POR QUÉ ES TOTALMENTE RECHAZABLE LA “LEY SINDE.2”, YA APROBADA

PÉSIMA EN SÍ MISMA, PELIGROSÍSIMA COMO PRECEDENTE

(versión actualizada, por desgracia, del post de 27 de enero de 2011)

(Se destroza la Justicia para agrandar la Administración, a cuento de los derechos de autor)

• NOTA: Acabo en enterarme, a las 22.30 del día 16 de enero de 2011, que en el periódico La Gaceta de los Negocios, del grupo Intereconomía, aparece, como si de un artículo mío se tratase, un texto con mi firma titulado "'Ley Sinde': una chapuza aberrante". Me importa mucho hacer constar que no he remitido ese texto a ese periódico. Respondí afirmativamente a una solicitud de autorización para reproducir una entrada de este blog, como tal entrada y siempre que constara la procedencia. El comentario de lo ocurrido me parece supérfluo. 

La propiedad intelectual, por especial que sea (que lo es, y mucho), no deja de ser un derecho subjetivo de algunas personas: los autores de ciertos productos de la inteligencia. Que esté en vigor una Ley, la 34/2002, de 11 de julio, “de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico” y que exista una llamada “sociedad de la información” (definida legalmente en términos mucho más estrechos que los que sugiere esa expresión) no altera la naturaleza de la propiedad intelectual como derecho subjetivo. La citada Ley se ocupa (art. 1) de “la información y de la contratación por vía electrónica, en lo referente a las obligaciones de los prestadores de servicios incluidos los que actúen como intermediarios en la transmisión de contenidos por las redes de telecomunicaciones, las comunicaciones comerciales por vía electrónica, la información previa y posterior a la celebración de contratos electrónicos, las condiciones relativas a su validez y eficacia y el régimen sancionador aplicable a los prestadores de servicios de la sociedad de la información.” Lo que puede ser objeto de propiedad intelectual son determinados contenidos de la información y de las comunicaciones por vía electrónica, pero, como acaba de verse, la citada Ley se ocupa de unos servicios y de quienes los prestan, no de los contenidos. La misma Ley dispone que ésta “será de aplicación a los prestadores de servicios de la sociedad de la información establecidos en España y a los servicios prestados por ellos“. La tan repetida Ley no cambia el derecho de propiedad intelectual.

Así las cosas, si alguien afirma que otro sujeto está vulnerando su derecho de propiedad intelectual, decidir si existe esa vulneración y cuál es la reacción jurídica apropiada es algo que a) incumbe a los Tribunales de Justicia y b), en concreto, corresponde a los Tribunales de la rama u orden civil de la Justicia.

Lo primero (a) es consecuencia de lo que le corresponde a la Justicia según concepciones hasta ahora unánimes en el mundo civilizado, pero que, además, subyacen claramente a lo que expresa la Constitución Española (CE) en su art. 24 en relación con el 117 (tutela judicial de los derechos de los sujetos jurídicos, esos derechos que son atribuibles a tales y cuales personas, que son de esas personas y de los que sólo ellas -y nadie más- disponen) y a lo que, sensu contrario, afirma el art. 103.1, del que resulta claro que la Administración está para servir con objetividad “intereses generales”. En esos preceptos dice la Constitución cuáles son las muy diversas atribuciones de los Tribunales de Justicia y de las Administraciones Públicas. La Ley Sinde.2, lamentablemente aprobada, no debería alterar ese "reparto" de atribuciones a órganos separados (a poderes distintos del Estado).

Lo segundo (b), esto es, la atribución de las pretensiones sobre propiedad privada a la Jurisdicción civil deriva también de una convicción general en la parte civilizada de nuestro planeta, pero, más concretamente, está dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y en las Leyes de Enjuiciamiento Civil, de Enjuiciamiento Criminal, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y de Procedimiento Laboral, cuando establecen los ámbitos de las ramas civil, penal, contencioso-administrativa y social o laboral de la Justicia. Según esas leyes (que sería muy prolijo citar y reproducir aquí, pero que son fácilmente accesibles, gratis, por internet) a la Jurisdicción Civil le corresponde lo que se considera propio de ella por consenso jurídico indiscutible y, residualmente, lo que no corresponda expresamente conforme a las leyes a otro orden o rama de la Jurisdicción (art. 9.2 LOPJ) (v. en especial, lo que le corresponde a la Jurisdicción contencioso-administrativa, según los arts. 1, 2 y 3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, mediante el siguiente enlace:

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l29-1998.t1.html#c1)

La primordial protección jurídica de la propiedad privada es, pues, tarea propia de la Justicia civil. No de la Administración. Con ocasión de la actuación administrativa en el ámbito de la mal llamada “sociedad de la información” de la Ley 34/2002, la Administración no debía, si quería respetar los muros de carga de nuestro ordenamiento jurídico, erigirse en definidora de titularidades de propiedad privada intelectual y de pretendidas infracciones de ese derecho subjetivo, por delante de los tribunales de justicia. Al hacerlo, como lo va a hacer, está afirmando que la definición de ese derecho subjetivo y de sus infracciones es, en cada uno de los casos, algo de “interés general”. Y al afirmar algo así, la ley "Sinde.2" está, por así decirlo, mintiendo, faltando a la verdad a sabiendas (la ignorancia no se puede presumir aquí). Porque si, por poner un ejemplo, alguien plagia unas páginas de un libro mío o si lo ofrece entero a cualquiera, sea via internet o en fotocopias “encuadernadas” con canutillo, gratis o cobrando, a la generalidad de los ciudadanos no les ocurre nada de especial interés. A quien eso le interesa es solamente a mí y a la editora de ese libro mío. No hay ningún interés general.

Pero, ¡atención!, porque en cuanto hablamos -siguiendo con el ejemplo- del interés de la empresa editora de mi libro, estamos hablando ya de la protección de los derechos derivados de un negocio legal de edición de publicaciones y ya no cabe afirmar que hablamos del derecho de propiedad intelectual de mi libro, porque yo soy el único titular de ese derecho. [INCISO: Las editoriales, con mucha frecuencia, quieren que el autor les ceda su derecho de propiedad intelectual o sus "derechos de autor". Conforme a la letra de muchos contratos, así se estipula, aunque, en el fondo, está claro que esa estipulación no convierte a la editorial en autora. (Está claro, por ejemplo, que una acusación de plagio sólo puede hacerla legítimamente el autor intelectual;  tendré que hacerla yo, si quiero). Personalmente, nunca he aceptado esos términos: lo que propongo es ceder los beneficios económicos de la explotación editorial de mi obra, pero no cedo mi propiedad intelectual. Y ninguna editorial me ha puesto pegas a ese “matiz”]. En todo caso, el libro no es pura propiedad intelectual: hay involucrado algo más: ciertos productos materiales (papel, cartón, etc.,), actividad impresora, actividad editorial y distribución (y quizá me deje algo). La protección jurídica de los derechos ligados al soporte material de un producto intelectual susceptible de propiedad privada y situado en el mercado de bienes muebles no es protección de la propiedad intelectual, sino que va mucho más allá de la protección de la propiedad intelectual.

Algo semejante sucede cuando las obras (textos, sonidos, imágenes, imágenes asociadas a sonido, etc.) que pueden atribuirse a alguien como autor (propietario intelectual) se sitúan entre los contenidos de la comunicación electrónica, de internet. No engañen los políticos y los parlamentarios al público hablando sólo o principalmente de proteger la propiedad intelectual. Porque cuando quieren actuar sobre las denominadas “descargas ilegales” de contenidos de internet (y no digo que no haya nunca ilegalidades y que no haya nunca que actuar) no se están preocupando sólo ni principalmente de los derechos de propiedad intelectual, sino también y sobre todo de otros derechos. Y tampoco digo que esos otros derechos e intereses no puedan ser y no sean nunca legítimos. Admito que pueden ser susceptibles y merecedores de protección jurídica. Pero lo que se discutía con el proyecto de la "Ley Sinde.2" no era todo lo que tenía y tiene que discutirse, sino sólo el protagonismo y el modo de la "protección" de diversos derechos -no sólo ni principalmente el derecho de propiedad, insisto- que proponía brindar un concreto proyecto de ley. Lo que se discutía -habiendo aparcado de nuevo, ya por demasiado tiempo, las cuestiones relativas a la noción y al ámbito razonables, hoy, del derecho de propiedad intelectual, cuestiones a las que hay que dar, hoy, unas respuestas distintas de las clásicas- era, tanto o más que la protección de la propiedad intelectual, la protección de las industrias o empresas que explotan productos del intelecto, productos muy diversos, porque el texto de una novela es cosa muy distinta de una completa película o del sonido de concretas interpretaciones de una obra operística o de un concierto para violín y orquesta, por ejemplo.

Sentado lo anterior, lo que sostengo sobre la ya aprobada “Ley Sinde.2” (dejando a un lado si será eficaz) es, en primer lugar, que constituye una sedicente protección de la propiedad intelectual que rompe indebidamente esquemas básicos del reparto de funciones que se asignan a los diferentes poderes del Estado, porque atribuye a la Administración algo impropio de ella y, en segundo lugar, que, postergada la Justicia por un claro abuso de poder, se sustrae a la Jurisdicción civil un papel que le corresponde y se cambia la protección jurisdiccional que la Justicia civil debería dispensar por una insuficiente y mal estructurada intervención de órganos judiciales de lo Contencioso-Administrativo.

Cuando, conforme a la “Ley Sinde.2”, la Administración se introduce -con preferencia decisiva sobre los tribunales de Justicia- en cuestiones dizque de derechos subjetivos de propiedad, resulta innegable que la Administración, dependiente del Gobierno, está queriendo ultaproteger, no tanto a los titulares (aparentes) de derechos de propiedad intelectual, sino, mucho más aún, a las industrias y empresas que explotan obras de propiedad intelectual, ultraprotección que va en detrimento de la protección jurídica y real del resto de las personas.

