“RECORTAR” SIN ASFIXIAR O LOS “RECORTES” QUE NO LLEGAN: LOS DEL SECTOR PÚBLICO

"CORTEN DE RAÍZ EL GASTO PÚBLICO VERDADERAMENTE INNECESARIO: YA NO PUEDEN RECAUDAR (ASFIXIARNOS) MÁS" 

Cada día que pasa se anuncia una nueva medida que merma el dinero disponible por cada españolito. Y ocurren dos cosas. La primera, que se hace más difícil -por decirlo de modo muy optimista- cualquier reactivación de la economía real y cualquier esperanza de frenar el creciente desempleo. La segunda, que cada día con nuevos “recortes” se echan más en falta las correspondientes explicaciones que, como tantos otros, hemos venido pidiendo muchas veces a nuestros dirigentes en este blog. La cosa está llegando al punto de una plena justificación de la rebelión cívica. El Gobierno tiene la suerte de que las actuales cabezas visibles de esa posible rebelión -las centrales sindicales, el PSOE, los grupos anti-sistema- carezcan de toda legitimación para movilizar a la gente y, además, del menor atisbo de plan alternativo al del Gobierno. En las últimas “movilizaciones” (la del 29 de abril y la de ayer, 1 de mayo de 2012), lo que han venido a decir los “movilizadores” es que les gustaba más cómo estaban las cosas hace dos años y también, por supuesto, cuatro u ocho años antes. ¿Y a quién no? Pero son muy pocos los que no entienden que aquellas situaciones no se podían mantener (es decir, que no se debieron crear) y, por tanto, lo que piden, en general, estos “movilizadores” sociales es un imposible.

 Pero aunque no salgamos todos a la calle, el Gobierno sabe que la desafección ciudadana es superior a la que se podía prever. Muchos dirigentes del PP saben, en su fuero interno, que se están mereciendo esa desafección ciudadana y que el disgusto general va in crescendo y con él, la desesperanza, la desconfianza, que es económicamente letal. Y el disgusto no es sólo porque sigan sin explicar los “recortes” que disponen y los que, tontamente, avanzan con los “globos sonda”. Es, sobre todo, porque  no vemos que se recorte donde hay más que recortar y dónde los recortes harían menos daño a corto, medio y largo plazo, porque contribuirían mucho menos a la recesión o a la depresión económica.

En síntesis: tenemos la fundada impresión de que a nuestros dirigentes les importa mucho más recaudar para seguir sosteniendo el Estado (Comunidades Autónomas, Municipios y empresas públicas incluidos) que recortar a fondo el Estado para necesitar muchos menos recursos. El sector público apenas se toca en los “recortes” y para mantenerlo, se sangra aún más el sector privado, ya bastante exangüe. Eso no nos gusta a los españoles, pero es que, además, tampoco les gusta a los posibles inversores, españoles o extranjeros. Y, por tanto, cae la Bolsa, las agencias de calificación nos rebajan cada semana y el “diferencial” de los instrumentos de nuestra deuda pública con la referencia alemana sigue por las nubes.

En el post anterior me he referido a lo que sucede en los EE.UU., madre de la gran crisis mundial (es muy importante, me parece, no olvidar la génesis de esta enorme crisis: de lo contrario, repetirán la historia en lugar de aprender de ella). A lo dicho habría que añadir que los primos de los estadounidenses, la Gran Bretaña, han entrado también públicamente en recesión. Francia anda mal y Alemania apenas puede disimular que su economía ofrece señales de debilidad. La UE aplaude al Gobierno de Rajoy y hasta el muy exigente Wolfgang Schäuble, Ministro alemán de Economía, regala los oidos del Presidente al describir como “impresionantes” los gubernamentales esfuerzos presupuestarios o de déficit público. Lo que sucede, en realidad, es que, después de la amenaza de la intervención, ha venido la zanahoria y no me extrañaría que ahora mismo incluso los agnósticos, ateos y masones de la UE estén haciendo novenas a Santa Rita, Abogada de los Imposibles, para que España no se estrelle: Spain is too big to fall. Sarkozy -que puede perder al ser mucho más odiado por muchos franceses que lo que muchos franceses desconfían de Hollande- acaba de decir que Europa no puede dejar caer a España porque se produciría una deflagración catastrófica.

Mientras tanto y al margen de cómo nos miren, ¿qué tarea en todo caso necesaria elude lamentablemente el Gobierno español? Elude una muy seria poda de ramas de las Administraciones Públicas autonómicas. Que los “barones” del PP le prometan a Rajoy que serán buenos son sólo palabras nada convincentes. Que se amenace con intervenir a las Comunidades Autónomas que no cumplan los objetivos de déficit, además de ser una mera bravata, es desviarse de la cuestión. Porque ya no se trata de que las CC.AA. no sobrepasen un tope de déficit, sino de que disminuyan drásticamente, enseguida, lo que nos cuestan a todos. Hicieron en 1982 una Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA). Hagan ahora, al amparo del art. 150 CE, todo lo legalmente posible para racionalizar competencias y organismos en el sentido que venimos proponiendo.

Si no, si se mantiene y se defiende un “Estado de las Autonomías” carísimo, resultan indefendibles medidas como disminuir los sueldos a los funcionarios que estén de baja (“de baja injustificada”, añadieron enseguida). Llega a extremos de supina estupidez la extendida manía a lo público de un emergente sector  presuntamente neoliberal del PP (no son liberales: son locoides anti estatales, retratados en http://andresdelaoliva.blogspot.com.es/2012/03/quieren-de-verdad-reducir-el-gasto.html). Si la baja está justificada no hay nada del sueldo (nunca espléndido) que sea mínimamente justo disminuir y si no está justificada, no es que haya que pagar menos, sino que sería justo no pagar nada. Tampoco parece que podamos aceptar comenzar a pagar por las autovías -¿y por qué no por cualesquiera carreteras?- cuando hay centenares de cargos públicos autonómicos innecesarios, muchos de ellos con retribuciones bastante por encima de la del Presidente y los Ministros del Gobierno de la Nación.  Y ¿qué decir de la disminución de los partidos judiciales? Quizás esté muy bien, pero es algo ridículo con la que está cayendo.

¿Dónde viven nuestros dirigentes? ¿No se dan cuenta de lo asfixiados que están millones de españoles? ¿No aprecian que ya no hay atascos ni en las ciudades ni en las carreteras? ¿No ven cómo se cierran, cada semana, en su barrio, docenas de comercios y oficinas?

