NO NOS ENGAÑEMOS: NO HAY REBROTE ECONÓMICO, SINO UNA DISCRETA CONTINUIDAD DE LA ORGÍA FINANCIERA

LA CRISIS ECONÓMICA GLOBAL NO SE RESUELVE, TRAS UN GRAN SUSTO, PERSISTIENDO EN LO QUE LA CAUSÓ

EL CÍRCULO INFERNAL DEL ENDEUDAMIENTO

Parece que se respiran aires optimistas en España respecto de nuestra economía. No le cedo a nadie el primer puesto del ranking en el deseo de ser optimista. Y tampoco me gusta, sino que la aborrezco -lo he dicho aquí muchas veces-, esa suerte de perpetua tristeza e incesante dolor por una presunta España irredenta e irredimible, con un supuesto destino inexorable de fracaso total. Los más o menos prosaicos o líricos vates del fatalismo de lo español, además de ignorar o despreciar muchos e importantes logros, muchos e importantes hechos y cualidades, insistiendo siempre en los defectos hispánicos (que muchas veces no son tales, sino casi siempre universales, propios de la condición humana), no aportan nada positivo y hacen un daño tremendo al país y a cada uno de nosotros. La estética de esta fatalidad de lo hispano parece tener un intenso atractivo enfermizo y un buen número de adeptos que, aunque no lo sepan, obran como si un incansable denostar de lo propio les proporcionase tono y categoría intelectuales. A mí no me gustan ese tono y esa categoría y su correspondiente intelectualidad. Estos aguafiestas no suelen pasar hambre ni padecer necesidades vitales insatisfechas. Tienen recursos para dedicarse casi full time a su inútil y descorazonadora denuncia de nuestros males presuntamente incurables. Si son eruditos, lo son a la violeta, lo que ya debiera ser una clave para desconfiar enteramente de ellos.

Digo esto para dejar claro que, no sólo no pertenezco a esa intelectualidad agorera, sino que sigo teniendo una gran confianza en la inmensa mayoría de las personas que forman España, en su inteligencia y en su capacidad de esfuerzo y sacrificio. Y sigo afirmando que España posee un enorme y muy valioso capital (v., post en este mismo blog, post del viernes, 23 de septiembre de 2011, titulado ESPAÑA ESTÁ MUY BIEN: UN PAÍS EXCEPCIONALMENTE CAPITALIZADO y subtitulado SOMOS LOS ESPAÑOLES (CASI TODOS) LOS QUE ESTAMOS MAL. Es verdad que, pese a una política (?) con bastantes más sombras que luces, hay novedades positivas en la economía real española: el aumento de las exportaciones o el incremento de los ingresos por turismo, por ejemplo. Ya dije también aquí, hace mucho tiempo, que debía hacerse más énfasis en el turismo, que no se basa sólo (aunque se trate de activos difíciles de batir, seamos conscientes de ello) en el clima y los kilómetros de costas y playas.

Me permito recordar lo que decía en ese post hace más de año y medio:

«Como quiera que haya sido, tenemos trenes super-veloces para ir a de Madrid a Toledo, a Valladolid, a Sevilla y a Barcelona y, enseguida, a más sitios en distintas direcciones. Ya no vamos supervelozmente a Cuenca porque no queremos. Tenemos muchas autopistas y aún más autovías en un estado muy decente. A Toledo, por ejemplo, se puede llegar por tres distintas rutas automovilísticas de doble sentido, además del AVE. Tenemos buenos aeropuertos con notable tráfico y, además, cierto número de aeropuertos ultra modernos de reserva, por si acaso, por si a alguien, particular, institucional o empresarial, se le ocurre, en algún momento, volar a lugares como Ciudad Real o Castellón (…) Tenemos parques eólicos y huertos solares como casi nadie. Tenemos el Prado, el Thyssen y el Reina Sofía en Madrid, la segunda ciudad con más árboles de todo el planeta Tierra. Tenemos (perdón, señores soberanistas) la Sagrada Familia y otras joyas en Barcelona. Tenemos mucha historia y mucho arte del que gozar. Tenemos muchas ciudades bien cuidadas. Tenemos una excelente industria hotelera. Tenemos miles de kilómetros de playas. Tenemos un clima fabuloso. Y dos archipiélagos de ensueño. Y, por si fuera poco, somos, si queremos -y queremos, de ordinario-, gente acogedora, con buen humor y -esto es de gran importancia- de los que más veces se duchan al día y a la semana en el llamado mundo civilizado. Por supuesto, también tenemos buenos vinos y notables licores. Y hay cerveza potable.»

Y añadía, medio en broma medio en serio (es decir, bastante en serio):

«Pero es que, además, ha aparecido hace pocos días una buena noticia sobre España que “los mercados” debieran considerar definitiva, re-definitiva, para restaurar y tener por consolidada durante varias décadas su confianza en la denominada marca España: somos el país del mundo universo que menos gasta en “comida-basura” (v. http://www.abc.es/20110919/sociedad/abci-estudio-comida-rapida-201109191344.html). Los estadounidenses llaman a la “comida basura” “fast food”, con absoluto error, como tantos otros propios del american exceptionalism, que les sirve de constante excusa para su aislacionismo (digamos eso así, piadosamente, para señalar que millones de estadounidenses no han mirado nunca un mapamundi y muchos de sus dirigentes sólo ven el mundo desde sus satélites). “Fast food” significa, como es sabido, comida rápida y hace siglos que nosotros inventamos los bocadillos o “bocatas”, los “montaditos”, las “tapas” y los “pinchos” y comemos rápidamente, cuando queremos, pero sin embasurarnos por dentro.”»

«Si tenemos lo que tenemos y somos como somos (con grandes virtudes especiales junto a grandes defectos generales) y, además, comemos como nadie, la persistencia de la desconfianza en España sólo podría ser fruto de una manía atrabiliaria y de un sectarismo irracional. Y, como casi todo el mundo sabe, “los mercados” calculan fríamente con elementos reales, sin dejarse llevar de simpatías o antipatías. Así que tienen que caer en la cuenta, más pronto que tarde, de que aquí en España hay mucho capital -un capital excepcional- y gente muy valiosa.  La “fuerza de trabajo” española ya se lució en Alemania en la segunda mitad del siglo XX, la del “milagro alemán”.»

Algunas cosas más, completamente en serio, podría añadir en favor de España y de muchos españoles. Pero me parece innecesario para mi propósito de hoy. Lo que aquí quiero transmitir –sin la menor pretensión de originalidad: hay otros muchos que lo han dicho y lo dicen- son dos ideas que corresponden con dos realidades. La primera es la confirmación de algo que vi venir y adelanté aquí hace algo más de un año, en un post del domingo, 15 de julio de 2012, titulado EL "CÍRCULO INFERNAL" PARA INTERVENIR Y COMPRAR ESPAÑA (I) y subtitulado “NO HABÍA MÁS REMEDIO”, PERO EL REMEDIO NO REMEDIA (actualizado a 17 de julio de 2012), a saber: que “los mercados”, que sabían y saben lo que se hacen, han visto claro que ya no es la hora de estrangular más a España y a los españoles, sino la hora de comprar.  Conforme a lo explicado en julio de 2012:

«Lo que están haciendo es imponer condiciones de asfixia, para situarse a los mandos de este país y comprar (o permitir a otros comprar) a precio de ganga los muy buenos activos de una España previamente arruinada, pero con mano de obra cualificada, que se avendrá a trabajar por remuneraciones nada parecidas a las de la zona norte y centro de Europa y ni siquiera a las habituales aquí hasta hace poco, sino similares a las de los países del Este europeo o a los de la cuenca desregulada del sudeste asiático.»

En julio de 2012, escribía esa frase y otras complementarias en nuestra defensa y para alertar a quienes fuese necesario.  Tengo la impresión de que sirvió de poco, aunque quizá no hayamos sido tan asfixiados (máximamente asfixiados) como era de temer y no me duelen prendas por repetir que fue un histórico acierto de Rajoy resistir la brutal doble presión (de fuera y, aún peor, de dentro) para que España misma pidiera el rescate (que nos hubiese aniquilado). Pero, con todo, grandes porciones de España están ahora vendiéndose a buen precio. El tan repetido y celebrado “¡Viva España!” de Morgan Stanley –acertado o erróneo- fue un indicador público de las ventas a buen precio. Que “los mercados” hayan aflojado la presión de un modo llamativo -con la prima de riesgo ya mejor que la de Italia (!)- es, sin duda, mucho mejor que su contrario. Y lo mismo vale  para los pequeños frenos en el aumento del desempleo. Que unos cuantos personajes internacionales afirmen públicamente una mejoría de la situación económica de España es también mucho mejor que andar todos los días en titulares negativos y en informes con las peores predicciones. Pero, con todo eso, los mejores activos de España están en venta. Lean el texto de Carlos Sánchez en elconfidencial.com, de 26 de septiembre de 2013, del que dejo enlace: http://www.elconfidencial.com/economia/2013-09-26/casi-el-40-de-la-industria-espanola-esta-ya-en-manos-de-empresas-extranjeras_32567/. Algunos presuntos neoliberales no le conceden ninguna importancia a estas compraventas. Disputas ideológicas al margen, que las cosas cambien de nuestras manos a las ajenas tiene una importancia indiscutible mientras subsistan las Naciones y los Estados. Y se diría que esa subsistencia va para muy largo.

Esta realidad de la compra de España no configura un horizonte de esplendorosa luminosidad en ningún aspecto. Al revés: el horizonte es tenebroso. Ahora no puedo extenderme en estas afirmaciones. Pero si la compra y venta de España no se frena, el optimismo sería bastante estúpido.

