UN DOBLE EJEMPLO FRANCÉS: LA FORMA: LO QUE DURA EN FRANCIA UNA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL

EL FONDO: UNA LEY NO PUEDE HACER NI IMPONER LA HISTORIA Y, MENOS AÚN, CASTIGAR LA DISCUSIÓN DE LA “HISTORIA OFICIAL”

El día 23 de enero de 2012, el Senado de Francia aprobó una ley penal estableciendo sanciones de prisión y multa para quienes negasen la existencia de un genocidio perpetrado por los turcos contra los armenios entre 1915 y 1917. Esta Ley fue recurrida al Consejo Constitucional (Conseil Constitutionel) el 31 de enero de 2012, por buen número de Diputados y Senadores, que la consideraron contraria a la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de 1789 y, en definitiva a la Constitución francesa, principalmente por atentar contra la libertad de expresión y de comunicación, pero también a la libertad de investigación.

Vean el recorrido del “affaire”. No hay erratas en las fechas anteriores ni en estas otras: el 15 de febrero de 2012, el Gobierno de Francia presentó alegaciones (observations) y el 21 de febrero de 2012 presentaron alegaciones de réplica los Diputados y Senadores recurrentes.

El día 28 de febrero  de 2012, el Consejo Constitucional dictó sentencia, la Décision n° 2012-647 DC, por la que se decide que la ley recurrida es contraria a la Constitución. La sentencia, con todos los antecedentes (incluidos los nombres completos de los Diputados y Senadores) y hasta el final, donde se relacionan los nombres completos de los miembros del Consejo, consta de 1362 palabras. Y la justificación de la sentencia se reduce a dos párrafos que ocupan en total 19 líneas o, más precisamente, las líneas siguientes (más adelante traduciré, para quienes no entiendan la lengua francesa).

“Considérant  que… il est loisible au législateur d'édicter des règles concernant l'exercice du droit de libre communication et de la liberté de parler, d'écrire et d'imprimer ; qu'il lui est également loisible, à ce titre, d'instituer des incriminations réprimant les abus de l'exercice de la liberté d'expression et de communication qui portent atteinte à l'ordre public et aux droits des tiers ; que, toutefois, la liberté d'expression et de communication est d'autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés; que les atteintes portées à l'exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi ;

“Considérant qu'une disposition législative ayant pour objet de « reconnaître » un crime de génocide ne saurait, en elle-même, être revêtue de la portée normative qui s'attache à la loi ; que, toutefois, l'article 1er de la loi déférée réprime la contestation ou la minimisation de l'existence d'un ou plusieurs crimes de génocide «reconnus comme tels par la loi française» ; qu'en réprimant ainsi la contestation de l'existence et de la qualification juridique de crimes qu'il aurait lui-même reconnus et qualifiés comme tels, le législateur a porté une atteinte inconstitutionnelle à l'exercice de la liberté d'expression et de communication..”

Pueden leer la sentencia entera con el siguiente enlace:

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2012/2012-647-dc/decision-n-2012-647-dc-du-28-fevrier-2012.104949.html

Traigo este episodio jurídico-político francés a colación porque he pensado que es muy ilustrativa su comparación con el tiempo que se toma nuestro Tribunal Constitucional para resolver recursos o cuestiones de inconstitucionalidad (años, por ejemplo, sin actividad alguna, respecto de notorios recursos) y con el estilo de sus sentencias, casi siempre en exceso prolijas. No me parece que la motivación del Conseil Constitutionel deba necesariamente constituirse en paradigma en España, donde estamos acostumbrados a una justificación algo más extensa. Un poco más de explicación nos puede venir bien. Pero no mucha más. En ocasiones, como ésta de Francia, bastan dos o tres razones, certeramente expresadas. Vean, traducidas (por supuesto, no literalmente), las tres razones del Conseil:

1ª) El legislador puede dictar reglas sobre el ejercicio del derecho de libre comunicación y sobre la libertad de hablar, escribir e imprimir y, asimismo, le está permitido reprimir los abusos del ejercicio de la libertad de expresión y comunicación que lesionen el orden público y los derechos de terceros. Sin embargo, la libertad de expresión es tanto más preciosa cuanto su ejercicio es una condición de la democracia y una de las garantías de respeto a otros derechos y libertades, de manera que las medidas que afecten negativamente a esa libertad deben ser necesarias, adecuadas y proporcionadas a la finalidad que se persiga:

2ª) Una disposición legislativa que tiene por objeto “reconocer” un crimen de genocidio no puede, en sí misma, estar revestida de la fuerza y el alcance normativos que se atribuyen a toda ley;

3ª) Como quiera que, sin embargo, el artículo 3 de la ley recurrida reprime la negación, discusión o minimización de la existencia de uno o varios crímenes de genocidio “reconocidos como tales por la ley francesa”, al reprimir así la discusión de la existencia y la calificación jurídica de crímenes que el mismo legislador ha reconocido y calificado como tales, el legislador causa una lesión inconstitucional al ejercicio de la libertad de expresión y comunicación.

Me parece que la clave de toda la sentencia es esta breve frase: “une disposition législative ayant pour objet de «reconnaître» un crime de génocide ne saurait, en elle-même, être revêtue de la portée normative qui s'attache à la loi”, es decir, si una disposición legislativa se dedica a “reconocer” un crimen de genocidio, no puede, en sí misma, tener la fuerza normativa propia de una ley (y por eso utiliza el Conseil los términos “disposition législative”, primero  y “loi”, después: habrá una “disposición legislativa”, pero no una “ley”). Entiendo que se está queriendo decir lo siguiente: no es verdadera ley, con la fuerza y el alcance jurídicos propios de una ley genuina, la disposición legislativa en la que el legislador plasma una definición de la historia, un reconocimiento de un evento histórico (de ahí que entrecomillen “reconnaître”). Las leyes no están para sustituir a la ciencia histórica y menos para imponer lo que siempre se debe poder discutir y menos aún para sancionar penalmente a quien no respete la imposición legislativa de la historia.

Sólo me queda aplaudir. Bueno, también puedo desear que algunos reflexionen, aprendan y se enmienden.

INTOLERANTES CON LA DISCREPANCIA O LA SUPRESIÓN DE LAS LIBERTADES INTELECTUALES

EL “DIÁLOGO DEMOCRÁTICO DEL ENEMIGO”

Todos los lectores de este “blog”, aunque no hayan estudiado Derecho, saben lo que es mediar, lo que es la mediación.  Hace de mediador, por un motivo u otro, quien procura acercar posturas entre dos partes enfrentadas con el propósito de que lleguen a un acuerdo que a ambas les parezca mejor que el enfrentamiento (incluido el procesal). La mediación es cosa buena, que no puede merecer de nadie el menor reproche, salvo que, en vez de mediar, se trate de entrometerse. El mediador no es el entrometido, el “meticón”, el metomentodo, que suele salir mal parado. La mediación se ejerce cuando alguien la pide, de palabra o con gestos significativos y se desenvuelve pacíficamente cuando es aceptada, aunque sea a regañadientes, por quienes están en conflicto.

¿Quién puede estar en contra de la mediación, así entendida, no confundida con una oficiosidad agresiva, inoportuna e imprudente? Nadie, ¿verdad? Pues no, miren por dónde, yo -eso dicen- estoy en contra de la mediación. Francamente, no lo sabía y todavía no me lo explico, pero así lo afirman muy seriamente, con tono de reprimenda severa, algunos profesionales del Derecho. Fue publicar un breve texto crítico con un Proyecto de Ley de Mediación que caducó al disolverse las Cortes (véanlo, si quieren,  en mi otro blog DOCUMENT-AOS) y ser declarado enemigo de la mediación y, por si fuera poco, enemigo por intereses espurios, por defender a los grandes despachos de abogados (cuando hace bastantes años que no ejerzo como abogado y nunca he formado parte de un gran despacho). Han decidido que a mí me disgusta la mediación. ¿Por qué rayos tendría que disgustarme a mí que haya gente que intente que dos partes enfrentadas conozcan mejor los puntos de vista del contrario, hablen, piensen y procuren llegar a un acuerdo, lo logren o no? Pero es que hay demasiadas personas que, en cuanto no leen lo que esperaban leer, ya no leen bien, se saltan frases enteras, suprimen párrafos, desprecian argumentos como si no existieran y atribuyen al autor con el que discrepan actitudes e intereses absolutamente inventados, pero que podrían explicar la discrepancia mucho más simple y fácilmente que los argumentos del discrepante.  Así se ahorran leerlos con algún detenimiento.

