EL "ESTATUT DE CATALUNYA" Y EL BORDE DEL PRECIPICIO
(actualizado a 27 de noviembre de 2009)
No se me puede acusar de beatería acrítica ante las sentencias y autos del Tribunal Constitucional. Nunca he pensado que fuesen infalibles, ni uno a uno ni juntos, los Magistrados del Tribunal Constitucional (TC). Por eso me encuentro legitimado para pedir, una vez más, respeto a esa institución, compatible con la libérrima crítica a sus decisiones, que tantas veces he ejercitado, y también compatible con la crítica global por el retraso en resolver asuntos de la mayor importancia, como la del "Estatut". Pedir un elemental respeto es tanto como desear vivir en una sociedad en que sean efectivas unas mínimas reglas de juego, pues, a su vez, esa efectividad hace que los poderes públicos no se conviertan en meramente fácticos y que haya Derecho verdadero, garantía de la libertad de todos y de cada uno.
Como respecto de otros temas, a propósito de la sentencia sobre los recursos de inconstitucionalidad del "Estatut de Catalunya", es exigible que no se dé por sentado que el TC está para formalizar y sacralizar indefectiblemente las ocurrencias del poder. Si cuando se está planeando y elaborando una ley, se prescinde de lo que ya tiene dicho el TC y se acaba legislando con la idea de que el TC se acomodará a lo legislado y, sea lo que sea, acabará aprobándolo, podríamos ahorrarnos el TC y la misma Constitución. Aquí nadie propone prescindir de uno y otra, pero es evidente que no se toman en serio, sino que se consideran decorados del teatro de la realidad falsificada.
Lo que ha importado a los políticos nacionalistas catalanes, respecto del "Estatut", nunca ha sido su adecuación a la Constitución, sino que Rodríguez Zapatero se comprometiese a no tocarlo. Zapatero se comprometió a eso, cuando tal compromiso no estaba en su poder de disposición, porque él no era y no es ni la Constitución ni el TC. No cumplió (como era de esperar) y mandó "pulir como una patena" el "Estatut". Ahí estuvo el actual Ministro de Justicia, cerrando círculos cuadrados y mirando al consenso con los políticos nacionalistas mucho más que al texto constitucional. Y, al ser recurrido por inconstitucional el resultado, todo han sido esfuerzos por lograr que el TC cumpla un papel meramente decorativo-ritual y, como ellos, los nacionalistas y los cerebros de Zapatero, no se tome en serio la Constitución Española de 1978. Los nacionalistas catalanes (con el PSC a la cabeza) se vuelven ahora hacia Zapatero. Es como si le dijeran: "¡eh: que tu parte del trato era el lograr el placet del TC." Un placet largo y enrevesado, con disquisiciones interpretativas a las que, obviamente, no harán el menor caso (¡si no se lo hacen a la Constitución misma!) o un placet de pocos folios: les da igual. Porque el concreto contenido de la sentencia tan largamente dilatada da igual: lo único que va a importar es si puede presentarse como "vía libre" al "Estatut" y al proceso de construcción de la nación catalana. No me lo invento yo: lo dicen ellos a diario. [27 de noviembre: lo dicen los 12 periódicos catalanes y cuantos se van adhiriendo a un texto mendaz. Todos ellos con dudosa espontaneidad, pero, presionando, al fin y al cabo.]
Algunos -no pocos, pero desde luego, nada poderosos, porque sólo tenemos cabeza y pluma- persistimos en pensar que la Constitución de 1978 existe y tiene significados inesquivables en bastantes de sus preceptos. Si no se quiere reconocer que es así y si el TC ha de cumplir un papel de mero sancionador de las voluntades políticas, dígase ya que no existe Estado constituido y que estamos siempre en situación constituyente, en permanente reinvención de reglas, o, lo que es igual, que nunca hay reglas dotadas de un mínimo de solidez, estabilidad y fuerza. Esto significa, a su vez, que en España no hay ni Estado ni Derecho y, por tanto, menos aún un Estado de Derecho. Al borde de ese precipicio nos han situado. Suena fuerte y duro (aunque no es nada nuevo: personalmente vengo diciéndolo desde hace más de un cuarto de siglo), pero es la conclusión ineludible de las premisas. Y todavía está por ver que éstas y el silogismo hayan sido, no ya destruídos, sino ni tan siquiera seriamente cuestionados.