La segunda idea y realidad es que la crisis económica global no sólo subsiste, sino que, mientras vivimos en esta especie de pausa general del pánico, como si hubiese un acuerdo tácito en darnos todos un respiro, abandonando la publicidad de las muy fundadas preocupaciones sobre el futuro global, siguen actuando las mismas fuerzas con los mismos mecanismos responsables de aquella crisis. O, con menos palabras, la crisis económica no hace sino empeorar, en España también, pero sobre todo allí donde debieran apreciarse trabajos para enmendar de raíz el inmenso globo del dinero ficticio y del endeudamiento colosal e inabordable. Ríanse un poco con este video que muestra el imposible pago de la deuda europea, aunque lo que dicen podría aplicarse a la de los EE.UU: http://www.youtube.com/watch?v=I5QwKEwo4Bc (aconsejo a quienes no dominen mucho el inglés activar los subtítulos, pero también pueden leer todo el trepidante diálogo del “concurso” en http://www.ritholtz.com/blog/2010/05/congratulations-youve-only-lost-1m/9)

En el mismo post del 15-17 de julio de 2012 decía:

«Y se ha acabado el gran engaño de Wall Street, inventado y lanzado con el inapreciable apoyo de la City londinense y de esa Gran Bretaña, que, astutamente, se ha mantenido fuera de la eurozona: “Europa nos estropea la economía mundial”. Mentira. Europa no anda bien, pero no es Europa el principal problema para la economía mundial, como ha repetido mendazmente Mr. Obama, flanqueado por los gurús de la ingeniería financiera. El principal problema del gigantesco problema de la megacrisis mundial -así lo ven ya “los mercados”- es la crisis de los EE.UU. Los datos macroeconómicos y los microeconómicos son concluyentes, por muchos enjuagues que se le ocurran a la Reserva Federal, dirigida por Mr. Bernanke. ¿Han visto lo del “twist”, o sea el retorcimiento, el tornado y el disloque de caderas?: las deudas a corto (plazo) las “reestructuro” y las coloco a largo. ¡Es muy bueno eso del twist de la reestructuración! ¡Pero qué listos son!»

Aclaro que cuando hablaba de haberse acabado el gran engaño sólo quería decir que los artistas de la ingeniería financiera y sus jefes ya no engañaban a una minoría de considerable tamaño. Lamentabilísimamente, el gran engaño persiste para la inmensa mayoría, porque ha generado un poder con el que ni siquiera quiere competir -al contrario, ha claudicado vergonzosamente, si alguna vez sus promesas electorales fueron sinceras- alguien tan poderoso como el Presidente de los EE.UU. de América, Mr. Barack Obama.

EL CÍRCULO INFERNAL DEL ENDEUDAMIENTO

De nuevo los EE.UU. se acercan al límite de su deuda y al borde de la suspensión de pagos. Y Mr. Ben Bernanke, a la estela de aquel nefando agente del capitalismo salvaje que fue Mr. Alan Greenspan, continúa lanzando al mundo dinero sin respaldo alguno, ni de oro y plata, ni de solo oro ni de economía real. Lean, al menos en diagonal, el espeluznante análisis de Antonio España, el 25 de septiembre de 2013, casi contemporáneo al antes citado de Carlos Sánchez: http://blogs.elconfidencial.com/economia/monetae-mutatione/2013-09-25/qe-n-la-madre-de-todas-las-burbujas_32103/. Adicionalmente, es de mucho interés también lo que en la misma fecha de este post afirma Daniel Lacalle, en El precipicio fiscal americano… y por qué esta vez es importante (http://blogs.elconfidencial.com/economia/lleno-de-energia/2013-09-28/el-precipicio-fiscal-americano-y-por-que-esta-vez-es-importante_33759/). [ACTUALIZACIÓN: los EE.UU. ya han caído en el precipicio fiscal. Probablemente saldrán de él, pero no pueden seguir, una y otra vez, con meros parches y la misma política financiera y monetaria. El cántaro, de tanto ir a la fuente, acabará por romperse.]

La gravedad de esta persistencia en una política que únicamente interesa a la muy pequeña elite de la riqueza es negada con una pertinacia suicida por los dirigentes políticos, entre los cuales no parece haber ni siquiera uno (hombre o mujer) que se parezca a eso que llamábamos un estadista.

La Gran Burbuja, que empobrece a millones y enriquece a muy pocos, sigue inflándose. Y nadie ha dejado de reconocer que el día en que estalle, la catástrofe no tendrá precedente comparable. Que apenas se hable hoy de este asunto central de la crisis y que ahora se guarde silencio sobre la necesidad de regular la economía financiera, de disciplinar la acción de la banca y, sobre todo, de adecuar el dinero a alguna realidad mínimamente mensurable, es para echarse a temblar.

Por cierto: tampoco es buen síntoma, de nuestras tejas para abajo, que España siga endeudándose, aunque Morgan Stanley recomiende con entusiasmo comprar nuestros bonos del Tesoro. Estamos demasiado cerca de que el endeudamiento supere el 100% del PIB.

EL MODÉLICO ANTI-MODELO DE LA “CORRECCIÓN USA”

UN NOBEL DE LA PAZ, PALADÍN DE BOMBARDEOS HOMICIDAS

Por si la autolisis del establisment mundial (España incluida) (v. post de 23 de enero y 3 de febrero de 2013 en este mismo blog) no estuviese más que clara, por si se abrigase alguna duda, tenemos un Nobel de la Paz  —distinción archi-sorprendente en su momento — que lidera una acción bélica. Por supuesto, la acción bélica que propugna Barack Obama se justifica, nos dicen, porque se va a dirigir contra un país, Siria, en el que se han usado armas químicas y las ha usado el gobierno. Tienen pruebas sobre estos hechos pretendidamente justificativos de la guerra: los dirigentes USA han dicho que tienen pruebas, sin mostrarlas, porque eso iría contra la seguridad nacional (¡santas palabras: no se digan más!). Y se han sucedido afirmaciones en el mismo sentido de dirigentes franceses y británicos, que tampoco han mostrado nada, porque eso, las cosas concretas, pertenecen a lo que ahora llaman, con uno de los muchos trucos eufemísticos, “inteligencia” (antes, espionaje).

No me voy a entretener en la cuestión de las pruebas con el recordatorio de las armas de destrucción masiva que Irak-Sadam Hussein con toda seguridad poseía, mentira (no error craso de la “inteligencia”) hoy universalmente reconocida. Pasaré a examinar otro aspecto de la nueva iniciativa del gobierno USA: la decisión de limitarse a un bombardeo, sin invasión terrestre: “sólo vamos a lanzar bombas; no vamos a arriesgar la vida de ninguno de nuestros muchachos”, precisan. “Y tampoco bombardearemos mucho tiempo: será una acción limitada”, nos tranquilizan.

Yo no me tranquilizo nada y escribo este post, sin pretensión de originalidad alguna, porque estamos ante unos hechos reales  —los propósitos bélicos de Obama & partners, dentro y fuera de USA — y ante un probable acontecimiento, el bombardeo, que no consienten el silencio.

Supongamos que existen las pruebas del uso de armas químicas y del uso precisamente por el ejército gubernamental sirio. Y además de suponer lo no probado, prescindamos de otros muchos factores. Prescindamos, como Obama & partners prescinden, del Derecho Internacional, que  —ya ha sido expuesto en varios lugares estos días — no legitimaría en absoluto el bombardeo de Siria. Prescindamos, por tanto, de la ONU y de su Consejo de Seguridad. Prescindamos de que los adversarios interiores de Al Assad en esa guerra civil (con 100.000 muertos ya) no son precisamente unos acreditados defensores de los derechos humanos, sino responsables de numerosos asesinatos de civiles sirios. Prescindamos de los riesgos de extensión de la guerra que entraña el que Irán sea firme aliado de Siria. Prescindamos de las reiteradas advertencias de Rusia, con su importante base naval en la costa siria (se diría que Putin y Obama han debido llegar a algún acuerdo secreto, porque, de lo contrario, el riesgo de una nueva guerra mundial sería gravísimo y hasta un botarate teledirigido como Obama lo evitaría, digo yo, quizás con excesiva ingenuidad).

Una vez que hemos prescindido de tantas cosas, viene la pregunta clave: ¿puede Obama o cualquier partidario de los bombardeos a Siria, garantizar que las bombas no matarán cientos o miles de sirios sin responsabilidad alguna en el uso de armas químicas? (cuando, por cierto, Obama & Co. aún no saben los objetivos y no podrán saberlos con mediana certeza). Me parece que la respuesta negativa es la única posible. Con toda seguridad, las bombas de Obama & partners matarán a cientos o miles de sirios inocentes y destruirán sus hogares y centros de trabajo. Para quien aún conserve un resto de razón y un ápice de consideración por la dignidad de las personas, es un resultado abominable que, por unos muertos por algún tipo de gas, mueran cientos o miles de personas mediante bombas (por cierto: muchas de ellas son armas químicas, como lo eran los exfoliantes utilizados en la guerra de Vietnam). Si Al Assad ha cometido un “crimen contra la humanidad”, ¿justifica eso que Obama & partners cometan lo que sería otro “crimen contra la humanidad”?. Claro está que la pregunta es retórica. Y claro está también que, si el uso no de las armas químicas no puede quedar sin respuesta, mantra de casi todos en estos días, los bombardeos sobre Siria distan mucho de ser la única respuesta, como quieren presentarla.

El Papa Francisco ahora, como antes Juan Pablo II respecto de Irak y otros conflictos, lidera una clara oposición a la guerra que Obama & partners propugnan contra Siria. Me parece que, además de los valores indiscutibles en que estos Papas se apoyan, debió y debe ahora ser digno de atenta consideración que siempre han dispuesto de información sobre el terreno sumamente fiable. Que la Historia haya dado toda la razón recientemente a Juan Pablo II resulta hoy un elemento de juicio que no podría desdeñarse por personas razonables, aunque no crean en Dios.

Mas, por si lo anterior sobre Siria fuese una pequeñez, los dirigentes políticos y económicos USA, que, ciertamente, no son ninguna multitud, sino un pequeño grupo de políticos (demócratas y republicanos) y financieros, exhiben un historial reciente tan abrumador como el absoluto y cósmico desmadre del llamado “sistema financiero” y su incontrolable monstruo del dinero ficticio, las hazañas bélicas de Irak y Afganistán (si alguien puede imaginar un propósito más absurdo que instaurar la democracia en Afganistán, que nos lo cuente, por favor), la “Patriot Act” que permite suprimir y suspender derechos elementales, el gulag de Guantánamo y algo más, de suma importancia, aunque no tan noticioso, como es la exportación, a golpe de presión mediática y de dólares, de sus sistemas  —llamémosles así, piadosamente — de educación y de Justicia. El primero sólo funciona en dos docenas de Universidades (de entre miles, públicas y privadas) y el segundo, la Justicia, no funciona en absoluto en lo penal y, en todo lo demás, resulta inaccesible para el ordinary people. Del Derecho (?) penal USA nos quedamos con la dureza de sus castigos a ciertos delincuentes de cuello blanco, pero pasamos por alto innumerables atrocidades sancionadoras (y no hablo sólo la pena de muerte).

