EL ABORTO COMO NEGOCIO Y LA NATALIDAD COMO ANTIGUALLA

DOS NOTICIAS ACTUALES Y UN ANÁLISIS DE HACE TIEMPO

Somos todos unos "hijos de rancia"

El domingo 27 de diciembre de 2009 publiqué en este mismo blog un “post” titulado «LA NUEVA LEY ESPAÑOLA DEL ABORTO: ALGUNAS COSAS CLARAS». Como subtítulo, puse éste: «EL ‘GOBIERNO DE ESPAÑA’ NO HA QUERIDO LIBRAR DE LA CÁRCEL A LAS MUJERES QUE ABORTEN, SINO A LOS ‘EMPRESARIOS’ (PRIVADOS) DEL ABORTO». Dos recientes noticias -una de ellas del 23 de febrero de 2011- reavivan, me parece, el interés de aquel “post”, que, ante todo, reproduciré parcialmente ahora. Luego resumiré las noticias. Una de ellas ratifica lo que entonces consideraba política demográfica del "Gobierno de España" y pudo parecer un exagerado juicio de intenciones, aunque no juzgaba intenciones, sino que concluía a base de indicios sólidos. La otra, la más reciente, me obliga a una cierta rectificación, que no me cuesta nada.

En diciembre de 2009 explicaba, ante las manifestaciones de varios lectores de este blog, extrañados de que no hubiese ocupado de las novedades legales sobre el aborto, el por qué de mi silencio. El tema me había cansado hasta el hastío. Pensaba -y, en cierto modo, sigo pensando- que «con nada que se me ocurriese sería posible que se entablara un debate en el que unos escucharan de verdad a otros y fuesen exponiendo los argumentos pertinentes a las posiciones discrepantes». Pero, también decía hace catorce meses cómo habían evolucionado los planteamientos: «de sostener que se trataba de no sancionar penalmente el aborto en ciertos casos extremos, se fue pasando a una defensa absoluta del aborto, incluso considerado como un derecho subjetivo ilimitado. Sin tener en cuenta la evidencia científica -porque la hay: evidencia en el sentido anglosajón de prueba e incluso en el sentido castellano de lo que es patente- y olvidándose de la doctrina del Tribunal Constitucional en la STC 53/1985 sobre el valor de la vida humana individual desde la concepción, se insinuó primero y después se manifestó sin ambages una posición en la que desaparecía toda relevancia del embrión o del feto, ya por considerarlo una simple parte del cuerpo de la gestante, ya por entenderlo como un “algo” de naturaleza ignota, como vino a defender una señora Ministra.»

«Esa señora Ministra parecía no saber que, desde hace miles de años (que sepamos, desde el primer código conocido, el de Hammurabi, unos 1800 años a. d. C.), el embrión o el feto ha sido considerado como el “nasciturus”, que nuestro Código Civil equipara al nacido para todos los efectos que le sean favorables. Y, naturalmente, “el nasciturus” nunca ha sido algo de naturaleza incognoscible, porque en tal caso la equiparación con el ser humano nacido hubiera sido un puro capricho y, desde luego, nunca lo fue. Ocurre, además, que el feto o embrión residente en las entrañas de una mujer jamás fue considerado “moriturus” y desde hace ya bastante tiempo, varias ciencias experimentales desvelan sin lugar a dudas su naturaleza humana, de vida humana individual, distinta de la madre, con una dotación genética completa. Como ven, elementalidades sobre las que había que volver, por la ignorancia real o falsa de los cruzados del aborto. Entenderán que, aunque he seguido con sumo interés lo que se descubría científicamente en relación con la vida humana y lo que afirmaban unos y otros acerca del aborto y sus consecuencias y secuelas, el mero pensamiento de escribir de nuevo sobre el tema me producía una insuperable fatiga intelectual y anímica. Hace pocos días, sin embargo, me vinieron a la cabeza tres cosas en cierto modo nuevas, que paso a exponer con suma brevedad.»

