EL “CÍRCULO INFERNAL” PARA INTERVENIR Y COMPRAR ESPAÑA (y II)

PROTESTAS ARCHI-JUSTIFICADAS PERO INOPORTUNAS PARA EVITAR LA INTERVENCIÓN

Como el actual Gobierno español, que relevó a sus nefastos predecesores con modales versallescos y absurdos discursos laudatorios, no tenía cabal idea de lo que se iba a encontrar (en buena medida, por pereza gravemente culpable de la “cúpula” del Partido Popular), transmitió a los ciudadanos una prolongación de su, llamémosle así, discurso electoral: “esto lo arreglamos nosotros en un pis pas”. Craso error doble, que, en cuanto levantaron un pico del mantel del festín previo, no enmendaron adecuadamente, porque, al contrario, subieron el IRPF con una explicación del todo insuficiente, como era una concreta cifra de desfase del déficit. La más ajada retórica política, que, al parecer, consideraban suficiente dada su mayoría absoluta, se empleó en lugar de explicaciones completas y bien documentadas. A quienes sabían hasta qué extremos la situación económica era gravísima y sabían incluso el gran pufo interno del sistema bancario, no se les encargó contar a la población la realidad en “prime time”, como aquí pedimos una y otra vez, sino que se les puso a bregar con la Comisión Europea y “los mercados” a golpe de ocurrencias para salir de los constantes apuros, ganar unos días y afrontar subastas de deuda pública para ir sacando unos dinerillos. Hubo unas torpes dosis de chulería en la relación con el Eurogrupo y fue muy relevante la penosa gestión de BANKIA, que aquí quizá fuimos de los primeros en criticar. Y así hemos llegado, tras los “irremediables” pero pésimos “recortes” y “ajustes” de la semana pasada, a la situación descrita en la primera parte de este “post” o entrada. Hemos llegado al borde de la suspensión de pagos y del rescate e intervención como país (se hablaba en el “post” anterior de un inasequible 4’5 % de interés de los bonos a dos años; el 19 de julio de 2012 se han tenido que colocar esos bonos al 5’2%).

Cuando el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, habló de la necesidad de recaudar para poder pagar las nóminas -cosa señalada expresamente en “EL CIRCULO INFERNAL... (I)”- no supo reprimir un dato sincero para ofrecer un argumento y muchos comentaristas hispanos dijeron que había hecho subir la prima de riesgo. Dudo mucho de que, a estas alturas, esa subida se debiese a una  explicación de Montoro, no del todo bien narrada por “los medios”. La situación era la que era antes de la frase de Montoro y no resultaba precisamente desconocida para los mercados. ¿Qué ha sucedido en España del domingo 15 de julio de 2012 hasta hoy? En términos de “show” para espectadores foráneos (y es de fuera de donde esperamos unos dineros que eviten la intervención de España y, sobre todo, su ruina, quizá no declarada, pero en avanzado curso de realización), han sido varios los sucesos llamativos: la protesta social se ha hecho visible todos los días, por los cortes de tráfico en Madrid debidos a la movilización de algunos centenares de funcionarios, más las manifestaciones de la tarde-noche del 19 de julio; los jueces y otros profesionales de la Justicia han aparecido unidos para formular duras críticas y casi inéditas protestas y ha sucedido también -esto es, pienso, de la mayor importancia- que bastantes Comunidades Autónomas (CC.AA.), incluso gobernadas por el Partido Popular -el del Presidente Rajoy- han rechazado públicamente su parte en “ajustes” y “recortes”. Por añadidura, el PSOE y otras fuerzas políticas han mostrado la realidad de una clase política dividida, con toda la oposición actuando como si los problemas de España fuesen sólo cosa del Gobierno y del partido político gobernante.

Así, hay que pensar que habrá empeorado considerablemente la impresión que causa al espectador de fuera la situación de España. Es decir, se ha puesto mucho más difícil que recursos ajenos, europeos y extraeuropeos, fluyan a España, porque la confianza en ella ha disminuido aún más. Aquí hemos sido y seguimos siendo muy críticos con el Gobierno y el PP, pero tanta crítica o más aún merece la oposición y el resto de la clase política, porque, sin trabajar apenas (con algunas excepciones) y sin altura de miras, se han dedicado a jugar a la contra, en un momento en que eso era y sigue siendo, inevitablemente, jugar a la contra de España como país.

Las protestas sociales nunca han sido tan justificadas, pero quizá nunca hayan sido, a  la vez, tan inoportunas e incluso contraproducentes. Esta inoportunidad, sin embargo, encuentra excusa por la falta de explicación oficial previa de la gravedad de la situación. No se puede pedir a los ciudadanos que se aguanten la indignación para no empeorar las cosas cuando nunca se les ha explicado -y explicar no es lo mismo que afirmar- lo mal que están y lo peor que pueden ir si no se evita la “intervención” y no se detiene el proceso de ruina y de compra de España. No se les puede pedir contención cuando la contención parece que se está aplicando a la banca, importantísima causa de nuestros problemas.

De los funcionarios, continuamente denigrados desde la clase política y desde el “empresariado” presidido por el ignorante y demagógico Sr. Rosell, nada voy a añadir ahora a lo que ya dije en el post anterior y en otros muchos.

Por su parte, la bastante repentina y aparentemente unitaria protesta de las distintas asociaciones de jueces, de fiscales y de secretarios judiciales es un tumulto de rebeldía con mezcla de motivaciones muy diversas y con discursos heterogéneos. En todo caso, se equivocan quienes, por ignorancia o interés, lo conectan con la crisis del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la reciente elección de un Presidente del Tribunal Supremo y del mismo CGPJ, con mandato que no sobrepasará el año. El CGPJ está, hoy por hoy, irremisiblemente desprestigiado y muchas cosas tendrían que cambiar para que el desprestigio se atenuase siquiera. La movilización contestataria sí tiene que ver, en cambio, con los últimos proyectos del Ministro de Justicia, que, con toda razón, parecen cambios surrealistas y sin ningún previsible efecto positivo sobre la realidad de la Justicia en España. Me parece, sin embargo, que el detonante de la transformación del hartazgo judicial en protesta pública está en la disminución de las retribuciones en ese ámbito. Jueces y Magistrados arrastran graves malos tratos de los que se ha dejado aquí cumplida reseña y ante los que apenas han reaccionado. Sin embargo, tocarles la paga mensual ha sido como apretar el gatillo. Lo de la paga es, a mi parecer, el menos sólido de los motivos para protestar, pero algo bueno podría salir de ese “basta ya”.

Lo de las Comunidades Autónomas es, con mucho, lo peor, porque es sabido que en ellas reside gran parte del déficit y sus “noes” a “ajustes” y “recortes” dan cumplida idea al exterior de lo difícil que le resulta al Gobierno central conseguir resultados de contención del gasto. También dijimos aquí hace tiempo que ese Gobierno tenía que estudiar con urgencia algo más eficaz que las amonestaciones y ciertas débiles amenazas a las CC.AA. No era ni es tarea fácil, pero no consta que ni siquiera se haya emprendido. Así que Alemania puede ver -no ya saber, sino ver- que nuestras CC.AA. ponen en aprietos al Gobierno de la Nación mucho más que los Länder al Gobierno Federal.

SI ESTAMOS MUY MAL, INTERVENIDOS ESTAREMOS MUCHO PEOR

Lo que la generalidad de los españoles continúa sin entender -porque nadie se lo ha explicado como sería necesario- es que la intervención directa de España por la “troika” (dirigentes de la UE, del Banco Central Europeo y del Fondo Monetario Internacional) constituye un peligro cierto y muy grave de un mal mayor que el que tenemos: supone más depresión o recesión,  depreciación sistemática de todos nuestros activos (los tangibles y los intangibles), mayor paro y menor poder adquisitivo de todos los trabajadores. Los interventores no tienen tanto dinero como para recuperar la economía española y, de tenerlo, no tendrían voluntad de gastarlo con esa finalidad. Así que la intervención, a la postre, supondría que los interventores nos obligasen a todo lo necesario para perder ellos el menor dinero posible. Así de bestia veo yo el horizonte de la intervención. Se van a resistir a intervenirnos, porque no les sale precisamente gratis, pero, de no variar los elementos ahora presentes, tendremos intervención y rescate de España y no ya de la banca española. Y para los funcionarios, p. ej., la receta de los interventores pudiera parecerse, no ya a la griega, sino, más cercanamente, a la del Presidente de la CEOE: poner en la calle a varios cientos de miles.  

