LA COBARDÍA DEL CONFORMISMO EN EL MUNDO JURÍDICO Y UNIVERSITARIO

EL “BOOM” DE LOS “JURISTAS“ TRENDY

 

No recuerdo en mi vida un tiempo de más conformismo, adocenamiento, dimisión del sentido crítico, cobardía e ignorancia que el que ya dura al menos tres lustros. Me refiero, sobre todo, a España y al ámbito del Derecho. Y también, desde luego, al ámbito de nuestras Universidades.

Como si no pasase en este país nada ética y jurídicamente grave, nada deplorable, discurren clases universitarias y conferencias y se escriben artículos y libros, sin que apenas se alcen voces que expresen con veracidad y claridad un análisis preciso de tantas reformas legales in peius (a peor) y de tantas propuestas indisimulablemente totalitarias, corrosivas para un verdadero Estado de Derecho, que, para ser real, necesita, antes que nada, un Derecho verdadero. Y no es que no haya personas capaces del análisis que se echa en falta, riguroso y crítico, bien fundamentado en los principios jurídicos más sólidos. Las hay. Simplemente, muchas de esas personas no obran coherentemente con su capacidad ni, en muchos casos, con su deber. Callan acerca de todo lo importante e incluso contribuyen a encubrir el diversificado y feroz ataque al Derecho y al Estado del Derecho, porque no sólo no dan noticia de alguna de las muchas manifestaciones de esa agresión multiforme, sino que hablan y escriben de esto y de lo otro como si estuviésemos en una situación general de normalidad. Y sólo por carecer culpablemente de la más elemental información o por sufrir una atrofia intelectual patológica se podría pensar que vivimos tiempos de normalidad, en cualquiera de los sentidos de esta palabra.

No me estoy quejando de que las Facultades de Derecho o los productos editoriales, p. ej., no sean un hervidero de diatribas. No echo de menos una situación de constantes invectivas, de críticas feroces y de quejas y lamentaciones sistemáticas. Tampoco sugiero dejar a un lado el seguimiento de lo más novedoso, en España y en Europa (comenzando, claro es, por la Unión Europea) y descuidar una labor informativa. Me quejo de tanto conformismo ante injusticias clamorosas y ante indisimulables ataques a esa piedra angular del Estado que es su Administración de Justicia. Lo que me entristece, disgusta y preocupa es, por un lado, la incapacidad (muchas veces sólo aparente, fingida) para valorar los cambios y la carencia de un esfuerzo elemental para integrar esos diversos cambios, implantados o proyectados, en lo que, more anglico, llamaríamos la “big picture”, el conjunto del panorama. Y, por otro lado, me entristece, disgusta y preocupa la aceptación silenciosa de esos cambios y del panorama resultante, sea por insensibilidad, por pusilanimidad (ánimo pequeñito, alma pequeña), por el interés de establecer y mantener buenas relaciones con el poder de cualquier tipo o por cualquier otro motivo.

El caso es que, entre la errónea deriva en gran medida propiciada por “Bolonia” (v., aquí mismo, la página http://andresdelaoliva.blogspot.com.es/p/la-universidad-dimitida.html) y una generalizada idolatría al poder, que ha desalojado todo afán por la verdad, todo empeño por conocer y valorar la realidad, en la mayoría de los ámbitos universitarios y jurídicos ha desaparecido la crítica y la libertad de opinión y de expresión. Se está viniendo a considerar, no ya políticamente incorrecto (que eso sí lo es), sino impropia de un quehacer analítico científico-jurídico, cualquier discrepancia, tanto general o global como parcial o de matiz. Las ocurrencias de reforma se divulgan, se comunican y se explican, pero jamás se critican. Anatema sit, sea anatema quien vea, conozca y exprese amenazas a la libertad personal y a la independencia judicial, a la efectividad de la tutela judicial, a la igualdad, a las debidas y razonables garantías. Y el anatema, formulado de muy diversos modos, es tan eficaz que ha llegado a generar en muchos una arraigada costumbre personal de autolimitación del pensamiento y, en todo caso, de autocensura. Amaestrados, ya no necesitan ulteriores órdenes e instrucciones.

