viernes, 25 de febrero de 2011

EL ABORTO COMO NEGOCIO Y LA NATALIDAD COMO ANTIGUALLA


DOS NOTICIAS ACTUALES Y UN ANÁLISIS DE HACE TIEMPO

Somos todos unos "hijos de rancia"


El domingo 27 de diciembre de 2009 publiqué en este mismo blog un “post” titulado «LA NUEVA LEY ESPAÑOLA DEL ABORTO: ALGUNAS COSAS CLARAS». Como subtítulo, puse éste: «EL ‘GOBIERNO DE ESPAÑA’ NO HA QUERIDO LIBRAR DE LA CÁRCEL A LAS MUJERES QUE ABORTEN, SINO A LOS ‘EMPRESARIOS’ (PRIVADOS) DEL ABORTO». Dos recientes noticias -una de ellas del 23 de febrero de 2011- reavivan, me parece, el interés de aquel “post”, que, ante todo, reproduciré parcialmente ahora. Luego resumiré las noticias. Una de ellas ratifica lo que entonces consideraba política demográfica del "Gobierno de España" y pudo parecer un exagerado juicio de intenciones, aunque no juzgaba intenciones, sino que concluía a base de indicios sólidos. La otra, la más reciente, me obliga a una cierta rectificación, que no me cuesta nada.

En diciembre de 2009 explicaba, ante las manifestaciones de varios lectores de este blog, extrañados de que no hubiese ocupado de las novedades legales sobre el aborto, el por qué de mi silencio. El tema me había cansado hasta el hastío. Pensaba -y, en cierto modo, sigo pensando- que «con nada que se me ocurriese sería posible que se entablara un debate en el que unos escucharan de verdad a otros y fuesen exponiendo los argumentos pertinentes a las posiciones discrepantes». Pero, también decía hace catorce meses cómo habían evolucionado los planteamientos: «de sostener que se trataba de no sancionar penalmente el aborto en ciertos casos extremos, se fue pasando a una defensa absoluta del aborto, incluso considerado como un derecho subjetivo ilimitado. Sin tener en cuenta la evidencia científica -porque la hay: evidencia en el sentido anglosajón de prueba e incluso en el sentido castellano de lo que es patente- y olvidándose de la doctrina del Tribunal Constitucional en la STC 53/1985 sobre el valor de la vida humana individual desde la concepción, se insinuó primero y después se manifestó sin ambages una posición en la que desaparecía toda relevancia del embrión o del feto, ya por considerarlo una simple parte del cuerpo de la gestante, ya por entenderlo como un “algo” de naturaleza ignota, como vino a defender una señora Ministra.»

«Esa señora Ministra parecía no saber que, desde hace miles de años (que sepamos, desde el primer código conocido, el de Hammurabi, unos 1800 años a. d. C.), el embrión o el feto ha sido considerado como el “nasciturus”, que nuestro Código Civil equipara al nacido para todos los efectos que le sean favorables. Y, naturalmente, “el nasciturus” nunca ha sido algo de naturaleza incognoscible, porque en tal caso la equiparación con el ser humano nacido hubiera sido un puro capricho y, desde luego, nunca lo fue. Ocurre, además, que el feto o embrión residente en las entrañas de una mujer jamás fue considerado “moriturus” y desde hace ya bastante tiempo, varias ciencias experimentales desvelan sin lugar a dudas su naturaleza humana, de vida humana individual, distinta de la madre, con una dotación genética completa. Como ven, elementalidades sobre las que había que volver, por la ignorancia real o falsa de los cruzados del aborto. Entenderán que, aunque he seguido con sumo interés lo que se descubría científicamente en relación con la vida humana y lo que afirmaban unos y otros acerca del aborto y sus consecuencias y secuelas, el mero pensamiento de escribir de nuevo sobre el tema me producía una insuperable fatiga intelectual y anímica. Hace pocos días, sin embargo, me vinieron a la cabeza tres cosas en cierto modo nuevas, que paso a exponer con suma brevedad.»

«La primera es ésta: no existe ni puede existir un derecho a la salud. Y por tanto, no existe ni puede existir un derecho a la salud sexual. Como he dicho ya infinidad de veces, un derecho verdadero es un poder jurídico de hacer u omitir algo o de obtener algo (positivo o negativo) de alguien. Nadie tiene el poder de estar sano, porque ni está en su mano la propia salud ni está en manos de otro u otros a los se les pueda exigir. Se pueden tener, porque nos los otorguen o porque los adquiramos (p. ej. suscribiendo un contrato de asistencia sanitaria), derechos a prestaciones médicas o sanitarias determinadas. Pero eso en absoluto es lo mismo que tener derecho a la salud. Por lo mismo, no existe ni puede existir un derecho a tener hijos, un derecho a ser felices o un derecho a la alegría. Y un pretendido derecho a la salud sexual, ¿en qué consistiría y cómo y por quién habría de verse satisfecho?»

«La segunda idea es la siguiente: miente el “Gobierno de España” y mienten los parlamentarios que le han apoyado y le apoyan cuando afirman que la finalidad de la nueva ley del aborto es evitar que haya mujeres en la cárcel a causa de haber abortado. Desde hace mucho tiempo, la política criminal respecto del aborto miraba, no tanto a las pobres mujeres que habían abortado, como a los profesionales del aborto, a los aborteros y aborteras, que, desde luego, no actuaban gratuitamente. Hay un buen número de recursos legales para evitar la cárcel a las mujeres que abortan. Ninguno de ellos ha sido ni siquiera mencionado por el “Gobierno de España” y por sus “fans” en materia de aborto. Ninguno ha sido manejado en el proceso parlamentario de la nueva Ley.»

«La verdadera finalidad de la nueva ley es evitar que vayan a la cárcel los empresarios privados del aborto y sus cómplices y encubridores. La nueva ley se relanza decisivamente justo cuando se descubre judicialmente algo que era conocido: el enorme negocio de las "clínicas" privadas exclusiva o casi exclusivamente abortistas, que habían sido legalizadas por el Real Decreto 2409/1986, de 21 de noviembre, sobre Centros Sanitarios Acreditados y Dictámenes Preceptivos para la Práctica Legal de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. El contenido principal de este Decreto era autorizar la práctica de los llamados “abortos de bajo riesgo” (dento de las 12 primeras semanas de embarazo) sin exigir para ellos las instalaciones ordinarias que requiere una Clínica o un Hospital (en concreto, sin exigir quirófanos propiamente dichos). Esta legalización estaba doblemente motivada: favorecer a empresarios políticamente afines y lograr que se cumpliese la genuina finalidad de la despenalización parcial, que no era evitar la cárcel a las mujeres, sino promover el mayor número de abortos posibles. Como en la Sanidad pública no se practicaban apenas abortos (no sólo ni principalmente por "objeción de conciencia", sino sobre todo por lo que llamé "objeción de legalidad”: raramente los casos de posible aborto encajaban en los supuestos de despenalización), en esos “centros” privados estaba la clave. Desde el Decreto 2409/1986 pudieron funcionar con tranquilidad y, asimismo, proliferar sin preocupaciones.»

«Pero yo había acertado en la predicción (muy fácil) de un fraude de ley masivo y en esos centros privados, muy lucrativos, se incumplían tan masivamente el Código Penal y otras normas que, finalmente, saltó en Barcelona el llamado “caso Morín” a finales del año 2007. La opinión pública quedó literalmente horrorizada ante ciertos datos, cifras e imágenes. Y la actividad judicial determinó que fuese inminente llamar a declarar a muchas mujeres, clientes de esos establecimientos. Las declaraciones, aunque no fuesen a terminar necesariamente en condena de las declarantes, harían mucho daño a los abortorios. Y justo en ese momento se echó a andar, a toda prisa, lo que ha acabado siendo ley. De las diligencias judiciales no se ha vuelto a saber nada (como en otros casos anteriores, perfectamente documentados). Y la reciente ley ya blinda a estos prósperos empresarios del aborto.»

«Tercera idea: si uno se fija bien en distintos factores, diríase que, de hecho, existe una política demográfica en España. No se ha declarado, pero parece poco dudosa. Y se resumiría así: cuantos menos nacimientos, mejor. Porque abundan los datos favorables a la existencia de dos tesis oficiales muy firmes en el "Gobierno de España" y sus "supporters". Esas tesis son éstas dos: cuantas menos mujeres queden embarazadas, mejor; cuantas más mujeres embarazadas aborten, mejor. Dado el componente hedonista de la cultura dominante, se impulsa máximamente la copulación, en primer lugar entre adolescentes, Pero nada de nuevos niños. Resultado: una de las tasas de natalidad más bajas del mundo (pese cierta recuperación por nacimentos de hijos de emigrantes)» En diciembre de 2009 dejaba a otros el análisis de las consecuencias sociales y económicas. Ahora también omitiré ese análisis. Paso a las anunciadas noticias.

PRIMERA NOTICIA: TENER HIJOS ES “DE DERECHAS”

Esta primera noticia confirma mi juicio sobre la política demográfica del socialismo español. Ya hay una posición pública clara, individual, pero no rectificada ni matizada por el socialismo oficial. Ante un proyecto de Ley de Apoyo a la Familia y a la Convivencia de Galicia, presentado por la Xunta hace pocos días, Dña. Beatriz Sestayo Doce, diputada socialista en el Parlamento Gallego y portavoz de Servicios Sociales, reaccionaba tronando contra la política de fomento de la natalidad, que es, según Dña. Beatriz, “predemocrática”, y contra un modelo de familia que considera “rancia y retrógrada” y de “ultraderecha”. Resulta que el proyecto de Ley pretende ofrecer a las embarazadas la posibilidad de optar a ayudas sin esperar al nacimiento del hijo, considerar “familia numerosa” a partir del tercer embarazo, cualquiera que sea el estado civil de la embarazada y si cohabita o no con alguien, impulsar el “acogimiento familiar” y la adopción y apoyar a las embarazadas con problemas de exclusión e inserción laboral, así como la instauración de centros de atención a la infancia en los lugares de trabajo, permisos a padres o cuidadores de personas dependientes para escoger el turno de trabajo preferible según sus necesidades familiares, etc.

