¿POR QUÉ SE TARDA EN ELIMINAR UNAS INICUAS TASAS JUDICIALES?

¿QUÉ LE OCURRE AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL? ¿QUIERE QUE SE CUESTIONE SU NECESIDAD?

¿A QUÉ ANALISIS DE LA LEY DE TASAS SE QUIERE DEDICAR EL NEO-MINISTRO CATALÁ?

Después de unos meses de silencio debido a diversas causas, vuelvo a la carga. Y vuelvo con lo que me parece de mayor importancia, pese a todo lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo, que no es precisamente grano de anís ni moco de pavo ni chocolate del loro.

La más importante reforma de la Justicia en España ha consistido en hacerla inaccesible a gran número de personas mediante la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, no modificada significativamente por el Decreto-Ley 3/2013, de 22 de febrero. Con esa “reforma”, España pasaba de tener una Justicia accesible a tener otra sólo accesible a las personas adineradas. Un cambio histórico de radical involución.

Lo advertí con tiempo en ABC, tercera página, 31 de octubre de 2012: LA JUSTICIA DEL ESTADO NO SE RECORTA, que aún pueden releer mediante este enlace: http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1105935

Y en este blog se ha publicado mucho sobre las inicuas tasas impuestas (las concretas y precisas tasas que ahora se exigen: no hablamos de tasas judiciales en general) que, además de no ser verdaderas tasas, desde el punto de vista del Derecho tributario, resultan contrarias a la Constitución por varios conceptos. Repasen, si les parece oportuno, algunos de los textos:

15 de octubre de 2012: OTRA PESADILLA PARA LA JUSTICIA, por Manuel Cachón Cárdenas, abogado y Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Autónoma de Barcelona: http://andresdelaoliva.blogspot.com.es/2012/10/un-excelente-jurista-aporta-nuevos.html. Excepcional y justificadísimamente, publiqué aquí ese magnífico texto ajeno.

Ya míos son estos post: 3 de noviembre de 2012: VERDADES Y FALSEDADES DE LA "JUSTICIA GRATUITA!: "LA JUSTICIA SE ENCARECE PARA QUE SEA MÁS GRATUITA" (EXPLICACIÓN OFICIAL): http://andresdelaoliva.blogspot.com.es/2012/11/verdades-y-falsedades-de-la-justicia.html

3 de febrero de 2013: UNA CORRUPCIÓN MÁS GRAVE QUE LAS (PRESUNTAS) CUENTAS MANUSCRITAS DEL PP* PEOR, MUCHO PEOR, ES CÓMO NOS TIRANIZAN CON LAS TASAS JUDICIALES: http://andresdelaoliva.blogspot.com.es/2013/02/la-autolisis-del-sistema-se-acelera-y.html

20 de marzo de 2013: SOBRE LAS TASAS JUDICIALES, JEREMÍAS BENTHAM LO HABÍA PENSADO Y DICHO TODO, CON CLARA CRUDEZA, HACE 220 AÑOS: http://andresdelaoliva.blogspot.com.es/2013/03/una-protesta-contra-las-tasas_20.html

21 de febrero de 2013: UN CHALANEO INDIGNO PARA DISIMULAR LA INIQUIDAD DE LAS TASAS JUDICIALES: http://andresdelaoliva.blogspot.com.es/2013/02/un-chalaneo-indigno-para-disimular-la.html

24 de noviembre de 2012: TASAS ANTI-JUDICIALES, APAÑO PARA LOS PSEUDO-“DESAHUCIOS”…: http://andresdelaoliva.blogspot.com.es/2012/11/tasas-anti-judiciales-apano-para-los.html

25 de febrero de 2013: EL GOBIERNO DEL PARTIDO POPULAR EXPERIMENTA EN SERES HUMANOS VIVOS CON LAS TASAS JUDICIALES: http://andresdelaoliva.blogspot.com.es/2013/02/el-gobierno-del-partido-popular.html. A propósito del Decreto-Ley 3/2013.

Todo lo anterior y lo que ha venido sucediendo después encaja a la perfección en el marco de una autolisis o autodestrucción del sistema.  Vean el 25 de enero de 2013: LA AUTOLISIS DEL “SISTEMA”: http://andresdelaoliva.blogspot.com.es/2013/01/muchas-cosas-nuevas-nada-novedosas.html

Al Tribunal Constitucional español (TC) se le planteó ya hace mucho tiempo, por distintas vías (recursos y cuestiones), la inconstitucionalidad de la Ley y del Decreto-Ley mencionados. Son normas con negativos efectos diarios en la tutela judicial efectiva, que es absolutamente impedida mediante el condicionamiento de un instrumento recaudatorio que tampoco es acorde con la Constitución, porque no discrimina el tributo (un impuesto; en realidad, no es una tasa) conforme a la capacidad de los contribuyentes (art. 31 de la Constitución Española; en adelante, CE) y porque vacía de contenido el art. 119 CE sobre acceso a la Justicia y recursos económicos de los justiciables. Es el mismo TC el que ha relacionado el derecho fundamental a la tutela efectiva de los tribunales con bastantes otros preceptos constitucionales.

No pretendo —me parece innecesario e incluso insultante para los conocimientos y el sentido jurídico de los Magistrados del TC— exponer aquí pormenorizadamente por qué la referida Ley de tasas, con su parca enmienda del Decreto-Ley, es incompatible con nuestra Carta Magna. La inconstitucionalidad —no de una ley de tasas judiciales ni de cualesquiera tasas, sino de la concreta Ley española que establece las concretas tasas, de la ley concretamente recurrida y cuestionada— raya en lo evidente en sentido estricto: es patente. Sólo a base y a fuerza de sofismas podría escribirse una sentencia del TC en sentido favorable a la Ley 10/2012, de 20 de noviembre. Pero los sofismas y tergiversaciones habrían de ser de una categoría tal que el TC y el prestigio de sus miembros quedarían desacreditados para siempre.

No entiendo la dilación del TC respecto de este asunto. Se ha superado con creces el (hablemos eufemísticamente) margen temporal —ya sumamente discutible y criticable— con que el TC viene resolviendo. Y no es un secreto, sino algo ampliamente conocido, que el TC ya había dado entrada en su telar a la ley de las inicuas tasas que Ruiz Gallardón (RG) patrocinó —con el apoyo de todo el Gobierno— e hizo aprobar a uña de caballo.

Ha sido comentario común, tras la salida de RG del Gobierno, que con sus primeras declaraciones, el Ministro Catalá buscaba marcar la máxima distancia con su predecesor. En ese sentido, la inmediata afirmación de analizar, revisar y mejorar la Ley de Tasas. Pero, ¿qué análisis echa en falta el nuevo Ministro? Después, CATALÁ anunció la convocatoria de una “mesa sectorial”, invención verdaderamente peregrina, porque los justiciables somos todos y, como ya Bentham vio con lucidez, no formamos ningún sector. ¿O va a convocar CATALÁ a quienes, económicamente acaudalados, se benefician de las tasas (ellos pueden demandar, pero no ser demandados), a quienes las recaudan y a quienes han visto muy disminuido su trabajo judicial? No es posible dudar de que se trata de una burda maniobra dilatoria, ante lo que está exigiendo, desde su entrada en vigor, una inmediata y radical rectificación. A la injusticia tremenda de negarse a esa rectificación se añade un error político de enorme magnitud.

No me importa demasiado que algunas corporaciones profesionales —de las que nada o nada bueno espero desde hace mucho tiempo— parezcan haberse tomado en serio lo que es un “mareo de la perdiz” de deslumbrante claridad. Pero, como no entiendo la dilación del TC en el asunto de las tasas anti-justicia, lo que me temo, me importa y me preocupa mucho es que el TC —del que forman parte algunas personas a las que conozco bien y que hoy me merecen aprecio personal y profesional— se tome las palabras y los gestos del neo-ministro como un motivo suficiente para sacar de su telar el asunto de la Ley de Tasas Judiciales y recolocarlo en los armarios de lo que ya no corre prisa.