Aunque al poder (político, económico, etc.) le disguste que existan en ámbitos jurídicos algunos individuos combativos y aunque le duela el hígado si esos individuos se agrupan, puede aceptar esos fenómenos en cuanto realidades marginales, similares a los alborotadores anti-sistema y mejor aún si le cabe presentarlos como grupúsculos vandálicos. Al show del pluralismo trucado incluso le vienen de perlas unos cuantos frikies, en estos casos inventados, así etiquetados para neutralizarlos.

¡Ah, pero en la Ciencia jurídica, en la Universidad, nada de abiertos desacuerdos, de claras discrepancias, de fuertes críticas! En los ámbitos científicos y académicos no es que resulte impropio escribir o decir lo que pueda ser considerado insultante o hiriente para el poder, siempre hipersensible: es que no se admite ser claro y tajante: todo ha de ser primordialmente descriptivo, morosamente discursivo, suavón, indirecto. No se pide un lenguaje cortés y que salve las intenciones, no. Lo que, más que pedir, se exige, es aquiescencia general, con máximos eufemismos si, a lo sumo, se pretende expresar la hipótesis de que quizás, tal vez, hubiera podido ser algo distinto en algún aspecto lo que se ha legislado o se pretende legislar o lo se ha resuelto y decidido. Pero ni siquiera está bien visto matizar. Es demasiado atrevido eso de presentarle matices al poder.

Así que el legislador o este o aquel tribunal pueden masacrar el lenguaje, la lógica formal, la jerarquía normativa, los imperativos constitucionales, la equidad, los más elementales criterios de justicia, el respeto a la verdad (¡cómo mienten en las exposiciones de motivos de las leyes o cuando se ponen a hacer una falsificación del Derecho comparado!) y todo buen sentido. Pero, ante tales masacres, el jurista (presunto o verdadero) no puede hablar o escribir con la clara contundencia que una masacre merece. No existen masacres, graves errores, desafueros ni desastres. Ya me entienden: claro que existen y, lamentablemente, son muy numerosos y frecuentes. Pero no se puede levantar acta de su existencia. Para mantenerse correcto y aceptable, para no desentonar en los ámbitos académicos, para escribir y perorar, en un tono (presuntamente) científico, toda crítica ha de pulirse hasta ser irreconocible y cualquier aspereza discrepante está de más y ha de ser severamente limada. Es como si, en caso de ser apuñalados por la espalda, lo único que pudiésemos decir fuese "por favor, no me dé más palmaditas de ánimo".

Así, con sólo pocas y en ocasiones heroicas excepciones, la comunidad jurídico-académica ha guardado silencio ante las denegaciones de justicia masivas de las tasas judiciales introducidas en noviembre de 2012 y ahora callará ante la brutal alteración del sistema de fuentes del Derecho que el Ministro Ruiz Gallardón y el Gobierno de Rajoy Brey (C. de Ministros del 4 de abril de 2014) pretenden producir con una enésima reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Callarán ante la evidencia de nuevos mecanismos para controlar cuanto sea posible al Poder Judicial, aunque resulten tan estrafalarios como la reducción al mínimo de los órganos jurisdiccionales unipersonales, reforma que en ningún país civilizado se ha llevado a cabo. Pero si los lectores quieren entender el sentido de la norma, no se engañen: lo que la explica es que hace tiempo que el poder político-económico no soporta la potestad jurisdiccional de un simple Juez de Primera Instancia o de un simple Juez de Instrucción. La prensa, sin instancias serias de las que nutrirse distintas de la propaganda oficial, traga las atrocidades publicitando un par de señuelos de apariencia progresista (desaparición de los “jueces estrella”, disminución de los aforados, supresión de declaraciones por escrito, p. ej.)