Como ese mismo texto por el que se me declara enemigo de la mediación (e ignorante sobre la mediación, claro es) lo he expuesto -con ampliaciones que hacen aún más crítica mi opinión sobre el decaído Proyecto- en dos congresos sobre mediación a los que he sido invitado en Italia, con asistencia de numerosos mediadores y donde nadie lo ha entendido contrario a la mediación, sino contrario a una determinada forma de ver y de regular la mediación y se me ha pedido publicarlo en una revista seria, no tengo más remedio que concluir que esto de reaccionar sumariamente contra el discrepante es cosa typical spanish. No es exactamente así, porque en todas partes cuecen habas, pero en España estamos alcanzando grados nada envidiables de intolerancia y de incapacidad para hablar si no es con quienes piensan -o fingen pensar- exactamente como nosotros. Esto es lo más grave. Porque así no hay comunicación que valga. No hay posibilidad de progreso. Nadie se enriquece con los puntos de vista distintos y opuestos (tantas veces, sólo aparentemente opuestos). En infinidad de asuntos, sólo hay dos bandos y dos colores, blanco y negro. No hay grises que valgan, no hay opiniones discutibles. Y por tanto, no se discute. Cada bando trata de ganar.  Y si ninguno tiene la sartén por el mango, trata de situar a “uno dei nostri” (a uno de los suyos) a cargo del mango de la sartén. Los observadores con actitud presumiblemente imparcial, desinteresada, no existen. O pueden existir, pero siempre que estén calladitos. Es como si se estuviese en guerra y se aplicase, a semejanza del Derecho Penal del enemigo, el “diálogo democrático del enemigo”, que sería otro de los numerosos retorcimientos del lenguaje para disfrazar una realidad y denominarla precisamente con el nombre de lo que se niega. No hay diálogo genuinamente democrático cuando no se escucha lo que muchos, incluso minoritarios, tengan que decir. En ese falso “diálogo democrático” sólo hablan entre sí los del mismo bando, porque han resuelto que tienen la razón en todo, que tienen toda la razón. ¡Ahí es nada! ¿No es ésa idea la raíz y la base de la actitud y de la praxis totalitarias?

Éste de la mediación es sólo un ejemplo. Los lectores habituales de este “blog” pueden estar pensando en  otros. Pueden estar pensando, probablemente, en cómo se me declaró enemigo de los Secretarios Judiciales por el simple hecho de pensar y decir que, según la Constitución vigente, sólo ejercen jurisdicción los Jueces y Magistrados. Porque es eso, simplemente, lo que he defendido. Eso y sus ineludibles consecuencias. Nada más. Y nada menos. Sin embargo, me atrevo a pensar que en este “blog” ha habido finalmente debate, diálogo real, donde han aflorado, junto a elementos pasionales -que deberían rebajarse de intensidad, si no desaparecer-, posturas discutibles que han sido discutidas. Quiero pensar que se ha puesto de manifiesto que las discrepancias no son absolutas ni siempre debidas a animadversión o enemistad. Es de esperar -yo así lo espero- que el modelo actual de la Nueva Oficina Judicial  (NOJ) sea revisado sin la dialéctica belicosa del “diálogo democrático del enemigo”. La NOJ del futuro no es cosa que importe o deba importar para satisfacción de posturas corporativas mayoritarias (de jueces, de Secretarios, de la clase política partidaria de meter al Ejecutivo en la Justicia o del CGPJ, que se comprometió en exceso, fuera de sus atribuciones, con un modelo deficiente) sino para que la Justicia sea mejor para todos los que acuden o pueden acudir a ella. En todo caso, yo no represento a nadie ni me juego nada personal. Chuscamente, hubo quienes afirmaron que los profesores de Derecho Procesal opinábamos como la hacíamos para defender nuestros manuales. Una bobada enorme, porque, vistas las cosas así, ocurre exactamente lo contrario: los cambios requieren nuevos manuales.  De modo que si estuviésemos en la llamada “industria textil” (que ya no rinde ganancias relevantes), mejor serían siempre los nuevos textos que las reimpresiones o reediciones de los antiguos.

Un último ejemplo, por hoy, de intolerancia, ésta fuera del ámbito de la Justicia. A la nueva Ministra de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, se le ocurrió hablar de “violencia en el entorno familiar” en su primer speech. De inmediato, le reprocharon en tropel no haber dicho “violencia doméstica” y, poco después, afinando la corrección dogmática, la anatematizaron por no haber utilizado la expresión “violencia de género”. A mí me parece que viene a significar lo mismo “doméstico” que “en el entorno familiar” Y también me parece inadmisible, no la expresión usada por la Ministra, sino esa tiranía sobre el lenguaje. ¿No se puede defender que calificar la violencia como “de género” es una opción lingüística como otras e incluso peor? Si una madre pega a su hijo o un hijo pega a su madre, ¿hay alguna distinción relevante respecto del caso en que la madre pegue a su hija o ésta a su madre?  Yo no la veo, pero en este segundo caso, la violencia no sería “de género”, aunque sí “contra la mujer”. La Ministra bien podía haber respondido: “me expreso como me parece, sin que el modo de expresarme suspenda o derogue ningún precepto legal”. Pues no: acosada por los “correctos” y sus portavoces, ha tenido que asegurar, a la defensiva, que “no hay ningún cambio de terminología”.

En un plano más sustantivo, he presenciado ya en un par de ocasiones a jueces y profesionales del Derecho, entre los que había mujeres y hombres, plantearse seriamente, sin machismos ni feminismos, si la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, no estaría siendo un factor criminógeno de esa violencia, es decir, si no estaría contribuyendo a aumentarla. Porque, aunque siempre ha habido varones-animales violentos y maltratadores, la radicalidad de algunas medidas de la ley podría estar conduciendo a la violencia a otro tipo de varones. No se trataba de justificar ninguna violencia, sino sólo de preguntarse por posibles efectos colaterales de exasperación y acorralamiento, que tal vez cooperarían a la producción de tragedias tales como el asesinato de mujer e hijos y al posterior suicidio o a la inmediata entrega voluntaria del asesino. Ninguno de los dos grupos que hablaba del asunto lo hacía con conclusiones preestablecidas, con respuestas a priori.  Simplemente se preguntaban algo, no sin algunos motivos. Pero ambos grupos eran conscientes de que no era posible hablar públicamente de la cuestión. Serían socialmente linchados y probablemente represaliados.  Gravísimo fenómeno, el de esta censura previa. Porque ¿no sería más razonable que los partidarios de la citada Ley fuesen los primeros y más interesados en saber si quizá lo legislado tiene algunos efectos negativos y no queridos y, en tal caso, ver de qué manera evitarlos?

Si no se puede ni hablar serenamente de ciertos temas, si no cabe discrepar sin ser declarado enemigo y, en consecuencia, sancionado al menos con el insulto y la descalificación personal, con la atribución de intenciones y finalidades perversas, lo que ocurre es que la democracia es meramente formal, sin espacio para una participación pacífica de las opiniones libres en la formación de la opinión pública, sojuzgada por un feroz dirigismo de los poderes, que han devenido, todos ellos, poderes fácticos, puesto que no respetan las libertades constitucionales, empezando por las del art. 20.1 de nuestra Norma Fundamental.

En las vísperas de un nuevo año, digo que soy consciente de lo que hay, que es esto, esta penosa situación, que, entre otros efectos, conduce también a que muchos jefes de todas clases no quieran a su lado a nadie que haga algo distinto de aplaudir constante e incondicionalmente. Y digo también que, aunque no pretendo que una ley de mediación responda a mis opiniones (entre otras cosas, porque no las tengo completas) ni me propongo que exista una oficina judicial conforme a mi modelo (tampoco lo tengo, aunque sí ciertas ideas) ni me apetece en lo más mínimo participar en ningún cambio de la L.O. 1/2004, estoy -sigo- dispuesto a pagar el precio de formar libremente mi opinión -incluso sobre los tres temas citados: mediación, NOJ, violencia de género- y expresarla aquí cuando me parezca oportuno.  Que los de la sartén por el mango se lo pasen bien y disfruten de su talante liberal y democrático.