Algo más que lo que han hecho hasta ahora, algo muy serio y que no empobrezca a los españoles, tendría que hacer el Gobierno central en un último intento de que se recupere fuera la confianza en España. Algo que, ante todo, empuje una recuperación de confianza dentro. Ahí están, repito, las televisiones y radios públicas, perfectamente suprimibles y ahí está, por más que sea asunto delicadísimo, el art. 155 de la Constitución para meter en cintura a CC.AA. que se resistan a recortes necesarios, que previamente haya aplicado el Gobierno de la Nación. Y me permito pensar que, como la crisis es mundial pero también de UE y de la Eurozona, el Gobierno tendría que poner a trabajar buenas cabezas, las mejores (estarán de más los genios solitarios y será suficiente con personas desinteresadas, expertas y prudentes), en la doble hipótesis de un fracaso del euro y de nuestra salida de la eurozona. No, no descartemos nada, porque son demasiados -y no precisamente tontos- los que ven inviable la UE. Por estudiar lo que ahora se llama “posibles escenarios” no se va a perder nada, sino todo lo contrario: es probable que se entienda mejor el terreno movedizo por el que tenemos que andar.

Sin demagogias, pero con justa firmeza y cargado de razón, el Gobierno tiene que hacer notar a la ciudadanía y al mundo exterior que está resuelto a no permitir más tiranía del mundo financiero, comenzando por el español.  De paso, mostraría así que desengancha las conexiones con ese mundo bancario: por mucho que se hayan probado estrechísimas en todas partes (en EE.UU. y en la Gran Bretaña, sobre todo), también se han probado criminalmente nocivas para la gente en todas partes. Al respecto sigo sin entender por qué, frente al MoU, hay autoridades españolas empeñadas en que ningún banco quiebre. Cuando hay banqueros medianamente decentes abogando por dejar caer a quien se lo ha buscado, esa actiitud oficial me parece tenebrosamente inexplicable.

Como ven, no he podido dar a luz ninguna ocurrencia especial. Simplemente insisto en lo que se viene diciendo por personas sensatas desde hace años. Entretanto y retornando al presente, quizá me equivoque, pero me parece que el momento en que sería precisa la máxima frialdad y serenidad -este momento- está siendo justamente, entre tirios y troyanos (¡no olvidemos a los sindicatos, quizá los españoles máximos beneficiados de la crisis!), el momento de máxima calentura y visceralidad… hasta ahora. La responsabilidad de este lamentable desajuste no se puede atribuir a la ciudadanía, sino al Gobierno, a la clase política (destacadamente al PSOE y a CiU) y a unas centrales sindicales que no representan a los españoles trabajadores, sino que, al revés, encarnan un híbrido perfecto de la máxima picaresca laboral y de la peor politiquería. El Gobierno no está bien, pero, desde luego, no salgo a la calle tras las banderas de ninguna central sindical. Hay, sin duda, sindicalistas honrados y laboriosos -algunos conozco-, pero la oligarquía sindical es de lo peor que cabe toparse en España.

Así que no me (o “nos”) queda otra posibilidad que contemplar lo que se hace y lo que no se hace, con la idea de que es muy probable que un día amanezcamos muy malamente. Pero hay un ingrediente del “cacao” que no quiero silenciar. Los indicios están ahí, en el curioso sesgo de ciertos “medios” y de comentaristas militantes que han variado significativamente su posición para atacar a Rajoy (al mismo Rajoy al que pusieron por las nubes). Y coinciden sospechosamente con la difusión del rumor según el cual los grandes agentes económicos españoles se habrían fijado un plazo (bastante corto, por lo demás: en pleno mes de agosto de 2012), que, una vez transcurrido sin que el Gobierno tomase las medidas que ellos consideran indispensables, se verían en el trance de pasar a la acción. No se sabe qué acción podría ser ésa, aunque, por fortuna, no parece apuntarse a nada semejante al magnicidio de Dallas. Seguramente asistiríamos a una presión concertada, con mezcla de todas las técnicas de acoso y derribo conocidas en nuestra historia moderna y contemporánea, excepto el ingrediente militar, supongo.

Es conocido por los lectores de este “blog” que no soy precisamente un “fan” de Rajoy, ni cuando estaba en la oposición ni ahora, que preside el Gobierno de la Nación. He dicho aquí que a Rajoy se le había agotado el crédito y que debía haber una única voz autorizada para hablar de la situación económica y explicarla de forma inteligible y, por supuesto, sincera. Pero también dije que era Rajoy quien debía poner al timón a esa persona con sus colaboradores (v. http://andresdelaoliva.blogspot.com.es/2012/05/parece-que-cuenta-de-bankia-rajoy-ha.html). Por poquísimo que me guste este Gobierno y su Presidente, la perspectiva de unos salvapatrias pensando en mandar, porque son "los listos", más listos que nadie, me produce movimientos de vómito. Y, por motivos y razones obvios para los lectores habituales de este blog, mis convulsiones eméticas cursan con alucinaciones cuando escucho que la fórmula de salvación sería -¡qué originalidad!- un gobierno de concentración, de unidad nacional, para el que se desliza, como cabeza, el nombre del Comisario europeo D. Joaquín Almunia. Cualquiera que mire al PP y al PSOE sabe que de sumar dirigentes de los dos partidos (y eventualmente, de otros) sólo resultaría un desastre: nada mínimamente mejor que el Gobierno actual. Nada más pensar en opositores internos del PSOE y del PP  recomendando nombres para un gobierno de concentración me entra la risa floja: río en vez de llorar porque la escena me parece grotesca. Quede dicho todo esto por si no careciese de fundamento (y me parece que no) andar con la mosca detrás de la oreja.

Son duros y tristes tiempos éstos en los que hay que elegir entre dos o más males, en que lo sobradamente justificado puede resultar muy perjudicial y en que, por concretar más, protestar en la calle por los "recortes" puede estar haciendo el juego a quienes los han apoyado y, por supuesto, siempre han estado confortablemente a salvo de ellos (el hispano "mundo del dinero"). Cada uno se encuentra en su particular "círculo infernal".

“RECORTAR” SIN ASFIXIAR O LOS “RECORTES” QUE NO LLEGAN: LOS DEL SECTOR PÚBLICO

"CORTEN DE RAÍZ EL GASTO PÚBLICO VERDADERAMENTE INNECESARIO: YA NO PUEDEN RECAUDAR (ASFIXIARNOS) MÁS" 

Cada día que pasa se anuncia una nueva medida que merma el dinero disponible por cada españolito. Y ocurren dos cosas. La primera, que se hace más difícil -por decirlo de modo muy optimista- cualquier reactivación de la economía real y cualquier esperanza de frenar el creciente desempleo. La segunda, que cada día con nuevos “recortes” se echan más en falta las correspondientes explicaciones que, como tantos otros, hemos venido pidiendo muchas veces a nuestros dirigentes en este blog. La cosa está llegando al punto de una plena justificación de la rebelión cívica. El Gobierno tiene la suerte de que las actuales cabezas visibles de esa posible rebelión -las centrales sindicales, el PSOE, los grupos anti-sistema- carezcan de toda legitimación para movilizar a la gente y, además, del menor atisbo de plan alternativo al del Gobierno. En las últimas “movilizaciones” (la del 29 de abril y la de ayer, 1 de mayo de 2012), lo que han venido a decir los “movilizadores” es que les gustaba más cómo estaban las cosas hace dos años y también, por supuesto, cuatro u ocho años antes. ¿Y a quién no? Pero son muy pocos los que no entienden que aquellas situaciones no se podían mantener (es decir, que no se debieron crear) y, por tanto, lo que piden, en general, estos “movilizadores” sociales es un imposible.

 Pero aunque no salgamos todos a la calle, el Gobierno sabe que la desafección ciudadana es superior a la que se podía prever. Muchos dirigentes del PP saben, en su fuero interno, que se están mereciendo esa desafección ciudadana y que el disgusto general va in crescendo y con él, la desesperanza, la desconfianza, que es económicamente letal. Y el disgusto no es sólo porque sigan sin explicar los “recortes” que disponen y los que, tontamente, avanzan con los “globos sonda”. Es, sobre todo, porque  no vemos que se recorte donde hay más que recortar y dónde los recortes harían menos daño a corto, medio y largo plazo, porque contribuirían mucho menos a la recesión o a la depresión económica.

En síntesis: tenemos la fundada impresión de que a nuestros dirigentes les importa mucho más recaudar para seguir sosteniendo el Estado (Comunidades Autónomas, Municipios y empresas públicas incluidos) que recortar a fondo el Estado para necesitar muchos menos recursos. El sector público apenas se toca en los “recortes” y para mantenerlo, se sangra aún más el sector privado, ya bastante exangüe. Eso no nos gusta a los españoles, pero es que, además, tampoco les gusta a los posibles inversores, españoles o extranjeros. Y, por tanto, cae la Bolsa, las agencias de calificación nos rebajan cada semana y el “diferencial” de los instrumentos de nuestra deuda pública con la referencia alemana sigue por las nubes.

