"SITEL": UN ENIGMA INQUIETANTE QUE DEBE DESAPARECER
(Cuanto antes)
Ya dije aquí, no hace mucho, que el régimen legal de la interceptación de comunicaciones telefónicas en España (un país con garantías jurídicas mayores, en teoría, que las otros muchos civilizados) distaba de incurrir en exageraciones garantistas que pudieran favorecer la criminalidad. Pero la realidad resulta mucho más preocupante que la imperfecta regulación legal. Porque, por un lado, unos cuantos jueces de instrucción autorizan intervenciones telefónicas con escasa motivación (o directamente contra la ley, como Garzón) y no controlan debidamente sus resultados. Y, por otro lado, se sabe que está en funcionamiento un sistema de escuchas y grabaciones con unas características de amplitud (digámoslo eufemísticamente) y de directo control policial (Policía Nacional y Guardia Civil) altamente inquietantes.
Hay en la "red" varias explicaciones del actual sistema de "escuchas" y grabaciones, llamado SITEL (Sistema Integrado de Interceptacion Telefónica). Son explicaciones bastante prolijas y difíciles para el lector no iniciado o super-experto, pero, en todo caso, no contribuyen a eliminar o atenuar la inquietud, sino todo lo contrario. Algún competente colega procesalista y buen abogado penalista (pero no supergarantista, sino razonable partidario de la letra y el espíritu de la Constitución) me ha ilustrado sobre la magnitud y el descontrol judicial del susodicho sistema. En resumen, uno puede pensar que sus conversaciones telefónicas (ahora, ante todo, las que se mantienen mediante "móviles" o "celulares") son fácilmente accesibles a personas no autorizadas judicialmente. Y pensar eso no supone ninguna paranoia ni síntoma alguno de infección con virus conspiratorios.
Así las cosas, el Partido Popular (PP) se ha lanzado en el Congreso de los Diputados contra el SITEL y lo ha tachado de "ilegal" e "inconstitucional". Me parece posible que tengan razón y considero muy probable que el sistema prime en exceso la "seguridad" y la lucha contra la delincuencia en detrimento de la "privacidad", la intimidad, el constitucional secreto de las comunicaciones y hasta la ley de protección de datos de carácter personal. Pero ha ocurrido que, ante esa iniciativa parlamentaria del PP (del que, recordémoslo para los lectores no españoles, es Presidente D. Mariano Rajoy y Secretaria General, Dña. Maria Dolores de Cospedal), el actual Ministro del Interior del "Gobierno de España", Sr. Rubalcaba, ha podido mostrar tres documentos:
-En el primero, de 24 de octubre de 2001, D. Mariano Rajoy, en calidad de Vicepresidente primero y actuando en nombre del Ministerio del Interior, decide la adquisición e instalación de un Sistema Integrado de Intercepción Legal de Telecomunicaciones (SITEL).
El contrato es adjudicado por el Sr. Rajoy el 25 de septiembre del año 2001, por importe de 9.825.975 euros (también en tres anualidades), a la empresa danesa ETI A/S, que se comprometió a la entrega e instalación del material. El plazo de ejecución del contrato finalizaba el 31 de marzo de 2003.
-En el segundo documento, de 21 de marzo de 2003, Dña. María Dolores de Cospedal, a la sazón Subsecretaria del Ministerio de Interior, da el visto bueno a la petición de la empresa ETI A/S de un aplazamiento de seis meses (hasta el 31 de septiembre de 2003) para la finalización del contrato sobre la fecha fijada (31 de marzo de 2003). Muy importante es que en la solicitud de aplazamiento se afirma que "la participación de los operadores de telecomunicaciones en el Proyecto SITEL, concretamente los operadores de telefonía móvil TME, Amena y Vodafone y el operador de telefonía fija Telefónica España, es indispensable para la ejecución del proyecto".
-En el tercer documento, de 30 de septiembre de 2003, De Cospedal firma un nuevo aplazamiento, en este caso de dos meses, nuevamente solicitado por la empresa ETI A/S, por las mismas razones. El 30 de noviembre de 2003 quedaba establecido como momento final para la ejecución del contrato.