He dicho “motivo” porque no podía decir “razón”. No hay razón alguna, tampoco una ratio jurídica aplicable al trabajo de un tribunal, para no darse prisa con un asunto que no carece ni de finalidad práctica ni de objeto procesal y sí corre prisa, mucha prisa. Nos corre prisa a todos los justiciables y le debe correr prisa a un Tribunal que tiene entre sus funciones la de expulsar del ordenamiento jurídico lo que no es conforme a la Constitución. Eso siempre es apremiante, por mucha inclinación personal que se tenga a la parsimonia. Nunca he sido partidario de que ningún Tribunal, cuando le toca decidir, aplace su decisión por razones de conveniencia política. Hay razones para otorgar preferencia a ciertos asuntos, por urgencia objetiva. Para aplazar la decisión, una sentencia, casi nunca existe una verdadera razón. En este asunto, el TC en su presente composición se está jugando el prestigio (o, más exactamente, la muy conveniente recuperación de prestigio), así como la consideración social de su utilidad. Con los delicadísimos asuntos de Estado que el TC habrá de resolver, lo último que España necesita es un Tribunal Constitucional que parezca, simplemente parezca, acoger “guiños” de un Gobierno o de un partido que marquen la agenda y el calendario del Tribunal.

 

ANTE LA ABDICACIÓN DEL REY DE ESPAÑA, NADA DE TONTERÍAS

¿DE GUATEMALA A GUATELPEOR?:

UNA INSENSATEZ SUICIDA

 

Que nadie en Guatemala se sienta ofendido. Se trata de una expresión coloquial inventada por su expresividad.

Pero el dicho popular viene a cuento en estos momentos en que algunos “líderes”, no todos ejemplares ni mucho menos, pretenden que España abra un proceso rápido hacia la Tercera República.

Preferir la República a la Monarquía es absolutamente legítimo. Lo es también juzgar con severidad (o con indulgencia) al aún Rey Juan Carlos. Pero promover cambios a peor, basados en la indignación, por justificada que sea, resulta insensato e incluso irracional. Los cambios han de promoverse para bien y deben llevarse a cabo sobre la base de la prudencia, denominada desde Platón “auriga virtutum”, conductora de las demás virtudes, de todos los demás hábitos buenos.  La prudencia no es, como muchos piensan, un fundamento de la inacción o la cobardía. No es pusilanimidad, encogimiento del ánimo, conservadurismo o cosa parecida. La prudencia exige muchas veces audacia, magnanimidad, decisiones radicales.

La prudencia ha sido, es y será siempre el hábito que hace de puente entre lo intelectual y lo agible, entre la teoría (por así decirlo) y la praxis, la conducta concreta, el hábito de poner las ideas en relación con las circunstancias históricas. Se basa, claro es, en tener ideas (buenas) y en conocer las circunstancias reales, la historia, que es pasado y presente.

Historia. En España hemos tenido muchos Reyes y Reinas: excelentes, buenos, malos y pésimos. Sólo hemos tenido dos Repúblicas, ambas pésimas, por más que la Monarquía con la que momentáneamente acabaron asentase la Corona sobre malas cabezas o estuviese encarnada en personas deplorables. Fueron pésimas sin paliativos las dos experiencias republicanas, aunque la Segunda República se promoviese, en grandísima medida, por personalidades egregias y suscitase grandes esperanzas (que enseguida se esfumaron, por lo demás, incluso para muchas de esas personalidades).

Ahora estamos en una situación que se asemeja en parte (por el secesionismo catalán y por la “cuestión vasca”, que acaba de recordar el Lehendakari Urkullu) a los prolegómenos de aquella caótica Primera República que sólo duró un año y en la que acabó proclamándose la independencia de Jumilla. Recuerden el estado de ánimo y el criterio del Presidente Estanislao Figueras (v. http://andresdelaoliva.blogspot.com.es/2009/07/se-acabo-la-constitucion-y-al-tc.html). Y, por el descontento social, archijustificado, la situación presente se asemeja también (aunque las diferencias son asimismo enormes) al estado de cosas previo a la Segunda República. Pero no me parece muy discutible que, ahora mismo, con un cambio republicano nos jugaríamos mucho más que lo que estaba en juego en 1873 o en 1931.

Propongo a los lectores de este blog un test bien sencillo, que me parece muy concluyente sobre la superlativa imprudencia de postular una Tercera República Española. Cuando tantos encontramos enormes dificultades para designar un buen Presidente de Gobierno, ¿qué dificultades no encontraríamos -y no podemos imaginar ya perfectamente, ahora mismo- para designar al primer Presidente de una Tercera República Española, un primer Presidente que, sin duda, habría de ser una personalidad sólida y fuerte, que garantizase medianamente no estrellarnos? ¿O acaso esa presidencia debería recaer en Ignacio Fernández Toxo, Cándido Méndez, Cayo Lara o Pablo Iglesias, por poner sólo cuatro ejemplos? (no menciono a nadie de Esquerra Republicana de Catalunya, porque están ocupados con otra República y al Honorable Mas también le ocupa mucho su “proceso”).

A ver si no nos confundimos. El reto del todavía Príncipe Felipe será el que sea. Pero en estos momentos, todos los españoles tenemos el reto de vivir con serenidad y de actuar con prudencia. Este reto me parece mucho más importante y mucho más decisivo que el de D. Felipe de Borbón. Hace muchísimos años que carezco de todo fervor monárquico. He tenido otros fervores, casi siempre poco duraderos. Pero nunca, y ahora tampoco, he sentido fervor alguno por ninguna especie de salvapatrias y por ninguna clase de mesianismos. Ahora están al acecho. Y ahora, tenemos una Constitución que procede seguir. No la impuso Franco. Fue votada masivamente. Es una norma maltratada, pero de una legitimidad infinitamente superior a las ocurrencias y a los intereses de Ignacio Fernández Toxo, Cándido Méndez, Cayo Lara o Pablo Iglesias, por poner sólo cuatro ejemplos de sujetos que están comportándose con modales autoritarios en estas horas. Y que son tan "clase política" como cualesquiera otros.
 

Éste no es el momento de los cambios más serios y más difíciles que deseamos y necesitamos. Éste no es el momento para que España pase de Monarquía a República, lo que personalmente me alegraría si es posible un buen día. Éste es un momento histórico con circunstancias tales que lo que se impone es abundar en serenidad y prudencia,  superando, aunque sea tragándoselas, animadversiones muy fundadas. No abogo por ningún olvido y por ninguna exoneración de responsabilidad. Lo que digo es que, en nombre del gran aldabonazo que serían los resultados en España de las pasadas elecciones europeas, no procede poner en peligro el sistema democrático que permitió ese aldabonazo. Ese sistema está muy debilitado, sí. Lo he repetido hasta la saciedad. Pero no será con una ruptura constitucional como se recuperen las instituciones. No se sabe de ningún enfermo grave, de ningún agonizante, que haya superado una autopsia.
 

España no es Ucrania ni la Puerta del Sol la plaza Maidán.
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P.S. Hoy había que hablar del inmediato porvenir. Tiempo habrá de comentar la abdicación concreta, como hecho ya consumado. Es un hecho que merece análisis. Entre otros motivos, para que no se nos tome por tontos y bobalicones crédulos.
 

EL PODER NO QUIERE QUE FUNCIONE LA JUSTICIA Y ACTÚA EN CONSECUENCIA

EN TODAS PARTES CUECEN HABAS EN LA JUSTICIA, PERO NO ES NINGÚN CONSUELO

En España, han sido noticia, en las últimas semanas, Juzgados donde no podía funcionar la fotocopiadora o faltaban grapas. No me he limitado a leer esas noticias, sino que he preguntado a quienes diariamente trabajan en bastantes tribunales y me han confirmado un general estado de penuria de los más elementales medios materiales y, más aún, de personal y, mucho más aún, de personal mínimamente cualificado.

 

No me ha extrañado. Porque este periodo del Ministro Gallardón, dejado a rienda suelta para producir papeles "prelegislativos" espantosos y hacer declaraciones lamentables, está siendo la puntilla para una Administración de Justicia impedida por las tasas para los justiciables y desatendida hasta la indigencia por el Gobierno. Me indigna que las declaraciones oficiales sean ya una deleznable propaganda, burdamente mendaz para quienes sepan algo de lo que ocurre en muchos de nuestros Tribunales.

¿Se planteará siquiera alguna vez que se incurra en responsabilidad por declaraciones engañosas o no veraces y se reprima esa propaganda, exigiendo a los dirigentes políticos y sociales que no sean menos rigurosos que los publicitarios y sus mensajes? ¿Por qué la propaganda política no tiene, cuando menos, los límites establecidos y aceptados para la publicidad?