En el post anterior me he referido a lo que sucede en los EE.UU., madre de la gran crisis mundial (es muy importante, me parece, no olvidar la génesis de esta enorme crisis: de lo contrario, repetirán la historia en lugar de aprender de ella). A lo dicho habría que añadir que los primos de los estadounidenses, la Gran Bretaña, han entrado también públicamente en recesión. Francia anda mal y Alemania apenas puede disimular que su economía ofrece señales de debilidad. La UE aplaude al Gobierno de Rajoy y hasta el muy exigente Wolfgang Schäuble, Ministro alemán de Economía, regala los oidos del Presidente al describir como “impresionantes” los gubernamentales esfuerzos presupuestarios o de déficit público. Lo que sucede, en realidad, es que, después de la amenaza de la intervención, ha venido la zanahoria y no me extrañaría que ahora mismo incluso los agnósticos, ateos y masones de la UE estén haciendo novenas a Santa Rita, Abogada de los Imposibles, para que España no se estrelle: Spain is too big to fall. Sarkozy -que puede perder al ser mucho más odiado por muchos franceses que lo que muchos franceses desconfían de Hollande- acaba de decir que Europa no puede dejar caer a España porque se produciría una deflagración catastrófica.

Mientras tanto y al margen de cómo nos miren, ¿qué tarea en todo caso necesaria elude lamentablemente el Gobierno español? Elude una muy seria poda de ramas de las Administraciones Públicas autonómicas. Que los “barones” del PP le prometan a Rajoy que serán buenos son sólo palabras nada convincentes. Que se amenace con intervenir a las Comunidades Autónomas que no cumplan los objetivos de déficit, además de ser una mera bravata, es desviarse de la cuestión. Porque ya no se trata de que las CC.AA. no sobrepasen un tope de déficit, sino de que disminuyan drásticamente, enseguida, lo que nos cuestan a todos. Hicieron en 1982 una Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA). Hagan ahora, al amparo del art. 150 CE, todo lo legalmente posible para racionalizar competencias y organismos en el sentido que venimos proponiendo.

Si no, si se mantiene y se defiende un “Estado de las Autonomías” carísimo, resultan indefendibles medidas como disminuir los sueldos a los funcionarios que estén de baja (“de baja injustificada”, añadieron enseguida). Llega a extremos de supina estupidez la extendida manía a lo público de un emergente sector  presuntamente neoliberal del PP (no son liberales: son locoides anti estatales, retratados en http://andresdelaoliva.blogspot.com.es/2012/03/quieren-de-verdad-reducir-el-gasto.html). Si la baja está justificada no hay nada del sueldo (nunca espléndido) que sea mínimamente justo disminuir y si no está justificada, no es que haya que pagar menos, sino que sería justo no pagar nada. Tampoco parece que podamos aceptar comenzar a pagar por las autovías -¿y por qué no por cualesquiera carreteras?- cuando hay centenares de cargos públicos autonómicos innecesarios, muchos de ellos con retribuciones bastante por encima de la del Presidente y los Ministros del Gobierno de la Nación.  Y ¿qué decir de la disminución de los partidos judiciales? Quizás esté muy bien, pero es algo ridículo con la que está cayendo.

¿Dónde viven nuestros dirigentes? ¿No se dan cuenta de lo asfixiados que están millones de españoles? ¿No aprecian que ya no hay atascos ni en las ciudades ni en las carreteras? ¿No ven cómo se cierran, cada semana, en su barrio, docenas de comercios y oficinas?

Hacen falta medidas drásticas, llamativas, de grueso calibre, que hagan creíble, porque lo sea, la determinación española de salir adelante y que restauren la confianza nacional e internacional. Porque hace falta dinero para detener la recesión e ir relanzando poco a poco la economía. Y el dinero no vendrá y no se invertirá o se gastará si la confianza no se restaura. Pero esas medidas drásticas y de grueso calibre tienen que referirse al tamaño del sector público, al gasto público relativo a las estructuras  y organismos de ese sector, no al esquilmamiento de los españoles, ya esquilmados, ni a la supresión, a tontas y a locas, de servicios y prestaciones a todas luces necesarios. Sin esos recortes que proponemos resulta indefendible centrarse en recortar servicios sanitarios (aunque también haya que hacerlo: acábese con el turismo sanitario y con prestaciones no propiamente médicas, como las esterilizadoras, p. ej.) ni eliminar ayudas a la investigación o becas postdoctorales (justo cuando públicamente se dice que hemos de pasar de una cultura económica del ladrillo a la del conocimiento).

La autocita, créanme, me resulta odiosa. Y de veras que produce un cansancio infinito que la historia te dé muchas veces la razón. Pero, en ocasiones, cuando hay que insistir, uno tiene que recordar lo que decía, más que nada para que se escuche en serio lo que se hace necesario repetir. Hace ya más de dos años, el 6 de febrero de 2010, propuse aquí algo duro y radical, pero no imposible ni excesivo. El post se titulaba “GOBIERNO DE CONCENTRACIÓN, REDUCCIÓN DEL GASTO PÚBLICO Y REGENERACIÓN DE LA CLASE POLÍTICA”  (http://www.andresdelaoliva.blogspot.com.es/2010/02/gobierno-de-concentracion-y-reduccion.html. Se trataba de reducir a la mitad, por concentración, el número de Ministerios, Secretarías de Estado y Direcciones Generales y lo mismo en las Comunidades Autónomas: la mitad de Consejerías, Viceconsejerías y Direcciones Generales. En aquellos momentos, eso hubiese necesitado un consenso. Hoy me parece que no.  La propuesta podía no tomarse al pie de la letra, pero el espíritu estaba claro y por, supuesto, nada ni remotamente parecido ha sido hecho o anunciado.  Y ese mismo el 6 de febrero de 2010 ya vaticinaba esto: “la economía real española va a desplomarse (bajón del consumo interno y de la producción) con más cierres de pymes y más paro, que alcanzará esos cinco millones de personas que la Sra. Salgado descartó rotundamente pocos días atrás.“  [¿Hay que recordar que estamos ya cerca de los seis millones?]

El día 5 de junio de 2010 se describía aquí nuestro insostenible “Estado de las Autonomías” (http://andresdelaoliva.blogspot.com.es/2010/06/nuestro-irreformable-estado-de-las.html). Rechazaba, por imposible, que no por indeseable, prescindir de él, pues requeriría una reforma constitucional que me parecía inviable. Repasen, si les parece, la descripción y la valoración política. Ahora sólo reiteraré lo siguiente:

 «…Las posiciones radicales contra el “Estado de las Autonomías” … acaban por constituirse en un gran obstáculo para cualquier mejoría de la penosa situación real. Los radicales -que, insisto, cuentan con mi adhesión intelectual y mi simpatía- seguirían en estado de ira ante cualquier reducción del aparato de las Autonomías. A mí, en cambio, podar ramas y ramitas me alegraría enormemente. Los problemas no siempre tienen solución, pero casi siempre pueden ser atenuados. Empiécese por ahí, porque comenzarán a producirse efectos beneficiosos, en vez de persistir o agravarse los maléficos.»

«Además, ante las airadas voces radicales, los responsables autonómicos pueden mostrarse tan indiferentes como cabe serlo ante propuestas tachables de utópicas. Eso es lo que está ocurriendo. En cambio, si se reclama suprimir Consejerías, Consejeros, Viceconsejeros, Directores Generales, asesores, agencias, subvenciones, “embajadas”, empresas públicas innecesarias, etc., las reclamaciones no pueden ser tan fácilmente desatendidas. Y si lo son, el reproche social es infinitamente más intenso que el que generaría la negativa a desmantelar el Estado autonómico. De manera que esto es lo que reclamamos: una poda de muchas ramas y ramitas del organigrama arbórico de cada Comunidad Autónoma. Y lo mismo respecto de buen número de municipios.»

Como, según ha dicho hace poco alguien importante, “el Estado de las Autonomías está en la Constitución”, ninguna poda se ha hecho más allá de un superficial maquillaje. Ahí siguen las Televisiones y las radios autonómicas y más inutilidades. Y ahí sigue la financiación de partidos y sindicatos, sin suprimir ni reducir, cuando esa medida es un símbolo generalmente admitido de la regeneración necesaria. De ahí que el reproche social hacia los “recortes” haya alcanzado tanta intensidad, que no va a parar de crecer. Lo que sí crecerá es el desempleo, la recesión o depresión y la desesperanza, que quizá es lo peor.

