NOTAS Y BECAS: UN NUEVO ERROR DEL AÚN MINISTRO DE EDUCACIÓN

LOS “5”, “5’5” Y “6’5”  NO SON IGUALES NI SOCIAL NI ACADÉMICAMENTE

BECAS Y “EXCELENCIA” NO ESTÁN NECESARIAMENTE RELACIONADAS
(Añadidos a 2 y 3 de julio de 2013)

En un post de 22 de diciembre de 2011 (v. “DE LA EDUCACIÓN DEPENDE NUESTRO FUTURO”: LOS MALOS AUGURIOS DE ESTA PROCLAMA, subtitulado EN LOS TIEMPOS DEL “PERFIL”, UN MINISTRO DESPERFILADO (v. http://andresdelaoliva.blogspot.com.es/2011/12/de-la-educacion-depende-nuestro-futuro.html), ya advertí que consideraba un error -el más claro entonces, al tiempo de formar Gobierno- que el Sr. Rajoy Bey hubiese nombrado Ministro de Educación, Cultura y Deportes a D. José Ignacio Wert Ortega. De entonces a acá no necesito decir hasta qué punto, lamentablemente, los hechos y los dichos de Wert (¡qué dichos se le ocurren a este hombre!) han apuntalado y remachado mi criterio. He sido un adelantado, pero eso me entristece mucho, porque estamos pagando un alto precio de tiempo perdido y de insensateces muy publicitadas, que no hacen ningún bien a la opinión pública y al clima de concordia elemental que, dentro del pluralismo, le conviene a cualquier país.

No me voy a entretener glosando las hazañas de Wert, también las relativas a sus nombramientos. Vamos al archipolémico asunto de un anunciado Decreto sobre becas, que iba a exigir un 6’5 de media como requisito ineludible para obtenerla y que, tras la última revisión, se conformaría con el 5’5 sólo para la exención de matrícula, pero mantendría el 6’5 para las becas que supongan algo más que la matrícula.

Algo que he echado en falta, desde que se inició la polémica hasta hoy mismo, es una observación muy elemental, porque se basa en una realidad que casi todo el mundo conoce, a saber: que obtener un 5’5 de nota media en muchas carreras -por ejemplo, la de Derecho- es mucho menos difícil que en otras, como Medicina, Ingeniería Industrial o Ciencias Físicas. Seguramente convendrán conmigo que quien saque todo un curso de Medicina o de Ingeniería de Caminos, a la primera, o entre junio y septiembre, con 5’5 de media merece indudablemente la beca. Hay ya, por tanto, un grave error en la propuesta del Sr. Wert y también, en buena medida, en quienes la discuten sin tener en cuenta esta realidad diferenciada. No debería prescindirse de ella, aunque fuese para considerarla irrelevante a efectos de becas. En todo caso, es la prueba del nueve de que Wert se equivoca de medio a medio y de que el futuro de las becas está muy mal planteado. Un “5”, un “5’5” o un 6’5” son matemáticamente iguales a otro “5”, “5’5” o “6’5”, pero no lo son académicamente y tampoco, como veremos después, socialmente y esta desigualdad, de mucha importancia, nada o muy poco tiene que ver con el mayor o menor esfuerzo personal del estudiante ni con su superior o inferior inteligencia.

Estoy perfectamente de acuerdo en que la Formación Profesional (FP) debe ser potenciada y en que buen número de estudiantes universitarios habrían hecho mejor en acudir a la FP: porque se adecúa más a sus cualidades y aptitudes y porque encontrarían trabajo más fácilmente e incluso más satisfactoriamente. Pero como estoy convencido de que, proporcionada a todos una completa información sobre las exigencias de las carreras universitarias y de la FP, así como sobre las expectativas de empleo, es muy preferible la libertad de decidir que la planificación, en especial si se hace de modo simplista, el 6’5 no tiene nada que ver con Universidad o FP, porque no alcanzar una nota media de 6’5 no significa que la FP sea más adecuada para esa persona que se queda en el 5, en el 5’5 o en el 6’4. Esto es evidente para quien haya conocido o conozca a los jóvenes estudiantes, como es mi caso, pero, asombrosamente, no parece que sea el caso de Wert, de sus asesores y de sus partidarios.

Por otra parte, obtener una nota media inferior a 6’5 no es en absoluto indicativo -ni siquiera en lo que antes llamábamos “carreras de letras”- de que el estudiante sea vago o al menos indolente o carezca de la inteligencia que sus estudios requieren, razones que justificarían que no obtuviese o renovase una beca. Acabo de leer la noticia de una joven gerundense, Gemma Muñoz, con un 9’9 en la selectividad, que defiende la reforma de Wert, dice la noticia, porque «ya está bien de de pagar a gente desmotivada que no le interesa estudiar. Que te paguen la carrera debería de ser una motivación». Esta chica, aún sin experiencia en la vida universitaria, no ofrece, en realidad, ningún argumento sólido, porque obtener nota promedio de 5 o de 5’5 no es ni siquiera un leve indicio de que quien las obtiene carece de motivación o de interés en estudiar.  Sin saberlo, la joven Gemma, con su 9’9 en la selectividad, ha ofrecido un excelente ejemplo de ese vicio tan extendido al opinar, que se denomina “inducción incompleta”. Y los medios que destacan el juvenil error de Gemma parecen abonarse a la demagogia, a no ser que también practiquen el fácil “deporte” de construir reglas generales a partir de unos pocos casos o de uno solo.

Al exigir un 5’5 de nota media, el sistema de becas no estaba ni está todavía beneficiando a quien no pega palo al agua, que es el erróneo punto de partida de los viscerales “argumentos” de más de uno. Incluso donde las buenas notas -de “notable” para arriba- son más fáciles de conseguir (las “carreras de letras”), la media de 5’5, aplicada a un curso, significa un considerable esfuerzo de quien la logra y un rendimiento suficiente. Los “5” no se regalan, como regla general. Hay excepciones, sí, pero a los profesores que las hacen no les costaría nada regalar los “6’5”. Y estamos hablando, no se olvide, de un promedio de las notas de todas las asignaturas. Una media de 5’5 es indicativa de un rendimiento suficiente y, sobre todo, no alcanzar el 6’5 no supone desinterés, desmotivación, vagancia o estulticia.

Por lo demás, en las “carreras de letras” un punto o dos y, desde luego, unas cuantas décimas están frecuentemente determinadas por factores sociales y, muy destacadamente, por el ambiente familiar, que no tiene que ver necesariamente con los ingresos o la renta, sino con la educación recibida en ese ambiente y, en especial, con el fomento, o no, de hábitos de lectura en los hijos o, por el contrario, con dejar cómodamente que caigan en la inmersión total en el mundo de la imagen y de la comunicación compulsiva constante.

Y vayamos, por último, a la cuestión nuclear de las becas (y de su requisito de calificaciones o notas anteriores). Las becas, ¿para qué están? ¿Para estimular y premiar a los más listos y estudiosos (premiar la cacareada y muy maltratada excelencia) o para procurar una igualdad de oportunidades, de modo que los ingresos familiares o personales bajos no impidan a nadie estudiar lo que prefiera? Yo no tengo duda alguna de que se trata de esto último. Así que, considerados todos los elementos que han de ponderarse, la exigencia de un 5’5 de nota media me parece mucho más justa que elevar ese requisito al 6’5. Esto último es una barbaridad injusta, que clama al cielo cuando quien dispone de recursos se puede permitir sin ninguna consecuencia negativa, dedicarse, en la Universidad, a la pura vida social, acumulando suspensos o convocatorias sin presentarse. Mientras tanto, es creciente el número de quienes cursan carreras mientras trabajan, fenómeno que tampoco puede no ser objeto de la debida consideración.

En resumen: precisamente cuando han aumentado las tasas de matrícula, las becas no se deberían tocar del modo que Wert pretende. [AÑADIDO a 3 de julio de 2013] Veo que ilustres colegas míos defienden el cambio wertiano y, aunque algunos de esos colegas me merecen muy especial respeto, lo que leo que dicen tiene mucho más que ver con no defender a ultranza una nota baja (en "carreras de letras": de las de ciencias experimentales e ingenierías apenas hablan) y con propugnar decididamente no conformarse con la ley del mínimo esfuerzo que con lo que realmente está en juego. Por supuesto, hay alumnos que a) juegan al mus incluso sentados en el suelo de algunos rincones de ciertas Facultades; b) suspenden una y otra vez asignaturas o dejan de presentarse a muchas convocatorias; c) si estudiasen más, en vez del "cinco pelado", podrían sacar sobresaliente; d) etc. Lo que ocurre es que no se ha determinado en modo alguno que los que juegan al mus en el suelo, los que muy reiteradamente suspenden o no se presentan a examinarse de una misma asignatura, los que se conforman con el "cinco pelado", etc. (pongan aquí todos los perfiles y rasgos negativos que se les ocurran) sean los becarios a base de una media de 5'5. Yo llevo 46 años en la Universidad y digo que no, que no son ésos los becarios del 5'5 de media. Y que subir la media a 6'5 no es garantía ni de acabar con vagos e irresponsables ni de conseguir una Universidad pública mejor, con más excelencia. A esto último y a la antipatía hacia los vagos y señoritos no me gana nadie.


AÑADIDO (2 de julio de 2013). Algo que di por sentado indebidamente: el requisito sine qua non de una nota media de 5'5 no significa que todos los solicitantes de beca con esa nota media obtengan efectivamente una beca. Lo que significa es que no se les excluye desde el principio del proceso de selección y final concesión. Evidentemente, si hay más solicitantes que becas -o incluso más solicitantes de becas para estudiar X que becas para estudiar X, lo que podría establecerse y concretarse de modo razonable-, las becas serán para quienes mejor nota media hayan obtenido y presentado, a igualdad o similitud de condiciones económicas.

Por otra parte, como algunos han indicado en las últimas horas, sólo una seria limitación de recursos económicos impediría que, junto a las becas ordinarias, encaminadas a la igualdad de oportunidades, se estableciesen estímulos y premios dinerarios a la "excelencia", medida en nota promedio alta. Ya existen las "matrículas de honor", pero algo más sería factible.

EL “CONTEXTO” REAL DE LA "LEY PAJÍN" SOBRE IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMINACIÓN

LA MINISTRA PAJÍN DA EJEMPLO DE ABYECCIÓN PROPIA Y AJENA

“Una sociedad que no humille a nadie y que no permita que nadie sea humillado”

(Dña. Leire Pajín, Palacio de La Moncloa, Madrid – 7 de enero de 2011, al presentar el Anteproyecto de Ley de Igualdad de Trato y la No Discriminación: LIT) )

Estaba yo a punto de explicar y comentar lo más relevante del “Anteproyecto de Ley Integral para la Igualdad de trato y la no discriminación” (ALIT y LIT) cuando reapareció, para mí inesperadamente, lo que hemos dado en llamar “Ley Sinde.2”. Ahí están los dos “post” anteriores a éste. Escritos y publicados, me disponía, por fin, a cumplir mi propósito cuando, el mismo día 28 de enero de 2011, salta ante mis ojos una noticia que me pareció, en un primer momento, fruto de una alucinación personal. No podía creer lo seguí viendo y leyendo. Pensé haberme transportado oníricamente a un sultanato oriental tiránico o a la corte de una decadente monarquía despótica.