Hacen falta medidas drásticas, llamativas, de grueso calibre, que hagan creíble, porque lo sea, la determinación española de salir adelante y que restauren la confianza nacional e internacional. Porque hace falta dinero para detener la recesión e ir relanzando poco a poco la economía. Y el dinero no vendrá y no se invertirá o se gastará si la confianza no se restaura. Pero esas medidas drásticas y de grueso calibre tienen que referirse al tamaño del sector público, al gasto público relativo a las estructuras  y organismos de ese sector, no al esquilmamiento de los españoles, ya esquilmados, ni a la supresión, a tontas y a locas, de servicios y prestaciones a todas luces necesarios. Sin esos recortes que proponemos resulta indefendible centrarse en recortar servicios sanitarios (aunque también haya que hacerlo: acábese con el turismo sanitario y con prestaciones no propiamente médicas, como las esterilizadoras, p. ej.) ni eliminar ayudas a la investigación o becas postdoctorales (justo cuando públicamente se dice que hemos de pasar de una cultura económica del ladrillo a la del conocimiento).

La autocita, créanme, me resulta odiosa. Y de veras que produce un cansancio infinito que la historia te dé muchas veces la razón. Pero, en ocasiones, cuando hay que insistir, uno tiene que recordar lo que decía, más que nada para que se escuche en serio lo que se hace necesario repetir. Hace ya más de dos años, el 6 de febrero de 2010, propuse aquí algo duro y radical, pero no imposible ni excesivo. El post se titulaba “GOBIERNO DE CONCENTRACIÓN, REDUCCIÓN DEL GASTO PÚBLICO Y REGENERACIÓN DE LA CLASE POLÍTICA”  (http://www.andresdelaoliva.blogspot.com.es/2010/02/gobierno-de-concentracion-y-reduccion.html. Se trataba de reducir a la mitad, por concentración, el número de Ministerios, Secretarías de Estado y Direcciones Generales y lo mismo en las Comunidades Autónomas: la mitad de Consejerías, Viceconsejerías y Direcciones Generales. En aquellos momentos, eso hubiese necesitado un consenso. Hoy me parece que no.  La propuesta podía no tomarse al pie de la letra, pero el espíritu estaba claro y por, supuesto, nada ni remotamente parecido ha sido hecho o anunciado.  Y ese mismo el 6 de febrero de 2010 ya vaticinaba esto: “la economía real española va a desplomarse (bajón del consumo interno y de la producción) con más cierres de pymes y más paro, que alcanzará esos cinco millones de personas que la Sra. Salgado descartó rotundamente pocos días atrás.“  [¿Hay que recordar que estamos ya cerca de los seis millones?]

El día 5 de junio de 2010 se describía aquí nuestro insostenible “Estado de las Autonomías” (http://andresdelaoliva.blogspot.com.es/2010/06/nuestro-irreformable-estado-de-las.html). Rechazaba, por imposible, que no por indeseable, prescindir de él, pues requeriría una reforma constitucional que me parecía inviable. Repasen, si les parece, la descripción y la valoración política. Ahora sólo reiteraré lo siguiente:

 «…Las posiciones radicales contra el “Estado de las Autonomías” … acaban por constituirse en un gran obstáculo para cualquier mejoría de la penosa situación real. Los radicales -que, insisto, cuentan con mi adhesión intelectual y mi simpatía- seguirían en estado de ira ante cualquier reducción del aparato de las Autonomías. A mí, en cambio, podar ramas y ramitas me alegraría enormemente. Los problemas no siempre tienen solución, pero casi siempre pueden ser atenuados. Empiécese por ahí, porque comenzarán a producirse efectos beneficiosos, en vez de persistir o agravarse los maléficos.»

«Además, ante las airadas voces radicales, los responsables autonómicos pueden mostrarse tan indiferentes como cabe serlo ante propuestas tachables de utópicas. Eso es lo que está ocurriendo. En cambio, si se reclama suprimir Consejerías, Consejeros, Viceconsejeros, Directores Generales, asesores, agencias, subvenciones, “embajadas”, empresas públicas innecesarias, etc., las reclamaciones no pueden ser tan fácilmente desatendidas. Y si lo son, el reproche social es infinitamente más intenso que el que generaría la negativa a desmantelar el Estado autonómico. De manera que esto es lo que reclamamos: una poda de muchas ramas y ramitas del organigrama arbórico de cada Comunidad Autónoma. Y lo mismo respecto de buen número de municipios.»

Como, según ha dicho hace poco alguien importante, “el Estado de las Autonomías está en la Constitución”, ninguna poda se ha hecho más allá de un superficial maquillaje. Ahí siguen las Televisiones y las radios autonómicas y más inutilidades. Y ahí sigue la financiación de partidos y sindicatos, sin suprimir ni reducir, cuando esa medida es un símbolo generalmente admitido de la regeneración necesaria. De ahí que el reproche social hacia los “recortes” haya alcanzado tanta intensidad, que no va a parar de crecer. Lo que sí crecerá es el desempleo, la recesión o depresión y la desesperanza, que quizá es lo peor.

Esto de ahora se veía venir. El 10 de junio de 2010 apareció aquí otro post en el que, lego en economía como soy, no encontré mayor dificultad en describir la realidad del momento y el panorama del inmediato futuro, hoy presente (http://andresdelaoliva.blogspot.com.es/2010/06/mareando-la-perdiz-criminalmente-la.html). El post se titulaba “MAREANDO LA PERDIZ CRIMINALMENTE: LA CLAVE, NO SE CONFUNDAN, ES LA RECUPERACIÓN DE NUESTRA ECONOMÍA REAL”, con el subtítulo “NO MÁS IMPUESTOS PARA SOSTENER EL “ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS” NI MÁS “RECORTES” CON DESTINO A BANCOS NI CAJAS. MÁS DINERO PARA TODOS: MENOS IMPUESTOS”

Hace casi dos años, decía lo siguiente (me voy a extender más, porque ahora me parece necesario repetir exactamente la descripción y la valoración):

«En estos momentos, estamos en un círculo vicioso, tan vicioso que se diría diabólico: los “mercados” no tienen confianza en España, porque a) las “medidas extraordinarias” de “ajuste” relativas al déficit público les parecen poca cosa; b) han “descubierto”, de pronto, que, además del déficit (de su volumen absoluto y comparativo) importa mucho más todo aquello que fundamenta que un acreedor piense que el deudor le va a poder pagar. Nuestra “caja” para ir tirando está casi vacía y lo que se les está ocurriendo a nuestros "jobernantes" para que no se vacíe del todo y vuelva a contener algo conduce a que nuestra situación empeore y se desconfíe más de nosotros. Por ese camino, nadie nos prestará ni invertirá en España a tiempo para dedicar lo que nos den a una reactivación económica»

«En la tarde del 9 de junio de 2010, el Banco Mundial “descubre” que nuestra situación es "muy grave", porque el nivel de paro de España es algo tremendo. Y no lo dice porque le importe la situación de los parados, sino por la escasa fiabilidad del “Reino de España” que ese simple dato revela. Pero es que, en un contexto diferente, Moody’s … dice el día 8 de junio de 2010, por boca de Pierre Cailleteau, director del área de Deuda Soberana, algo que "encaja" muy bien con la alarma del BM. Dice que “lo más importante no es el nivel en el que se sitúe esta prima de riesgo, si no que la economía no crezca” (…) Por si la cosa no estuviese suficientemente clara, este Mr. Cailleteau (…) repite que el creciente rendimiento que se le exige a la deuda española no es grave, dado que el Banco Central Europeo (BCE) está comprando, "lo grave sería que la economía no creciera, que la economía española se estancara, algo que no ocurre en España pero que podría pasar". (Y tanto que podría pasar: está pasando y va a más).»