Con otras palabras: la “Ley Sinde.2” revela que la clase política ha querido una singularísima protección de unos sectores económicos privados (y no intervenidos conforme al art. 128.2 CE), que correrá muy directamente de cuenta de la clase política a través de la Administración, en vez de depender de lo que cada autor quiera hacer (o no hacer) respecto de su obra, acudiendo a los Tribunales de Justicia. Como, de hecho, innumerables autores íbamos y vamos, cada uno por nuestra cuenta, defendiendo lo nuestro (o dejándolo estar) con los instrumentos que ya nos proporcionaba el Derecho sin necesidad de la “Ley Sinde.2”, es obvio que la clase política estaba resuelta a apoyar de manera tumbativa, abrumadora, a ciertos colectivos de autores. Y, por supuesto, que ha querido apoyar más aún a ciertos grupos de empresas que -con ánimo de lucro, claro es, no benéficamente- se dedican a prestar determinados servicios (producción, edición, distribución) a los autores aludidos.

La "prueba del nueve" de quiénes son los principalísimos beneficiarios de la "protección" de la propiedad intelectual es que el procedimiento administrativo inventado no se abre sólo a solicitud de los titulares de propiedad intelectual.

Los tramposos y desvergonzados "argumentos" contra la Justicia y el proceso

Una cuestión clave es ésta: si tanta protección, y muy rápida, necesitaban esos autores y esas empresas, ¿por qué no diseñar un proceso civil muy rápido con casi los mismos plazos que el extraño procedimiento administrativo de la “Ley Sinde.2”? ¿No hubieran estado y no estarían mejor protegidos los derechos de todos si resolviese un juez independiente? Como a esta pregunta, bien clara y sencilla, no se ha respondido de modo sencillo y claro (o no se ha respondido de ningún modo), es evidente el afán expansionista de la Administración, con menoscabo de las atribuciones de la Justicia, administrativizando la resolución de conflictos. Y asimismo es innegable el claro fundamento totalitario del engendro consensuado. Lo dejo escrito como ciudadano, como jurista y como autor.

Con la boca pequeña, aunque constantemente, defensores de la “Ley Sinde” en todas sus versiones aducen la lentitud de la Justicia. Ante este alegato, no es cosa de dejarse engañar como bobos, sin caer en la cuenta de que, frente a la “lentitud de la Justicia”, estos defensores de la "Ley Sinde" no pueden oponer, sin incurrir en un tremendo exceso de sarcasmo, una proverbial y constante rapidez, eficacia y pulcritud jurídica de la Administración. Un proceso civil de rápida protección de la propiedad intelectual hubiera sido perfectamente posible a muy corto plazo. Lo que sucede es que los políticos no quieren someterse a la Justicia y no ofrecen medios a la Justicia (al contrario, los recortan) y, en cambio, cuando les interesa (sólo cuando les interesa), los ponen, a veces generosísimamente, en manos de ciertos organismos administrativos.

Ahora mismo, una operación similar de administrativización está en curso. Es una operación sumamente peligrosa para todos, consistente en sustraer el Registro Civil de las manos de los jueces y administrativizarlo por completo, con forzosa y total informatización. Después de negar “efectivos” y recursos materiales a los Registros Civiles en que un Juez independiente decide, los políticos totalitarios alegan la lentitud de los Jueces -provocada por ellos- para poner el nacimiento, la muerte, el parentesco, la nacionalidad, la ciudadanía, etc. de todos nosotros en las solas manos de funcionarios con aplicaciones informáticas (en las que se están invirtiendo millonadas, que engrosan las arcas de ciertas empresas) gobernadas por un Ministerio (ahora, el que todavía se apellida “de Justicia”). Ya han prohibido, incluso si el “sistema” se “cae”, hacer nada en soporte papel. Piensen mal y se quedarán cortos. Los nuevos tiranos (nuevos por edad: su ADN es el de siempre) no saben nada de informática (creen que lo informático es perfecto) y de garantías: de lo que saben es de controlar y de mandar.

Si han perpetrado lo expuesto a cuento (sí, "a cuento") de la propiedad intelectual (la “Ley Sinde.2”) o de nuestro estado civil, ¿qué no harán cualquier día de éstos, por nuestra salud, por la vivienda, por la ausencia de crispación (ya están en ello, con más órganos administrativo-políticos de control), o para que nadie se sienta humillado, inferior o simplemente “mal”?

Voy a ir terminando. En un “post” anterior de este blog apuntaba dos posturas del Juez digno para minimizar en lo posible el engendro si éste llega a ser ley. Primera: para autorizar el requerimiento de entrega de datos que permitan identificar al presunto vulnerador de la propiedad intelectual, el Juez Central de lo Contencioso bien puede -más bien debe- exigir que la documentación que se le entregue acredite causa justa e interés legítimo para el requerimiento de información y, ya que ante el requerimiento no cabe oposición, también sería razonable que el Juez no lo autorizase si no pudiese fundar un juicio propio de probabilidad cualificada de que existe la vulneración del derecho y una relación de esa vulneración con el destinarario del requerimiento. Segunda postura: si el procedimiento administrativo surgido de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual llega al punto en que se decide por la Sección adoptar medidas, un Juez digno debería autorizarlas sólo si se le ha convencido de la certeza de la infracción por quien sería el destinatario y sujeto pasivo de las medidas.

Ya sé que la “Ley Sinde.2” no dice eso y que, con unas buenas dosis de absurdo y de acriticismo, dispone que el Juez pondere (se limite a ponderar) las medidas (ya decididas por la Administración) en relación con el respeto a los derechos fundamentales del art. 20 CE: las llamadas “libertades ideológicas” y la prohibición de secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de comunicación sin autorización judicial. Pero, del mismo modo que no se puede pensar racionalmente que, en la autorización judicial anterior (la del requerimiento), el Juez está llamado legalmente a oficiar de comparsa o autómata, sino que debe suponerse que autorizar o no el requerimiento ha de estar regido por criterios razonables, respecto de esta segunda y decisiva autorización de las medidas es forzoso entender que tampoco está el Juez para la mera acción de estampar sellos de legitimidad sin un juicio previo por su parte, conforme a parámetros jurídicos aceptables: si se van a retirar contenidos o cerrar una “web”, ha de constar la existencia de la violación de un derecho, porque para la autorización judicial de un secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de comunicación (aptdo. 5 del art. 20) se exige que lo secuestrado no resulte meramente sospechoso de violar un derecho, sino seguridad o certeza de la violación de otro derecho fundamental. Aquí, aun en los casos en que no se trate de difusión de ideas, pensamientos y opiniones (aptdo. 1, letra a del art. 20 CE) o de la comunicación de información (aptdo. 1, letra d del mismo art. 20 CE), parece razonable que esas medidas (similares al secuestro) al menos se justifiquen por la violación cierta del derecho de propiedad intelectual.

Finalmente, una observación de otra índole. En estas ocurrencias de nuestra clase política influyen ciertos autores y determinadas industrias, que quieren seguir negociando con la música, por ejemplo, como lo han venido haciendo desde la invención del fonógrafo, más o menos. Pero, a mi parecer, lo decisivo, con ser importantísima la presión económica de estas y otras empresas, es el afán de poder y de control y la mentalidad despótica, que hace ya bastante tiempo desbordaron fronteras ideológicas tradicionales y posiciones políticas teóricamente diversas y se instalaron en innumerables personas de todos los partidos. No hay presiones económicas externas en el ejemplo real que he puesto, relativo al Registro Civil, como tampoco en el control interno de la Justicia con las reformas de 2003 y 2009. El autoritarismo ambiental se alimenta, sí, con un factor económico: el presupuesto que se maneja y los dineros que se pueden movilizar son la medida real del poder. Por eso, nuestra clase política es (aunque siempre puedan encontrarse dentro de ella excepciones individuales) plenamente concorde en la idea de que el único poder es el Ejecutivo: los Gobiernos (nacional, autonómicos, municipales) con sus correspondientes Administraciones. Así hemos llegado a un Estado de Derecho meramente formal, donde la separación de poderes y la independencia judicial son palabras huecas. Los legisladores apenas se toman en serio a sí mismos (y tampoco les dan facilidades, con la infumable e inconstitucional disciplina de partidos y otros muchos mecanismos) y a los Jueces hay que tenerles a raya mientras todavía queden algunos que se crean verdaderos titulares independientes de la potestad de decir y realizar el Derecho, mientras no se hayan transformado, como se está pretendiendo con bastante éxito, en dóciles funcionarios titulados, sujetos, como todo simple funcionario, a una clara jerarquía de mando. Vean el post del domingo 6 de febrero de 2011, “SOMOS UNA NACIÓN QUE SABE PONERSE EN PIE Y VOLVER A CAMINAR” "LA VERDADERA POSTRACIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA (I)":

Éste es el link directo: http://andresdelaoliva.blogspot.com/2011/02/somos-una-nacion-que-sabe-ponerse-en.html

En el fondo, determinante de todo, un envilecimiento generalizado: el de despreciar la libertad ajena (empezando por la de pensar y expresarse) y estar bien dispuestos a limitar la propia, intercambiando con gusto sus dimensiones más altas por lo que llaman “calidad de vida”. Como este envilecimiento se encuentra tan extendido y arraigado, podemos ver sujetos con camiseta de liberales vendiéndonos como avances de la libertad los más tremendos abusos.

“PARA GANAR LAS ELECCIONES, HAY QUE MERECERLO” (I)

MÉRITOS Y DEMÉRITOS DE PSOE Y PP

"MÁS DE 20 BUENAS RAZONES PARA NO VOTAR A W. Y NI UNA SOLA PARA VOTAR A H."

(POR DERECHO, 26 de junio de 2009)

D. José Luis Rodríguez Zapatero (ZP) ha dicho en Sevilla, el 13 de febrero de 2011, una gran verdad, que encabeza este “post”. Pero como decir verdades dista mucho de ser la afición y la dedicación de ZP, las palabras transcritas eran una “oración subordinada” de otra “oración principal”, con lo que la gran verdad resultaba convertida en simple mensaje político-partidista-electoral: “el Partido Popular no sabe que, para ganar las elecciones, hay que merecerlo”.

Como mensaje político-electoral, la frase completa de ZP, si no mendaz -porque es verosímil y probable esa ignorancia del PP- resulta vulgar y poco afortunada en la medida en que lanza implícitamente -ahora se suele decir “subliminalmente”, pero lo subliminal no es lo mismo que lo implícito- la idea de que el PSOE y el mismo ZP sí merecen ganar las elecciones (las municipales y autonómicas, primero; las generales, después). Y aceptar esa idea, hoy, parece empresa asequible sólo para unos pocos "fans", que siempre los hay.