Con base en estos papeles, Rubalcaba ha podido responder a las críticas "asegurando que fueron Rajoy y De Cospedal quienes contrataron el sistema SITEL, que, según añadió, fue puesto en marcha en 2004 cuando el ministro del Interior era Ángel Acebes."
Es muy, pero que muy dudoso, que el Sr. Rubalcaba haya dicho la verdad y toda la verdad sobre el SITEL. Porque, por de pronto, no ha explicado el sistema y se ha quedado satisfecho con dos afirmaciones: que SITEL es más "garantista" que el sistema anterior (¡?) y que el debate sobre libertad y seguridad es un largo y muy extendido debate, cosa que sabemos de sobra. Para mí, son dos frases que alimentan muy sustanciosamente la inquietud. Pero, por su parte, el más duro oponente al SITEL, el "popular" González Pons, ha confirmado que, en efecto, el PP impulsó el sistema en 2003, pero que nunca lo puso en marcha "porque lo desaconsejaron los informes del CGPJ y de los Ministerios de Justicia y Defensa" y otros muchos, hasta 22 informes. Y ha distribuido bastantes de esos informes desfavorables.
Así pues, es posible, pero no seguro, que el SITEL no fuera puesto en marcha por el Ministro del Interior "popular", Sr. Acebes. Y, por lo mismo, resulta posible, aunque no seguro, que se pusiera en marcha por el Gobierno del PSOE. Pero no hay duda de dos cosas: la primera, que lo que hoy funciona es el SITEL y, desde luego, sin ningún control judicial. La segunda, que, desde el 2001 al 2003, el Sr. Rajoy y la Sra. Cospedal, que se consideran y son tenidos por juristas, no vieron reparos jurídicos (incluidos los constitucionales, por supuesto) al SITEL. Durante 3 años manejaron un proyecto que, al cabo, consiguió 22 informes desfavorables. ¡Unos linces jurídicos, vamos!
Ha hecho muy bien el Sr. González Pons en arremeter contra el SITEL si lo considera ilegal e inconstitucional, que probablemente lo es. Y resulta especialmente meritorio que haya decidido velar por el interés general asumiendo el riesgo de dejar en mal lugar a unos compañeros (más bien jefes) de su partido. No ha sido nada afortunada la comparación del SITEL con un automóvil: "lo compramos nosotros -dice G.Pons- pero son Vds., los del PSOE, los que atropellan con él". No vale este símil porque el SITEL dista mucho de ser un artefacto tan normal como un automóvil. Debería haberlo comparado con una ametralladora pesada. Pero el desacierto del símil es sólo un pequeño borrón.
El portavoz parlamentario del PSOE en el Congreso de los Diputados, Sr. Alonso, ha contraatacado con el archimanido "¡antidemócratas!" y, sobre todo, ha retado al PP a probar las escuchas generalizadas ante los Tribunales. Esta actuación del ex-Magistrado y ex-Ministro resulta mosqueante (para los lectores no españoles: "mosqueante" viene de "tener la mosca detrás de la oreja", es decir, sospechar, con motivo, que algo no va como debiera), porque se sigue sin explicar qué hace el SITEL y quién lo hace y porque invocar la prueba judicial es como retirarse a una última trinchera, sin informacíón ni argumentos. Antes o después, la realidad de un sistema informatizado de intervenciones telefónicas, que conecta con las operadoras telefónicas, tendrá que ser bien explicada o acabará siendo del todo conocida. En todo caso, si es plenamente legal y constitucional, no se justifica la renuencia a explicarlo. Y sobre todo, el silencio acerca de las garantías sobre su uso.
Según EL MUNDO, los jueces y magistrados han salido en trombra a defender el SITEL y a formular reproches al PP. Al leer la información, resulta que el primer declarante es el Vicepresidente del CGPJ, ex-Consejero de Justicia de Camps. Lo que dice merece un lugar en la antología de las declaraciones vacuas. Reproduzco al citado diario:
"El vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa, ha afirmado que si alguien duda de la constitucionalidad del uso del Sistema Integral de Interceptación de las Telecomunicaciones (Sitel) que lo denuncie al Tribunal Constitucional."