«El directivo de Moody´s explicó que la calificación del riesgo soberano se basa en la solvencia a medio plazo, y aseguró que aunque "el endeudamiento es un problema, no es un problema insuperable". Claro está, añado: un país lo supera del mismo modo que lo supera un particular: si gana para pagar sus deudas. Y este país, España, sólo podrá pagar si su economía real supera el estancamiento y remonta el vuelo.»

«Pero si debemos mucho y se ve que no crecemos y que no vamos a crecer a medio plazo, ocurren dos cosas gravísimas: la primera, que estamos fatal; la segunda, que nadie nos presta y nadie invierte, con lo que vamos derechos, como decía Marx (Groucho), “de la nada a la más absoluta de las miserias”.»

«¿Por qué es muy probable, si no se rectifica, que no crezcamos y sigamos en recesión? Porque los indicadores económicos generales son malos (mucho paro, producción en descenso) y apuntan todos a un empeoramiento: aumentará el paro y seguirá disminuyendo la producción. ¿Por qué? Porque no es posible ninguna reactivación económica si la gente no tiene dinero. Eso es axiomático. Y los españoles vamos a tener mucho menos dinero por varias causas:»

«1ª) Por disminución de los ingresos de 3 millones de familias: los funcionarios; 2ª) Por disminución de la capacidad adquisitiva de los pensionistas; 3ª) Por disminución de disponibilidad económica a consecuencia del IVA y del aumento de la presión fiscal (subida de impuestos e impuestos nuevos, ya anunciados); 4ª) Por aumento del precio de la energía eléctrica, tanto para particulares como para empresas; 5ª) Por imposibilidad de acceso al crédito: los bancos no prestan a particulares ni a PYMES: de nuevo andan las entidades financieras con sus problemas, poco inteligibles, porque se han cuidado durante mucho de tiempo de implantar una jerga esotérica, que no entienden más que ellos mismos…»

«Carece de todo sentido “ajustarse”, “recortarse”, apretarse el cinturón y pasar hambre para financiar un mastodonte, el “Estado de las Autonomías”, que puede y debe dejar de ser un mastodonte. Forzarnos a seguir manteniendo al mastodonte y quedarnos así sin apenas dinero tiene la misma lógica que la de unos salvajes ignorantes que se privasen de comer los productos de su pastoreo y de sus cultivos para ofrecer esos productos a la cruel deidad instalada en lo alto de una pirámide tipo maya.»

¿Hay alguna parte de este mensaje a la desesperada -al que, lamentablemente, el tiempo ha dado la razón- que el Gobierno del Sr. Rajoy no entienda? Porque, si como pienso, lo entiende todo perfectamente, no hacerlo sólo permite un diagnóstico: creen, tontamente, que pueden capear el temporal. Y quizá podrían capear un temporal: se colocan los triángulos de capa (esas velas triangulares cercanas a la cubierta) para que el navío se aplaste más, se aplome, sobre el mar embravecido y se corre la galerna, es decir, se pone popa al viento, por más que te aleje de tu destino. Lo que sucede es que no estamos ante un temporal. Y ni siquiera se trata de la ya tópica “tormenta perfecta”. Estamos viviendo una inédita confluencia de elementos devastadores de larga duración, como si se sumasen el terremoto de Lisboa de 1755 y la erupción y explosión del volcán Krakatoa, en 1883. Estamos, muy probablemente, al final de una era, de una civilización. En lo económico, nadie sabe si llevan razón los EE.UU. y su “quantitative easing”, varias veces renovado (“quantitative easing” significa, a la postre, como imprimir US$ sin respaldo) o si tendrá razón Europa con su empecinamiento en el equilibrio presupuestario. Hace muchos años, más de 40, leí en la desaparecida revista LIFE está frase: “Economic forecasting makes astrology respectable” (“la prospectiva económica hace respetable a la astrología”) ¡Cuántas veces la he recordado en estos tiempos, preguntándome por qué se me gravaría en la memoria!

Bien, no juegue nuestro Gobierno a la astrología. No apueste por el “modelo” americano actual -que desazona a los mejores economistas estadounidenses- y tampoco apueste por la ortodoxia europea. Haga, sencillamente, lo que, al margen de modelos y de dudosa prospectiva, tiene que hacer, en todo caso, por claros imperativos morales: reducir drásticamente el tamaño orgánico y el gasto de las CC.AA. y de los Municipios. No lo aconsejen, no lo prediquen, no amonesten: háganlo, reduzcan ya, de inmediato, el aparato que todos tenemos que pagar en obsequio de la clase política y de los seudoempresarios de la simbiosis con lo público. Háganlo sin falta: con nuevas LOAPAs, con Decretos-Leyes o con el art. 155 de la Constitución y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. Que todos vean, sin la menor duda, que, si hay que apretarse el cinturón, no es para que unos pocos no pasen el menor apuro. Ganar una rotunda credibilidad, hacia adentro y hacia afuera, es una tarea que no cabe aplazar más. Es el tiempo de la valentía, de la audacia, del coraje moral. Porque es el tiempo del deber, de un deber moralmente claro. Y cumplir un deber hace menos difícil la decisión audaz. Una última petición: ¡nada de privatizaciones para que algunos hagan excelentes negocios! Ya me entienden.

REINSTAURAN, DE TAPADILLO, UNA PRIVILEGIADA “IDA Y VUELTA” DE LOS JUECES A LA POLÍTICA

CLANDESTINIDAD PARLAMENTARIA DE NUESTRA CLASE POLÍTICA

(Breve pero importante actualización: una L.O. 12/2011, de 22 de septiembre, de reforma de la LOPJ, en el BOE del 23 de septiembre de 2011: http://www.boe.es/boe/dias/2011/09/23/pdfs/BOE-A-2011-15037.pdf. Sale a la luz lo gestado en la clandestinidad)

El día 14 de septiembre de 2011, el Senado de España aprobaba un Proyecto de Ley reguladora de la Jurisdicción Social, incluyendo modificaciones respecto del texto aprobado antes por el Congreso, por lo que falta, según el calendario parlamentario, que el Pleno del Congreso de los Diputados, el próximo día 22 de septiembre, jueves, a las 19.00 horas, asuma el texto con todas o algunas de esas enmiendas o, por el contrario, apruebe una nueva Ley reguladora de la Jurisdicción Social tal y como salió del Congreso (art. 90.2 de la Constitución Española, CE).