 

Leo en LE MONDE lo que me limito a transcribir, porque pienso que los lectores de este blog no necesitan traducción (por si acaso, señalo que un greffier es aproximadamente el equivalente del Secretario Judicial en España). Juzguen Vds. las semejanzas. Desde luego, ni Hollande justifica a Gallardón-Rajoy ni éstos a Hollande. Pero este cocimiento transnacional de las habas es muy revelador del fondo de los problemas: la Justicia, condicionada y obstruida, parece que sólo le interesa al Poder (y a los poderes) como chivo expiatorio de muchos males de un tergiversado y trastocado Estado de Derecho y para desviar la atención de la responsabilidad del Poder y los poderes en esos males. Por supuesto, no les interesa que funcione bien lo que controla la legalidad en el ejercicio del Poder y puede acabar sancionando desmanes y corrupciones.

¿Qué dice sobre esta realidad abrumadora "la mejor doctrina"? (lean, si no lo han hecho, el post inmediatamente anterior).
 

Mientras los problemas reales son los reseñados, el patio judicial español (Abogacía incluida) se controla y neutraliza por el Poder haciendo promesas a las cúpulas de ciertas organizaciones y corporaciones y teniendo contentos a unos pocos titulares del Poder Judicial, de los que apenas depende la efectividad de la tutela judicial. ¡Qué lástima!

LE MONDE | 28.04.2014 à 11h24 • Mis à jour le 29.04.2014 à 07h06 |
 

 

Justice: les greffiers en grève contre des «conditions de travail indignes»

 

Par François Béguin

 

 

Pontoise, Nanterre, Versailles… Le doigt sur l'écran de son smartphone, Claude Gigoi fait défiler les photos prises ces dernières semaines lors des rassemblements de greffiers sur les parvis des tribunaux de la région. «Ils font eux-mêmes les panneaux et les slogans», se réjouit la déléguée régionale pour la cour d'appel de Versailles du syndicat des greffiers de France-FO (majoritaire). Une émancipation de l'encadrement syndical qui témoigne, selon elle, du degré de mécontentement chez ses 9 200 confrères.

Greffière auprès du juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Paris, où elle s'occupe notamment des rétentions administratives et des placements sous contrôle judiciaire, Claude Gigoi, 40 ans, a choisi de faire grève, mardi 29 avril, pour demander une revalorisation indemnitaire et statutaire. Elle assure avoir reçu des «centaines de mails» de ses collègues faisant état d'une trop faible rémunération, d'un manque de reconnaissance et plus généralement d'une insuffisance des moyens accordés à la justice. «Nous travaillons dans des conditions indignes, dit-elle. On craque, on n'en peut plus.»

 

« ON NOUS PREND POUR DES SECRÉTAIRES »

 

«Un greffier débute avec un salaire mensuel net de 1 500 euros, rappelle-t-elle, alors qu'il est souvent titulaire d'un bac + 4, ou bac + 5.» Elle-même touche 1 800 euros par mois avec quatorze ans d'ancienneté. Avec une telle somme, «impossible de faire vivre une famille en région parisienne». La profession, pourtant indispensable au bon fonctionnement de la justice, est souvent mal connue du grand public. «Les gens ne savent pas ce qu'on fait, explique Claude Gigoi. On nous prend pour des secrétaires, alors que nous sommes des professionnels du droit.»

Elle se souvient qu'à l'école nationale des greffes de Dijon, il y a une quinzaine d'années, ses formateurs lui avaient «vendu» un «métier formidable». Arrivée en juridiction, elle avait mesuré l'ambivalence de cette promesse, et découvert une activité où «il faut savoir tout faire», les tâches les plus qualifiées comme les plus modestes.

 

«Nous renseignons les magistrats, les avocats, les prévenus. On est à l'interconnexion de tout le monde, explique la greffière. A nous de trouver les interprètes, prévoir les extractions, expliquer le système judiciaire à des familles souvent désorientées, vérifier que toutes les personnes qui doivent être incarcérées le sont… Nous sommes incontournables.» Un rôle central qui «a quelque chose de gratifiant et d'excitant, reconnaît-elle. Je travaille dans un service où l'on ne s'ennuie jamais ».

 

«ON EN ARRIVE À ACHETER NOS PROPRES STYLOS»

 

Ces différentes missions, il faut parfois les assurer dans des conditions ubuesques et régulièrement «faire les fonds de tiroir». Le fax tombé en panne? «On sait qu'il ne sera pas réparé.» Les fournitures? « On en arrive à acheter nos propres stylos. Et on ne sait jamais si on aura assez d'enveloppes et de rames de papier pour terminer l'année.» Les cartouches d'encre? « Il y en a moins que d'imprimantes.» Dans son service, «on est à trois par ordinateur car la pièce est trop petite, raconte-t-elle. On joue aux chaises musicales pour consulter nos mails. Heureusement, il y en a toujours un en audience. »

Claude Gigoi se dit favorable à une évolution de son statut, avec plus de responsabilités, comme par exemple s'occuper des divorces par consentement mutuel. «On a le niveau d'études, assure-t-elle. De façon officieuse, on fait déjà beaucoup de choses qu'on ne devrait pas faire. Cela devrait être officialisé de manière à faire sortir le greffier de l'ombre.»

Mais pour tous les greffiers qui seront en grève mardi, ces nouvelles missions doivent trouver des contreparties salariales. «Nous demandons notre passage de la catégorie B à la catégorie A, comme les infirmières, les instituteurs, les enquêteurs de police, annonce la déléguée syndicale. Le ministère ne nous propose actuellement qu'une augmentation d'une quinzaine d'euros par mois.» Mme Gigoi rappelle qu'elle est amenée à travailler certains dimanches et jours fériés. «J'ai déjà eu une audience qui s'est terminée à 4 heures du matin, dit-elle. Pour la vie familiale, les horaires extensibles, c'est déstabilisant.» Et de glisser que dans un tribunal, les greffiers sont généralement les premiers arrivés et les derniers partis.

 

LA COBARDÍA DEL CONFORMISMO EN EL MUNDO JURÍDICO Y UNIVERSITARIO

EL “BOOM” DE LOS “JURISTAS“ TRENDY

 

No recuerdo en mi vida un tiempo de más conformismo, adocenamiento, dimisión del sentido crítico, cobardía e ignorancia que el que ya dura al menos tres lustros. Me refiero, sobre todo, a España y al ámbito del Derecho. Y también, desde luego, al ámbito de nuestras Universidades.

Como si no pasase en este país nada ética y jurídicamente grave, nada deplorable, discurren clases universitarias y conferencias y se escriben artículos y libros, sin que apenas se alcen voces que expresen con veracidad y claridad un análisis preciso de tantas reformas legales in peius (a peor) y de tantas propuestas indisimulablemente totalitarias, corrosivas para un verdadero Estado de Derecho, que, para ser real, necesita, antes que nada, un Derecho verdadero. Y no es que no haya personas capaces del análisis que se echa en falta, riguroso y crítico, bien fundamentado en los principios jurídicos más sólidos. Las hay. Simplemente, muchas de esas personas no obran coherentemente con su capacidad ni, en muchos casos, con su deber. Callan acerca de todo lo importante e incluso contribuyen a encubrir el diversificado y feroz ataque al Derecho y al Estado del Derecho, porque no sólo no dan noticia de alguna de las muchas manifestaciones de esa agresión multiforme, sino que hablan y escriben de esto y de lo otro como si estuviésemos en una situación general de normalidad. Y sólo por carecer culpablemente de la más elemental información o por sufrir una atrofia intelectual patológica se podría pensar que vivimos tiempos de normalidad, en cualquiera de los sentidos de esta palabra.

No me estoy quejando de que las Facultades de Derecho o los productos editoriales, p. ej., no sean un hervidero de diatribas. No echo de menos una situación de constantes invectivas, de críticas feroces y de quejas y lamentaciones sistemáticas. Tampoco sugiero dejar a un lado el seguimiento de lo más novedoso, en España y en Europa (comenzando, claro es, por la Unión Europea) y descuidar una labor informativa. Me quejo de tanto conformismo ante injusticias clamorosas y ante indisimulables ataques a esa piedra angular del Estado que es su Administración de Justicia. Lo que me entristece, disgusta y preocupa es, por un lado, la incapacidad (muchas veces sólo aparente, fingida) para valorar los cambios y la carencia de un esfuerzo elemental para integrar esos diversos cambios, implantados o proyectados, en lo que, more anglico, llamaríamos la “big picture”, el conjunto del panorama. Y, por otro lado, me entristece, disgusta y preocupa la aceptación silenciosa de esos cambios y del panorama resultante, sea por insensibilidad, por pusilanimidad (ánimo pequeñito, alma pequeña), por el interés de establecer y mantener buenas relaciones con el poder de cualquier tipo o por cualquier otro motivo.