Pero familia con hijos es algo "rancio y retrógrada", un modelo de "ultraderecha" es lo que se ha dicho en Galicia, que bate el record de baja natalidad en un Estado, el español, con una de las tasas de natalidad más bajas del mundo y, por tanto, con un problema demográfico que, entre otros efectos, hace inviable el “Estado de bienestar”. Galicia, si no me engañan los datos que he encontrado, registra 100 cotizantes por cada 101 personas que no cotizan. Pero lo más llamativo es que Vds., lectores y lectoras, y yo mismo, somos fruto de un modelo de "ultraderecha" y nuestras madres eran "rancias y retrógradas". ¿Qué se puede decir? A mí me parece que no hace falta decir nada frente a ese criterio del socialismo gallego, aunque sí convendría pensar bastante y atreverse más, en adelante, a denunciar un falso progresismo, totalitario, contrario a la libertad e irrespetuoso hasta el peor insulto.

SEGUNDA NOTICIA: IMPUTACIÓN JUDICIAL DE 115 DELITOS DE ABORTO ILEGAL. “REBAJA” DE MEDIO CENTENAR DE ABORTOS

Me columpié parcialmente en diciembre de 2009. Dije que las diligencias judiciales del “caso Morín” (que enseguida reaparecerá aquí) se habían desvanecido o poco menos. Dije que la llamada “Ley Aido” blindaba a los prósperos empresarios del aborto. Pues no. Las diligencias judiciales del 2007 continuaron y ahora sabemos que la fase procesal de instrucción ha llegado al final. Y resulta que la “Ley Aído” no blinda del todo. Algunos de estos aborteros llegaban a extremos más allá del blindaje. El blindaje sólo ha conseguido que al famoso Morín le imputen 115 delitos de aborto en lugar de 165. Reproduzco la noticia. Y no añadiré nada. No hace falta.

AGENCIA EFE, 23/02/2011: «La titular del Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona, Elisabet Castelló, ha imputado al médico peruano Carlos Morín y a una docena de sus colaboradores un total de 115 abortos ilegales más allá de las 14 semanas de gestación, presuntamente practicados en sus dos clínicas -TBC y Ginemedex- en 2007, tras finalizar la investigación del caso

«En el auto, la juez ve indicios de que los acusados pudieron cometer delitos de aborto ilegal, falsedad documental, intrusismo y asociación ilícita. Considera que existía una asociación entre todos los imputados de manera permanente y estable para la práctica de abortos sin cumplir ninguno de los requisitos legales, todos ellos actuando bajo las «órdenes de Morín.»

«La magistrada ha resuelto igualmente archivar otro medio centenar de supuestos que serían legales de acuerdo con la ley de interrupción del embarazo que entró en vigor el pasado mes de julio. En un auto, la juez da por finalizada la investigación del caso y mantiene la imputación contra Carlos Morín y su esposa, así como contra otros 11 colaboradores, entre psiquiatras, anestesistas y profesionales que supuestamente practicaron o permitieron los abortos.»

«Tras la entrada en vigor de la nueva ley del aborto, que ampara las interrupciones voluntarias del embarazo hasta las 14 semanas de gestación y hasta las 22 en el caso de riesgos para la gestante o el feto, la juez ha acordado el sobreseimiento libre de una cincuentena de casos que ahora son legales, aplicando el principio de retroactividad de las leyes [más favorables]. Concretamente, los casos archivados corresponden a abortos practicados a gestantes de hasta 14 semanas de evolución no apoyados en dictámenes que acreditaran algunos de los supuestos amparados por la antigua ley: riesgo físico o psíquico para la gestante, violación o malformaciones del feto.»

«Entre los imputados figuran tres anestesistas, uno de los cuales carecía de titulación médica válida, Virtudes S.V., una administrativa de la clínica Emecé de Barcelona que derivaba a las clínicas de Morín a mujeres que quisieran abortar a cambio de una comisión, y dos psiquiatras que emitían presuntamente dictámenes psiquiátricos falsos sin explorar siquiera a las pacientes. Para la juez, la instrucción ha apuntado indicios de que los imputados se asociaron de forma "permanente y estable" para la práctica de los abortos, sin cumplir los requisitos legales, bajo las órdenes de Morín, director de las tres clínicas de Barcelona donde se practicaban.»

«El auto señala el "estricto control" de los abortos efectuado por la esposa de Morín, Maria Luisa D., directora en funciones de los centros, y los "ingentes ingresos en metálico" que el matrimonio habría obtenido, lo que según la juez les permitía llevar un alto nivel de vida y disponer de una lujosa mansión en Sant Cugat del Vallès (Barcelona).»

«La presunta trama de abortos ilegales salió a la luz en octubre de 2006 tras la emisión de un reportaje de investigación de la televisión danesa DR, que alarmaba sobre presuntas interrupciones del embarazo más allá de las siete semanas. Se intervinieron 2.780 historias clínicas de pacientes sometidas a interrupciones voluntarias del embarazo en la clínica Morín, de las que finalmente acabaron investigándose 167.»

«El caso generó revuelo en la opinión pública, tras conocerse que el médico peruano había practicado abortos a menores de 13 años; presuntamente utilizaba máquinas trituradoras para deshacerse de los fetos; los ginecólogos que trabajaban para Morín cobraban hasta 8.000 euros al mes, y que el médico, aquejado de la infección del VIH, practicaba las operaciones con otro nombre. Tras el registro de las clínicas del médico a finales de 2007, la Guardia Civil detuvo a Morín, su esposa y otros cuatro colaboradores, y más adelante la juez ordenó la detención de otros siete médicos, todos los cuales quedaron en libertad provisional.»

sábado, 19 de febrero de 2011

“PARA GANAR LAS ELECCIONES, HAY QUE MERECERLO” (y II)


NO SEAMOS ANIMALES: NO VOTEMOS A ALGUIEN SIN UNA BUENA RAZÓN


  • Ninguno de nosotros controla las elecciones y sus resultados, pero cada uno es dueño de su voto. Se puede valorar en mucho el propio voto o tenerlo por muy poca cosa. En todo caso, el valor que se le atribuya sólo es real en este tiempo preelectoral: al día siguiente de las elecciones, el voto de cada uno vale menos que un yogur caducado hace un mes. Éste es el momento para hacer valer el voto.

Terminaba el “post” anterior del mismo título (parte de una frase de ZP) http://andresdelaoliva.blogspot.com/2011/02/para-ganar-las-elecciones-hay-que.html con unos cuantos ejemplos de asuntos ideológicos o impregnados de ideología aquí, en España, frente a la asombrosa afirmación de D. Mariano Rajoy (MR) de que no tenemos en España ningún problema ideológico y nuestro único problema relevante es de competencia, quiere decir, supongo, de gente competente a cargo de la cosa pública (y de la semi-pública/semi-privada, que alcanza grandísimas dimensiones). Y sí, hay un gran problema de gente competente en la vida pública. En cuanto al PSOE, no me parece necesario decir nada más con todo lo que está a la vista y con todo lo que llevo dicho en este blog. Pero me atrevo a pensar, visto lo que MR tiene a su alrededor, que quizá MR no se hace idea cabal de las dimensiones de ese problema. Porque se da también en el PP. Aclaro que, por razones de edad, ya no conozco a nadie que mande algo en el PP (ni que mande muy poco, la verdad sea dicha). Carezco, pues, de motivos personales para poner reparos a los actuales dirigentes centrales del PP. Me baso exclusivamente en comportamientos externos: lo que dicen, lo que votan, lo que pactan, lo que callan, lo que no callan. Es por los hechos, pues, por lo que pienso que el Sr. Rajoy no está rodeado de un equipo de colaboradores de acreditada competencia en distintos sectores de actividad ni de un grupo importante de hombres y mujeres con personalidad madura y sobresaliente.

Ofrezco prueba por indicios. ¿Dónde está una alternativa de política educativa del PP, sensata, valiente y bien estructurada? No se conoce. Y ¿acaso falta gente preparada y con experiencia en la educación, gente más afín al PP que al PSOE o a IU, para trabajar en esa materia? Claro que no falta esa gente: la hay, pero no ha sido seriamente movilizada. Al contrario, conozco a más de uno y más de dos que, invitados a la Comisión de Educación del PP, acabaron pronto muy desilusionados y desmotivados. En materia de Justicia, tanto dan López Aguilar, Fernández Bermejo o Francisco Caamaño como José María Michavila o Federico Trillo: unos y otros se reúnen, junto a sus correspondientes apéndices en el Consejo General del Poder Judicial, y pactan monstruos que asolan nuestra Justicia en todos los terrenos (ya he escrito sobre estos monstruos, pero volveré a hacerlo cualquier día de éstos). Pero, ¿y en economía? Ya no nos acordamos del gran fichaje, D. Manuel Pizarro, al que embarcaron a bombo y platillo cuando maldita la falta que le hacía a Pizarro meterse en el mundo partitocrático. Al bueno de Pizarro, después de perder un debate televisivo con el Sr. Solbes, le fueron arrinconando hasta el hastío y el abandono. Ahora todo el mundo reconoce que Pizarro tenía razón y que Solbes, en cambio, sólo tenía tablas para hacer surfing dialéctico y, por supuesto (para eso era Vicepresidente económico) todos los datos del mundo (trucados o no, es otro cantar) inmediatamente disponibles. Podría seguir con los ejemplos, pero por hoy es suficiente.

Habrá quien diga y ya lo estoy oyendo: “bueno, pero compare Vd. con el PSOE”. Pues no me vale la comparación. ¡Estaríamos buenos si el rasero de la competencia se estableciese con inclusión de un solo factor como la preparación de Dña. Leire Pajín! A decir verdad, MR no ha esgrimido abiertamente la competencia de su equipo por comparación con la de los miembros de los sucesivos “Gobiernos de España” presididos por ZP: hubiera sido un escarnio para su propia gente y para el mismo MR. Sin embargo la comparación flotaba y flota en el ambiente.

Pero vamos ya al tema que más interesa aquí, que es de los méritos para ganar unas elecciones y, en un plano individual – el de Vd., lector, y el mío- el de los méritos para conseguir nuestro voto: no controlamos las elecciones y sus resultados, pero cada uno es dueño de su voto. Puede cada cual valorar en mucho su voto o tenerlo por muy poca cosa. En todo caso, el valor que se le atribuya sólo es real en este tiempo preelectoral: al día siguiente de las elecciones, el voto de cada uno vale menos que un yogur caducado hace un mes. Éste es el momento para hacer valer el voto.