Lo que motiva este post es el hecho de que, en el último momento del plazo, se introdujeran en el Senado dos enmiendas iguales, que no se refieren al texto de la nueva Ley reguladora de la Jurisdicción Social, una ley ordinaria, que se aprueba por mayoría siempre, sino que pretenden (y lo lograrán, casi con total seguridad), modificar varios preceptos de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que requiere mayoría absoluta para su aprobación, como todas las leyes orgánicas (art. 81 CE). Y esas modificaciones suponen la total desaparición de las limitaciones a la ida y vuelta de los Jueces a la política, limitaciones ampliamente debatidas en su día por la opinión pública y abiertamente discutidas en el Parlamento, con el resultado de una muy dura Ley Orgánica 5/1997, de 4 de diciembre, de reforma de la LOPJ.

Un breve recordatorio histórico: a raíz de que un notorio Juez Central de Instrucción, el Sr. Garzón, que había pasado a la política, como número dos por el PSOE (tras Felipe González) en la lista de Madrid para el Congreso de los Diputados, renunciase a su escaño al poco tiempo de ser elegido y se reintegrase a su sensible puesto judicial, se desató una muy fuerte corriente de opinión contraria a semejantes “idas y vueltas”. A partir de ahí acabó aprobándose la citada LO 5/1997. A mi parecer, esa Ley fue en exceso dura. Para evitar el espectáculo de judiciales politizados máximamente (en cargos no relacionados con la Justicia) que volviesen a sus puestos sin más ni más, bastaba con eliminar la reserva de plaza judicial de que gozaban. Hubiera sido suficiente con exigir que el Juez que abandonaba la política (abrevio hablando simplemente de Jueces) y quería ejercer jurisdicción de nuevo tuviese que concursar a plazas vacantes.

Sin embargo, se aprobó la referida L.O. 5/1997 (lo que aquí interesa lo pueden ver en Anexo al final del post). Años después, la  Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la LOPJ, uno de los pésimos frutos del malhadado “Pacto de Estado” PP-PSOE sobre la Justicia (funesta obra de los hoy abogados recientemente fusionados, Sres. Acebes y Michavila), se ocupó de suavizar muy notablemente la regulación del asunto en 1997 (vean lo que interesa de esa L.O. en Anexo al final). Casi nadie, salvo los directamente interesados, claro, reparamos en esa “suavización” dada la enorme extensión de la L.O. 19/2003 y los muchos cambios que suponía. Pero ahora no se trataría de una nueva suavización, sino de volver a las andadas previas a 1997, con dos enmiendas exactamente iguales, una del Grupo Parlamentario Popular y otra de este mismo Grupo más el Socialista, el Catalán de CiU, el de Entesa Catalana, el Mixto y el de Senadores Nacionalistas (es decir, una muy gruesa mayoría). Dos enmiendas sobre materia ajena a la Ley enmendada, sin previo informe del CGPJ, sin debate de ninguna clase, a hurtadillas de la opinión pública e incluso (me consta) con sorpresa y desconcierto de gran número de Diputados.

Las dos enmiendas iguales (la 164 y la 165: las últimas al Proyecto de Ley reguladora de la Jurisdicción Social), además de ser incorporadas al paquete de enmiendas en el último momento, han sufrido un pequeño pero significativo cambio. Inicialmente, la enmienda 164 era la presentada exclusivamente por el PP y la 165, la firmada por el PP y los demás grupos ya dichos. Pero ahora mismo, en la web del Senado de España aparece la 164 como enmienda de ese conjunto de grupos y la 165 como enmienda exclusivamente del PP. Curioso. ¿Qué sentido tiene que el PP presente una enmienda igual a la que ya ha presentado junto a otros grupos parlamentarios? Sólo tiene sentido la duplicidad si la enmienda conjunta de varios grupos es, en realidad, posterior a la del G.P. Popular.

Las dos enmiendas (el texto literal de una de ellas lo encontrarán también en el anexo) pretenden modificaciones de los arts. 351, 356 y Disposición Transitoria (DT) Octava de la LOPJ, que cambiarían la regulación del paso de los Jueces y Magistrados de la situación de “servicio activo” a las situaciones de “servicios especiales” y de “excedencia voluntaria” (y el eventual retorno al “servicio activo”) y, en cuanto a la DT, establecerían la aplicación de las modificaciones, no a partir de su entrada en vigor, sino, retroactivamente, a quienes ya se encontrasen en puestos políticos, de suerte que, por ejemplo, aquellos parlamentarios, alcaldes o concejales que, siendo miembros de la Carrera Judicial, se hallasen ahora mismo en “excedencia voluntaria” (con una complicada vuelta al servicio activo en la Justicia), serían considerados en situación de “servicios especiales” desde el momento en que fueron nombrados o aceptaron el cargo. Así, por ejemplo, al Sr. Alonso, Portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados. Por supuesto, los cambios facilitarían la vida a los Jueces hoy en activo que ocupasen en adelante toda suerte de puestos políticos: en vez de pasar, bastantes de ellos, a “excedencia voluntaria” (con un eventual reingreso complicado al servicio activo), pasarían a “servicios especiales”, lo que supone, principalmente, reserva de su plaza y cómputo del tiempo que estén en política como tiempo en la Carrera Judicial en servicio activo (a efectos de antigüedad, trienios, etc.).  Y el cambio también vendría bien a los partidos políticos si se les ocurriese hacer fichajes electorales o postelectorales de Jueces hoy en activo: podrían ofrecerles un panorama mejor.

¿Estamos ante la iniciativa de un interesado y astuto Senador, que logró que se le sumasen otros de distintos Grupos Parlamentarios? En modo alguno, me parece. Porque Diputados y Senadores no pueden, en nuestro brillante sistema parlamentario, presentar enmiendas sin pasar por filtros internos y sin la firma del portavoz de su Grupo Parlamentario. Algo de esta naturaleza, que obligará a votaciones en el Congreso con distinto quórum para aprobar o rechazar las enmiendas del Senado, no se hace sin el consentimiento de los jefes de filas y, en definitiva, del jefe del área correspondiente en el partido de que se trate, cosa que, por cierto, es imposible de saber acudiendo a las páginas web de los partidos. Pero sabemos quién se ocupa de los asuntos de Justicia en el PP. Si yo estuviese equivocado y, excepcionalmente, a los jefes les hubieran colado un gol en el Senado, el próximo día 22, en el Congreso, las enmiendas 164 y 165 serían rechazadas. Yo reconocería mi error con enorme placer y aplaudiría hasta con las orejas.

¿Es en sí mismo indefendible lo que se quiere hacer? A mí me parece mal, pero no pienso que resulte absolutamente imposible defenderlo. Quienes sin duda lo consideran indefendible, excesivo, regresivo e impresentable son unos cuantos notables de nuestra clase política, de diversos colores, puesto que ya resolvieron hacerlo clandestinamente, sin decirlo a nadie, sin hablar. Aunque Parlamento viene de parlar. En pleno período de promesas de regeneración, aquí tenemos una muestra de la verdadera voluntad de regenerar las instituciones. Cero voluntad de regenerar nada. Y si quieren sarcasmo, lean la justificación de la enmienda. Como de costumbre, además de maltratarnos, nos toman por tontos.