El caso es que, entre la errónea deriva en gran medida propiciada por “Bolonia” (v., aquí mismo, la página http://andresdelaoliva.blogspot.com.es/p/la-universidad-dimitida.html) y una generalizada idolatría al poder, que ha desalojado todo afán por la verdad, todo empeño por conocer y valorar la realidad, en la mayoría de los ámbitos universitarios y jurídicos ha desaparecido la crítica y la libertad de opinión y de expresión. Se está viniendo a considerar, no ya políticamente incorrecto (que eso sí lo es), sino impropia de un quehacer analítico científico-jurídico, cualquier discrepancia, tanto general o global como parcial o de matiz. Las ocurrencias de reforma se divulgan, se comunican y se explican, pero jamás se critican. Anatema sit, sea anatema quien vea, conozca y exprese amenazas a la libertad personal y a la independencia judicial, a la efectividad de la tutela judicial, a la igualdad, a las debidas y razonables garantías. Y el anatema, formulado de muy diversos modos, es tan eficaz que ha llegado a generar en muchos una arraigada costumbre personal de autolimitación del pensamiento y, en todo caso, de autocensura. Amaestrados, ya no necesitan ulteriores órdenes e instrucciones.

Aunque al poder (político, económico, etc.) le disguste que existan en ámbitos jurídicos algunos individuos combativos y aunque le duela el hígado si esos individuos se agrupan, puede aceptar esos fenómenos en cuanto realidades marginales, similares a los alborotadores anti-sistema y mejor aún si le cabe presentarlos como grupúsculos vandálicos. Al show del pluralismo trucado incluso le vienen de perlas unos cuantos frikies, en estos casos inventados, así etiquetados para neutralizarlos.

¡Ah, pero en la Ciencia jurídica, en la Universidad, nada de abiertos desacuerdos, de claras discrepancias, de fuertes críticas! En los ámbitos científicos y académicos no es que resulte impropio escribir o decir lo que pueda ser considerado insultante o hiriente para el poder, siempre hipersensible: es que no se admite ser claro y tajante: todo ha de ser primordialmente descriptivo, morosamente discursivo, suavón, indirecto. No se pide un lenguaje cortés y que salve las intenciones, no. Lo que, más que pedir, se exige, es aquiescencia general, con máximos eufemismos si, a lo sumo, se pretende expresar la hipótesis de que quizás, tal vez, hubiera podido ser algo distinto en algún aspecto lo que se ha legislado o se pretende legislar o lo se ha resuelto y decidido. Pero ni siquiera está bien visto matizar. Es demasiado atrevido eso de presentarle matices al poder.

Así que el legislador o este o aquel tribunal pueden masacrar el lenguaje, la lógica formal, la jerarquía normativa, los imperativos constitucionales, la equidad, los más elementales criterios de justicia, el respeto a la verdad (¡cómo mienten en las exposiciones de motivos de las leyes o cuando se ponen a hacer una falsificación del Derecho comparado!) y todo buen sentido. Pero, ante tales masacres, el jurista (presunto o verdadero) no puede hablar o escribir con la clara contundencia que una masacre merece. No existen masacres, graves errores, desafueros ni desastres. Ya me entienden: claro que existen y, lamentablemente, son muy numerosos y frecuentes. Pero no se puede levantar acta de su existencia. Para mantenerse correcto y aceptable, para no desentonar en los ámbitos académicos, para escribir y perorar, en un tono (presuntamente) científico, toda crítica ha de pulirse hasta ser irreconocible y cualquier aspereza discrepante está de más y ha de ser severamente limada. Es como si, en caso de ser apuñalados por la espalda, lo único que pudiésemos decir fuese "por favor, no me dé más palmaditas de ánimo".

Así, con sólo pocas y en ocasiones heroicas excepciones, la comunidad jurídico-académica ha guardado silencio ante las denegaciones de justicia masivas de las tasas judiciales introducidas en noviembre de 2012 y ahora callará ante la brutal alteración del sistema de fuentes del Derecho que el Ministro Ruiz Gallardón y el Gobierno de Rajoy Brey (C. de Ministros del 4 de abril de 2014) pretenden producir con una enésima reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Callarán ante la evidencia de nuevos mecanismos para controlar cuanto sea posible al Poder Judicial, aunque resulten tan estrafalarios como la reducción al mínimo de los órganos jurisdiccionales unipersonales, reforma que en ningún país civilizado se ha llevado a cabo. Pero si los lectores quieren entender el sentido de la norma, no se engañen: lo que la explica es que hace tiempo que el poder político-económico no soporta la potestad jurisdiccional de un simple Juez de Primera Instancia o de un simple Juez de Instrucción. La prensa, sin instancias serias de las que nutrirse distintas de la propaganda oficial, traga las atrocidades publicitando un par de señuelos de apariencia progresista (desaparición de los “jueces estrella”, disminución de los aforados, supresión de declaraciones por escrito, p. ej.)

Ocurre, en suma, que ha venido a aceptarse como elemento de nuestra vida cotidiana la improcedencia e incluso la imposibilidad de buscar y de decir la verdad, ni siquiera en las Universidades, en las Facultades de Derecho y en sus Departamentos. Quien tiene el empeño de indagar con independencia, de formarse su propio criterio sin someterse a diktats (cosa muy distinta de tener en cuenta opiniones autorizadas) y de expresarse como piensa que se le entenderá mejor, es considerado extremoso, excesivo y, por supuesto, radical. Y ninguno de estos calificativos se acepta que cuadre con el cultivo de la ciencia, incluida la jurídica.

Diré dos cosas. Radical es palabra proveniente del latín radex-radicis, raíz. Pero tener sólidas y profundas raíces me parece algo bueno, mucho mejor que ser desarraigado o poseer unas raíces mínimas. Como vegetales, un olmo, un roble o una encina me parecen más serios que un champiñón de champiñonera, que crece sobre una bandeja con apenas dos dedos de humus (y, para colmo, no sabe a nada).

En cuanto a la Ciencia del Derecho, la tropa de los trendy jurists, ya consolidados, aprendices o en avanzado grado de formación, haría bien en recordar lo que dice Domicio Ulpiano, en Digesto 1, 1, 10, 2: Iurisprudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia. La jurisprudencia —la ciencia del Derecho, la Jurisprudenz— es el conocimiento de las cosas divinas y humanas, la ciencia de lo justo y de lo injusto. ¿No es ésta una buena raíz para la Ciencia Jurídica? ¿No es una raíz honda y viva, inmejorable? Pues que tomen nota: cuando se quiere hacer una genuina ciencia jurídica no se puede desconocer la realidad —las divinarum atque humanarum rerum—, desvinculando las normas de lo que ocurre, de la historia y de sus protagonistas, ni menos aún cabe desentenderse de la justicia y la injusticia. Y, sin embargo, ¿cuántos no piensan, o escriben y hablan como si pensaran, que cualquier referencia a lo justo o lo injusto es ajena a la ciencia jurídica e incluso descalifica un escrito como científico? Esto es lo trendy, ésta es la tendencia dominante, a la que se han apuntado tantos escribidores y charlistas sobre temas jurídicos. Y, sin embargo, el cultivo científico del Derecho a cargo de quien prescinda de lo justo y de lo injusto es un imposible. Un profesional del Derecho sin preocupación operativa por lo justo y lo injusto nunca estará ni honrando el Derecho ni haciendo Ciencia jurídica.

En cuanto a la verdad, a su búsqueda y a su expresión libre, suenen de nuevo estas duras y ardientes palabras:

«Si sólo se dijese la verdad, no se podría vivir.  ¿Quién ha dicho esta blasfemia?  ¿Quién es el menguado que sostiene y propala que quien se proponga ser verídico siempre se estrellará? ¿Qué es vivir?  ¿Qué es estrellarse?»

«En todos los órdenes, la muerte es la mentira y la verdad es la vida. Y si la verdad nos llevara a morir, vale más morir por verdad, morir por vida, que no morir de mentira, vivir muriendo.» (Miguel de Unamuno, Ensayos, VI, Publicaciones de la Residencia de Estudiantes, Madrid,  1918, pág. 240)

LA IDIOCIA DE FESTEJAR UN ENDEUDAMIENTO INMORAL

POLÍTICOS SIN VERGÜENZA NI SENSIBILIDAD

Nunca he logrado entender cómo una gran mayoría de medios de comunicación han estado festejando, y aún hoy persisten en festejar, los sucesivos endeudamientos del Estado sobre la base de que los intereses comprometidos en cada ocasión son muy bajos (en comparación con los que habíamos de ofrecer con la famosa “prima de riesgo” disparada). Cualquiera diría que deber cada día más dinero es, para quien no esté loco, un sólido motivo de alegría, regocijo y entusiástica celebración.