Ocurre, en suma, que ha venido a aceptarse como elemento de nuestra vida cotidiana la improcedencia e incluso la imposibilidad de buscar y de decir la verdad, ni siquiera en las Universidades, en las Facultades de Derecho y en sus Departamentos. Quien tiene el empeño de indagar con independencia, de formarse su propio criterio sin someterse a diktats (cosa muy distinta de tener en cuenta opiniones autorizadas) y de expresarse como piensa que se le entenderá mejor, es considerado extremoso, excesivo y, por supuesto, radical. Y ninguno de estos calificativos se acepta que cuadre con el cultivo de la ciencia, incluida la jurídica.

Diré dos cosas. Radical es palabra proveniente del latín radex-radicis, raíz. Pero tener sólidas y profundas raíces me parece algo bueno, mucho mejor que ser desarraigado o poseer unas raíces mínimas. Como vegetales, un olmo, un roble o una encina me parecen más serios que un champiñón de champiñonera, que crece sobre una bandeja con apenas dos dedos de humus (y, para colmo, no sabe a nada).

En cuanto a la Ciencia del Derecho, la tropa de los trendy jurists, ya consolidados, aprendices o en avanzado grado de formación, haría bien en recordar lo que dice Domicio Ulpiano, en Digesto 1, 1, 10, 2: Iurisprudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia. La jurisprudencia —la ciencia del Derecho, la Jurisprudenz— es el conocimiento de las cosas divinas y humanas, la ciencia de lo justo y de lo injusto. ¿No es ésta una buena raíz para la Ciencia Jurídica? ¿No es una raíz honda y viva, inmejorable? Pues que tomen nota: cuando se quiere hacer una genuina ciencia jurídica no se puede desconocer la realidad —las divinarum atque humanarum rerum—, desvinculando las normas de lo que ocurre, de la historia y de sus protagonistas, ni menos aún cabe desentenderse de la justicia y la injusticia. Y, sin embargo, ¿cuántos no piensan, o escriben y hablan como si pensaran, que cualquier referencia a lo justo o lo injusto es ajena a la ciencia jurídica e incluso descalifica un escrito como científico? Esto es lo trendy, ésta es la tendencia dominante, a la que se han apuntado tantos escribidores y charlistas sobre temas jurídicos. Y, sin embargo, el cultivo científico del Derecho a cargo de quien prescinda de lo justo y de lo injusto es un imposible. Un profesional del Derecho sin preocupación operativa por lo justo y lo injusto nunca estará ni honrando el Derecho ni haciendo Ciencia jurídica.

En cuanto a la verdad, a su búsqueda y a su expresión libre, suenen de nuevo estas duras y ardientes palabras:

«Si sólo se dijese la verdad, no se podría vivir.  ¿Quién ha dicho esta blasfemia?  ¿Quién es el menguado que sostiene y propala que quien se proponga ser verídico siempre se estrellará? ¿Qué es vivir?  ¿Qué es estrellarse?»

«En todos los órdenes, la muerte es la mentira y la verdad es la vida. Y si la verdad nos llevara a morir, vale más morir por verdad, morir por vida, que no morir de mentira, vivir muriendo.» (Miguel de Unamuno, Ensayos, VI, Publicaciones de la Residencia de Estudiantes, Madrid,  1918, pág. 240)

NOTAS Y BECAS: UN NUEVO ERROR DEL AÚN MINISTRO DE EDUCACIÓN

LOS “5”, “5’5” Y “6’5”  NO SON IGUALES NI SOCIAL NI ACADÉMICAMENTE

BECAS Y “EXCELENCIA” NO ESTÁN NECESARIAMENTE RELACIONADAS
(Añadidos a 2 y 3 de julio de 2013)

