversaciones entre presos y sus abogados, el querellante es otro abogado, sujeto pasivo de las "escuchas", que durante muchos años fue Fiscal de la Audiencia Nacional. El PP está ausente en los tres casos. El Magistrado Instructor del asunto “Garzón y los crímenes del franquismo” es un Magistrado de reconocido pensamiento y trayectoria de izquierdas, fundador de Jueces para la Democracia.

A mi entender, es patente que no existe conjura alguna contra Garzón. Si existe, en cambio, una fuerte campaña para que no se conozca lo que Garzón hizo y omitió en los tres casos y para que sólo importe el color y la alineación ideológico-política, en un enfrentamiento global. Adicionalmente, no hay freno en difamar a todos los que intervienen en los asuntos penales garzonianos y se presiona, también difamatoriamente, a quienes puedan verse en el trance de intervenir en el futuro. El colmo, por ahora, se ha dado en un recinto de mi Universidad, en la mañana de hoy, 13 de abril de 2010, donde un fiscal jubilado ha llegado a decir, de inconcretos Magistrados del Tribunal Supremo (con difamación de todos, por tanto), que “fueron cómplices hasta el último día de las torturas infringidas (sic en la prensa, pero será "infligidas", digo yo) por la brigada político social, de la que muchos de los que están aquí han sido víctimas”… que, sin embargo, no comparecieron como tales ante Garzón. (Me parece, por cierto, que el fiscal jubilado ha perdido por completo la noción del calendario: tendría que caer en la cuenta de dónde estaban los actuales miembros del Supremo antes de la muerte de Franco: bastantes ni siquiera serían jueces).

Hubiese preferido no tener que volver sobre este tema, pero la manipulación está siendo fortísima y, como se ve, se quiere establecer una justicia asamblearia y mitinera frente a la Justicia del Estado y, en concreto, frente al Tribunal Supremo. Aunque no sea la primera vez que algo así se perfila en el horizonte (recuerden, los menos jóvenes, las broncas sobre los casos del GAL y Filesa), no cabe callarse ahora.

ADHESIÓN O REPRESALIA

LA INTOLERANCIA DE LOS FALSOS DEMÓCRATAS

En nuestra democracia formal, bastantes cosas han cambiado respecto del franquismo. Pero otras están siendo iguales o incluso peores, porque -lo escribí y publiqué hace más de treinta años- muchos de los que mandan en esta democracia ya casi enteramente falseada no son demócratas ni amantes de la libertad, sino autoritarios y totalitarios. La involución antidemocrática de este ya largo periodo de partitocracia y de extremo corporativismo, ambos hermanados con la mediocridad y la bajeza, ha hecho que la distinción con el franquismo sea mínima en ciertos aspectos y no siempre con resultado favorable a la actualidad. El Frente de Juventudes, la Falange y el Movimiento Nacional, con sus recovecos grupales, tienen hoy, en cuanto a la necesidad o suma conveniencia de la afiliación, unas equivalencias de una fuerza no menor.

Ahora, si eres profesor universitario, más te vale tener padrinos directos o indirectos en la ANECA (que te acredita, o no, para alcanzar un nivel superior) o en el CNEAI (que te reconoce, o no, sexenios de efectivo trabajo investigador), aunque, a decir verdad, en ciertos casos, si te sales de los baremos y nadie te ha puesto la proa ni has topado con locos de especial intensidad, puedes lograr lo que pretendes sin padrinazgos.

Pero si eres Juez o Magistrado y quieres no cerrarte legítimas posibilidades de ascenso que no dependan sólo de la antigüedad, necesariamente has de estar afiliado y moverte bien en las alturas de alguna asociación judicial (Jueces para la Democracia, A. Profesional de la Magistratura, Francisco de Vitoria) o, aún mucho mejor, pertenecer al círculo de los amigos de algún dirigente político-judicial o político-partidista con influencia, de ésos que han situado en el Consejo General del Poder Judicial a personas de su confianza.

Y si eres Secretario Judicial, más te vale no “limitarte” a cumplir bien las funciones que legalmente te correspondan en este o aquel Juzgado o Tribunal. Que abogados y procuradores valoren muy positivamente lo que haces, que estén satisfechos de tu trabajo y lo estén también los jueces con los que has trabajado, que el Juzgado esté al día, eso no importa nada: lo decisivo es que pertenezcas o tengas perfecta relación con las cúpulas de las asociaciones corporativas (el Colegio Nacional, la Unión Progresista de Secretarios Judiciales, p. ej.) y que sean excelentes tus relaciones con los Directores Generales del Ministerio de turno.

No hablo de otros ámbitos porque los conozco menos (y porque no hace falta), pero sé perfectamente, y lo saben los lectores, que el fenómeno es general. Para subir (no digamos para trepar) o para mantenerse, cuenta mucho, en todas partes, oficiar como infatigables “abrazafarolas” de personajillos con poder, en el Gobierno e incluso en la oposición, que también tiene sus migajas consensuadas. Y el que no guste de "eventos" y de sus correspondientes "vinos de honor", no omita dedicarse discretamente a cultivar a quienes están en la pomada a tiempo completo. En definitiva, hay que estar “apuntados” en entidades o en realidades informales, pero fuertes y decisivas. Tienes que ser “de los suyos” y no lo eres, de ordinario, si a pesar de derrochar disposición al diálogo y a la colaboración, tu “perfil” aún contiene eso tan antiguo que se llama dignidad personal, eso que también llamábamos “respeto por uno mismo”.