LAS “PRIMARIAS” MADRILEÑAS DEL PSOE Y LA “PASARELA MONCLOA”

LA IMPOSTURA DEMOCRÁTICA DE ZAPATERO Y SU FASHION TEAM

“PRIMARIAS” SÍ, PERO CON MIS CANDIDATOS

El Sr. Rodríguez Zapatero, aún presidente del “Gobierno de España” (en adelante, GdE), apoyó firmemente al Alcalde de Parla (Madrid), D. Tomás Gómez Franco, para que encabezase el PSM (Partido Socialista Madrileño, filial regional del PSOE), tras la derrota de Rafael Simancas en las últimas elecciones autonómicas de Madrid (2007). El Sr. Rodríguez Zapatero (ZP, en adelante) siempre ha considerado que las elecciones primarias son un método excelente para que un partido político escoja a sus candidatos en los distintos procesos electorales.

No estoy tan seguro de esa excelencia, aunque sólo sea porque fueron unas primarias -en las que aquí, en España, sólo votan los afiliados- las que llevaron al Sr. Rodríguez Zapatero, un oscuro aunque sempiterno diputado, sin otro oficio que el ocio político-partidista (no se le conocía ninguna iniciativa), a la Secretaría General de un partido político centenario como el PSOE (alguien me ha dicho que ese fue el resultado de tener que elegir entre lo pesimo conocido y lo pésimo por conocer: hay que reconocer el ingenio de esta descripción). Pero lo que cuenta es que ZP ha sido en todo momento un adalid de ese método de designación de candidatos.

Pues bien: ZP, que blasona de demócrata y transparente, ha quedado ya plenamente al descubierto en su condición de dictadorzuelo, amante del engaño en la oscuridad y de la intriga mentirosa. Porque resulta que ZP es partidario de las elecciones primarias con la condición de que él designe al único candidato o, si le parece más oportuno, a dos o tres de ellos que hagan el paripé de la “democracia interna”, algo, por cierto, absolutamente desconocido en la historia del PSOE (no digo que no sea también desconocido en otros partidos, pero lo es en el centenario PSOE, como tienen muy investigado prestigiosos historiadores, de ésos no demasiado mediáticos).

De hecho, está meridianamente claro que ZP decidió que la Sra. Jiménez, Dña. Trinidad, actual Ministra de Sanidad, era la candidata ideal para postularse ante los madrileños, en 2011, como Presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid. ZP envío recados públicos sobre sus preferencias a D. Tomás Gómez Franco. Éste insistió en su propósito. Fue entonces llamado a Moncloa, donde ZP ejerce como Presidente del GdE. Pero Gómez no fue convencido para que cediese el paso a Jiménez ni por la torpe prosa de ZP ni por su exhibición inmobiliaria y mobiliaria de poder. Y ahora tenemos a Jiménez vs. Gómez, en circunstancias que distan sideralmente, no ya de la democracia interna, sino del decoro más común. Porque resulta que una pugna que, conforme a las reglas escritas del socialismo español, corresponde a los militantes madrileños del PSM, ha sido convertida por el falso demócrata ZP en una batalla pública del Gobierno (socialista) de España contra el Sr. Gómez, jefe del socialismo madrileño. Y como, para estos pseudodemócratas que inundan toda nuestra política, el único poder es el Ejecutivo, ese partidismo al cuadrado del GdE ha significado que el aparato central del PSOE, que dirige ZP, se ha volcado abiertamente a favor de Jiménez y contra Gómez.

No tengo el gusto de conocer personalmente ni a Jiménez ni a Gómez. Me da igual lo que decidan los militantes socialistas madrileños, incluso si eso tuviese repercusiones más amplias de las que en teoría le corresponden (una crisis política interna de ZP, como señalan algunos dentro del mismo PSOE). Pero no me da igual pasar en silencio una enésima prueba de la impostura de ZP, el falso demócrata. De manera que dejo dicho que el espectáculo de esas “primarias” resulta indecoroso. ZP carece de talante democrático. Cero absoluto en democracia.

MONCLOA’S FASHION YEARS

Pero no es sólo ZP, sino muchos de su cortejo, quienes acaban de dejar probado que no tienen nada de demócratas. ZP se sintió libre (y, ciertamente, lo era) para situar en el GdE a 9 mujeres, nueve Ministras (en otros países, Italia, p. ej., por muy mujer que sea la titular de un Ministerio, siempre es “el Ministro”, como sucedía en Francia hasta hace poco; por supuesto, en España no puede ser así). Tenemos, por orden alfabético y salvo error u omisión, a Bibiana Aído, Ministra de Igualdad; Beatriz Corredor, Ministra de Vivienda; Carmen (Carme, auf Katalanisch) Chacón, Ministra de Defensa; Elena Espinosa, Ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (en España, por cierto, ya no hay Ministerio de Agricultura); María Teresa Fernández de la Vega, Ministra de la Presidencia, Portavoz y Vicepresidenta primera; Cristina Garmendia, Ministra de Ciencia e Innovación; Ángeles González Sinde, Ministra de Cultura; Trinidad Jiménez, Ministra de Sanidad y Elena Salgado, Ministra de Economía y Hacienda y Vicepresidenta segunda. Nueve mujeres. Todas han sido muy libres de vestirse cómo les ha parecido oportuno. Que yo sepa, nadie avanzó directrices indumentarias, ni desde el mismo GdE ni desde la oposición ni desde la sociedad civil. Ocurrió, eso sí, que la revista “VOGUE”, que no es precisamente una publicación de análisis y pensamiento político, encontró gran interés y grandes facilidades para ocupar los aledaños del Palacio de la Moncloa, el 9 de julio de 2004, y componer un amplio reportaje fotográfico con la Vicepresidenta primera y siete Ministras más (de entonces), que posaron como modelos durante horas.

Aquello de VOGUE tuvo alguna cola, que me ahorro. Pero es que ahora, el Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), que no es precisamente un periodiquillo de provincias ni un gran diario amarillista (no es el Bild Zeitung, vamos), ha publicado un reportaje de su corresponsal en Madrid, Leo Wieland, titulado “Zapateros Modepüppchen”, que se puede traducir, no sólo como “las maniquíes de Zapatero” (según apunta EL PAÍS), sino también como “las muñequitas de moda de Zapatero”. Al que le interese, lea y vea el artículo del FAZ en:

http://www.faz.net/s/RubB62D23B6C6964CC9ABBFCB78BC047A8D/Doc~E057200AF26DB4ED0A6335F35C249DC61~ATpl~Ecommon~Scontent.html

El Sr. Wieland no ha escrito a tontas y a locas, aunque su “Zapateros Modepüppchen” no sea un sesudo análisis ideológico, sino un comentario sobre imagen y moda en personajes públicos (también algunos y algunas del PP e incluso de CiU) con buenas dosis de crítica ácida, pero también con indicaciones y detalles concretos. Y, sobre todo, el Sr. Wieland se ha basado en antecedentes reales, como la “Pasarela Moncla” del 2004, continuada con la realidad de una constante presencia pública de Ministras ataviadas cuidadosa y costosamente: very fashioned people, nuestras Ministras. Han organizado algo mucho más grande que la Cibeles Madrid Fashion Week: nos han montado los “Moncloa’s Fashion Years”.