En un post de 22 de diciembre de 2011 (v. “DE LA EDUCACIÓN DEPENDE NUESTRO FUTURO”: LOS MALOS AUGURIOS DE ESTA PROCLAMA, subtitulado EN LOS TIEMPOS DEL “PERFIL”, UN MINISTRO DESPERFILADO (v. http://andresdelaoliva.blogspot.com.es/2011/12/de-la-educacion-depende-nuestro-futuro.html), ya advertí que consideraba un error -el más claro entonces, al tiempo de formar Gobierno- que el Sr. Rajoy Bey hubiese nombrado Ministro de Educación, Cultura y Deportes a D. José Ignacio Wert Ortega. De entonces a acá no necesito decir hasta qué punto, lamentablemente, los hechos y los dichos de Wert (¡qué dichos se le ocurren a este hombre!) han apuntalado y remachado mi criterio. He sido un adelantado, pero eso me entristece mucho, porque estamos pagando un alto precio de tiempo perdido y de insensateces muy publicitadas, que no hacen ningún bien a la opinión pública y al clima de concordia elemental que, dentro del pluralismo, le conviene a cualquier país.

No me voy a entretener glosando las hazañas de Wert, también las relativas a sus nombramientos. Vamos al archipolémico asunto de un anunciado Decreto sobre becas, que iba a exigir un 6’5 de media como requisito ineludible para obtenerla y que, tras la última revisión, se conformaría con el 5’5 sólo para la exención de matrícula, pero mantendría el 6’5 para las becas que supongan algo más que la matrícula.

Algo que he echado en falta, desde que se inició la polémica hasta hoy mismo, es una observación muy elemental, porque se basa en una realidad que casi todo el mundo conoce, a saber: que obtener un 5’5 de nota media en muchas carreras -por ejemplo, la de Derecho- es mucho menos difícil que en otras, como Medicina, Ingeniería Industrial o Ciencias Físicas. Seguramente convendrán conmigo que quien saque todo un curso de Medicina o de Ingeniería de Caminos, a la primera, o entre junio y septiembre, con 5’5 de media merece indudablemente la beca. Hay ya, por tanto, un grave error en la propuesta del Sr. Wert y también, en buena medida, en quienes la discuten sin tener en cuenta esta realidad diferenciada. No debería prescindirse de ella, aunque fuese para considerarla irrelevante a efectos de becas. En todo caso, es la prueba del nueve de que Wert se equivoca de medio a medio y de que el futuro de las becas está muy mal planteado. Un “5”, un “5’5” o un 6’5” son matemáticamente iguales a otro “5”, “5’5” o “6’5”, pero no lo son académicamente y tampoco, como veremos después, socialmente y esta desigualdad, de mucha importancia, nada o muy poco tiene que ver con el mayor o menor esfuerzo personal del estudiante ni con su superior o inferior inteligencia.

Estoy perfectamente de acuerdo en que la Formación Profesional (FP) debe ser potenciada y en que buen número de estudiantes universitarios habrían hecho mejor en acudir a la FP: porque se adecúa más a sus cualidades y aptitudes y porque encontrarían trabajo más fácilmente e incluso más satisfactoriamente. Pero como estoy convencido de que, proporcionada a todos una completa información sobre las exigencias de las carreras universitarias y de la FP, así como sobre las expectativas de empleo, es muy preferible la libertad de decidir que la planificación, en especial si se hace de modo simplista, el 6’5 no tiene nada que ver con Universidad o FP, porque no alcanzar una nota media de 6’5 no significa que la FP sea más adecuada para esa persona que se queda en el 5, en el 5’5 o en el 6’4. Esto es evidente para quien haya conocido o conozca a los jóvenes estudiantes, como es mi caso, pero, asombrosamente, no parece que sea el caso de Wert, de sus asesores y de sus partidarios.

Por otra parte, obtener una nota media inferior a 6’5 no es en absoluto indicativo -ni siquiera en lo que antes llamábamos “carreras de letras”- de que el estudiante sea vago o al menos indolente o carezca de la inteligencia que sus estudios requieren, razones que justificarían que no obtuviese o renovase una beca. Acabo de leer la noticia de una joven gerundense, Gemma Muñoz, con un 9’9 en la selectividad, que defiende la reforma de Wert, dice la noticia, porque «ya está bien de de pagar a gente desmotivada que no le interesa estudiar. Que te paguen la carrera debería de ser una motivación». Esta chica, aún sin experiencia en la vida universitaria, no ofrece, en realidad, ningún argumento sólido, porque obtener nota promedio de 5 o de 5’5 no es ni siquiera un leve indicio de que quien las obtiene carece de motivación o de interés en estudiar.  Sin saberlo, la joven Gemma, con su 9’9 en la selectividad, ha ofrecido un excelente ejemplo de ese vicio tan extendido al opinar, que se denomina “inducción incompleta”. Y los medios que destacan el juvenil error de Gemma parecen abonarse a la demagogia, a no ser que también practiquen el fácil “deporte” de construir reglas generales a partir de unos pocos casos o de uno solo.

