SI HAY ALGO QUE NO PUEDE SER ES LA DOBLE PRESIÓN A LOS DOS ALTOS TRIBUNALES DE ESPAÑA

GOLPISMO PURO Y DURO

Las manifestaciones y las declaraciones públicas de estos días contra el Tribunal Supremo y la multiforme presión al Tribunal Constitucional, a la vez, están marcando un record estalinista y fascista en contra del Estado de Derecho y de la democracia.

Se puede sostener, alto, claro y mil veces, que Garzón no prevaricó (no veo que se pueda defender la legalidad de su comportamiento judicial, pero hasta esa defensa se puede aceptar en democracia). Se puede desear públicamente que Garzón no sea condenado. Lo que no se puede, ni en buen Derecho ni en verdadera democracia, es insultar -así insultar- al Tribunal Supremo y a sus Magistrados a todas horas, de palabra y por escrito. Las sentencias y otras resoluciones son criticables libre y hasta acremente (¡quién me lo va a decir a mí!). Pero los insultos al Tribunal y a sus Magistrados y la presión para que sus resoluciones tengan un determinado contenido son ataques a las bases del Estado constitucional. Y lo mismo, exactamente lo mismo, hay que decir de comportamientos semejantes respecto del Tribunal Constitucional.

Cuando las instituciones constitucionales sólo se aceptan a beneficio de inventario, únicamente en lo favorable a las posturas del “Gobierno de España” o del “Govern” catalán o de estos y aquellos partidos, estatales o nacionalistas no existe aceptación del Estado de Derecho, sino rechazo frontal a ese Estado, es decir, una actitud diáfanamente golpista. O el PSOE y el Gobierno de Rodríguez Zapatero se desmarcan sin la menor ambigüedad de ese golpismo, o serán ellos mismos golpistas. Como no quiero repetirme, les ruego que relean dos entradas de este “blog” a las llegarán con toda facilidad llevan el puntero a la etiqueta “Golpismo” y pulsan la tecla izquierda de su ratón. Háganse cuenta de que las he vuelto a escribir y publicar. Y que desde aquí, modesta pero claramente, llamo gol-pis-tas a todos y a cada uno de los que insultan y presionan.

Y a los golpistas, delincuentes contra la democracia, tan corrompida ya, pero aún viva, habrá que sancionarles en las urnas.

Las dos entradas en cuestión se titulan “ESPAÑA NO PUEDE NEGAR AL PARLAMENTO CATALÁN” (subtitulada “Golpismo puro y duro…desde el 'Gobierno de España'”) (miércoles, 2 de septiembre de 2009) y GOLPISTAS EN COCHE OFICIAL, PODERES FÁCTICOS (subtitulada “El ‘Estatut de Catalunya’ y el borde del precipicio”) (martes 24 de noviembre de 2009). No sé si estarán de acuerdo con lo que escribí y repito ahora, pero la actualidad es innegable.

GOLPISTAS EN COCHE OFICIAL, PODERES FÁCTICOS

EL "ESTATUT DE CATALUNYA" Y EL BORDE DEL PRECIPICIO
(actualizado a 27 de noviembre de 2009)

No se me puede acusar de beatería acrítica ante las sentencias y autos del Tribunal Constitucional. Nunca he pensado que fuesen infalibles, ni uno a uno ni juntos, los Magistrados del Tribunal Constitucional (TC). Por eso me encuentro legitimado para pedir, una vez más, respeto a esa institución, compatible con la libérrima crítica a sus decisiones, que tantas veces he ejercitado, y también compatible con la crítica global por el retraso en resolver asuntos de la mayor importancia, como la del "Estatut". Pedir un elemental respeto es tanto como desear vivir en una sociedad en que sean efectivas unas mínimas reglas de juego, pues, a su vez, esa efectividad hace que los poderes públicos no se conviertan en meramente fácticos y que haya Derecho verdadero, garantía de la libertad de todos y de cada uno.

Como respecto de otros temas, a propósito de la sentencia sobre los recursos de inconstitucionalidad del "Estatut de Catalunya", es exigible que no se dé por sentado que el TC está para formalizar y sacralizar indefectiblemente las ocurrencias del poder. Si cuando se está planeando y elaborando una ley, se prescinde de lo que ya tiene dicho el TC y se acaba legislando con la idea de que el TC se acomodará a lo legislado y, sea lo que sea, acabará aprobándolo, podríamos ahorrarnos el TC y la misma Constitución. Aquí nadie propone prescindir de uno y otra, pero es evidente que no se toman en serio, sino que se consideran decorados del teatro de la realidad falsificada.