Esto de ahora se veía venir. El 10 de junio de 2010 apareció aquí otro post en el que, lego en economía como soy, no encontré mayor dificultad en describir la realidad del momento y el panorama del inmediato futuro, hoy presente (http://andresdelaoliva.blogspot.com.es/2010/06/mareando-la-perdiz-criminalmente-la.html). El post se titulaba “MAREANDO LA PERDIZ CRIMINALMENTE: LA CLAVE, NO SE CONFUNDAN, ES LA RECUPERACIÓN DE NUESTRA ECONOMÍA REAL”, con el subtítulo “NO MÁS IMPUESTOS PARA SOSTENER EL “ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS” NI MÁS “RECORTES” CON DESTINO A BANCOS NI CAJAS. MÁS DINERO PARA TODOS: MENOS IMPUESTOS”

Hace casi dos años, decía lo siguiente (me voy a extender más, porque ahora me parece necesario repetir exactamente la descripción y la valoración):

«En estos momentos, estamos en un círculo vicioso, tan vicioso que se diría diabólico: los “mercados” no tienen confianza en España, porque a) las “medidas extraordinarias” de “ajuste” relativas al déficit público les parecen poca cosa; b) han “descubierto”, de pronto, que, además del déficit (de su volumen absoluto y comparativo) importa mucho más todo aquello que fundamenta que un acreedor piense que el deudor le va a poder pagar. Nuestra “caja” para ir tirando está casi vacía y lo que se les está ocurriendo a nuestros "jobernantes" para que no se vacíe del todo y vuelva a contener algo conduce a que nuestra situación empeore y se desconfíe más de nosotros. Por ese camino, nadie nos prestará ni invertirá en España a tiempo para dedicar lo que nos den a una reactivación económica»

«En la tarde del 9 de junio de 2010, el Banco Mundial “descubre” que nuestra situación es "muy grave", porque el nivel de paro de España es algo tremendo. Y no lo dice porque le importe la situación de los parados, sino por la escasa fiabilidad del “Reino de España” que ese simple dato revela. Pero es que, en un contexto diferente, Moody’s … dice el día 8 de junio de 2010, por boca de Pierre Cailleteau, director del área de Deuda Soberana, algo que "encaja" muy bien con la alarma del BM. Dice que “lo más importante no es el nivel en el que se sitúe esta prima de riesgo, si no que la economía no crezca” (…) Por si la cosa no estuviese suficientemente clara, este Mr. Cailleteau (…) repite que el creciente rendimiento que se le exige a la deuda española no es grave, dado que el Banco Central Europeo (BCE) está comprando, "lo grave sería que la economía no creciera, que la economía española se estancara, algo que no ocurre en España pero que podría pasar". (Y tanto que podría pasar: está pasando y va a más).»

«El directivo de Moody´s explicó que la calificación del riesgo soberano se basa en la solvencia a medio plazo, y aseguró que aunque "el endeudamiento es un problema, no es un problema insuperable". Claro está, añado: un país lo supera del mismo modo que lo supera un particular: si gana para pagar sus deudas. Y este país, España, sólo podrá pagar si su economía real supera el estancamiento y remonta el vuelo.»

«Pero si debemos mucho y se ve que no crecemos y que no vamos a crecer a medio plazo, ocurren dos cosas gravísimas: la primera, que estamos fatal; la segunda, que nadie nos presta y nadie invierte, con lo que vamos derechos, como decía Marx (Groucho), “de la nada a la más absoluta de las miserias”.»

«¿Por qué es muy probable, si no se rectifica, que no crezcamos y sigamos en recesión? Porque los indicadores económicos generales son malos (mucho paro, producción en descenso) y apuntan todos a un empeoramiento: aumentará el paro y seguirá disminuyendo la producción. ¿Por qué? Porque no es posible ninguna reactivación económica si la gente no tiene dinero. Eso es axiomático. Y los españoles vamos a tener mucho menos dinero por varias causas:»

«1ª) Por disminución de los ingresos de 3 millones de familias: los funcionarios; 2ª) Por disminución de la capacidad adquisitiva de los pensionistas; 3ª) Por disminución de disponibilidad económica a consecuencia del IVA y del aumento de la presión fiscal (subida de impuestos e impuestos nuevos, ya anunciados); 4ª) Por aumento del precio de la energía eléctrica, tanto para particulares como para empresas; 5ª) Por imposibilidad de acceso al crédito: los bancos no prestan a particulares ni a PYMES: de nuevo andan las entidades financieras con sus problemas, poco inteligibles, porque se han cuidado durante mucho de tiempo de implantar una jerga esotérica, que no entienden más que ellos mismos…»

«Carece de todo sentido “ajustarse”, “recortarse”, apretarse el cinturón y pasar hambre para financiar un mastodonte, el “Estado de las Autonomías”, que puede y debe dejar de ser un mastodonte. Forzarnos a seguir manteniendo al mastodonte y quedarnos así sin apenas dinero tiene la misma lógica que la de unos salvajes ignorantes que se privasen de comer los productos de su pastoreo y de sus cultivos para ofrecer esos productos a la cruel deidad instalada en lo alto de una pirámide tipo maya.»

¿Hay alguna parte de este mensaje a la desesperada -al que, lamentablemente, el tiempo ha dado la razón- que el Gobierno del Sr. Rajoy no entienda? Porque, si como pienso, lo entiende todo perfectamente, no hacerlo sólo permite un diagnóstico: creen, tontamente, que pueden capear el temporal. Y quizá podrían capear un temporal: se colocan los triángulos de capa (esas velas triangulares cercanas a la cubierta) para que el navío se aplaste más, se aplome, sobre el mar embravecido y se corre la galerna, es decir, se pone popa al viento, por más que te aleje de tu destino. Lo que sucede es que no estamos ante un temporal. Y ni siquiera se trata de la ya tópica “tormenta perfecta”. Estamos viviendo una inédita confluencia de elementos devastadores de larga duración, como si se sumasen el terremoto de Lisboa de 1755 y la erupción y explosión del volcán Krakatoa, en 1883. Estamos, muy probablemente, al final de una era, de una civilización. En lo económico, nadie sabe si llevan razón los EE.UU. y su “quantitative easing”, varias veces renovado (“quantitative easing” significa, a la postre, como imprimir US$ sin respaldo) o si tendrá razón Europa con su empecinamiento en el equilibrio presupuestario. Hace muchos años, más de 40, leí en la desaparecida revista LIFE está frase: “Economic forecasting makes astrology respectable” (“la prospectiva económica hace respetable a la astrología”) ¡Cuántas veces la he recordado en estos tiempos, preguntándome por qué se me gravaría en la memoria!

Bien, no juegue nuestro Gobierno a la astrología. No apueste por el “modelo” americano actual -que desazona a los mejores economistas estadounidenses- y tampoco apueste por la ortodoxia europea. Haga, sencillamente, lo que, al margen de modelos y de dudosa prospectiva, tiene que hacer, en todo caso, por claros imperativos morales: reducir drásticamente el tamaño orgánico y el gasto de las CC.AA. y de los Municipios. No lo aconsejen, no lo prediquen, no amonesten: háganlo, reduzcan ya, de inmediato, el aparato que todos tenemos que pagar en obsequio de la clase política y de los seudoempresarios de la simbiosis con lo público. Háganlo sin falta: con nuevas LOAPAs, con Decretos-Leyes o con el art. 155 de la Constitución y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. Que todos vean, sin la menor duda, que, si hay que apretarse el cinturón, no es para que unos pocos no pasen el menor apuro. Ganar una rotunda credibilidad, hacia adentro y hacia afuera, es una tarea que no cabe aplazar más. Es el tiempo de la valentía, de la audacia, del coraje moral. Porque es el tiempo del deber, de un deber moralmente claro. Y cumplir un deber hace menos difícil la decisión audaz. Una última petición: ¡nada de privatizaciones para que algunos hagan excelentes negocios! Ya me entienden.

LA “HUELGA GENERAL” EN ESPAÑA, EL 29 DE MARZO DE 2012, O CUALQUIER OTRO DÍA

LA HUELGA NO ES OBLIGATORIA; SI DE HECHO LO ES, ESA “OBLIGACIÓN” ES PURA COACCIÓN

He recibido en mi correo electrónico oficial de la Universidad Complutense  (UCM) (Madrid, España), unas “Aclaraciones sobre el derecho y la legalidad por secundar la huelga del día 29”, remitidas por la Sección Sindical del Sindicato X de la UCM. Las “aclaraciones”, en forma de atenta carta, dicen literalmente lo siguiente:

“Estimadas compañeras y compañeros:”

“Ante las informaciones que han llegado a esta Sección Sindical con respecto a que determinados jefes/as de personal y responsables de recursos humanos están preguntando a los trabajadores/as si van a venir a trabajar el jueves, 29 de marzo, día de la Huelga General, deciros que esta actitud es totalmente ilegal, ya que se puede entender como una medida de presión con el fin de amedrentar y coaccionar a la plantilla, con el fin de impedirles ejercitar, si así lo desean, su derecho, recogido en la Constitución Española, de secundar la citada jornada de Huelga.”

“Todos los trabajadores/as que tengan problemas de este tipo o se sientan presionados por sus inmediatos superiores por los motivos citados, pueden ponerse en contacto con esta Sección Sindical (teléfonos: NNN y NNN) y con la persona y número de móvil seguidamente reseñados.” (el subrayado y la negrita son de mi cosecha).

Lamento profundamente tener que salir al paso de una acción sindical, por primera vez en mi vida laboral, ya muy dilatada. Pero, sencillamente, el firmante de esas “aclaraciones” no aclara nada, sino que se equivoca y confunde. Porque pienso que no tiene razón.