Eso de “merecerlo”, que ha dicho ZP sobre ganar las elecciones, no ha sido sino un recurso retórico para persuasión (que es de lo que trata la retórica) de potenciales votantes. Y ha consistido en introducir, respecto del resultado de la contienda electoral, la idea de mérito, en la que se da una clara implicación ética. Mérito implica algo bueno, positivo, mientras que demérito o ausencia de mérito connota algo malo, negativo. Puedes ganar un concurso porque posees el mejor curriculum o superas unas pruebas brillantemente o porque presentas la mejor propuesta (lo ganas merecidamente, bien ganado) o puedes ganarlo porque tienes padrinos o amigos (lo ganas inmerecidamente, mal ganado). Ganar con o por méritos es lo que debe ser. Ganar, como sea, es sencillamente lo que es, lo que ocurre, pero que no debería ser: ni para ganar una oposición de Letrado de Consejo de Estado ni para ganar el concurso de un gran obra pública.

A estas alturas de nuestra historia reciente, que ZP introduzca elementos éticos en sus discursos largos o en sus frases cortas, difícilmente va a cambiar la muy generalizada idea de ZP como un sujeto bastante increíble en cuanto a la ética se refiera. No es momento, por lo demás, de intentar un pequeño ensayo sobre lo que debería determinar una victoria electoral. De manera que me alejaré de la teorización. Lo que ahora ocurre es que muchos -también en la izquierda y en el PSOE mismo, por supuesto- consideran que ZP tiene merecido no ganar las elecciones, sino perderlas. Que eso es así lo demuestra la insistencia superlativa, desde dentro del PSOE, en que ZP no sea candidato. ZP también ha dicho en Sevilla, el mismo día 13 de febrero de 2011, que el discurso del PP se limita a cinco palabras: “la culpa es de Zapatero”. Quizá tenga razón ZP en la limitación del discurso popular, pero, al parecer, no ha caído en la cuenta de que ese mismo discurso lo recitan a diario centenares de dirigentes socialistas (“si estamos así es por culpa de ZP”; “ZP es una catástrofe y se va a cargar hasta el PSOE”, etc.). Algunos de esos dirigentes, titulares de baronías, lo están diciendo en público: “anuncia ya si sigues o te vas… pero ni se te ocurra seguir”.

Enseguida vuelvo directamente sobre las próximas elecciones en España. Primero, voy a la defensa de ZP que anuncié en “post” de 6 de febrero pasado. No es verdad que la culpa de todo sea de ZP y y no es justa esa atribución de culpa exclusiva. Se equivocan en el análisis de lo sucedido en estos años y cometen injusticia los que, en el PSOE, en el PP o al margen de uno y otro partido, arrojan todas las culpas a ZP. Recordemos cosas obvias: ZP no se colocó a sí mismo a la cabeza del PSOE. ZP es un producto PSOE. (Siento la tristeza que esto les causará a mis buenos amigos socialistas, que no son muchos, pero son buenos, pero veo así las cosas). Es un producto tan netamente PSOE que, terminada la carrera de Derecho (y sin conseguir plaza de profesor en la Universidad de León, aunque ahora su “bio” oficial diga lo contrario), ZP no ha hecho en la vida otra cosa que pertenecer al PSOE. El PSOE delimitó la contienda electoral interna a una alternativa que prefiero no calificar: o José Bono Martínez o José Luis Rodríguez Zapatero. Aunque por poco, los “grandes electores” del PSOE designaron Secretario General del PSOE a José Luis Rodríguez Zapatero. Fue candidato del PSOE a las siguientes elecciones. Y el PSOE bien que se alegró de ganar esas elecciones generales del 14 de marzo de 2004 y de volver a ganar las del 9 de marzo de 2008, siempre con ZP como “number one”. El número de militantes o simpatizantes del PSOE designados por ZP ha sido y es sencillamente incalculable. Y ZP no ha ideado ni hecho por sí solo cuanto a hecho, ni ha estado solo, sino muy acompañado por todo el PSOE, en sus clamorosas negaciones y omisiones, especialmente en las relativas a la crisis económica. La culpa (de todo o de lo más importante) no es sólo de ZP: al PSOE no le debe valer sacrificar a ZP como un chivo, ni expiatorio ni propiciatorio. El PSOE ha apoyado a ZP en sus reformas legales más discutibles y en sus aventuras más perniciosas.

Algunos, entonces en considerable soledad, no tardamos demasiado en darnos cuenta de cómo era o quien era en realidad ZP. En mi artículo ANTE EL FEDERALISMO DE ZAPATERO, (ABC, 7 de octubre de 2005) dije, entre otras cosas, lo siguiente:

“Es un tópico consolidado que aquí, en España, se está reestrenando el postfranquismo inmediato, la Transición y el proceso constituyente, como si estuviésemos de nuevo a finales de 1975. Eso sucede, sin duda, porque a algunos, con poder, no les gusta el resultado de ese trozo de historia española. Y es probable que, además, deseen, incluso inconscientemente, tener un protagonismo histórico distinto de hacer avanzar día a día un país ya constituido. Este fenómeno de “remake” desconcierta y desagrada a bastantes, que no le ven sentido ni lo consideran positivo. Así las cosas, surge otro tópico: el Presidente del Gobierno no sabe adónde va. “

“Pienso que, al contrario, lo que hace y lo que se propone el Sr. Zapatero es algo “de libro”. Ocurre, eso sí, que ese “libro”, que estaba descatalogado, no se reeditó antes de las últimas elecciones generales. Pero el Sr. Zapatero en absoluto carece de sustrato intelectual (en concreto, ideológico) y, por supuesto, dispone de un “libro” y hasta de un “mapa”, si bien a escala 1/5.000.000 y no actualizado.”

“Talantes y posibilismo aparte, el Sr. Zapatero es un federalista y un socialista radical “de libro”, incardinado políticamente (a sabiendas o no, da igual), en un determinado sector de los protagonistas de la Segunda República. Por eso tanteó en serio una reforma directa de la Constitución española de 1978. Por eso, más que por ser rehén de Esquerra Republicana para conservar el poder, sintoniza con Esquerra Republicana, lo mismo que con el PNV. Por eso entiende a ETA como un problema sustancial y primordialmente político.”

“Algunos episodios menores, en vez de casualidades debidas a errores de cartelería o de un florista israelí, quizá sean más bien indicios de todo esto. La Marcha Real, himno oficial de España, ha sido olvidada en actos de los que era responsable el Gobierno del Sr. Zapatero. Y la bandera constitucional de España, roja y gualda, ha estado ausente en actos semejantes. La pasada Conferencia de Presidentes de Comunidades Autónomas, también inicialmente sin esa bandera, parecía destinada a escenificar la España federal, mucho más que a resolver el problema de la sanidad.”

Después de esta primera etapa y, a la vista de las encuestas, ZP, con el PSOE apoyándole, volvió a enarbolar la bandera constitucional e instauró la cantinela (o cantilena) del “Gobierno de España” hasta en la sopa.

De las aventuras ultra federalistas de ZP, acompañado sin reservas por el PSOE, me seguí ocupando en el 2005 (v. ¿PUEDE ESPAÑA SEGUIR SIENDO UNA NACIÓN?, en ABC, 17 de noviembre) y a comienzos del 2006 (v. SACAR A ESPAÑA DE SUS CASILLAS (ABC, 23 de enero), hasta concluir en LA INDISIMULABLE INANIDAD DEL PRESIDENTE (ABC, 3 de junio de 2006):

“Desde el comienzo de su actuación parlamentaria, me he tomado en serio el pensamiento conocido del señor Zapatero, en vez de tratarle despectiva o desdeñosamente. He leído con sosiego sus palabras, que han sido objeto de mi meditación. Y he afrontado con naturalidad no entenderle a la primera y, por supuesto, no compartir bastante de lo que entendía.” Poco después, escribía este otro párrafo: “acerca del pensamiento del señor Zapatero resulta decisiva su tajante contraposición entre «los hechos» y «las palabras». A riesgo de que se me considere injustamente enemigo del señor presidente, la conclusión a que obliga esa contraposición es que este presidente del Gobierno adolece de una inanidad intelectual indisimulable, casi espectacular.”

Me he permitido las anteriores autocitas porque me importa dejar bien acreditado que no he sido ni desconsiderado a priori con ZP ni tardío en el descubrimiento de su talla intelectual y moral ni tímido o eufemístico en la crítica a su actuación. Esto sentado, debe resplandecer la verdad monda y lironda, a saber, que ZP ha sido y es un producto de la Factoría PSOE. La Factoría PSOE puede ahora retirar el producto ZP del mercado, pero la responsabilidad por los daños y perjuicios es y debe ser atribuida al PSOE.

De manera que sí, los resultados de las encuestas actuales revelan que, ahora, una mayoría de españoles piensa que ZP no merece ganar y que tampoco el PSOE lo merece es porque  tienen ambos muy merecido ese veredicto de grandes deméritos, veredicto provisional, pero hoy por hoy contundente.

"MÁS DE 20 BUENAS RAZONES PARA NO VOTAR A W. Y NI UNA SOLA PARA VOTAR A H."

Otra cosa son los méritos del PP para ganar las próximas elecciones (las municipales y autonómicas primero; las generales, después). Si ZP, en vez de decir lo que ha dicho, quería decir lo que se está afirmando por tantos, a saber, que el PP no debe plantearse ganar a base de que el PSOE pierda, tiene toda la razón.