He aquí lo que consideré increíble. Copio la noticia, con su titular y su subtítulo:

“UNA ASOCIACIÓN GAY ACUSA A SANIDAD DE DEJARLES SIN SUBVENCIÓN POR CRITICAR A PAJÍN”

“El Ministerio les exige por carta «disculpas formales y por escrito» tras haber insultado a un alto cargo del Ministerio para reintegrar a esta ONG en un grupo de trabajo sobre SIDA”

“La plataforma Colegas, que agrupa a distintas asociaciones de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, ha denunciado que el Ministerio de Sanidad les ha dejado sin subvenciones por haber organizado dos concentraciones en las que se vertieron insultos contra Leire Pajín y Trinidad Jiménez.”

“A principios de este año, Colegas recibió una carta del Ministerio en la que se afirmaba que quedaban excluidos de las subvenciones «por haber organizado dos concentraciones en las que se vertieron insultos contra la Ministra». Además, el documento indica que la única manera de evitar la exclusión es «pedir disculpas formales y por escrito». Por ello, el secretario general de la asociación, Rafael Moral, ha pedido el «cese inmediato» del director general de Salud Pública y Sanidad Exterior, contra quien también han iniciado acciones penales, informa Ep.”

“Colegas recuerda que los actos de protesta que han realizado en los últimos meses se deben a la «impotencia de ver como un año más, el Ministerio que dirige Leire Pajín continuaba con su política de sectarismo en la concesión de ayudas y subvenciones, premiando a las organizaciones LGBT cercanas a Pedro Zerolo a pesar de la acuciante crisis económica y ahogando económicamente a Colegas». “

Dejo a un lado, por ahora, el elemento de las subvenciones a esta clase de colectivos. Lo ignoro todo sobre tales subvenciones. Pero pienso que la noticia no está en que uno de ellos se queje de discriminación: estas quejas son frecuentes, ante estas subvenciones y ante otras muchas, así como al conocerse los resultados de los más diversos procedimientos de selección. Unas veces las quejas son fundadas y otras, son pataletas sin fundamento. Lo que tiene esta noticia de noticia bomba no es la queja, sino la admisión por escrito de la discriminación por motivos políticos (concreta especie de “represalia” según la LIT proyectada) y la exigencia, también por escrito, de una determinada conducta de disculpa para poner fin a la discriminación (de tipo represalia).

Por eso, yo hubiera titulado la misma noticia en estos o parecidos términos:

“PAJÍN RECONOCE POR ESCRITO UNA REPRESALIA POLÍTICA”

“Exige por carta a la ONG gay “disculpas formales y por escrito” tras haber insultado a las Ministras Jiménez y Pajín”

Ante el magno proyecto de Pajín en pro de la Igualdad de Trato y la No Discriminación, uno podía enseguida pensar en las desigualdades de trato y en las discriminaciones que protagonizan constantemente muchas Administraciones públicas. Lo que no podía pensar -yo, al menos, no me lo imaginaba- es que, precisamente desde el Ministerio de la increíble pero cierta Ministra, Dña. Leire Pajín, se reconociera por escrito una discriminación y, por añadidura, se reconociera que la discriminación fue debida a motivos políticos consistentes en enfrentamiento (si hubo insultos o no, lo ignoro) y, para más inri, se exigiesen “disculpas formales y por escrito” como condición para acabar con la discriminación (al menos en parte).

Habrá quienes, ante esta noticia, no se hayan dado cuenta de nada. Habrá quienes se hayan fijado en las disputas entre “organizaciones LGBT”. Habrá quienes sólo se ratifiquen en el convencimiento de que mientras sigue recortándose, de cien modos distintos, el poder adquisitivo de la generalidad de los españoles, no se recortan ni se eliminan, en manos de las Administraciones públicas, los dineros disponibles para subvenciones discutibles. A mí, aunque esto último me preocupa, y mucho, me parece de muy superior importancia en la noticia que un Ministerio, precisamente el de Igualdad, no tenga reparo en practicar, abiertamente, una discriminación por críticas a ese Ministerio y, además, posea el descaro de exigir disculpas formales por el ejercicio de la libertad de crítica. A mi edad, no recuerdo, ni en época de Franco, una prepotencia tan obscena.

Noten a qué extremos es capaz de llegar la increíble, pero cierta, Ministra de Sanidad, Igualdad y Política Social del “Gobierno de España”, ésa Ministra que no quiere que en España se humille a nadie y que no está dispuesta a permitir que nadie sea humillado. La Ministra Pajín se muestra como una Majaraní dictatorial. Y no humilla sólo a “Colegas”. Es capaz de humillarnos a todos, porque humillación general es lo que subyace a un comportamiento así, con el que se considera a los ciudadanos españoles perfectamente dispuestos a tragar sin inmutarse una muestra real de la mentalidad despótica en el ejercicio del poder. Al actuar como tirana, Pajín se comporta con bajeza, abyectamente, pero da por sentada también la abyección del público, de todos, del electorado en su conjunto.

Dirá quizás alguno que Dña. Leire Pajín tiene, al menos, la “honestidad” (en el sentido anglófono de “sinceridad”) de explicar su represalia discriminadora, cuando otros muchos la cometerían (las cometen, de hecho), sin dar explicaciones. Así, estaríamos en la manida contraposición entre la “hipocresía” y la “honestidad”, siempre favorable a la “honestidad”, haga lo que haga el "honesto" o la “honesta”. No seré yo quien me apoye en el también muy manido dicho de que “la hipocresía es el homenaje que el vicio tributa a la virtud” (aunque hay algo de cierto en eso). Lo que tenemos aquí no es un ejercicio de “honestidad”, sino de amoralidad política y de supina desvergüenza. Hay numerosos antecedentes de Dña. Leire Pajín que apoyan entender esa represalia suya como efecto de la idea que posee del poder de un Ministro. A los administrados nos considera súbditos, vasallos, siervos de la gleba. Y parece, por la falta de reacción, cuando menos verbal, ante una represalia así, que no yerra demasiado Dña. Leire Pajín. Las “organizaciones LGBT”, tan próximas a la descarada discriminación, ¿han cerrado filas con los discriminados? No. Los mismos "medios" que han publicado la noticia, ¿se han molestado en unas líneas editoriales de condena? No ¿Han quedado atónitos los lectores pero, vueltos en sí, se han volcado en comentarios de repulsa? Nada de eso. Estoy seguro de que, como yo, los lectores de este “blog” sí desean que conste que no todos tragamos. Además, la noticia nos pone en óptimas condiciones para valorar con realismo el igualitarismo legal patrocinado por Dña. Leire Pajín. 

OTRA LEY ESTÚPIDA PARA LA FELICIDAD UNIVERSAL… DE UNOS CUANTOS INFELICES

“POR SI FUÉRAMOS POCOS, PARIÓ LA ABUELA”

“Una sociedad que no humille a nadie y que no permita que nadie sea humillado”

(Dña. Leire Pajín, Palacio de La Moncloa, Madrid – 7 de enero de 2011, al presentar el Anteproyecto de Ley de Igualdad de Trato y la No Discriminación: LIT) )

¿A que es bonito? ¿A que nadie se opone? Yo no, desde luego. Pero una cosa es desearlo y arrimar el hombro para hacerlo realidad y otra, muy distinta, querer hacerlo real por ley, a base de denuncias y de multas.

Como en nuestra sociedad no está suficientemente exacerbado (de boquilla) el número y contenido de los derechos a costa de los más elementales deberes y como no hay apenas reglamentos, prohibiciones, infracciones y multas, el “Gobierno de España”, fiel a su ideario de hacer felices a su minoría de seguidores pagados a base de fastidiar al común de los mortales españoles (y visitantes), ha decidido imponer que todos somos iguales (no ante la ley ni iguales en dignidad: iguales, iguales, absolutamente iguales) y, sobre todo, que nadie puede sentirse desigual sin que otro pague por ello. “Por si fuéramos pocos, parió la abuela”, que decimos en España, sin posible traducción igualmente expresiva.

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El día 1 de enero de 2011, no sabía yo lo mucho que sabía sin saberlo. De verdad que no disponía de información privilegiada cuando se me ocurrió abrir el “blog”, este año 2011, con una entrada que terminaba en estos términos: “seamos optimistas y supongamos que se evita la catástrofe [me refería a la económica: la quiebra de España por la crisis de la llamada “deuda soberana”]. Entonces, la “clase política”, contenta y tranquila en su gran microcosmos de privilegios nomenklaturistas, seguirá sus pasos habituales, los únicos que conoce: recaudar, legislar y reglamentar y vuelta a recaudar und so geht’s immer weiter!, como solían decir al unísono los músicos de la Wiener Philharmoniker al terminar el Perpetuum Mobile de Strauss: y así siempre igual de nuevo. Pero yo espero que, por fin, en el nuevo año 2011 se les ocurrirá, cuando menos, comenzar a elaborar el “Código Integral de la Corrección” o “Codigo de la Corrección Integral” (como prefieran) (la corrección cultural, idiomática, política, etc.), para que sepamos, de una vez, qué se puede, no ya pensar, pero al menos decir, sin que a uno le linchen, le multen o le lleven a juicio penal. Ya que las libertades de opinión y expresión han sido tan recortadas que, de hecho, no existen, que nos entreguen, a cambio, alguna seguridad jurídica.”

Lector hubo que, cordial y amablemente, negó que en España estuviesen recortadas las libertades de opinión y expresión y aún más más que, de hecho, hubiésemos llegado al extremo de su inexistencia. A mí quizá se me fuera un poco la tecla en esas frases, pero no me parece que, al hablar, como hablaba, del plano de los hechos, se me fuese la olla. Lo que quería y sigo queriendo decir es que, a base de ciertas normas y de un ambiente suspicaz, intransigente y nada comprensivo con la discrepancia, hay opiniones que no se pueden expresar libremente con la tranquilidad de que, aunque quizá no sean compartidas e incluso sean frontalmente criticadas, no provocarán insultos masivos o represalias políticas o administrativas ni multas o hasta cárcel. En este mismo “blog” se ha dado cuenta (v. post de 22 de noviembre de 2009) de una grave represalia por una opinión en absoluto injuriosa sobre un proyecto de ley. Y en más de una ocasión me he referido también a reacciones desmesuradas, de tono coactivo, ante opiniones más o menos acertadas (¿acaso alguien puede pretender que todos acertemos siempre?), pero no injuriosas ni calumniosas.

Por otra parte, es patente o evidente (es decir, no necesita demostración) que algunos, a causa de su profesión, de su adscripción política, ideológica o filosófica, pueden permitirse expresar en cada momento lo que les viene en gana, del modo más soez y desentendido de la sensibilidad ajena, con la casi absoluta seguridad de que, aun siendo a veces lo que dicen o hacen subsumible en algún tipo delictivo (p. ej., el del art. 510.2; 525.1 ó 543 del Código Penal), nadie -y menos que nadie el Ministerio Fiscal- les pedirá cuentas. Otros, en cambio (en buena medida, esa misma gente tan desahogada a que acabo de aludir), poseen una hipersensibilidad que convierte toda discrepancia o crítica, toda ironía, cualquier disenso con ellos (personas o instituciones), en “ataque intolerable”, que, ciertamente, no es tolerado en lo más mínimo y que desencadena “contraataques” de enorme ferocidad verbal. Si ellos se burlan, la burla es legítima libertad de opinión y expresión. Pero si alguien se burla de ellos o de sus iconos, fetiches, inclinaciones, mascotas, ideas, etc., arman un cisco imponente: han eliminado la blasfemia tradicional para reiventar una neoblasfemia, ésta absolutamente “intolerable”.