UNA GRAN PARADOJA: ANTE LAS ELECCIONES, “APAGÓN” DE LA POLÍTICA

“LISTAS”, MINISTERIOS Y SECRETARÍAS DE ESTADO, ÚNICOS OBJETIVOS POLÍTICOS

UN MOMENTO HISTÓRICO EXCEPCIONAL, AFRONTADO SIN PROYECTO

Hace muchos años, cuando tuve mi primera y última experiencia, muy intensa, en un desaparecido partido político (experiencia de la que no me arrepiento, porque aprendí bastante y, sobre todo, porque acerté a ponerle fin), descubrí -y probablemente lo dejé escrito en alguna parte- que es precisamente en período electoral, en sentido amplio, cuando en los partidos políticos se habla menos de política. De hecho, sólo algunos idealistas -no sé si quedarán muchos- piensan y trabajan en los grandes asuntos de la vida pública (los que son o deberían ser objeto de la actividad política), generalmente para formular un programa electoral. La inmensa mayoría de los políticos -los importantes, los profesionales- se dedica, mientras tanto, bien a lograr un puesto en las listas electorales que les garantice ser Diputados, Senadores o Concejales, si no aspiran a ganar, bien, si piensan que ganarán, a esto mismo y a “situarse” para ocupar cargos importantes en el Gobierno de España, el autonómico o el municipal (cuando el municipio no sea minúsculo).

Ahora, con elecciones generales el próximo 20 de noviembre, es exactamente eso lo que está ocurriendo. En realidad, el programa electoral no importa. Hay sí, cierto número de gerifaltes, reales o aparentes, pidiendo “papeles” para el programa sobre esto y aquello. Bastantes de esos papeles no llegarán a su destino, porque el que los ha pedido lo ha hecho para parecer importante ante unos cuantos conocidos y “situarse” personalmente, pero sin que nadie con influencia real le haya encomendado nada respecto del programa del partido. Otros papeles sí llegarán a destino, pero ni se leerán con mínima atención ni la calidad de su contenido tendrá nada que ver con que se les haga más o menos caso.

“Colocando papeles” se mueven especialmente bien, con eficacia e influencia, los más diversos “lobbys”, no sólo del ámbito económico, sino de otros muchos. Si pueden, los “lobbys”, que a veces no son sino una camarilla de amigos (así ocurre en relación con la Justicia, por ejemplo), actúan sobre el mayor número de partidos políticos, es decir, en términos de apuestas hípicas, juegan a “ganador” y a “colocado”. Lo que interesa a los “lobbys” es poder agarrarse, tras las elecciones, a un párrafo programático sobre su  materia, que muchas veces será de las que no aparecen en el debate público electoral. Los “lobbys”-camarillas buscan sólo situarse para la batalla por los cargos, carguitos y carguetes, que decía José María García en sus insuperables diatribas radiofónicas. Si las camarillas logran su objetivo, desde esos puestos harán lo que se les ocurra y ganarán unos buenos dineros.

Finalmente, la suerte de esos “papeles” -redactados algunos por gente muy valiosa y conocedora de su ámbito; otros, en cambio, por autoproclamados expertos, en realidad ignorantes, pero, eso sí, apasionados del alpinismo político- dependerá de a quien atribuye “el jefe” la confección del programa. Puede ser -casi milagrosamente- alguien con visión de conjunto y capacidad de discernir entre unas propuestas y otras, pero es mucho más frecuente que se elija simplemente a un cargo del partido, de confianza del “jefe” y con alguna fama de saber escribir deprisa. El “jefe” no siempre revisará el programa y, si lo hace, será por encima y más para quitar lo que no le guste que para añadir algo que considere que falta o cambiar lo que se dice sobre esta o aquella materia.

En campaña electoral, la formulación de una propuesta coherente de gobierno, la toma de posiciones sobre los principales asuntos públicos, es una actividad completamente secundaria en los partidos políticos. Lo principal, por encima de reuniones y decisiones de táctica y estrategia -es decir, seamos claros, de la “imagen” que se quiere “vender”- es la pelea interna por estar en “puestos de salida” en las “listas”, esto es, en las candidaturas al Congreso y al Senado y, en los que se consideran a sí mismos más importantes y valiosos, por ser Ministro de esto o de lo otro (no crean que son muchos los que están bien dispuestos a ser Ministros de cualquier cosa, no) o Secretario de Estado, si llevan menos tiempo en el partido o están en las huestes de algun “importante”.

“Puestos de salida” en las “listas” son aquellos que, en la hipótesis del peor resultado en la circunscripción de que se trate, tendrían, por la Ley D’Hondt, suficientes votos para ser Diputados o Senadores. También aquí bastantes aspirantes tienen sus preferencias, de modo que no les da igual ser Diputados por Madrid que serlo por Salamanca, ni ir con el número 1 que con el número 3, aunque se trate de “puestos de salida”. Quizá al final se conforman, pero riñen y patalean mucho.

Ahora mismo, mientras sigue su trámite la reforma del art. 135 de la Constitución Española, que ha constituido, como aquí ya se dijo, una “apertura del melón” constituyente, con el contenido ya expuesto y con fallos de forma nada desdeñables, mientras REPSOL cambia de manos con ánimo de trocearla en beneficio de uno de los "emperadores del ladrillo", el Sr. Rivero, atornillado al poder (otra "jugada" demencial, como la de ENDESA), la actividad política que ocupa al  mayor número de “pesos pesados”, semipesados, welter, etc., de nuestra clase política es ésa de las “listas” y de la muchedumbre de futuros Ministros y Secretarios de Estado circulando con gran seguridad por el tinglado de la antigua farsa. Yo, sin ir más lejos, tengo noticia de varios futuros Ministros de Justicia, dos o tres inminentes Fiscales Generales del Estado y un par de docenas de venideros Magistrados del Tribunal Constitucional. De futuros Ministros de Educación, nada, porque la Educación es de los toros que nadie quiere lidiar (habrá gente al acecho, seguro, pero no se habla de eso, de la Educación).

UN MOMENTO HISTÓRICO EXCEPCIONAL AFRONTADO CON SIMPLES RUTINAS, SIN PROYECTO

Soy consciente de que nada nuevo les habré contado hasta ahora a muchos lectores de este blog. Lo nuevo y asombroso es que no haya ninguna novedad cuando este país padece una crisis plurifacética sin precedentes y el mundo entero está patas arriba, con el Gigante de Occidente francamente maltrecho (a causa, sobre todo, de dirigentes sin categoría intelectual y moral) y con Europa a la deriva, por mucho que Merkel y Sarkozy simulen saber adónde quieren ir. Lo nuevo es que cuando la crisis de la economía real es tremenda, el paro no cesa y la indignación y el descontento -de unos y de otros- crece cada día, se advierta con deslumbrante claridad que nuestros dirigentes políticos y sociales siguen sin apartarse un ápice de sus rutinas de décadas, sin impulsar ni desear siquiera -el desinterés se palpa- el menor esfuerzo de regeneración y recuperación de nada.