«La primera es ésta: no existe ni puede existir un derecho a la salud. Y por tanto, no existe ni puede existir un derecho a la salud sexual. Como he dicho ya infinidad de veces, un derecho verdadero es un poder jurídico de hacer u omitir algo o de obtener algo (positivo o negativo) de alguien. Nadie tiene el poder de estar sano, porque ni está en su mano la propia salud ni está en manos de otro u otros a los se les pueda exigir. Se pueden tener, porque nos los otorguen o porque los adquiramos (p. ej. suscribiendo un contrato de asistencia sanitaria), derechos a prestaciones médicas o sanitarias determinadas. Pero eso en absoluto es lo mismo que tener derecho a la salud. Por lo mismo, no existe ni puede existir un derecho a tener hijos, un derecho a ser felices o un derecho a la alegría. Y un pretendido derecho a la salud sexual, ¿en qué consistiría y cómo y por quién habría de verse satisfecho?»

«La segunda idea es la siguiente: miente el “Gobierno de España” y mienten los parlamentarios que le han apoyado y le apoyan cuando afirman que la finalidad de la nueva ley del aborto es evitar que haya mujeres en la cárcel a causa de haber abortado. Desde hace mucho tiempo, la política criminal respecto del aborto miraba, no tanto a las pobres mujeres que habían abortado, como a los profesionales del aborto, a los aborteros y aborteras, que, desde luego, no actuaban gratuitamente. Hay un buen número de recursos legales para evitar la cárcel a las mujeres que abortan. Ninguno de ellos ha sido ni siquiera mencionado por el “Gobierno de España” y por sus “fans” en materia de aborto. Ninguno ha sido manejado en el proceso parlamentario de la nueva Ley.»

«La verdadera finalidad de la nueva ley es evitar que vayan a la cárcel los empresarios privados del aborto y sus cómplices y encubridores. La nueva ley se relanza decisivamente justo cuando se descubre judicialmente algo que era conocido: el enorme negocio de las "clínicas" privadas exclusiva o casi exclusivamente abortistas, que habían sido legalizadas por el Real Decreto 2409/1986, de 21 de noviembre, sobre Centros Sanitarios Acreditados y Dictámenes Preceptivos para la Práctica Legal de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. El contenido principal de este Decreto era autorizar la práctica de los llamados “abortos de bajo riesgo” (dento de las 12 primeras semanas de embarazo) sin exigir para ellos las instalaciones ordinarias que requiere una Clínica o un Hospital (en concreto, sin exigir quirófanos propiamente dichos). Esta legalización estaba doblemente motivada: favorecer a empresarios políticamente afines y lograr que se cumpliese la genuina finalidad de la despenalización parcial, que no era evitar la cárcel a las mujeres, sino promover el mayor número de abortos posibles. Como en la Sanidad pública no se practicaban apenas abortos (no sólo ni principalmente por "objeción de conciencia", sino sobre todo por lo que llamé "objeción de legalidad”: raramente los casos de posible aborto encajaban en los supuestos de despenalización), en esos “centros” privados estaba la clave. Desde el Decreto 2409/1986 pudieron funcionar con tranquilidad y, asimismo, proliferar sin preocupaciones.»

«Pero yo había acertado en la predicción (muy fácil) de un fraude de ley masivo y en esos centros privados, muy lucrativos, se incumplían tan masivamente el Código Penal y otras normas que, finalmente, saltó en Barcelona el llamado “caso Morín” a finales del año 2007. La opinión pública quedó literalmente horrorizada ante ciertos datos, cifras e imágenes. Y la actividad judicial determinó que fuese inminente llamar a declarar a muchas mujeres, clientes de esos establecimientos. Las declaraciones, aunque no fuesen a terminar necesariamente en condena de las declarantes, harían mucho daño a los abortorios. Y justo en ese momento se echó a andar, a toda prisa, lo que ha acabado siendo ley. De las diligencias judiciales no se ha vuelto a saber nada (como en otros casos anteriores, perfectamente documentados). Y la reciente ley ya blinda a estos prósperos empresarios del aborto.»