Lo que ha importado a los políticos nacionalistas catalanes, respecto del "Estatut", nunca ha sido su adecuación a la Constitución, sino que Rodríguez Zapatero se comprometiese a no tocarlo. Zapatero se comprometió a eso, cuando tal compromiso no estaba en su poder de disposición, porque él no era y no es ni la Constitución ni el TC. No cumplió (como era de esperar) y mandó "pulir como una patena" el "Estatut". Ahí estuvo el actual Ministro de Justicia, cerrando círculos cuadrados y mirando al consenso con los políticos nacionalistas mucho más que al texto constitucional.  Y, al ser recurrido por inconstitucional el resultado, todo han sido esfuerzos por lograr que el TC cumpla un papel meramente decorativo-ritual y, como ellos, los nacionalistas y los cerebros de Zapatero, no se tome en serio la Constitución Española de 1978. Los nacionalistas catalanes (con el PSC a la cabeza) se vuelven ahora hacia Zapatero. Es como si le dijeran: "¡eh: que tu parte del trato era el lograr el placet del TC." Un placet largo y enrevesado, con disquisiciones interpretativas a las que, obviamente, no harán el menor caso (¡si no se lo hacen a la Constitución misma!) o un placet de pocos folios: les da igual. Porque el concreto contenido de la sentencia tan largamente dilatada da igual: lo único que va a importar es si puede presentarse como "vía libre" al "Estatut" y al proceso de construcción de la nación catalana. No me lo invento yo: lo dicen ellos a diario. [27 de noviembre: lo dicen los 12 periódicos catalanes y cuantos se van adhiriendo a un texto mendaz. Todos ellos con dudosa espontaneidad, pero, presionando, al fin y al cabo.]

Algunos -no pocos, pero desde luego, nada poderosos, porque sólo tenemos cabeza y pluma- persistimos en pensar que la Constitución de 1978 existe y tiene significados inesquivables en bastantes de sus preceptos. Si no se quiere reconocer que es así y si el TC ha de cumplir un papel de mero sancionador de las voluntades políticas, dígase ya que no existe Estado constituido y que estamos siempre en situación constituyente, en permanente reinvención de reglas, o, lo que es igual, que nunca hay reglas dotadas de un mínimo de solidez, estabilidad y fuerza. Esto significa, a su vez, que en España no hay ni Estado ni Derecho y, por tanto, menos aún un Estado de Derecho. Al borde de ese precipicio nos han situado. Suena fuerte y duro (aunque no es nada nuevo: personalmente vengo diciéndolo desde hace más de un cuarto de siglo), pero es la conclusión ineludible de las premisas. Y todavía está por ver que éstas y el silogismo hayan sido, no ya destruídos, sino ni tan siquiera seriamente cuestionados.

Pero si existe Constitución y si lo que en ella se dispone sobre la constitucionalidad de las leyes hay que tomarlo en serio (si no, se acabó el Estado español y, por supuesto, la Nación española, que quedaría por los suelos como un trapo pisoteado a disposición de quien lo quisiera enarbolar: una situación altamente indeseable), el TC tiene que ser absolutamente libre para poder decir  (acertando o equivocándose, ya lo juzgará cada uno) que una ley, aunque la hayan aprobado por unanimidad tres Cámaras legislativas, no es conforme a la Constitución. Y debiera poder decirlo sin recurrir a oscuridades indescifrables y sin que pasase absolutamente nada protagonizado por las autoridades públicas.

Pero, además de que se vitupera a un Magistrado por un presunto cambio de criterio, endilgándole una etiqueta molesta, tan estólida como son las de "progresista" y "conservador" aplicadas a jueces, vemos a un Ministro del Gobierno pontificando sobre la constitucionalidad del "Estatut" (cuando por elemental elegancia debiera callarse), vemos que el Gobierno sigue presionando y lo que aún es peor, vemos a Presidentes y Vicepresidentes de la Generalitat amenazar al Tribunal (y a todos nosotros) con un amotinamiento contra el Estado español y, hay que decirlo sin reparos, contra España entera. [27 de noviembre: el alboroto amenazante de las últimas 48 horas nos tiene absolutamente hartos a millones de españoles, que nunca hemos sentido animadversión hacia Cataluña ni hacia su lengua, su folklore y su cultura, que nos encontrábamos -ya no, en absoluto- a gusto en cualquier tierra catalana, que hemos comprado productos catalanes, etc., etc. Ahora, estamos ya hartos de un falsísimo victimismo, que falta al respeto a la historia y que nos falta al respeto a los españoles a cada minuto que pasa. Los nacionalistas no son víctimas de los españoles. Las víctimas reales somos los españoles hispano parlantes. Las verdaderas víctimas son los catalanes no nacionalistas secuestrados en su propia tierra. No hemos odiado, pero somos odiados irracionalmente, insultados y menospreciados, hasta para felicitar la Navidad en Barcelona. Hoy vuelvo sobre mi entrada, en este mismo blog, de 14 de julio de 2009: "¿Por qué no pensar en la independencia de Catalunya?". Pero antes, y ya que el irresponsable Rodríguez Zapatero y sus disciplinados e irresponsables seguidores nos han hecho llegar hasta el borde del precipicio, sería deseable disponer de la sentencia del TC sobre el "Estatut de Catalunya". Así tendremos claros todos los factores.]