Los actuales requisitos de promoción son pertenencias y militancias menos formales que las antiguas, pero no menos intensas o eficaces. En cierto modo, tienen ventajas mayores y menores inconvenientes. Los buenos “enganches” o apoyos apenas han de ser visibles e incluso pueden permanecer en la sombra o en una estudiada semiclandestinidad.

Pero si todo lo anterior es necesario, en absoluto resulta suficiente. Es imprescindible, además, un nulo perfil crítico y, aún mejor, un nítido perfil de docilidad y sumisión al “mando”, sea el que sea. Estas características no se presumen, sino todo lo contrario, en personas inteligentes, con sólida preparación, con un serio curriculum profesional y con éxito, de mayor o menor brillo social. Este tipo de personas levanta la sospecha, muy fundada, de ser propensos a formar criterio propio después de estudiar los temas, cosa que puede dificultar la necesaria adhesión, rápida y firme, a las ocurrencias del poderoso.

En esta partitocracia plutocrática y corporativista, los falsos demócratas -en realidad, gentecilla de mentalidad tiránica- sólo quieren adhesión compacta y plena. O silencio. No escuchan la menor discrepancia o, mejor dicho, la escuchan para tomarla como insulto o agravio personal, por mucho que se haya formulado de forma respetuosa y por importantes que sean los argumentos ofrecidos. Una de las más grandes ingenuidades que se pueden cometer (lo digo por experiencias propias y ajenas) es tomar en serio a estos dirigentes cuando te piden que les digas, “con toda libertad” lo que “de verdad” piensas sobre un tema. ¡Malo si resulta que no coincide con lo que les gustaría oir!

De ordinario, los poderosos saben de todo y no necesitan que se les ilustre. Hagan Vds. esta prueba: ¿Recuerdan haber presenciado, en el Parlamento o fuera de él, una sola ocasión en que alguno haya agradecido al adversario una crítica, le haya reconocido llevar razón (al menos en parte) o le haya elogiado una información o una argumentación por su utilidad para revisar o mejorar esto o lo otro? Hay algo asombroso en la literatura del poder. Si se repasa, resulta que muchísimos poderosos (no todos, pero sí la inmensa mayoría) se consideran y se comportan como si hubiesen sido y fuesen infalibles. Pero, ¿no es patente que son falibles, como cualquier hijo de vecino?.

Todo va al revés en la pseudodemocracia. Si la democracia se funda en la máxima participación de personas libres, si la crítica y el pluralismo son consustanciales a la democracia, ahora, en la pseudodemocracia española del "Estado de partidos", la crítica determina como mínimo la marginación y, en cuanto pueden (y como tienen el poder, pueden muchas veces), la crítica determina la represalia. Sí, represalia, re-pre-sa-lia por ejercitar derechos propios y, además, según la Constitución, derechos fundamentales. En el caso real a que enseguida me referiré, la represalia ha supuesto -está suponiendo- infringir violentamente los arts. 9, 14, 16, 20 y 23 de la Constitución Española en vigor.

Entre otros muchos, un caso real, que no conozco por la persona represaliada y que traigo aquí sin su conocimiento. ¿Se creyó Vd., señora Secretaria Judicial, que podía expresar su opinión sobre un proyecto de Ley procesal lo mismo que más de un centenar de procesalistas? (V. en  http://www.ucm.es/info/procesal/declaracion.htm)   ¿Se creyó que, al no contener esa declaración colectiva ningún insulto ni desconsideración alguna y al estar Vd. de acuerdo con su contenido, era Vd., señora Secretaria Judicial, como profesional, como profesora y como ciudadana, libre para suscribir lo que le convencía? ¡Qué error! A los profesores ya les hemos insultado y no podemos represaliarles, pero a Vd., señora Secretaria Judicial, la vetamos nosotros, en el Consejo del Secretariado (que no tiene veto que valga) y la vetamos (sin fundamento real ni legal alguno) en el Ministerio de Justicia, de modo que su nombramiento en curso queda definitivamente congelado. Y si la congelación "sine die" supone que sigue en su cargo quien debiera cesar (pero que, de paso, es "de los nuestros", buen compañero de caza y de copas), mejor que mejor: ahí están los "ejemplos" del TC o del CGPJ para "legitimar" el retraso indefinido o "congelamiento".

Éstos son, así son, los sedicentes paladines de los derechos humanos y de las libertades públicas: unos personajes que, en realidad y a fin de cuentas, aunque no maten, no se dejan ganar por los talibanes ni por los jemeres rojos en intolerancia, desprecio a la libertad y viciosa afición al más arbitrario ejercicio del poder. En sus cenáculos, aquí y allá, esos tiranuelos, tres jerifaltes de la mamandurria judicial (¿cuánto tiempo hará que se las arreglan para no trabajar?) y un par de Directores generales (valientes para los ratones, porque, como siempre, no se atreven a poner por escrito lo que hacen y por qué lo hacen), van presumiendo de su hazaña y difamando, siempre sin dar la cara, a troche y moche. ¡Qué “demócratas”! ¡Qué hombres y qué mujeres! ¡Qué categoría, profesional y personal!

Pero no sé si no es aún peor el conformismo y el achantamiento de tantos, que ven las iniquidades como si nada, que no reaccionan cuando podrían y deberían. Más asco me dan esos "defensores de la libertad" y "guardianes del Derecho" que contemplan el escarnio y la injusticia como si fuesen fenómenos atmosféricos irremediables y normales. Son cooperadores necesarios de los tiranos y quizá aún más hipócritas.