LAS BUENAS RAZONES PARA NO VOTAR A ZP NO SON, POR SÍ SOLAS, UNA BUENA RAZÓN PARA VOTAR A MR

En el post "MÁS DE 20 BUENAS RAZONES PARA NO VOTAR A W. Y NI UNA SOLA PARA VOTAR A H.", de 26 de junio de 2009, http://andresdelaoliva.blogspot.com/2009/06/20-razones-para-no-votar-x-y-ni-una.html  me refería al genial Julio Camba y, en concreto, a su librito “Un año en el otro mundo”, que era el año que Camba había pasado en EE.UU. y, más concretamente, en Nueva York. En varias crónicas, mi admirado arousano relataba la pugna presidencial de 1916 entre Woodrow Wilson y Charles E. Hughes, el candidato republicano. Y Camba reproducía (o se inventaba) esta frase: "'Yo conozco más de veinte buenas razones para no votar por Mr. Wilson -escribe un elector-; pero no conozco ni una sola para votar por Mr. Hughes'. Mr. Wilson, en efecto, tiene muchas faltas, y Hughes se pasa la vida señalándoselas. Lo que ocurre es que, frente a esas faltas, Mr. Hughes no presenta ninguna cualidad."

En junio de 2009 no fui más allá de la cita y una leve insinuación. Ahora sí iré más lejos. Apliquemos la descrita situación norteamericana de 1916 a la española de hoy, aunque prescindiendo de las cualidades personales, porque seguramente nuestros equivalentes a Mr. Wilson y a Mr. Hughes no carecen de alguna buena. Hay más de veinte buenas razones para no votar a Rodríguez Zapatero (ZP) (PSOE), pero ¿cuántas buenas razones hay para votar a Mariano Rajoy (MR) (PP)? No faltan los que piensan que las 20 ó 2000 buenas razones para no votar a ZP (PSOE) componen una buena razón suficiente para votar a MR (o PP). A mi me parece que ese salto (“no voto a X… ergo voto a Y”) no es, ni física ni metafísicamente, tan claro como lo presentan. Ejercitemos un poco la lógica: votar a ZP (o PSOE) es una posible acción. Y votar a MR (o PP) es otra posible acción, distinta de la anterior. Hay cierta conexión entre ellas, porque no se puede votar a ZP y votar también, el mismo día y para lo mismo, a MR. Pero la conexión no llega a ser de máxima intensidad, como la existente entre una causa y su efecto: es innegable que no votar a ZP (PSOE) no determina, ni física ni metafísicamente, votar a MR (PP). Se puede, conforme a la física y a la lógica metafísica, no votar a ZP y no votar a MR.

Esta innegable posibilidad de no votar ni a uno(s) ni a otro(s) es una de las mayores herejías contra el Catecismo del Sistema y sólo enunciarla supone que nos echan encima todo el argumentario anti-abstención más el argumentario del “voto útil”. Son argumentarios pasionales e interesados, que apelan a la visceralidad y abundan en sofismas. Básico de esos argumentarios es, ante todo, proponer votar a ZP por odio al PP o votar a Rajoy por odio a ZP. A falta de razones y argumentos, reavivan e insuflan odios, sentimientos viscerales. Ahí encaja la historieta irracional de “ellos” y “los nuestros”.

Luego está el sofisma: si Vd. no vota ni a ZP ni a MR, porque ninguno de los dos le convence mínimamente, no es Vd. un ciudadano responsable, porque no participa. Y no es Vd. una persona razonable, porque espera o pretende una perfección que no es de esperar en las opciones electorales. La verdad es muy distinta: aquí nos estamos tomando muy en serio la cita electoral y el uso del voto que a cada uno le corresponde. Estamos valorando máximamente la participación y por eso estamos pensando, razonando. Y después de pensar y razonar, se participa igual si se vota a ZP como si se vota a MR como si no se vota a ninguno de los dos o no se vota a nadie. La verdad es que a los catequistas y funcionarios del Sistema les gustaría una participación electoral consistente en que los ciudadanos acudiesen masivamente a los colegios electorales a depositar sobres recibidos por correo ya cerrados, con la papeleta introducida en la sede del partido. Nada de pensar o razonar; nada de ver qué papeleta han metido dentro: como en el chiste, “¡eso sería contrario al secreto del sufragio!” Y no es verdad que los electores racionales estemos esperando la perfección en ninguna de las ofertas: nos conformamos con que nos cuenten un programa decente y nos conformamos con tener una buena razón para apoyar alguna opción, una buena razón no contrapesada con veinte o cinco buenas razones para no apoyarla.

Ante las ofertas electorales diversas, si se carece de razones para apoyar a cualquiera de ellas, ¿por qué sería malo no apoyar a ninguna? Se diría, más bien, que eso es lo racional o razonable, porque no cabe defender como razonable dar el voto a alguien sin ninguna razón. Lo único malo que puede tener la abstención es que se deba a la pereza. Pero esa pereza es fácil de eliminar: se comparece en el colegio electoral y se vota en blanco (o sea, se entrega el sobrecito sin nada dentro) o se vota nulo. De ese modo, queda claro que uno no ha actuado por pereza y, además, nadie puede apuntarte en una lista de abstencionistas desafectos.

EL “VOTO UTIL” Y EL “MAL MENOR”: DOS TRAMPAS MORTALES

Por su parte, el argumentario del “voto útil” presupone que la utilidad debe primar sobre la racionalidad, lo que, como principio o axioma, resulta de gran debilidad. Si no hablamos de lo que a unas y otras candidaturas les pueda ser útil, sino de la utilidad del votante, ¿puede serme útil lo que hago contra los dictados de mi razón? La posibilidad de la utilidad de lo irracional se encuentra exclusivamente en el territorio de lo aleatorio, de la suerte. Pero para jugar a la suerte están la lotería o los casinos. Y, bien mirado, la apelación al “voto útil” vale sólo en el caso de que el elector encuentre razones para votar A y razones para votar B. Entonces, puede decidir votar B, porque los resultados favorables a B son de más probable consecución que los de votar a A, pese a un ligero mayor peso de sus razones personales para votar A. Pero cuando no encuentra razón para votar ni a A ni a B (o tiene buenas razones para no votar ni a A ni a B), ¿en qué consistiría para el elector la utilidad de apoyar lo que considera indigno de su personal apoyo?

Para responder a esta pregunta aparece enseguida la tesis del “mal menor”. Unos te dicen: “sí, no hay razón para votar A ni para votar B, pero vota B porque el triunfo de B es menos malo que el de A“. Y otros afirman exactamente lo mismo pero a la inversa. La consecuencia inmediata de hacer caso a unos o a otros en lo del “mal menor” es que todos acabamos votando, indefectiblemente, lo que, en sí mismo, nos parece mal, porque no hemos encontrado una buena razón para votarlo (o sí, solo que frente a una buena razón para votar a A o a B encontramos seis buenas razones para no votar ni a A ni a B). Pero hay algo muy serio contra el voto al “mal menor” y es que, mediata o indirectamente, el voto sistemático en favor del “mal menor” contribuye de manera decisiva a perpetuar un statu quo que uno considera indeseable para sí mismo y para los demás. Elección tras elección, votar al “mal menor” impide toda posibilidad de regeneración e incluso de leve mejoría de las cosas. Los “males menores” ni siquiera adelgazan, sino que engordan hasta que resulta extrañamente paradójico seguir llamándoles "menores".

Y, en un plano individual, los del “mal menor” que te convenzan están, por un lado, abusando de tu instintivo civismo y, por otro, despreciando cada vez más tu personal criterio, puesto que consideran tu voto como conquistado de antemano gracias al artilugio del “mal menor”. Paradójicamente, tu alto grado de oposición al “mal mayor” provoca que los del “mal menor” no te hagan el menor caso, no se enmienden lo más mínimo. Dicho de otra manera: como piensan que, a fin de cuentas y aunque sea por la vía del “mal menor”, eres “de los suyos”, no pintas nada para esos “tuyos”: ningún esfuerzo harán para merecer, de verdad, tu voto. Verás, en cambio, cómo sí se esfuerzan por "merecer" votos inclinados en principio al “mal mayor”.

Hay, además, algo razonable y, más, aún, racionalmente obligado cuando se nos coloca en la tesitura del “mal menor”: pensar en lo menos malo con un horizonte no limitado a los cuatro años hasta las elecciones siguientes. Así, con esa más amplia perspectiva, puede resultar perfectamente lícito y acertado pensar que el triunfo del “mal menor” a corto plazo muy probablemente conduzca a un “mal mayor” a medio plazo.

Por lo que acabo de decir (y algo más que sin duda habré olvidado), a mí me parece que, física y metafísicamente, 20 ó 1000 buenas razones para no votar al PSOE/ ZP/XX no constituyen ni una sola buena razón para votar al PP/MR. Vamos ahora con un ejercicio de imaginación. Vamos a suponer que, según la naturaleza de las cosas, que muestra la clara diferencia entre la opción de votar o no votar al PSOE (ZP) y la opción de votar o no votar al PP (MR), dos millones de electores resueltos a no votar PSOE (ZP) se apuntan al criterio “MI VOTO PARA EL QUE SE LO CURRE” (o, si prefieren algo más educado y académico, “MI VOTO PARA EL QUE SE LO MEREZCA”) y proceden, con frialdad lógica, a buscar las razones primero para decidir sobre la primera opción (votar o no al PSOE y a ZP) (lo que sólo les lleva un segundo, porque ya han visto más de veinte buenas razones para no votar a ZP o al PSOE) y, después, a buscar buenas razones (al menos una buena razón) para resolver sobre la segunda opción (votar o no al PP y a MR). Supongamos que un millón y medio de esos dos millones de electores, siguiendo este método tan racional, concluyen que carecen de una buena razón para votar al PP (MR) (o que tienen buenas razones, de peso, para no votar al PP/MR). Supongamos que ese millón y medio de electores deciden votar en blanco o abstenerse. ¿Cómo influiría esa decisión en el resultado electoral? Me parece que la influencia consistiría en que el PP no ganase las siguientes elecciones generales o no las ganase con suficiente margen para gobernar. Después. el PP tendría que cambiar o refundarse.