Es explicable que las Ministras estén enfadadas por el artículo del FAZ e incluso que alguna, más discreta, se pueda sentir con razón molesta por el efecto expansivo de la exhibición permanente de caros modelitos por las restantes colegas del GdE. Por lo demás, a los lectores no aludidos por el artículo de Wieland, esa pieza periodística nos puede parecer fundada o infundada (con matices intermedios), interesante o banal, divertida o sosa, tontucia o inteligente, etc. Lo que no cabe en un ámbito europeo-civilizado es que a unas Ministras (y a Dña. Leire Pajín, su oficiosa portavoz), concernidas por el artículo, éste les parezca “INTOLERABLE”. Desde el punto de vista de la libertad y de la democracia, la indumentaria con que se presentan públicamente las Ministras, que es indumentaria de mujeres (¿o también van a negar eso?), puede ser objeto de comentario y crítica, sin abuso alguno contra la dignidad, la intimidad, el honor o el buen nombre de nadie. El Sr. Wieland ha ejercido su libertad para opinar y expresarse, que incluye titular su producto periodístico destacando la habitual vestimenta de las “miembras” (Aido dixit) del GdE, aunque en el artículo se habla también del “look” y atuendo de Zapatero, Felipe González, José Blanco, Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría y Durán Lleida. A los afectados y afectadas les toca, no ya tolerar, sino respetar esa libertad. Cuando se indignan tanto y dicen que es “INTOLERABLE” que se les critique, se autoexcluyen terminantemente de la comunidad de los verdaderos demócratas o incluso de la de los sencillos ciudadanos apolíticos, que respetan las opiniones no coincidentes con la suya.

A mí no me interesó nada el reportaje de VOGUE. No se me ha ocurrido nunca emplear el jueguito de palabras aplicado a la Vicepresidenta primera. Y no me hubiese interesado lo más mínimo el artículo “Zapateros Modepüppchen” del Frankfurter Allgemeine Zeitung de no ser por la reacción de estos reaccionarios y reaccionarias. Me ha interesado, y mucho, la reacción intolerante y antidemocrática del “INTOLERABLE”. Y también me ha interesado, como muestra de intolerancia, que la crítica a unas Ministras sea “machista” y “antigua”. ¿Qué responsabilidad tiene el Sr. Wieland de que haya nueve (9) Ministras, de que todas ellas decidan presentarse vestidas como mujeres y de que casi todas gasten a diario modelos de marcas caras? ¿Acaso ya no se puede reflexionar y hacer cierta cuchufleta sobre la vestimenta de esas mujeres Ministras? ¿Tienen bula por ser Ministras-mujeres? Este recurso -el del pretendido “machismo”- pertenece a la más rastrera dialéctica y me parece un insulto gravísimo al sinfín de mujeres que se han ganado a pulso su puesto en todas las profesiones. Con estas "defensoras" y "representantes" de la condición femenina se denigra a la mujer y se fomenta el más genuino y negro machismo.

Le he comentado a un sabio amigo: “¿cómo no se han dado cuenta de que, aunque sólo fuese por guardar las apariencias de respeto a la libertad de opinión, “INTOLERABLE” era un adjetivo que no podían emplear, porque no tolerar la crítica es absolutamente incompatible con una convicción democrática?” Y mi amigo me ha dicho: “es que sí respetan y toleran la libertad de opinión y de crítica; pero de la opinión y de la crítica suya, ¿entiendes?”. Me ha costado un poco entender el matiz. Pero lo he entendido. A derecha y a izquierda, y sobre todo donde más se presume de democracia, sólo existo yo y mis cosas. Tolero a los demás y los respeto, por supuesto, siempre que yo pueda hacer lo que quiera respecto de los demás sin que los demás rechisten. Esto, que así enunciado, nadie tiene la desvergüenza y el atrevimiento de defender es, si bien se mira, la regla de oro diaria de los falsos demócratas, de los que se desviven por los “derechos humanos”, a condición de que se trate de sus "derechos humanos".

Se puede decir también de esta forma: “tu libertad termina donde comienza la mía, pero la mía de es de largo recorrido, que para eso mando”. O bien: “tus derechos tienen el límite de los míos, que son ilimitados.”

DOS COSAS DISTINTAS: CRISIS DEL “ESTADO MODERNO” Y PUTREFACCIÓN DEL ESTADO EN ESPAÑA

INDEFENSOS ANTE LA INDIGNIDAD Y LA RAPIÑA; LEGITIMADOS PARA LA REBELIÓN

Sin duda cabe hablar de la crisis del llamado “Estado moderno” (que hace tiempo dejó de ser “moderno”) con referencia a aspectos y características diversas de ese Estado. Personalmente, considero que el elemento esencial de la crisis es la disparidad o desproporción entre el poder que ese Estado supone y los mecanismos de exigencia de responsabilidad a quienes ejercen el poder. Siendo el poder enorme y creciente, con cada vez mayores posibilidades de influjo inmediato (y en gran medida irreversible), los mecanismos para exigir responsabilidades son pequeños y escasamente efectivos. En pocas palabras: las elecciones periódicas son muy poca cosa como instrumento para impulsar el buen ejercicio del poder y para reaccionar ante un ejercicio desacertado y no digamos abusivo y arbitrario.

Se dirá (es la inmediata respuesta tópica) que así es la democracia y que, cualesquiera que sean sus limitaciones y debilidades, no se ha inventado un sistema mejor (“es el menos malo de los sistemas”). Esta respuesta ha dejado de ser aceptable hace mucho tiempo. Así –abocada al abuso impune- es la democracia actual. Cabría inventar otra mejor, pero los protagonistas del poder, incluso aunque se alternen en el Gobierno, no tienen el menor interés en mejorar sustancialmente el modelo democrático que existe. Pero si la esencia de la democracia reside en la participación, basada en la igual dignidad de los ciudadanos y en su libertad, la lógica ordena imperativamente, desde hace décadas, esfuerzos para corregir nuestra democracia. Lo que sucede en todas partes -nada estoy descubriendo: lo vemos todos- es que los políticos de esta democracia (que no es igual a los políticos demócratas, muy escasos) no quieren mejoras y correcciones. Y los ciudadanos no podemos introducirlas.

De vez en cuando, como ahora en España, la crisis de la antigualla que ha llegado a ser el “Estado moderno” es más visible, casi tangible. La teoría de que la soberanía reside en el pueblo, que la ejerce mediante representantes libremente elegidos se aleja sideralmente de una realidad en la que el pueblo cuenta cada vez menos, influye cada vez menos y sabe cada vez menos sobre la realidad o verdad política, mientras que el poder, por el contrario, sabe cada vez más de cada uno de nosotros, dispone de más eficaces instrumentos para ocultar y desfigurar la realidad y utiliza medios más potentes para influir casi decisivamente en los ciudadanos, en el pueblo. Nuestros representantes lo son únicamente pro forma, porque, sustancialmente, son piezas de representación del poder. No es de extrañar que los ciudadanos se consideren crecientemente al margen de los mecanismos de esta democracia y que sean sólo profesionales del poder quienes encarnen y sirvan a esos mecanismos. Que la clase política exista como tal, como grupo humano diferenciado, cerrado, casi impermeable a la ciudadanía común, es una consecuencia lógica o natural de la crisis del “Estado moderno”. Un grupo humano monopoliza, aislado y bien separado del pueblo, todas las instituciones de esta democracia e incluso innumerables instituciones no estrictamente políticas, con las que el poder ha penetrado en el ámbito de la sociedad civil, que ha dejado de conformarse por decisiones personales libres. En vez de esforzarse en mejorar lo que se necesita mejorar, la clase política se ha esforzado con éxito en politizarlo todo. La clase política es, en su naturaleza, totalitaria, aunque muchos de sus miembros no se hayan dado cuenta. Esa clase se mantiene y se defiende con el totalitarismo, porque todo lo politiza: la cultura, las profesiones, las Universidades, la vida económica y la Ciencia, incluida la experimental. Sin duda deben existir aún, dentro de la clase política, hombres y mujeres con ideales, pero la clase se ocupa de que sólo sirvan para la retórica, de la que usan y abusan los diversos partidos y las distintas piezas del sistema. Aun así, asistimos con alguna frecuencia al abandono o expulsión de esas personas.

Si la división de poderes se va difuminando y los partidos políticos reinan en ese Estado (el "Estado de Partidos") es porque a la clase política le conviene la máxima concentración (no la dispersión ni la diferenciación) y porque los partidos se han convertido en únicos fabricantes de políticos en régimen de oligopolio con prácticas colusivas. Esos dos elementos se combinan para el fatal resultado de un poder único y sin otros límites que los económicos.