«Tercera idea: si uno se fija bien en distintos factores, diríase que, de hecho, existe una política demográfica en España. No se ha declarado, pero parece poco dudosa. Y se resumiría así: cuantos menos nacimientos, mejor. Porque abundan los datos favorables a la existencia de dos tesis oficiales muy firmes en el "Gobierno de España" y sus "supporters". Esas tesis son éstas dos: cuantas menos mujeres queden embarazadas, mejor; cuantas más mujeres embarazadas aborten, mejor. Dado el componente hedonista de la cultura dominante, se impulsa máximamente la copulación, en primer lugar entre adolescentes, Pero nada de nuevos niños. Resultado: una de las tasas de natalidad más bajas del mundo (pese cierta recuperación por nacimentos de hijos de emigrantes)» En diciembre de 2009 dejaba a otros el análisis de las consecuencias sociales y económicas. Ahora también omitiré ese análisis. Paso a las anunciadas noticias.

PRIMERA NOTICIA: TENER HIJOS ES “DE DERECHAS”

Esta primera noticia confirma mi juicio sobre la política demográfica del socialismo español. Ya hay una posición pública clara, individual, pero no rectificada ni matizada por el socialismo oficial. Ante un proyecto de Ley de Apoyo a la Familia y a la Convivencia de Galicia, presentado por la Xunta hace pocos días, Dña. Beatriz Sestayo Doce, diputada socialista en el Parlamento Gallego y portavoz de Servicios Sociales, reaccionaba tronando contra la política de fomento de la natalidad, que es, según Dña. Beatriz, “predemocrática”, y contra un modelo de familia que considera “rancia y retrógrada” y de “ultraderecha”. Resulta que el proyecto de Ley pretende ofrecer a las embarazadas la posibilidad de optar a ayudas sin esperar al nacimiento del hijo, considerar “familia numerosa” a partir del tercer embarazo, cualquiera que sea el estado civil de la embarazada y si cohabita o no con alguien, impulsar el “acogimiento familiar” y la adopción y apoyar a las embarazadas con problemas de exclusión e inserción laboral, así como la instauración de centros de atención a la infancia en los lugares de trabajo, permisos a padres o cuidadores de personas dependientes para escoger el turno de trabajo preferible según sus necesidades familiares, etc.

Pero familia con hijos es algo "rancio y retrógrada", un modelo de "ultraderecha" es lo que se ha dicho en Galicia, que bate el record de baja natalidad en un Estado, el español, con una de las tasas de natalidad más bajas del mundo y, por tanto, con un problema demográfico que, entre otros efectos, hace inviable el “Estado de bienestar”. Galicia, si no me engañan los datos que he encontrado, registra 100 cotizantes por cada 101 personas que no cotizan. Pero lo más llamativo es que Vds., lectores y lectoras, y yo mismo, somos fruto de un modelo de "ultraderecha" y nuestras madres eran "rancias y retrógradas". ¿Qué se puede decir? A mí me parece que no hace falta decir nada frente a ese criterio del socialismo gallego, aunque sí convendría pensar bastante y atreverse más, en adelante, a denunciar un falso progresismo, totalitario, contrario a la libertad e irrespetuoso hasta el peor insulto.

SEGUNDA NOTICIA: IMPUTACIÓN JUDICIAL DE 115 DELITOS DE ABORTO ILEGAL. “REBAJA” DE MEDIO CENTENAR DE ABORTOS

Me columpié parcialmente en diciembre de 2009. Dije que las diligencias judiciales del “caso Morín” (que enseguida reaparecerá aquí) se habían desvanecido o poco menos. Dije que la llamada “Ley Aido” blindaba a los prósperos empresarios del aborto. Pues no. Las diligencias judiciales del 2007 continuaron y ahora sabemos que la fase procesal de instrucción ha llegado al final. Y resulta que la “Ley Aído” no blinda del todo. Algunos de estos aborteros llegaban a extremos más allá del blindaje. El blindaje sólo ha conseguido que al famoso Morín le imputen 115 delitos de aborto en lugar de 165. Reproduzco la noticia. Y no añadiré nada. No hace falta.