Salvo grandes novedades, que me parecen altamente improbables, yo tengo ya decidido qué voy a hacer con mi voto, aunque no quiero decirlo. Pero sí quiero decir que un millón y medio de electores condicionando su voto al PP de MR a que ese PP y el mismo MR se aclaren, se refuercen con gente competente y presenten un programa en positivo, sin demasiadas vaguedades, sería una presión -que es posible de mil modos diversos: cada elector puede encontrar varias vías y hay tiempo- altamente beneficiosa para este país. Porque está por ver cuántos votos merece el PSOE, cuántos el PP y cuántos otras formaciones políticas menores. Pero no ofrece duda que nosotros, los españoles, no merecemos por más tiempo a la misma clase política actual. Y si no pudiéramos cambiarla con las elecciones generales próximas -que, en cierto modo, sí podríamos- al menos deberían saber que no cuentan con un digno apoyo ciudadano.

miércoles, 16 de febrero de 2011

POR QUÉ ES TOTALMENTE RECHAZABLE LA “LEY SINDE.2”, YA APROBADA


PÉSIMA EN SÍ MISMA, PELIGROSÍSIMA COMO PRECEDENTE
(versión actualizada, por desgracia, del post de 27 de enero de 2011)



(Se destroza la Justicia para agrandar la Administración, a cuento de los derechos de autor)


  • NOTA: Acabo en enterarme, a las 22.30 del día 16 de enero de 2011, que en el periódico La Gaceta de los Negocios, del grupo Intereconomía, aparece, como si de un artículo mío se tratase, un texto con mi firma titulado "'Ley Sinde': una chapuza aberrante". Me importa mucho hacer constar que no he remitido ese texto a ese periódico. Respondí afirmativamente a una solicitud de autorización para reproducir una entrada de este blog, como tal entrada y siempre que constara la procedencia. El comentario de lo ocurrido me parece supérfluo. 

La propiedad intelectual, por especial que sea (que lo es, y mucho), no deja de ser un derecho subjetivo de algunas personas: los autores de ciertos productos de la inteligencia. Que esté en vigor una Ley, la 34/2002, de 11 de julio, “de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico” y que exista una llamada “sociedad de la información” (definida legalmente en términos mucho más estrechos que los que sugiere esa expresión) no altera la naturaleza de la propiedad intelectual como derecho subjetivo. La citada Ley se ocupa (art. 1) de “la información y de la contratación por vía electrónica, en lo referente a las obligaciones de los prestadores de servicios incluidos los que actúen como intermediarios en la transmisión de contenidos por las redes de telecomunicaciones, las comunicaciones comerciales por vía electrónica, la información previa y posterior a la celebración de contratos electrónicos, las condiciones relativas a su validez y eficacia y el régimen sancionador aplicable a los prestadores de servicios de la sociedad de la información.” Lo que puede ser objeto de propiedad intelectual son determinados contenidos de la información y de las comunicaciones por vía electrónica, pero, como acaba de verse, la citada Ley se ocupa de unos servicios y de quienes los prestan, no de los contenidos. La misma Ley dispone que ésta “será de aplicación a los prestadores de servicios de la sociedad de la información establecidos en España y a los servicios prestados por ellos“. La tan repetida Ley no cambia el derecho de propiedad intelectual.

Así las cosas, si alguien afirma que otro sujeto está vulnerando su derecho de propiedad intelectual, decidir si existe esa vulneración y cuál es la reacción jurídica apropiada es algo que a) incumbe a los Tribunales de Justicia y b), en concreto, corresponde a los Tribunales de la rama u orden civil de la Justicia.

Lo primero (a) es consecuencia de lo que le corresponde a la Justicia según concepciones hasta ahora unánimes en el mundo civilizado, pero que, además, subyacen claramente a lo que expresa la Constitución Española (CE) en su art. 24 en relación con el 117 (tutela judicial de los derechos de los sujetos jurídicos, esos derechos que son atribuibles a tales y cuales personas, que son de esas personas y de los que sólo ellas -y nadie más- disponen) y a lo que, sensu contrario, afirma el art. 103.1, del que resulta claro que la Administración está para servir con objetividad “intereses generales”. En esos preceptos dice la Constitución cuáles son las muy diversas atribuciones de los Tribunales de Justicia y de las Administraciones Públicas. La Ley Sinde.2, lamentablemente aprobada, no debería alterar ese "reparto" de atribuciones a órganos separados (a poderes distintos del Estado).

Lo segundo (b), esto es, la atribución de las pretensiones sobre propiedad privada a la Jurisdicción civil deriva también de una convicción general en la parte civilizada de nuestro planeta, pero, más concretamente, está dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y en las Leyes de Enjuiciamiento Civil, de Enjuiciamiento Criminal, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y de Procedimiento Laboral, cuando establecen los ámbitos de las ramas civil, penal, contencioso-administrativa y social o laboral de la Justicia. Según esas leyes (que sería muy prolijo citar y reproducir aquí, pero que son fácilmente accesibles, gratis, por internet) a la Jurisdicción Civil le corresponde lo que se considera propio de ella por consenso jurídico indiscutible y, residualmente, lo que no corresponda expresamente conforme a las leyes a otro orden o rama de la Jurisdicción (art. 9.2 LOPJ) (v. en especial, lo que le corresponde a la Jurisdicción contencioso-administrativa, según los arts. 1, 2 y 3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, mediante el siguiente enlace:


La primordial protección jurídica de la propiedad privada es, pues, tarea propia de la Justicia civil. No de la Administración. Con ocasión de la actuación administrativa en el ámbito de la mal llamada “sociedad de la información” de la Ley 34/2002, la Administración no debía, si quería respetar los muros de carga de nuestro ordenamiento jurídico, erigirse en definidora de titularidades de propiedad privada intelectual y de pretendidas infracciones de ese derecho subjetivo, por delante de los tribunales de justicia. Al hacerlo, como lo va a hacer, está afirmando que la definición de ese derecho subjetivo y de sus infracciones es, en cada uno de los casos, algo de “interés general”. Y al afirmar algo así, la ley "Sinde.2" está, por así decirlo, mintiendo, faltando a la verdad a sabiendas (la ignorancia no se puede presumir aquí). Porque si, por poner un ejemplo, alguien plagia unas páginas de un libro mío o si lo ofrece entero a cualquiera, sea via internet o en fotocopias “encuadernadas” con canutillo, gratis o cobrando, a la generalidad de los ciudadanos no les ocurre nada de especial interés. A quien eso le interesa es solamente a mí y a la editora de ese libro mío. No hay ningún interés general.

Pero, ¡atención!, porque en cuanto hablamos -siguiendo con el ejemplo- del interés de la empresa editora de mi libro, estamos hablando ya de la protección de los derechos derivados de un negocio legal de edición de publicaciones y ya no cabe afirmar que hablamos del derecho de propiedad intelectual de mi libro, porque yo soy el único titular de ese derecho. [INCISO: Las editoriales, con mucha frecuencia, quieren que el autor les ceda su derecho de propiedad intelectual o sus "derechos de autor". Conforme a la letra de muchos contratos, así se estipula, aunque, en el fondo, está claro que esa estipulación no convierte a la editorial en autora. (Está claro, por ejemplo, que una acusación de plagio sólo puede hacerla legítimamente el autor intelectual;  tendré que hacerla yo, si quiero). Personalmente, nunca he aceptado esos términos: lo que propongo es ceder los beneficios económicos de la explotación editorial de mi obra, pero no cedo mi propiedad intelectual. Y ninguna editorial me ha puesto pegas a ese “matiz”]. En todo caso, el libro no es pura propiedad intelectual: hay involucrado algo más: ciertos productos materiales (papel, cartón, etc.,), actividad impresora, actividad editorial y distribución (y quizá me deje algo). La protección jurídica de los derechos ligados al soporte material de un producto intelectual susceptible de propiedad privada y situado en el mercado de bienes muebles no es protección de la propiedad intelectual, sino que va mucho más allá de la protección de la propiedad intelectual.

Algo semejante sucede cuando las obras (textos, sonidos, imágenes, imágenes asociadas a sonido, etc.) que pueden atribuirse a alguien como autor (propietario intelectual) se sitúan entre los contenidos de la comunicación electrónica, de internet. No engañen los políticos y los parlamentarios al público hablando sólo o principalmente de proteger la propiedad intelectual. Porque cuando quieren actuar sobre las denominadas “descargas ilegales” de contenidos de internet (y no digo que no haya nunca ilegalidades y que no haya nunca que actuar) no se están preocupando sólo ni principalmente de los derechos de propiedad intelectual, sino también y sobre todo de otros derechos. Y tampoco digo que esos otros derechos e intereses no puedan ser y no sean nunca legítimos. Admito que pueden ser susceptibles y merecedores de protección jurídica. Pero lo que se discutía con el proyecto de la "Ley Sinde.2" no era todo lo que tenía y tiene que discutirse, sino sólo el protagonismo y el modo de la "protección" de diversos derechos -no sólo ni principalmente el derecho de propiedad, insisto- que proponía brindar un concreto proyecto de ley. Lo que se discutía -habiendo aparcado de nuevo, ya por demasiado tiempo, las cuestiones relativas a la noción y al ámbito razonables, hoy, del derecho de propiedad intelectual, cuestiones a las que hay que dar, hoy, unas respuestas distintas de las clásicas- era, tanto o más que la protección de la propiedad intelectual, la protección de las industrias o empresas que explotan productos del intelecto, productos muy diversos, porque el texto de una novela es cosa muy distinta de una completa película o del sonido de concretas interpretaciones de una obra operística o de un concierto para violín y orquesta, por ejemplo.

Sentado lo anterior, lo que sostengo sobre la ya aprobada “Ley Sinde.2” (dejando a un lado si será eficaz) es, en primer lugar, que constituye una sedicente protección de la propiedad intelectual que rompe indebidamente esquemas básicos del reparto de funciones que se asignan a los diferentes poderes del Estado, porque atribuye a la Administración algo impropio de ella y, en segundo lugar, que, postergada la Justicia por un claro abuso de poder, se sustrae a la Jurisdicción civil un papel que le corresponde y se cambia la protección jurisdiccional que la Justicia civil debería dispensar por una insuficiente y mal estructurada intervención de órganos judiciales de lo Contencioso-Administrativo.