Por poner un ejemplo. No el mejor, seguro, pero bastante claro: ellos pueden calificar las corridas de toros como les venga en gana y poner de chupa de dómine, de “asesinos sanguinarios” para arriba, a los aficionados taurinos. No soportarán, en cambio, sin pedir que se tomen medidas contundentes, a quienes opinen y digan -como lo digo yo aquí- que el desfile del “Día del Orgullo Gay” es una apoteosis de procacidad, chabacanería, suciedad y fealdad. Es sólo un ejemplo. Puedo poner otros, pero hoy no me apetece.

Así que, convencido como yo estaba, en el puro umbral del 2011, de que la clase política se dedicaría, por un lado, a mantener y mejorar la maquinaria de su industria extractiva y, por otro lado, a legislar, que es muy barato, se me ocurrió esperar un “Código Integral de la Corrección” o “Código de la Corrección Integral”.

Y hete aquí que seis días después, el 7 de enero de 2011, el “Gobierno de España” (“GdE”) aprobaba un informe sobre un “Anteproyecto de Ley de Igualdad de Trato y la No Discriminación” (LIT) (con esa denominación aparece en la web de La Moncloa). La iniciativa correspondía, claro está, a la increíble pero cierta Ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Dña. Leire Pajín. Y resulta que esta anunciada ley vendría a ser el “Código” que yo medio reclamaba, medio temía.

Por no fiarme de las informaciones e interpretaciones de los “medios”, he acudido, para conocer bien la iniciativa y en busca del texto articulado del “Anteproyecto”, a la web-madre de la Corrección Integral, o sea, la web de La Moncloa:

http://www.la-moncloa.es/ConsejodeMinistros/Resumenes/2011/070111-consejo.htm?galv2r=3

Ya en ese santuario, he logrado soslayar un enlace roto, y, finalmente, al término del resumen del informe de la Sra. Pajín, he encontrado un enlace titulado “Anteproyecto de Ley”, que es éste:

http://www.la-moncloa.es/NR/rdonlyres/FD7CDD94-1918-483B-BCE4-D2D3783E46FF/135191/LIT7ENERO2011.pdf

Si “clican” ahí, no se encontrarán un texto articulado, sino un esquema en colorines, de 12 páginas, que no ilustra mucho, por las vaguedades y generalidades que contiene. Las vaguedades y generalidades son, sin embargo, inquietantes, porque, a nada que lo piensen, verán que nos pasamos la vida tratando desigualmente a nuestros prójimos y discriminando. Que tratamos desigualmente a los próximos lo vive y lo sabe todo hijo de vecino y, por ejemplo, cualquiera que tenga hijos pequeños o una madre anciana: al comenzar el día no se despide de ella ni despide a los niños, cuando los lleva al colegio o los acompaña a que los recoja el autobús, del mismo modo en que se despide del vecino con el que coincide en el portal. Poco después, muy probablemente no tratará al jefe igual que a sus compañeros de trabajo que, además, sean amigos. E incluso se guardará muy mucho de tratar igual a los compañeros y a las compañeras (vamos, digo yo). Y no tratará igual a los compañeros españoles que al colega japonés, pongo por caso, que está unos días en la empresa y al que le sentaría muy mal una palmadita en la espalda e incluso un cordial apretón de manos, por no decir un abrazo. Habrá lectores jóvenes de este "blog" que, en el autobús o en el metro, se levantan del asiento para cedérselo sólo a una persona mayor o a un ama de casa cargada (ya sé que, de ordinario, llevan carritos, pero aún así, van cargadas). Y aún hay caballeros en España que no permiten que una dama pague el cafelito de media mañana: a los varones que nunca inviten les llamarán gorrones, pero nunca dedicarán ese epíteto a las damas.

Por supuesto, los padres no dispensan igual trato a todos sus hijos, incluso si su edad no es muy distinta. Ni los profesores de los colegios tratan igual a cada uno de sus alumnos de la misma edad, ni los médicos a cada uno de los enfermos, ni a los islámicos se les dan bocadillos de jamón.

Y discriminar, lo que se dice exacta y propiamente discriminar, nos pasamos los días discriminando. Porque, según el DRAE (no soy yo muy partidario de lo que viene haciendo la Real Academia Española, la RAE, pero cabe invocar su Diccionario en un contexto, como éste, de sumo acatamiento a la Corrección), discriminar tiene una segunda acepción éticamente negativa (“dar trato de inferioridad a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, etc.”), pero tiene una primera acepción, “seleccionar excluyendo”, que carece de connotaciones negativas y se refiere a una acción que llevamos a cabo a diario respecto de cosas (p. ej., cuando, si somos muy old fashioned, compramos un determinado periódico o, simplemente, una concreta pasta de dientes) y con cierta frecuencia respecto de personas. Por ejemplo, cuando formamos parte de un tribunal de oposiciones o un concurso, cuando contratamos a alguien y no contratamos a otros candidatos o candidatas, cuando los profesores universitarios, entre los alumnos y alumnas con “sobresaliente”, decidimos quiénes obtienen “matrícula de honor” o, cuando, eludimos a los enteraos, los abrazafarolas, los tiquismiquis, los mentirosos, los pusilánimes, los envidiosos, los tristes, los gafes y los chismosos y preferimos a gente sencilla, amable, desinteresada, generosa y normal.

Discriminar tiene la misma raíz que discernir, criticar, discrección, crisis, crimen. Nos tenemos que remitir, por no ir demasiado lejos, al griego κρίνω (krino: 1ª persona presente indicativo) o κρινεῖν (krinein: infinitivo): juzgar, elegir, ordenar, separar, dividir, inquirir. De modo que “Vds. mismos”, como ahora se dice. Piensen la inmensa cantidad de discriminaciones que hacemos cada día, cada mes, cada año. Piensen que conocer es distinguir. Diagnosticar, eso que salvaría tantas vidas si siempre se acertase, viene de diagignoskein: “distinguir”, “discernir”, del prefijo dia-, "a través", y de gignoskein “conocer” (γιγνωσκω, γιγνωσκεῖν).

Por eso es preocupante una LIT de la que leemos en la web de la Corrección Monclovita:

“Es una ley general, que opera a modo de legislación general de protección ante cualquier discriminación, frente a las leyes sectoriales. “

“Es una ley integral, respecto a los ámbitos de la vida que incluye y los motivos de discriminación que recoge. “

Eso de “una ley general que opera a modo de legislación general… frente a las leyes sectoriales” es, aunque preocupante, genial y asombroso, más, mucho más que la abuela pariendo. Hasta ahora, en Derecho, las leyes especiales prevalecían sobre las generales, que, desde luego, operaban a modo de legislación general. Pero la Sra. Pajín rompe los moldes. Y como es Ministra de Sanidad, va a parir, como intuí el pasado 1 de enero, una “ley integral”, que favorece el tracto intestinal: integral por los ámbitos y los motivos de discriminación que incluye y recoge. No nos los enumera, pero tienen que ser todos: todos los ámbitos y todos los motivos. No sabemos, porque no nos lo dice la web monclovita, qué infracciones y sanciones concretas tiene en mente el “GdE”, pero sabemos que la LIT las establecerá. Y hay algo importante que sí nos dice la web de La Moncloa: habrá una “Autoridad Estatal para la Igualdad de Trato y la No Discriminación”. Esta “Autoridad” (por supuesto, más cargos mamandúrricos) será como “Los Guardianes de la Revolución” de Irán. En ella estará la garantía de que las fatwas serán cumplidas.

De manera que, siempre según el inefable pensamiento de Dña. Leire Pajín, seguidora fiel del Mulá ZP, el que se sienta humillado denunciará a quien piense que le humilla, porque le dispensa un trato desigual o le discrimina, por alto o por bajo, por feo o por guapa, por gafotas, por adusto, por el pachulí que usa o por cómo se viste o por la tirria que le tiene la “seño”, por esto y por lo otro, en todo ámbito y por cualquier motivo … Un fantástico plan de promoción integral para hipersusceptibles, tiquismiquis, resentidos y gente -tanta gente- que es incapaz de aceptarse como es y de no sentir envidia. Éstos deben ser los electores que cultiva el “GdE”, sus únicos seguidores. Éstos van a ser muy felices (los pobres desgraciados). Nosotros, de izquierdas, de derechas o de centro, a jerigarnos. "Jeringarnos" no viene del griego. Es cosa castiza, muy madrileña. Ya se imaginan.

GRAN HAZAÑA DE CONDE-PUMPIDO PARA TERMINAR EL AÑO 2010

LA FISCALÍA DE MADRID CULMINA SUS ARDUOS ESFUERZOS INVESTIGADORES CON UNA MERA DENUNCIA A “TODOS” LOS CONTROLADORES. UN PRECEDENTE ORIGINAL.

El pasado día 10 de diciembre de 2010, la Asociación de Fiscales propinó una nada leve colleja, capón o puntapié a D. Cándido Conde-Pumpido. Ésta que transcribo es la noticia transmitida por la Agencia EFE:

«La Asociación de Fiscales (AF) ha acusado hoy al Gobierno de "injerencia intolerable" en la Fiscalía en relación al caso de los controladores aéreos y ha criticado que el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, asistiera al Consejo de Ministros extraordinario que declaró el estado de alarma.»

«En un comunicado, la asociación mayoritaria en la carrera fiscal ha destacado que el Gobierno carece de facultades para determinar la norma aplicable en la jurisdicción penal y ha considerado que la "mera indicación" al Ministerio Público del derecho a aplicar "supone una injerencia intolerable contraria al principio de imparcialidad" y al propio Estado de Derecho.”»

«El vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, indicó en una rueda de prensa tras la celebración de un Consejo de Ministros extraordinario el pasado día 4 que, "en caso de no asistir al trabajo, estarían incurriendo en un delito de desobediencia tipificado en el código civil-militar".»

«Según la AF, debe ser el Ministerio Fiscal, previa valoración de su pertinencia jurídica, y en última instancia los tribunales quienes determinen si el abandono colectivo por los controladores aéreos es penalmente relevante y si le es de aplicación una norma preconstitucional o el Código Penal de 1995.”»

«Para esta asociación, la presencia de Conde-Pumpido en el citado Consejo de Ministros fue "innecesaria e impertinente" a pesar de que fuera un supuesto de excepcionalidad, "o precisamente por ello", ya que -ha recordado- la Constitución establece la autonomía funcional del Ministerio Público dentro de la división de poderes.»

«El Ministerio Fiscal queda sujeto a los principios de imparcialidad y legalidad, y no al dictamen de criterios políticos, y bajo ninguna circunstancia puede convertirse en órgano consultivo del Gobierno", resalta la AF que recuerda que la relación entre ambos "no es en caso alguno de subordinación".»

«La declaración del estado de alarma -han agregado- supone "una reducción de las garantías y libertades constitucionales, por lo que el Ministerio Fiscal como garante de las libertades públicas, debe mantenerse distante del foro gubernativo en el que se decida su adopción, alejado de posicionamientos políticos adoptados con carácter previo al acontecimiento de los hechos".»