En España está agudamente en crisis el “Estado moderno”. Fallan los mecanismos de responsabilidad y de control incluso ante situaciones de excepcional necesidad, como las que estamos viviendo ahora mismo. La participación del pueblo en la cosa pública está, de hecho, reducida a cero. Pero, acumulada a esa crisis aguda del "Estado moderno", en estrecha conexión con ella pero distinta, se ha producido en España una putrefacción estatal cada día más maloliente. Los ciudadanos comunes vivimos duramente castigados en nuestro olfato personal y en nuestra personal dignidad por una singular descomposición del "Estado moderno” en crisis, que ya no logra vivir discretamente ni intenta actuar con mínima higiene y limpieza al menos de puertas afuera. Estamos, todos y cada uno, salvo excepciones de superlativa insensibilidad, como si viviéramos junto a un vertedero incontrolado o al lado de una fétida fábrica de papel de las antiguas.

Sobre lo que está ocurriendo en el “Reino de España” (un “Estado moderno” en crisis) y sobre la putrefacción añadida por lo que hace y omite el actual “Gobierno de España” se pueden escribir libros, de muy diversos estilos y con distintos enfoques, pero libros que, en sí mismos, serían de mucho interés y de gran importancia. Porque serían la historia pormenorizada de unas décadas (o de unos lustros, años o meses: a elección del escritor) de acelerada y de extrema decadencia intelectual y ética, con innumerables efectos en la educación, las libertades y la seguridad públicas, el Derecho, la economía y la cultura. Una decadencia que, más allá de las grandes cifras y de las valoraciones generales, muchos sienten (sentimos) ya, cada día, en cuerpo y alma.

Si esos libros se fuesen a leer y resultase probable que suscitaran una reacción social, sería un deber apremiante escribirlos, aunque presenten la enorme dificultad de terminarlos sin poder narrar el final, porque la vida sigue, por miserable que sea. Pero, como ya he dejado dicho aquí si no recuerdo mal, una repetida experiencia de libros de contenido “explosivo”, que, aun sin rectificación alguna, no han provocado ninguna “explosión” y ni siquiera un pequeño “incendio” o “escándalo”, desaconsejan (al menos, me lo desaconsejan a mí, que no vivo de escribir) acometer una empresa escrita de gran magnitud.

En cambio, no es posible, con mínima coherencia, callar cuando se ha construido una tribuna para hablar, por modesta que sea, como ésta lo es. Tras apuntar el marco general, he de decir cosas concretas, muy sabidas y ya escritas, pero no silenciables por mí.

En estos últimos días de agosto de 2010, se han amontonado sucesos graves y tristes. Hemos podido presenciar el ultraje a unas mujeres trabajadoras, constituidas en autoridad, llevado a cabo por ciudadanos controlados del vecino Reino de Marruecos. Y el silencio absoluto del “Gobierno de España” ante ese ultraje, seguido de un viaje del Sr. Rubalcaba, superior gubernamental de las directamente ultrajadas, para rendir pleitesía al Sultán de los ofensores violentos, nos ha empapado de vergüenza ante tan viscosa y sucia indignidad. Le han llamado diplomacia a la ausencia de la menor reacción previsible según las reglas diplomáticas que rigen en las Naciones y Estados respetables, porque esas reglas suponen un mínimo, aunque sea formal, de propia estimación.

Poco después -en medio de unos movimientos de reinicio del diálogo con los terroristas domésticos de ETA, movimientos cuando menos despreciables por su oscuridad- hemos asistido al pago de rescate en metálico y a otras concesiones a reconocidos terroristas internacionales, los de Al Qaeda en el Sahel, simultáneamente a nuestro apoyo militar y policial a la acción de la OTAN en Afganistán. La alegría de ver a dos personas en libertad (los “cooperantes”) se ha visto anulada por la suma indignidad y el descrédito de retribuir a terroristas tras meses de inactividad y de negociaciones. No me vale desviar la indignación contra “oenegés” pretendidamente imprudentes e irresponsables, como algunos han hecho. La indignación la merece íntegramente el “Gobierno de España”, que ha perpetrado la suma irresponsabilidad de ceder ante el terror y de rearmarlo.

Casi a la vez, eran asesinados tres españoles a causa de un fallo de seguridad y, sobre todo, por el odio insuperable de uno de ésos que llaman “talibanes”, con improbable exactitud, pero muy probable conexión con Al Qaeda. Fueron acribillados a balazos José María Galera Córdoba, capitán de la Guardia Civil, de 33 años, natural de Albacete; Abraham Leoncio Bravo Picallo, alférez de la Guardia Civil, de 33 años, nacido en A Coruña, y el intérprete Ataollah Taefy Khalili, de 54 años, ciudadano español de origen iraní, residente desde hace más de 30 años en Cuarte, cerca de Zaragoza.

Seguimos en Afganistán mientras lo diga Barack Obama, porque la acción de la OTAN en Afganistán -sujeta a fecha de caducidad dictada por Barack Obama- es necesaria para la seguridad de Occidente. Ya no sabemos, a estas alturas, en qué consiste esa acción: la democratización de Afganistán es (ha sido siempre) una trágica majadería y su pacificación por ejércitos extranjeros, un imposible antropológico en una tierra tribal, multiétnica y endémicamente guerrera desde hace más de mil años. Si lo necesario fuese una presencia militar de control, nos tendrían que explicar de qué y para qué. Pero queda claro que, en estos momentos, lo que quizá sea necesario (no excluyo que lo sea, pero no lo explican) para Afganistán y el mundo occidental, resulta contrario a lo que necesita políticamente Barack Obama en sus “USA”. De manera que ni agradecidos ni pagados. Porque no se le ocurrirá a Moratinos, tan contento él con su disfraz afgano de Rey Gaspar, sugerir a la Sra. Clinton (ni Zapatero osará pedirle a Obama) que, a cambio de nuestro apoyo, le den un toque al Sultán marroquí, aliado de EEUU en el área (como lo somos nosotros, se supone).

En medio de la perplejidad de lo afgano, que viven sufrida, silenciosa y dignamente nuestros militares allí destacados, un detalle del “Gobierno de España” añade el último toque de indigna estulticia: insistir machaconamente, al hablar del triple asesinato de Qala-i-Naw, en la noción de “atentado terrorista”. Este énfasis es necio, porque la pretensión de no hablar de “guerra”, situación bélica o conflicto bélico, etc., es tan evidente como la guerra que realmente existe. Hay que ser tan estultos como rastreros para ponerse a hacer equilibrios nominalistas ente guerra y terrorismo con esos muertos y con los hechos como fueron y como son. Ni un solo español ignora la guerra de Afganistán a causa de esas matizaciones verbales.

La penúltima proeza han sido los evidentes malos tratos de la policía (o, tanto da, permitidos por la policía) del Sultán de Marruecos a activistas españoles pro saharauis. Tienen razón los que se asombran de la extrañeza de esos activistas ante el trato recibido. Pero que fuesen de esperar los golpes y humillaciones no los hace ni un ápice menos injustos y condenables. En este caso, el “Gobierno de España” ha pedido explicaciones, las ha recibido enseguida de los marroquíes, las ha aceptado de inmediato ¡y las ha hecho suyas de cabo a rabo!: ¡españoles, respeten la legalidad de otros países!. En abstracto, el mensaje es inobjetable. Pero en concreto, resulta que si a algún español (o española) le parten la cara en el extranjero por defender una causa que considera justa, pero que las autoridades extranjeras tachan de ilegal, que la víctima no espere del “Gobierno de España” otra cosa que la que ha hecho en el caso: una amonestación a cumplir la legalidad (la marroquí, en este caso). Como si la ilegalidad (según Marruecos) de una protesta justificase y legalizase los golpes y las vejaciones. "No hay pruebas de fuesen policías los causantes de los golpes y moratones", nos dicen (nos lo dicen gentes que, por cierto, casi nunca necesitan pruebas). Pero es indiscutible que poco o nada sucede en territorio bajo control marroquí sin que lo sepa la policía.

A todas estas, ya tenemos de nuevo al “Gobierno de España” sometiéndose al chantaje del nacionalismo. Para prolongarse en el poder, Zapatero hace cualquier cosa: por ejemplo, hablar de “autogobierno” en Euskadi con los adversarios de quien ahora ostenta legítimamente el autogobierno. Más “negociación”, como con los piratas del “Alakrana” y los terroristas de Al Qaeda y de ETA.