Pero sí. Lo que está ocurriendo es que seguimos pidiendo dinero prestado, sin reducir seriamente el gasto público del que vive la muy nutrida clase política con todas sus numerosas subclases, dejando prácticamente intacto un “Estado de las Autonomías” sobredimensionado. En cambio, lo que se ha hecho para reducir el gasto han sido severos recortes en servicios esenciales —esenciales también para cualquiera que se proclame liberal: justicia, defensa, seguridad del Estado, p. ej.— y en prestaciones sociales que merecían conservarse —con serios ahorros, desde luego, pero sin grandes deterioros—, como la sanidad, la educación, las instituciones investigadoras, etc.

El Gobierno del Sr. Rajoy (Presidente al que siempre reconoceré el mérito de no haber pedido el rescate completo de España, pese a los enormes presiones en ese sentido) no se atreve a las reformas del Estado que son necesarias y, no sólo carece de ese atrevimiento, sino que tiene la fácil osadía de esquilmar a la clase media y no combatir en absoluto la tan arraigada y ya añeja praxis empresarial de la simbiosis con lo público: una simbiosis claramente parasitaria. Eso es lo que, de hecho y dejando al margen modelos ideológicos que no vienen a cuento frente a la realidad, ha sucedido y sigue sucediendo con las privatizaciones y hasta con las cesiones de gestión de servicios públicos, por no hablar de las ordenaciones y reformas urbanísticas: oportunidades de negocio, a veces pingüe (porque los supuestos empresarios no arriesgan un duro) en las que los conflictos de intereses, que deberían operar como frenos, funcionan como estímulos porque se convierten en convergencias de intereses, del que está excluido el interés público, el bien común o como se le quiera llamar al beneficio para la generalidad de las personas. Ésa es la almendra de la corrupción.

Por añadidura, sigue siendo muy tenebroso, muy oscuro, el papel de las entidades financieras, aunque sí está claro que su rescate lo pagamos todos.

El pequeño emprendedor, la empresa familiar, el autónomo y el peatón democrático soportan una presión fiscal tremenda. Y, paradójicamente, no se recauda lo suficiente. El sistema tributario es, nos dicen todos, muy ineficiente. Pero, ¿cómo podría ser eficiente si la cosa pública está, toda ella, en muy malas manos? (recuerden: http://andresdelaoliva.blogspot.com.es/2013/12/a-los-35-anos-de-la-constitucion-ella.html) Encargan a expertos una serie de propuestas de reforma fiscal. Pero, ¿acaso no persigue el encargo, marginando reactivar la economía y mejorar el nivel de vida general (que, al revés, no cesa de bajar), aumentar la recaudación? Están llegando al nivel de los atracadores, pero sin los riesgos de éstos. Ya lo había escrito antes, pero me parece que debo repetirlo.

Al tiempo, seguimos gastando más, mucho más, de lo que tenemos (o, en otros términos, de lo que obtenemos). Pero digo mal, porque no seguimos gastando: son “ellos” los que siguen gastando mucho más de lo que equitativamente pueden recaudar y más de lo que razonablemente pueden seguir pidiendo prestado, como si nadie tuviese que devolverlo. Y hay quien presta, porque sabe que, en algún momento, si no en dinero, recibirá a cambio activos suculentos.

La gente, los españoles en su inmensa mayoría, siguen con muy poco dinero en el bolsillo: el justo para llegar a fin de mes. Millones de empleados ganan menos que antes y se mantiene una gran masa de desempleados, sin una tendencia clara y firme de creación de empleo. Sectores productivos enteros se salvan por la exportación y otros se mantienen a causa de las compras por empresas e inversores extranjeros de toda clase de los aludidos activos españoles previamente depreciados por la crisis, pero sin duda valiosos en sí mismos. Porque España está en saldo, como hace tiempo veía venir en este blog (vean, a título de ejemplo: http://andresdelaoliva.blogspot.com.es/2010/05/el-ajuste-espanol-no-convence-ni.html). Y las compras a saldo se presentan como recuperación, incluso como espectacular recuperación económica. Y es que, también en el ámbito de la información y de la opinión sobre economía, la propaganda ha sustituido casi totalmente cualquier reflexión medianamente seria. Vean lo que ha dicho Bárbara Erehnreich: "Los periodistas no se comprometen con su profesión porque escriben para los ricos":  http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2014-03-27/los-periodistas-no-se-comprometen-con-su-profesion-porque-escriben-para-los-ricos_107537/

Y así es: aunque suene a archi-super-megatópico, resulta que nuestros políticos y todos sus expertos y escribidores alquilados o gratuitamente serviles se caracterizan por la insensibilidad absoluta hacia los necesitados, hacia la gente en apuros y por una paralela determinación muy firme de procurar que los ricos se enriquezcan aún más. Esta aberración moral y política no se da sólo en España, pero aquí se da. Hay demasiados dirigentes sin vergüenza ni sensibilidad.

Así las cosas, aparece esta noticia: “Europa” no se cree los “brotes verdes” porque el gasto público en España está descontrolado: http://www.elconfidencialdigital.com/dinero/Europa-brotes-verdes-Espana-descontrolado_0_2242575746.html

No es que me guste —al contrario, me preocupa mucho— que “Europa” pueda exigirnos más “recortes”. Pero, por de pronto, es un consuelo que algunas desvergüenzas no cuelen siempre y en todas partes.



Apenas venticuatro horas después de escribir este "post", aparece el comentario de Carlos Sánchez sobre informe de la OCDE acerca de la deuda pública en distintos países y en España. No se lo pierdan: http://blogs.elconfidencial.com/espana/mientras-tanto/2014-03-29/un-grafico-que-deberia-abochornar_109367/

UNA IMPUTACIÓN DE LA POLICÍA PARA DESTRUIR LA JUSTICIA

LO QUE NO ES JUSTICIA NI PERIODISMO NI POLICÍA

Voy a ser brevísimo. Acabo de ver en el diario EL MUNDO (y después están "repicando" en todos los medios la misma "noticia") estos grandes titulares:

La Policía implica a Álvarez-Cascos como perceptor de comisiones de la trama Gürtel

http://www.elmundo.es/espana/2014/02/03/52efd4bcca47415b3c8b4578.html

Vaya por delante que hace tiempo que no pongo la mano en el fuego por nadie del mundo del dinero y de la política, aunque también me guardo mucho de prejuzgar negativamente a ninguna persona.  Pero si es cierto lo que se dice en EL MUNDO sobre la denominada UDEF, tampoco puedo -tampoco podemos- poner la mano en el fuego por nuestra policía, lo que es de extrema gravedad, más aún que no poder fiarse de muchos pretendidos periodistas. Si Francisco Álvarez Cascos ha recibido comisiones ilícitas y delictivas, muy bien estará que se le acuse y se le condene. Pero no de este modo: no por la policía ni por ningún medio de comunicación. No por quien no tiene el deber y la responsabilidad de acusar y de condenar.

 

Si la denominada "Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal", además de investigar, imputa y condena ante la opinión pública, porque sus informes son públicos, ¿para qué queremos jueces y magistrados y procesos penales y preceptos legales, Constitución incluida?

 

Si aceptamos que el deshonor y el descrédito absolutos, que son durísimas condenas para mí y supongo que para cualquier lector habitual de este blog, se impongan de esta manera, cualquier día podemos, cualquiera de nosotros, ser víctimas del delito de calumnia, con todas sus tremendas consecuencias, también laborales y económicas. El delito no se puede combatir impunemente cometiendo delitos. Y eso es lo que ocurre en casos como éste, que traigo a colación por su especial claridad.

 

En "El Confidencial", Carlos Sánchez ha publicado un artículo de mucho interés sobre la prensa española, en la que lo menos relevante es el título. Les recomiendo que lo lean, porque hay mucho conocimiento de causa en ese texto y mucha sensatez en el análisis. Ya imaginan, por lo que aquí llevo dicho, qué largos párrafos suscribo por completo. Les dejo el enlace, con la recomendación de lectura: http://blogs.elconfidencial.com/espana/mientras-tanto/2014-02-02/pedro-j-ramirez-suicidio-o-asesinato_83840/

 

Noten algo que no suele llamar la atención cuando, por el contrario, es altamente significativo: el anonimato. ¿Quién es la UDEF? ¿Acaso escriben (muy mal, por cierto) informes los entes: las "unidades", los "servicios", los "negociados", las "agencias", etc? No: los papeles los escribe siempre alguien, aunque sean muy reservados. Que no se admitiesen en ninguna parte papeles no firmados, anónimos, ni informaciones de referencia sobre anónimos, sería una radical medida, muy saludable para no ir cometiendo fechorías.