Además de las consabidas barbaridades del informador, en este pronunciamiento de la AF hay algunos aspectos matizables, como, por ejemplo, la contundente afirmación de que el Sr. Conde-Pumpido asistió a un Consejo de Ministros. Eso, desde luego, es lo que afirmó este señor Fiscal General (FG) y algunos portavoces gubernamentales, pero aquí ya sostuvimos algo distinto: 1º) Que el FG no puede participar en el Consejo de Ministros, sino que puede “ser llamado a informar ante el Consejo de Ministros" (art. 9.2 EOMF), cosa muy distinta. Y preguntábamos ¿sobre qué podría haber sido llamado a informar el FGE ante un genuino Consejo de Ministros? ¿Qué información podría proporcionar de la que no dispusiese el Gobierno?; 2º) Que, en realidad, Conde-Pumpido aparecía en un “video” en la web de La Moncloa como participante en una denominada "Comisión Delegada del Gobierno para situaciones de crisis", lo que carece de justificación más aún que una eventual intervención como informante en un verdadero Consejo de Ministros.

Bastante más tendría que decir sobre la repetida “imparcialidad” del Ministerio Fiscal, pero no es el momento para disquisiciones sobre esa verdadera tautología.

No está nada mal, con todo, lo que dice la Asociación de Fiscales. Porque lo grave no es la posición jurídica de la institución Ministerio Fiscal respecto del Gobierno. Según el Estatuto Orgánico (pueden ilustrarse más al respecto con el blog hermano “DOCUMENT-AOS”, que contiene un estudio breve) los miembros del Ministerio Fiscal no son subordinados del Gobierno. El Ministerio Fiscal no es la asesoría jurídica del Gobierno (papel que corresponde a la Abogacía del Estado), sino una institución con autonomía funcional y orgánica y un sólo jefe: el Fiscal General del Estado. El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal es una Ley de 1981 (la Ley 50/1981, de 30 de diciembre), muy meditada y laboriosamente consensuada en aquellos tiempos. Lo que complica todo son los malos nombramientos de Fiscales Generales y sus aumentadas facultades, en una reforma del EOMF (la de la Ley 24/2007, de 9 de octubre) que, presuntamente dirigida a dotar de más autonomía al Ministerio Fiscal, lo que realmente hizo es incrementar el poder del Fiscal General.

Pero hoy es otra la noticia. Hoy, los incesantes paseos por España de D. Cándido Conde-Pumpido, voceando los graves delitos de los controladores y los escasos pero activos coros de algunos subordinados, haciendo eco a las acusaciones públicas -que no procesales- de D. José Blanco, más las investigaciones y citaciones tan cacareadas días atrás -hubo una semana especialmente intensa- parecen haber dado un fruto: la Fiscalía de Madrid ha denunciado a todos los controladores, según unos medios o a todos los controladores de Barajas y Torrejón, según otros. Tanto da. No voy a hablar del ratón que parieron los montes, que está muy visto. Esto es, más bien, como si la Gran Gallina Ponedora, ganadora del concurso mundial, se hubiese alzado, finalmente, toda ufana, de su rincón habitual, esponjando las alas y las plumas, para terminar dejando al descubierto un huevito de gorrión. Ridículo y penoso.

Y aunque pueda parecer un original e interesante precedente para mover la maquinaria policial y de la Justicia, no es tal. Si cualquiera de nosotros acude al Juzgado de Guardia y pone una denuncia a “los estafadores”, a los “defraudadores fiscales de Madrid”, a “los prevaricadores” o, concretando más, a los “Alcaldes malversadores de caudales públicos” o “a todos los Ministros y Secretarios de Estado que prevariquen”, no tengo ninguna duda de que nos mandarían a paseo sumariamente. Pero al Fiscal de Madrid, leal súbdito de Conde-Pumpido, no le da vergüenza una denuncia así. Descartada la sedición prevista en el art. 544 del Código Penal, la Ley que vienen esgrimiendo es la Ley 209/1964, de 24 de diciembre, Penal y Procesal de la Naveg ación Aérea y, más en concreto, su art. 20, párrafo segundo, que considera reos del delito de sedición a los “empleados de aeropuertos que, en número suficiente para perturbar el servicio, abandonen colectivamente sus funciones en la aeronave o el aeropuerto, en actitud de protesta, desobediencia coactiva o represalia contra el Comandante o Jefe respectivo.” Todos los controladores ajenos a una situación así, pueden estar perfectamente tranquilos: los que no estaban de servicio en ningún aeropuerto, aquellos que por el cierre decretado por AENA no pudieran incorporarse a sus puestos, los que se iban del aeropuerto porque había acabado su turno. Y habrá que ver, respecto de los que se fueron, si en verdad les resulta aplicable ese precepto.

Yo no soy partidario de la inmunidad ni de la impunidad de nadie. Soy, al contrario, resueltamente partidario de que el que la hace, la pague, controladores aéreos incluídos. Lo que quiero transmitir con estas noticias es que, para ciertos titulares de los poderes públicos, la ley no es una ordenación racional que hayamos de cumplir todos por igual, sino un arma arrojadiza de una política absolutamente ignara, inepta y sin escrúpulos de clase alguna: ni éticos, ni estéticos, ni, por supuesto, jurídicos. Ha pasado casi un mes y los que galleaban sobre la rigurosa aplicación de la ley no han sido capaces de articular una acusación seria y no han hecho otra cosa que esa denuncia ridícula y vergonzosa. Si la hiciese un particular lego en Derecho o un mal abogado, el ridículo recaería sobre él. Pero si la hace el Ministerio Fiscal, el ridículo es lo de menos. Lo grave es el desprestigio de una institución importante y necesaria. El Estado mismo se desprestigia. Y este país, esta Nación llamada España, no andan sobrados ahora de credibilidad.

EN UN MOMENTO DE MÁXIMO "SUSPENSE" ECONÓMICO, LA RESPUESTA DEL GOBIERNO ES QUITAR AUTOMÁTICAMENTE LA CUSTODIA DE LOS HIJOS A LOS DENUNCIADOS POR MALOS TRATOS

¿UNA APOTEOSIS DE LA INGENIERÍA DISTRACTIVA? NO, UN PRODUCTO MÁS DE LA FACTORIA MONCLOVITA
(actualizado a las 23.40 del 26-11-10: glosa al Comunicador Rubalcaba)

Dña. Leire Pajín, Ministra de Sanidad y más cosas del “Gobierno de España” (GdE), ha llevado al Consejo de Ministros de ese presunto Gobierno una ocurrencia de reforma del Código Civil en el sentido de que a los varones que hayan sido denunciados por malos tratos se les prive, por ese hecho, (automáticamente o “ipso iure”, como se dice jurídicamente) de la custodia de los hijos. Esta es la noticia de iniciativa gubernamental que campea en los titulares de todos los “medios” a la vez y junto a las más intensas alarmas sobre nuestra situación económica, pues estamos al borde de ser tratados, con matices diferenciales, más o menos como se “rescató” a Grecia y hace poco, a Irlanda.

La ocurrencia de la Sra. Pajín ha logrado provocar, entre otras mayúsculas sorpresas ante tamaño disparate, la sorprendente coincidencia de todas las Asociaciones de Jueces y Magistrados, rotundamente opuestas a algo completamente innecesario y sumamente perturbador de miles de procesos en materia de familia. En esos procesos, cabe suponer que el Juez competente, ante el que se puede exponer en todo momento cualquier hecho nuevo relevante respecto de las medidas de guarda y custodia de los hijos, derecho de visita, etc., tiene en cuenta seriamente cualquier episodio de violencia verbal o física (o psicológica) que influya en las medidas por adoptar o ya adoptadas, con inmediata modificación de éstas, pensando en lo mejor para los hijos menores. Lo que Pajín plantea, seguramente a iniciativa de la Sra. Aído, aún Secretaria de Estado de Igualdad, es prescindir del juicio del juez previa audiencia de los miembros de la pareja y de los hijos y obligar a que se decrete, a la vista de una mera denuncia (ocurra lo que ocurra con ella), la pérdida de la custodia de los hijos, al menos en tanto se resuelve el proceso penal originado por la denuncia (es decir, durante bastante tiempo). Las consecuencias de esta necia e inicua idea -en la frecuentísimamente encarnizada batalla por la custodia, proliferarán las denuncias con nulo o escaso fundamento, para que se produzca el inmediato efecto de perder la custodia el denunciado- son imaginables por cualquier persona con buen sentido, entre las que, definitivamente, hay que excluir a los miembros del “Gobierno de España”, que quizá hayan aprobado el proyecto de la Sra. Pajín cuando este “post” aparezca. (A las 18.35 del 26/11/10, veo que, en efecto, el "GdE" ha aprobado la atrocidad).

Se podría pensar que esta maldad constituye una apoteosis insuperable y por ello final de la ingeniería social de la distracción, que no va a lograr más que durante unos pocos minutos. Pero estoy seguro de que veremos nuevos productos de la factoría monclovita de malvadas y estultas ocurrencias distractivas. Seguramente, la ya anunciada regulación de la muerte digna será, desde luego, un digno producto de tan acreditada factoría.

Por una vez, ante la ocurrencia de Pajín, voy a facilitar expresa y directamente unos datos que circulan desde hace días por la “red”. Quizá algunos lectores de este “blog”, especialmente fuera de España, no los conozcan. No es que yo piense que los curricula son,  en general, algo absolutamente decisivo ni que, en concreto, entienda que para ser Ministro de Sanidad hay que ser un eminente profesional de la salud. Tampoco enjuicio el historial de los Ministros francés, portugués e italiano, pero, con todo, la "comparativa" que sigue, sobre Ministros de Sanidad, resulta sonrojante para cualquier español. La absoluta inexistencia de cualificación de la Sra. Pajín seguramente no es ajena a lo que padecemos (la ocurrencia de hoy y otros efectos) y, desde luego, resulta muy significativa del criterio con que Zapatero piensa que debe gobernar y que gobierna España. Como la Sra. Pajín ha sido apoyada por el Gobierno en pleno, es evidente que éste, en su conjunto, no llega al nivel de las denominadas repúblicas bananeras: podría parecerse, más bien, al del Emperador Bokassa.

Si son creyentes, recen. (La "comparativa" de Ministros de Sanidad va después de la actualización).


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Actualización a las 23.40 horas: El Vicepresidente y Ministro del Interior, Sr. Pérez Rubalcaba, además de enredarse y de confundir con el carácter cautelar de la medida, se ha considerado, como portavoz gubernamental que es, con fama de gran "comunicador", en la necesidad de explicar bien la decisión del "GdE". Y para explicar el disparate, nos ha comunicado lo siguiente: se trata, ha dicho, de "hacer obligatorio que, en tanto se resuelve el proceso penal, si el juez tiene que decidir, decida por el presunto maltratado o maltratada y no por el presunto maltratador o maltratadora". Jurídicamente, este ingenioso argumento del lego pero osado y siempre ocurrente Rubalcaba es una tontería, porque, presentada una denuncia, no hay ni presunto/a maltratador/ora ni presunto/a maltratado/a. Hay denunciante y denunciado, ambos amparados por la constitucional presunción de inocencia. Y digo "denunciante" no sólo porque no existe (aún) el vocablo "denuncianta", sino porque los malos tratos con importante relevancia penal son sólo los que el hombre inflija a la mujer, como sabemos todos los españolitos, a los que ahora, este Rubalcaba, maestro Ciruelo de sofistas, pretende hacernos creer que la ocurrencia lanzada por la Sra. Pajín atañe tanto a las mujeres como a los hombres.

