PERO EL PODER JUDICIAL ME PARECE, A DISTANCIA, EL MEJOR DE LOS TRES
Si mato a mi hermano es un delito grave. Si mato a mi hermana del mismo modo que a mi hermano, es un delito más grave. A simple vista resplandece la igualdad promovida por el Presidente Zapatero y su Ministra, Dña. Bibiana Aído. Y si siguen muriendo mujeres a manos de sus maridos, sus compañeros, sus novios y sus “ex” (maridos, compañeros o novios) y si se siguen cometiendo homicidios o asesinatos o de vez en cuando se cometen fratricidios, la culpa no es del Código Penal ni de la ley especial sobre violencia de género. Son leyes perfectas, en su función preventiva y en su función represora (si es que ambas pueden separarse). Tenemos un Código Penal, de 1995, “el Código Penal de la Democracia”, tan perfecto que sólo ha sido reformado 21 veces (esperen que entre en vigor la última y verán). ¿De quién es, entonces, la culpa de esas muertes? ¿Acaso de los que matan? Dejemos esta cuestión a un lado, de momento. Porque, al parecer, la culpa principal es de los jueces.
Hoy, un señor, que desempeña el curioso cargo de “Delegado del Gobierno para la Violencia de Género”, echa la culpa a los jueces por imponer sólo 369 pulseras GPS cuando hay más de 500 mujeres en situación de alto riesgo de maltrato. Y los jueces se defienden como pueden, pero resulta que, en definitiva, son los jueces y no ese señor “Delegado del Gobierno para la Violencia de Género”, quienes han sido colocados por la ley en el trance de valorar, y no precisamente a ojo, las situaciones de alto riesgo. Si a los jueces no se les aportan elementos de juicio serios para hacer esa valoración, no se deben dedicar a colocar pulseras GPS a troche y moche. Lo reconoce así hasta la Presidenta de otro organismo clave y sumamente necesario (“al revés te lo escribo para que me entiendas”), que es el “Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género”, anexo del elefantiásico Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Y la Sra. Presidenta de ese Observatorio añade algo de buen sentido: “no puede girar todo en torno a los brazaletes”. No sé si tamaña infracción de la corrección política no le va a costar un gran disgusto a la Sra. Presidenta.
Porque, para el Gobierno y para el Parlamento, el que maridos, compañeros, novios y “ex” hayan matado a mujeres y lo sigan haciendo, incluso crecientemente, pese al Código Penal y la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, “de Medidas de Protección Integral contra la Violencia Doméstica y de Género”, no tiene que ver con que los homicidas y asesinos se droguen legalmente, mezclen drogas y alcohol o carezcan de un suficiente sentido ético o moral (tanto da). Y esto, a su vez, no tiene nada que ver con que se fomente la ausencia de ética o moral y con que, cada dos por tres, se proclamen “derechos” tan absurdos como el “derecho” a ser feliz y, en definitiva, el “derecho” a no ser nunca molestado por nada. No tiene nada que ver y no depende nada de que se oscurezcan e ignoren, día tras día, los deberes morales y jurídicos (p. ej., el de respetar la vida humana). No guarda relación alguna con estar promoviendo a todas horas el placer individual como bien supremo. Ni con estar denostando a todas horas a la religión mayoritaria, burlándose de sus mandamientos. Ni con promover la Alianza de las Civilizaciones, comprendida (mejor, preferida) la que desprecia y maltrata sistemáticamente a la mujer. Esas muertes, en número creciente, tienen que ver y dependen de los jueces; ellos tienen la culpa, porque no dictan suficientes órdenes de alejamiento y no imponen suficientes pulseras con GPS (no cuenta el pequeño detalle de que no haya policía para tanta gente a la que vigilar).
¿Para qué sirve el Ministerio de Igualdad y el cargo de “Delegado del Gobierno para la Violencia de Género”, con categoría de Dirección General y dos Subdirecciones a su cargo? Para qué sirve “un presupuesto de 31.077.440 euros, un 9,73% más que en 2009. Esta subida, junto a la del año pasado, supone un incremento presupuestario de un 106% en dos años” (datos de la web ministerial). Ahora ya sabemos para qué no sirve ese presupuesto: para disminuir la violencia homicida de género. Y también sabemos para qué sirve el “Delegado del Gobierno”: para echar la culpa a los jueces cuando no desciende, sino que crece, lamentable y tristemente, esa violencia homicida.