No tiene razón porque la Constitución Española de 1978 (CE), en vigor, única norma aducida en las aclaraciones, dice literalmente, en su art. 28.2, que “se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.”  La huelga es, pues, un derecho, no un deber, que está regulado en el Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre Relaciones de Trabajo. Puede parecer asombroso que se trate de una norma preconstitucional, pero de eso no tenemos culpa alguna los ciudadanos rasos. Si acaso, podría achacarse tan extraordinaria abulia normativa a quienes, de 1978 al día de hoy, han tenido en sus manos elaborar y aprobar una ley de huelga más moderna y han preferido dejar estar el Decreto-Ley de 1977. Nadie duda, sin embargo, de que ese Decreto-Ley está vigor y es un hecho que ha sido depurado de preceptos, limitadores de la huelga, que el Tribunal Constitucional ha ido considerando inconstitucionales. El Decreto-Ley se ha invocado y aplicado, por trabajadores, sindicatos, empresas y Tribunales de Justicia en innumerables ocasiones.

Entre los preceptos del Decreto-Ley no afectados de inconstitucionalidad están éstos del art. 6:

“1. El ejercicio del derecho de huelga no extingue la relación de trabajo, ni puede dar lugar a sanción alguna, salvo que el trabajador, durante la misma, incurriera en falta laboral.”

“2. Durante la huelga se entenderá suspendido el contrato de trabajo y el trabajador no tendrá derecho al salario.”

“3. El trabajador en huelga permanecerá en situación de alta especial en la Seguridad Social, con suspensión de la obligación de cotización por parte del empresario y del propio trabajador. El trabajador en huelga no tendrá derecho a la prestación por desempleo, ni a la económica por incapacidad laboral transitoria.”

“4. Se respetará la libertad de trabajo de aquellos trabajadores que no quisieran sumarse a la huelga."

“5. En tanto dure la huelga, el empresario no podrá sustituir a los huelguistas por trabajadores que no estuviesen vinculados a la empresa al tiempo de ser comunicada la misma salvo caso de incumplimiento de las obligaciones contenidas en el apartado número siete de este artículo.”

“6. Los trabajadores en huelga podrán efectuar publicidad de la misma, en forma pacífica, y llevar a efecto recogida de fondos sin coacción alguna.”

“7. El comité de huelga habrá de garantizar durante la misma la prestación de los servicios necesarios para la seguridad de las personas y de las cosas, mantenimiento de los locales, maquinaria, instalaciones, materias primas y cualquier otra atención que fuese precisa para la ulterior reanudación de las tareas de la empresa.”

Me ha parecido oportuno transcribir entero el art. 6, a fin de que los lectores no especialmente versados en el Derecho del Trabajo español adviertan que se trata de un texto razonable y respetuoso con el escueto art. 28.2 CE. Verán claramente, en el aptdo. 4, resaltado en negrita, que el derecho de huelga debe ser compatible con la “libertad de trabajo”. Los trabajadores pueden legítimamente no querer sumarse a la huelga.

Siendo así nuestro Derecho, nada tiene de ilegal y menos de “totalmente ilegal” que jefes de personal y responsables de recursos humanos -yo me atengo al plural de género, recientemente defendido por la Real Academia Española (la de la Lengua, aclaro, para extranjeros- pregunten a los trabajadores si van a holgar el 29 de marzo de 2012 o cualquier otro día afectado por una “declaración de huelga”, declaración que, ciertamente, puede proceder de los representantes de los trabajadores, conforme al art. 3.2, a) del Decreto-Ley de 1977.

Preguntar, lo que se dice preguntar –que es exactamente de lo que hablan las “aclaraciones”- no es ni presionar, ni amedrentar ni coaccionar. Se me dirá que “hay preguntas y preguntas” y, en efecto, puede formularse una pregunta en términos tales que deje de ser una pregunta propiamente dicha y constituya presión, amenaza, amedrentamiento o coacción. Pero será eso en la medida en que deje de ser pregunta. Y lo que “las aclaraciones” están diciendo es que preguntar es totalmente ilegal, porque “se puede entender” la pregunta, propiamente dicha, como presión, amedrentamiento o coacción. Lo siento, estimado dirigente sindicalista, pero no estoyr de acuerdo: Vd. hace decir a su sindicato que una mera petición de información -que, desde luego, el trabajador puede rehusar responder: le basta decir: "no lo sé"- es algo coactivo. Hay en esa equivalencia un claro y tajante proceso de intenciones peyorativo, que no tiene por qué adecuarse a la realidad, porque preguntar puede ser simplemente eso, preguntar. Y sí se puede preguntar sin coaccionar en absoluto. De haber escrito que sería ilegal presionar, amedrentar o coaccionar so pretexto de preguntar nada tendría que objetar a “las aclaraciones”, probablemente innecesarias, eso sí. Pero no es eso lo que se ha escrito ni, me parece, lo que se ha querido decir.

Por mi parte, no he escrito este post simplemente para hacer exégesis crítica de un concretísimo papel sindical. Movido por “las aclaraciones”, eso sí, me he preguntado si acaso no hay en el ambiente una idea -fomentada- de la “huelga general” como una suerte de imposición legal a la generalidad de los ciudadanos y, antes, a la generalidad de los trabajadores. Y he visto que sí, que ésa es, en sustancia, la idea que ha calado en la ciudadanía. Así que ir a trabajar, estando declarada una huelga general, sería algo ilegal o, cuando menos, indiscutiblemente antisocial para los trabajadores. Y los ciudadanos, en conjunto y uno a uno, deberían abstenerse de cualquier actividad y de toda iniciativa que supusiese que alguien trabaja porque, en ejercicio de la “libertad de trabajo”, no ha querido “sumarse a la huelga”. No abstenerse de cualquier fomento indirecto del trabajo sería ilegal o, cuando menos, insolidario y contrario al interés de los trabajadores. Así que todos quietos en casa, sin poder tomarse un café si hubiese un bar abierto ni comprar la pasta de dientes o el pan que se nos ha acabado.

Digo NO a semejante deformación de un derecho que considero muy respetable, pero que se hace aborrecible cuando se exagera y se deforma, convirtiendo el legítimo poder individual de ir a la huelga (o de promoverla y fomentarla) en una constricción general ilegítima y abusiva. Por lo demás, ni que decir tiene que cualquiera puede mirar con sentido crítico el ejercicio del derecho de huelga, el 29 de marzo del 2012 y cualquier otro día. Exactamente igual que Vds., lectores, pueden con absoluta y normalísima legitimidad formar y expresar su opinión sobre el ejercicio de mi libertad al escribir cada post de este blog o al mantenerlo abierto. Si yo no aceptara de buen grado la libertad de Vds., ¿no merecería que me considerasen totalitario o, cuando menos, muy autoritario? Sería estupendo que sindicatos y sindicalistas recibiesen las posibles críticas a las huelgas que declaran y llevan a cabo como algo normal e incluso saludable. No vale reconocer en abstracto la libertad ajena y, a la vez, reaccionar con violencia ante el ejercicio pacífico de esa libertad. Los “piquetes informativos”, que no han informado, sino presionado, amedrentado y coaccionado, ésos sí han sido una realidad “totalmente ilegal”. ¿Se repetirá mañana o comenzarán los declarantes de la huelga a respetar la libertad y los derechos de los demás?

Horas antes de esta huelga general, lo que muchos hemos observado no son decisiones de sumarse a la huelga o no, sino dudas de unos y otros sobre la acción de los "piquetes". Esto ya es un estado de cosas muy malsano.

“POBRECITOS ESCOLARES”, “POBRECITOS ‘INDIGNADOS’”: LA CALLE Y LA ECONOMÍA REAL

ALGUNOS “TITULARES” CON POCA NOTICIA DETRÁS: PARO, DESAHUCIOS Y DACIÓN EN PAGO

De pronto, dicen que va a ocurrir en España algo maravilloso y es que a casi nadie le van a desahuciar y que se va a permitir la dación de la vivienda hipotecada en pago del préstamo hipotecario. Al mismo tiempo, no sabemos muy bien por qué, en Valencia se echan a la calle los estudiantes -con imitadores en otras ciudades- porque no tienen calefacción en un Instituto de Enseñanza Media, de nombre Luis Vives. Luego resulta que no está clara la ausencia de calefacción en ese Instituto, pero ésa es una minucia sin importancia, porque lo único absolutamente cierto y seguro de lo que sucede es que hay muchos “indignados”. Eso se ha dicho aquí en infinidad de ocasiones, solo que aquí hemos tratado de explicar con detalle las muy diversas causas de la indignación y la consiguiente identificación de los diversos “indignados”. Pero ahora el barullo es morrocotudo, porque hay “indignados” que vituperan a otros “indignados” (los sindicalistas) y la gran mayoría de los “indignados”, por varios y diversos motivos acumulados,  no salimos a la calle, no por el frío, sino porque, de salir, en buena lógica casi nos tendríamos que quedar y convertirnos en manifestantes perpetuos, lo que sería gravemente contrario al cumplimiento de toda clase de deberes (familiares, profesionales, morales), por no hablar de lo que perjudicaría a derechos nuestros perfectamente legítimos.