Cuando, conforme a la “Ley Sinde.2”, la Administración se introduce -con preferencia decisiva sobre los tribunales de Justicia- en cuestiones dizque de derechos subjetivos de propiedad, resulta innegable que la Administración, dependiente del Gobierno, está queriendo ultaproteger, no tanto a los titulares (aparentes) de derechos de propiedad intelectual, sino, mucho más aún, a las industrias y empresas que explotan obras de propiedad intelectual, ultraprotección que va en detrimento de la protección jurídica y real del resto de las personas.

Con otras palabras: la “Ley Sinde.2” revela que la clase política ha querido una singularísima protección de unos sectores económicos privados (y no intervenidos conforme al art. 128.2 CE), que correrá muy directamente de cuenta de la clase política a través de la Administración, en vez de depender de lo que cada autor quiera hacer (o no hacer) respecto de su obra, acudiendo a los Tribunales de Justicia. Como, de hecho, innumerables autores íbamos y vamos, cada uno por nuestra cuenta, defendiendo lo nuestro (o dejándolo estar) con los instrumentos que ya nos proporcionaba el Derecho sin necesidad de la “Ley Sinde.2”, es obvio que la clase política estaba resuelta a apoyar de manera tumbativa, abrumadora, a ciertos colectivos de autores. Y, por supuesto, que ha querido apoyar más aún a ciertos grupos de empresas que -con ánimo de lucro, claro es, no benéficamente- se dedican a prestar determinados servicios (producción, edición, distribución) a los autores aludidos.

La "prueba del nueve" de quiénes son los principalísimos beneficiarios de la "protección" de la propiedad intelectual es que el procedimiento administrativo inventado no se abre sólo a solicitud de los titulares de propiedad intelectual.

Los tramposos y desvergonzados "argumentos" contra la Justicia y el proceso


Una cuestión clave es ésta: si tanta protección, y muy rápida, necesitaban esos autores y esas empresas, ¿por qué no diseñar un proceso civil muy rápido con casi los mismos plazos que el extraño procedimiento administrativo de la “Ley Sinde.2”? ¿No hubieran estado y no estarían mejor protegidos los derechos de todos si resolviese un juez independiente? Como a esta pregunta, bien clara y sencilla, no se ha respondido de modo sencillo y claro (o no se ha respondido de ningún modo), es evidente el afán expansionista de la Administración, con menoscabo de las atribuciones de la Justicia, administrativizando la resolución de conflictos. Y asimismo es innegable el claro fundamento totalitario del engendro consensuado. Lo dejo escrito como ciudadano, como jurista y como autor.

Con la boca pequeña, aunque constantemente, defensores de la “Ley Sinde” en todas sus versiones aducen la lentitud de la Justicia. Ante este alegato, no es cosa de dejarse engañar como bobos, sin caer en la cuenta de que, frente a la “lentitud de la Justicia”, estos defensores de la "Ley Sinde" no pueden oponer, sin incurrir en un tremendo exceso de sarcasmo, una proverbial y constante rapidez, eficacia y pulcritud jurídica de la Administración. Un proceso civil de rápida protección de la propiedad intelectual hubiera sido perfectamente posible a muy corto plazo. Lo que sucede es que los políticos no quieren someterse a la Justicia y no ofrecen medios a la Justicia (al contrario, los recortan) y, en cambio, cuando les interesa (sólo cuando les interesa), los ponen, a veces generosísimamente, en manos de ciertos organismos administrativos.

Ahora mismo, una operación similar de administrativización está en curso. Es una operación sumamente peligrosa para todos, consistente en sustraer el Registro Civil de las manos de los jueces y administrativizarlo por completo, con forzosa y total informatización. Después de negar “efectivos” y recursos materiales a los Registros Civiles en que un Juez independiente decide, los políticos totalitarios alegan la lentitud de los Jueces -provocada por ellos- para poner el nacimiento, la muerte, el parentesco, la nacionalidad, la ciudadanía, etc. de todos nosotros en las solas manos de funcionarios con aplicaciones informáticas (en las que se están invirtiendo millonadas, que engrosan las arcas de ciertas empresas) gobernadas por un Ministerio (ahora, el que todavía se apellida “de Justicia”). Ya han prohibido, incluso si el “sistema” se “cae”, hacer nada en soporte papel. Piensen mal y se quedarán cortos. Los nuevos tiranos (nuevos por edad: su ADN es el de siempre) no saben nada de informática (creen que lo informático es perfecto) y de garantías: de lo que saben es de controlar y de mandar.

Si han perpetrado lo expuesto a cuento (sí, "a cuento") de la propiedad intelectual (la “Ley Sinde.2”) o de nuestro estado civil, ¿qué no harán cualquier día de éstos, por nuestra salud, por la vivienda, por la ausencia de crispación (ya están en ello, con más órganos administrativo-políticos de control), o para que nadie se sienta humillado, inferior o simplemente “mal”?

Voy a ir terminando. En un “post” anterior de este blog apuntaba dos posturas del Juez digno para minimizar en lo posible el engendro si éste llega a ser ley. Primera: para autorizar el requerimiento de entrega de datos que permitan identificar al presunto vulnerador de la propiedad intelectual, el Juez Central de lo Contencioso bien puede -más bien debe- exigir que la documentación que se le entregue acredite causa justa e interés legítimo para el requerimiento de información y, ya que ante el requerimiento no cabe oposición, también sería razonable que el Juez no lo autorizase si no pudiese fundar un juicio propio de probabilidad cualificada de que existe la vulneración del derecho y una relación de esa vulneración con el destinarario del requerimiento. Segunda postura: si el procedimiento administrativo surgido de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual llega al punto en que se decide por la Sección adoptar medidas, un Juez digno debería autorizarlas sólo si se le ha convencido de la certeza de la infracción por quien sería el destinatario y sujeto pasivo de las medidas.

Ya sé que la “Ley Sinde.2” no dice eso y que, con unas buenas dosis de absurdo y de acriticismo, dispone que el Juez pondere (se limite a ponderar) las medidas (ya decididas por la Administración) en relación con el respeto a los derechos fundamentales del art. 20 CE: las llamadas “libertades ideológicas” y la prohibición de secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de comunicación sin autorización judicial. Pero, del mismo modo que no se puede pensar racionalmente que, en la autorización judicial anterior (la del requerimiento), el Juez está llamado legalmente a oficiar de comparsa o autómata, sino que debe suponerse que autorizar o no el requerimiento ha de estar regido por criterios razonables, respecto de esta segunda y decisiva autorización de las medidas es forzoso entender que tampoco está el Juez para la mera acción de estampar sellos de legitimidad sin un juicio previo por su parte, conforme a parámetros jurídicos aceptables: si se van a retirar contenidos o cerrar una “web”, ha de constar la existencia de la violación de un derecho, porque para la autorización judicial de un secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de comunicación (aptdo. 5 del art. 20) se exige que lo secuestrado no resulte meramente sospechoso de violar un derecho, sino seguridad o certeza de la violación de otro derecho fundamental. Aquí, aun en los casos en que no se trate de difusión de ideas, pensamientos y opiniones (aptdo. 1, letra a del art. 20 CE) o de la comunicación de información (aptdo. 1, letra d del mismo art. 20 CE), parece razonable que esas medidas (similares al secuestro) al menos se justifiquen por la violación cierta del derecho de propiedad intelectual.

Finalmente, una observación de otra índole. En estas ocurrencias de nuestra clase política influyen ciertos autores y determinadas industrias, que quieren seguir negociando con la música, por ejemplo, como lo han venido haciendo desde la invención del fonógrafo, más o menos. Pero, a mi parecer, lo decisivo, con ser importantísima la presión económica de estas y otras empresas, es el afán de poder y de control y la mentalidad despótica, que hace ya bastante tiempo desbordaron fronteras ideológicas tradicionales y posiciones políticas teóricamente diversas y se instalaron en innumerables personas de todos los partidos. No hay presiones económicas externas en el ejemplo real que he puesto, relativo al Registro Civil, como tampoco en el control interno de la Justicia con las reformas de 2003 y 2009. El autoritarismo ambiental se alimenta, sí, con un factor económico: el presupuesto que se maneja y los dineros que se pueden movilizar son la medida real del poder. Por eso, nuestra clase política es (aunque siempre puedan encontrarse dentro de ella excepciones individuales) plenamente concorde en la idea de que el único poder es el Ejecutivo: los Gobiernos (nacional, autonómicos, municipales) con sus correspondientes Administraciones. Así hemos llegado a un Estado de Derecho meramente formal, donde la separación de poderes y la independencia judicial son palabras huecas. Los legisladores apenas se toman en serio a sí mismos (y tampoco les dan facilidades, con la infumable e inconstitucional disciplina de partidos y otros muchos mecanismos) y a los Jueces hay que tenerles a raya mientras todavía queden algunos que se crean verdaderos titulares independientes de la potestad de decir y realizar el Derecho, mientras no se hayan transformado, como se está pretendiendo con bastante éxito, en dóciles funcionarios titulados, sujetos, como todo simple funcionario, a una clara jerarquía de mando. Vean el post del domingo 6 de febrero de 2011, “SOMOS UNA NACIÓN QUE SABE PONERSE EN PIE Y VOLVER A CAMINAR” "LA VERDADERA POSTRACIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA (I)":

Éste es el link directo: http://andresdelaoliva.blogspot.com/2011/02/somos-una-nacion-que-sabe-ponerse-en.html

En el fondo, determinante de todo, un envilecimiento generalizado: el de despreciar la libertad ajena (empezando por la de pensar y expresarse) y estar bien dispuestos a limitar la propia, intercambiando con gusto sus dimensiones más altas por lo que llaman “calidad de vida”. Como este envilecimiento se encuentra tan extendido y arraigado, podemos ver sujetos con camiseta de liberales vendiéndonos como avances de la libertad los más tremendos abusos.

martes, 15 de febrero de 2011

“PARA GANAR LAS ELECCIONES, HAY QUE MERECERLO” (I)


MÉRITOS Y DEMÉRITOS DE PSOE Y PP


"MÁS DE 20 BUENAS RAZONES PARA NO VOTAR A W. Y NI UNA SOLA PARA VOTAR A H."
(POR DERECHO, 26 de junio de 2009)


D. José Luis Rodríguez Zapatero (ZP) ha dicho en Sevilla, el 13 de febrero de 2011, una gran verdad, que encabeza este “post”. Pero como decir verdades dista mucho de ser la afición y la dedicación de ZP, las palabras transcritas eran una “oración subordinada” de otra “oración principal”, con lo que la gran verdad resultaba convertida en simple mensaje político-partidista-electoral: “el Partido Popular no sabe que, para ganar las elecciones, hay que merecerlo”.