"De Rosa ... ha asegurado desconocer este sistema, así como los requisitos legales para su funcionamiento, pero ha recordado que "hasta ahora" las intervenciones telefónicas en España se han efectuado "por autorización judicial"."
Dos observaciones al Vicepresidente del CGPJ: primera, nadie (ni un particular, un partido político, un Cabildo Insular o un club de fútbol) puede acudir al Tribunal Constitucional para que éste le disipe una duda de constitucionalidad. De Rosa debería saberlo (es algo que se estudia en alguno de los primeros cursos de la carrera de Derecho, según los planes), pero no lo sabe; segunda observación: el Sr De Rosa opina confesando desconocer el sistema sobre el que le preguntan y su régimen legal y reglamentario (si es que lo tiene). Pero sí sabe o debería saber que el CGPJ informó desfavorablemente sobre el proyecto de regulación jurídica del SITEL y podría haberse leído el informe. En él se exigió que en todo momento fuera la autoridad judicial la que controlara las interceptaciones, así como que no hubiera una indefinición en cuanto a quién tenía que hacerlo. (¡En qué manos están los jueces y magistrados! ¡Qué manos deciden sus nombramientos! ¿Se lo merecen? En mi opinión, bastantes sí, pero no la gran mayoría).
Los representantes de asociaciones judiciales, salvo alguna excepción, tampoco han estado muy finos. Porque no han dicho nada sobre el sistema, sobre el SITEL y sobre su control habitual y si está regulado y cuál es esa regulación y si les parece conforme a Derecho. Y es de todo eso de lo que se trata y no de contarnos lo que ya sabemos que dice la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Es verdad que el SITEL, en sí mismo, es una mera herramienta técnica, moderna, potente y sofisticada, de interceptación de comunicacíones. La que ocurre es que se ha reconocido que esa herramienta existe y que está siendo utilizada en España. Y, por el momento, lo que se sabe es que está a diario en manos policiales sin control judicial y nadie garantiza que sólo sea utilizada previa autorización judicial motivada y precisa.
¿Que también antes cabían ilegalidades? Claro está. Pero antes se corría el riesgo de que el infractor fuese descubierto "pinchando" el teléfono o que el mismo "pinchazo" fuese descubierto o había que ir a la Telefónica con el papel judicial. Y de eso a un SITEL instalado, en posible funcionamiento continuo, controlado confortablemente desde una sala no se sabe dónde, con una prácticamente nula posibilidad de descubrir la ilegalidad (un delito, y no menor) media un abismo. Allá el que no quiera verlo.
En cuanto a lo que dicen los Sres.y Sras. Fiscales, no quiero cansarles ni cansarme. Lean el citado periódico en http://www.elmundo.es/elmundo/2009/11/05/espana/1257425520.html.
Y ahora enlazo con lo del "show", con lo que se ha llamado "el espectáculo" ofrecido por el PP en las últimas semanas. Porque lo de SITEL, como muchos otros asuntos, es de gran importancia, infinitamente más que los elementos de ese "espectáculo" del PP. Y este asunto del SITEL, entre otros, debería servir para devolver al Sr. Rajoy y a la Sra. Cospedal (personalizo para simplificar el texto, pero también por los cargos que ostentan) a la realidad de los verdaderos problemas de España, en vez de seguir bombardeándonos con asuntos internos de aspecto muy penoso y saturando a los medios de comunicación con declaraciones (parole, parole, parole, que diría Mina) sin contenido, no pocas veces vergonzosas y con frecuencia contradictorias, que no arreglan ninguna realidad, sino que, al contrario, la deterioran en la medida en que han logrado oscurecer el horizonte de una saludable alternancia democrática como el más negro y persistente de los nubarrones entenebra tantos días que podrían ser radiantes.