Al exigir un 5’5 de nota media, el sistema de becas no estaba ni está todavía beneficiando a quien no pega palo al agua, que es el erróneo punto de partida de los viscerales “argumentos” de más de uno. Incluso donde las buenas notas -de “notable” para arriba- son más fáciles de conseguir (las “carreras de letras”), la media de 5’5, aplicada a un curso, significa un considerable esfuerzo de quien la logra y un rendimiento suficiente. Los “5” no se regalan, como regla general. Hay excepciones, sí, pero a los profesores que las hacen no les costaría nada regalar los “6’5”. Y estamos hablando, no se olvide, de un promedio de las notas de todas las asignaturas. Una media de 5’5 es indicativa de un rendimiento suficiente y, sobre todo, no alcanzar el 6’5 no supone desinterés, desmotivación, vagancia o estulticia.

Por lo demás, en las “carreras de letras” un punto o dos y, desde luego, unas cuantas décimas están frecuentemente determinadas por factores sociales y, muy destacadamente, por el ambiente familiar, que no tiene que ver necesariamente con los ingresos o la renta, sino con la educación recibida en ese ambiente y, en especial, con el fomento, o no, de hábitos de lectura en los hijos o, por el contrario, con dejar cómodamente que caigan en la inmersión total en el mundo de la imagen y de la comunicación compulsiva constante.

Y vayamos, por último, a la cuestión nuclear de las becas (y de su requisito de calificaciones o notas anteriores). Las becas, ¿para qué están? ¿Para estimular y premiar a los más listos y estudiosos (premiar la cacareada y muy maltratada excelencia) o para procurar una igualdad de oportunidades, de modo que los ingresos familiares o personales bajos no impidan a nadie estudiar lo que prefiera? Yo no tengo duda alguna de que se trata de esto último. Así que, considerados todos los elementos que han de ponderarse, la exigencia de un 5’5 de nota media me parece mucho más justa que elevar ese requisito al 6’5. Esto último es una barbaridad injusta, que clama al cielo cuando quien dispone de recursos se puede permitir sin ninguna consecuencia negativa, dedicarse, en la Universidad, a la pura vida social, acumulando suspensos o convocatorias sin presentarse. Mientras tanto, es creciente el número de quienes cursan carreras mientras trabajan, fenómeno que tampoco puede no ser objeto de la debida consideración.

En resumen: precisamente cuando han aumentado las tasas de matrícula, las becas no se deberían tocar del modo que Wert pretende. [AÑADIDO a 3 de julio de 2013] Veo que ilustres colegas míos defienden el cambio wertiano y, aunque algunos de esos colegas me merecen muy especial respeto, lo que leo que dicen tiene mucho más que ver con no defender a ultranza una nota baja (en "carreras de letras": de las de ciencias experimentales e ingenierías apenas hablan) y con propugnar decididamente no conformarse con la ley del mínimo esfuerzo que con lo que realmente está en juego. Por supuesto, hay alumnos que a) juegan al mus incluso sentados en el suelo de algunos rincones de ciertas Facultades; b) suspenden una y otra vez asignaturas o dejan de presentarse a muchas convocatorias; c) si estudiasen más, en vez del "cinco pelado", podrían sacar sobresaliente; d) etc. Lo que ocurre es que no se ha determinado en modo alguno que los que juegan al mus en el suelo, los que muy reiteradamente suspenden o no se presentan a examinarse de una misma asignatura, los que se conforman con el "cinco pelado", etc. (pongan aquí todos los perfiles y rasgos negativos que se les ocurran) sean los becarios a base de una media de 5'5. Yo llevo 46 años en la Universidad y digo que no, que no son ésos los becarios del 5'5 de media. Y que subir la media a 6'5 no es garantía ni de acabar con vagos e irresponsables ni de conseguir una Universidad pública mejor, con más excelencia. A esto último y a la antipatía hacia los vagos y señoritos no me gana nadie.