Por añadidura, en estos meses pasados hemos tenido abrumadoras pruebas  —pruebas de verdad — de lo que ya sabíamos: un masivo espionaje de los EE.UU. a todo lo que han considerado de interés para su “inteligencia” (NSA, CIA, etc.), un espionaje que no ha respetado ni siquiera a las más altas instituciones de países presuntamente soberanos. Un tal Mr. Snowden, sin duda desleal, ha pasado a ser la bestia negra del establishment, sin que lo que Snowden ha probado haya merecido la mitad siquiera de la publicidad y los comentarios dedicados al empleado de Booz Allen Hamilton, una empresa subcontratista de la NSA (National Security Agency). Para más inri, la NSA contó y supongo que sigue contando con la colaboración de Google, Yahoo, etc., así que todos sabemos ya que, a cambio de importantes prestaciones (como la de albergar este blog y miles similares), cada paso que damos en internet queda registrado en alguna parte que ignoramos y, probablemente, para utilidad de la “inteligencia” USA. Así se explica que en algún paraje de Utah, se estén construyendo nuevas instalaciones de la NSA, que consumirán más energía eléctrica que la misma capital de ese Estado, Salt Lake City.

(Entre paréntesis, el Nobel de la Paz, Barack Obama, prometió cerrar Guantánamo y meter en cintura a los lobbies del Congreso y a Wall Street. Nada de eso ha cumplido. Guantánamo sigue abierto y la simbiosis político-financiera se ha robustecido, mientras el endeudamiento USA les acerca de nuevo a la suspensión de pagos y amenaza al dólar como moneda de referencia y mientras en los EE.UU. la pobreza crece y las desigualdades antes enormes empiezan ahora a resultar abismales. El panorama del Detroit decadente es un símbolo escalofriante del indisimulable fracaso político y social en los USA de los valores humanos más elementales, precisamente los que buscaron garantizar los founding fathers de la gran nación norteamericana)

Todo lo que vemos ahora en los EE.UU. tiene largas y profundas raíces. Por poner sólo dos ejemplos, ya el Presidente Einsenhower, un militar de brillantísima carrera, al despedirse de su cargo en 1961, se refirió con suma preocupación al “complejo militar-industrial” de los EE.UU (http://www.youtube.com/watch?v=T-xEcChFC6I). Y John Kenneth Galbraight diseccionó “El nuevo Estado industrial” en 1967, señalando cómo la “tecnoestructura” creada distorsionaba, con el creciente poder del Estado, las leyes clásicas del mercado. En cuanto a la estructura y funciones del sistema bancario de la Reserva Federal (FED), han sido y son constantemente cuestionadas, pero nadie logra siquiera establecer la más elemental auditoría sobre lo que hace y no hace esa extrañísima institución, entre lo público y lo privado, pero, en todo caso, tan tremendamente opaca como poderosa.

Por si fuera poco, suceden en los EE.UU. acontecimientos de extrema gravedad y trascendencia, que no son satisfactoriamente explicados, por decirlo muy delicadamente. Me limitaré a dos de ellos. El asesinato del Presidente J.F. Kennedy en Dallas, Texas, el 21 de noviembre de 1963, se atribuyó por la oficial Comisión Warren, en 1964, a la acción solitaria de un solo tirador, Lee Harvey Oswald, que disparó desde detrás de la comitiva presidencial. Pero en 1979, un Comité oficial del Congreso de los E.E.U.U. concluyó que probablemente se había producido un cuarto disparo (frontal) por un segundo tirador, con lo que se estaría ante una conspiración, como en 2003 creía un 70% de los estadounidenses según una encuesta de la ABC News (el disparo frontal, por cierto, es perfectamente apreciable por cualquiera que vea el famoso video). En cuanto a los sorprendentes y letales ataques del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas y el Pentágono, son numerosos y de suma importancia los interrogantes sin buena respuesta que suscita la versión oficial. Sin apuntarme a ninguna de las teorías conspirativas, veo que las verdades oficiales distan mucho de ser convincentes, tanto en el caso de Kennedy como en el del 11-S, acontecimiento que justificó tantas acciones posteriores. No es de extrañar que en los EE.UU. crezcan, sobre todo mediante internet, infinidad de resistencias al propio establishment USA, en un clima de creciente desconfianza radical en sus gobernantes. Muchos rechazan de plano todas las teorías conspirativas, con el fácil expediente de denominarlas conspiranoicas. Sin duda hay ingredientes paranoicos en muchas de las teorías, pero los hechos inexplicados persisten y las muy probables mentiras y ocultamientos de las verdades oficiales no son más disculpables que las teorías conspirativas o conspiranoicas.

Concluyo. En los EE.U. de América ha habido y todavía hay grandes hombres y mujeres. Se han manifestado y aún se manifiestan cualidades de todo tipo, también morales, con el resultado de acciones admirables y dignas de duradera gratitud. Pero, nacidos de Europa, los EE.UU. albergan hoy, en sus esferas dirigentes, una terrible traición práctica a los valores propios de la civilización europea occidental. No digo que Europa goce ahora de una decente salud axiológica y ética. Al contrario: padece, más bien, una anemia severa de principios, valores y virtudes. Lo que pretendo transmitir en este post es que uno de los más claros síntomas de la actual debilidad decadente de Europa (incluida España), es, precisamente, que, en lugar de inspirarnos en nuestras propias raíces, tomemos o continuemos tomando como modelo en casi todo el anti-modelo USA, su corrección social, política, económica y jurídica.

NO al bombardeo de Siria. Y NO al seguidismo estúpido y suicida del “modelo USA”,  hoy ya, lamentablemente, un anti-modelo.

NOTAS Y BECAS: UN NUEVO ERROR DEL AÚN MINISTRO DE EDUCACIÓN

LOS “5”, “5’5” Y “6’5”  NO SON IGUALES NI SOCIAL NI ACADÉMICAMENTE

BECAS Y “EXCELENCIA” NO ESTÁN NECESARIAMENTE RELACIONADAS
(Añadidos a 2 y 3 de julio de 2013)

En un post de 22 de diciembre de 2011 (v. “DE LA EDUCACIÓN DEPENDE NUESTRO FUTURO”: LOS MALOS AUGURIOS DE ESTA PROCLAMA, subtitulado EN LOS TIEMPOS DEL “PERFIL”, UN MINISTRO DESPERFILADO (v. http://andresdelaoliva.blogspot.com.es/2011/12/de-la-educacion-depende-nuestro-futuro.html), ya advertí que consideraba un error -el más claro entonces, al tiempo de formar Gobierno- que el Sr. Rajoy Bey hubiese nombrado Ministro de Educación, Cultura y Deportes a D. José Ignacio Wert Ortega. De entonces a acá no necesito decir hasta qué punto, lamentablemente, los hechos y los dichos de Wert (¡qué dichos se le ocurren a este hombre!) han apuntalado y remachado mi criterio. He sido un adelantado, pero eso me entristece mucho, porque estamos pagando un alto precio de tiempo perdido y de insensateces muy publicitadas, que no hacen ningún bien a la opinión pública y al clima de concordia elemental que, dentro del pluralismo, le conviene a cualquier país.

No me voy a entretener glosando las hazañas de Wert, también las relativas a sus nombramientos. Vamos al archipolémico asunto de un anunciado Decreto sobre becas, que iba a exigir un 6’5 de media como requisito ineludible para obtenerla y que, tras la última revisión, se conformaría con el 5’5 sólo para la exención de matrícula, pero mantendría el 6’5 para las becas que supongan algo más que la matrícula.

Algo que he echado en falta, desde que se inició la polémica hasta hoy mismo, es una observación muy elemental, porque se basa en una realidad que casi todo el mundo conoce, a saber: que obtener un 5’5 de nota media en muchas carreras -por ejemplo, la de Derecho- es mucho menos difícil que en otras, como Medicina, Ingeniería Industrial o Ciencias Físicas. Seguramente convendrán conmigo que quien saque todo un curso de Medicina o de Ingeniería de Caminos, a la primera, o entre junio y septiembre, con 5’5 de media merece indudablemente la beca. Hay ya, por tanto, un grave error en la propuesta del Sr. Wert y también, en buena medida, en quienes la discuten sin tener en cuenta esta realidad diferenciada. No debería prescindirse de ella, aunque fuese para considerarla irrelevante a efectos de becas. En todo caso, es la prueba del nueve de que Wert se equivoca de medio a medio y de que el futuro de las becas está muy mal planteado. Un “5”, un “5’5” o un 6’5” son matemáticamente iguales a otro “5”, “5’5” o “6’5”, pero no lo son académicamente y tampoco, como veremos después, socialmente y esta desigualdad, de mucha importancia, nada o muy poco tiene que ver con el mayor o menor esfuerzo personal del estudiante ni con su superior o inferior inteligencia.

Estoy perfectamente de acuerdo en que la Formación Profesional (FP) debe ser potenciada y en que buen número de estudiantes universitarios habrían hecho mejor en acudir a la FP: porque se adecúa más a sus cualidades y aptitudes y porque encontrarían trabajo más fácilmente e incluso más satisfactoriamente. Pero como estoy convencido de que, proporcionada a todos una completa información sobre las exigencias de las carreras universitarias y de la FP, así como sobre las expectativas de empleo, es muy preferible la libertad de decidir que la planificación, en especial si se hace de modo simplista, el 6’5 no tiene nada que ver con Universidad o FP, porque no alcanzar una nota media de 6’5 no significa que la FP sea más adecuada para esa persona que se queda en el 5, en el 5’5 o en el 6’4. Esto es evidente para quien haya conocido o conozca a los jóvenes estudiantes, como es mi caso, pero, asombrosamente, no parece que sea el caso de Wert, de sus asesores y de sus partidarios.

