¡¡“MILES DE
MILLONES DE EUROS” RETENIDOS E
IMPRODUCTIVOS!!
PERO, ¿QUIÉN INFORMA AL MINISTRO?
Con ocasión de la toma
de posesión del nuevo Secretario de Estado de Justicia, el día 3 de enero de
2012, el Ministro del ramo, D. Alberto Ruiz Gallardón, dijo cosas que, aunque quizá no merezcan pasar a la Historia,
tampoco deben pasar inadvertidas. Fueron todo un ejercicio de patinaje, bastante significativo. Para
empezar, el Ministro afirmó -tomo las frases, con entrecomillados, de noticias
de prensa en principio fiables y no rectificadas- que ese acto manifestaba el
objetivo compartido de «entrega, solidaridad y confianza»
de su nuevo equipo en sus propias capacidades. Y añadió que «formar
equipos supone dejar atrás los
tiempos superados de las personas providenciales y apostar por la eficacia de quienes están dispuestos a colaborar en
el servicio a los ciudadanos».
A mí me parece dudoso
que “formar equipos” pueda presentarse, siquiera sea en una pieza oratoria
menor, como una notable innovación, tal que si, hasta ahora, nadie o casi nadie
hubiese hecho eso de los “equipos”. “Dejar atrás los tiempos superados” no parece difícil (lo difícil sería lo
contrario). Y en cuanto a “las personas
providenciales”, la verdad es que no tengo ni idea de a quién o a quiénes podría
estar aludiendo el Sr. Ruiz Gallardón, porque precisamente a él mismo cabría
considerarle un Alcalde de Madrid en verdad providencial, constructor del Madrid
del futuro (ahora toca buscarle un futuro a Madrid), para lo que no reparó en gastos, arrojándose y
arrojándonos en manos de la Providencia. Pero se ve que, transformado ya el ex-alcalde
en Ministro de Justicia, para él, nada de Providencia. Ahora, en ese
Ministerio, es el tiempo de la apuesta,
el tiempo del áleas, del azar, de lo aleatorio, de la buena o mala suerte, de
la lotería, vamos. Apostamos por la
eficacia y la buena disposición, pero apostamos.
A mí no me gusta nada esta moda de que
los gobernantes de dediquen a hacer apuestas: sus decisiones no deben ser apuestas, ni a título de metáfora (ya
muy sobada, además).
Tras este exordio, el
nuevo Ministro fijó objetivos diáfanos: “la
aplicación uniforme de las nuevas tecnologías y la reducción del número de
procedimientos judiciales, que en 2010 fueron más de nueve millones para una
población de 46 millones de españoles cuando países como Francia, con 65
millones de habitantes, no supera los seis millones de procedimientos en total.”
(de esto me ocuparé en un próximo “post”).
Luego, como se
encargaron de subrayar los “medios”, el Ministro, por aquello de que deben «modificarse costumbres que no son
compatibles con una cultura competitiva», propuso revisar la inhabilitación
procesal del mes de agosto, porque–dijo- esa inhabilidad «tenía sentido por razones históricas» y, a su juicio, es algo probablemente
eliminable para avanzar en la tan careada agilización
de los procesos.
No me voy a detener en
esta idea de hacer hábil el mes de agosto en todos los ámbitos
jurisdiccionales. Es un asunto sobre el que todos producirán interesantes
comentarios. Me limitaré a apuntar que las cuestiones concretas que más
atención merecen al respecto son, por un lado, la de la celebración de juicios en agosto, porque otras tareas
jurisdiccionales no pienso que ofrezcan dificultad (además de las de
instrucción penal, para las que son hábiles todos los días y horas del año) y, por
otro lado, la muy difícil adaptación del
trabajo de los abogados que ejercen la profesión en solitario, que no son
pocos. Dudo mucho (es un eufemismo), por lo demás, de que tal cambio pueda de
verdad llevarse a cabo “a coste cero”, como es costumbre ahora afirmar que cabe
y que hay que hacerlo.