Pero es que el "Gran Comunicador" nos ha comunicado otro argumento, el que sin duda le ha parecido decisivo: "Estamos pensando en los niños por encima de la presunción de inocencia". No quiero faltarle al respeto al Vicepresidente y Ministro, pero me parece que debe dedicarse de nuevo a la Química o, al menos, centrarse en la seguridad ciudadana, porque pensar y razonar no le va bien. Lo digo porque resulta que en la vida, en la realidad, en los conflictos familiares, no se trata de pensar en "los niños". No interesan nada "los niños". Lo que importa es ESTE NIÑO y ESTA NIÑA, Pedro, Eliansito, Kevin Cosner de Jesú o Pilar, María y Yenifer. Es en niños concretos, con padres concretos, todos distintos de un caso a otro, en situaciones concretas, todas distintas de un caso a otro, en lo hay que pensar. Si se trata de pensar así -y no puede ser razonable y justo hacerlo de otra manera- no valen automatismos, como que el denunciado, ipso facto, se quede sin niños. Pero lo más importante es que, a mi entender, resulta muy preferible que, no sobre "los niños", sino sobre ESTE niño o ESTA niña, piense y decida, en cada caso y después de oir también a ESTE niño y ESTA niña, el Juez competente, en vez del Gobierno, que no puede dedicarse a pensar en cada niño o niña afectado por una crisis familiar.  Es más, se diría que no puede dedicarse a pensar en nada serio.

APÉNDICE COMPARATIVO: CURRICULA DE MINISTROS DE SANIDAD

FRANCIA

Roselyne Bachelot-Narquin

Edad : 64 años

Estudios : Doctora en Farmacia

Experiencia profesional :

Delegada de información médica en el laboratorio ICI Pharma de 1969 a 1976
Propietaria de una farmacia en Angers de 1984 a 1991
Relaciones públicas en Soguipharm de 1984 a 1989
Miembro de la junta directiva de la Clínica Universitaria de Angers 1986 a 2004.
Presidenta de la Asociación Parlamentaria Euro-árabe, de 1998 a 2002.
Ponente General del Observatorio sobre Paridad entre Hombres y Mujeres, de 1995 a 1999
Presidenta del Consejo Nacional de Personas Discapacitadas, de 1995 a 1998

Últimas obras publicadas

Le combat est une fête. Editorial Robert Laffont, 2006
Les maires : fête ou défaite? Editorial Anne Carrière, 2002
Le Pacs, entre haine et amour. Editorial Plon, 2000

Experiencia política :

Ministra de Salud, Juventud, Deportes y Vida Asociativa de 2008 a 2010
Diputada en el Parlamento Europeo, desde 2004
Ministra de Ecología y Desarrollo Sostenible, de 2002 a 2004
Diputada de Maine-et-Loire, de 1988 a 2002
Consejera Regional de Pays de la Loire, desde 1986
Vicepresidenta del Consejo Regional de Pays de la Loire, de 2001 a 2004
Consejera Regional de Maine-et-Loire, de 1982 à 1988

PORTUGAL

Ana Maria Teodoro Jorge

Edad : 60 años
Estudios : Licenciada en Medicina, especialidad Pediatría

Experiencia profesional :

Coordinó la Sub-Región de Salud de Lisboa entre 1996 y 1997 y trasladada a la junta directiva de la Administración de Salud Regional de Lisboa e Vale do Tejo, entre 1997 y 2000, que presidió.

Fue asistente de médico del hospital pediátrico en el Hospital D. Stephanie y el Hospital Garcia de Orta ( Almada ), donde también fue director del servicio de pediatría, inicialmente por tres meses (enero a marzo) de 1996, y desde junio de 2001 para asumir las funciones del Ministro de Salud en enero de 2008.

Fue representante del Ministerio de Salud en el Grupo de Trabajo junto con los Ministerios de Educación y de la Seguridad Social , al problema de la intervención temprana (1994-1996).

Fue asistente en la Escuela Nacional de Salud Pública (especialidad de la madre, niño, del adolescente y la escuela) desde 1985 hasta 1992 y monitores de la presidencia del general terapéutica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Lisboa en los años lectivos 1973-1974 y 1974-1975.

Es autora de más de treinta artículos publicados en diversas revistas y ha presentado más de cien ponencias y comunicaciones.

Presidió el Comité de Ética del Hospital Garcia de Orta (Almada).

Miembro de la Junta de Pediatría del Colegio Médico de la Asociación Médica (1993-1998) y la dirección nacional de la Liga portuguesa contra la Epilepsia (1987-1994), y también presidió la delegación en Lisboa (1994-1996).

Fue miembro de la junta de la sección de desarrollo de la Sociedad de Pediatría de 1994 a 1997 y es co-coordinador del sector de la humanización del Instituto de Sustento de Menores desde 1998.

Experiencia política : Ministra de Salud de 2008 a 2010

ITALIA

Ferruccio Fazio

Edad : 66 años

Estudios : Licenciado en Medicina.

Experiencia profesional :

Profesor de Medicina Nuclear en la Universidad de Milán.

En 1977 instaló el primer PET en Europa en el Hospital Hammersmith en Londres, en 1988 la clínica de PET por primera vez en Italia en el Hospital San Raffaele de Milán, y en 2004 instaló la Tomoterapia por primera vez en Europa en la misma clínica.

Experiencia política :

Secretario de estado de Sanidad
Viceministro de Salud
Ministro de Salud

ESPAÑA

Leyre Pajín

Edad : 34 años

Estudios : No ha terminado Sociología

Experiencia profesional : Ninguna (en absoluto, en ningún campo).

Experiencia política : Lleva en el aparato del PSOE desde los 16 años.

Secretaria de Movimientos Sociales y Relaciones con las ONG del PSOE de 2000 – 2004.

Secretaria de Estado de Cooperación Internacional de 2004 – 2008.

Secretaria de Organización del PSOE de 2008 - 2010

Diputada y Senadora.

Buenas tardes y buena suerte.

ESPAÑA, TODO UN MUNDO DE OBSESIÓN SEXUAL. Y EL CEREBRO, DEGRADADO

OTRO FRENTE ANTI-PENSAMIENTO, MÁS INGENIERÍA SOCIAL DE DISTRACCIÓN

Llevamos unas semanas, en España, girando alrededor de personajes, individuales o agrupados, que no tienen otros mensajes que difundir que el supremo atractivo del orgasmo y la más intensa inclinación a las jovencitas, casi niñas. Por sí solos, esos personajes no provocarían la enfermiza atmósfera que a la fuerza respiramos. Pero los “medios” sintonizan plenamente con esos personajes, de modo que recogen y amplifican cada una de sus expresiones de obsesión sexual. La sintonía es tanta que, antes, en medio y después de las hazañas o fantasías sexuales de esos aludidos sujetos, los “medios”, en papel o en internet (más aún en internet) y no digamos en TV, ya publicitan -no digo publican, sino “publicitan”, porque se trata de publicidad- las noticias sobre “fotos de escándalo”, “tórridos fines de semana” de fulano con mengana, índices sobre “deseabilidad” de tales y cuales mujeres (aquí, allá o en el planeta entero), estadísticas sobre satisfacción sexual por países o regiones, instantáneas involuntariamente reveladoras de prendas interiores y, por supuesto, cambios de “novia” y “cuernos” de éste o aquélla, sujetos sin otro curriculum y trascendencia que el de suministrar ese tipo de noticias, personajes, muchos de ellos, creados como tales por los mismos medios. De los más zafios “reality shows” son reclutados buena parte de los “mediáticos” y “mediáticas”.

Coherentemente con ese ambiente, un relato vulgar de Sanchez Dragó sobre una rijosa proeza personal -si imaginaria o real o novelada es una parte de la importante discusión- (en el libro “Dios los cría... y ellos hablan de sexo, drogas, España, corrupción...”, que recoge conversaciones con Albert Boadella; un libro claramente dirigido a un público muy especializado) provoca una polémica nacional alimentada por todos los “medios”: libertad de expresión vs. respeto a la mujer e incluso delito sexual y comparaciones con Roman Polanski. Francamente, sólo el morbo más grosero y extendido ha podido generar tamaña distracción, ante la que no se ha alzado una voz autorizada que pusiese las cosas en su sitio. Sólo los consabidos figurantes del show, “opinantes de pago” llamados para atizar la fogatita de una anécdota desprovista de interés real.

Pocos días después, los encendidos y sumamente descriptivos elogios al sexo con jovencitas, voceados por un tal Sostres durante la pausa de un programa de Telemadrid, se hacen públicos, tal cual se produjeron (alguien graba toda la pausa en el plató y la difunde), y se arma otra gran polémica. Desconocía yo hasta ese momento la existencia del personaje -el tal Sostres- y me da igual que alguien haya difundido indebidamente lo que no iba a emitirse. Me da igual porque ese Sostres (que he comprobado poseedor de escaso bagaje profesional pero importante historial de provocaciones gratuitas, aunque no inofensivas), grita sus muy rijosos comentarios, en la presencia y a pesar de la presencia de bastantes niños en el plató (un hecho innegable, al que el mismo Sostres se refiere en medio de sus vulgaridades). He visto el video y me ha llamado la atención cómo otro contertulio, varón él (o, más bien, macho) le ríe a carcajadas las “gracias” a Sostres. De este ignoto contertulio nadie ha hablado, pero sus carcajadas son casi tan obscenas y machistas como las personalísimas fantasías sexuales que el Sostres chillón obliga a los demás a conocer. A consecuencia del suceso, Sostres es cuestionado como futuro colaborador de Telemadrid y los redactores de “El Mundo”, masivamente, piden al Director que prescinda de sus servicios también como colaborador. El Director lo defiende y la misma Presidenta de la Comunidad de Madrid expresa su rotunda oposición al uso ilegal de conversaciones privadas, con lo que no puedo estar más de acuerdo como criterio general, pero que no viene a cuento porque los gritos del prematuro viejo verde no fueron ninguna conversación privada.

Por supuesto, estos asuntos se politizan con el más descarado oportunismo y ocasionalismo. Y, así, el PSOE pide dimisiones, como si el PSOE no fuese responsable de que a niños y niñas se les adoctrine, por diversos medios, para que no pasen un día sin satisfacción sexual, de cualquier tipo. Uno de esos medios es la “Educación para la Ciudadanía”. Al parecer, los pequeños, ciudadanos de nuestro futuro inmediato, tienen, ante todo, que ver garantizados sus orgasmos, mucho más que la oportunidad y hasta el deber de poseer conocimientos y desarrollar su capacidad intelectual para votar, como ciudadanos, lo que vean preferible para su Ayuntamiento, su Comunidad o su Nación (discutida y discutible, vale: pues después de informarse y discutirla), para enjuiciar y para criticar lo que consideren mal hecho o mal omitido, para ejercitar sus derechos, etc.