 

Para terminar, por hoy: vengo observando que los asuntos en que menos se cumple una mera sombra del secreto del sumario son aquéllos que se siguen en el ámbito de la Audiencia Nacional. Desde su creación, me ha disgustado, como tribunal penal especial, la Audiencia Nacional. Se puede justificar la especialidad respecto de terrorismo o bandas criminales, porque sólo cabe proteger especialmente a unas pocas personas. Pero la competencia sobre delincuencia económica es a todas luces excesiva y concentra un poder enorme. Y ya lo dijo muy claramente -entre otras muchas cosas lúcidas- Lord Acton: Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely.

 

 

LA SEGUNDA IMPUTACIÓN DE LA INFANTA CRISTINA

UN DESMADRE DEL JUEZ Y DEL FISCAL, QUE NO AYUDA NADA A LA JUSTICIA

Antes de explicar en qué consiste el desmadre y por qué no ayuda, sino que perjudica a la Justicia, me parece necesario dejar sentados algunos puntos, de mucha más importancia aún que lo que considero un desmadre.

I.— El primero es éste: me parece temerario que quienes no conocen con detalle las actuaciones de la instrucción en ese proceso hayan alcanzado ya un veredicto, sea de culpabilidad, sea de inocencia. Es un juicio temerario, porque es un juicio sin conocimiento de causa de un caso con muchos hechos relevantes (acciones y omisiones durante años) que han de ponerse en relación con normas y criterios jurídicos de intenso tecnicismo, como son las que definen el delito fiscal o el blanqueo de capitales. No se trata de un solo hecho central y un pequeño cortejo de hechos accesorios (como un apuñalamiento que causa una muerte o recibir unos concretos regalos en razón de un cargo público, por poner dos ejemplos). Consecuentemente, lo que se escribe a partir de ese veredicto temerario me parece lamentable y, en ocasiones, repugnante, porque, en un asunto que requiere el debido proceso, esas opiniones no sólo prescinden de él, sino que lo obstaculizan y lo descalifican de antemano y, no pocas veces, descalifican injustamente a nuestra Justicia, que para sí quisieran muchos países, incluidos no sólo bastantes de los considerados civilizados, sino también algunas potencias mundiales. Dar por sentado con el máximo énfasis, con máxima rotundidad, que nada negativo le ocurrirá finalmente a la Infanta Cristina, sea porque la imputación se revocará o porque será absuelta, porque aquí no hay jueces y magistrados independientes, es un apriorismo injusto y falso, como nuestra historia reciente muestra.

Es tremendo desatino tirar piedras contra España con ocasión del “affaire Noos”, que es lo que objetivamente están haciendo esos comentaristas, sean profesionales o blogueros, al dar por sentado que la condena jamás se producirá aun siendo plenamente merecida. Pero se ve que muchos tienen a flor de piel una actitud propia de la “Ley de Lynch”: ahorcar rápidamente al cuatrero o, mucho peor, ahorcar de inmediato al negro que parece haber agredido a un blanco. La “Ley de Lynch” ha sido y es patrocinada y aplicada verbalmente aquí en bastantes casos. Es como si volviéramos al simplicísimo “nullum crimen sine pena”, como si no se hubiese alcanzado después la regla “nullum crimen, nulla pena, sine previa lege penale”, con el añadido “sine previo processo penale”.

Como ven, no se trata sólo ni principalmente de respetar la presunción de inocencia, sino de algo más elemental, como es hablar, opinar y juzgar con o sin suficiente fundamento. Y se trata también de no confundir la crítica política (y no digamos la crítica política instrumental de planes políticos) con la opinión jurídica sobre asuntos judiciales en curso (v. nuestro post CORRUPCIÓN SOBRE LA CORRUPCIÓN Y CORRUPCIÓN COMO DISTRACCIÓN, de 15 de abril de 2013: http://andresdelaoliva.blogspot.com.es/2013/04/corrupcion-sobre-la-corrupcion-y.html)

Dicho lo anterior, añadiré algunas cosas más. Aunque la Infanta no está aforada, es decir, está siendo sujeto pasivo de un proceso a cargo del juez ordinariamente previsto por la ley, los privilegios están saliendo a relucir constantemente en estos días. Pues bien, hace muchos años ya que tengo señalada y denostada la tremenda proliferación de aforamientos actual, que supera con creces a la franquista. Asimismo, hace años que me parece gravísimo el problema de la imputación y, en concreto, ésa que se produce de modo que se estigmatiza a una persona, en ocasiones con enorme e irreparable daño moral y patrimonial, pero el estigma se dice debido a la necesidad de ofrecer las mayores garantías a la persona a la que se imputa: “venga Vd., como presunto delincuente (porque eso es lo que deriva de la imputación), porque así tiene que venir con Abogado, sin el deber de decir verdad y con el derecho a guardar silencio sin que de éste se le derive ningún perjuicio. Es todo por su bien, imputado”. No es posible seguir manteniendo un sarcasmo tan nocivo como éste y pretender, a la vez, que nuestros procesos penales son impecables. Pero éste es un fallo mucho más de la ley y de cierta jurisprudencia que de este o aquel juez.

Llevo también mucho tiempo clamando contra la masiva violación del secreto del sumario o, en términos más precisos, de las actuaciones de instrucción. Son tantos los efectos negativos de esa habitual infracción jurídica que no me detengo en ella, aunque volveré sobre ella de modo muy concreto.

Por último, debo añadir que no tengo buena opinión, sino todo lo contrario, sobre el comportamiento de muchos miembros de la actual Casa Real. No me inclino en modo alguno a defenderlos, pero tampoco siento deseos de verlos condenados penalmente. Desde luego, no pienso que, aunque merezcan una condena, hay un interés público o del Estado en evitarla porque el Estado peligra. El Estado no peligra si hay una condena justa y bien fundada. Pero el Estado peligra tanto si se les absuelve malamente como si malamente se les condena.

II.— Sentado lo anterior, llego al punto que he calificado de desmadre.  El 3 de abril de 2013, el juez José Castro Aragón, titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Palma de Mallorca, dicta un auto, de 18 páginas, por el que citada a declarar como imputada a la Infanta Cristina. Aquí analizamos ese auto en el post SOBRE LA CITACIÓN DE LA INFANTA CRISTINA A DECLARAR COMO IMPUTADA, de 6 de abril de 2013: http://andresdelaoliva.blogspot.com.es/2013/04/sobre-la-citacion-de-la-infanta.html. Revocado este auto por la Audiencia Provincial, al cabo de bastante tiempo y tras nuevas actuaciones, el juez José Castro dicta un nuevo auto el 7 de enero de 2014, por el que nuevamente cita a la Infanta a declarar como imputada, esta vez por delito fiscal y blanqueo de capitales. El nuevo auto consta de 227 páginas.  A quien le interese mucho leerlo si no lo hizo en su momento (cosa comprensible y disculpable), aquí le dejo un posible enlace: http://www.elmundo.es/espana/2014/01/07/52cba147268e3ea3448b456a.html.

Con sorpresa (y disgusto) de muchos, se anuncia que la Infanta no recurrirá el auto de 7 de enero y que está dispuesta a declarar tan pronto como lo disponga el juez Castro. La Fiscalía Anticorrupción, personificada en Pedro Horrach, que ha seguido e impulsado el caso desde el principio, siempre al lado del juez Castro hasta una fuerte discrepancia sobre la imputación de la Infanta, anuncia poco después que tampoco recurrirá el auto. Pero el día 15 de enero de 2014, el fiscal Horrach presenta un escrito, de 11 folios y medio, pidiendo que, antes de recibir la declaración de la Infanta, Castro cite y tome declaración a varios Inspectores de la Agencia Tributaria (como peritos), a los representantes de varias empresas (como testigos) y, sin mencionar en qué calidad, a la Inspectora Jefe del Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional.  En este escrito (al que los lectores de este blog pueden acceder desde el siguiente enlace: http://www.elmundo.es/espana/2014/01/16/52d7d1c9e2704e486c8b4577.html), Horrach, para fundamentar su petición, analiza distintos pasajes del auto de Castro de 7 de enero de 2014 y critica muy duramente —con dureza en verdad insólita— algunas de las más importantes afirmaciones vertidas por el juez en su auto.