Pero si existe Constitución y si lo que en ella se dispone sobre la constitucionalidad de las leyes hay que tomarlo en serio (si no, se acabó el Estado español y, por supuesto, la Nación española, que quedaría por los suelos como un trapo pisoteado a disposición de quien lo quisiera enarbolar: una situación altamente indeseable), el TC tiene que ser absolutamente libre para poder decir (acertando o equivocándose, ya lo juzgará cada uno) que una ley, aunque la hayan aprobado por unanimidad tres Cámaras legislativas, no es conforme a la Constitución. Y debiera poder decirlo sin recurrir a oscuridades indescifrables y sin que pasase absolutamente nada protagonizado por las autoridades públicas.
Lo que ha importado a los políticos nacionalistas catalanes, respecto del "Estatut", nunca ha sido su adecuación a la Constitución, sino que Rodríguez Zapatero se comprometiese a no tocarlo. Zapatero se comprometió a eso, cuando tal compromiso no estaba en su poder de disposición, porque él no era y no es ni la Constitución ni el TC. No cumplió (como era de esperar) y mandó "pulir como una patena" el "Estatut". Ahí estuvo el actual Ministro de Justicia, cerrando círculos cuadrados y mirando al consenso con los políticos nacionalistas mucho más que al texto constitucional. Y, al ser recurrido por inconstitucional el resultado, todo han sido esfuerzos por lograr que el TC cumpla un papel meramente decorativo-ritual y, como ellos, los nacionalistas y los cerebros de Zapatero, no se tome en serio la Constitución Española de 1978. Los nacionalistas catalanes (con el PSC a la cabeza) se vuelven ahora hacia Zapatero. Es como si le dijeran: "¡eh: que tu parte del trato era el lograr el placet del TC." Un placet largo y enrevesado, con disquisiciones interpretativas a las que, obviamente, no harán el menor caso (¡si no se lo hacen a la Constitución misma!) o un placet de pocos folios: les da igual. Porque el concreto contenido de la sentencia tan largamente dilatada da igual: lo único que va a importar es si puede presentarse como "vía libre" al "Estatut" y al proceso de construcción de la nación catalana. No me lo invento yo: lo dicen ellos a diario. [27 de noviembre: lo dicen los 12 periódicos catalanes y cuantos se van adhiriendo a un texto mendaz. Todos ellos con dudosa espontaneidad, pero, presionando, al fin y al cabo.]
Algunos -no pocos, pero desde luego, nada poderosos, porque sólo tenemos cabeza y pluma- persistimos en pensar que la Constitución de 1978 existe y tiene significados inesquivables en bastantes de sus preceptos. Si no se quiere reconocer que es así y si el TC ha de cumplir un papel de mero sancionador de las voluntades políticas, dígase ya que no existe Estado constituido y que estamos siempre en situación constituyente, en permanente reinvención de reglas, o, lo que es igual, que nunca hay reglas dotadas de un mínimo de solidez, estabilidad y fuerza. Esto significa, a su vez, que en España no hay ni Estado ni Derecho y, por tanto, menos aún un Estado de Derecho. Al borde de ese precipicio nos han situado. Suena fuerte y duro (aunque no es nada nuevo: personalmente vengo diciéndolo desde hace más de un cuarto de siglo), pero es la conclusión ineludible de las premisas. Y todavía está por ver que éstas y el silogismo hayan sido, no ya destruídos, sino ni tan siquiera seriamente cuestionados.
Pero si existe Constitución y si lo que en ella se dispone sobre la constitucionalidad de las leyes hay que tomarlo en serio (si no, se acabó el Estado español y, por supuesto, la Nación española, que quedaría por los suelos como un trapo pisoteado a disposición de quien lo quisiera enarbolar: una situación altamente indeseable), el TC tiene que ser absolutamente libre para poder decir (acertando o equivocándose, ya lo juzgará cada uno) que una ley, aunque la hayan aprobado por unanimidad tres Cámaras legislativas, no es conforme a la Constitución. Y debiera poder decirlo sin recurrir a oscuridades indescifrables y sin que pasase absolutamente nada protagonizado por las autoridades públicas.