En cuanto al lío en la calle, nos interesa mucho a todos no aumentarlo, sino aislarlo, porque el mundo está lleno de necios, por un lado y de mala gente, por otro. Y lo único que nos falta ahora (con la que hay y la que se ve venir) es que Obama, el Financial Times, el Wall Street Journal, etc. (no hablo ahora de dirigentes europeos, porque ésos están enterados de lo que hay, a grandes rasgos), nos presenten interesadísimamente -los políticos, porque los problemas de los demás disimulan los suyos; los plutócratas de Wall Street y de la City londinense, porque se quieren quedar con los activos de España por cuatro perras y buscan el hundimiento de la eurozona- como si este país fuese Grecia, Egipto o cualquier otro de las “primaveras árabes”. Bastante daño hacen ya buen número de “informadores” y comentaristas patrios que, aunque sea entre comillas, dan cuenta de la “primavera valenciana”. Ahora, cuando casi todos estamos indignados con muchos motivos, no nos podemos permitir barullos callejeros que, no es que no arreglen nada y puedan empeorar la situación en perjuicio, entre otros, de los manifestantes, sino que ni siquiera permiten saber qué indignación se expresa y por qué se protesta. El que salga a la calle, cuide de dejar muy claro qué pretende. Los alumnos de últimos cursos de mi Facultad, mucho más gélida que cualquier Instituto valenciano, se las han arreglado para centrar con claridad su manifestación en la Ley de Acceso a la Abogacía: bien. Sígase ese ejemplo. [Inciso: ese acceso a la Abogacía no se ha querido arreglar durante décadas ni por los Colegios de Abogados ni por los sucesivos Gobiernos. Como sé bastante de la persistente improvisación y de los intereses crematísticos con que el asunto se ha ido tratando y dándosele largas año tras año, pienso que haría bien el Ministro de Justicia en tomarse un tiempo para estudiar a fondo un tema menor, si se quiere, pero bastante envenenado y liado, porque se complica con un “plan Bolonia” desastroso en los estudios de Derecho.]

El PSOE, las centrales sindicales y la CEOE (la patronal española) harían bien en estarse calladitos una temporada. Lo que está por llegar -el descubrimiento de lo que realmente deben Comunidades Autónomas y Ayuntamientos- [INCISO: Lunes, 27 de febrero de 2012: ya ha llegado lo que estaba por llegar: el déficit de las Administraciones Públicas se dispara al 8'51, sobre todo por las Comunidades Autónomas] va a ser espeluznante y el ajuste presupuestario tendrá que ser brutal y muy doloroso. Los del PP implicados -que los hay, en Comunidades Autónomas y Ayuntamientos- márchense a su casa por elemental decencia (todo el equipo de Camps, para empezar), ya que no se les puede procesar. Pero el PSOE y las centrales sindicales -más esa CEOE acartonada y chulesca del Sr. Rosell- responsables máximos del desastre, que se callen y se dediquen a pensar si, a medio plazo, podrían estar en condiciones, debidamente reconvertidos, de aportar algo positivo. Pero no caerá esa breva, porque el líder del PSOE, Rubalcaba, representa no sólo la completa implicación en el desastre, sino también la total ausencia de autocrítica. Por eso no se le ocurre otra cosa que pedir a sus huestes que salgan a la calle.

Con todo lo crítico que he sido y sigo y seguiré siendo, en estos momentos sólo veo a un grupo de personas arremangadas y metidas en el tajo de procurar que este país no se despeñe definitivamente. Me refiero al Gobierno de la Nación, al Gobierno del Sr. Rajoy. Con todos sus errores pretéritos, con sus debilidades actuales, con sus improvisaciones, se les ve volcados en innumerables problemas, tomando medidas, que podrán discutirse, pero que tienen sentido. Ellos son los que, supongo que por lo que van sabiendo, tienen la decencia de trasladarnos previsiones realistas, peores que las de la UE y el Fondo Monetario Internacional. Y el Sr. Rajoy está teniendo también la decencia de no dar ni un duro más a la banca (si no fuese así, téngase por retirado el elogio, pero a mí se me escapa cómo lo estarían haciendo), de parar la desvergüenza de los super-salarios, blindajes, pensiones escandalosas, bonus, de los directivos de bancos y super-empresas, etc. y de llamar constantemente al orden austero y ejemplar a sus huestes directivas. ¡Qué cosas estamos viendo! Como nos están diciendo muchos informadores verdaderos, los carcas, fachas, cavernícolas y conservadores se aislan decentemente de los "lobbys" de toda clase (financieros, energéticos, inmobliarios, p. ej.), a diferencia de los progresistas e izquierdistas del PSOE, que se dejaban infiltrar por esos "lobbys" y situaban en el Boletín Oficial del Estado leyes y decretos redactados por "el sector" correspondiente. Son los carcas los que están tomando medidas que, como algunos socialistas reconocen en público, debió tomar el PSOE. Pero no es sólo que no las tomara: es que creó las condiciones para  tuvieran que tomarse. ¡Oh, sí: el PSOE fue una izquierda singularísima, compinchada e implicada con "el capital"! Fue esa singularísima izquierda la que ha abierto en España brechas hasta ahora desconocidas entre ricos y pobres.

PARO, DEUDA, DESAHUCIO Y DACIÓN EN PAGO

Dicho lo anterior, me parece conveniente intentar poner un poquito de orden y claridad en el barullo del desahucio y la dación en pago. Por de pronto, no relacionemos, como lo hacen bastantes informadores, “desahucio” con impago de crédito hipotecario. El “desahucio”, extraño y viejísimo vocablo, es la pérdida de la vivienda por parte del que la ocupa, generalmente a título de arrendatario, cuando se dan unas causas legales. La más frecuente en estos tiempos es la falta de pago de la renta pactada. Naturalmente, desde el impago hasta la pérdida de la vivienda, porque el deudor es desalojado o “lanzado” por una comisión de un Juzgado, pasa bastante tiempo. Y hasta el ultimísimo momento se permite a quien no paga lo que se llama “enervar el desahucio”, presentándose de pronto a pagar o consignar las rentas debidas, de las que el arrendador se ha visto privado cuando quizá las necesitaba. El “desahucio”, en España, no es algo precisamente fulgurante y hay motivos y razones para mirar frecuentemente al pobrecito arrendador-acreedor con la misma pena que merece el pobrecito arrendatario-deudor. Porque hay quien no paga porque no puede (situación dolorosamente creciente en nuestros días), pero hay también quien no paga porque no le da la gana, porque no quiere y porque sabe de sobra que desde que deja de pagar hasta verse realmente amenazado de desalojo puede pasar un buen número de mensualidades (de los “okupas” ni les hablo: ése es un fenómeno más penal que civil) sin pagar a quien quizá necesita esas cantidades.

En esta movida desahucial no aparecen ni bancos ni cajas, porque, por lo que sé -si me equivoco, habrá quien nos lo haga saber- los bancos y cajas (aún) no se han dedicado a ofrecer en alquiler las viviendas y locales que se han convertido en parte de su activo (¡valorado irrealmente, por supuesto!) y no tiene nada que ver con la hipoteca. Distingamos y separemos los desahucios de los préstamos hipotecarios para compra de viviendas (préstamos hoy no solicitados apenas y apenas concedidos: pregunten en cualquier Notaría). La realidad más frecuente con la que un arrendador de una vivienda se encuentra hoy es que desahuciar por falta de pago le va a costar un dinero y las perspectivas de alquilar la vivienda a alguien que pague son simplemente negras. Así que, puesto el Ministro de Economía y Competitividad a hacer llamamientos a la buena voluntad, tenía muy sencilla  la exhortación a una especial consideración, cara al desahucio, con quienes estén en situaciones económicas apuradísimas. Cuando un arrendatario no puede de verdad pagar, pero lo haría si pudiera y lo hará en cuanto pueda (éste es el arrendatario con el que sueña cualquier arrendador), no es difícil que, incluso sin exhortación municipal, el arrendador consienta pagos parciales o aplazamientos o disminución de las rentas. El arrendador sólo arremete contra quien no le paga porque no quiere pagar, amparado en  “lo mal que está la vida” o en su caradura. Habrá arrendadores suicidas, pero son muy pocos.

Vamos ahora con la cuestión de quedarse sin el propio domicilio por impago de plazos del préstamo concedido con garantía de hipoteca de ese mismo inmueble. Ese impago puede terminar, desde luego, con los domiciliados en la calle, pero tampoco eso es algo seguro y súbito, de modo que se deje de pagar un plazo y, en días, el deudor pierda su casa. Es posible que bancos y cajas pongan su maquinaria jurídica a incoar procesos en cuanto un deudor deje de pagar uno o dos plazos. Pero los que así actúen deben haber perdido la cabeza. Porque, dejando a un lado otros aspectos, a los bancos y las cajas no les va bien promover procesos de ejecución de la garantía hipotecaria, que casi terminan -casi, ojo- con la subasta del inmueble hipotecado, subasta desierta, es decir, sin postores o con alguien que se queda el inmueble a precio de saldo (que es lo que se entregaría al banco). La prueba de que no les interesa ser sumamente expeditivos en lo judicial es que, como ya se dijo aquí, "las ejecuciones hipotecarias experimentaron en nuestro país una importante reducción en el tercer trimestre del 2011. Según se desprende del informe Datos sobre el efecto de la crisis en los órganos judiciales elaborado por el Consejo General del Poder Judicial, en los Juzgados de Primera Instancia y en los Juzgados de Primera Instancia e instrucción ingresaron 14.894 ejecuciones, lo que supone un descenso del 23,1 por ciento". Pueden estar seguros de que el número de esos procedimientos sigue en descenso durante este año 2012.