Más sexo aún. Campaña electoral en Cataluña. Un partido político supuestamente serio como partido (el Partido de los Socialistas de Cataluña: PSC) no tiene otra ocurrencia que presentar como ingrediente de su campaña un “video” en el que votar es presentado como un acto sexual, con sus preliminares y su final orgásmico. En aras de la corrección y la igualdad de género, el acto es protagonizado, eso sí, por una electora. Otra candidata en las mismas elecciones, Montserrat Nebrera, de Alternativa de Govern, recurre a otro video en la misma línea: intercala imágenes de distintas habitaciones, siempre sobre un fondo sonoro de de coitos y de fugaces mensajes escritos de denuncia política, para finalizar apareciendo cubierta supuestamente con una simple toalla y anunciar: "Si quisiera provocar un escándalo, me la quitaría". El mensaje del "video" consiste en emplazar a los electores a escandalizarse más por las frases de denuncia que acaban de leer (o no, porque son muy rápidas y se leen mal) que por lo que el video insinúa visual y sonoramente. Es probable que la Sra. Nebrera y sus asesores piensen haber parido algo ingenioso y eficaz. Yo entiendo que lo que han logrado es que volviéramos a acordarnos de la existencia de la protagonista, aunque también que nos percatemos de su elevada autovaloración erótica, lo que resulta muy penoso y casi grotesco. No sé qué rentabilidad electoral tendrá ese mensaje en Cataluña, pero mi idea del “seny” de los electores me conduce a vaticinar que será insignificante.

El “video” del PSC ha sido sesudamente analizado por Doña Bibiana Aido, ahora Secretaria de Estado de Igualdad, con la muy acertada conclusión de que se trata de publicidad engañosa. Dice la Sra. Aido que si fuese cierto lo que el “video” publicita (esto es, que se experimentase un orgasmo al votar a Montilla y su lista del PSC), “la participación subiría de forma muy importante”.

Lo más relevante es que Doña Bibiana habla completamente en serio. No le llama la atención ni le importa lo más mínimo, en ese “video”, la presentación de una votación como acto sexual y la cooperación a un ambiente malsano de obsesión patológica. En perfecta coherencia con su ideología, lo que le importa es que no se hagan trampas con el orgasmo. Y es que se ha eliminado el “Ministerio de Igualdad”, pero cada vez resulta más claro que ese Ministerio fue concebido y ejercido como Ministerio de la Sexualidad de la Mujer y de la Homosexualidad, con un subprograma de “género”, para proteger y primar a las mujeres mucho más allá de lo que la mayoría de ellas pedían y necesitaban. Y subsisten, faltaría más, una Secretaría de Estado de Igualdad y los propósitos que el extinto Ministerio quería llevar a cabo. Y lo tienen fácil, muy fácil: no recuerdo un momento de nuestra historia en que se haya usado más que ahora la “mujer objeto”, por decirlo con expresión acuñada. Si el machismo ambiental puede medirse (y no veo por qué no) por la utilización de imágenes de mujeres concretas (la mujer, en abstracto, exigiría pensar), en fotografías, videos, películas, noticiarios y shows de TV, como llamadas de atención sobre cualquier clase de producto o servicio o como medio de obtener audiencia e ingresos, estamos en un momento cumbre del machismo. Pero ese potentísimo machismo subyacente que se sobreexplota a todas horas no merece el menor comentario a los guardianes de la ortodoxia de género.

La “ingeniería social”, de la que ya traté, definiéndola incluso, en otro “post” o entrada de este “blog” (v. 24 de julio de 2010), parece pretender que los españoles y españolas anden sumamente distraídos, si no enteramente preocupados y concentrados, con imágenes, sonidos, iconos y demás imaginables o casi inimaginables reclamos de sexualidad y, de ser posible, con apremios de esa naturaleza. Los “ingenieros” suponen, no sin motivo, que así distraídos o “ansiados”, apenas habrá espacio y oportunidad para el deseo de conocer más y mejor la realidad y para el uso del cerebro. Es lo mismo, pero a mayor escala, que el famoso destape del tardo- y postfranquismo. Menos Cicerón y más Calígula. Y ya que  hay poco "panis", "circenses" a tope, subidos de tono.

De paso, el cerebro está saliendo muy mal parado de este sesgo político-cultural. Pensar, preferir, amar, desear, etc., venían siendo asociados con áreas, neuronas, sinapsis neuronales, sustancias estimulantes, etc., todas en relación con el cerebro, centro de conexiones y de recepción y emisión de señales para reacciones químicas y puente de mando de actitudes y órdenes. Pero el cerebro, como rector de nuestra vida, está siendo degradado en favor de otros órganos. Muy costosas y prolongadas investigaciones van a resultar inútiles. Porque no ya no pensamos con el cerebro, que está dentro de la cabeza. Si diría que muchos piensan ya, y los demás debemos hacerlo sin tardanza, con otras porciones anatómicas, hasta ahora tenidas como inhábiles para la actividad intelectual. Pero, en realidad, se trata de que no pensemos. Se trata de que estemos distraídos.

LA CULPA (DE TODO) ES DE LOS JUECES

PERO EL PODER JUDICIAL ME PARECE, A DISTANCIA, EL MEJOR DE LOS TRES

Si mato a mi hermano es un delito grave. Si mato a mi hermana del mismo modo que a mi hermano, es un delito más grave. A simple vista resplandece la igualdad promovida por el Presidente Zapatero y su Ministra, Dña. Bibiana Aído. Y si siguen muriendo mujeres a manos de sus maridos, sus compañeros, sus novios y sus “ex” (maridos, compañeros o novios) y si se siguen cometiendo homicidios o asesinatos o de vez en cuando se cometen fratricidios, la culpa no es del Código Penal ni de la ley especial sobre violencia de género. Son leyes perfectas, en su función preventiva y en su función represora (si es que ambas pueden separarse). Tenemos un Código Penal, de 1995, “el Código Penal de la Democracia”, tan perfecto que sólo ha sido reformado 21 veces (esperen que entre en vigor la última y verán). ¿De quién es, entonces, la culpa de esas muertes? ¿Acaso de los que matan? Dejemos esta cuestión a un lado, de momento. Porque, al parecer, la culpa principal es de los jueces.

Hoy, un señor, que desempeña el curioso cargo de “Delegado del Gobierno para la Violencia de Género”, echa la culpa a los jueces por imponer sólo 369 pulseras GPS cuando hay más de 500 mujeres en situación de alto riesgo de maltrato. Y los jueces se defienden como pueden, pero resulta que, en definitiva, son los jueces y no ese señor “Delegado del Gobierno para la Violencia de Género”, quienes han sido colocados por la ley en el trance de valorar, y no precisamente a ojo, las situaciones de alto riesgo. Si a los jueces no se les aportan elementos de juicio serios para hacer esa valoración, no se deben dedicar a colocar pulseras GPS a troche y moche. Lo reconoce así hasta la Presidenta de otro organismo clave y sumamente necesario (“al revés te lo escribo para que me entiendas”), que es el “Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género”, anexo del elefantiásico Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Y la Sra. Presidenta de ese Observatorio añade algo de buen sentido: “no puede girar todo en torno a los brazaletes”. No sé si tamaña infracción de la corrección política no le va a costar un gran disgusto a la Sra. Presidenta.

Porque, para el Gobierno y para el Parlamento, el que maridos, compañeros, novios y “ex” hayan matado a mujeres y lo sigan haciendo, incluso crecientemente, pese al Código Penal y la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, “de Medidas de Protección Integral contra la Violencia Doméstica y de Género”, no tiene que ver con que los homicidas y asesinos se droguen legalmente, mezclen drogas y alcohol o carezcan de un suficiente sentido ético o moral (tanto da). Y esto, a su vez, no tiene nada que ver con que se fomente la ausencia de ética o moral y con que, cada dos por tres, se proclamen “derechos” tan absurdos como el “derecho” a ser feliz y, en definitiva, el “derecho” a no ser nunca molestado por nada. No tiene nada que ver y no depende nada de que se oscurezcan e ignoren, día tras día, los deberes morales y jurídicos (p. ej., el de respetar la vida humana). No guarda relación alguna con estar promoviendo a todas horas el placer individual como bien supremo. Ni con estar denostando a todas horas a la religión mayoritaria, burlándose de sus mandamientos. Ni con promover la Alianza de las Civilizaciones, comprendida (mejor, preferida) la que desprecia y maltrata sistemáticamente a la mujer. Esas muertes, en número creciente, tienen que ver y dependen de los jueces; ellos tienen la culpa, porque no dictan suficientes órdenes de alejamiento y no imponen suficientes pulseras con GPS (no cuenta el pequeño detalle de que no haya policía para tanta gente a la que vigilar).

¿Para qué sirve el Ministerio de Igualdad y el cargo de “Delegado del Gobierno para la Violencia de Género”, con categoría de Dirección General y dos Subdirecciones a su cargo? Para qué sirve “un presupuesto de 31.077.440 euros, un 9,73% más que en 2009. Esta subida, junto a la del año pasado, supone un incremento presupuestario de un 106% en dos años” (datos de la web ministerial). Ahora ya sabemos para qué no sirve ese presupuesto: para disminuir la violencia homicida de género. Y también sabemos para qué sirve el “Delegado del Gobierno”: para echar la culpa a los jueces cuando no desciende, sino que crece, lamentable y tristemente, esa violencia homicida.

Y es que, al parecer, han judicializado la felicidad y toda infelicidad es error o ineficacia de la Justicia o, mejor, de los jueces. Desde hace años, el Gobierno con su iniciativa legislativa y el Parlamento con sus ponencias, enmiendas, deliberaciones y votaciones, se han entusiasmado con una nueva fórmula para la felicidad de todos y de cada uno. La nueva fórmula consiste en no preguntarse por las causas de los sucesos indeseables y en no actuar, por supuesto, sobre esas causas (por claras que sean), sino en limitarse a declarar delictivos los sucesos indeseables. Noten que acabo de escribir “declarar delictivos” y no “tipificar como delitos”, porque eso de tipificar es muy laborioso y tiene inconvenientes. Hay que echarle horas a tipificar de verdad, es decir, a describir con detalle la conducta hipotética (protagonistas, acción, circunstancias, resultado concreto o riesgo específico, etc.) que se quiere sancionar con una pena. Y se corre el riesgo de haberse equivocado en la descripción, por acción o por omisión. De modo que, por ejemplo, el Gobierno propone y el legislador dispone declarar delictivo que un funcionario infrinja la ley conscientemente o que un particular incumpla la ley tributaria, la legislación urbanística, las normas relativas al medio ambiente y lo que perjudique al accionista de una sociedad anónima. O se decide por el diligente legislador que los jueces apliquen medidas de seguridad a los sujetos peligrosos, o que dejen sin efecto esas medidas, según la personalidad de los sujetos.

Y así, con lo que llaman “tipos abiertos” (en realidad, la negación del tipo y del Derecho penal: el dominio de la inseguridad jurídica más grave y el arbitrismo más injusto) o con exceso de los llamados “conceptos jurídicos indeterminados”, se fuerza legalmente a los jueces penales a resolver sobre asuntos tributarios, urbanísticos y ecológicos, propios, en todo caso, de los tribunales contencioso-administrativos. Para todo esto se dispone de la inestimable ayuda de una Fiscalía, a ser posible especial, que, más o menos a su criterio, criminaliza o no las infracciones tributarias, ecológicas, urbanísticas o mercantiles. Pero ahí tenemos a los jueces penales decidiendo también sobre la personalidad, sobre lo que es mejor para miles de menores de edad o sobre si una decisión empresarial de indemnizar es conforme al mercado o se ha pasado de esa raya en perjuicio del posible dividendo.