Por otra parte, obtener una nota media inferior a 6’5 no es en absoluto indicativo -ni siquiera en lo que antes llamábamos “carreras de letras”- de que el estudiante sea vago o al menos indolente o carezca de la inteligencia que sus estudios requieren, razones que justificarían que no obtuviese o renovase una beca. Acabo de leer la noticia de una joven gerundense, Gemma Muñoz, con un 9’9 en la selectividad, que defiende la reforma de Wert, dice la noticia, porque «ya está bien de de pagar a gente desmotivada que no le interesa estudiar. Que te paguen la carrera debería de ser una motivación». Esta chica, aún sin experiencia en la vida universitaria, no ofrece, en realidad, ningún argumento sólido, porque obtener nota promedio de 5 o de 5’5 no es ni siquiera un leve indicio de que quien las obtiene carece de motivación o de interés en estudiar.  Sin saberlo, la joven Gemma, con su 9’9 en la selectividad, ha ofrecido un excelente ejemplo de ese vicio tan extendido al opinar, que se denomina “inducción incompleta”. Y los medios que destacan el juvenil error de Gemma parecen abonarse a la demagogia, a no ser que también practiquen el fácil “deporte” de construir reglas generales a partir de unos pocos casos o de uno solo.

Al exigir un 5’5 de nota media, el sistema de becas no estaba ni está todavía beneficiando a quien no pega palo al agua, que es el erróneo punto de partida de los viscerales “argumentos” de más de uno. Incluso donde las buenas notas -de “notable” para arriba- son más fáciles de conseguir (las “carreras de letras”), la media de 5’5, aplicada a un curso, significa un considerable esfuerzo de quien la logra y un rendimiento suficiente. Los “5” no se regalan, como regla general. Hay excepciones, sí, pero a los profesores que las hacen no les costaría nada regalar los “6’5”. Y estamos hablando, no se olvide, de un promedio de las notas de todas las asignaturas. Una media de 5’5 es indicativa de un rendimiento suficiente y, sobre todo, no alcanzar el 6’5 no supone desinterés, desmotivación, vagancia o estulticia.

Por lo demás, en las “carreras de letras” un punto o dos y, desde luego, unas cuantas décimas están frecuentemente determinadas por factores sociales y, muy destacadamente, por el ambiente familiar, que no tiene que ver necesariamente con los ingresos o la renta, sino con la educación recibida en ese ambiente y, en especial, con el fomento, o no, de hábitos de lectura en los hijos o, por el contrario, con dejar cómodamente que caigan en la inmersión total en el mundo de la imagen y de la comunicación compulsiva constante.

Y vayamos, por último, a la cuestión nuclear de las becas (y de su requisito de calificaciones o notas anteriores). Las becas, ¿para qué están? ¿Para estimular y premiar a los más listos y estudiosos (premiar la cacareada y muy maltratada excelencia) o para procurar una igualdad de oportunidades, de modo que los ingresos familiares o personales bajos no impidan a nadie estudiar lo que prefiera? Yo no tengo duda alguna de que se trata de esto último. Así que, considerados todos los elementos que han de ponderarse, la exigencia de un 5’5 de nota media me parece mucho más justa que elevar ese requisito al 6’5. Esto último es una barbaridad injusta, que clama al cielo cuando quien dispone de recursos se puede permitir sin ninguna consecuencia negativa, dedicarse, en la Universidad, a la pura vida social, acumulando suspensos o convocatorias sin presentarse. Mientras tanto, es creciente el número de quienes cursan carreras mientras trabajan, fenómeno que tampoco puede no ser objeto de la debida consideración.

En resumen: precisamente cuando han aumentado las tasas de matrícula, las becas no se deberían tocar del modo que Wert pretende. [AÑADIDO a 3 de julio de 2013] Veo que ilustres colegas míos defienden el cambio wertiano y, aunque algunos de esos colegas me merecen muy especial respeto, lo que leo que dicen tiene mucho más que ver con no defender a ultranza una nota baja (en "carreras de letras": de las de ciencias experimentales e ingenierías apenas hablan) y con propugnar decididamente no conformarse con la ley del mínimo esfuerzo que con lo que realmente está en juego. Por supuesto, hay alumnos que a) juegan al mus incluso sentados en el suelo de algunos rincones de ciertas Facultades; b) suspenden una y otra vez asignaturas o dejan de presentarse a muchas convocatorias; c) si estudiasen más, en vez del "cinco pelado", podrían sacar sobresaliente; d) etc. Lo que ocurre es que no se ha determinado en modo alguno que los que juegan al mus en el suelo, los que muy reiteradamente suspenden o no se presentan a examinarse de una misma asignatura, los que se conforman con el "cinco pelado", etc. (pongan aquí todos los perfiles y rasgos negativos que se les ocurran) sean los becarios a base de una media de 5'5. Yo llevo 46 años en la Universidad y digo que no, que no son ésos los becarios del 5'5 de media. Y que subir la media a 6'5 no es garantía ni de acabar con vagos e irresponsables ni de conseguir una Universidad pública mejor, con más excelencia. A esto último y a la antipatía hacia los vagos y señoritos no me gana nadie.


AÑADIDO (2 de julio de 2013). Algo que di por sentado indebidamente: el requisito sine qua non de una nota media de 5'5 no significa que todos los solicitantes de beca con esa nota media obtengan efectivamente una beca. Lo que significa es que no se les excluye desde el principio del proceso de selección y final concesión. Evidentemente, si hay más solicitantes que becas -o incluso más solicitantes de becas para estudiar X que becas para estudiar X, lo que podría establecerse y concretarse de modo razonable-, las becas serán para quienes mejor nota media hayan obtenido y presentado, a igualdad o similitud de condiciones económicas.

Por otra parte, como algunos han indicado en las últimas horas, sólo una seria limitación de recursos económicos impediría que, junto a las becas ordinarias, encaminadas a la igualdad de oportunidades, se estableciesen estímulos y premios dinerarios a la "excelencia", medida en nota promedio alta. Ya existen las "matrículas de honor", pero algo más sería factible.

LOS JUECES “JUSTICIEROS” , ENCUBRIDORES DE LA CORRUPCIÓN DELICTIVA, NO HAN DESTRUIDO LA JUSTICIA

EL BIEN NO SE PUEDE HACER REMATADAMENTE MAL

PERO NO PERDAMOS DEL TODO LA ESPERANZA: LA JUSTICIA, EN ESPAÑA, TODAVÍA ES IMPARABLE

Muchas personas, muchas, han reaccionado con decepción y hasta con ira ante la noticia de la excarcelación de D. Miguel Blesa de la Parra, antiguo Presidente de CAJA MADRID. Comprendo muy bien, me parece, a esas personas, pero se equivocan en muchas de sus afirmaciones, reveladoras de que no entienden suficientemente algunas elementalidades sobre cómo se administra justicia y, además, piensan erróneamente que ya se ha terminado, con la impunidad del Sr. Blesa, la acción de nuestros tribunales en cuanto al manejo de CAJA MADRID que luego evolucionó hasta BANKIA.

Repasen el post inmediatamente anterior a éste: cuando lo escribí yo había leído ya dos autos del Juez D. José Elpidio Silva Pacheco y ambas resoluciones me parecían muy deficientes. Quizá respondían a pruebas contenidas en las actuaciones: eso no podía yo saberlo sin conocer, como no conocía ni conozco, esas actuaciones. Y ya he dicho aquí que, cuando los hechos son complejos, es muy difícil acertar a juzgar desde fuera lo que resuelve un Juez instructor (o un Fiscal). Pero, en todo caso, las resoluciones de D. José Elpidio no motivaban con mediano acierto y expresividad lo que D. José Elpidio decidía y era especialmente endeble la que decretó la prisión provisional incondicional del Sr. Blesa. Sin embargo, había un hecho claro e innegable y absoluta e indiscutiblemente inadmisible en un juez: estar recusado -con la recusación pendiente de ser resuelta- y encarcelar al recusante. Tamaño desmán, tan monstruosa ilegalidad deslegitimaba por sí sola la actuación del citado juez.

Después, a la vista del demoledor auto 504/2013, de la Sección treinta de la Audiencia Provincial de Madrid (véanlo con este enlace:  http://economia.elpais.com/economia/2013/06/19/actualidad/1371650218_772229.html), declarando nulas muchas actuaciones del juez Silva Pacheco, se confirma que este D. José Elpidio probablemente quiera hacer justicia, pero, desde luego, no la hace con un mínimo de respeto a unas reglas jurídicas que ni la Audiencia Provincial ni nadie ha inventado en beneficio del Sr. Blesa y de los delincuentes, sino que la ley tenía y tiene establecidas en garantía de todos. Y no se puede hacer justicia de cualquier forma o “como sea”, porque eso es permitir que cada cual se tome la justicia por propia mano, lo que inevitablemente conlleva injusticias, violencias y, en definitiva, que se haga lo que el más fuerte puede hacer. La llamada “justicia privada” o “autotutela” nos deja a todos en manos de quienes, en cada momento, tenga la sartén por el mango y sean capaces de asestar los más contundentes sartenazos.

Con otras palabras, el auto 504/2013 revela que D. José Elpidio Silva Pacheco es uno de esos denominados “jueces justicieros”, para los que el fin justifica los medios, justificación que entraña saltarse a la torera el Derecho con tal de salirse con la suya. Desde el antaño famoso y notorio “caso Naseiro” tengo dicho y publicado que este tipo de jueces colaboran objetivamente en la impunidad de la corrupción delictiva y contribuyen a que continúe. Los “jueces justicieros” suelen adolecer de una considerable ignorancia jurídica, acompañada del más grande desdén hacia lo que ignoran: a su actitud y su comportamiento les conviene la paráfrasis de los versos de Antonio Machado, injustos con Castilla, pero en sí mismos superlativamente expresivos: desprecian cuanto ignoran.

Colega tengo que, con la mejor voluntad y buena fe, ha disculpado la actuación del juez Silva Pacheco: “por lo menos ha hecho algo”. Pero, aparte de que “hacer algo”, de cualquier forma y modo, no es ni se compadece con la tarea propia de un juez, la cosa, si bien se mira y como indico en los títulos de este “post”, resulta muy sencilla: no se puede hacer el bien rematadamente mal. Nuestras obras buenas pueden ser imperfectas y lo son casi siempre, porque no somos perfectos. Una cierta dosis de mal, de imperfección, está presente de ordinario en lo que, en sustancia y en conjunto, está bien hecho. Pero si la dosis de mal es elevada, si afecta a la sustancia o al conjunto de lo hecho, lo hecho está mal, es malo.

Estas elementalidades metafísicas encuentran un lógico y natural correlato en la teoría y en las normas razonables sobre los vicios jurídicos de los actos. No me extiendo en este punto porque no es necesario y porque, además, los lectores no juristas se aburrirían.