Como mensaje político-electoral, la frase completa de ZP, si no mendaz -porque es verosímil y probable esa ignorancia del PP- resulta vulgar y poco afortunada en la medida en que lanza implícitamente -ahora se suele decir “subliminalmente”, pero lo subliminal no es lo mismo que lo implícito- la idea de que el PSOE y el mismo ZPmerecen ganar las elecciones (las municipales y autonómicas, primero; las generales, después). Y aceptar esa idea, hoy, parece empresa asequible sólo para unos pocos "fans", que siempre los hay.

Eso de “merecerlo”, que ha dicho ZP sobre ganar las elecciones, no ha sido sino un recurso retórico para persuasión (que es de lo que trata la retórica) de potenciales votantes. Y ha consistido en introducir, respecto del resultado de la contienda electoral, la idea de mérito, en la que se da una clara implicación ética. Mérito implica algo bueno, positivo, mientras que demérito o ausencia de mérito connota algo malo, negativo. Puedes ganar un concurso porque posees el mejor curriculum o superas unas pruebas brillantemente o porque presentas la mejor propuesta (lo ganas merecidamente, bien ganado) o puedes ganarlo porque tienes padrinos o amigos (lo ganas inmerecidamente, mal ganado). Ganar con o por méritos es lo que debe ser. Ganar, como sea, es sencillamente lo que es, lo que ocurre, pero que no debería ser: ni para ganar una oposición de Letrado de Consejo de Estado ni para ganar el concurso de un gran obra pública.

A estas alturas de nuestra historia reciente, que ZP introduzca elementos éticos en sus discursos largos o en sus frases cortas, difícilmente va a cambiar la muy generalizada idea de ZP como un sujeto bastante increíble en cuanto a la ética se refiera. No es momento, por lo demás, de intentar un pequeño ensayo sobre lo que debería determinar una victoria electoral. De manera que me alejaré de la teorización. Lo que ahora ocurre es que muchos -también en la izquierda y en el PSOE mismo, por supuesto- consideran que ZP tiene merecido no ganar las elecciones, sino perderlas. Que eso es así lo demuestra la insistencia superlativa, desde dentro del PSOE, en que ZP no sea candidato. ZP también ha dicho en Sevilla, el mismo día 13 de febrero de 2011, que el discurso del PP se limita a cinco palabras: “la culpa es de Zapatero”. Quizá tenga razón ZP en la limitación del discurso popular, pero, al parecer, no ha caído en la cuenta de que ese mismo discurso lo recitan a diario centenares de dirigentes socialistas (“si estamos así es por culpa de ZP”; “ZP es una catástrofe y se va a cargar hasta el PSOE”, etc.). Algunos de esos dirigentes, titulares de baronías, lo están diciendo en público: “anuncia ya si sigues o te vas… pero ni se te ocurra seguir”.

Enseguida vuelvo directamente sobre las próximas elecciones en España. Primero, voy a la defensa de ZP que anuncié en “post” de 6 de febrero pasado. No es verdad que la culpa de todo sea de ZP y y no es justa esa atribución de culpa exclusiva. Se equivocan en el análisis de lo sucedido en estos años y cometen injusticia los que, en el PSOE, en el PP o al margen de uno y otro partido, arrojan todas las culpas a ZP. Recordemos cosas obvias: ZP no se colocó a sí mismo a la cabeza del PSOE. ZP es un producto PSOE. (Siento la tristeza que esto les causará a mis buenos amigos socialistas, que no son muchos, pero son buenos, pero veo así las cosas). Es un producto tan netamente PSOE que, terminada la carrera de Derecho (y sin conseguir plaza de profesor en la Universidad de León, aunque ahora su “bio” oficial diga lo contrario), ZP no ha hecho en la vida otra cosa que pertenecer al PSOE. El PSOE delimitó la contienda electoral interna a una alternativa que prefiero no calificar: o José Bono Martínez o José Luis Rodríguez Zapatero. Aunque por poco, los “grandes electores” del PSOE designaron Secretario General del PSOE a José Luis Rodríguez Zapatero. Fue candidato del PSOE a las siguientes elecciones. Y el PSOE bien que se alegró de ganar esas elecciones generales del 14 de marzo de 2004 y de volver a ganar las del 9 de marzo de 2008, siempre con ZP como “number one”. El número de militantes o simpatizantes del PSOE designados por ZP ha sido y es sencillamente incalculable. Y ZP no ha ideado ni hecho por sí solo cuanto a hecho, ni ha estado solo, sino muy acompañado por todo el PSOE, en sus clamorosas negaciones y omisiones, especialmente en las relativas a la crisis económica. La culpa (de todo o de lo más importante) no es sólo de ZP: al PSOE no le debe valer sacrificar a ZP como un chivo, ni expiatorio ni propiciatorio. El PSOE ha apoyado a ZP en sus reformas legales más discutibles y en sus aventuras más perniciosas.

Algunos, entonces en considerable soledad, no tardamos demasiado en darnos cuenta de cómo era o quien era en realidad ZP. En mi artículo ANTE EL FEDERALISMO DE ZAPATERO, (ABC, 7 de octubre de 2005) dije, entre otras cosas, lo siguiente:

“Es un tópico consolidado que aquí, en España, se está reestrenando el postfranquismo inmediato, la Transición y el proceso constituyente, como si estuviésemos de nuevo a finales de 1975. Eso sucede, sin duda, porque a algunos, con poder, no les gusta el resultado de ese trozo de historia española. Y es probable que, además, deseen, incluso inconscientemente, tener un protagonismo histórico distinto de hacer avanzar día a día un país ya constituido. Este fenómeno de “remake” desconcierta y desagrada a bastantes, que no le ven sentido ni lo consideran positivo. Así las cosas, surge otro tópico: el Presidente del Gobierno no sabe adónde va. “

“Pienso que, al contrario, lo que hace y lo que se propone el Sr. Zapatero es algo “de libro”. Ocurre, eso sí, que ese “libro”, que estaba descatalogado, no se reeditó antes de las últimas elecciones generales. Pero el Sr. Zapatero en absoluto carece de sustrato intelectual (en concreto, ideológico) y, por supuesto, dispone de un “libro” y hasta de un “mapa”, si bien a escala 1/5.000.000 y no actualizado.”

“Talantes y posibilismo aparte, el Sr. Zapatero es un federalista y un socialista radical “de libro”, incardinado políticamente (a sabiendas o no, da igual), en un determinado sector de los protagonistas de la Segunda República. Por eso tanteó en serio una reforma directa de la Constitución española de 1978. Por eso, más que por ser rehén de Esquerra Republicana para conservar el poder, sintoniza con Esquerra Republicana, lo mismo que con el PNV. Por eso entiende a ETA como un problema sustancial y primordialmente político.”

“Algunos episodios menores, en vez de casualidades debidas a errores de cartelería o de un florista israelí, quizá sean más bien indicios de todo esto. La Marcha Real, himno oficial de España, ha sido olvidada en actos de los que era responsable el Gobierno del Sr. Zapatero. Y la bandera constitucional de España, roja y gualda, ha estado ausente en actos semejantes. La pasada Conferencia de Presidentes de Comunidades Autónomas, también inicialmente sin esa bandera, parecía destinada a escenificar la España federal, mucho más que a resolver el problema de la sanidad.”

Después de esta primera etapa y, a la vista de las encuestas, ZP, con el PSOE apoyándole, volvió a enarbolar la bandera constitucional e instauró la cantinela (o cantilena) del “Gobierno de España” hasta en la sopa.

De las aventuras ultra federalistas de ZP, acompañado sin reservas por el PSOE, me seguí ocupando en el 2005 (v. ¿PUEDE ESPAÑA SEGUIR SIENDO UNA NACIÓN?, en ABC, 17 de noviembre) y a comienzos del 2006 (v. SACAR A ESPAÑA DE SUS CASILLAS (ABC, 23 de enero), hasta concluir en LA INDISIMULABLE INANIDAD DEL PRESIDENTE (ABC, 3 de junio de 2006):

“Desde el comienzo de su actuación parlamentaria, me he tomado en serio el pensamiento conocido del señor Zapatero, en vez de tratarle despectiva o desdeñosamente. He leído con sosiego sus palabras, que han sido objeto de mi meditación. Y he afrontado con naturalidad no entenderle a la primera y, por supuesto, no compartir bastante de lo que entendía.” Poco después, escribía este otro párrafo: “acerca del pensamiento del señor Zapatero resulta decisiva su tajante contraposición entre «los hechos» y «las palabras». A riesgo de que se me considere injustamente enemigo del señor presidente, la conclusión a que obliga esa contraposición es que este presidente del Gobierno adolece de una inanidad intelectual indisimulable, casi espectacular.”

Me he permitido las anteriores autocitas porque me importa dejar bien acreditado que no he sido ni desconsiderado a priori con ZP ni tardío en el descubrimiento de su talla intelectual y moral ni tímido o eufemístico en la crítica a su actuación. Esto sentado, debe resplandecer la verdad monda y lironda, a saber, que ZP ha sido y es un producto de la Factoría PSOE. La Factoría PSOE puede ahora retirar el producto ZP del mercado, pero la responsabilidad por los daños y perjuicios es y debe ser atribuida al PSOE.

De manera que sí, los resultados de las encuestas actuales revelan que, ahora, una mayoría de españoles piensa que ZP no merece ganar y que tampoco el PSOE lo merece es porque  tienen ambos muy merecido ese veredicto de grandes deméritos, veredicto provisional, pero hoy por hoy contundente.

"MÁS DE 20 BUENAS RAZONES PARA NO VOTAR A W. Y NI UNA SOLA PARA VOTAR A H."