Pero, además de que se vitupera a un Magistrado por un presunto cambio de criterio, endilgándole una etiqueta molesta, tan estólida como son las de "progresista" y "conservador" aplicadas a jueces, vemos a un Ministro del Gobierno pontificando sobre la constitucionalidad del "Estatut" (cuando por elemental elegancia debiera callarse), vemos que el Gobierno sigue presionando y lo que aún es peor, vemos a Presidentes y Vicepresidentes de la Generalitat amenazar al Tribunal (y a todos nosotros) con un amotinamiento contra el Estado español y, hay que decirlo sin reparos, contra España entera. [27 de noviembre: el alboroto amenazante de las últimas 48 horas nos tiene absolutamente hartos a millones de españoles, que nunca hemos sentido animadversión hacia Cataluña ni hacia su lengua, su folklore y su cultura, que nos encontrábamos -ya no, en absoluto- a gusto en cualquier tierra catalana, que hemos comprado productos catalanes, etc., etc. Ahora, estamos ya hartos de un falsísimo victimismo, que falta al respeto a la historia y que nos falta al respeto a los españoles a cada minuto que pasa. Los nacionalistas no son víctimas de los españoles. Las víctimas reales somos los españoles hispano parlantes. Las verdaderas víctimas son los catalanes no nacionalistas secuestrados en su propia tierra. No hemos odiado, pero somos odiados irracionalmente, insultados y menospreciados, hasta para felicitar la Navidad en Barcelona. Hoy vuelvo sobre mi entrada, en este mismo blog, de 14 de julio de 2009: "¿Por qué no pensar en la independencia de Catalunya?". Pero antes, y ya que el irresponsable Rodríguez Zapatero y sus disciplinados e irresponsables seguidores nos han hecho llegar hasta el borde del precipicio, sería deseable disponer de la sentencia del TC sobre el "Estatut de Catalunya". Así tendremos claros todos los factores.]
Las amenazas debieran oirse por el TC como quien oye llover: por sentido de la dignidad de la institución y por la personal digndad de cada uno de los Magitrados. Pero, en todo caso, con esas amenazas, las autoridades públicas amenazadoras se han situado en una posición ilícitamente coactiva y se quedan sin legitimación alguna. Se convierten en poderes fácticos. Se sitúan al margen de la ley y, en cuanto amenazan si no se hace lo que ellos quieren, son golpistas. Lo he dicho en otra ocasión y lo repito. Se han convertido en golpistas. Tan golpistas como piratas eran los secuestradores del "Alakrana". No tienen ya ni legitimidad ni autoridad para recaudar impuestos o sancionarnos con una multa. Si les pagamos la multa o los impuestos es, exclusivamente, porque, de lo contrario, nos arruinarían o nos privarían de libertad. Les pagamos como nos dejamos desvalijar por el navajero o como antaño, ante la amenaza del trabuco, se les daba todo a los salteadores de caminos. Con la diferencia de que éstos corrían riesgos y peligros, no se consideraban agentes de la ley y carecían de coche oficial.
Las amenazas debieran oirse por el TC como quien oye llover: por sentido de la dignidad de la institución y por la personal digndad de cada uno de los Magitrados. Pero, en todo caso, con esas amenazas, las autoridades públicas amenazadoras se han situado en una posición ilícitamente coactiva y se quedan sin legitimación alguna. Se convierten en poderes fácticos. Se sitúan al margen de la ley y, en cuanto amenazan si no se hace lo que ellos quieren, son golpistas. Lo he dicho en otra ocasión y lo repito. Se han convertido en golpistas. Tan golpistas como piratas eran los secuestradores del "Alakrana". No tienen ya ni legitimidad ni autoridad para recaudar impuestos o sancionarnos con una multa. Si les pagamos la multa o los impuestos es, exclusivamente, porque, de lo contrario, nos arruinarían o nos privarían de libertad. Les pagamos como nos dejamos desvalijar por el navajero o como antaño, ante la amenaza del trabuco, se les daba todo a los salteadores de caminos. Con la diferencia de que éstos corrían riesgos y peligros, no se consideraban agentes de la ley y carecían de coche oficial.
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