La poco discreta y bastante chulesca salida del Sr. Blesa del centro penitenciario puede resultar sin duda indignante. A mí me indignó. Pero el caso CAJA MADRID, como el caso BANKIA, no ha terminado y personalmente a) me niego a darlo por terminado, porque D. José Elpidio no es la Justicia española; b) considero muy probable que el caso prosiga. Dicho quede lo anterior sin prejuzgar por mi parte nada de lo que a los tribunales de justicia corresponde en exclusiva juzgar. Pese a tantos intentos y enredos (como el misterioso informe de la Agencia Tributaria sobre trece inmuebles relacionados con la Infanta Cristina) y pese a los numerosos proyectos patrocinados ahora por el Ministro Ruiz Gallardón, pienso que la Justicia española aún es imparable.

Lo que no tiene que ser imparable es ese conjunto de proyectos, en gran medida comunes a PSOE y a PP, pero intensificados ahora por algunos personajes tenebrosos y reptilíneos, que odian el Estado de Derecho y procuran su total destrucción. En España, hoy, lo exigible es que los fiscales cumplan mejor sus actuales funciones, pero, por muchos motivos, no deben sustituir a los Jueces instructores. Tampoco debe restringirse la acción popular ni conviene eliminar los delitos de corrupción del ámbito del Tribunal del Jurado. El Consejo General del Poder Judicial necesita ser saneado a fondo y puesto en su sitio (también en cuanto a su coste, muy excesivo), pero eso no exige jibarizarlo como se pretende, para que desaparezca, a fin de cuentas, el órgano colegiado que la Constitución prevé para desapoderar al Ejecutivo (y al Estado de partidos) de su influencia en el Poder Judicial.

Ante esos cambios que se propugnan e impulsan, las discusiones teóricas sobre modelos procesales penales no vienen a cuento y son maniobras de distracción y engañabobos, porque aquí y ahora, en esta España convulsa y socavada, lo que está real y verdaderamente en juego no es la posibilidad de mejorar el modelo actual de la Justicia penal o de la Justicia en general. Lo que pretenden y lo que está en juego es la eliminación de aquellos elementos de la Justicia que amenazan el poder de los más fuertes, el arbitrio puro de la cerrada clase político-económica. Hay un test que propuse públicamente hace tiempo y que confirma lo que acabo de afirmar: “en lo relativo al Ministerio Fiscal -dije- empiecen Vds., señores “reformistas”, por hacer a los fiscales tan jurídicamente responsables, en todos los terrenos, como lo son los jueces. Es inadmisible que quepa querellarse por prevaricación contra un juez y no contra un fiscal, por no acusar cuando hay pruebas o por acusar cuando no las hay. Si no acometen esa reforma, no puedo creer en la seriedad y sensatez de ninguna otra y menos aún en la que aumente el poder de los fiscales”. Pero de eso no han hablado ni hablan y sobre eso no han actuado ni actúan. Y es que no quieren una Justicia mejor: quieren que, a base de diversos cambios, la Justicia deje de funcionar. Ya han protegido inicuamente a muchos poderosos con las tasas judiciales. Ahora, con la batería de reformas pendientes, más un nuevo Código Penal que no merece elogio alguno ni recibe una sola crítica favorable, se disponen a dejar a España sin verdadera Justicia. Todos deberíamos hacer cuanto podamos para que no lo logren.

ALGO DE “CATECISMO PROCESAL” : UN JUEZ RECUSADO NO PUEDE ACTUAR

 

DESDE QUE SE LE RECUSA HASTA QUE SE RESUELVA LA RECUSACIÓN EN SENTIDO NEGATIVO, EL RECUSADO HA DE CEDER LOS TRASTOS A SU SUSTITUTO

NO HAY TRUCOS PROCEDIMENTALES QUE VALGAN

El Magistrado Juez titular del Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid, D. José Elpidio Silva Pacheco ha decretado prisión provisional para D. Miguel Blesa de la Parra, antaño Presidente de la muy importante entidad financiera CAJA MADRID. Prisión provisional esta vez no eludible mediante la prestación de ninguna fianza.

De inmediato han aparecido gran cantidad de comentarios firmados y de textos de blogueros no identificables, a favor y en contra de esa medida. Algunos de los comentarios críticos respecto de la decisión aducen que no se da el “riesgo de fuga” que legitima la privación de libertad y otros sostienen que el auto de D. José Elpidio no fundamenta nuevos indicios racionales de criminalidad. En otros casos, se sacan a relucir comportamientos judiciales extraños de D. José Elpidio, objeto, al parecer, de reiteradas actuaciones disciplinarias. En sentido favorable a la decisión de D. José Elpidio se alzan numerosas voces de alabanza al valor que supondría encarcelar a un importante banquero, de gestión más que discutible y de trayectoria profesional insuficiente para ocupar la presidencia de CAJA MADRID, cargo que habría desempeñado por su muy antigua amistad con el Presidente del Gobierno, D. José María Aznar.

Me traen sin cuidado, a los efectos de estas líneas, las personalidades de D. José Elpidio y D. Miguel. Que en la Justicia española reside la única esperanza de atajar la corrupción delictiva es una conocida convicción personal mía, pero las cosas han de hacerse como se deben hacer.

Hay algo sumamente irregular y evidente, de lo que se hablado de pasada, en la última decisión de D. Elpidio. Y a mí no me parece secundario, sino de primordial importancia: que D. José Elpidio Silva Pacheco había sido recusado por D. Miguel Blesa de la Parra y estaba recusado por él cuando le envió a prisión. Las recusaciones puede ser muy fundadas, discutibles y temerarias, pero pertenece a las primeras letras del Derecho Procesal que recusado un juez, aunque no acepte la recusación, ha de abstenerse de decidir nada en tanto la recusación esté pendiente de ser resuelta por el órgano superior competente. El recusado ha de pasar los trastos a un sustituto (art. 225.1 Ley Orgánica del Poder Judicial). Los procesos penales no se paralizan, pero es el sustituto el que puede continuar tramitando la causa (art. 225. 4 de la misma LOPJ). Ya se entiende que si la recusación es finalmente desestimada, el indebidamente recusado reasume la causa. Pero es algo elementalísimo que el recusado, hasta esa desestimación, nada en absoluto puede resolver.

Se dice que para eludir tan elemental regla, D. José Elpidio abrió una llamada “pieza separada” sobre un aspecto del comportamiento presuntamente delictivo de D. Miguel Blesa de la Parra. Y ha actuado considerando, así, que, en cuanto a esa “pieza separada”, no estaba recusado. No han faltado quienes señalasen que este artilugio de la “pieza separada” carecía de fundamento. No me voy a entretener en este punto, porque, a mi parecer, lo de las “piezas separadas”, asunto ayuno de clara regulación, en modo alguno justificaría la infracción por D. José Elpidio de la consecuencia ineludible de estar recusado, que es abstenerse de conocer mientras no se desestime la recusación. La “pieza separada” no constituiría un proceso distinto y sería, en todo caso, un modo de ordenar mejor los materiales de la instrucción. Pero lo que ha ocurrido de verdad es que en el Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid se seguía un proceso penal por conductas de apariencia criminal cometidas por D. Miguel Blesa, un proceso identificado así: diligencias previas, procedimiento abreviado  58/2010. Y hace unos días, no es que D. José Elpidio abriese una “pieza separada” en ese proceso, sino que inició un nuevo proceso, que se identifica como diligencias previas, procedimiento abreviado 3173/2013. En este nuevo proceso D. José Elpidio no se considera recusado y se permite actuar contra el recusante, enviándole a la cárcel.

Estamos, a mi entender, ante un clarísimo caso de fraude de ley: la ley defraudada es la que obliga al recusado a abstenerse de conocer mientras la recusación no se desestime. La ley mediante la que se defrauda, o “norma de cobertura”, es la que permite abrir un nuevo proceso en razón de hechos delictivos nuevos. D. José Elpidio ha utilizado fraudulentamente esta norma porque los pretendidos hechos nuevos, en absoluto perfilados en el auto de prisión provisional incondicional, serían a todas luces conexos con los del procedimiento 58/2010 y la ley procesal penal (art. 300 LECrim) dispone que seguirá un solo proceso respecto de los hechos conexos, según lo dispuesto en el art. 17 de la misma LECrim.

Habrá quien considere secundario este punto del juez recusado que encarcela al recusante. Para mí es, como ya he dicho, una regla elemental y básica. Me parece que, una vez más, el justicierismo conspira contra la necesaria impartición de la Justicia.

SOBRE LA “DOCTRINA BOTÍN” Y UNA POSIBLE IMPUTACIÓN DE LA INFANTA CRISTINA POR DELITO FISCAL

LA ACUSACIÓN PARTICULAR ES IGUAL EN LA LEY, SE TRATE O NO DE
OFENDIDOS POR EL DELITO

 

EN DEFENSA, NUEVAMENTE, DE LA
ACCIÓN POPULAR

Veo que, al menos en un medio digital de notable difusión, se especula sobre favoritismos judiciales en beneficio de los miembros de la Casa Real. Porque dice el periodista, en ese medio, que, en caso de que sólo acusase a la Infanta Cristina de delito fiscal la entidad que está ejercitando la llamada “acción popular” (la que pueden ejercitar en España incluso los no ofendidos o perjudicados por un delito), no procedería llevar a la Infanta a juicio, según la “doctrina Botín”, que actuaría de “salvavidas” de la Infanta (v. http://www.elconfidencial.com/espana/2013/05/25/la-doctrina-botin-salvavidas-de-la-infanta-cristina-para-librarse-del-banquillo-121618/). La pretendida "doctrina Botín" consistiría en que con sólo una acusación particular por delito fiscal, ejercitada por no perjudicados por el delito, no procedería abrir juicio a la Infanta, de modo que si no acusase el Ministerio Fiscal ni la Abogacía del Estado, la Infanta no sería juzgada por el referido delito.