Sobre municipales y autonómicas no voy a hablar, porque cada municipio y cada Comunidad autónoma presentan notables diferencias. Pero en cuanto a las elecciones generales y los méritos del PP (del PP que existe, presidido por Rajoy), ya he apuntado aquí muchas veces mi rotundo desacuerdo en asuntos que considero de máxima importancia: la Justicia y la autenticidad del Estado de Derecho es sólo uno, aunque suficiente para mi criterio electoral y pienso que para el de los ciudadanos más apegados a los fundamentales valores democráticos: la igualdad ante la ley, la efectiva tutela contra la arbitrariedad, la sumisión de los poderes públicos al Derecho. Ha sido enorme el daño que, por consenso con el PSOE, ha hecho el PP y aún puede ser -está a punto de ser, si contribuye a la desaparición de los Juzgados de todo tipo con el camelo de los “Tribunales de Instancia- sencillamente devastador y prácticamente irreversible. Del PP es la pésima reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, perpetrada en el 2003, culminada en la cooperación necesaria para la ley de megareforma procesal relativa a la mágica "oficina judicial", en el 2009. He comentado también en este “blog” el enfangamiento del PP en el engendro de la Comisión de Propiedad Intelectual (vulgo “Ley Sinde.2”). Y no menos grave es la implicación del PP en la suciedad política judicial: en las relaciones con asociaciones judiciales, en las normas y en la praxis de designación y de funcionamiento del CGPJ, órgano corrupto y corruptor, máximo exponente del “Estado de Partidos”; en el partidismo del Tribunal Constitucional; etc. El tema –que conozco muy bien- me asquea y me entristece desde hace mucho tiempo.

En materia educativa y, más concretamente, universitaria, fue el PP quien (en la segunda y lamentable segunda legislatura de Aznar) creó y lanzó la ANECA, no para una seria evaluación externa de los méritos de los profesores, sino para aplicar unos métodos irracionales e injustos, a base de criterios, en gran medida erróneos, que en realidad aplican una serie de funcionarios, con el respaldo de profesores que aparecen como evaluadores y son seleccionados sin trasparencia y sin motivación, pero que, con muy honrosas excepciones (que han determinado su cese), cobran las magras dietas y disfrutan del poder que su posición les confiere. Pero es que, además, los sucesivos responsables de educación en el PP (también con excepciones individuales, que han acabado arrinconadas) han confundido fomentar la constitucional libertad en materia de enseñanza con la despreocupación, a veces extrema, por los centros públicos. En el ámbito universitario, que conozco bien, el PP no ha parado de oscilar entre el desinterés y los disparates.

Así las cosas, el mismo día 13 de febrero de 2011, mientras ZP profería en Sevilla las palabras transcritas en el título de este “post”, D. Mariano Rajoy, en Santiago de Compostela, afirmaba, según Europa Press, que España no tiene hoy "un problema ideológico sino fundamentalmente de competencia".

Que España tiene un problema de competencia (de sus gobernantes y dirigentes) resulta evidente. Es mucho más claro el problema de competencia que el de competitividad. Pero negar que España tenga “un problema ideológico” me parece, en cuanto a visión de España, padecer cataratas agudas en ambos ojos o hallarse al borde de un doble desprendimiento de retina. Si el Sr. Rajoy no ha incurrido en un lapsus linguae muy gordo, se diría que considera inexistente -o, lo que sería aún peor, irrelevante para él y para el PP- el conjunto de problemas que ha generado en España toda la ingenieria social del PSOE, pese a que en esa ingeniería se han gastado los más eficaces esfuerzos del PSOE y muchos millones de euros de todos. Salvo lapsus linguae, que debería aclarar, D. Mariano Rajoy (MR) nos estaría diciendo que no ve problema ideológico en la instauración por doquier de la tiranía de lo correcto (artística, cultural, histórico, político, etc.), en el dirigismo social desde los poderes públicos, en la aplicación plurifacética de la "ideología de género" y sus conocidos derivados legislativos, en la confusión entre aconfesionalidad del Estado, libertad religiosa y militancia antirreligiosa (y, más precisamente, anticatólica, porque al islamismo o al confucionismo no se les ponen trabas), en la promoción de los “derechos” absolutos de la sexualidad, en la educación pública de los menores en el inmediato ejercicio de esos “derechos”, en la política anti-natalista extrema, en la sustitución del respeto al derecho a una muerte digna por la promoción de la eutanasia a cargo de presuntos seres superiores, jueces de la dignidad o indignidad de la vida, e così via, que dicen los italianos.

Este mensaje reductivo del Sr. Rajoy sobre los problemas de España es demasié para mi body y hasta para mi soul. Ya sé que ésta no es una crítica intelectualmente rigurosa, sino un tanto cheli, pero no me parece que la tesis de D. Mariano sobre los problemas de España dé para más.

Lo que sí da para mucho más -y si no, lean el próximo “post”- es la cuestión de si votamos a quien se lo merece o votamos porque sí o si más nos valdría tener alguna razón para votar a alguien. Yo adelanto mi conclusión: “el voto, para el que se lo curre”. Anuncio que fundamentaré esta conclusión próximamente y les aconsejo, como ejercicio preparatorio, releeer el post de 26 de junio de 2009, titulado como reza el anterior subepígrafe. Facilito el enlace: http://andresdelaoliva.blogspot.com/2009/06/20-razones-para-no-votar-x-y-ni-una.html.

“SOMOS UNA NACIÓN QUE SABE PONERSE EN PIE Y CAMINAR”, O SEA, SALARIOS MÁS BAJOS Y SAQUEO DE LAS CAJAS DE AHORRO

LA VERDADERA POSTRACIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA (y II)

HACIA DONDE CAMINAMOS EN BENEFICIO DE “LA ECONOMÍA”… Y EN PERJUICIO DE CASI TODOS NOSOTROS

PRELIMINAR. De nuevo la pregunta: ¿qué hace un procesalista metiéndose en economía? Y de nuevo respondo: aunque sea procesalista, también soy un ciudadano con bachillerato de dos reválidas y Preuniversitario, más unos cuantos libros leídos y unas cuantas décadas vividas; la situación económica es la primera preocupación de los españoles y llevo toda mi vida interesándome por lo que pasa en España. Y lo que pasa, lo que está pasando de mayor importancia, es la crisis económica y lo que se hace por la clase política y dirigente con ocasión de la crisis económica. No comencé este blog para hablar sólo de temas y cuestiones jurídicas, después de haber publicado, durante cuarenta años, centenares de artículos y entrevistas en todos los medios de comunicación. Lo comencé y lo continúo para poder decir algo sobre lo que pasa en España. Y si será Mengano o Zutano el próximo Rector de la Complutense, si a Del Bosque debe rendirle un homenaje el Real Madrid, si tal TV se fusiona o no con tal otra e incluso si ZP se volverá a presentar como cabeza de lista del PSOE, si lo será Rubalcaba y hasta si la izquierda abertzale se desmarca de verdad de ETA son anécdotas en comparación con lo que está en juego a cuento de la crisis económica, de los muchos millones de parados y de muchas más personas en serios apuros. De manera que trato de entender lo que pasa y, después, de informar y de opinar. Además: les ofrezco, como jurista, una observación que les interesará: noten que lo que está en juego no depende de reglas jurídicas. Las reglas legales -no necesariamente jurídicas- se han ido creando y se crearán en función de las decisiones del poder. El poder -el político y el económico, muchas veces difícil de identificar- ha tomado la delantera. Es el tiempo de los Decretos-Ley y del absoluto desvalor del Presupuesto, clásica pero obsoleta (en España, al menos) institución-clave del más estrecho control del Gobierno por la representación popular. El Estado de Derecho es una entelequia marginal para quienes mandan. El Derecho (verdadero) no cuenta. Las crisis de solvencia (se entienda ésta como se quiera: iliquidez extrema o inferioridad del activo sobre el pasivo) no se resuelven conforme a la Ley Concursal.

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Para responder a los interrogantes con los que terminaba el “post” anterior, habría que dejar a un lado, de momento, lo más importante de la auténtica postración de España (que es lo que traté en ese “post” de los días 6 y 7 de febrero) y centrarse en los asuntos de la crisis económica: la realidad y las medidas adoptadas o anunciadas. Aunque algo pesado, sería lógico, para empezar, referirse a los principales factores de nuestra realidad económica. Sin embargo, no voy a proceder así, porque un “blog” no es el medio de editar breves trabajos académicos. Lo que voy a hacer es empezar por el final: lo que pienso que van a hacer en el ámbito económico nuestros inestimables “dirigentes”, una vez que consideran alejado el peligro de rescate forzoso, que les costaría demasiado a los rescatadores. Después, al final de este “post” resumiré los factores de la situación económica, con la esperanza de que se comprenda que la conclusión adelantada no carece de sólidos fundamentos.

Lo que me parece que van a hacer nuestros “dirigentes” producirá, a corto y medio plazo, los siguientes efectos:

1º) Bajada de salarios y del poder adquisitivo del conjunto de la población. Operación iniciada.

2º) Desmantelamiento de las Cajas de Ahorro, conversión de unas pocas en Bancos y adquisición (muy probablemente mediante adjudicación) por los acreedores extranjeros (bancos) de las restantes que presenten interés. Enriquecimiento sin méritos de unos pocos. Operación en curso.

3º) Máxima explotación de cualquier vía recaudatoria e incremento de la presión fiscal, que recaerán sobre el común de los ciudadanos. Operación en curso, pendiente de importantes perfeccionamientos.

4º) Gasto público inalterado y, al parecer, inalterable. Evidencia.

5º) Déficit público inalterado y, al parecer, inalterable. Conclusión evidente de los factores reales.

6º) Incremento constante de la deuda pública. Necesidad insoslayable de apalancamiento del Estado, con cada vez mayor endeudamiento.

Efectos a medio/largo plazo:

1º) Crisis de larga duración de la economía real, con altas tasas de paro, consumo y producción deprimidos, vivienda inasequible, descontento ciudadano supino, maniobras de distracción seguras pero de características inimaginables, etc. Ni yo ni nadie (que haya aparecido: seguramente hay alguien) nos atrevemos a ir más allá (excepto la conjetura que me permito en el punto siguiente), puesto que, en una “crisis en L”, no está nunca clara la longitud del palo horizontal inferior, que puede superar a la del vertical.

2º) Posible recuperación si, conseguido por “los dirigentes” un “buen mercado de trabajo”, somos colonizados económicamente y afluye la inversión extranjera. Demasiadas variables, fuera del control de España, influirían en este “escenario”, como ahora se dice: recuperación importante de otros países, desestabilización de alternativas a España (influencia en inversión industrial y en turismo), desplome o desmitificación de actuales “emergentes” (como China, por ejemplo), etc.