No espero que Rajoy y Cospedal expliquen por qué apoyaron durante tres años el SITEL que hoy el Sr. González Pons considera "ilegal" e "inconstitucional". Tienen mucho trabajo pendiente que hacer, si quieren. Me conformaría -y, como yo, muchos votantes- con que el uno y la otra se aplicasen la doctrina que predican. Y, si han resuelto que no es conveniente que los "populares" se metan el dedo en el ojo unos a otros, bueno hubiera sido que el presidente, Sr. Rajoy, hubiese presidido seriamente la última reunión de la Ejecutiva Nacional y, por tanto, en coherencia con lo que acababa de discursear, hubiese impedido nuevos ataques acerbos, como los del Sr. Cobo. Asimismo, bueno hubiese sido que la Sra. Cospedal, tras apelar a los Estatutos del PP para disuadir enfrentamientos y riñas externas, no hubiera ella misma protagonizado un enésimo ataque a otra personalidad de su partido.
Cuando se quiere y se necesita el respeto de todos, es inexcusable respetar a todos y considerar a todos, evitando ensalzar a unos y marginar a otros sin justificación objetiva. El equipo personal es una cosa y los órganos de una institución, otra muy distinta. No vale actuar con amiguismos (de boquilla o silentes pero reales y a veces inconfesables) ni con fobias o misoginias. Y la envidia hay que tragársela y combatirla. Así y con mucha paciencia -que no llegará a ser nunca la de Job, record inigualable- se puede lograr una autoridad verdadera. Y, por supuesto, no es propio de un dirigente respetable dejar que los problemas se pudran y no saber reconocer, con sinceridad y afabilidad, errores de bulto, como haber puesto la mano en el fuego por personajes mendaces, mediocres y tramposos.
A todo lo anterior sólo voy a añadir un elemento objetivo del "espectáculo" que considero especialmente importante. No soy el único que no entiende este elemento: el de la presidencia de Caja Madrid. Porque el 22 de octubre de 2009, el vicesecretario de comunicación del Partido Popular, el mismísmo Sr. González Pons, afirmaba en un programa televisivo que el presidente del PP, Sr. Rajoy, "no tiene un candidato para Caja Madrid porque además no debe tenerlo". Muy cierto y muy bien dicho esto último, pero, pocos días después, el Presidente del PP, Sr. Rajoy, sí tenía un candidato y lo hacía público personalmente.
A mí me importa un bledo Caja Madrid, en sí misma. Nunca he operado con ella. Pero una contradicción así deja poco margen de legitimación para aproximarse al Santo Job y dar golpes de autoridad. Se ve mucho el plumero, especialmente cuando se esgrime el sutil argumento de las listas electorales. La amenaza es una torpeza. La autoridad personal, moral, se tiene por la consistencia y la talla personal. Y la autoridad política es para ejercerla a tiempo y con serena y meditada decisión, no con indisimulable cabreo y amagando golpes que destruirían aquello de lo que uno es responsable y que no debiera destruir.
Dejen, pues, los espectáculos penosos y pásense a los "shows", a los espectáculos que son alegría y belleza. Intenten, en lo suyo, imitar el talento y el esfuerzo de los grandes compositores, actores, actrices y coreógrafos, como los que han llenado y llenan los escenarios de Broadway. Les dejo con un magnífico número del gran Irving Berlin, en "Annie get your gun": "There's no bussines like show bussines" (No hay negocio como el negocio del espectáculo) Y van varias versiones, para que se las repartan, si quieren, los protagonistas del otro "espectáculo". Pero, sobre todo, para los lectores de este blog, que pueden ir viéndolas sin prisa.
Primero, una versión clásica de Nathan Lane en http:/www.youtube.com/watch?v=GkYcGExumKs&feature=related
Después, "clickando" en http://www.youtube.com/watch?v=yIysoD4vg0w&feature=related, algo cinematográficamente exuberante, una muestra del "show bussines" de Hollywood. Muy "old fashioned".
En http://www.youtube.com/watch?v=HH3ffIAvFdU&feature=related, un montaje más moderno, coreográficamente un poco pobre, pero pienso que muy bien cantado.
En tercer lugar, en http://www.youtube.com/watch?v=eNNYVLDNAgQ&feature=related, una versión amateur, pero con artistas sentidos y valiosos.
Y para acabar, el final de "A Chorus Line": apoteosis del "show bussines":
http://www.youtube.com/watch?v=tyZeGOsR9IA&feature=related
Disfrutemos, después de la paciencia que nos hacen derrochar estos...
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