¿Que no se logra con ese método la sociedad feliz? ¿Que se cometen -se siguen cometiendo- en ella cosas atroces? La culpa es de los jueces. Lo coherente, si se pretendiese judicializar la armonía familiar, la ética en los negocios, el respeto a leyes no penales y la prevención de la paz y de la seguridad ciudadana, sería convenir que, a cambio de arrojar tamaña responsabilidad sobre los jueces, sus decisiones se acatasen sin rechistar. Pero, ¿cómo aceptar una infalibilidad a todas luces inexistente, aunque, para ahorrarse esfuerzo, se legisle como si existiese? No. El Ejecutivo y el Legislativo lo tienen claro: para trabajar ellos menos y sin esfuerzo, imponemos a los jueces decisiones propias de seres infalibles. Y después, cuando fallan (en los dos sentidos), la culpa es de los jueces. ¡Astuta jugada política!

No soy yo sospechoso precisamente de indulgencia sistemática con los jueces y con sus decisiones. Nuestra Justicia deja bastante que desear (aunque hay cientos de países en que no existe Justicia o sólo hay una caricatura de ella y una buena docena de importantes naciones donde la Justicia no es mejor que la nuestra o es por el estilo). Pero acabo de darme cuenta -y quiero compartirlo con Vds.- de que si se compara lo que se llama “Poder Judicial” con el Ejecutivo (el “Gobierno de España” e incluso los autonómicos) o con el Legislativo (el Congreso, el Senado, la Asamblea autonómica), gana, con una amplia diferencia de tanteo, el Poder Judicial. En el año 2009, 4836 Jueces y Magistrados resolvieron más de 9 millones de asuntos. Media docena de ellos han sido noticia crítica. Los demás han debido resultar aceptables. Es algo más de lo que los otros dos poderes del Estado pueden exhibir (engañando o mintiendo, además).

No debo olvidarme, para terminar, del interrogante que deje en el aire al principio: ¿qué culpa de los homicidios y de los asesinatos “de género” corresponde a los que mataron? Aquí aparecen unos sabios (y, de entre ellos, bastantes penalistas) y, al negar la libertad individual, el libre albedrío, echan la culpa al mal ambiente del barrio, del grupo escolar o de la comunidad, al paro, a la tele-basura o a la desestructuración de la familia (porque ahora reaparece la familia desestructurada, en vez de alguno de los tipos de “nuevas familias”), con lo que exoneran al marido, compañero, novio o “ex”, del mismo modo que, en la delincuencia que no es “de género”, también los delitos serían culpa del paro, de los juguetes bélicos, de la violencia televisiva y de la pandilla. Estos sabios, sin embargo, no llegan a proponer que se castigue al barrio, al ambiente familiar o al ramo laboral con alto paro. Después de negar la culpabilidad individual, aceptan, por motivos funcionales, utilitarios, que se castigue a individuos concretos. No me extiendo más sobre los desarrollos de esta teoría, que tiene ya muchas décadas. Pero seguro que los lectores comprenden que nuestros problemas de delincuencia, "de género" o genérica, no son del todo ajenos a esa teoría.

EL “CULEBRÓN” DE GARZÓN: POLITIQUERÍA DE BAJA ESTOFA CONTRA EL ESTADO DE DERECHO

EL CGPJ DE NUEVO ANTE EL DILEMA DE APLICAR LA LEY O PREVARICAR
(actualizado a las 19.25 h. del 18 de mayo de 2010)

No es el CGPJ quien ha decidido suspender a Garzón: el CGPJ se ha limitado a hacer efectiva una tajante disposición legal.

     La confusión interesada en vez de la claridad del Derecho

A ver si pueden los lectores -con la difusión de este "blog"- ayudarme a aclarar a la gente de buena fe una tremenda confusión interesada y a clamar contra una persistente e intolerable corrupción institucional y social, deteniéndola, con ese clamor, siquiera un poco. La corrupción a que me refiero deriva de dos factores: el primero es que, en general, los medios de comunicación tratan de asuntos jurídicos sin informarse ni informar medianamente bien sobre los hechos y desentendiéndose de lo que disponen las leyes. Justo es añadir que hay licenciados y Doctores en Derecho que, convertidos en leguleyos oficiando de sicarios políticos, ayudan decisivamente a los” medios”. El segundo factor es que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en vez de comportarse como un órgano constitucional de garantía de la independencia judicial, compuesto por Magistrados y juristas de reconocida competencia, con el consiguiente ejemplar respeto al Derecho, actúa y decide (o no actúa ni decide, cuando debería hacerlo) como si estuviese compuesto por politicastros, guiados por el más bajo de los criterios politiqueros. Hay Vocales muy decentes, pero, por desgracia, no marcan la tónica general del Consejo.

[Actualización, a las 19.35 h. del 18 de mayo de 2010: D. Carlos Dívar, Presidente del CGPJ ha declarado en Burgos -la Comisión Permanente itinera sin cesar- lo siguiente: ""aunque algunos no lo vean, el Consejo General del Poder Judicial es un compañero más de los jueces, de la carrera judicial". También ha afirmado que este organismo "no está para castigar a los jueces" ni para "crear dificultades". Vengo yo temiendo, desde hace meses, que tanta bondad de D. Carlos pueda acabar con el Derecho, empezando por la Constitución. Porque el CGPJ no es "compañero de los jueces", ni de hecho ni de Derecho. Y pretender encima que es "un compañero más" me parece ya un tremendo exceso de bondad impositiva de compañías. Los ángeles de la guarda son mucho más discretos. Son invisibles y, si uno no quiere, por lo que sea, es como si no existieran. Por lo demás, aunque el actual Presidente del CGPJ no lo quiera y  aunque su bondad le incline a negarlo, el CGPJ sí está para "castigar a los jueces": así lo dicen el art. 122.2 in fine de la Constitución y un montón de preceptos de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Naturalmente, sólo se les debe castigar cuando proceda según Derecho y conforme al procedimiento legalmente establecido. En todo caso, no es oportuno, sino generador de confusión, hablar de castigos, cuando ni la suspensión de funciones de D. Baltasar Garzón es un castigo ni denegar o autorizar la marcha de D. Baltasar Garzón a La Haya tiene que ver con faltas y sanciones. Desafortunadas, aunque muy bondadosas, esas declaraciones. Por si faltaba algo para confundir a la gente, la cabeza del CGPJ saca los asuntos jurídicos del ámbito jurídico. Tras este inciso actualizador, por favor, retomen el hilo del post.]

La corrupción resultante consiste en que en España queda en suspenso realmente el Estado de Derecho y en que, además (y esto es aún más grave), mucha gente no sabe en qué consiste y, por tanto, no entiende que todos nos jugamos nuestra libertad y nuestros derechos si el poder político y la actividad política no se ajustan a las normas jurídicas. Éstas son las que legitiman al poder y establecen sus límites: lo que puede y debe hacer y lo que no puede ni debe hacer. Lógicamente, la gente no se encuentra en condiciones de defender el Estado de Derecho y de valorar sus instituciones, apoyando que funcionen conforme a las leyes. De ahí que a demasiadas personas ya no les importen lo más mínimo ni el Código Penal ni la Ley de Enjuiciamiento Criminal ni el Tribunal Supremo.

Me fastidia indeciblemente volver sobre este asunto de Garzón (en especial cuando hay tantos otros, actualísimos, mucho más importantes), pero todavía me encontraría más fastidiado si, ante lo que estoy oyendo y leyendo, no hiciese un enésimo intento de poner las cosas en su sitio. Comprendan que es asunto que atañe plenamente al trabajo al que me dedico desde que terminé la carrera de Derecho, hace la friolera de 43 (cuarenta y tres) años.

Escribo este “post” para quienes no hayan seguido en POR DERECHO las vicisitudes del “culebrón Garzón”. A los fieles seguidores de este “blog”, mis disculpas por algunas reiteraciones, incluso respecto de la “entrada” inmediatamente precedente.

Dicho lo anterior, voy al momento del “culebrón” en que nos encontramos, resumiendo los antecedentes: los hechos y las normas.

El art. 383 LOPJ, dentro de un capítulo sobre la inamovilidad judicial, establece que la suspensión de los Jueces y Magistrados “sólo tendrá lugar” en cuatro casos. Lógicamente, ese precepto legal está disponiendo imperativamente que los Jueces y Magistrados sean suspendidos en cualquiera de esos cuatro casos. Cuando se dé cualquiera de ellos, la suspensión “tendrá lugar”. Pues bien, el primero de los casos reza legalmente, como ya dije en el “post” anterior: “1º. Cuando se hubiere declarado haber lugar a proceder contra ellos por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.” Y eso es, exactamente, lo que resuelve el Magistrado-Juez competente del Tribunal Supremo, D. Luciano Varela, por Auto de 7 de abril de 2010.

[Casi huelga decirlo, pero estoy hablando de la actuación judicial de Garzón en un caso de denuncias de desapariciones forzadas, caso que aquí he descrito con pelos y señales. Si algún lector de este blog piensa aún que Garzón investigó crímenes del franquismo, es conveniente que salga de ese extendido pero craso error y lea la entrada de este blog, de 13 de abril de 2010, titulada “UN ENGAÑO COLOSAL Y MASIVO: EL PROCESO DE GARZÓN CONTRA EL FRANQUISMO.]

Después del Auto de 7 de abril, se suceden diversos escritos y recursos de Garzón (recusaciones incluidas), pero el Auto del 7 de abril deviene indiscutible (firme, en sentido jurídico, ya lo era) al dictarse el Auto de 11 de mayo de 2010, que ordena la apertura del juicio oral contra Garzón y que es remitido de inmediato al CGPJ (sólo hay que cruzar una calle para ir del TS al CGPJ). EL CGPJ, presidido por D. Carlos Dívar, se encuentra entonces en el trance, ya indisimulablemente ineludible, de cumplir el art. 384 LOPJ, que le ordena hacer efectiva la suspensión de Garzón.

Ocurre que D. Baltasar Garzón Real ha hecho llegar al CGPJ, el día 10 de mayo de 2010, una solicitud de autorización para marchar al Tribunal Penal Internacional (TPI) con sede en la Haya, en vista de la invitación que le dirige el Fiscal de ese TPI para trabajar en él durante siete meses, como "asesor externo". La solicitud de Garzón incluye acogerse a la situación de “servicios especiales”, pues se trataría de un caso previsto en el art. 351 LOPJ, según el cual “Los jueces y magistrados serán declarados en la situación de servicios especiales:" “b) Cuando sean autorizados por el Consejo General del Poder Judicial para realizar una misión internacional por período determinado, superior a seis meses, en organismos internacionales, gobiernos o entidades públicas extranjeras o en programas de cooperación internacional, previa declaración de interés por el Ministerio de Asuntos Exteriores”

Todo el mundo interpreta esa solicitud de Garzón como un intento de eludir la suspensión porque, dicen, si se le autoriza a marchar a La Haya y se le declara en situación de “servicios especiales”, dado que en el TPI no ejercerá de juez, sino de “asesor externo”, la suspensión establecida en el 383.1 LOPJ no tendría sentido.

Se habla entonces, en los medios de comunicación, de un dilema para el CGPJ: o conceder a Garzón permiso para irse al Tribunal Penal Internacional (TPI) o suspenderle como dispone el ya reproducido art. 383, 1 LOPJ. Y presentan la solución del dilema como dependiente del resultado de una especie de carrera: a ver qué papeles llegan antes al CGPJ: si el auto de apertura del juicio oral o un informe favorable del Ministerio de Asuntos Exteriores. Enseguida queda claro que esa “carrera” la ha ganado el auto de apertura del juicio oral. Y los comentaristas empiezan a afirmar que quizá la maniobra de Garzón haya sido tardía y no logre su resultado.