De inmediato, se acusa virulentamente al fiscal, desde distintas instancias, de buscar el desprestigio del juez Castro y de defender con parcialidad y sin objetividad a la Infanta. No pocos dan por sentada la intervención de Horrach en una “campaña de desprestigio” del juez Castro y, además, afirman una concertación del Fiscal con la defensa de la Infanta, etc. Me parece que, como diré más adelante, la realidad es distinta.

Si uno no pretende que conoce realidades extraprocesales que desconoce y no hace caso de quienes escriben como si las conocieran con certeza o, en todo caso, se prodigan en procesos de intenciones (contra o a favor del juez y contra o a favor del fiscal); si uno se atiene a los papeles, a las resoluciones citadas, la verdad que muestran no es otra que un desmadre: un total desbordamiento del cauce, una actuación desquiciada, sacada de quicio y, por tanto, moviéndose fuera del eje necesario y razonable. La única realidad clara es, por un lado, una resolución judicial que no busca estrictamente resolver, decidir, con la motivación necesaria (¡ojo!: hablo de la resolución judicial, del auto del pasado 7 de enero, no del juez Castro); y, por otro lado, una solicitud de diligencias de instrucción que va más allá de motivar esas diligencias.

El fiscal Horrach hubiese podido exponer la motivación de su solicitud de declaraciones y su discrepancia con el juez Castro sin sembrar su escrito de frases y expresiones hirientes, perfectamente superfluas para el fin de la administración de justicia. Pero el auto de 227 folios, cronológica y lógicamente anterior al escrito de Horrach, es un insólito documento al que le sobran muchos, muchísimos folios para justificar una citación a declarar como imputada a la Infanta Cristina. Y aquí, en el terreno de lo procesal, ineludible para hacer justicia, lo que abunda y sobreabunda sí daña, y mucho. Daña muchos bienes de la vida y jurídicos y daña, para empezar, la consideración que podrían merecer los autores de esos documentos.

No hace ninguna falta ponerse a calcular cuántos folios del descomunal auto de 227 folios están de más. Dejo también a un lado la grandísima paradoja que representa esa desmesurada extensión precisamente cuando es candente —y el mismo auto lo reconoce así varias veces— la polémica sobre la desigualdad de trato y el contraste con los habituales comportamientos procesales en el caso de la Infanta. Lo dejo de lado porque ni lo inusual es necesariamente ilegal o inmoral ni lo usual es siempre maravilloso y digno de aplauso. No es infrecuente que, en bastantes otros casos, juez, fiscal, abogados, etc., se aparten de lo habitual. Y no constituye un argumento jurídico que innumerables citaciones a declarar como imputado se acuerden en resoluciones de un folio o dos. He visto en mi vida bastantes citaciones practicadas aún más concisamente: mediante telegrama de tres líneas, ante el que el destinatario tenía que hacer gestiones para enterarse del motivo de ser citado, a veces tras infringirse la ley (porque, p. ej., se había omitido la inmediata comunicación al querellado de la querella admitida: art. 118 LECrim).  Me parece claro que todo esto, lo más frecuente y lo habitual, no es precisamente admirable y deseable.

El de 7 de enero de 2014 es un auto monstruoso en el más estricto sentido del término “monstruo”. Decir, como se ha dicho, que es el auto más motivado de nuestra Historia no será la mayor tontería publicada en nuestra Historia, pero es de las afirmaciones más estultas que recuerdo en el periodismo español sobre asuntos judiciales. La motivación no se mide al peso en papel o por número de bytes. Debería holgar decirlo, pero parece que es necesario. Lo que el auto del juez Castro puede tener de record es la extensión física, pero no lo considero en absoluto ejemplar. Las resoluciones judiciales (y, en general, los actos procesales escritos) deberían caracterizarse por la sobriedad en la exposición de hechos y de fundamentos jurídicos. Así son más claros y convincentes. De esa ejemplaridad se aparta mucho el referido auto del juez Castro. Es significativo que algunos profesionales del Derecho hayan llegado a escribir y publicar unos artículos encaminados a separar el grano de la paja y explicar la sustancia del auto a quienes estuviesen interesados en entender la imputación.

Hay mucha hojarasca en los 227 folios y una resolución con ese contenido y ese impacto hubiera debido caracterizarse por carecer de tantos elementos que están de más, que sobran y que, en definitiva, son estorbos para el fin de impartir justicia de modo sereno y convincente.

Sobran las numerosas páginas del auto en que se reproducen alegaciones de distintas partes procesales. Sobran porque el juez sólo tenía que tomarlas en consideración y para eso no necesitaba reproducirlas. Sobran porque muchas son innecesariamente denigratorias y sobran, en especial, las que denigran a personas que no son parte en el proceso. También están de más las páginas en las que el juez polemiza, mucho más allá de fundamentar lo que resuelve. Y polemiza a tutiplén. Polemiza con el Ministerio Fiscal, con la Audiencia Provincial, con la Agencia Tributaria e incluso con opiniones publicadas fuera del proceso. A causa de muchos pasajes, el auto aparece como una apología de su autor, lo que resulta comprensible, pero no por eso aceptable ni elogiable en una resolución judicial. Y el fiscal Horrach, aunque se equivoque en la forma, no carece de razón cuando aprecia que el auto abunda en elementos dirigidos al reproche ético a la Infanta, sin clara relevancia jurídica.

Sobran por completo las no pocas páginas en que se muestra la diferencia entre el comportamiento del Fiscal y de la defensa de la Infanta y el comportamiento de otros imputados, que no recurrieron las escuetas citaciones. El juez Castro considera necesario pormenorizar esos comportamientos, que, desde luego, fácilmente pueden dejar en mal lugar ante la opinión pública a la Infanta, pero que carecen de toda relevancia procesal. ¿O hay que decir que cada cual ejercita sus derechos como le parece oportuno, sin que eso sea reprobable? ¿Puede haber un reproche jurídico relevante a que el Fiscal recurriese el primer auto de citación de la Infante cuando la Audiencia le dio la razón y anuló el auto?

Para no alargarme más, señalaré otra característica del auto de 7 de enero de 2014. Se advierte, de cabo a rabo del texto, una fuerte tensión entre dos líneas argumentales opuestas. Por un lado, la dirigida a justificar la imputación y, por otro, la que insiste en la citación como imputada sólo busca preguntar. A ver si atino a explicarme con palabras llanas. El juez viene a decir: “Vd., imputada y citada, hizo esto y lo otro, que no está nada bien, por estos motivos, ¿cómo no la voy a citar a declarar como imputada?”. Pero, en el mismo auto, se viene a decir también: “Que yo la cite como imputada no significa que piense que ha delinquido: sólo trato de saber, sólo trato de escuchar, para ver si me explica Vd. esto y lo otro”. Sin embargo, lo cierto es que esa tensión, producto también del desmadre, muestra una indisimulable contradicción, porque en toda la cháchara del auto queda claro que el juez piensa que sus preguntas no pueden recibir respuestas que exculpen a la Infanta citada. Hay, pues, o así lo aprecio yo, un cierto aroma de impostura, de dialéctica tramposa.

Lo que se ha escrito en esos 227 folios podría legítimamente escribirse en cualquier medio de comunicación o de expresión. La crítica a la pareja Borbón-Urdangarín podrá discutirse en este o aquel punto, pero, insisto, sería legítima y pienso que nadie podría considerarla insultante y gratuita. Pero es completamente impropia de una resolución judicial. El auto de 7 de enero de 2014 es, sí, modélico, pero modelo de lo que, a mi entender, es una desorientación de un juez que, llegado un momento, más que centrarse fríamente en hacer el trabajo procesal de una imputación, se dedica a una apología de su labor investigadora y a salir victorioso en una polémica múltiple. El escrito del fiscal Horrach, por su parte, se desmadra formalmente en la crítica del descomunal auto de Castro y presenta, por ese motivo, un aire de duro ajuste de cuentas personal, aunque expone, con toda la concisión que le ha faltado a Castro, lo que puede exculpar a la Infanta Cristina. Desde el punto de vista de la retórica, lo que sobra en el auto de Castro debilita ante el público la imputación, mientras que la concisión de Horrach favorece la exculpación. Pero en una cosa coinciden ambos: juez y fiscal han escrito cara a la galería, bien conscientes de que el secreto del sumario iba a durar un nanosegundo. Y eso no está nada bien.