Las amenazas debieran oirse por el TC como quien oye llover: por sentido de la dignidad de la institución y por la personal digndad de cada uno de los Magitrados. Pero, en todo caso, con esas amenazas, las autoridades públicas amenazadoras se han situado en una posición ilícitamente coactiva  y se quedan sin legitimación alguna. Se convierten en poderes fácticos. Se sitúan al margen de la ley y, en cuanto amenazan si no se hace lo que ellos quieren, son golpistas. Lo he dicho en otra ocasión y lo repito. Se han convertido en golpistas. Tan golpistas como piratas eran los secuestradores del "Alakrana". No tienen ya ni legitimidad ni autoridad para recaudar impuestos o sancionarnos con una multa. Si les pagamos la multa o los impuestos es, exclusivamente, porque, de lo contrario, nos arruinarían o nos privarían de libertad. Les pagamos como nos dejamos desvalijar por el navajero o como antaño, ante la amenaza del trabuco, se les daba todo a los salteadores de caminos. Con la diferencia de que éstos corrían riesgos y peligros, no se consideraban agentes de la ley y carecían de coche oficial.

"ESPAÑA NO PUEDE NEGAR AL PARLAMENTO CATALÁN"

GOLPISMO PURO Y DURO... DESDE EL "GOBIERNO DE ESPAÑA"

 

El título de esta entrada reproduce un titular de ABC, que acaba de aparecer en su edición electrónica. El preciso texto de la noticia, en su meollo, es el siguiente:

"El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha manifestado hoy su confianza en que el Estatuto de Cataluña 'es constitucional' y añadió que 'lo que España no puede hacer es negar la decisión del Parlamento catalán' en relación a la próxima sentencia que sobre este asunto emitirá el Tribunal Constitucional."

"'Yo creo en ese Estatuto, creo que es constitucional y creo que recoge un hecho que además es políticamente relevante. Lo que España no puede hacer es negar la decisión de un parlamento democrático elegido por los catalanes', ha dicho el ministro en declaraciones a Punto Radio."


 

El Sr. Rubalcaba es Ministro del Interior del que, machaconamente, se publicita como "Gobierno de España" desde que las encuestas mostraron que el negacionismo de España (que llegaba a eliminar la bandera y a no mencionar la palabra "España": recordémoslo) iba a ser electoralmente catastrófico.

Hasta su ya muy lejana entrada en la política, el Sr. Rubalcaba era un joven y notable profesor de Química Orgánica. Le tengo por persona amable e inteligente, además de reconocerle una especial habilidad política, pareja, al menos, con su afición al poder, que estoy lejos de demonizar. Pero en esta ocasión, el actual responsable máximo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado ha ido lejos, demasiado lejos. Ha ido tan lejos que ha llegado a una posición que, objetivamente, es golpismo con abuso ilícito de su cargo y posición. En cualquier país civilizado (de los que cada día quedan menos), el Sr. Rubalcaba debería dimitir o ser fulminantemente cesado.

Sé de sobra que las tragaderas y las entenderas del actual Presidente del Gobierno no dan ni para una leve observación al Sr. Rubalcaba en tono de reproche. Sé muy bien que la intelectualidad de este país -si es que puede decirse que esa intelectualidad existe- no levantará, por muchas y diversas razones, ni la más leve ola de protesta social. Pero hay reglas que, aunque no sean observadas, sino masiva, diaria y panzerianamente infringidas, debemos considerar vigentes. Porque lo están. Y esas reglas son las que expulsarían al Sr. Rubalcaba de la vida pública española salvo inmediata y pública retractación de sus declaraciones.

Me explicaré.