Pero es que ese planteamiento es erróneo y fruto de la frivolidad y de la irresponsabilidad de muchos opinadores. Revela una superficial e incompleta consideración de los hechos y de las normas aplicables, cuando no la manipulación de unos y otras. En primer lugar, el art. 383,1 LOPJ no exige que el Juez esté ejerciendo funciones jurisdiccionales cuando dispone que sea suspendido si se declara que ha lugar a proceder contra él por un delito cometido en cuanto juez. Si así fuese, habría que concluir absurdamente que no cabe la suspensión de un Juez en caso de que se encuentre de baja por enfermedad, disfrutando de vacaciones, con permiso de estudios, etc. En segundo lugar, ocurre que la declaración de haber lugar a proceder contra Garzón, legalmente determinante de su suspensión, se había producido ya semanas antes de su solicitud de marcharse a La Haya. Cuando Garzón pide marcharse a La Haya ya le era de aplicación ineludible el art. 383,1 LOPJ sobre suspensión. Por así decirlo, la ley ya le había suspendido.

Por tanto, no había ningún dilema para el CGPJ. El CGPJ no se encontraba ante dos opciones legales: se encontraba ante una solicitud de Garzón que, con la cobertura del art. 351, letra b) LOPJ pretendía eludir la aplicación del art. 383, 1 LOPJ. Algo que, en buenos conceptos jurídicos, se llama intento de fraude de ley.

En realidad, el “dilema” en que pretendidamente se encontraba el CGPJ era la muy vulgar alternativa de cumplir la ley o prevaricar, porque no resultaba verosímil que 21 juristas de reconocida competencia (en realidad 18, por 4 abstenciones previas) inaplicasen el art. 383, 1 LOPJ sin darse cuenta de que resolvían algo antijurídico e injusto.

Así las cosas, es convocado, no por iniciativa del Presidente, D. Carlos Dívar, sino a instancia de siete Vocales, un Pleno extraordinario del CGPJ para el día 14 de mayo de 2010, con el asunto de la suspensión de D. Baltasar Garzón Real como único punto del “orden del día”. A las 13.25 horas del viernes 14 de mayo de 2010, se da noticia del acuerdo unánime del CGPJ por el que se declara suspendido a D. Baltasar Garzón Real, conforme al art. 383,1 LOPJ. Parece, pues, a primera vista, que el CGPJ no se ha atrevido a vulnerar la ley aplicable como consecuencia de una decisión del Tribunal Supremo y, por el contrario, ha entendido (de ahí la unanimidad) que su papel era, simplemente, hacer efectiva la disposición legal, porque -insisto- la suspensión se produce porque la ordena la ley (ope legis o “por ministerio de la ley”, decimos en lenguaje jurídico) y no a consecuencia de una decisión del CGPJ que pueda tener uno u otro contenido. Y repito que el art. 384 LOPJ obliga al CGPJ a hacer efectiva la suspensión.

     La “suspensión de funciones”, incompatible con la situación de “servicios especiales”

A mediodía del 14 de mayo de 2010, Garzón se encuentra en una situación administrativa específica de las cinco que prevé el art. 348 LOPJ para los Jueces y Magistrados: la situación de la letra d): "suspensión de funciones”. Las demás situaciones son éstas: "a) servicio activo; b) servicios especiales; c) excedencia voluntaria; e) excedencia por razón de violencia sobre la mujer".

De modo que, ante la noticia de la suspensión de Garzón, a las 13.25 horas del 14 de mayo de 2010, no se me ocurrió pensar ni como hipótesis en lo que poco después se conocería, a saber, que D. Carlos Dívar había convocado una Comisión Permanente, para la tarde del mismo 14 de mayo, a fin de considerar la solicitud de Garzón de aceptar la oferta de trabajo del Fiscal del TPI y marchar a La Haya en situación de servicios especiales.

No se me ocurrió semejante decisión porque cuando Garzón, por imperativo legal, ha pasado a la situación de "suspensión de funciones", que dura necesariamente hasta sentencia absolutoria o resolución equivalente (así lo dispone el art. 384.3 LOPJ), de ningún modo puede concedérsele una autorización que le sitúe en "servicios especiales". Ningún Juez o Magistrado –ningún servidor público- puede estar, a la vez, en dos situaciones administrativas distintas. Es indudable que a un Juez suspendido de funciones conforme al art. 383, 1 LOPJ (que no habla de suspensión de funciones jurisdiccionales, sino de suspensión a secas y el art. 348 habla de “suspensión de funciones”) no se le puede confiar, en cuanto juez, ninguna función. El juez suspendido como tal no puede tampoco ocupar plaza reservada a jueces y magistrados porque en esa plaza ("juez de enlace", p ej.) no vaya a desempeñar funciones estrictamente jurisdiccionales.

El mero buen sentido o “sentido común” conduce a la misma conclusión: si, hasta que recaiga sentencia absolutoria o equivalente resolución firme, no cabe legalmente que siga en funciones un Juez considerado judicialmente sospechoso de prevaricar y acusado de prevaricar con una acusación que un tribunal(en este caso, el Supremo) considera provista de fundamento, sería irracional y absurdo que a ese mismo juez, bajo esa misma sospecha y bajo la misma acusación, controlada judicialmente, se le concediese un permiso para colaborar fuera de España con la Justicia Penal Internacional.

Que el Ministerio de Asuntos Exteriores, con el buen Moratinos al frente, no entendiese que debía respetar las resoluciones del Tribunal Supremo y sus insoslayables consecuencias legales y no declarar gubernamentalmente “de interés” el trabajo en el TPI de un juez imputado como prevaricador es algo que está muy mal, me parece, pero resulta comprensible dado el nivel del “Gobierno de España” y dada la casi constante tendencia del Ejecutivo a despreciar la legalidad cuando políticamente le conviene. En cambio, constituye el colmo de la desvergüenza antijurídica y un disparate mayúsculo de ilegalidad, en principio inimaginable, que el CGPJ, órgano constitucional de garantía, se plantee la posibilidad de declarar en situación de “servicios especiales” a quien acaba de declarar en situación de “suspensión de funciones” a causa de estar judicialmente imputado por el Tribunal Supremo como prevaricador. No podía yo imaginar (ingenuo que soy, pese a todo lo que llevo visto) que en el CGPJ habitase tan grandísima ignorancia o desvergüenza (o ambas cosas) como para prescindir por completo del Derecho y de la lógica y tratar a este concreto imputado de prevaricación -por ser Garzón, claro está- con una colosal y delictiva lenidad y con un agravio comparativo que pisotea y tritura la igualdad ante la ley.

Pero sí: hay gente en el CGPJ capaz de cualquier cosa, plenamente al margen del Derecho. El Presidente del CGPJ, D. Carlos Dívar, plantea considerar en una Comisión Permanente, en la tarde del 14 de mayo, si se autoriza a Garzón a trasladarse al TPI. Y la Comisión Permanente se reúne, discute y aplaza su decisión para pedir informes. Uno de ellos, nos dicen, a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, no vaya a ser que, como son tres los procesos penales que se le siguen a Garzón, por fuero especial, ante esa Sala, le vayan a necesitar de modo que no pueda trabajar como “asesor externo” en La Haya. [Actualización, a las 19.25 horas del 18 de mayo de 2010: de modo ejemplar, la Sala de lo Penal no ha entrado, pues no es de su competencia, en el asunto de la situación administrativa de Garzón y se ha limitado a informar de lo que es de su incumbencia: “no se han adoptado en ninguna de las causas citadas medidas cautelares que impidan la residencia fuera de España del mencionado Magistrado”.]

No sé, ni me interesa, si existe o no algún camino para que un juez en situación administrativa de “suspensión de funciones” por estar judicialmente imputado de prevaricación, pueda obtener permiso para irse a trabajar fuera de España, en el Tribunal Penal Internacional, en Wall Street, en un despacho de abogados de Londres o en la vendimia francesa (si fuese el tiempo). No sé, por tanto, ni me interesa, si D. Baltasar Garzón Real puede encontrar, o no, una nueva fórmula de solicitud al CGPJ que sea jurídicamente aceptable y le permita encontrar una ocupación de su agrado mientras está, como Magistrado-Juez, en situación administrativa de “suspensión de funciones”. Lo que sí sé es que, declarado como está en esa situación, su concreta solicitud de trabajar en TPI como asesor externo y obteniendo pasar a la situación de “servicios especiales” constituye un imposible jurídico. Pero, al parecer, es esa concreta solicitud la que desvela a una parte, al menos, del CGPJ. Porque este CGPJ no sabe de posibilidades o imposibilidades jurídicas.

Un diario nacional que suele disponer de buena información sobre el CGPJ y el Tribunal Supremo viene afirmando que hay en el CGPJ una fuerte tensión ante lo que unos Vocales consideran deslealtad de otros. Habría ocurrido, dicen, que el voto unánime de suspensión se produjo por la mañana del 14 de mayo de 2010 en el bien entendido o con la condición de que, por la tarde del mismo día, se accedería en la Comisión Permanente a la solicitud de Garzón de marcharse por siete meses al TPI. Así, a ciertos Vocales votantes matutinos de la suspensión les parecerían traicioneras las resistencias vespertinas de otros Vocales, que habrían motivado el aplazamiento sobre la tan repetida solicitud. No sé si eso ha ocurrido de verdad (aunque seguramente el diario aludido no desintoxica en este punto). Pero sí sé que no sería de extrañar. Porque, como ya he explicado en diversas ocasiones, una “negociación” sobre lo innegociable (por jurídicamente indecente) es perfectamente verosímil en este CGPJ.

Termino. La clave de toda esta escandalera con Garzón es que, pese al sentimiento general de que todos debemos ser iguales ante la ley, sentimiento que la Constitución vigente consagra con la máxima categoría en su artículo 14, muchos han clamado por no aplicar a D. Baltasar Garzón Real una norma que nadie en sus cabales discutirá -que un juez judicialmente imputado de prevaricación no debe seguir en funciones- y que nadie ha discutido en todos los casos en que se ha aplicado, porque es razonable. Y nótese que el art. 383,1 LOPJ no permite la suspensión porque cualquiera acuse a un juez, en una querella o en una denuncia: exige que esa acusación pase la criba de un tribunal de justicia, que la considere fundada, aunque sin prejuzgar la sentencia.

La norma (art. 383,1 LOPJ) es razonable. Su aplicabilidad, indiscutible. Pero eso es lo que dicta el Derecho. Y el Derecho, cuando no les gusta a los vociferantes partidarios de la desigualdad ante la ley, se arroja al cubo de la basura y a los defensores del Derecho se les ajusticia popularmente. Con balas de plomo o con insultos y descalificaciones. En ésas estamos. Mientras algunos defendemos la legalidad y la igualdad ante la ley, otros sólo defienden y aplican la llamada "ley del embudo": la parte ancha para ellos y la estrecha para los demás. A los que defendemos el Estado de Derecho, los fusilamientos, los campos de concentración, la cárcel y la difamación injustas, las inhumaciones clandestinas, etc. nos repugnan con toda lógica y coherencia. En cambio, los partidarios de la ley del embudo no pueden ser coherentes al condenar ningún crimen. Porque esa "ley del embudo" conduce, lógicamente, al crimen impune. Sobreponiéndome a una inclinación muy natural, deseo que nunca sean víctimas de esa "ley" que tanto les gusta.