Y es que, al parecer, han judicializado la felicidad y toda infelicidad es error o ineficacia de la Justicia o, mejor, de los jueces. Desde hace años, el Gobierno con su iniciativa legislativa y el Parlamento con sus ponencias, enmiendas, deliberaciones y votaciones, se han entusiasmado con una nueva fórmula para la felicidad de todos y de cada uno. La nueva fórmula consiste en no preguntarse por las causas de los sucesos indeseables y en no actuar, por supuesto, sobre esas causas (por claras que sean), sino en limitarse a declarar delictivos los sucesos indeseables. Noten que acabo de escribir “declarar delictivos” y no “tipificar como delitos”, porque eso de tipificar es muy laborioso y tiene inconvenientes. Hay que echarle horas a tipificar de verdad, es decir, a describir con detalle la conducta hipotética (protagonistas, acción, circunstancias, resultado concreto o riesgo específico, etc.) que se quiere sancionar con una pena. Y se corre el riesgo de haberse equivocado en la descripción, por acción o por omisión. De modo que, por ejemplo, el Gobierno propone y el legislador dispone declarar delictivo que un funcionario infrinja la ley conscientemente o que un particular incumpla la ley tributaria, la legislación urbanística, las normas relativas al medio ambiente y lo que perjudique al accionista de una sociedad anónima. O se decide por el diligente legislador que los jueces apliquen medidas de seguridad a los sujetos peligrosos, o que dejen sin efecto esas medidas, según la personalidad de los sujetos.
Y así, con lo que llaman “tipos abiertos” (en realidad, la negación del tipo y del Derecho penal: el dominio de la inseguridad jurídica más grave y el arbitrismo más injusto) o con exceso de los llamados “conceptos jurídicos indeterminados”, se fuerza legalmente a los jueces penales a resolver sobre asuntos tributarios, urbanísticos y ecológicos, propios, en todo caso, de los tribunales contencioso-administrativos. Para todo esto se dispone de la inestimable ayuda de una Fiscalía, a ser posible especial, que, más o menos a su criterio, criminaliza o no las infracciones tributarias, ecológicas, urbanísticas o mercantiles. Pero ahí tenemos a los jueces penales decidiendo también sobre la personalidad, sobre lo que es mejor para miles de menores de edad o sobre si una decisión empresarial de indemnizar es conforme al mercado o se ha pasado de esa raya en perjuicio del posible dividendo.
¿Que no se logra con ese método la sociedad feliz? ¿Que se cometen -se siguen cometiendo- en ella cosas atroces? La culpa es de los jueces. Lo coherente, si se pretendiese judicializar la armonía familiar, la ética en los negocios, el respeto a leyes no penales y la prevención de la paz y de la seguridad ciudadana, sería convenir que, a cambio de arrojar tamaña responsabilidad sobre los jueces, sus decisiones se acatasen sin rechistar. Pero, ¿cómo aceptar una infalibilidad a todas luces inexistente, aunque, para ahorrarse esfuerzo, se legisle como si existiese? No. El Ejecutivo y el Legislativo lo tienen claro: para trabajar ellos menos y sin esfuerzo, imponemos a los jueces decisiones propias de seres infalibles. Y después, cuando fallan (en los dos sentidos), la culpa es de los jueces. ¡Astuta jugada política!
No soy yo sospechoso precisamente de indulgencia sistemática con los jueces y con sus decisiones. Nuestra Justicia deja bastante que desear (aunque hay cientos de países en que no existe Justicia o sólo hay una caricatura de ella y una buena docena de importantes naciones donde la Justicia no es mejor que la nuestra o es por el estilo). Pero acabo de darme cuenta -y quiero compartirlo con Vds.- de que si se compara lo que se llama “Poder Judicial” con el Ejecutivo (el “Gobierno de España” e incluso los autonómicos) o con el Legislativo (el Congreso, el Senado, la Asamblea autonómica), gana, con una amplia diferencia de tanteo, el Poder Judicial. En el año 2009, 4836 Jueces y Magistrados resolvieron más de 9 millones de asuntos. Media docena de ellos han sido noticia crítica. Los demás han debido resultar aceptables. Es algo más de lo que los otros dos poderes del Estado pueden exhibir (engañando o mintiendo, además).
No debo olvidarme, para terminar, del interrogante que deje en el aire al principio: ¿qué culpa de los homicidios y de los asesinatos “de género” corresponde a los que mataron? Aquí aparecen unos sabios (y, de entre ellos, bastantes penalistas) y, al negar la libertad individual, el libre albedrío, echan la culpa al mal ambiente del barrio, del grupo escolar o de la comunidad, al paro, a la tele-basura o a la desestructuración de la familia (porque ahora reaparece la familia desestructurada, en vez de alguno de los tipos de “nuevas familias”), con lo que exoneran al marido, compañero, novio o “ex”, del mismo modo que, en la delincuencia que no es “de género”, también los delitos serían culpa del paro, de los juguetes bélicos, de la violencia televisiva y de la pandilla. Estos sabios, sin embargo, no llegan a proponer que se castigue al barrio, al ambiente familiar o al ramo laboral con alto paro. Después de negar la culpabilidad individual, aceptan, por motivos funcionales, utilitarios, que se castigue a individuos concretos. No me extiendo más sobre los desarrollos de esta teoría, que tiene ya muchas décadas. Pero seguro que los lectores comprenden que nuestros problemas de delincuencia, "de género" o genérica, no son del todo ajenos a esa teoría.