En primer lugar, no se puede afirmar con algún mínimo fundamento la existencia de un concierto o confabulación de jueces para instaurar mecanismos procesales favorables a la Casa Real. La pretendida “doctrina Botín” se produjo hace más de cinco años, cuando la Casa Real no estaba en “tela de juicio”. En segundo lugar, nunca hubo una “doctrina Botín”. Al respecto, relean, por favor, si el tema les interesa, lo que escribí en la “tercera” de ABC el 8 de diciembre de 2007, bajo el título, nada eufemístico, de “EL SUPREMO DEBE RECTIFICAR” (v. http://www.abc.es/hemeroteca/historico-08-12-2007/abc/Opinion/el-tribunal-supremo-debe-rectificar_1641460040449.html) Antes de examinar lo que la Sala Segunda (en la S. 1045/2007, con importantes votos particulares discrepantes) había dicho, con craso error, confirmando una resolución de la Audiencia Nacional, recordaba que una golondrina no hace verano (es decir, una sentencia no hace “doctrina”), amén de que la doctrina jurisprudencial no es fuente del Derecho en general ni del Derecho Procesal Penal en particular. Después, refutaba sin discusión (de hecho, no la hubo), que la ley hiciese distinciones entre la acusación particular ejercida por ofendidos o perjudicados y la ejercida por ciudadanos comunes, en virtud de la acción popular.

No tardó mucho la Sala Segunda en rectificar grandemente -aunque, para mí, insatisfactoriamente- esa mal llamada “doctrina Botín”. En las Sentencias 54/2008, de 8 de abril (caso “Atutxa”) y 8/2010, de 20 de enero (caso “Ibarretxe”), vino a relativizar la exclusión de la acusación particular ejercida por no ofendidos en el sentido de que, tratándose de defender intereses colectivos, basta esa sola acusación para llevar a juicio al imputado. A la argumentación de estas dos sentencias le llaman ahora “doctrina Atutxa”, que, aunque dos golondrinas sí hiciesen verano (que no lo pienso así), tendría tanta fuerza vinculante como la “doctrina Botín”, es decir, ninguna.

Veo que el periodista trae a colación las afirmaciones de varios catedráticos de Derecho Procesal. Me sorprende que algunos de estos distinguidos colegas aparezcan (quizá no se les haya entendido bien) dando por sentado a) que existe una “doctrina Botín”; b) que jurídicamente se podría aplicar al caso de acusación de delito fiscal a la Infanta. Y me sorprende asimismo, aunque un poco menos, que los catedráticos que plantean objeciones a la “doctrina Botín” o a su aplicabilidad, no lleguen a pronunciarse de modo rotundo en contra de la juridicidad del pretendido “salvavidas”. Porque el fondo de la cuestión no es que la “doctrina Atutxa” haya sustituido a la “doctrina Botín”, en vez de constituirse en opción de similar entidad, y ni siquiera se trata de que lo que ha dicho el Tribunal Supremo en las referidas sentencias nos parezca conforme o contrario a Derecho (Constitución incluida). El fondo de la cuestión es disponer de un criterio firme sobre el valor de la jurisprudencia y proporcionarlo a la opinión pública con toda claridad. Ésta es, sin duda, una opinión personal mía, pero, como decía un viejo maestro, “es una opinión personal fundada sobre roca”. En la roca de la Constitución y de nuestro sistema de fuentes del Derecho, se fundamenta que no hay doctrina jurisprudencial vinculante y, por tanto, que el “salvavidas” (entiéndase: un “salvavidas” jurídico) no existe.

 

Otra cosa, en el plano ya de las meras hipótesis fácticas, es lo que pudiera resolver, de hecho, la Audiencia Provincial de Palma y, en su caso, el Tribunal Supremo, si se acusase a la Infanta de delito fiscal y sólo la acusase quien ejercita la acción popular. En el plano de los hechos futuros podría ocurrir cualquier cosa, prevaricación incluida, aunque, en ese plano, me atrevo a excluir la prevaricación y a conjeturar que, conforme a las citadas Sentencias de 2008 y 2010, se abriría juicio oral contra la Infanta, porque un delito fiscal afecta al Estado, sí, pero nos afecta a todos, afecta a intereses generales y la Abogacía del Estado no puede monopolizar la acción de la Justicia. Si, por la comodidad en el juzgar, que diría Carnelutti, se siguiese el criterio actual del Tribunal Supremo (la llamada "doctrina Atutxa"), la Infanta, de ser imputada por delito fiscal, sí iría a juicio.

En todo caso, colateralmente de esta “noticia” sobre “salvavidas” inexistentes, me alegro mucho de que ahora se alcen muchas voces favorables a la intangibilidad de la “acción popular”, que es la multisecular expresión histórica, en España, de la participación popular en la Justicia. Por momentos pensé encontrarme solo (con la compañía, eso sí, de mi querido amigo y egregio penalista Enrique Gimbernat) en la defensa de esa institución, sencillamente envidiable. Relean, siempre si les interesa el tema, lo que publiqué el 25 de mayo de 2011 en otra “tercera” de ABC, titulada “HISTORIA, DEMOCRACIA Y ACCIÓN POPULAR” (http://www.abc.es/20110525/latercera/abcp-historia-democracia-accion-popular-20110525.html). Es de suponer que el renacido e intenso aprecio a esta institución se manifieste contundentemente por mis colegas y otros ante el propósito de limitar la acción popular que aparece en el Borrador de nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal: en ese “borrador” sí se contienen muchos proyectos de “salvavidas” para la clase político-económica.

LA ESTULTICIA CON QUE SE PROCURA LA “EXCELENCIA” DEL PROFESORADO UNIVERSITARIO

“ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN”, “ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN” Y “TASA DE ÉXITO”.

LA OPRESIÓN DE UNOS “EVALUADORES EDUCATIVOS” QUE NO EDUCAN NI EVALÚAN RACIONALMENTE

Quizás se habrán extrañado los seguidores de este “blog” de mi largo silencio sobre asuntos educativos y, más concretamente, universitarios. Quiero dejar claro ahora que ese silencio no se ha debido ni a desinterés ni a conformismo. Si no he dicho nada aquí de lo que viene ocurriendo en mi esfera profesional y vital —son ya 46 (CUARENTA Y SEIS) los años que llevo en la Universidad, sin interrupción, desde que terminé la carrera de Derecho—, se ha debido a que, para la más elemental protección de mis vísceras estomacales e intestinales y de mi equilibro nervioso, procuro pensar lo menos posible en lo que cada día veo (y soporto, en parte) y en lo que veo que muchos otros, queridos compañeros, a diario se ven obligados a hacer y soportar, más que yo, porque, al fin y al cabo, estoy a pocos años de la jubilación y tengo todos los trienios y quinquenios posibles y casi todos los “sexenios de investigación” que pueden ser reconocidos por las entidades presuntamente evaluadoras (una de ellas, por cierto, la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, CNEAI, ni siquiera responde a mi última solicitud remitida por correo certificado a causa del constante fallo de sus cacareadas y obligatorias aplicaciones informáticas “on line”: ya no se respetan ni las más elementales normas de la más básica cortesía y consideración: estos “autoridades modernas” son de una prepotencia formal superior con mucho a la de las autoridades franquistas).

Prosigo, tras este inciso de desahogo y mínima denuncia de la grosería burocrática. El caso es que no hay antieméticos que funcionen conmigo si pienso un poco en lo que está ocurriendo en la Universidad y, concretamente, contra el profesorado universitario. No conviene abusar del omeprazol (ni de otros fármacos), pero es que el panorama, si lo contemplo expresamente por más de cinco minutos, me revuelve dolorosísimamente las tripas, que se saturan de corrosiva acidez. Y se me irrita al extremo ese colon irritable, que todos tenemos, en mayor o menor medida. Y, por descontado, no hay tranquilizante, anxiolítico ni antidepresivo capaz de librarme (excluyo sobredosis con efectos indeseables de catatonía) de graves perturbaciones nerviosas, anímicas y psíquicas si  no eludo habitualmente la consideración de lo que me rodea en la Universidad.

Dicho lo anterior como explicación de mi habitual silencio, a veces ocurren cosas que, como suele decirse, hacen hablar al mudo o, en mi caso, me determinan a correr los riesgos que acabo de describir. No es sólo que estomague y encrespe el hecho de que, puestos a evaluar la actividad académica, resulte un factor determinante de valoración adversa no haber participado en una gran cantidad de cursos sobre “innovación educativa”, cuando, además, esos cursos muy poco o nada positivo aportan sobre la enseñanza de muchas materias (p. ej., jurídicas, filosóficas, etc.) si es que no llegan a incluir, como ha ocurrido, consejos terriblemente disparatados, como el de prescindir de los libros (lo que en Derecho y en otros ámbitos, es sencillamente letal y contrario a una experiencia de muchos siglos en todos los países civilizados y cultos del mundo). Tampoco se trata únicamente de soportar sin náuseas que la evaluación positiva de un docente e investigador universitario dependa de haber ocupado u ocupar cargos académicos, cuando ni todos los profesores pueden ocupar cargos ni tienen por qué ocuparlos para ser excelentes profesores: sucede, más bien, que mientras se ocupan bastantes de esos cargos, disminuye el tiempo disponible para investigar y preparar (con preparación próxima y también remota) buenas clases de todo tipo. Pase, no obstante, que se incentive razonablemente el desempeño de trabajos directivos. No es admisible, en cambio, que los incentivos por ese concepto se igualen con otros datos docentes e investigadores. Y resulta ya irracional, si no inicuamente favorecedor del amiguismo entre autoridades académicas, que no haber desempeñado cargos se alce como un obstáculo para la valoración positiva. Por añadidura, este criterio de baremación es discriminatorio en perjuicio de los profesores de Universidades de tamaño grande o mediano, donde hay menos cargos a repartir entre más personas.