LOS “MILES DE MILLONES DE EUROS” RETENIDOS E IMPRODUCTIVOS
Con ser interesante lo
anterior, resultó casi una nimiedad en comparación con lo que dijo el S. Ruiz
Gallardón hacia el final de su breve discurso. Además de caracterizar la seguridad jurídica como un factor de competitividad de nuestra
nación (una visión tecnocrático-economicista a tope), el joven Ministro afirmó que «cuando
la crisis es prioridad para cualquier departamento de un gobierno y el paro castiga
la vida de millones de ciudadanos de un país, no podemos seguir reteniendo en
procedimientos judiciales miles de
millones de euros que deberían estar
destinados a la productividad y a la inversión».
Esta afirmación
aparecía en los tres enlaces que acabo de insertar. Al leer tales palabras, de su superlativa importancia y máxima gravedad, pensé que debían ser detenidamente
analizadas. Era algo muy serio que, sin más ni más, se estuviesen reteniendo (por
los Juzgados y Tribunales) “miles de millones de euros”, que se podían dedicar
“a la productividad y la inversión”, lo que significaba que esa retención de
“miles de millones de euros” estaría siendo improductiva hasta ahora y desde Dios
sabe cuándo. Pensé, en honor a la verdad y a la justicia, que ni siquiera a los
Gobiernos de Rodríguez Zapatero les podía haber pasado inadvertido un fenómeno
tan llamativo como el de “miles de millones de euros” retenidos improductivamente. ¿Qué obra pública no podría haber
hecho D. José Blanco con al menos parte de lo retenido? ¿Qué recortes
no se habrían podido evitar a la ciudadanía poniendo en producción esos “miles
de millones de euros”, que parecía haber descubierto el Sr. Ruiz Gallardón?
La cosa era tan gorda
que, ante todo, procedía una investigación sobre la frase relativa a esos
“miles de millones de euros”. ¿A qué se refería Ruíz Gallardón? La
investigación arrojó resultados nuevos al descubrir que, según otras fuentes,
el nuevo Ministro habría hablado de “miles de millones de euros en los juzgados
atascados que habrá que recuperar”: http://www.diariojuridico.com/actualidad/gallardon-presenta-en-sociedad-a-su-equipo-de-trabajo-y-recuerda-que-la-justicia-es-un-elemento-clave-para-que-el-pais-sea-competitivo.html
o que, como precisaba otro medio http://www.elpais.com/articulo/espana/Gallardon/habilitara/mes/agosto/agilizar/justicia/elpepunac/20120104elpepinac_15/Tes,
«Gallardón
se ha propuesto también terminar con las dilaciones indebidas en la justicia,
que mantienen bloqueados miles de millones de euros"’, que deben
destinarse "a la productividad y a la inversión" para hacer frente a
la crisis.»
Esto ya era otro cantar,
algo diferente. El Ministro se estaría refiriendo, sin duda (no podría tratarse
de otra cosa), a los dineros (no necesariamente euros) que se encuentran en las
llamadas “Cuentas de Consignaciones y Depósitos”, abiertas por cada Juzgado y
Tribunal, por los Servicios Comunes e incluso por algunas Fiscalías. Hay, en
efecto, unas buenas cantidades de dinero en esas cuentas y no digamos en el total
de ellas (ya lo verán enseguida). Y es como si Ruiz Gallardón dijera “deseo que
los acreedores dispongan cuanto antes de lo que se les debe y se les pudo
embargar a sus deudores y de lo que se obtuvo subastando lo embargado” o “hago
votos por que los recursos que exigen depósito previo se resuelvan cuanto antes
de modo que, si el recurso es estimado, cuanto antes le sea devuelva al
recurrente la cantidad depositada.” Está muy bien ese deseo, aunque no me
parece un enfoque acertado ver las dilaciones indebidas más desde esa concreta perspectiva
económica que desde el punto de vista de la efectividad o inefectividad de la
tutela judicial. Por otra parte, los costes económicos de las dilaciones
indebidas no se miden así y hay valores muy importantes -la seguridad jurídica,
el prestigio del Estado, etc.- involucrados en una Justicia sin dilaciones indebidas
o con esas dilaciones, más o menos prolongadas. Pero no hay cálculo alguno disponible
del coste económico de las dilaciones indebidas (salvo unas cifras ridículas
que después diré y que ni de lejos son “miles de millones de euros”).