Me parece que desde 1978 -y quizás incluso desde antes, desde la muerte de Franco en 1975- no se ha dado como ahora un momento histórico en que se necesite más el diseño en serio de planes y proyectos factibles –a la vez prudentes y audaces- para dar a los habitantes de España motivos fundados de esperanza en un porvenir mejor. Todos hablan de globalización e internacionalización, pero a nadie, entre nuestros dirigentes, parece moverle a un estudio y reflexión serios lo que está ocurriendo en los EE.UU. y en México, en Libia, Siria e Irán, en Afganistán, en Corea, Japón o Filipinas, en Rusia o en China, por poner algunos ejemplos de grandes cambios en enorme medida desconocidos y formidablemente inquietantes. Aquí no salimos de la situación financiera, de la Bolsa, del diferencial con el bono alemán, del déficit público y, últimamente, de los “recortes” del gasto público. Y son temas de mucho calado, sin duda, pero no son la cuestión principal. La cuestión principal no es que el Estado no gaste mucho más de lo que ingresa. Eso es algo absolutamente necesario, pero no menos absolutamente instrumental. Los muchos y muy serios interrogantes -qué educación, qué Justicia, qué libertades y qué deberes, qué política exterior, qué fuentes de energía, etc.… queremos  y podemos tener- son sintetizables en una pregunta -susceptible, a su vez, de diversas formulaciones, que podría abreviarse al máximo en dos palabras: ¿PARA QUÉ?

Han recortado retribuciones, han podado y van a podar superestructuras político-administrativas, van a hacer más reformas legales sobre el mundo económico. Bien: pero, ¿PARA QUÉ? ¿Cuál es el proyecto general al que pretendidamente sirve todo eso? En términos muy prosaicos, en términos de contribuyente: “Vds. me pagan menos o Vds. me gravan más (o ambas cosas) y Vds. me dicen qué dineros -dineros de todos- no van a seguir malgastando. Muy bien. Pero ¿por qué no me dicen en qué van a emplear el dinero -de todos- que sí recaudarán y gastarán? Díganmelo no con los DVD de los Presupuestos Generales, en que aparecen todas las cifras. Díganmelo de manera que lo entienda, cuéntenme su plan.” Pero de eso, nada, amigos. Siempre, es verdad, hay algunos, a derecha e izquierda, que tienen un plan, pero, por desgracia, esos planes que se intuyen -porque no se explican- responden a recetarios caducados, revelados como ineficaces si no dañinos. No receten ya ni más privatizaciones ni más gasto público.

Termino con dos ejemplos. Primer ejemplo: el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid decide aumentar las horas lectivas semanales de 18 a 20 a los profesores no universitarios (lo digo negativamente para simplificar). La noticia primera de la decisión, en todos los medios, es ésta: grandísima protesta de miles de profesores con amenaza de huelga a comienzos del curso escolar. Después, van ofreciéndose explicaciones troceadas por unos y por otros, con el problema ya enconado y la sociedad ya alarmada y dividida, con perjuicio de toda la enseñanza, la pública y la privada. Dña. Lucía Figar, Consejera de Educación, dice: “teníamos que elegir entre contratar interinos o pagar las becas”. Es una plausible e inteligible síntesis explicativa. Pero, ¿no se hubiera podido y debido explicar a fondo y públicamente la medida, dentro de un contexto general (sin duda existente), antes de comunicarla por carta a los sujetos pasivos? ¿Cómo unos presuntos políticos avezados permiten que se les presente como desentendidos nada menos que de la educación de los niños? No creo que sea (o que sea sólo) una mentalidad de “ordeno y mando” (muy agudizada cuando se dicen a sí mismos “no hay más remedio, hay que recortar todo lo posible”) lo que ha conducido a una penosa torpeza -incluso electoral en periodo electoral: ¡el colmo!-; es, sobre todo, la ausencia de un plan que vaya más allá del recorte del gasto.

[Inciso: ¿no es exigible al menos la responsabilidad política, cuando quienes recortan son los mismos que alargaron, los mismos que se apalancaron y ya no pueden pagar y ya no les fían? Lo digo en general, pero, por seguir con el ejemplo, si 3.000 profesores interinos no pueden ser nuevamente contratados como tales so pena de no poder pagar las becas, ¿no tendría que saberse cómo se llegó a contratar a 3.000 interinos, cuando, al parecer, no eran necesarios -eso nos dicen- si los profesores titulares diesen dos horas más de clase a la semana?]

Segundo ejemplo: el primer Gobierno del Sr. Aznar afrontó con fuertes recortes el gasto y el déficit público con que se encontró. Y tuvo éxito. Pero ¿cuánto se tardó en volver a las andadas? Unos pocos años. La segunda legislatura del PP, la de la mayoría absoluta, ya inició el desatino y, a partir de Zapatero, todos -salvo el nonagenario gurú Stéphane Hessel, que ha escrito dos opúsculos sin mucha chicha, la verdad- saben a dónde hemos llegado: a una situación crítica que no es únicamente económica. La Política no trata -no va, dicen ahora- de tener bien las cuentas, ni las privadas ni las públicas. Eso es cosa de contables y debe darse por sentado. La Política trata de muchos aspectos de la vida de todos, y se vertebra en torno a ideas y proyectos, para los que se necesitan fondos, públicos y privados. Tener fondos sin ideas ni proyectos razonables conduce a catástrofes. A la vista está. Y las catástrofes no se remedian sólo cuadrando las cuentas y apretándose los cinturones (los que ya los llevaban ajustados). Gastar menos sin saber qué hacer, sin saber qué se quiere procurar, sería, simplemente, como ir por la vida ciegos y además mal comidos.

Dejo para otro día un gran asunto, quizá el gran asunto. Dicho en negativo, ese asunto es la corrupción, que no consiste sólo en cohechos y sobornos. Dicho en positivo, hablo de la necesaria y en verdad básica regeneración moral de la vida pública. Son desde hace tiempo muy autorizadas las plumas y las voces de quienes han señalado que la gran crisis, la nacional y la mundial, la económica y la política, corruptora del mercado, de la democracia y del Estado de Derecho, es, ante todo y sobre todo, una crisis ética. Vengo advirtiendo sobre esa crisis desde hace mucho tiempo. Pero, como digo, sobre esto habrá que volver despacio. Hoy me despido con un mero toque de actualidad: que los dirigentes del Partido Popular no se olviden de la corrupción porque un señor Magistrado, mi antiguo amigo Antonio Pedreira, haya producido unas llamativas resoluciones de sobreseimiento provisional de tres ex-altos cargos del PP.  