Voy a explicarme un poco más.

Bajada de salarios y disminución del poder adquisitivo de la población de la Nación

Además del tijeretazo a las retribuciones funcionariales y de la congelación de las pensiones, se ha puesto ya en marcha una gran operación para el común de los trabajadores por cuenta ajena. Ya se ha comprado por ZP la receta Merkel (o, más bien, lo que ha querido o podido entender de esa receta). El lanzamiento de la idea ha sido éste: “se debe liquidar la relación entre salarios e IPC”, para ir a una relación entre salarios y competitividad. Primera reacción: el Ministro de Trabajo, el pobre D. Valeriano Gómez, rechaza frontalmente la idea de inmediato, como buen sindicalista. Pero a las 72 horas, como buen Ministro, empieza a rectificar y dice algo tan vaporoso como esto: "es bueno que haya una cierta relación entre cómo evolucionan los salarios y los precios" y "en España, desde hace unos 30 años cuando se negocian los salarios se tiene en cuenta la productividad" (noten que, voluntaria o involuntariamente, Gómez habla de “productividad” en vez de “competitividad”). Al principio, también CEOE queda estupefacta ante la posibilidad de que desaparezcan las cláusulas de garantía salarial (indexación al IPC) generalmente previstas en España, durante décadas, en los convenios colectivos, a los que la patronal está perfectamente acostumbrada. Pero a las 72 horas, la CEOE, por boca de su Vicepresidente D. Arturo Fernández, que inicialmente había dicho que “la competitividad es un tema alemán”, se adhiere con entusiasmo a la idea de "salarios-competitividad". Y el Banco de España (BdE) la apoya con la máxima decisión. Y lo mismo hace el Fondo Monetario Internacional y centenares de expertos (reales o presuntos) en periódicos de papel, digitales, blogs, comparecencias públicas. Los sindicatos mayoritarios protestan con la boca pequeña, después de haber obtenido sabrosas compensaciones económicas en 2010.

Desmantelamiento general de las Cajas de Ahorros; permanencia, como bancos, de sólo algunas y adjudicación a “terceros” de las “poco viables” o “inviables”.

Sobre las entidades financieras y las Cajas, en concreto, encuentran datos en el Anexo al final de este “post”. Pero, en síntesis, la realidad es que en estos momentos se arroja sobre las Cajas, ya reagrupadas (mediante las fusiones frías o SIP), una enorme presión de exigencias, con el apoyo de la gran Banca (apoyo que, por cierto, me recuerda, ¡cosas de la edad!, el previo e inmediato que ofrecieron a la expropiación de RUMASA). Mientras escribo, las exigencias se acaban de concretar:  v. http://www.abc.es/20110209/economia/abci-gobierno-exige-capital-basico-201102092009.html

Quienes no cumplan las exigencias, quedarán a merced de un organismo dominado por la clase política especializada en economía (el FROB: v. Anexo al final de este "post"), decisor de viabilidades e inviabilidades y, a la postre, de adjudicaciones (seguramente después de haber saneado bastante las cajas con el dinero de todos). No me lo invento: en EL PAÍS de 9 de febrero de 2011, encuentran Vds. un artículo interesante, que habla sin ambages de “cajas nacionalizadas” (¿o será “nazionalizadas”?) y concluye así: “Las privatizaciones de las participaciones públicas [las que serían del FROB tras su intervención] en las entidades se harán por un ‘procedimiento competitivo’".

Link: http://www.elpais.com/articulo/economia/Gobierno/controlara/cajas/nacionalizadas/dan/credito/elpepieco/20110209elpepieco_3/Tes

Me voy a arriesgar a predecir -no apuesto por falta de costumbre- que habrá instituciones financieras alemanas -hoy acreedoras de cajas españolas- entre los adjudicatarios del expolio indirecto de las Cajas.

Por qué no me gusta este panorama

Sin duda los lectores ya me han calado y advierten que no me gusta nada lo que, frente a la épica zapateril de la Nación que sabe ponerse en pie y caminar, veo que van a ser nuestros derroteros. No se han equivocado los perspicaces lectores. Pero debo explicarme.

¿Acaso siento algún apego vital o conceptual por la negociación colectiva y las cláusulas de garantía salarial fundadas en la indexación al IPC? No. Defendí aquí la ocasión que la crisis brindaba para poner en su sitio a las “centrales sindicales” y a los convenios colectivos negociados con ellas, en favor de la negociación, más flexible, entre el empresario y los trabajadores de la empresa. Lo que ocurre es que, además de ser muy discutible y discutido (como lo de la nación, pero con inmediatas consecuencias sobre millones de vidas) eso de la relación del salario con la competitividad (existe abundante literatura al respecto), hay dos realidades indiscutibles:

1º) Que aquí se toma, de esa relación, lo único que parece claro, esto es, la parte negativa: eliminar la indexación salarial con el IPC, mientras les trae al fresco la parte positiva: establecer cómo se fija la relación del salario según la competitividad (y según la productividad, aunque eso ya existe para muchos españoles, empezando, muy curiosa y abominablemente, por los Jueces).

2º) Que la reducción salarial no es la medida prioritaria en relación con la crisis. Y que, convertida en prioritaria, y no digamos en principal y casi única, la reducción salarial, además de indecente y obscena -por si no se ve de inmediato la razón de estos adjetivos, enseguida los explicaré- tiene como consecuencia inmediata el empobrecimiento, en España, de millones de trabajadores de todo tipo, que nunca han tenido un nivel salarial como el de los principales países de la eurozona, sino bastante inferior. Por lo demás, ese empobrecimiento puede muy bien acabar conspirando en favor de una menor competitividad.

Vean un interesante contraargumentario, elemental pero con contenido digno de consideración, en: http://www.pymesyautonomos.com/reflexiones/con-salarios-mas-bajos-seremos-mas-competitivos

Sobre la indecencia y obscenidad del tópico salarios-competividad como principal reforma: Antes he dicho que ZP (y los demás) habían comprado parte de la “receta Merkel”. Porque, a decir verdad, la Canciller Federal, aunque muy interesada en la reducción salarial en España, dijo también otra cosa, como regla de oro: “no gastar más de lo que se gana”. Empezar (y probablemente terminar) por la reducción salarial de salarios bajos, sin reducir (más allá de retoques ridículos) el gasto público, enorme y desmadrado en beneficio especialísimo de la clase política, ¿no es indecente hasta la obscenidad? Datos sobre gasto y déficit público en el Anexo al final del “post”.

Es probable -incluso muy probable- que sea necesario dejar de vincular los salarios automáticamente al IPC y que, de resultas, sea necesaria una próxima disminución salarial, altamente dolorosa. Pero lo que puede ser necesario no siempre es legítimo para quien lo promueve (la clase política y económica dirigente) como ocurre al situarlo en primer lugar (y único, probablemente) de las acciones relativas a la crisis. Y cuando, pese a la ilegitimidad e indecencia de una tal reforma en las condiciones históricas o reales en que se acomete, se pretende llevarla a cabo así, es perfectamente explicable que, con toda razón, la ciudadanía la rechace fuertemente.

Otro tanto cabe decir de la actuación relativa a las Cajas de Ahorros. Que sea necesaria una actuación decidida de saneamiento, despolitización y claros mecanismos de responsabilidad, no significa que resulte medianamente aceptable la oscura operación concreta que ahora está en marcha, pilotada por el Ministerio de Economía y la gran banca, con el inestimable impulso y aplauso de algunos de nuestros más importantes tutores extranjeros.

En qué consiste, realmente, “ponerse en pie y caminar”

“Ponerse en pie y caminar” significaría, en resumen, tres cosas, según ZP:

1º) Carecer absolutamente de política económica propia y estar dispuesto a secundar la que le dicten, con tal de salvarse -porque eso es lo que le importa- de la “puntilla” política que sería un “rescate” o un gran ataque de “los mercados”.

2º) Propiciar un empobrecimiento inmediato de la inmensa mayoría de los españoles, aceptando eliminar la indexación de los salarios al IPC: con esto, ZP superaría, en materia de depauperación, a cualquier gobernante español conocido e incluso a cualquiera de los diversos invasores de la Península Ibérica.

3º) Permitir, controlar y dirigir una operación de precipitada (e inesperada) liquidación, nacionalización y privatización sobre las Cajas de Ahorro, a fin de liquidar unas, nacionalizar otras y adjudicar posteriormente a las no liquidadas. Manejos, todos ellos, con parámetros desconocidos, pero manejos a cargo de un pequeño grupo de personas (los dirigentes del FROB). A nadie con experiencia le debe ofrecer la menor duda de que esta operación determinará cierto aumento del número de los ricos-riquísimos.

Y mientras tanto, ni las centrales sindicales resuelven subsistir con sus cuotas y sus recursos propios (como aconsejaba el líder sindical acompañante de Frau Merkel) ni los partidos políticos están dispuestos al menor sacrificio propio y de sus amigos. Los “medios”, en gravísima crisis, con escaso pluralismo a causa de las concentraciones que ningún liberal limitó, dejan gran parte de las redacciones en manos de “becarios” y siguen esperando ayudas del poder político y de los dirigentes económicos (léase gran banca). Los empresarios que tienen empresas hacen lo que pueden. A veces, incluso triunfan en medio de condiciones tan adversas. Pero los "dirigentes económicos" no suelen ser empresarios.

“SOMOS UNA NACIÓN QUE SABE PONERSE EN PIE Y VOLVER A CAMINAR”

LA VERDADERA POSTRACIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA (I)
(actualizado a 7 de febrero de 2011)

El 2 de febrero de 2011, día del Acuerdo Social y Económico (ASE) (noten que lo social va antes que lo económico, un sutil toque psoe), fue presentado como un hito histórico similar a los “Pactos de la Moncloa”. Nadie ha explicado el ASE, porque debe tratarse de literatura prolija y evanescente a partes iguales: sólo sabemos que trata de las pensiones y no para mantenerlas ni aumentarlas. Pero eso no importa en esta sociedad de gestos e imágenes con las que se disimula por sistema la realidad, entre penosa y sórdida. El gran gesto del Acuerdo Social salía a escena en el teatro-bombonera de La Moncloa, sin más espectadores directos que la “claque” interesada en la pieza representada. Luego vendría la comunicación al público en general, con unas cuantas imágenes y textos. Pero, para redondear la “mise en scène" inmortalizadora del comienzo de la gesta de la recuperación económica y social, hacía falta una frase de ésas que han dado en llamarse lapidarias. Y D. José Luis Rodríguez Zapatero, Presidente del “Gobierno de España”, pensó que debía decir las palabras transcritas en el título, en sí mismas palabras bellas, cargadas de dramatismo y esperanza. Pensó el Presidente que eran palabras a la altura del momento histórico en que las pronunciaba.