Otra cosa son los méritos del PP para ganar las próximas elecciones (las municipales y autonómicas primero; las generales, después). Si ZP, en vez de decir lo que ha dicho, quería decir lo que se está afirmando por tantos, a saber, que el PP no debe plantearse ganar a base de que el PSOE pierda, tiene toda la razón.

Sobre municipales y autonómicas no voy a hablar, porque cada municipio y cada Comunidad autónoma presentan notables diferencias. Pero en cuanto a las elecciones generales y los méritos del PP (del PP que existe, presidido por Rajoy), ya he apuntado aquí muchas veces mi rotundo desacuerdo en asuntos que considero de máxima importancia: la Justicia y la autenticidad del Estado de Derecho es sólo uno, aunque suficiente para mi criterio electoral y pienso que para el de los ciudadanos más apegados a los fundamentales valores democráticos: la igualdad ante la ley, la efectiva tutela contra la arbitrariedad, la sumisión de los poderes públicos al Derecho. Ha sido enorme el daño que, por consenso con el PSOE, ha hecho el PP y aún puede ser -está a punto de ser, si contribuye a la desaparición de los Juzgados de todo tipo con el camelo de los “Tribunales de Instancia- sencillamente devastador y prácticamente irreversible. Del PP es la pésima reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, perpetrada en el 2003, culminada en la cooperación necesaria para la ley de megareforma procesal relativa a la mágica "oficina judicial", en el 2009. He comentado también en este “blog” el enfangamiento del PP en el engendro de la Comisión de Propiedad Intelectual (vulgo “Ley Sinde.2”). Y no menos grave es la implicación del PP en la suciedad política judicial: en las relaciones con asociaciones judiciales, en las normas y en la praxis de designación y de funcionamiento del CGPJ, órgano corrupto y corruptor, máximo exponente del “Estado de Partidos”; en el partidismo del Tribunal Constitucional; etc. El tema –que conozco muy bien- me asquea y me entristece desde hace mucho tiempo.

En materia educativa y, más concretamente, universitaria, fue el PP quien (en la segunda y lamentable segunda legislatura de Aznar) creó y lanzó la ANECA, no para una seria evaluación externa de los méritos de los profesores, sino para aplicar unos métodos irracionales e injustos, a base de criterios, en gran medida erróneos, que en realidad aplican una serie de funcionarios, con el respaldo de profesores que aparecen como evaluadores y son seleccionados sin trasparencia y sin motivación, pero que, con muy honrosas excepciones (que han determinado su cese), cobran las magras dietas y disfrutan del poder que su posición les confiere. Pero es que, además, los sucesivos responsables de educación en el PP (también con excepciones individuales, que han acabado arrinconadas) han confundido fomentar la constitucional libertad en materia de enseñanza con la despreocupación, a veces extrema, por los centros públicos. En el ámbito universitario, que conozco bien, el PP no ha parado de oscilar entre el desinterés y los disparates.

Así las cosas, el mismo día 13 de febrero de 2011, mientras ZP profería en Sevilla las palabras transcritas en el título de este “post”, D. Mariano Rajoy, en Santiago de Compostela, afirmaba, según Europa Press, que España no tiene hoy "un problema ideológico sino fundamentalmente de competencia".

Que España tiene un problema de competencia (de sus gobernantes y dirigentes) resulta evidente. Es mucho más claro el problema de competencia que el de competitividad. Pero negar que España tenga “un problema ideológico” me parece, en cuanto a visión de España, padecer cataratas agudas en ambos ojos o hallarse al borde de un doble desprendimiento de retina. Si el Sr. Rajoy no ha incurrido en un lapsus linguae muy gordo, se diría que considera inexistente -o, lo que sería aún peor, irrelevante para él y para el PP- el conjunto de problemas que ha generado en España toda la ingenieria social del PSOE, pese a que en esa ingeniería se han gastado los más eficaces esfuerzos del PSOE y muchos millones de euros de todos. Salvo lapsus linguae, que debería aclarar, D. Mariano Rajoy (MR) nos estaría diciendo que no ve problema ideológico en la instauración por doquier de la tiranía de lo correcto (artística, cultural, histórico, político, etc.), en el dirigismo social desde los poderes públicos, en la aplicación plurifacética de la "ideología de género" y sus conocidos derivados legislativos, en la confusión entre aconfesionalidad del Estado, libertad religiosa y militancia antirreligiosa (y, más precisamente, anticatólica, porque al islamismo o al confucionismo no se les ponen trabas), en la promoción de los “derechos” absolutos de la sexualidad, en la educación pública de los menores en el inmediato ejercicio de esos “derechos”, en la política anti-natalista extrema, en la sustitución del respeto al derecho a una muerte digna por la promoción de la eutanasia a cargo de presuntos seres superiores, jueces de la dignidad o indignidad de la vida, e così via, que dicen los italianos.

Este mensaje reductivo del Sr. Rajoy sobre los problemas de España es demasié para mi body y hasta para mi soul. Ya sé que ésta no es una crítica intelectualmente rigurosa, sino un tanto cheli, pero no me parece que la tesis de D. Mariano sobre los problemas de España dé para más.

Lo que sí da para mucho más -y si no, lean el próximo “post”- es la cuestión de si votamos a quien se lo merece o votamos porque sí o si más nos valdría tener alguna razón para votar a alguien. Yo adelanto mi conclusión: “el voto, para el que se lo curre”. Anuncio que fundamentaré esta conclusión próximamente y les aconsejo, como ejercicio preparatorio, releeer el post de 26 de junio de 2009, titulado como reza el anterior subepígrafe. Facilito el enlace: http://andresdelaoliva.blogspot.com/2009/06/20-razones-para-no-votar-x-y-ni-una.html.

jueves, 10 de febrero de 2011

“SOMOS UNA NACIÓN QUE SABE PONERSE EN PIE Y CAMINAR”, O SEA, SALARIOS MÁS BAJOS Y SAQUEO DE LAS CAJAS DE AHORRO


LA VERDADERA POSTRACIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA (y II)

HACIA DONDE CAMINAMOS EN BENEFICIO DE “LA ECONOMÍA”… Y EN PERJUICIO DE CASI TODOS NOSOTROS

PRELIMINAR. De nuevo la pregunta: ¿qué hace un procesalista metiéndose en economía? Y de nuevo respondo: aunque sea procesalista, también soy un ciudadano con bachillerato de dos reválidas y Preuniversitario, más unos cuantos libros leídos y unas cuantas décadas vividas; la situación económica es la primera preocupación de los españoles y llevo toda mi vida interesándome por lo que pasa en España. Y lo que pasa, lo que está pasando de mayor importancia, es la crisis económica y lo que se hace por la clase política y dirigente con ocasión de la crisis económica. No comencé este blog para hablar sólo de temas y cuestiones jurídicas, después de haber publicado, durante cuarenta años, centenares de artículos y entrevistas en todos los medios de comunicación. Lo comencé y lo continúo para poder decir algo sobre lo que pasa en España. Y si será Mengano o Zutano el próximo Rector de la Complutense, si a Del Bosque debe rendirle un homenaje el Real Madrid, si tal TV se fusiona o no con tal otra e incluso si ZP se volverá a presentar como cabeza de lista del PSOE, si lo será Rubalcaba y hasta si la izquierda abertzale se desmarca de verdad de ETA son anécdotas en comparación con lo que está en juego a cuento de la crisis económica, de los muchos millones de parados y de muchas más personas en serios apuros. De manera que trato de entender lo que pasa y, después, de informar y de opinar. Además: les ofrezco, como jurista, una observación que les interesará: noten que lo que está en juego no depende de reglas jurídicas. Las reglas legales -no necesariamente jurídicas- se han ido creando y se crearán en función de las decisiones del poder. El poder -el político y el económico, muchas veces difícil de identificar- ha tomado la delantera. Es el tiempo de los Decretos-Ley y del absoluto desvalor del Presupuesto, clásica pero obsoleta (en España, al menos) institución-clave del más estrecho control del Gobierno por la representación popular. El Estado de Derecho es una entelequia marginal para quienes mandan. El Derecho (verdadero) no cuenta. Las crisis de solvencia (se entienda ésta como se quiera: iliquidez extrema o inferioridad del activo sobre el pasivo) no se resuelven conforme a la Ley Concursal.

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Para responder a los interrogantes con los que terminaba el “post” anterior, habría que dejar a un lado, de momento, lo más importante de la auténtica postración de España (que es lo que traté en ese “post” de los días 6 y 7 de febrero) y centrarse en los asuntos de la crisis económica: la realidad y las medidas adoptadas o anunciadas. Aunque algo pesado, sería lógico, para empezar, referirse a los principales factores de nuestra realidad económica. Sin embargo, no voy a proceder así, porque un “blog” no es el medio de editar breves trabajos académicos. Lo que voy a hacer es empezar por el final: lo que pienso que van a hacer en el ámbito económico nuestros inestimables “dirigentes”, una vez que consideran alejado el peligro de rescate forzoso, que les costaría demasiado a los rescatadores. Después, al final de este “post” resumiré los factores de la situación económica, con la esperanza de que se comprenda que la conclusión adelantada no carece de sólidos fundamentos.

Lo que me parece que van a hacer nuestros “dirigentes” producirá, a corto y medio plazo, los siguientes efectos:

1º) Bajada de salarios y del poder adquisitivo del conjunto de la población. Operación iniciada.

2º) Desmantelamiento de las Cajas de Ahorro, conversión de unas pocas en Bancos y adquisición (muy probablemente mediante adjudicación) por los acreedores extranjeros (bancos) de las restantes que presenten interés. Enriquecimiento sin méritos de unos pocos. Operación en curso.

3º) Máxima explotación de cualquier vía recaudatoria e incremento de la presión fiscal, que recaerán sobre el común de los ciudadanos. Operación en curso, pendiente de importantes perfeccionamientos.

4º) Gasto público inalterado y, al parecer, inalterable. Evidencia.

5º) Déficit público inalterado y, al parecer, inalterable. Conclusión evidente de los factores reales.

6º) Incremento constante de la deuda pública. Necesidad insoslayable de apalancamiento del Estado, con cada vez mayor endeudamiento.