No tengo ninguna simpatía a los bancos e instituciones crediticias españolas (con las de fuera no he trabajado). Pero suponiendo que en el último trimestre de 2011 se hubieran incoado otros 14.894 procedimientos hipotecarios, es de recordar que el número de nuevos parados en ese trimestre de 2011 fue de 295.300 con un incremento, también en ese trimestre, de 149.800 hogares o familias con todos sus miembros en paro. Aun con la demora entre quedarse sin recursos y verse en trance de desalojo, ya se ve que, por mala y trágica que sea la situación de los parados, que lo es, no se puede establecer una correlación entre paro e impago de crédito hipotecario y, menos aún, entre paro y quedarse enseguida en la calle por culpa del banco.

Entonces viene el Ministro de Economía y Competitividad y pone sobre el tapete de la opinión pública la dación en pago, es decir, que el crédito hipotecario se considere saldado con la entrega al acreedor, el banco, de la vivienda (o el inmueble) hipotecado, fuera claro está, de créditos que se hubiesen concedido ya o en el futuro se concediesen con previsión de la dación en pago. Todo eso, dice, porque la vivienda es el último y más precioso bien de una familia, etc. Y yo no acabo de entender la exhortación ministerial. Porque si a alguien que pidió y logró un crédito con la garantía de la hipoteca de su vivienda salda su deuda con la dación en pago, lo que ocurre en el 100% de los casos es que pierde su vivienda, justo lo que se ha dicho que se pretende evitar. La dación en pago está muy bien para el individuo o la familia en grandes apuros sólo con dos requisitos: primero, que puedan irse a vivir a otro sitio y, segundo, que deban al banco más de lo que vale la casa realmente, es decir más de lo que, en un tiempo razonable, alguien está dispuesto a pagar por la casa. Así, la deuda se cancela por un valor inferior. Si uno tiene a dónde mudarse y la vivienda comprada con el préstamo hipotecario valiese más -de verdad, no en teoría- que lo que aún debe al banco, la “dación en pago” sería mal negocio para el deudor hipotecario: puesto que tiene a dónde ir, más le vale vender la vivienda, pagar al banco y aún le quedarían unos euros. De modo que únicamente cuando la vivienda comprada con el préstamo hipotecario vale realmente menos que la deuda con el banco, que es lo que suele suceder ahora,  la dación en pago le va bien al deudor, supuesto, insisto, que tenga a donde ir.

Lo que está por ver es si ese invento de la dación en pago les va bien a los bancos. Está por ver, más concretamente, si a los bancos les convence, primero, prestar 150 con la perspectiva de que, pagados sólo 50, 30 se considere suficiente para pagar totalmente los restantes 100 y, segundo, si les convence que el pago de 30 no sea siquiera en dinero, sino en cosa inmueble. No hace falta ser un lince para concluir que la dación en pago que permita resultados como el del ejemplo no le puede interesar a ningún banco. Porque es frontalmente opuesto y contrario al negocio bancario incluso si se practica decentísimamente. Si el banco presta 100 y permite que se le vaya pagando en plazos, es porque, al cabo de cierto tiempo, pongamos 20 años, espera haber recuperado 100 (el capital) y 10 más como intereses (ejemplo de banco muy benemérito, claro). Es verdad que en el préstamo hipotecario puro -no en muchos créditos hipotecarios, que no se conforman con la garantía de la hipoteca, sino que exigen avales-, el banco cuenta con que, en caso de fallo del negocio, podrá resarcirse con el valor de lo hipotecado. Pero, en todo caso, el banco presta porque espera ganar algo. Eso era así antes de la super-crisis y sigue siendo así pese a la super-crisis, aunque ésta rebaje temporalmente las expectativas hasta el extremo de que, también temporalmente, los bancos se conformen con ganar mucho menos e incluso con perder lo menos posible. ¿Es la dación en pago un artilugio jurídico aceptable temporalmente para los bancos en estas excepcionales circunstancias? ¿Es también un artilugio equitativo en tales circunstancias? Parece que hemos dado ya una respuesta negativa, pero queda algo por decir, que se corresponde con la tan frecuente respuesta que hay que dar a muchas cuestiones, sintetizada en una sola palabra: “depende”.

Si el banco prestó 150, el deudor ya le ha pagado 100 y el inmueble hipotecado puede valer realmente 30, al banco se le puede pedir que se olvide de los 20 restantes y tenga por saldada la deuda de 150 recibiendo en pago completo la casa. El Banco sólo pierde 20. En cambio, la cosa es muy distinta si el Banco prestó 150, el deudor sólo lleva pagado 30 (o 10 ó 20) y la casa vale 30, porque entonces la dación en pago supondría saldar la deuda con entre 90 y 110 realmente no pagados. El deudor hipotecario, si tiene una alternativa de vivienda -recuerdo que lo estamos dando por supuesto porque ése es el planteamiento de la dación en pago: que el pobre deudor no se quede en la calle- habría hecho en el segundo ejemplo, aunque fuese a la fuerza, un negocio bastante bueno, aunque sin lucro efectivo: recibir prestado en su día un dinero y saldar su deuda con un pago en especie por bastante menos del 50% de lo recibido. El banco habría perdido demasiado, aunque los 30 de valor de la casa fuesen netos, tras los gastos de subastarla. Evidentemente, este trato de dación en pago en el segundo ejemplo sería del todo inicuo si no constase, fuera de duda, que el deudor, cuando dejó de pagar, lo hizo por una situación de insolvencia libre de toda culpa suya. Sin prueba de un grave infortunio del deudor la dación en pago se prestaría a toda clase de abusos. Por no hablar del tremendo agravio comparativo con millones de personas que, sin ser económicamente potentes, miraron muy bien qué hipoteca pedían y a qué se obligaban y se han esforzado al máximo para ir pagando sin demora.

Además, tengo la impresión de que a los bancos no les interesa demasiado recibir más inmuebles a causa de la dación en pago. Éste es un aspecto del que sé muy poco -balances, provisiones respecto de activos inmobiliarios, etc.- pero lo dejo apuntado. Como me limito también a apuntar la decisiva cuestión de los efectos que una sistemática dación en pago tendría sobre el comportamiento de la banca en la concesión de créditos. Lamentablemente, entre unos y otros, a lo largo de décadas, nos han hecho imposible vivir sin la banca, incluso si no pedimos crédito o lo hacemos lo menos posible.

Aunque por el eco mediático, incluso internacional, parezca otra cosa, ha habido titulares periodísticos muy llamativos, sin una gran noticia detrás. Porque el Ministro de Economía y Competitividad se ha limitado a sugerir y a exhortar a la banca. Y me parece explicable y comprensible. Porque establecer legalmente la dación en pago para créditos obtenidos sin ese pacto es asunto muy complicado y sensible. El legislador tendría que pisar muchos callos en forma de preceptos del Código Civil (CC). Y, sobre todo,  habría que dejar sin efecto una norma tan importante como el artículo 1911 CC: “del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos sus bienes, presentes y futuros.” Esta norma significa que la imposibilidad de pagar ahora todo lo que se adeuda no exime de pagar en el futuro, cuando se pueda (y si se puede). Suena bastante razonable, ¿no?. Por eso, se me ocurre que si de lo que se trata es de no ahogar al que no puede pagar el crédito hipotecario, podrían manejarse las ideas de aplazamiento y moratoria y, por supuesto, la posibilidad de modificación del primitivo contrato, con la condición, en todo caso, de elevar legalmente las cuantías inembargables de sueldos, salarios y retribuciones de toda clase. Para el primero de los ejemplos de impago de crédito hipotecario, cuando al deudor le queda relativamente poco que pagar, mejor que la dación en pago sería extinguir el contrato originario y transformarlo (novarlo) en otro con condiciones asumibles por el deudor y que ofreciese ciertas seguridades razonables al acreedor.

Termino ya. Y lo hago con un ruego: el de que no se otorguen beneficios especiales, a cargo del erario público -es decir, de todos-, a las entidades de crédito que sigan las exhortaciones del Ministro. Siga el Sr. Rajoy en su buen propósito de que esas entidades se las apañen sin la ayuda de la ciudadanía, que bastante tiene ya con lo que hay y lo que va a haber.

“¡POBRE BARQUILLA MÍA”, LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE!