Voy a defender a este señor en algún próximo “post”, porque las injusticias me sientan mal y las grandes injusticias, muy mal. Y es una gran injusticia, como todas las grandes falsedades, esa gran falsedad del momento, según la cual Rodríguez Zapatero es el mal, el único mal, el único causante de los males y el único estorbo para recuperar los bienes perdidos. Pero hoy no toca desvelar esa gran falsedad e injusticia, sino reseñar y comentar esas palabras (“Somos una nación que sabe poner en pie y volver a caminar”), palabras destinadas a ser inmortales y, sin embargo, probablemente mortíferas, bastante mortificantes y casi seguramente mortuorias o fúnebres… como ciertas lápidas.

De pronto, ”somos una Nación”, dice el Sr. Rodríguez Zapatero (ZP). De pronto, tras estar sentada o tumbada, ZP dice que esa Nación “sabe ponerse en pie”. De pronto, tras estar quieta, inmóvil, esa Nación sabe, según ZP, “volver a caminar”.

¿A quién se refiere ZP cuando dice que “somos una Nación”? ¿Se refiere acaso a España? Pienso que sí, pero, ¿se considera acaso ZP integrado en “la Nación española” de la que habla la vigente Constitución Española para afirmar su “indivisible unidad” (art. 2)? Porque, como ya se ha recordado, el 17 de noviembre de 2004 (no hace tantos años), ZP afirmaba, en defensa de otras posibles naciones en el territorio del Estado español, que «quizá no haya otro concepto tan discutido en la teoría y la ciencia política y constitucional como el de nación». No le faltaba razón a ZP: en el mundo de la teoría, “nación” es un concepto discutible, por supuesto (¿cuál no lo sería?), y discutido. Pero, aquel día de 2004, ZP no debatía conceptos en un ámbito académico-científico, sino que, como Presidente del “Gobierno de España”, intervenía en un asunto político con dimensiones constitucionales, en defensa de una determinada opción política. Se le respondió, acertadamente: «cualquier estudiante de Derecho sabe que en nuestra Constitución el término nación se reserva exclusivamente a la nación española». Las palabras de ZP el pasado día 2 de febrero, en sí mismas bellas palabras, dramáticas y esperanzadoras, han pasado inadvertidas y, sobre todo, han sido recibidas con absoluta indiferencia. Precisamente por haberlas pronunciado ZP, uno de los mortales menos idóneos para infundir confianza y esperanza. Las bellas palabras, en su boca, han sonado a epitafio.

Pero lo que ahora nos interesa no es otra de las incontables mentiras e incoherencias de ZP, al que, personalmente, sólo le considero legitimado para pertenecer a la “Alien Nation”. Lo interesante es que, en la política de gestos e imágenes, la española y la mundial (porque también existe, claro está, esa política gestual e icónica fuera de España), el número-escena del ASE se escenificó para el número-escena de la rápida pero intensa visita de Angela Merkel a la Villa y Corte. Y mientras se suceden los números de la comedia, ocurren, en España y en el mundo, cosas reales. A donde quiero llegar es a la comparación entre ese texto del libreto de nuestra comedia, la española, y la realidad de la Nación española, esa única que la Constitución reconoce.

A mí me parece que la Nación española aún subsiste, sí. Muchos, a diferencia de ZP, podemos legítimamente decir “somos una Nación”, refiriéndonos a España. Pero la segunda parte, esto es, que esa Nación sepa ponerse en pie y volver a caminar resulta harto más problemática. Para ZP, saber ponerse en pie y volver a caminar significa, por el contexto de su frase, que sabemos hacer una reforma sobre las pensiones y que, entre esa reforma y otros elementos, vamos a recuperarnos. Yo lo dudo muchísimo. Para ser más exacto: estoy seguro de que, a causa del ASE y de la tregua que nos den los misteriosos “mercados”, etc., ni nos levantaremos ni comenzaremos a andar en la buena dirección.

La falsificación del Estado Social y Democrático de Derecho: ni Gobierno que gobierne ni representación popular que legisle y controle.

Porque es muy grave la postración nacional, manifestada a fin de cuentas, en la extrema debilidad de un falsificado Estado Social y Democrático de Derecho, que debería ser el decisivo instrumento a favor de esa sociedad que se considera Nación. El Estado sólo es, de hecho, el modus vivendi de muchos y el methodus lucrandi de unos pocos. Está ya archidemostrado que carecemos de un Gobierno, entendido como máquinaria de gestión razonable de recursos escasos y de impulso de medidas en beneficio de aquella sociedad o, lo que es igual, en beneficio de la generalidad de sus miembros, los españoles. El “Gobierno de España” es, desde hace tiempo, una máquina de sectaria ingeniería social y un objeto de deseo, el máximo objeto de la concupiscencia de la clase política, que los españoles, en su abrumadora mayoría, reconocen como un gran obstáculo para el interés general. Las Cámaras parlamentarias no constituyen una representación del pueblo, sino de esa clase política, conjunto de personas instaladas en las posiciones de remuneración individual y grupal que el Estado ofrece con su inmenso aparato. Los Diputados y Senadores están condicionados por su modo de designación y por una disciplina de voto exacerbada, que llega a burlarse de la misma Constitución, art. 67.2: "Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo". Nadie de la clase política quiere Diputados y Senadores que puedan considerarse, cada uno, representantes del pueblo español. El control de "la acción del Gobierno" (art. 66.2 CE) se queda en debates inefectivos. Y lo mismo, en su ámbito, cabe decir de los "legisladores autonómicos".

Y el "Poder Judicial", a punto de ser desactivado y neutralizado: resucita la unidad de poder y coordinación de funciones franquista

Los Juzgados y Tribunales, famélicos como nunca y política y administrativamente interferidos, están al final de un asedio incesante que busca terminar con el máximo obstáculo a la arbitrariedad del poder y liquidar la máxima garantía del imperio de la ley y del respeto a los derechos y libertades. Entre los Jueces y Magistrados se ha asentado ya una pésima subclase política, con una intensísima vocación de mando, cada día más efectiva, con el resultado de que en el conjunto de la Judicatura existe una total desorientación y una generalizada pérdida de la específica identidad judicial. Ante la innegable crisis recrudecida de nuestra Justicia, a una mayoría de nuestros Jueces y Magistrados no es que no les importe que nos quedemos sin ellos: es que ni siquiera se dan cuenta de que ése es un grandísimo y gravísimo problema nacional y no tanto los muchos problemas que ellos padecen (como los miembros de otros “colectivos”), unos problemas que bien podrían aparecer en un contexto lúcido y magnánimo, en vez de presentarse como cualesquiera otras “reivindicaciones” funcionariales.

Así que el “Poder Judicial”, se encuentra ya muy seriamente condicionado y en vías de completa neutralización. Y es que el "Poder Judicial" o, más exactamente, los Jueces y Magistrados en los Juzgados y Tribunales, son lo único que queda frente a la peste de la corrupción que ha infectado casi todo. Por eso la clase política no va a parar hasta neutralizarlos, desde fuera y desde dentro. Veremos de inmediato cómo se pretende desactivar los Juzgados, incluyéndolos en un "colectivo", los Tribunales de Instancia.  ¿Quien lo va a hacer? El Ministerio de Justicia, con el decisivo apoyo del PP del Sr. Trillo-Figueroa (D. Federico) y los encendidos aplausos del CGPJ (alumbrado en gran medida por el mismo Sr. Trillo y condensado perfecto de la resucitada unidad de poder y coordinación de funciones del franquismo), ante la complacencia o la indiferencia de las asociaciones judiciales, importantes sedes y semilleros de la subclase política judicial. Es triste que nuestros Jueces y Magistrados independientes, en verdad maltratados, se sienten más maltratados como funcionarios que como Jueces y Magistrados en trance de extinción. Así, no ven la próxima jugada, que se les vende con especiosos argumentos de eficacia y de unidad de criterio. Ni para la eficacia ni (aún menos) para la unidad de criterio (un bien muy inferior al de la independencia judicial) hace falta eliminar Juzgados por el sistema de engullirlos en colegios de jueces, que alguien tendrán al frente, digo yo y ésa es la clave. Los Jueces no deberían querer más jefes de ninguna clase y para conocer los criterios de los demás les basta tomarse un café con sus inmediatos compañeros y utilizar cualquier base de datos de jurisprudencia, como hacemos el resto de los mortales.

La clase política omnipresente y el desprestigio de las instituciones

La Nación española está sometida y presa de su clase política. Es una Nomenklatura que no ocupa puestos en virtud de serios procesos públicos de selección conformes a los principios de mérito y capacidad (procesos con los quieres acabar). Los miembros de la clase política ocupan, por interrelaciones especiales, ciertas posiciones remuneradas (todas las que se han podido inventar y las que se seguirán inventando) en los ámbitos del Gobierno (los gobiernos autonómicos también) y de las Administraciones públicas (gubernamentales), pero también de la organización de los partidos políticos y de los sindicatos sostenidos con fondos públicos. Para ingresar y permanecer en la clase política no hace falta, no ya excelencia, sino ni siquiera elemental preparación profesional, o sea, saber de algo y, para ciertos niveles, poseer una cierta experiencia (buena) en algo. Lo que se requiere es adhesión al mando y, a falta de prueba de la adhesión, eso que ahora se llama “perfil bajo”, porque el “perfil alto” no es buen indicio de docilidad acrítica.