Pero a la indignidad añaden, abierta y contemporáneamente, su disposición a aumentar la rapiña: con más multas, con más impuestos (aunque no sepan o no quieran decir cuáles) y con más endeudamiento, que alguna vez tendremos que pagar.

No sabemos los ciudadanos comunes qué podemos hacer, concretamente, ante la presente putrefacción en España del “Estado moderno” en crisis. Se han ocupado de acorralarnos en la indefensión. No es fácil idear modos nuevos de reacción, y de reacción eficaz. Pero, por lo menos, debemos saber que estamos plenamente legitimados para la rebelión, infinitamente más legitimados que ETA, que Al Qaeda, que los piratas somalíes y que la metodología represiva del islamismo moderado. Quizá una fuerte conciencia de esa legitimidad nuestra nos estimule a pensar más que nunca y logremos inventar formas pacíficas, pero eficaces, de la rebelión que necesitamos.

ADHESIÓN O REPRESALIA

LA INTOLERANCIA DE LOS FALSOS DEMÓCRATAS

En nuestra democracia formal, bastantes cosas han cambiado respecto del franquismo. Pero otras están siendo iguales o incluso peores, porque -lo escribí y publiqué hace más de treinta años- muchos de los que mandan en esta democracia ya casi enteramente falseada no son demócratas ni amantes de la libertad, sino autoritarios y totalitarios. La involución antidemocrática de este ya largo periodo de partitocracia y de extremo corporativismo, ambos hermanados con la mediocridad y la bajeza, ha hecho que la distinción con el franquismo sea mínima en ciertos aspectos y no siempre con resultado favorable a la actualidad. El Frente de Juventudes, la Falange y el Movimiento Nacional, con sus recovecos grupales, tienen hoy, en cuanto a la necesidad o suma conveniencia de la afiliación, unas equivalencias de una fuerza no menor.

Ahora, si eres profesor universitario, más te vale tener padrinos directos o indirectos en la ANECA (que te acredita, o no, para alcanzar un nivel superior) o en el CNEAI (que te reconoce, o no, sexenios de efectivo trabajo investigador), aunque, a decir verdad, en ciertos casos, si te sales de los baremos y nadie te ha puesto la proa ni has topado con locos de especial intensidad, puedes lograr lo que pretendes sin padrinazgos.

Pero si eres Juez o Magistrado y quieres no cerrarte legítimas posibilidades de ascenso que no dependan sólo de la antigüedad, necesariamente has de estar afiliado y moverte bien en las alturas de alguna asociación judicial (Jueces para la Democracia, A. Profesional de la Magistratura, Francisco de Vitoria) o, aún mucho mejor, pertenecer al círculo de los amigos de algún dirigente político-judicial o político-partidista con influencia, de ésos que han situado en el Consejo General del Poder Judicial a personas de su confianza.

Y si eres Secretario Judicial, más te vale no “limitarte” a cumplir bien las funciones que legalmente te correspondan en este o aquel Juzgado o Tribunal. Que abogados y procuradores valoren muy positivamente lo que haces, que estén satisfechos de tu trabajo y lo estén también los jueces con los que has trabajado, que el Juzgado esté al día, eso no importa nada: lo decisivo es que pertenezcas o tengas perfecta relación con las cúpulas de las asociaciones corporativas (el Colegio Nacional, la Unión Progresista de Secretarios Judiciales, p. ej.) y que sean excelentes tus relaciones con los Directores Generales del Ministerio de turno.

No hablo de otros ámbitos porque los conozco menos (y porque no hace falta), pero sé perfectamente, y lo saben los lectores, que el fenómeno es general. Para subir (no digamos para trepar) o para mantenerse, cuenta mucho, en todas partes, oficiar como infatigables “abrazafarolas” de personajillos con poder, en el Gobierno e incluso en la oposición, que también tiene sus migajas consensuadas. Y el que no guste de "eventos" y de sus correspondientes "vinos de honor", no omita dedicarse discretamente a cultivar a quienes están en la pomada a tiempo completo. En definitiva, hay que estar “apuntados” en entidades o en realidades informales, pero fuertes y decisivas. Tienes que ser “de los suyos” y no lo eres, de ordinario, si a pesar de derrochar disposición al diálogo y a la colaboración, tu “perfil” aún contiene eso tan antiguo que se llama dignidad personal, eso que también llamábamos “respeto por uno mismo”.

Los actuales requisitos de promoción son pertenencias y militancias menos formales que las antiguas, pero no menos intensas o eficaces. En cierto modo, tienen ventajas mayores y menores inconvenientes. Los buenos “enganches” o apoyos apenas han de ser visibles e incluso pueden permanecer en la sombra o en una estudiada semiclandestinidad.

Pero si todo lo anterior es necesario, en absoluto resulta suficiente. Es imprescindible, además, un nulo perfil crítico y, aún mejor, un nítido perfil de docilidad y sumisión al “mando”, sea el que sea. Estas características no se presumen, sino todo lo contrario, en personas inteligentes, con sólida preparación, con un serio curriculum profesional y con éxito, de mayor o menor brillo social. Este tipo de personas levanta la sospecha, muy fundada, de ser propensos a formar criterio propio después de estudiar los temas, cosa que puede dificultar la necesaria adhesión, rápida y firme, a las ocurrencias del poderoso.

En esta partitocracia plutocrática y corporativista, los falsos demócratas -en realidad, gentecilla de mentalidad tiránica- sólo quieren adhesión compacta y plena. O silencio. No escuchan la menor discrepancia o, mejor dicho, la escuchan para tomarla como insulto o agravio personal, por mucho que se haya formulado de forma respetuosa y por importantes que sean los argumentos ofrecidos. Una de las más grandes ingenuidades que se pueden cometer (lo digo por experiencias propias y ajenas) es tomar en serio a estos dirigentes cuando te piden que les digas, “con toda libertad” lo que “de verdad” piensas sobre un tema. ¡Malo si resulta que no coincide con lo que les gustaría oir!

De ordinario, los poderosos saben de todo y no necesitan que se les ilustre. Hagan Vds. esta prueba: ¿Recuerdan haber presenciado, en el Parlamento o fuera de él, una sola ocasión en que alguno haya agradecido al adversario una crítica, le haya reconocido llevar razón (al menos en parte) o le haya elogiado una información o una argumentación por su utilidad para revisar o mejorar esto o lo otro? Hay algo asombroso en la literatura del poder. Si se repasa, resulta que muchísimos poderosos (no todos, pero sí la inmensa mayoría) se consideran y se comportan como si hubiesen sido y fuesen infalibles. Pero, ¿no es patente que son falibles, como cualquier hijo de vecino?.

Todo va al revés en la pseudodemocracia. Si la democracia se funda en la máxima participación de personas libres, si la crítica y el pluralismo son consustanciales a la democracia, ahora, en la pseudodemocracia española del "Estado de partidos", la crítica determina como mínimo la marginación y, en cuanto pueden (y como tienen el poder, pueden muchas veces), la crítica determina la represalia. Sí, represalia, re-pre-sa-lia por ejercitar derechos propios y, además, según la Constitución, derechos fundamentales. En el caso real a que enseguida me referiré, la represalia ha supuesto -está suponiendo- infringir violentamente los arts. 9, 14, 16, 20 y 23 de la Constitución Española en vigor.

Entre otros muchos, un caso real, que no conozco por la persona represaliada y que traigo aquí sin su conocimiento. ¿Se creyó Vd., señora Secretaria Judicial, que podía expresar su opinión sobre un proyecto de Ley procesal lo mismo que más de un centenar de procesalistas? (V. en  http://www.ucm.es/info/procesal/declaracion.htm)   ¿Se creyó que, al no contener esa declaración colectiva ningún insulto ni desconsideración alguna y al estar Vd. de acuerdo con su contenido, era Vd., señora Secretaria Judicial, como profesional, como profesora y como ciudadana, libre para suscribir lo que le convencía? ¡Qué error! A los profesores ya les hemos insultado y no podemos represaliarles, pero a Vd., señora Secretaria Judicial, la vetamos nosotros, en el Consejo del Secretariado (que no tiene veto que valga) y la vetamos (sin fundamento real ni legal alguno) en el Ministerio de Justicia, de modo que su nombramiento en curso queda definitivamente congelado. Y si la congelación "sine die" supone que sigue en su cargo quien debiera cesar (pero que, de paso, es "de los nuestros", buen compañero de caza y de copas), mejor que mejor: ahí están los "ejemplos" del TC o del CGPJ para "legitimar" el retraso indefinido o "congelamiento".