Otra importante majadería es la de sobrevalorar las llamadas “estancias de investigación” y la de no puntuar como “estancias de investigación” las que no superen el mes, se trate de académicos dedicados al Derecho Mercantil, microbiólogos o botánicos. Con el desarrollo de las comunicaciones, salir al extranjero —que es siempre entre “interesante” y “muy interesante” salvo para gente incapaz de observar y aprender— no puede ser prácticamente obligatorio para cualquier progreso en toda carrera académica universitaria. Por su parte, la duración superior a un mes, como criterio fijo y general, carece de todo sentido. Habría que tener en cuenta siempre el objeto de la investigación, el conocimiento del idioma extranjero cuando sea distinto del propio y otros factores: así, un mes puede ser poco o demasiado. Muchas veces, una semana es más que suficiente como tiempo para lo que requiere de verdad la investigación de que se trate y en otras ocasiones, un mes ni siquiera puede servir para introducirse en el asunto en cuestión. Además, no es raro que los profesores de Derecho y de otras materias puedan, al acudir a Universidades distintas de la suya, disponer de bibliotecas y otros recursos, de cantidad menor y calidad inferior a los materiales que tienen a mano en su Universidad. En estos y otros parecidos casos, la “estancia de investigación” es simple turismo universitario. Se me ocurre, por último, que, tanto cuando los recursos económicos eran razonables, como en estos tiempos de “austeridad”, el factor de las “estancias de investigación” resulta discriminatorio por motivos económicos y desprecia enteramente la atención que merecen diversas circunstancias personales (sobre todo, las familiares y las de salud: es real y no aislado el caso de un esforzado y meritorio profesor, sometido a constantes diálisis, que durante varios lustros no ha podido ni pensar en alejarse algunos kilómetros de su lugar de residencia y trabajo).

Con ser todo lo anterior inaceptable y difícil de sobrellevar, recientemente he visto algo aún peor, que no es que resulte poco inteligente o racional, sino ya del todo idiota. He visto cómo excelentes profesores, muy positivamente valorados por los alumnos en encuestas serias sobre su calidad docente (siempre, claro es, a la búsqueda de la cacareada “excelencia”), han recibido objeciones relevantes por falta de “participación en actividades de coordinación”. El concepto mismo de este supuesto mérito ya resulta chusco o más bien grotesco. La calidad de la enseñanza nada tiene que ver con participar mucho, poco o casi nada (algo de coordinación es forzoso que exista) en “actividades de coordinación”. Si lo que hace el profesor para que sus alumnos aprendan es adecuado al programa, si la puntualidad y el cumplimiento de los deberes resulta impecable (y así se reconoce), si los mismos destinatarios de los esfuerzos del profesor valoran muy positivamente esos esfuerzos, ¿qué importa participar más o menos en “actividades de coordinación”, siendo de difícil entendimiento, para empezar, cuáles pueden ser esas “actividades” y de qué “coordinación” se está hablando? Pues, lector, no ya por entidades externas a la Universidad, sino desde dentro de ella se castiga, de hecho, a excelentes profesores por ausencia o poca entidad de ese pretendido “mérito”. ¿No les parece, lectores, que tal castigo es, como les adelantaba, algo que hace hablar al mudo?

Pero aún falta lo peor, la apoteosis del absurdo, la claudicación plena de cualquier idea decente de la Universidad y de toda otra empresa educativa. Me refiero a la bonificación del profesorado por una alta “tasa de éxito” y a su penalización por una “tasa de éxito” menos alta o baja, que sería fracaso. Dicho en román paladino: cuantos más o menos alumnos aprueben, más o menos “tasa de éxito”. Así que ya lo saben: del “fracaso escolar” (el de los escolares, hay que suponer) se ha pasado a hacer relevante el éxito del profesor, que no lo miden los alumnos con sus encuestas, con su consideración de sus profesores, con las pequeñas distinciones que pueden otorgar a quienes han apreciado más, como es el caso de la designación como “padrinos” de una promoción para esos llamados “actos de graduación” (con orla incluida) que se están imponiendo por doquier. No: el éxito del profesor es medido según el número de alumnos matriculados (no necesariamente reales y, muchas veces, con poco que ver con los reales) que aprueban en las diversas convocatorias e incluso el número de alumnos matriculados que se presentan a examinarse. “Suspensos” y “no presentados” son el térmómetro exacto del “éxito” y de la “excelencia” del profesor para los evaluadores de la calidad de la enseñanza. Y esa “tasa de éxito” o de fracaso es relevante para la promoción de los profesores.

La benignidad en las notas, incluso si llega a ser una benignidad maligna, por perniciosa para la sociedad, es la clave del “éxito” y de la “excelencia” del profesor. ¿Es Vd. lo que siempre se ha llamado un “coladero”? Pues, ¡Vd. sí que sabe lo que es pedagógicamente correcto! ¡Vd. sí que sabe manejarse en la modernidad! ¡Vd. sí que sabe, a secas: sabe lo que le conviene! No importa que los alumnos reales, los que fueron encuestados minuciosamente sobre la enseñanza de un profesor, incluidos los que no han aprobado, los que han sido suspendidos, califiquen a ese profesor con las más positivas apreciaciones. Si el profesor suspende a algunos o a bastantes, su “tasa de éxito” es mala, su puntuación mengua y yerra en el camino oficial hacia la “excelencia”… oficial.

Por supuesto, a la Oficina para la Excelencia Docente (llámese como se llame) le da lo mismo, en cuanto a los alumnos matriculados que ni siquiera se presentan a examen, si se trata de una asignatura impartida al comienzo de la carrera (boloñesa o no) o si es asignatura de las que se cursan al final, lo que en algunas carreras (Derecho, por ejemplo) puede explicar y explica un número de matrículados especialmente alto y una gran desproporción entre éstos y los que realmente acuden a la Facultad o Escuela y se examinan. Hay personas que están procurando, muy legítimamente con frecuencia, culminar una carrera universitaria mientras trabajan y su ritmo de avance es más lento, sin que se les pueda dirigir reproche alguno: al contrario, las autoridades que constituyen y amparan la Oficina para la Excelencia deberían agradecerles que pague las tasas.

Con estos planificadores y evaluadores, que idean y aplican parámetros disparatados, ¿cómo es que quienes los permiten y los apoyan se atreven luego a hacer propaganda de pifias tremendas cometidas por titulados universitarios en las oposiciones? ¿No habrá alguien con simple sentido común, por raro que éste sea, que ponga fin a tantos dislates? ¿No habrá quien liquide la opresión de la estulticia? Espero que sí, porque como tenga que volver a escribir al respecto, con lo que me cuesta, es seguro que a los genios de la evaluación opresora les escocerá más que hoy.

LA DICTADURA ABSOLUTA DE LA MAYORÍA ABSOLUTA

TIRO EN LA NUCA AL ÓRGANO DE GARANTÍA DE LA INDEPENDENCIA JUDICIAL

 

LA CONSTITUCIÓN, DE NUEVO A LA BASURA

 

Hoy, 29 de abril de 2013, cansado de las proezas totalitarias que un pretendido partido humanista-cristiano y liberal le permite al ignorante Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón; asqueado hasta la náusea del inmovilismo dontancredista del Presidente del Gobierno, que nombró y mantiene al mayor ignorante e inepto que nunca ocupó la cartera de Justicia, debo, sin embargo, reseñar aquí la aprobación en el Congreso de los Diputados de un proyecto de ley lamentable, que he calificado en los titulares de este post. El “rodillo parlamentario” que está aplicando el Partido Popular, completamente descabezado  -lo saben mejor que nadie quienes militan en él y muchos de sus dirigentes, aunque no lo digan en público ni dentro del partido, porque nuestros partidos no son democráticos- no tiene nada que envidiar al “rodillo” que se aplicó en la época del esplendor socio-felipista, provocando las más duras y repetidas quejas de los “populares”.

Pero, por agotamiento moral e intelectual, me permitirán que me limite a copiar lo que ya dije en este mismo blog sobre la hazaña ahora perpetrada por Ruiz Gallardón y sus cooperadores necesarios. Ahí va.

«Hay ocurrencias contra-constitucionales en otros terrenos, que siempre han interesado en este blog. Hay ocurrencias —¡asómbrense!— desde el mismo Gobierno de la Nación. El Ministerio de Justicia, encomendado al Sr. Ruiz Gallardón, está empecinado en unas reformas contrarias al funcionamiento de la Administración de Justicia y en otras contrarias, no ya a los excesos insufribles del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), sino al designio constitucional, mejor o peor perfilado, pero en sí mismo suficientemente claro y legítimo, de un órgano de garantía de la independencia judicial, concebido como órgano colegiado compuesto por juristas de peso. »

«La hipertrofia y la corrupción de ese órgano, no debidas principalmente a la Constitución, sino a que las ha permitido y promovido la misma clase política (con la complicidad y el estímulo de corporativismos exacerbados), no se combaten ni sirven de justificación al nuevo CGPJ que promueve el Sr. Ministro, miembro en cuerpo y alma, desde su juventud, de esa clase política. Algunos cambios del proyectado nuevo CGPJ obedecerían a criterios atinados y plenamente acordes con la CE —por ejemplo, que el CGPJ vuelva a dedicarse sólo a lo que le corresponde y que carezca de otra potestad reglamentaria que la interna—, pero, en otra gran parte, responden a criterios que, quizá serían defendibles en un proceso constituyente, pero que, a mi parecer —y éste es un tema del que algo entiendo—, resultan incompatibles con el diseño constitucional y opuestos a él.»

«El CGPJ puede y debe ser sometido a una estricta dieta de gasto y ser centrado en sus funciones constitucionales. Pero ahora, con lo que quiere Ruiz Gallardón, el CGPJ pasaría a ser un órgano muy débil, muy funcionarizado, bastante ministerializado y, de hecho, una especie de apéndice del Tribunal Supremo.»  ….  «El CGPJ tendría que estar presidido por un Magistrado del TS, Vicepresidido por otro Magistrado del TS y condicionado absolutamente en la acción disciplinaria por otro Magistrado del TS. Los 20 Vocales compatibles, que nunca estarían en el CGPJ, únicamente irían a (a)probar todo y sólo lo precocinado por el Mando Supremo y a obrar las dietas.»