En todo caso, me parece
muy necesario explicar lo de las “Cuentas de Consignaciones y Depósitos”. Y, aunque no sea
de mi agrado, tengo que enmendar al Sr. Ruiz Gallardón y preguntarme con bastante asombro si
acaso se deja informar por gente del ámbito judicial, sí, pero sin la más
remota idea de la realidad global de la Justicia, por llevar larguísimo tiempo
recluidos en ámbitos muy singulares (la Audiencia Nacional, el Tribunal
Supremo, el CGPJ), despreocupados de todo lo demás, es decir, de casi todo. No apunto en
esa dirección sin serios motivos y fuertes indicios. Y menos aún reprocho
gratuitamente a los probables asesores no saber nada de la compleja realidad de
nuestra Justicia. Como el nuevo Ministro sin duda habló con asesoramiento previo y
le han hecho decir algo penoso, sus asesores ignoran cosas elementales.
La
Justicia mueve mucho dinero. Pero no es dinero retenido ni dinero improductivo,
aunque, desde luego, se pueda discutir la productividad y sus beneficiarios. La
Justicia mueve mucho dinero porque
tiene que moverlo. Cada Juzgado, cada Tribunal y Audiencia, los Servicios
Comunes e incluso algunas Fiscalías abren cuentas porque, por muy diversos
conceptos incluso dentro de los órganos del mismo tipo, reciben dinero (no necesariamente euros) y tienen que entregar dinero: reciben dinero en depósitos para
recurrir, que se devolverá si el recurso se estima (Disposición Adicional 15ª
de la LOPJ, según la L.O. 1/2009, BOE de 4 de noviembre); reciben cauciones
para afrontar daños y perjuicios en caso de concesión de medidas cautelares y
con frecuencia tendrán que devolver todo o parte del importe de las cauciones;
reciben los precios de las cosas inmuebles, muebles o semovientes, objeto de subastas
judiciales; ingresan las fianzas para eludir la prisión provisional; ingresan el
dinero directamente embargado o el que se encuentra en un registro ordenado por
un juez instructor; reciben, para consignar, rentas de arrendamientos y plazos
impagados en la ejecución de préstamos hipotecarios, más un largo etcétera. Pero
gran parte de ese dinero ha de entregarse a acreedores o reintegrarse a
quien lo ingresó. Ese dinero no está, insisto, ni retenido e inmóvil. Ese dinero
es mucho dinero, pero se mueve (nada menos que 22.026.639 movimientos
en 2010).
Un Juzgado civil de
Madrid puede presentar un saldo medio anual superior a los 3 millones de euros.
Y según el mismo Ministerio de Justicia, el saldo total de las cuentas de
consignaciones y depósitos fue en 2010 de 3.315.371.730 € (sepan que el presupuesto total para la Justicia alcanzó en 2010 los 3.867.828.013
€ (incluyendo CGPJ y Ministerio), de los que sólo 1.629.874.120
€, correspondían al Estado central (el resto, a
aportaciones de las Comunidades Autónomas). Veamos ahora lo de la productividad
de esos “miles de millones de euros”.
Superados los viejos
tiempos en que cada juzgado abría cuenta para consignaciones y depósitos en la
entidad de crédito que prefería, desde hace varias décadas es el Ministerio de
Justicia el que adjudica a una sola entidad crediticia, mediante concurso, para
un plazo de varios años (seis, de ordinario), la gestión de todas las cuentas
de consignaciones y depósitos (para lectores especialmente interesados, v. R.D.
467/2006, de 21 de abril, por el que
se regulan los depósitos y consignaciones judiciales en metálico, de efectos o
valores y R.D. 1273/2011, de 16 de septiembre, por el que se modifica el
anterior).
En la actualidad y desde 2002 (si no me equivoco), la entidad de
crédito adjudicataria de la gestión de esas cuentas es BANESTO, que ganó el último concurso en julio de 2009. En el pliego
de condiciones del último concurso, se exigía a las entidades de crédito que
quisiesen participar ofrecer una
remuneración superior a la de referencia (Euribor a tres meses a corto plazo y bono a
tres años a medio). Ni que decir tiene que prácticamente nadie recibe por
su cuenta una rentabilidad superior al Euribor, sino muy inferior. En 2009 sólo
concursaron BANESTO y BBVA, que había gestionado esas cuentas
con anterioridad. Al abrir los sobres
con las ofertas económicas, mientras BBVA
ofrecía un diferencial de 0,68 puntos
sobre el Euribor y de 0,53 puntos sobre el bono a tres años -una
rentabilidad muy elevada en estos tiempos, pero no escandalosa-, BANESTO
llegó a un diferencial de 1,80 puntos sobre ambas referencias:
algo asombroso, sobre todo si se tiene en cuenta que en el periodo del concurso
anterior BANESTO había ganado
ofreciendo un diferencial de 0’37 puntos.