DOS COSAS DISTINTAS: CRISIS DEL “ESTADO MODERNO” Y PUTREFACCIÓN DEL ESTADO EN ESPAÑA

INDEFENSOS ANTE LA INDIGNIDAD Y LA RAPIÑA; LEGITIMADOS PARA LA REBELIÓN

Sin duda cabe hablar de la crisis del llamado “Estado moderno” (que hace tiempo dejó de ser “moderno”) con referencia a aspectos y características diversas de ese Estado. Personalmente, considero que el elemento esencial de la crisis es la disparidad o desproporción entre el poder que ese Estado supone y los mecanismos de exigencia de responsabilidad a quienes ejercen el poder. Siendo el poder enorme y creciente, con cada vez mayores posibilidades de influjo inmediato (y en gran medida irreversible), los mecanismos para exigir responsabilidades son pequeños y escasamente efectivos. En pocas palabras: las elecciones periódicas son muy poca cosa como instrumento para impulsar el buen ejercicio del poder y para reaccionar ante un ejercicio desacertado y no digamos abusivo y arbitrario.

Se dirá (es la inmediata respuesta tópica) que así es la democracia y que, cualesquiera que sean sus limitaciones y debilidades, no se ha inventado un sistema mejor (“es el menos malo de los sistemas”). Esta respuesta ha dejado de ser aceptable hace mucho tiempo. Así –abocada al abuso impune- es la democracia actual. Cabría inventar otra mejor, pero los protagonistas del poder, incluso aunque se alternen en el Gobierno, no tienen el menor interés en mejorar sustancialmente el modelo democrático que existe. Pero si la esencia de la democracia reside en la participación, basada en la igual dignidad de los ciudadanos y en su libertad, la lógica ordena imperativamente, desde hace décadas, esfuerzos para corregir nuestra democracia. Lo que sucede en todas partes -nada estoy descubriendo: lo vemos todos- es que los políticos de esta democracia (que no es igual a los políticos demócratas, muy escasos) no quieren mejoras y correcciones. Y los ciudadanos no podemos introducirlas.

De vez en cuando, como ahora en España, la crisis de la antigualla que ha llegado a ser el “Estado moderno” es más visible, casi tangible. La teoría de que la soberanía reside en el pueblo, que la ejerce mediante representantes libremente elegidos se aleja sideralmente de una realidad en la que el pueblo cuenta cada vez menos, influye cada vez menos y sabe cada vez menos sobre la realidad o verdad política, mientras que el poder, por el contrario, sabe cada vez más de cada uno de nosotros, dispone de más eficaces instrumentos para ocultar y desfigurar la realidad y utiliza medios más potentes para influir casi decisivamente en los ciudadanos, en el pueblo. Nuestros representantes lo son únicamente pro forma, porque, sustancialmente, son piezas de representación del poder. No es de extrañar que los ciudadanos se consideren crecientemente al margen de los mecanismos de esta democracia y que sean sólo profesionales del poder quienes encarnen y sirvan a esos mecanismos. Que la clase política exista como tal, como grupo humano diferenciado, cerrado, casi impermeable a la ciudadanía común, es una consecuencia lógica o natural de la crisis del “Estado moderno”. Un grupo humano monopoliza, aislado y bien separado del pueblo, todas las instituciones de esta democracia e incluso innumerables instituciones no estrictamente políticas, con las que el poder ha penetrado en el ámbito de la sociedad civil, que ha dejado de conformarse por decisiones personales libres. En vez de esforzarse en mejorar lo que se necesita mejorar, la clase política se ha esforzado con éxito en politizarlo todo. La clase política es, en su naturaleza, totalitaria, aunque muchos de sus miembros no se hayan dado cuenta. Esa clase se mantiene y se defiende con el totalitarismo, porque todo lo politiza: la cultura, las profesiones, las Universidades, la vida económica y la Ciencia, incluida la experimental. Sin duda deben existir aún, dentro de la clase política, hombres y mujeres con ideales, pero la clase se ocupa de que sólo sirvan para la retórica, de la que usan y abusan los diversos partidos y las distintas piezas del sistema. Aun así, asistimos con alguna frecuencia al abandono o expulsión de esas personas.

Si la división de poderes se va difuminando y los partidos políticos reinan en ese Estado (el "Estado de Partidos") es porque a la clase política le conviene la máxima concentración (no la dispersión ni la diferenciación) y porque los partidos se han convertido en únicos fabricantes de políticos en régimen de oligopolio con prácticas colusivas. Esos dos elementos se combinan para el fatal resultado de un poder único y sin otros límites que los económicos.

En España está agudamente en crisis el “Estado moderno”. Fallan los mecanismos de responsabilidad y de control incluso ante situaciones de excepcional necesidad, como las que estamos viviendo ahora mismo. La participación del pueblo en la cosa pública está, de hecho, reducida a cero. Pero, acumulada a esa crisis aguda del "Estado moderno", en estrecha conexión con ella pero distinta, se ha producido en España una putrefacción estatal cada día más maloliente. Los ciudadanos comunes vivimos duramente castigados en nuestro olfato personal y en nuestra personal dignidad por una singular descomposición del "Estado moderno” en crisis, que ya no logra vivir discretamente ni intenta actuar con mínima higiene y limpieza al menos de puertas afuera. Estamos, todos y cada uno, salvo excepciones de superlativa insensibilidad, como si viviéramos junto a un vertedero incontrolado o al lado de una fétida fábrica de papel de las antiguas.

Sobre lo que está ocurriendo en el “Reino de España” (un “Estado moderno” en crisis) y sobre la putrefacción añadida por lo que hace y omite el actual “Gobierno de España” se pueden escribir libros, de muy diversos estilos y con distintos enfoques, pero libros que, en sí mismos, serían de mucho interés y de gran importancia. Porque serían la historia pormenorizada de unas décadas (o de unos lustros, años o meses: a elección del escritor) de acelerada y de extrema decadencia intelectual y ética, con innumerables efectos en la educación, las libertades y la seguridad públicas, el Derecho, la economía y la cultura. Una decadencia que, más allá de las grandes cifras y de las valoraciones generales, muchos sienten (sentimos) ya, cada día, en cuerpo y alma.

Si esos libros se fuesen a leer y resultase probable que suscitaran una reacción social, sería un deber apremiante escribirlos, aunque presenten la enorme dificultad de terminarlos sin poder narrar el final, porque la vida sigue, por miserable que sea. Pero, como ya he dejado dicho aquí si no recuerdo mal, una repetida experiencia de libros de contenido “explosivo”, que, aun sin rectificación alguna, no han provocado ninguna “explosión” y ni siquiera un pequeño “incendio” o “escándalo”, desaconsejan (al menos, me lo desaconsejan a mí, que no vivo de escribir) acometer una empresa escrita de gran magnitud.

En cambio, no es posible, con mínima coherencia, callar cuando se ha construido una tribuna para hablar, por modesta que sea, como ésta lo es. Tras apuntar el marco general, he de decir cosas concretas, muy sabidas y ya escritas, pero no silenciables por mí.