Efectos a medio/largo plazo:

1º) Crisis de larga duración de la economía real, con altas tasas de paro, consumo y producción deprimidos, vivienda inasequible, descontento ciudadano supino, maniobras de distracción seguras pero de características inimaginables, etc. Ni yo ni nadie (que haya aparecido: seguramente hay alguien) nos atrevemos a ir más allá (excepto la conjetura que me permito en el punto siguiente), puesto que, en una “crisis en L”, no está nunca clara la longitud del palo horizontal inferior, que puede superar a la del vertical.

2º) Posible recuperación si, conseguido por “los dirigentes” un “buen mercado de trabajo”, somos colonizados económicamente y afluye la inversión extranjera. Demasiadas variables, fuera del control de España, influirían en este “escenario”, como ahora se dice: recuperación importante de otros países, desestabilización de alternativas a España (influencia en inversión industrial y en turismo), desplome o desmitificación de actuales “emergentes” (como China, por ejemplo), etc.

Voy a explicarme un poco más.

Bajada de salarios y disminución del poder adquisitivo de la población de la Nación

Además del tijeretazo a las retribuciones funcionariales y de la congelación de las pensiones, se ha puesto ya en marcha una gran operación para el común de los trabajadores por cuenta ajena. Ya se ha comprado por ZP la receta Merkel (o, más bien, lo que ha querido o podido entender de esa receta). El lanzamiento de la idea ha sido éste: “se debe liquidar la relación entre salarios e IPC”, para ir a una relación entre salarios y competitividad. Primera reacción: el Ministro de Trabajo, el pobre D. Valeriano Gómez, rechaza frontalmente la idea de inmediato, como buen sindicalista. Pero a las 72 horas, como buen Ministro, empieza a rectificar y dice algo tan vaporoso como esto: "es bueno que haya una cierta relación entre cómo evolucionan los salarios y los precios" y "en España, desde hace unos 30 años cuando se negocian los salarios se tiene en cuenta la productividad" (noten que, voluntaria o involuntariamente, Gómez habla de “productividad” en vez de “competitividad”). Al principio, también CEOE queda estupefacta ante la posibilidad de que desaparezcan las cláusulas de garantía salarial (indexación al IPC) generalmente previstas en España, durante décadas, en los convenios colectivos, a los que la patronal está perfectamente acostumbrada. Pero a las 72 horas, la CEOE, por boca de su Vicepresidente D. Arturo Fernández, que inicialmente había dicho que “la competitividad es un tema alemán”, se adhiere con entusiasmo a la idea de "salarios-competitividad". Y el Banco de España (BdE) la apoya con la máxima decisión. Y lo mismo hace el Fondo Monetario Internacional y centenares de expertos (reales o presuntos) en periódicos de papel, digitales, blogs, comparecencias públicas. Los sindicatos mayoritarios protestan con la boca pequeña, después de haber obtenido sabrosas compensaciones económicas en 2010.

Desmantelamiento general de las Cajas de Ahorros; permanencia, como bancos, de sólo algunas y adjudicación a “terceros” de las “poco viables” o “inviables”.

Sobre las entidades financieras y las Cajas, en concreto, encuentran datos en el Anexo al final de este “post”. Pero, en síntesis, la realidad es que en estos momentos se arroja sobre las Cajas, ya reagrupadas (mediante las fusiones frías o SIP), una enorme presión de exigencias, con el apoyo de la gran Banca (apoyo que, por cierto, me recuerda, ¡cosas de la edad!, el previo e inmediato que ofrecieron a la expropiación de RUMASA). Mientras escribo, las exigencias se acaban de concretar:  v. http://www.abc.es/20110209/economia/abci-gobierno-exige-capital-basico-201102092009.html

Quienes no cumplan las exigencias, quedarán a merced de un organismo dominado por la clase política especializada en economía (el FROB: v. Anexo al final de este "post"), decisor de viabilidades e inviabilidades y, a la postre, de adjudicaciones (seguramente después de haber saneado bastante las cajas con el dinero de todos). No me lo invento: en EL PAÍS de 9 de febrero de 2011, encuentran Vds. un artículo interesante, que habla sin ambages de “cajas nacionalizadas” (¿o será “nazionalizadas”?) y concluye así: “Las privatizaciones de las participaciones públicas [las que serían del FROB tras su intervención] en las entidades se harán por un ‘procedimiento competitivo’".

Link: http://www.elpais.com/articulo/economia/Gobierno/controlara/cajas/nacionalizadas/dan/credito/elpepieco/20110209elpepieco_3/Tes

Me voy a arriesgar a predecir -no apuesto por falta de costumbre- que habrá instituciones financieras alemanas -hoy acreedoras de cajas españolas- entre los adjudicatarios del expolio indirecto de las Cajas.

Por qué no me gusta este panorama

Sin duda los lectores ya me han calado y advierten que no me gusta nada lo que, frente a la épica zapateril de la Nación que sabe ponerse en pie y caminar, veo que van a ser nuestros derroteros. No se han equivocado los perspicaces lectores. Pero debo explicarme.

¿Acaso siento algún apego vital o conceptual por la negociación colectiva y las cláusulas de garantía salarial fundadas en la indexación al IPC? No. Defendí aquí la ocasión que la crisis brindaba para poner en su sitio a las “centrales sindicales” y a los convenios colectivos negociados con ellas, en favor de la negociación, más flexible, entre el empresario y los trabajadores de la empresa. Lo que ocurre es que, además de ser muy discutible y discutido (como lo de la nación, pero con inmediatas consecuencias sobre millones de vidas) eso de la relación del salario con la competitividad (existe abundante literatura al respecto), hay dos realidades indiscutibles:

1º) Que aquí se toma, de esa relación, lo único que parece claro, esto es, la parte negativa: eliminar la indexación salarial con el IPC, mientras les trae al fresco la parte positiva: establecer cómo se fija la relación del salario según la competitividad (y según la productividad, aunque eso ya existe para muchos españoles, empezando, muy curiosa y abominablemente, por los Jueces).

2º) Que la reducción salarial no es la medida prioritaria en relación con la crisis. Y que, convertida en prioritaria, y no digamos en principal y casi única, la reducción salarial, además de indecente y obscena -por si no se ve de inmediato la razón de estos adjetivos, enseguida los explicaré- tiene como consecuencia inmediata el empobrecimiento, en España, de millones de trabajadores de todo tipo, que nunca han tenido un nivel salarial como el de los principales países de la eurozona, sino bastante inferior. Por lo demás, ese empobrecimiento puede muy bien acabar conspirando en favor de una menor competitividad.

Vean un interesante contraargumentario, elemental pero con contenido digno de consideración, en: http://www.pymesyautonomos.com/reflexiones/con-salarios-mas-bajos-seremos-mas-competitivos

Sobre la indecencia y obscenidad del tópico salarios-competividad como principal reforma: Antes he dicho que ZP (y los demás) habían comprado parte de la “receta Merkel”. Porque, a decir verdad, la Canciller Federal, aunque muy interesada en la reducción salarial en España, dijo también otra cosa, como regla de oro: “no gastar más de lo que se gana”. Empezar (y probablemente terminar) por la reducción salarial de salarios bajos, sin reducir (más allá de retoques ridículos) el gasto público, enorme y desmadrado en beneficio especialísimo de la clase política, ¿no es indecente hasta la obscenidad? Datos sobre gasto y déficit público en el Anexo al final del “post”.

Es probable -incluso muy probable- que sea necesario dejar de vincular los salarios automáticamente al IPC y que, de resultas, sea necesaria una próxima disminución salarial, altamente dolorosa. Pero lo que puede ser necesario no siempre es legítimo para quien lo promueve (la clase política y económica dirigente) como ocurre al situarlo en primer lugar (y único, probablemente) de las acciones relativas a la crisis. Y cuando, pese a la ilegitimidad e indecencia de una tal reforma en las condiciones históricas o reales en que se acomete, se pretende llevarla a cabo así, es perfectamente explicable que, con toda razón, la ciudadanía la rechace fuertemente.

Otro tanto cabe decir de la actuación relativa a las Cajas de Ahorros. Que sea necesaria una actuación decidida de saneamiento, despolitización y claros mecanismos de responsabilidad, no significa que resulte medianamente aceptable la oscura operación concreta que ahora está en marcha, pilotada por el Ministerio de Economía y la gran banca, con el inestimable impulso y aplauso de algunos de nuestros más importantes tutores extranjeros.

En qué consiste, realmente, “ponerse en pie y caminar”

Ponerse en pie y caminar” significaría, en resumen, tres cosas, según ZP:

1º) Carecer absolutamente de política económica propia y estar dispuesto a secundar la que le dicten, con tal de salvarse -porque eso es lo que le importa- de la “puntilla” política que sería un “rescate” o un gran ataque de “los mercados”.

2º) Propiciar un empobrecimiento inmediato de la inmensa mayoría de los españoles, aceptando eliminar la indexación de los salarios al IPC: con esto, ZP superaría, en materia de depauperación, a cualquier gobernante español conocido e incluso a cualquiera de los diversos invasores de la Península Ibérica.

3º) Permitir, controlar y dirigir una operación de precipitada (e inesperada) liquidación, nacionalización y privatización sobre las Cajas de Ahorro, a fin de liquidar unas, nacionalizar otras y adjudicar posteriormente a las no liquidadas. Manejos, todos ellos, con parámetros desconocidos, pero manejos a cargo de un pequeño grupo de personas (los dirigentes del FROB). A nadie con experiencia le debe ofrecer la menor duda de que esta operación determinará cierto aumento del número de los ricos-riquísimos.

Y mientras tanto, ni las centrales sindicales resuelven subsistir con sus cuotas y sus recursos propios (como aconsejaba el líder sindical acompañante de Frau Merkel) ni los partidos políticos están dispuestos al menor sacrificio propio y de sus amigos. Los “medios”, en gravísima crisis, con escaso pluralismo a causa de las concentraciones que ningún liberal limitó, dejan gran parte de las redacciones en manos de “becarios” y siguen esperando ayudas del poder político y de los dirigentes económicos (léase gran banca). Los empresarios que tienen empresas hacen lo que pueden. A veces, incluso triunfan en medio de condiciones tan adversas. Pero los "dirigentes económicos" no suelen ser empresarios.