Sin duda, BANESTO y BBVA concursaron en 2009, no por hacer el bien sin mirar a quién, sino porque les interesaba
económicamente ese conjunto de cuentas. En su día, los analistas, tras el asombro de la
oferta tan excepcional en “generosidad” de BANESTO, una oferta de apariencia
temeraria, la explicaron por la inyección de liquidez que las cuentas de marras
suponían, liquidez que, pensaban, el Banco adjudicatario no podía lograr a
coste más bajo. Sea de ello lo que fuere, el Banco ha movido y mueve ese dinero
con el ánimo de lucro propio de toda entidad de crédito. El dinero es
directamente productivo para el Banco y probablemente lo es también para
personas, físicas y jurídicas, clientes de esa entidad. Pero está, además,
una extraordinaria, espectacular rentabilidad de las cuentas de consignaciones
y depósitos para el Tesoro del Estado, no para la Justicia. Esos
“miles de millones de euros” son productivos, muy productivos, para las arcas
públicas. Por añadidura, BANESTO ofrece “productos” especiales a los
servidores, directos e indirectos, de la Justicia, lo que no me parece mal,
pero es una realidad innegable: vean, si no, el “Club Banesto Justicia” y sus diversas ventajas, que, por supuesto,
no hay que confundir con donaciones o ayudas a fondo perdido: los
“beneficiados” pagan y benefician al banco.
Ante esta realidad
compleja, el nuevo Ministro de Justicia debería haber sido cumplidamente
informado, para no despacharla con la frasecita que soltó, ni siquiera en su
versión de eliminación o reducción de dilaciones indebidas. La frase resultó muy
demagógica y generadora de confusión para el ciudadano común. En especial
cuando está prevista la indemnización por dilaciones indebidas dentro del
funcionamiento anormal de la Administración de Justicia y en el año 2010 sólo se
despacharon 212
expedientes por ese anormal funcionamiento y se pagaron 4.835.901 €, lo que no
parece demasiado y, sobre todo, acredita que los españoles no son grandes
aficionados a pelear por ese concepto de la dilación indebida.
Pero hay algo más. Al
ciudadano común no se le puede decir que la Justicia –con dilaciones- está
reteniendo miles de millones de euros que podrían ser dedicados a la inversión
y que podrían ser productivos (lo que implica que ahora no lo son), sin mencionar que
miles de empresas están pagando tasas por litigar desde la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social (art. 35). En el año 2010, según
datos del Ministerio de Economía y Hacienda, el Tesoro recaudó 172.287.000 €. El importe de esas tasas no ingresa en las
“Cuentas de Consignaciones y Depósitos”, sino que lo recauda en directo la
Administración Tributaria del Estado principalmente por el método de
autoliquidación. No es muchísimo dinero, pero es algo nada despreciable y dar
la impresión de que las pobres empresas tienen caudales retenidos,
improductivos, sin decir que se les cobra por demandar y recurrir, es confundir
y engañar, aunque no hubiese intención de hacerlo. Si quiere seriamente el Ministerio
de Justicia activar la economía real, intente no arrebatar a las empresas que
litigan esa pequeña liquidez. Me parece que el Ministro de Hacienda, Sr.
Montoro, que lo era al aprobarse la Ley 53/2002, no le va a dejar. Pero si
quiere no mermar eurillos a consumidores, usuarios, peatones y empresas,
elimine la tontería de los depósitos para recurrir que se devuelven si se gana
el recurso. Así, además de dejar algún dinero más en nuestros bolsillos, nunca
podremos pensar que hemos perdido un recurso porque eso de reintegrar depósitos
de 25 € lleva tiempo y papeleo.