En esta situación de podredumbre terminal del Estado Social y Democrático de Derecho, situación que no es sino una discreta y disimulada apoteosis del “Estado de partidos”, no es de extrañar que no encontremos ya en España una sola institución pública con sólido prestigio social, generadora de confianza y respeto. No sólo no lo tienen los Gobiernos ni las Cámaras y Asambleas legislativas, sino que no lo tiene el Tribunal Constitucional y aún menos el Consejo General del Poder Judicial, máximo exponente de la corrupción del Estado constitucional a manos de la clase política. El Tribunal Supremo no se afianza en su pequeña recuperación y se le ayudará legislativamente, más pronto que tarde, a consolidarse como mero balneario de la cúpula judicial, destrozada por sucesivas ediciones del CGPJ. Los grandes cuerpos de la Administración prosiguen su decadencia indisimulable y todos los entes reguladores inventados en los últimos tiempos han sido y están siendo un desastre sin paliativos: desde el Banco de España (culpable de felonías sin cuento) hasta la Comisión Nacional de la Competencia (antiguo Tribunal de Defensa de la Competencia), pasando por las demás Comisiones nacionales y autonómicas. De las Reales Academias acaso se salven algunas de las que siguen trabajado discretamente. Los Colegios Profesionales, que no han sabido legitimar a fondo su discutible estatuto privilegiado, son, en general, cadáveres a la espera de un entierro administrativo de tercera. Y más vale no hablar de las Universidades, porque, aunque subsisten en ellas muchas islas con investigación y docencia excelentes (comparables a lo mejor del mundo), en conjunto han sido destrozadas por la subclase política educativa (a la que los malos resultados de sus planes les traen al fresco) y por la alianza psico-pedagógica del disparate “Bolonia”, al que se han entregado, a falta de cerebro reamueblado, la derecha presuntamente moderna y nuestros izquierdistas de salón: los del “Gobierno de España” e incluso algunos de la hoz y el martini.

A los grandes agentes económicos y al "cuarto poder" prefiero referirme en otro post. Simplemente adelantaré que las Universidades, con estar como están, parecen cumbres de excelencia en comparación con el cenagal de la macroeconomía y el estado de los "medios".

Cualquiera de las anteriores afirmaciones se puede ilustrar profusamente ad nauseam. No soy ni me gusta parecer aguafiestas o pájaro de mal agüero. No incurro en el menor catastrofismo. Sencillamente, me niego a ocultar o disimular una catástrofe a la que no he contribuido. Si duele leer lo que he escrito, créanme: duele mucho más tener que escribirlo.

Así las cosas, supongamos que es cierto algo que es (casi evidentemente) falso, a saber: que nuestro principal problema es la crisis económica. Es apremiante, en verdad, no destruir más empleo, sino crearlo. Pero eso lo harán los pequeños y medianos empresarios, a pesar del Gobierno, del Parlamento y del Poder Judicial, si se les da algún respiro. Pero el prestigio de la “marca España”, la confianza de “los mercados” internacionales, el déficit público, ¿se van a arreglar por las medidas que ahora, empujado, obligado o convertido, lidera este “Gobierno de España”, con o sin el apoyo del PP, de CiU, de CC.OO., de UGT, etc.? ¿Tiene el ASE, ocasión de las palabras comentadas, y tienen las demás medidas adoptadas o anunciadas (la acción sobre las Cajas de Ahorros, el “pacto sobre competitividad” europeo, etc.) una potencia tal que permita pensar en una Nación, España, capaz de ponerse en pie y caminar con rumbo?

Me encantaría equivocarme, pero no lo veo así. Me explicaré en cuanto pueda.

EL (PEN)ÚLTIMO INVENTO DEL "GOBIERNO DE ESPAÑA": CONVENIOS DE EXPORTACIÓN A PLAZO DE ESPAÑOLES

HACIA EL HISTÓRICO "ACUERDO GÓMEZ-MERKEL"
(con "final alternativo" a 1 de febrero de 2011)

Definitivamente, voy a dejar el análisis del Anteproyecto de Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación (ATLI) para el “blog” hermano DOCUMENT-AOS. Porque, aunque ese ATLI no tiene desperdicio como muestra de ideología enloquecida y de obsequiosa técnica legislativa, es asunto (debo reconocerlo) de bastante pesadez y, en cambio, se producen de día en día sucesos extraordinarios, que exigen comentario inmediato, porque, al parecer, ese comentario no cabe en los periódicos. [La primera entrega sobre el ATLI ya está, de hecho, publicada en DOCUMENT-AOS]

El suceso extraordinario que comento hoy es éste: no hace mucho más de cuarenta y ocho horas que el actual Ministro de Trabajo e Inmigración del “Gobierno de España”, D. Valeriano Gómez, ha declarado a la agencia EFE su propósito de “estudiar con el Gobierno alemán un programa conjunto en el que los jóvenes españoles cualificados puedan desplazarse a trabajar a Alemania con fecha de retorno” (cita de EFE). A la vez, confirmaba que trataría este asunto con la Canciller federal alemana, Dña. Ángela Merkel, que llega a España el jueves 3 de febrero de 2011.

D. Valeriano ha dicho que al “Gobierno de España” (al que se incorporó D. Valeriano tras apenas una jornada de descanso después de participar en la agotadora huelga general) "no le gusta plantear programas que terminen con la posibilidad de que las personas mejor formadas se vayan fuera de España y del mundo social y laboral", por lo que propondrá a Frau Merkel “ordenar un programa” que permita el retorno a España de esos “jóvenes españoles cualificados”, de modo que su trabajo en Alemania cuente como una “primera experiencia laboral”.

Yo me imagino al bueno de D. Valeriano Gómez, nombrado ex impromptu Ministro de Trabajo, aceptando el inesperado cargo con ilusión -y, desde luego, sin poner pegas-, pero con alguna sensación interior de vértigo. Y me parece muy probable que, pocos días después, el vértigo fuese en aumento hasta producirle un estado de desorientación y confusión espacio-temporal, como suelen describir los médicos a los pacientes que, por muy diversas causas, no saben quiénes son ni dónde están ni en qué año viven. A un neonato Ministro de Trabajo procedente en directo de las filas de los liberados sindicales al que se le pone a negociar sobre jubilación y pensiones, con indicaciones facilitadas por ZP y por Chaves, bien podría haberle sobrevenido un estado entre el catatonismo y el estupor (en sentido médico). La confusión y la desorientación han sido poca cosa.

¿Acaso sabe alguien en España, en estos momentos, en qué consiste el retraso de la jubilación que se ha pactado por no sé sabe quién con tampoco está claro quién? ¿A que no? ¿Por qué se va a exigir, entonces, al pobre D. Valeriano que conserve el uso de la razón, después de haberle metido en la termomix de las ocurrencias monclovitas y sindicales sobre jubilaciones y pensiones? Ahora se anuncia que los agentes sociales han llegado a un pacto -"Acuerdo Social  y Económico": ASE- pero no veo que nadie sea capaz de explicar con mínima claridad lo que se ha acordado.

Así las cosas y entre unos y otros (porque también Frau Merkel ha puesto de su parte una buena dosis de mala milk al referirse a la oferta de trabajo entre los objetivos de su viaje a España), a D. Valeriano se le ocurre una especie de exportación masiva de españoles (piensa él que jóvenes, porque en la juventud está el mayor porcentaje de parados) a Alemania, pero a plazo fijo, no vaya a ser que la economía se reactive en España y vayamos a necesitar, en unos años, a los exportados.

Y uno se imagina (o “visualiza”, como ahora se dice) ese plan con trenes especiales repletos de informáticos, albañiles, mecánicos, chapistas, pintores, carpinteros, enfermeras, médicos e incluso ingenieros industriales, saliendo de Atocha rumbo a la Hauptbannhof de Berlín, a la de Frankfurt o a la de Munich, ya sin tarteras ni maletas de cartón sujetas con correas y cuerdas, sino todos con sus trollers y sus Ipods. O pensamos en caravanas de autobuses, rumbo a Stuttgart, Düsseldorf, Dortmund, Hamburgo, Bremen, etc. Cabe también un puente aéreo de vuelos charters desde aeropuertos secundarios, complementados con conexión de autobuses. Un espectáculo, en todo caso.

Pero, ¿cómo se pueden organizar estas migraciones laborales? Porque es fácil representarse unos pocos autobuses saliendo hacia ciertas zonas de Francia (donde hay viñas en cantidad), para la vendimia, que dura unos días. Van con el billete de vuelta cerrado, como quien dice. O puede uno entender que para la recogida de la aceituna aparezcan aquí, organizada o espontáneamente, cuadrillas de búlgaros o albaneses. En cambio, ¿cómo van a ir distribuyéndose nuestros albañiles, informáticos, pintores, mecánicos, médicos e ingenieros industriales por el territorio alemán?

D. Valeriano, el pobre, metido en la centrifugadora mental del reformismo zapateril, se ha debido olvidar de que, desde hace bastantes años, los jóvenes y no tan jóvenes españoles y españolas en busca de trabajo no necesitan ningún plan internacional para buscar empleo en Alemania. Y, si lo encuentran, se pueden ir por el tiempo que quieran… y les deje el empleador. Lo único que se necesita es conocimiento de ofertas de trabajo en Alemania y gente aquí en condiciones de aprovecharse de ellas. Lo demás lo permite un invento llamado Unión Europea, que está llena de reglas, pero que, aun así, no impide a una empresa alemana que busca fresadores en España darlo a conocer y especificar todos los requisitos de lo que necesita y de lo que ofrece.

Mas, por un momento, supongamos que Dña. Ángela quiere rápidas y masivas aportaciones de “efectivos” españoles a una economía alemana reactivada y que D. Valeriano tiene idea de la libre circulación de personas en el seno de la Unión Europea. ¿Qué pueden ofrecer una y otro que no ofrezca ya el mercado laboral con las agencias estatales y no estatales de empleo?