Éstos son, así son, los sedicentes paladines de los derechos humanos y de las libertades públicas: unos personajes que, en realidad y a fin de cuentas, aunque no maten, no se dejan ganar por los talibanes ni por los jemeres rojos en intolerancia, desprecio a la libertad y viciosa afición al más arbitrario ejercicio del poder. En sus cenáculos, aquí y allá, esos tiranuelos, tres jerifaltes de la mamandurria judicial (¿cuánto tiempo hará que se las arreglan para no trabajar?) y un par de Directores generales (valientes para los ratones, porque, como siempre, no se atreven a poner por escrito lo que hacen y por qué lo hacen), van presumiendo de su hazaña y difamando, siempre sin dar la cara, a troche y moche. ¡Qué “demócratas”! ¡Qué hombres y qué mujeres! ¡Qué categoría, profesional y personal!

Pero no sé si no es aún peor el conformismo y el achantamiento de tantos, que ven las iniquidades como si nada, que no reaccionan cuando podrían y deberían. Más asco me dan esos "defensores de la libertad" y "guardianes del Derecho" que contemplan el escarnio y la injusticia como si fuesen fenómenos atmosféricos irremediables y normales. Son cooperadores necesarios de los tiranos y quizá aún más hipócritas.

LECTURAS PARA EL VERANO (IV)

POR ENCIMA DE LA POLÍTIQUERÍA: SOBRE LA DEMOCRACIA Y LAS CONVICCIONES PERSONALES (II)

Además de lo ya dicho en la anterior “entrada”, ocurre que la democracia no dice relación a la entera vida humana, sino al gobierno y a la administración, a la cosa pública. Sumamente expresivo es al respecto ORTEGA Y GASSET en su célebre artículo “Democracia morbosa” (en El Espectador, tomo II, Colección Austral, Madrid, 1966, págs. 19-25), de completa lectura recomendable, pero del que copio ahora los siguientes párrafos:

“(...) La bondad de una cosa arrebata a los hombres y, puestos a su servicio, olvidan fácilmente que hay otras muchas cosas buenas con quienes es forzoso compaginar aquélla, so pena de convertirla en una cosa pésima y funesta. La democracia, como democracia, es decir, estricta y exclusivamente como norma del derecho político, parece una cosa óptima. Pero la democracia exasperada fuera de sí, la democracia en religión o en arte, la democracia en el pensamiento y en el gesto, la democracia en el corazón y en la costumbre es el más peligroso morbo que puede padecer una sociedad.”

“Cuanto más reducida sea la esfera de acción propia a una idea, más perturbadora será su influencia si se pretende proyectarla sobre la totalidad de la vida. Imagínese lo que sería un vegetariano en frenesí que aspire a mirar el mundo desde lo alto de su vegetarianismo culinario: en arte censuraría cuanto no fuese el paisaje hortelano; en economía nacional sería eminentemente agrícola; en religión no admitiría sino las arcaicas divinidades cereales; en indumentaria sólo vacilaría entre el cáñamo, el lino y el esparto y como filósofo se obstinaría en propagar una botánica trascendental. Pero no parece menos absurdo el hombre que, como tantos hoy, se llega a nosotros y nos dice: ‘¡Yo, ante todo, soy demócrata!’”

“En tales ocasiones suelo recordar el cuento de aquel monaguillo que no sabía su papel y a cuanto decía el oficiante, según la liturgia, respondía: ‘¡Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento!” Hasta que, harto de tanta insistencia, el sacerdote se volvió y le dijo. ‘¡Hijo mío, eso es muy bueno, pero no viene al caso!’”

“No es lícito ser ante todo demócrata, porque el plano a que la idea democrática se refiere no es un primer plano, no es un ‘ante todo’. La política es un orden instrumental y adjetivo de la vida, una de las muchas cosas que necesitamos atender y perfeccionar para que nuestra vida personal sufra menos fracasos y logre más fácil expansión. Podrá la política, en algún momento agudo, significar la brecha donde debemos movilizar nuestras mejores energías, a fin de conquistar o asegurar un vital aumento, pero nunca puede ser normal esa situación.” (...).

“Como la democracia es pura forma jurídica, incapaz de proporcionarnos orientación alguna para todas aquellas funciones vitales que no son derecho público, es decir, para casi toda nuestra vida, al hacer de ella principio integral de la existencia se engendran las mayores extravagancias.”

Es muy recomendable, insisto, leer completo este breve ensayo.

La democracia está llamada al menos a coexistir con rasgos esenciales del hombre, si no a garantizarlos y promoverlos. Por tanto, ni teórica ni históricamente es incompatible la democracia con la convicción humana de que hay valores o bienes, algunos de ellos por encima de las instituciones y procedimientos democráticos. Si la democracia es una forma de organización política mejor que otras es porque a) fomenta la participación e imposibilita la tiranía; b) respeta y fomenta la libertad personal y, por tanto, atribuye mayor papel a la responsabilidad de cada uno, mediante la información y la educación; c) es más acorde, en suma, con la dignidad de la persona. Cuando un sistema, formalmente democrático no cumple esas condiciones, sino que tiraniza y despersonaliza, estamos ante la perversión democrática a que se refería ARISTÓTELES.

Ocurre, además, algo que es muy importante entender, a saber: que de las tres formas clásicas de gobierno, con todas sus variantes y con todas las versiones imaginables, la democracia es la que más necesita en los ciudadanos una actitud altruista. Si el gobierno corresponde a uno o a unos pocos, dejando de lado a los demás, es preciso mucho menos altruismo que en el sistema político que requiere mayor participación de todos. Hay que tomar decisiones que implican sacrifico de unos respecto de otros (salvo situaciones rarísimas de superabundancia) y es muy conveniente que esas decisiones, que, a su vez, conviene que sean aceptadas y respetadas, las tomen personas dispuestas a mirar, no lo que les interesa individualmente, sino lo que interesa más a la generalidad o a quienes tienen más necesidades o necesidades más apremiantes. A la democracia, por tanto, no le van personas con mentalidad egoísta, sino altruista.

Pero precisamente el relativismo, clásico o moderno, favorece inexorablemente la llamada dimensión técnica de la inteligencia humana, que tiende a dominar, a construir y moldear. Como se ha dicho, gracias a esa función de la inteligencia las cosas y las fuerzas de la naturaleza se hacen objetos dominables y manipulables para nuestro provecho. Desde este punto de vista, conocer es poder: poder dominar, poder manipular, poder vivir mejor.

La prevalencia del cambio antropológico derivado del relativismo se produce en detrimento de la dimensión sapiencial de la inteligencia, que busca, por encima de todo, conocer y entender, alcanzar las verdades que puedan dar respuesta cumplida a la pregunta por el sentido de nuestra existencia.

La mentalidad relativista comporta un gran desequilibrio de estas dos funciones de la inteligencia. El predominio de la función técnica significa predominio de los impulsos hacia los valores vitales (el placer, el bienestar, el poseer, la ausencia de sacrificio), que afirman y expanden a cada uno.

Por su parte, la depresión de la función sapiencial de la inteligencia inhibe las tendencias transitivas, es decir, las tenencias sociales y altruistas, con un empequeñecimiento de la capacidad de autotrascendencia, de modo que la persona se queda encerrada en los límites del individualismo egoísta. En términos más sencillos: el afán de tener, de triunfar, de subir, de descansar y divertirse, de llevar una vida fácil y placentera, prevalece sobre el deseo de saber, de reflexionar, de dar un sentido a lo que se hace, de ayudar a los demás y de trascender el reducido ámbito de nuestros intereses vitales inmediatos. Queda casi bloqueada la trascendencia horizontal: hacia los demás y hacia la colectividad (RODRÍGUEZ LUÑO). Y eso no es bueno para la salud democrática. Con otras palabra, el relativismo pretendidamente fundante de la democracia es un elemento que, en realidad, la debilita de modo permanente, es como un virus inexpugnable que la corroe.