AGENCIA EFE, 23/02/2011: «La titular del Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona, Elisabet Castelló, ha imputado al médico peruano Carlos Morín y a una docena de sus colaboradores un total de 115 abortos ilegales más allá de las 14 semanas de gestación, presuntamente practicados en sus dos clínicas -TBC y Ginemedex- en 2007, tras finalizar la investigación del caso.»

«En el auto, la juez ve indicios de que los acusados pudieron cometer delitos de aborto ilegal, falsedad documental, intrusismo y asociación ilícita. Considera que existía una asociación entre todos los imputados de manera permanente y estable para la práctica de abortos sin cumplir ninguno de los requisitos legales, todos ellos actuando bajo las «órdenes de Morín.»

«La magistrada ha resuelto igualmente archivar otro medio centenar de supuestos que serían legales de acuerdo con la ley de interrupción del embarazo que entró en vigor el pasado mes de julio. En un auto, la juez da por finalizada la investigación del caso y mantiene la imputación contra Carlos Morín y su esposa, así como contra otros 11 colaboradores, entre psiquiatras, anestesistas y profesionales que supuestamente practicaron o permitieron los abortos.»

«Tras la entrada en vigor de la nueva ley del aborto, que ampara las interrupciones voluntarias del embarazo hasta las 14 semanas de gestación y hasta las 22 en el caso de riesgos para la gestante o el feto, la juez ha acordado el sobreseimiento libre de una cincuentena de casos que ahora son legales, aplicando el principio de retroactividad de las leyes [más favorables]. Concretamente, los casos archivados corresponden a abortos practicados a gestantes de hasta 14 semanas de evolución no apoyados en dictámenes que acreditaran algunos de los supuestos amparados por la antigua ley: riesgo físico o psíquico para la gestante, violación o malformaciones del feto.»

«Entre los imputados figuran tres anestesistas, uno de los cuales carecía de titulación médica válida, Virtudes S.V., una administrativa de la clínica Emecé de Barcelona que derivaba a las clínicas de Morín a mujeres que quisieran abortar a cambio de una comisión, y dos psiquiatras que emitían presuntamente dictámenes psiquiátricos falsos sin explorar siquiera a las pacientes. Para la juez, la instrucción ha apuntado indicios de que los imputados se asociaron de forma "permanente y estable" para la práctica de los abortos, sin cumplir los requisitos legales, bajo las órdenes de Morín, director de las tres clínicas de Barcelona donde se practicaban.»

«El auto señala el "estricto control" de los abortos efectuado por la esposa de Morín, Maria Luisa D., directora en funciones de los centros, y los "ingentes ingresos en metálico" que el matrimonio habría obtenido, lo que según la juez les permitía llevar un alto nivel de vida y disponer de una lujosa mansión en Sant Cugat del Vallès (Barcelona).»

«La presunta trama de abortos ilegales salió a la luz en octubre de 2006 tras la emisión de un reportaje de investigación de la televisión danesa DR, que alarmaba sobre presuntas interrupciones del embarazo más allá de las siete semanas. Se intervinieron 2.780 historias clínicas de pacientes sometidas a interrupciones voluntarias del embarazo en la clínica Morín, de las que finalmente acabaron investigándose 167.»

«El caso generó revuelo en la opinión pública, tras conocerse que el médico peruano había practicado abortos a menores de 13 años; presuntamente utilizaba máquinas trituradoras para deshacerse de los fetos; los ginecólogos que trabajaban para Morín cobraban hasta 8.000 euros al mes, y que el médico, aquejado de la infección del VIH, practicaba las operaciones con otro nombre. Tras el registro de las clínicas del médico a finales de 2007, la Guardia Civil detuvo a Morín, su esposa y otros cuatro colaboradores, y más adelante la juez ordenó la detención de otros siete médicos, todos los cuales quedaron en libertad provisional.»