Acerca de si hay delito fiscal o blanqueo de capitales, o las dos cosas, no tengo criterio, porque se trata, como ya dije, de cuestiones que atañen al Derecho penal sustantivo en materias con un alto grado de tecnicismo. Pero, como procesalista, que ha leído resoluciones en casos especialmente “sensibles”, digo que es posible, porque se ha hecho, hacer en tales casos resoluciones judiciales serias y bien motivadas, sin desmadre alguno. Y eso, que siempre es bueno, resulta especialmente necesario en esos casos, entre los que está el de la Infanta de España.

 

PD. El "paseíllo" debe evitarse, no sólo a la Infanta, sino a cualquiera que esté amenazado con padecerlo. No existe esa pena. No es una cuestión de seguridad, sino de que en el espíritu de la ley está bien claro que todas estas actuaciones deben llevarse a cabo del modo que menos perjudique a la persona, a su reputación y a su patrimonio (arg. art. 520. 1 LECrim).

PARA EMPEZAR BIEN 2014

ELECTROCUTAR A LAS ELÉCTRICAS

 

UN TEST INFALIBLE SOBRE LA ALINEACIÓN DEL GOBIERNO CON LA CORRUPCIÓN O LA REGENERACIÓN

En la tremenda escandalera desencadenada en España por una subasta que arrojaba un aumento catastrófico del precio de la electricidad, situándolo como el más caro, de lejos, dentro de la Unión Europea, ha intervenido, sin duda, alguien más que el oligopolio de las productoras de esa energía: Iberdrola (alias Ibertrola), Gas Natural-Unión Fenosa (alias Unión Penosa), Endesa, etc. Estamos hoy en una situación de grave indefinición, de insoportable incertidumbre, para mañana y para pasado mañana, acerca de lo que va a costar la electricidad, lo que significa, entre otras cosas, estas dos: 1) que el ciudadano medio no sabe cuánto le dejará libre de sus ingresos la factura de la luz, por más que reduzca su consumo de los más diversos modos; 2) las empresas y, en especial, las fábricas, las industrias, no pueden saber el coste de producir lo que sea que produzcan. Así, entre otras cosas, nuestra competitividad, tan decisiva, está en el aire.

En la escandalera de la subasta de marras y en el presente estado de cosas, el denominado “Gobierno de España”  ha tenido y tiene un protagonismo importantísimo con una política (?) errática que viene de lejos, con decisiones de gobiernos anteriores, pero no mejoradas ni rectificadas por el Gobierno actual.

Por si hiciese falta confesarlo, declaro no ser un experto en el tema de la energía eléctrica en España. Soy uno más de los mártires del oligopolio, no sólo por el precio, sino por el pésimo funcionamiento de servicios tan elementales como el de proporcionar rápidamente la energía que contratas, lo que, en este preciso momento, me impide vivir y trabajar en una vivienda de mi propiedad. Pero, al margen de incidencias que me afectan gravemente (y no sé por cuánto tiempo), he tenido la fortuna de encontrar a varias personas que conocen el tema sin estar implicadas en el negocio. En sus excelentes explicaciones me baso para lo que voy a decir, aunque mi personal inclinación a sentar a las eléctricas mencionadas en una silla de las suyas esté muy motivada por mi presente martirio, que ya dura, aunque no se lo crean, bastante más de un mes.

Simplificando mucho: 1) Tenemos en España una capacidad de producción eléctrica instalada y de posible funcionamiento que supera nuestras necesidades de consumo; 2) Tenemos un sector mundialmente puntero en la fabricación de generadores eólicos de electricidad y, de hecho, uno de los resultados (no el único) de esa realidad es que una alta proporción de la electricidad que consumimos procede ya de nuestros parques eólicos; 3) El transporte y distribución de energía eléctrica por redes de alta tensión (de propiedad pública) corresponde a la empresa estatal Red Eléctrica de España, que funciona satisfactoriamente y con transparencia; 4) Las compañías de producción y distribución eléctrica final no se encuentran en crisis: obtienen cada año notables ganancias: lo único que sucede es que quieren no ver reducidas esas ganancias: si ganan seis mil millones, no quieren ganar sólo tres mil millones; 5) Pese a todo lo anterior, tenemos, insisto, la energía eléctrica más cara de la UE; 6) Una buena parte de ese carísimo precio se debe al denominado déficit tarifario o déficit de tarifa, que es lo que el Estado (o sea, todos nosotros) le debe supuestamente a los productores y distribuidores de electricidad a causa a una supuesta diferencia entre el precio al consumidor, supuestamente asequible, y el supuesto coste real de lo que las eléctricas dan a los consumidores.

A causa de una historia larga y complicada, plagada de trucos y de privilegios irracionales, resulta que, al pasar del monopolio a la “liberalización”, para que las pobrecitas eléctricas no subiesen y no suban los supuestos costes reales en el "recibo de la luz", la diferencia se la adeudamos los pequeños y grandes consumidores de electricidad, lo que significa que las pobrecitas eléctricas son acreedores del Estado. Lo que el Estado (es decir, todos nosotros) adeuda a estas pobrecitas eléctricas supuestamente a cambio de que no nos cobren la electricidad al supuesto coste real, asciende en la actualidad a unos 25.000 millones de euros y, previsiblemente, seguirá aumentando.

Como verán, son muchas las suposiciones con que se opera. Ninguna de esas suposiciones perjudica a las pobrecitas eléctricas. Todas les son favorables. Y que el Estado se endeude con estas pobres y sacrificadas compañías, para que no nos suban los “recibos dela luz” no ha impedido que ese “recibo” haya aumentado un 70% en seis años hasta el 2012.

Esto, aunque resulte increíble, sucede en el marco de una “economía de libre mercado”, con reguladores múltiples del “fair play”, que han ido cambiando de nombre y de configuración. Se trata de un sarcasmo hiriente, cruel, para quienes toda la vida hemos defendido la libertad económica frente a la planificación estatalista. Y es en ese marco supuestamente liberal en el que se pueden producir “subastas de energía eléctrica” como la última tan escandalosa, a la que las pobrecitas eléctricas concurrieron ante los representantes de los consumidores necesitados de electricidad, con una oferta de producción determinada por haber cerrado una central nuclear (que al PP le costó sangre mantener abierta) y por una notable disminución voluntaria de producción hidroeléctrica.

Ni qué decir tiene que una buena parte de las instalaciones de producción de energía eléctrica se encuentran ya plenamente amortizadas, muchas de ellas desde que se pasó del monopolio estatal al “libre mercado” o “liberalización” actuales.

Un comentario frecuentísimo cuando se trata de este sangrante asunto de la electricidad en España consiste en afirmar que es fortísima la presión que las pobrecitas eléctricas han ejercido y ejercen sobre todos los Gobiernos de la Nación,  cada una por sí y todas juntas a través de UNESA, Asociación Española de la Industria Eléctrica. Pues yo, para empezar este año 2014, respondo que, en grandísima medida, la presión es eficaz a causa de los presionados, que se dejan presionar sin gran dolor y no utilizan en serio las armas que les puede proporcionar un Estado social y democrático de Derecho.

Con una mayoría absoluta holgada en las dos Cámaras legislativas, con la posibilidad de afrontar urgentemente una situación intolerable mediante el instrumento del Decreto-Ley y con una oposición que no podría legítimamente atacar una actuación firme en esta materia, ¿no podría el Gobierno que preside el Sr. Rajoy dar, a comienzos de este año 2014, una prueba sólida de un afán de regeneración política y moral, cortando el nudo gordiano del déficit tarifario, por ejemplo? Así, de paso, nos libraríamos de la vomitiva impresión que nos produce ver a expresidentes del Gobierno y exministros cobrando millonarias cantidades de las pobrecitas eléctricas.

Si el Gobierno estuviese subvencionando directamente a grupos revolucionarios no contribuiría mejor que ahora, con sus acciones y omisiones, a la cólera ciudadana. Año nuevo, Gobierno nuevo. A nada que podamos, si no es por las buenas, tendrá que ser por las malas. Porque los abusos ya alcanzan la cota insufrible de la tiranía. Por si no estuviese claro, miren cómo la clase política, el establishment, se pretende blindar con proyectos de ley como los de la Seguridad Ciudadana y el todavía más vergonzoso de la Seguridad Privada, con el que se recurre al “mercado” para —no nos engañemos más— dar a ganar dinero a los amigos que les echen una mano.