LA VAN MATANDO ENTRE TODOS, QUE ELLA NO SE MUERE SOLA

Escribo esto -encabezado con un verso de Lope que me ha venido a la cabeza- antes de que comience la "segunda vuelta" de las elecciones a Rector de mi Universidad, la Universidad Complutense (UCM). Hasta no hace mucho, pensaba que las Universidades muy asentadas, algunas pluricentenarias como la mía, resistirían cualquier embate de reforma legislativa absurda, cualquier Rector indolente o enloquecido, cualquier presión sindical, cualquier moda desatinada, etc. Ya no estoy ni mucho menos seguro de eso. Ya me parece posible, e incluso probable, ver personalmente y desde dentro cómo, entre tirios y troyanos, Universidades dotadas de profesorado numeroso y competente, de suficiente número de alumnos, de tradición más arraigada, quedan convertidas en un montón de escombros. Pensaba que la nuclear idea clásica de la Universidad, con todas las modernizaciones que se quieran, era imperecedera. Y lo es, como idea. Es una idea válida para cualquier tiempo. Pero ahora me parece que esa idea podría quedarse sin partidarios activos suficientes para que esté viva, aunque sea en ciertos oasis o en algunas islas.

“¿Está tan mal la Complutense?”, me pregunta bastante gente. Está mal, pero no “tan mal”. Y si está mal no es principalmente por los alumnos, los profesores o los empleados complutenses. Los males han venido más bien de fuera, empezando por todo lo que, desde fuera, ha ido apartando a la gran mayoría de los mejores universitarios de una mínima disposición a ocupar cargos académicos, probablemente ya muy mal diseñados en sus atribuciones. Pero la UCM no es, ni mucho menos, la única Universidad con “agujero” económico, como dicen. La UCM no fomenta el “botellón” ni el “picadero”. Los viales y el territorio de la Ciudad Universitaria no están exentos del deber de vigilancia del Ayuntamiento, de la Policía Municipal y de la Policía Nacional. Que yo sepa, ningún complutense ha negado a nadie la intervención policial que sea debida y conforme a la Ley. Los viernes, a cierta hora de la tarde, cuando muchos profesores -sobre todo jóvenes- abandonan las Facultades, el Metro de Madrid se llena de innumerables “botelloneros” en dirección opuesta, hacia al inmenso territorio de la Ciudad Universitaria, repleta de voladizos que protegen de la lluvia y de rincones que esconden de miradas no deseadas. Tengo por cierto que, expulsados los “botellones” de muchos lugares, está siendo muy cómodo que se hayan instalado en nuestro amplísimo “campus”. Y no hay más “grafitti” en nuestros muros que los que ensucian y afean muchas calles de Madrid. Lo que hay son menos medios para limpiarlos.

Por lo demás, la situación actual de mi Universidad -como la de otras- tiene responsables que no la han pisado ni vivido ni sufrido. Destaca y sobresale entre ellos Dña. Pilar del Castillo, Ministra de Educación del Gobierno del Sr. Aznar (PP) en la segunda legislatura. Esta persona, que inventó la ANECA (¡qué ocurrencias y qué derivas posteriores perfectamente previsibles!) e introdujo una costosísima contratación laboral de profesores (que ya nadie pedía), hoy eurodiputada, estableció en la LOU 2001 el sufragio universal para elegir Rector, cuando ese sufragio, por ponderado que sea el peso de los votos según sectores, no se establece ni para designar Presidente del Gobierno ni para convertirse en Alcalde de un municipio de mil habitantes y la Complutense supera, hoy, los noventa mil electores. De ellos, la inmensa mayoría trabajan y viven físicamente muy separados, sin apenas conocerse, sin encuadramientos políticos (a Dios gracias) y con escasísimas y muy minoritarias asociaciones, clubs e incluso agrupaciones sindicales (el PAS, “personal de administración y servicios”, donde cuentan más los sindicatos, registra hoy un censo de 4.115 electores en la UCM; los alumnos son 81.114 y los profesores, de tres categorías distintas, suman 7.902 electores).

Las relaciones de la UCM con la Comunidad Autónoma de Madrid no han sido buenas, pero la responsabilidad no ha sido enteramente de un determinado Rector, el Profesor Berzosa. He dicho a la cara, a quien tenía que decírselo, hace años, que se estaba tratando por el mismo rasero -en el mejor de los casos para la UCM- a Universidades muy desiguales, lo que no resultaba ni lógico ni justo. Reclamé un trato equitativo para la UCM, con muchas más necesidades y con mayores y más graves problemas (p. ej., de obsolescencia de muchos edificios, donde no es posible trabajar, a causa del frío o del calor, sino a base de genuino heroismo), pero también mucho más preparada, por la calidad, número y diversidad del profesorado, que Universidades recién creadas sin demasiada explicación. Ni caso.

¿Sugiero por ventura que D. Carlos Berzosa, hombre desbordado por su simplismo y por algunos pocos "hooligans", que no paran de hacer daño, ha sido un espléndido Rector? No, especialmente en su segundo mandato de cuatro años, en el que, al menos, los Directores de Departamentos pudimos vivir sin recibir papeles abstrusos de D. José Carrillo, que desde junio de 2003 a junio de 2005 fue, con Berzosa, Vicerrector de Innovación, Organización y Calidad y desde 2005 hasta 2007, Vicerrector de Innovación y Espacio Europeo de Educación Superior. Unos Vicerrectorados muy lamentables, por molestos, en gran medida inútiles y en otra medida ("Bolonia" a todo trapo), nocivos. ¡Ojo! No vean aquí propaganda. Todo el mundo sabe que no soy precisamente -y ha habido hechos muy visibles que lo demuestran- un “fan” del otro D. José en liza, D. José Iturmendi Morales.  Mi discrepancia con la gestión de Iturmendi en los últimos años es quizá la más clara y notoria que se haya producido nunca, aunque, eso sí, sin gritos ni insultos públicos. No presumo de ello. Lo digo lisa y llanamente.

El dilema del miércoles 13 de abril de 2011 es, en mi opinión, tremebundo para muchos electores de la UCM. De Iturmendi me disgustan muchos elementos y casi me disgustan aún más los interesados apoyos, de todos los colores, que ha logrado aunar durante más de veinte años como Decano de mi Facultad de Derecho. De Carrillo me disgusta lo que le vi decir y hacer, a distancia, como Vicerrector de Berzosa. No me gusta tampoco que sea rehén -porque lo será, de eso no tengo duda- de una gran central sindical, precisamente cuando las “centrales” están perdiendo mucho peso en el sector público. Y no me ha gustado, -porque me pareció un contradios jurídico y frontalmente opuesto al sentido común- que ayer mismo equiparase las irrupciones vociferantes de unos individuos en diversas aulas de una Facultad -la de Ciencias Políticas, ya muy señalada por episodios violentos e intolerantes- con la distracción que provocaba un vehículo con altavoces publicitando la candidatura opuesta. No son cosas iguales, sino muy distintas: una es ilegal e irrespetuosa mientras que la otra es una molestia de ruido como otras muchas (ambulancias, bomberos, policías) y perfectamente legal. Me preocupa que, en vísperas electorales, el Prof. Carrillo haya disculpado a unos energúmenos con el manido argumento de "y tú más" o "y tú igual", cuando ni el argumento es presentable nunca ni existe igualdad alguna. Me preocupa que pidiese "ahora", "ahora", respeto a las reglas. Ahora y siempre, querido colega. Soy (o, desde luego, procuro ser) muy celoso de la libertad, empezando por la ajena. Precisamente por eso, cuando lo visceral se desmadra, es necesaria firmeza en la defensa de las reglas, de las normas, de las leyes. Comprendo bien las indignaciones, porque yo las siento a diario y no porque padezca una morbosa afición al berrinche. Pero no acepto, en especial entre universitarios, que la indignación conduzca al insulto, a la coacción, a la violencia (aunque sólo sea verbal), expresiones todas de un sectarismo que detesto.

Hay, esta mañana electoral, un exceso de politización y de extremismo. Hay odio. Los energúmenos son pocos, pero nos hacen mucho daño a todos. No se puede tolerar la intolerancia violenta, con obras o con gritos. Y el odio, si no lo neutralizan los candidatos y sus huestes, será letal. Los que son "comprensivos" sólo con "los suyos" y los que son, sobre todo, expertos en politizar, ésos pueden asesinar a la UCM.

Pero este “post” no pretende tratar de las elecciones de hoy en mi Universidad Complutense. Ha querido ser, en este momento en que necesariamente la tengo más en la cabeza, una defensa de mi Universidad contra ataques e insidias, que han salpicado y dañado injustamente a candidatos dignos (como Carlos Andradas) y que, por otro lado, están culminando en atribuirnos a nosotros, los complutenses en general, que somos víctimas más que otra cosa, una responsabilidad que no tenemos, mientras se ignora olímpicamente a muchos verdaderos responsables. Por eso se me ha ocurrido esa especie de verso que he puesto como subtítulo. Porque si la UCM se encaminase hacia la muerte, sería por las puñaladas de muchos. La UCM, por mucho que les interese a bastantes enmascarados, no está agonizando. Si se muere, la habrán matado entre muchos. Ójala no se encuentre entre ellos el próximo Rector. Si así fuese, prometo que lo diré, haciendo una nueva excepción a mi criterio de no tratar aquí asuntos de mis trabajos diarios.