(Entre paréntesis, v. la web de la Embajada Alemana: http://www.madrid.diplo.de/Vertretung/madrid/es/01/Trabajar__en__Alemania/__Trabajar__en__Alemania.html)

Dado que Dña. Ángela ha dejado claro que quiere profesionales españoles con un nivel medio de alemán, descartemos que se envíen masas de profesionales españoles a Alemania para enseñarles entre seis meses y un año la lengua de Goethe, mientras se concretan los puestos de trabajo. Si no es eso (que no) ¿qué se les puede ocurrir a D. Valeriano y a Dña. Ángela? ¿Pagar el viaje, con el bonus de un bocata o de un “taper” de Bratwurst y Sauerkraut? Poca cosa, con los vuelos low cost a 63 euros o menos (Madrid-Frankfurt-Madrid) que cada cual se puede conseguir. Y ¿a cambio de qué podría D. Valeriano obligar a alguien que se acomode laboral y humanamente en Alemania a regresar a España en un cierto plazo?

En todo caso, parece que se prepara una comida-reunión en La Moncloa con Frau Merkel, algunos Ministros alemanes y un tal Herr Sommer, presidente de la Confederación Alemana de Sindicatos (DGB), por parte alemana y, por parte española, D. José Luis Rodríguez Zapatero, D. Valeriano Gómez, algún Ministro más y, ¡atención!: los Sres. Fernández Toxo (CCOO) y Cándido Méndez (UGT). Yo tengo para mí que esta Frau Merkel es una guasona de mucho cuidado: quiere ver a toda la “troupe” en acción, no vaya a ser que la función se acabe antes de lo previsto. Si no estuviéramos en la aldea global y en la era del vivo-live, yo me pediría un agujero para ver y oir esa reunión, que promete ser sensacional. Pero como estamos en la postmodernidad, EXIJO QUE LA COMIDA SE TELEVISE EN DIRECTO. Y que alguien grabe los comentarios de Frau Merkel & Co. en el avión de vuelta. Y los cuelgue en Youtube.
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Final alternativo: 1 de febrero de 2011: Fuentes del "Gobierno de España" matizan la ocurrencia de D. Valeriano. Han caído en la cuenta de algunas cosas elementales, aquí recordadas. Pero subsiste e incluso se intensifica el Movimiento "Vente a Alemania, Pepe", que cuenta con 200.000 adheridos en Twitter. En el transcurso de 2011 y 2012, varios cientos de miles de españoles emigran a Alemania, mayormente por su cuenta. A partir del segundo semestre de 2012, las remesas de euros enviados a España procedentes de Alemania contribuyen a reactivar la economía real española, con aumento del consumo y la producción. En el 2022, sesenta mil españoles que trabajaban en Alemania regresan a España. La mayoría quiere hacerse un chaletito en su pueblo. En el 2023, se dispara la construcción en las poblaciones cercanas a capitales de provincias. En el 2025, nueva burbuja inmobiliaria. Y así sucesivamente.

EL “CONTEXTO” REAL DE LA "LEY PAJÍN" SOBRE IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMINACIÓN

LA MINISTRA PAJÍN DA EJEMPLO DE ABYECCIÓN PROPIA Y AJENA

“Una sociedad que no humille a nadie y que no permita que nadie sea humillado”

(Dña. Leire Pajín, Palacio de La Moncloa, Madrid – 7 de enero de 2011, al presentar el Anteproyecto de Ley de Igualdad de Trato y la No Discriminación: LIT) )

Estaba yo a punto de explicar y comentar lo más relevante del “Anteproyecto de Ley Integral para la Igualdad de trato y la no discriminación” (ALIT y LIT) cuando reapareció, para mí inesperadamente, lo que hemos dado en llamar “Ley Sinde.2”. Ahí están los dos “post” anteriores a éste. Escritos y publicados, me disponía, por fin, a cumplir mi propósito cuando, el mismo día 28 de enero de 2011, salta ante mis ojos una noticia que me pareció, en un primer momento, fruto de una alucinación personal. No podía creer lo seguí viendo y leyendo. Pensé haberme transportado oníricamente a un sultanato oriental tiránico o a la corte de una decadente monarquía despótica.

He aquí lo que consideré increíble. Copio la noticia, con su titular y su subtítulo:

“UNA ASOCIACIÓN GAY ACUSA A SANIDAD DE DEJARLES SIN SUBVENCIÓN POR CRITICAR A PAJÍN”

“El Ministerio les exige por carta «disculpas formales y por escrito» tras haber insultado a un alto cargo del Ministerio para reintegrar a esta ONG en un grupo de trabajo sobre SIDA”

“La plataforma Colegas, que agrupa a distintas asociaciones de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, ha denunciado que el Ministerio de Sanidad les ha dejado sin subvenciones por haber organizado dos concentraciones en las que se vertieron insultos contra Leire Pajín y Trinidad Jiménez.”

“A principios de este año, Colegas recibió una carta del Ministerio en la que se afirmaba que quedaban excluidos de las subvenciones «por haber organizado dos concentraciones en las que se vertieron insultos contra la Ministra». Además, el documento indica que la única manera de evitar la exclusión es «pedir disculpas formales y por escrito». Por ello, el secretario general de la asociación, Rafael Moral, ha pedido el «cese inmediato» del director general de Salud Pública y Sanidad Exterior, contra quien también han iniciado acciones penales, informa Ep.”

“Colegas recuerda que los actos de protesta que han realizado en los últimos meses se deben a la «impotencia de ver como un año más, el Ministerio que dirige Leire Pajín continuaba con su política de sectarismo en la concesión de ayudas y subvenciones, premiando a las organizaciones LGBT cercanas a Pedro Zerolo a pesar de la acuciante crisis económica y ahogando económicamente a Colegas». “

Dejo a un lado, por ahora, el elemento de las subvenciones a esta clase de colectivos. Lo ignoro todo sobre tales subvenciones. Pero pienso que la noticia no está en que uno de ellos se queje de discriminación: estas quejas son frecuentes, ante estas subvenciones y ante otras muchas, así como al conocerse los resultados de los más diversos procedimientos de selección. Unas veces las quejas son fundadas y otras, son pataletas sin fundamento. Lo que tiene esta noticia de noticia bomba no es la queja, sino la admisión por escrito de la discriminación por motivos políticos (concreta especie de “represalia” según la LIT proyectada) y la exigencia, también por escrito, de una determinada conducta de disculpa para poner fin a la discriminación (de tipo represalia).

Por eso, yo hubiera titulado la misma noticia en estos o parecidos términos:

“PAJÍN RECONOCE POR ESCRITO UNA REPRESALIA POLÍTICA”

“Exige por carta a la ONG gay “disculpas formales y por escrito” tras haber insultado a las Ministras Jiménez y Pajín”

Ante el magno proyecto de Pajín en pro de la Igualdad de Trato y la No Discriminación, uno podía enseguida pensar en las desigualdades de trato y en las discriminaciones que protagonizan constantemente muchas Administraciones públicas. Lo que no podía pensar -yo, al menos, no me lo imaginaba- es que, precisamente desde el Ministerio de la increíble pero cierta Ministra, Dña. Leire Pajín, se reconociera por escrito una discriminación y, por añadidura, se reconociera que la discriminación fue debida a motivos políticos consistentes en enfrentamiento (si hubo insultos o no, lo ignoro) y, para más inri, se exigiesen “disculpas formales y por escrito” como condición para acabar con la discriminación (al menos en parte).

Habrá quienes, ante esta noticia, no se hayan dado cuenta de nada. Habrá quienes se hayan fijado en las disputas entre “organizaciones LGBT”. Habrá quienes sólo se ratifiquen en el convencimiento de que mientras sigue recortándose, de cien modos distintos, el poder adquisitivo de la generalidad de los españoles, no se recortan ni se eliminan, en manos de las Administraciones públicas, los dineros disponibles para subvenciones discutibles. A mí, aunque esto último me preocupa, y mucho, me parece de muy superior importancia en la noticia que un Ministerio, precisamente el de Igualdad, no tenga reparo en practicar, abiertamente, una discriminación por críticas a ese Ministerio y, además, posea el descaro de exigir disculpas formales por el ejercicio de la libertad de crítica. A mi edad, no recuerdo, ni en época de Franco, una prepotencia tan obscena.

Noten a qué extremos es capaz de llegar la increíble, pero cierta, Ministra de Sanidad, Igualdad y Política Social del “Gobierno de España”, ésa Ministra que no quiere que en España se humille a nadie y que no está dispuesta a permitir que nadie sea humillado. La Ministra Pajín se muestra como una Majaraní dictatorial. Y no humilla sólo a “Colegas”. Es capaz de humillarnos a todos, porque humillación general es lo que subyace a un comportamiento así, con el que se considera a los ciudadanos españoles perfectamente dispuestos a tragar sin inmutarse una muestra real de la mentalidad despótica en el ejercicio del poder. Al actuar como tirana, Pajín se comporta con bajeza, abyectamente, pero da por sentada también la abyección del público, de todos, del electorado en su conjunto.

Dirá quizás alguno que Dña. Leire Pajín tiene, al menos, la “honestidad” (en el sentido anglófono de “sinceridad”) de explicar su represalia discriminadora, cuando otros muchos la cometerían (las cometen, de hecho), sin dar explicaciones. Así, estaríamos en la manida contraposición entre la “hipocresía” y la “honestidad”, siempre favorable a la “honestidad”, haga lo que haga el "honesto" o la “honesta”. No seré yo quien me apoye en el también muy manido dicho de que “la hipocresía es el homenaje que el vicio tributa a la virtud” (aunque hay algo de cierto en eso). Lo que tenemos aquí no es un ejercicio de “honestidad”, sino de amoralidad política y de supina desvergüenza. Hay numerosos antecedentes de Dña. Leire Pajín que apoyan entender esa represalia suya como efecto de la idea que posee del poder de un Ministro. A los administrados nos considera súbditos, vasallos, siervos de la gleba. Y parece, por la falta de reacción, cuando menos verbal, ante una represalia así, que no yerra demasiado Dña. Leire Pajín. Las “organizaciones LGBT”, tan próximas a la descarada discriminación, ¿han cerrado filas con los discriminados? No. Los mismos "medios" que han publicado la noticia, ¿se han molestado en unas líneas editoriales de condena? No ¿Han quedado atónitos los lectores pero, vueltos en sí, se han volcado en comentarios de repulsa? Nada de eso. Estoy seguro de que, como yo, los lectores de este “blog” sí desean que conste que no todos tragamos. Además, la noticia nos pone en óptimas condiciones para valorar con realismo el igualitarismo legal patrocinado por Dña. Leire Pajín.