«Me parece necesario hablar ya muy claro de una situación de rebelión contra-constitucional —no del todo abierta, sino en parte soterrada, pero real y muy intensa— que dura más de treinta años y que viene provocando importantes problemas institucionales en España y a España. Me refiero a que el Tribunal Supremo nunca ha aceptado que la Constitución Española de 1978 optase legítimamente por crear dos órganos: el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional (TC). En el proceso constituyente de la CE se discutió expresamente al respecto y se optó de manera muy clara por un gobierno de la Magistratura (de toda ella) claramente desligado del Ejecutivo (CGPJ) y por no constituir al Tribunal Supremo también en Tribunal Constitucional, sino crear un Tribunal distinto. Sin duda —lo he estudiado con detalle y a fondo y está publicado sin ninguna refutación— las relaciones, los límites y las separaciones funcionales entre los dos altos Tribunales (TS y TC) han sido y son difíciles, porque no se establecieron —después de la Constitución— del mejor modo posible y también porque no se nombró, en demasiados casos, a juristas de talla. Pero la opción constitucional era legítima y podría funcionar en el futuro, siempre que algunos preceptos constitucionales (a los que ya apunté como muy problemáticos durante el proceso constituyente) se interpretasen con sensatez.» (post del 25 de enero de 2013)

En otro post anterior, de 8 de julio de 2012, había dejado escrito esto otro:

«Es evidente que el Ministro ha escogido para su plan -que, bien mirado, supondría eliminar un órgano constitucional, debilitando institucionalmente la independencia judicial- el momento histórico del sumo desprestigio de ese órgano, un momento en el que muchos ciudadanos comprarán fácilmente el proyecto del Ministro, porque, en vista de la politización partidista y de la corrupción del CGPJ, cientos de miles claman incondicionadamente: “¡fuera el CGPJ!”. Yo aquí he clamado “¡fuera este CGPJ!”, que no es lo mismo. Porque si la guía de los cambios profundos fuese eliminar lo que tiene hartos a los ciudadanos, ahí está el Centro de Investigaciones Sociológicas, señalando, mes tras mes, que los partidos políticos y la clase política son el segundo problema de este país, de modo que, conforme al criterio oportunista y anticonstitucional del Ministro, se deberían suprimir los partidos políticos y, por ejemplo, reducir el número de Diputados al mínimo constitucional de 300, de los cuales la inmensa mayoría podrían ser puramente nominales, concentrando en unos pocos el poder de decisión, despreocupándose de las incompatibilidades y de las retribuciones de esa inmensa mayoría, reduciendo los Plenos a la mínima expresión y, en definitiva, prescindiendo de la idea de que cada Diputado representa, sin sujeción a mandato imperativo alguno, a todo el pueblo de España.»

«De la crisis política y social -a la que subyace, como a la económica, una situación de grave y continuada infracción ética por los dirigentes políticos- se sale, no eliminando instituciones, sino refundándolas sobre sólidas bases de decencia y respeto a la verdad y al Derecho. Descartada hoy, como por diversos motivos la descartamos muchos (y entre otros, el Gobierno y la oposición), una reforma constitucional, no cabe eliminar el CGPJ, como tampoco eliminar el Congreso de los Diputados, a base de cambios que sólo mantendrían esas instituciones nominalmente. Nunca fui, desde que se proyectó, un gran entusiasta de la Constitución vigente, pero se me puede considerar un partidario acérrimo, un "fan" de ella frente a la opción de despreciarla y burlarla y también frente a la idea de que nuestra crisis política se debe a la Constitución. Por el contrario, se debe, no a fallos de diseño de esta Norma Fundamental, sino a errores de interpretación y, sobre todo, a la corrupción jurídica y política con que, una y otra vez, ha sido aplicada formalmente, pero materialmente vulnerada. »

«Así que, por decirlo coloquialmente, cargarse definitivamente el CGPJ, en vista de la enorme cantidad de veces en que se ha vulnerado la Constitución al renovarlo y en vista de la constante infracción de la Constitución y de las normas que regulan su funcionamiento, no sería ninguna regeneración y ninguna reforma: sería la consagración y el reforzamiento del “Estado de partidos”, agente decisivo de la agonía del CGPJ. Me viene a la cabeza, como símil, la idea de que unos cárteles del narcotráfico lograsen, en vista de su terrible e imparable criminalidad, que se eliminara la policía.» 

«Aplaudo con entusiasmo que un nuevo CGPJ se limite a las funciones que le atribuye la Constitución entendidas racionalmente de modo estricto. La “política judicial”no puede ser otra de la que derive del cumplimiento de las leyes, comenzando por la Ley Orgánica del Poder Judicial. Me parece de perlas que las retribuciones -hoy entre las más altas de todo el Estado- del CGPJ se reduzcan notablemente (ya lo sugerí con más concreción en el “post” al que he puesto enlace) y no digamos otras prebendas. Es perfectamente posible y por completo necesario (no sólo por motivos económicos) que el CGPJ deje de ser el mastodonte actual: sobran funcionarios de todo tipo. Pero la misma Constitución establece que las funciones constitucionales del CGPJ las desempeñe un colegio de al menos 20 Vocales (casi siempre, además, con un Presidente que, elegido por ellos, nunca hasta ahora lo ha sido de entre ellos) y no puede haber un tal órgano colegiado si la capacidad de decisión se sustrae o se minora a la gran mayoría de esos 20 miembros y se concentra en unos pocos. La Constitución se habría violado y no puedo aceptar ese remedio, por que es peor, mucho peor que la enfermedad.»

«Que el Ministerio afirme que las funciones esenciales del CGPJ le seguirían correspondiendo al Pleno sencillamente no es verdad: el ejercicio de la potestad disciplinaria vendría condicionado por la acción de un Promotor de la Acción Disciplinaria, que no tendría que ser Vocal, pero sí Magistrado del Tribunal Supremo o jurista con 25 años de ejercicio profesional. Y si, como se lee en el informe de la comisión de expertos, ese señor o esa señora acusaría ante la Comisión Disciplinaria que actuaría como tribunal, pero se suprimen, siempre según los expertos, los recursos de alzada al Pleno contra las decisiones de las Comisiones, Vds. me dirán.»

«Se equivoca también grandemente el Ministro … al proponer que, excepto el Presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ (doble condición que concurre en una sola persona: arts. 122.3 y 123.2 CE), todos los demás Vocales sigan ejerciendo su profesión jurídica: los doce Vocales “Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales”, en sus Juzgados y Tribunales y los ocho “abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia”, en sus despachos del más diverso tipo: los abogados con sus pleitos, los Fiscales, los Abogados del Estado y los Catedráticos, por ejemplo, con sus asuntos habituales. Yo no tengo dudas de que para hacer los mejores nombramientos, resolver sobre las posibles faltas de disciplina y dirigir la inspección de los Juzgados y Tribunales es sumamente conveniente toda la lejanía y la desimplicación posibles. El CGPJ gobierna a los Jueces y Magistrados y no es bueno que los gobernantes también sean gobernados ni parece sensato que abogados en ejercicio decidan quién ocupa tal o cual plaza de Juez o Magistrado. Este criterio favorable a la incompatibilidad es, ciertamente, discutible, como casi todo, pero, aunque el Ministro y sus áulicos consejeros no se hayan dado cuenta, el criterio de la incompatibilidad es el asumido expresamente por la Constitución. Es muy claro lo que se lee en el art. 122.2 CE: “2. El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo. La ley orgánica establecerá su estatuto y el régimen de incompatibilidades de sus miembros…” No tendría ningún sentido esa mención específica de un régimen de incompatibiilidades si el texto constitucional estuviese abierto a que los miembros del CGPJ careciesen de incompatibilidades. Pero si hay incompatibilidades, no es posible que, excepto el Presidente (o éste y unos pocos más), los Vocales no perciban una retribución fija.»

«Otro punto negro, negrísimo a mi juicio, del proyecto de nuevo CGPJ es exigir legalmente que el cargo de Presidente del Tribunal Supremo (TS) tenga que recaer en quien ya ostente la categoría de Magistrado de ese Tribunal, lo que no exige la Constitución Española, cabalmente porque no quiso que la Presidencia del TS tuviese que recaer necesariamente en alguno de sus Magistrados. Es verdad que el art. 123.2 CE dice que “el Presidente del Tribunal Supremo será nombrado por el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, en la forma que determine la ley”, de modo que a ésta se remite la Constitución, pero también es verdad (o, como suele decirse en la jerga forense, “no es menos cierto”) que la CE pudo exigir que el Presidente del TS fuese Magistrado del TS y no lo exigió ni lo exige. Que de ordinario lo haya sido, bien está (aunque unos cuantos Presidentes procediesen más del ámbito académico que del estrictamente judicial), pero la innovación cierra la puerta a que, en alguna ocasión, se pueda llevar a algún jurista eminente, no Magistrado del TS, a la presidencia de ese órgano. Cerrar esa puerta me parece muy equivocado.»

«Para más inri, se crearía una figura, la de Vicepresidente del Tribunal Supremo, que, dice el Ministerio sobre el informe de la comisión de sabios, sería "elegido por el Pleno, entre la terna que proponga el primero [el Presidente]. El vicepresidente, que no forma parte del CGPJ, le sustituirá en caso de vacante, ausencia o enfermedad." Podría presidir el CGPJ un "alto mando" del TS, no perteneciente al CGPJ. Genial.» (post de 12 de julio de 2012)

Como lo que han aprobado ahora en el Congreso de los Diputados es sustancialmente lo mismo que anunciaba en esos textos, vale hoy, dies nefas (¡otro más!) de 29 de abril de 2013, lo que en ellos quedó dicho. En lo relativo a seguir haciendo depender del Parlamento la designación de todos los Vocales, frontalmente en contra de lo que decía el programa electoral del Partido Popular y de lo que ratificó el mismo Ruiz Gallardón tras ser nombrado Ministro, no hace falta que diga nada: es otro episodio más de los ya incontables incumplimientos de programa. Pero aquí no vale la imposibilidad como excusa o la necesidad como justificación, como cuando se han subido impuestos que se aseguró que no se subirían. Aquí es una reforma institucional en sentido absolutamente opuesto y contrario a la que se anunció.

Sólo una cosa más, para que los lectores estén informados completamente. Nada de lo que hace Ruiz Gallardón es culpa de él. La culpa es siempre de otros, de su partido y de su Gobierno. Estableció las tremendas tasas judiciales por exigencias de Montoro; dio su placet a Moliner, el actual Presidente del TS y del CGPJ, por imperativos superiores; quiere reformar los registros por imposición de un Registrador pariente próximo del Presidente Rajoy y esta jibarización del CGPJ se debe a un deseo del mismo Presidente Rajoy, que no ha perdonado al CGPJ la defenestración de Dívar. Todo esto, que Ruiz G. me consta que dice, son mentiras. La mentira le ha poseído tiempo ha. Lo mismo que a Juan Alberto Belloch Julbe, hoy gran amigo de Ruiz G. Ambos buenos colegas de Cándido Conde Pumpido, a quien, en efecto, prefiere Ruiz G. en el TC, por encima de Juan Antonio Xiol Ríos, Presidente de la Sala Primera del Tribunal Supremo. ¡Qué ensalada, amigos!