En estos últimos días de agosto de 2010, se han amontonado sucesos graves y tristes. Hemos podido presenciar el ultraje a unas mujeres trabajadoras, constituidas en autoridad, llevado a cabo por ciudadanos controlados del vecino Reino de Marruecos. Y el silencio absoluto del “Gobierno de España” ante ese ultraje, seguido de un viaje del Sr. Rubalcaba, superior gubernamental de las directamente ultrajadas, para rendir pleitesía al Sultán de los ofensores violentos, nos ha empapado de vergüenza ante tan viscosa y sucia indignidad. Le han llamado diplomacia a la ausencia de la menor reacción previsible según las reglas diplomáticas que rigen en las Naciones y Estados respetables, porque esas reglas suponen un mínimo, aunque sea formal, de propia estimación.

Poco después -en medio de unos movimientos de reinicio del diálogo con los terroristas domésticos de ETA, movimientos cuando menos despreciables por su oscuridad- hemos asistido al pago de rescate en metálico y a otras concesiones a reconocidos terroristas internacionales, los de Al Qaeda en el Sahel, simultáneamente a nuestro apoyo militar y policial a la acción de la OTAN en Afganistán. La alegría de ver a dos personas en libertad (los “cooperantes”) se ha visto anulada por la suma indignidad y el descrédito de retribuir a terroristas tras meses de inactividad y de negociaciones. No me vale desviar la indignación contra “oenegés” pretendidamente imprudentes e irresponsables, como algunos han hecho. La indignación la merece íntegramente el “Gobierno de España”, que ha perpetrado la suma irresponsabilidad de ceder ante el terror y de rearmarlo.

Casi a la vez, eran asesinados tres españoles a causa de un fallo de seguridad y, sobre todo, por el odio insuperable de uno de ésos que llaman “talibanes”, con improbable exactitud, pero muy probable conexión con Al Qaeda. Fueron acribillados a balazos José María Galera Córdoba, capitán de la Guardia Civil, de 33 años, natural de Albacete; Abraham Leoncio Bravo Picallo, alférez de la Guardia Civil, de 33 años, nacido en A Coruña, y el intérprete Ataollah Taefy Khalili, de 54 años, ciudadano español de origen iraní, residente desde hace más de 30 años en Cuarte, cerca de Zaragoza.

Seguimos en Afganistán mientras lo diga Barack Obama, porque la acción de la OTAN en Afganistán -sujeta a fecha de caducidad dictada por Barack Obama- es necesaria para la seguridad de Occidente. Ya no sabemos, a estas alturas, en qué consiste esa acción: la democratización de Afganistán es (ha sido siempre) una trágica majadería y su pacificación por ejércitos extranjeros, un imposible antropológico en una tierra tribal, multiétnica y endémicamente guerrera desde hace más de mil años. Si lo necesario fuese una presencia militar de control, nos tendrían que explicar de qué y para qué. Pero queda claro que, en estos momentos, lo que quizá sea necesario (no excluyo que lo sea, pero no lo explican) para Afganistán y el mundo occidental, resulta contrario a lo que necesita políticamente Barack Obama en sus “USA”. De manera que ni agradecidos ni pagados. Porque no se le ocurrirá a Moratinos, tan contento él con su disfraz afgano de Rey Gaspar, sugerir a la Sra. Clinton (ni Zapatero osará pedirle a Obama) que, a cambio de nuestro apoyo, le den un toque al Sultán marroquí, aliado de EEUU en el área (como lo somos nosotros, se supone).

En medio de la perplejidad de lo afgano, que viven sufrida, silenciosa y dignamente nuestros militares allí destacados, un detalle del “Gobierno de España” añade el último toque de indigna estulticia: insistir machaconamente, al hablar del triple asesinato de Qala-i-Naw, en la noción de “atentado terrorista”. Este énfasis es necio, porque la pretensión de no hablar de “guerra”, situación bélica o conflicto bélico, etc., es tan evidente como la guerra que realmente existe. Hay que ser tan estultos como rastreros para ponerse a hacer equilibrios nominalistas ente guerra y terrorismo con esos muertos y con los hechos como fueron y como son. Ni un solo español ignora la guerra de Afganistán a causa de esas matizaciones verbales.

La penúltima proeza han sido los evidentes malos tratos de la policía (o, tanto da, permitidos por la policía) del Sultán de Marruecos a activistas españoles pro saharauis. Tienen razón los que se asombran de la extrañeza de esos activistas ante el trato recibido. Pero que fuesen de esperar los golpes y humillaciones no los hace ni un ápice menos injustos y condenables. En este caso, el “Gobierno de España” ha pedido explicaciones, las ha recibido enseguida de los marroquíes, las ha aceptado de inmediato ¡y las ha hecho suyas de cabo a rabo!: ¡españoles, respeten la legalidad de otros países!. En abstracto, el mensaje es inobjetable. Pero en concreto, resulta que si a algún español (o española) le parten la cara en el extranjero por defender una causa que considera justa, pero que las autoridades extranjeras tachan de ilegal, que la víctima no espere del “Gobierno de España” otra cosa que la que ha hecho en el caso: una amonestación a cumplir la legalidad (la marroquí, en este caso). Como si la ilegalidad (según Marruecos) de una protesta justificase y legalizase los golpes y las vejaciones. "No hay pruebas de fuesen policías los causantes de los golpes y moratones", nos dicen (nos lo dicen gentes que, por cierto, casi nunca necesitan pruebas). Pero es indiscutible que poco o nada sucede en territorio bajo control marroquí sin que lo sepa la policía.

A todas estas, ya tenemos de nuevo al “Gobierno de España” sometiéndose al chantaje del nacionalismo. Para prolongarse en el poder, Zapatero hace cualquier cosa: por ejemplo, hablar de “autogobierno” en Euskadi con los adversarios de quien ahora ostenta legítimamente el autogobierno. Más “negociación”, como con los piratas del “Alakrana” y los terroristas de Al Qaeda y de ETA.

Pero a la indignidad añaden, abierta y contemporáneamente, su disposición a aumentar la rapiña: con más multas, con más impuestos (aunque no sepan o no quieran decir cuáles) y con más endeudamiento, que alguna vez tendremos que pagar.

No sabemos los ciudadanos comunes qué podemos hacer, concretamente, ante la presente putrefacción en España del “Estado moderno” en crisis. Se han ocupado de acorralarnos en la indefensión. No es fácil idear modos nuevos de reacción, y de reacción eficaz. Pero, por lo menos, debemos saber que estamos plenamente legitimados para la rebelión, infinitamente más legitimados que ETA, que Al Qaeda, que los piratas somalíes y que la metodología represiva del islamismo moderado. Quizá una fuerte conciencia de esa legitimidad nuestra nos estimule a pensar más que nunca y logremos inventar formas pacíficas, pero eficaces, de la rebelión que necesitamos.