Por supuesto, se puede estar -y muchos están, aun sin saberlo- en completo desacuerdo con la concepción de la democracia que reflejan ARISTÓTELES y con ORTEGA Y GASSET. No aceptan que la democracia no sea un Absoluto. No aceptan que sea una forma de organización social con unos fines concretos. No aceptan que sea una parte de "un orden instrumental y adejetivo de la vida" (la política, según Ortega) o "pura forma jurídica". Con todo, es innegable, en primer lugar, que la primera democracia histórica es la griega y ARISTÓTELES tiene algo que decir al respecto y lo ha dejado dicho. En segundo lugar, ocurre que desde una posición genuinamente relativista no es lógicamente posible ni ignorar ni desautorizar a ORTEGA y a quienes, como él, consideramos que la democracia no es un Absoluto ni un Todo.

La conclusión ineludible ante un relativismo que incompatibiliza convicciones y democracia es doble: 1ª) Se trata de un relativismo inconsecuente con su axiomático punto de partida (no hay verdad, sino "verdades");

2º) Se trata de un relativismo tiránico. En nombre de la libertad que es su principal bandera nominal, impide la libertad de pensamiento y de expresión, muy reales y muy encarnadas, por ejemplo, en Aristos, en Ortega y Gasset y en el firmante.

Fundada sobre ese relativismo, la democracia no sólo no fomenta ni garantiza la libertad personal, sino que la persigue. No me parece nada apetecible esa "democracia".

LECTURAS PARA EL VERANO (III)

POR ENCIMA DE LA POLÍTIQUERÍA: SOBRE LA DEMOCRACIA Y LAS CONVICCIONES PERSONALES (I)

En los últimos tiempos está siempre planteada por algunos, más o menos explícitamente, una cuestión de enorme importancia. Es ésta: si es consustancial a la democracia (para su implantación y eficacia) que los ciudadanos sean escépticos o relativistas o carezcan de convicciones o, en otros términos, si los ciudadanos con fuertes convicciones pueden ser buenos ciudadanos demócratas. Quienes plantean esa crucial cuestión dan ya por sentada la respuesta afirmativa (el relativismo o escepticismo es consustancial a la democracia) y sientan, como corolario indiscutible, que la democracia no es, no puede ser, un modo de vida confortable para ciudadanos con convicciones. Estos ciudadanos deben adaptarse y someterse al sistema democrático, pero no pueden jugar ningún papel relevante, como otros ciudadanos, en la construcción y mantenimiento de la democracia.

Como muchos otros, entiendo que esa respuesta y su corolario son erróneos y tiránicos.

Por un lado, la democracia no nace teóricamente ni puede afirmarse que históricamente haya sido construida con la pretensión de descubrir o definir verdades. La democracia es el nombre que recibe un modelo, con un número indefinido de variantes, para el gobierno y la administración del Estado, no un método universal de investigación o un modelo de aplicación general para el conocimiento de la verdad o para la fijación de certezas.

Es, por añadidura, extremadamente paradójico que asignen a la democracia una función definitoria de la verdad quienes profesan el relativismo escéptico y que precisamente sean ellos quienes ven como obstáculo para la democracia el comportamiento público de personas con convicciones sobre la verdad. En realidad, quienes tienen fuertes convicciones (y, muy concretamente, los católicos), están, en cuanto tales, convencidos de muy pocas verdades y si se trata de católicos con buena formación, están abiertos y plenamente dispuestos a la investigación libre y respetuosa en infinidad de campos, materias y cuestiones.

El modelo de demócrata que, para Kelsen, es Pilatos, porque primero se desentiende de la verdad (“¿Qué es la verdad”) y luego se vuelve a buscar la mayoría (“¡A Barrabás, a Barrabás!”) es modelo sólo para cierta concreta idea de democracia. Un modelo, por cierto, que, para otros seres humanos dignos de respeto, está —o quizá haya que decir que estaba— superado y desechado para determinar socialmente, funcionalmente, lo cierto y lo justo. Desde luego, la vigencia del positivismo hubiese resultado difícilmente compatible con los juicios de Nürenberg.

Por otro lado, la democracia, en cuanto tal, no se ha formulado teóricamente ni se ha desarrollado en la historia sin presupuestos y sin límites. No ha sido, ni teórica ni históricamente, un Absoluto, que se sustenta a sí mismo sin necesidad de bases o fundamentos previos y que carezca de un ámbito delimitado.

La democracia griega descansa en cierta idea de virtud (V. ARISTÓTELES, Política, libro III, 1276b, 4, 1277ª, Ed. Gredos, Madrid, 1944, págs. 160-165) y en el respeto a las leyes y, desde luego, no concierne a todas las facetas de la vida humana. La democracia moderna, que nace en Norteamérica, tampoco pretende ser totalitaria y se apoya en una idea de la dignidad del hombre (de su libertad, de su igual dignidad) que los procedimientos democráticos no sólo no pueden contrariar sin deslegitimarse radicalmente, sino que han de garantizar. Hay unos denominados “derechos humanos” o unas libertades (de opinión, de expresión, etc.) que la democracia siempre tiene que respetar. Son anteriores y superiores a ella.

Veamos hoy algunas frases de ARISTÓTELES (ibid., págs.. 232-234), que ilustran sobre varios puntos de suma importancia: las diferentes formas de democracia y el papel que en la democracia el respeto a la leyes y los demagogos, contribuyendo decisivamente a la corrupción y perversión de la democracia:

“Otra forma de democracia es aquélla en la que todos participan de las magistraturas, con sólo ser ciudadanos, pero la ley es la que manda. Otra forma de democracia es en lo demás igual a ésta, pero es soberano el pueblo y no la ley; esto se da cuando los decretos son soberanos y no la ley. Y esto ocurre a causa de los demagogos. Pues en las ciudades que se gobiernan democráticamente no hay demagogos, sino que los ciudadanos mejores ocupan los puestos de preeminencia; pero donde las leyes no son soberanas, ahí surgen los demagogos. El pueblo se convierte en monarca, uno solo compuesto de muchos, ya que los muchos ejercen la soberanía, no individualmente, sino en conjunto”. (...)

“Un pueblo de esta clase, como si fuera un monarca, busca ejercer el poder monárquico, sin estar sometida a la ley, y se vuelve despótico, de modo que los aduladores son honrados, y una democracia de tal tipo es análoga a lo que la tiranía entre las monarquías. Por eso su carácter es el mismo: ambos regímenes ejercen un poder despótico sobre los mejores, los decretos son como allí los edictos, y el demagogo y el adulador son una misma cosa o análoga: unos y otros tienen una especial influencia en sus dueños respectivos, los aduladores con los tiranos, y los demagogos con los pueblos de tal condición. Esos son los responsables de que los decretos tengan la autoridad suprema y no las leyes, presentando ante el pueblo todos los asuntos; pues les sobreviene su grandeza por el hecho de que el pueblo es soberano en todas la cosas, y ellos controlan la opinión del pueblo porque el pueblo les obedece. Además, los que presentan acusaciones contra los magistrados dicen que el pueblo debe juzgarlas, y éste acepta con gusto la invitación, de modo que se disuelven todas las magistraturas. Podría parecer razonable la crítica del que dijera que tal democracia no es una república, porque donde no mandan las leyes no hay república. De modo que si la democracia es una de las constituciones, es evidente que una organización tal en la que todo se rige por decretos, tampoco es una democracia en sentido propio...”

Evidentemente, la contraposición aristotélica entre leyes y decretos no es la actual. Las “leyes” aristotélicas serían normas jurídicas generales dotadas de gran estabilidad (e incluso no escritas), mientras que por “decretos” habría que entender cualesquiera decisiones menores, ocasionales, que, sin embargo podrían ser adoptadas por órganos populares. Si el pueblo sigue más a los demagogos que a la ley, la democracia deviene análoga a la tiranía.