1º) Un Ministro del "Gobierno de España" no debe contraponer "España" a Cataluña, ni en su conjunto ni en una de sus instituciones, el Parlament, en este caso. Está sosteniendo unas nociones de España y de Cataluña absolutamente contrarias a las normas constitucionales.

2º) Un Ministro del "Gobierno de España", en caso de contraposición real, no debe subordinar "España" al Parlament de Catalunya. No debe hacerlo porque incurre en una aberración histórica y constitucional. Tan aberración constitucional como que existe un Tribunal Constitucional (TC) ante el que, legítimamente, algunos pueden plantear recursos de inconstitucionalidad respecto de leyes, como lo es el actual Estatut de Catalunya. Si fuese mínimamente defendible lo que ha afirmado Rubalcaba, carecería de sentido la misma existencia del TC con sus constitucionales y legales atribuciones. Y, por supuesto, carecería de sentido que el TC actuase como lo que debe ser: un Tribunal independiente del Gobierno de la Nación, de los cuerpos legislativos y de los gobiernos autonómicos.

3º) Un Ministro, en especial uno que manda sobre personal armado, el Ministro que dirige aparatos de control y de represión, no debe, pendiente un recurso de constitucionalidad sobre el citado Estatut, previamente aprobado por el también citado Parlament, declarar que España -y por tanto, las instituciones constitucionales españolas, entre las que sobresale para el caso el TC- no puede formular objeciones a una ley aprobada por el Parlament. Si, como hemos visto, hace tales declaraciones, está diciendo a los miembros del Tribunal Constitucional que "España" les limita en su función, que "España" no consentiría una sentencia del TC que no fuese un amén al Estatut.

El Sr. Rubalcaba, Ministro del "Gobierno de España" ha enviado públicamente ese mensaje al Tribunal Constitucional de España. Pero el Sr. Rubalcaba 1º) no ha sido designado Ministro del Interior, con competencias determinadas, para pronunciarse sobre asuntos sub iudice y menos aún sometidos al máximo tribunal de la constitucionalidad; 2º) no cumple con sus funciones ministeriales, sino que abusa muy gravemente de su cargo al atribuirse la representación de "España". Y, lo más grave, este Sr. Ministro está presionando ilegal e inmoralmente a un Tribunal independiente.

Propugnar y procurar que no sean los órganos responsables de lo que es recurrido ante el Tribunal Constitucional los que hayan de subordinarse, sujetarse y atenerse a lo que ese Tribunal resuelva, sino lo contrario, es decir, que ese Tribunal ha de subordinarse a lo decidido por los órganos que aprobaron lo recurrido es propugnar y procurar la máxima ruptura del sistema constitucional. Y a eso se le denomina golpismo.

Mientras no rectifique, el Ministro del Interior, responsable de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, es un golpista. Si el Sr. Ministro u otras personas lo consideran un insulto, digo dos cosas: 1ª) que se trata de una descripción objetiva de un comportamiento externo y que si el Sr. Rubalcaba entiende que le insulto, en los Tribunales de Justicia le espero; 2ª) que el hecho de que el Ministro del Interior del "Gobierno de España" presione al TC y propugne hacer tabla rasa de la Constitución vigente es infinitamente más grave que el hecho de que aparezca como un golpista a causa de mi libre pero razonada descripción de su conducta.

Post Scriptum de 3 de septiembre: Sostiene Rubalcaba que sus declaraciones se han "descontextualizado", pues él se refería sólo a la definición de Catalunya como nación" en el preámbulo del Estatut, que, según él, carece de naturaleza normativa. Añade, para legitimarse y legitimar lo declarado, que él se batió el cobre, por así decirlo, en el Congreso de los Diputados enmendando el Proyecto de Estatut. Nada de eso me puede conducir -y bien que lo siento- a rectificar un ápice lo que queda escrito. Porque el Sr. Rubalcaba no niega ni matiza la contraposición entre "España" y el Parlament de Catalunya que todos los medios publicaban, sin rectificación del Sr. Rubalcaba. Y este Sr. Ministro del Interior tampoco niega ni matiza su criterio de que "España" ha de subordinarse al Parlament.

Por lo demás, si el inteligente Ministro de autos se reconoce lego en Derecho, más vale que no se meta en territorios jurídicos sin un asesoramiento serio. Una cosa es la ausencia de naturaleza normativa de los preámbulos y exposiciones de motivos de las leyes y otra la ausencia de relevancia jurídica de esos preámbulos y exposiciones. Esa relevancia existe y no es de ínfima categoría. Así lo muestran y lo afirman tanto el TC como el Tribunal Supremo en importantes sentencias.