AÑADIDO (2 de julio de 2013). Algo que di por sentado indebidamente: el requisito sine qua non de una nota media de 5'5 no significa que todos los solicitantes de beca con esa nota media obtengan efectivamente una beca. Lo que significa es que no se les excluye desde el principio del proceso de selección y final concesión. Evidentemente, si hay más solicitantes que becas -o incluso más solicitantes de becas para estudiar X que becas para estudiar X, lo que podría establecerse y concretarse de modo razonable-, las becas serán para quienes mejor nota media hayan obtenido y presentado, a igualdad o similitud de condiciones económicas.

Por otra parte, como algunos han indicado en las últimas horas, sólo una seria limitación de recursos económicos impediría que, junto a las becas ordinarias, encaminadas a la igualdad de oportunidades, se estableciesen estímulos y premios dinerarios a la "excelencia", medida en nota promedio alta. Ya existen las "matrículas de honor", pero algo más sería factible.

LA ESTULTICIA CON QUE SE PROCURA LA “EXCELENCIA” DEL PROFESORADO UNIVERSITARIO

“ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN”, “ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN” Y “TASA DE ÉXITO”.

LA OPRESIÓN DE UNOS “EVALUADORES EDUCATIVOS” QUE NO EDUCAN NI EVALÚAN RACIONALMENTE

Quizás se habrán extrañado los seguidores de este “blog” de mi largo silencio sobre asuntos educativos y, más concretamente, universitarios. Quiero dejar claro ahora que ese silencio no se ha debido ni a desinterés ni a conformismo. Si no he dicho nada aquí de lo que viene ocurriendo en mi esfera profesional y vital —son ya 46 (CUARENTA Y SEIS) los años que llevo en la Universidad, sin interrupción, desde que terminé la carrera de Derecho—, se ha debido a que, para la más elemental protección de mis vísceras estomacales e intestinales y de mi equilibro nervioso, procuro pensar lo menos posible en lo que cada día veo (y soporto, en parte) y en lo que veo que muchos otros, queridos compañeros, a diario se ven obligados a hacer y soportar, más que yo, porque, al fin y al cabo, estoy a pocos años de la jubilación y tengo todos los trienios y quinquenios posibles y casi todos los “sexenios de investigación” que pueden ser reconocidos por las entidades presuntamente evaluadoras (una de ellas, por cierto, la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, CNEAI, ni siquiera responde a mi última solicitud remitida por correo certificado a causa del constante fallo de sus cacareadas y obligatorias aplicaciones informáticas “on line”: ya no se respetan ni las más elementales normas de la más básica cortesía y consideración: estos “autoridades modernas” son de una prepotencia formal superior con mucho a la de las autoridades franquistas).

Prosigo, tras este inciso de desahogo y mínima denuncia de la grosería burocrática. El caso es que no hay antieméticos que funcionen conmigo si pienso un poco en lo que está ocurriendo en la Universidad y, concretamente, contra el profesorado universitario. No conviene abusar del omeprazol (ni de otros fármacos), pero es que el panorama, si lo contemplo expresamente por más de cinco minutos, me revuelve dolorosísimamente las tripas, que se saturan de corrosiva acidez. Y se me irrita al extremo ese colon irritable, que todos tenemos, en mayor o menor medida. Y, por descontado, no hay tranquilizante, anxiolítico ni antidepresivo capaz de librarme (excluyo sobredosis con efectos indeseables de catatonía) de graves perturbaciones nerviosas, anímicas y psíquicas si  no eludo habitualmente la consideración de lo que me rodea en la Universidad.

Dicho lo anterior como explicación de mi habitual silencio, a veces ocurren cosas que, como suele decirse, hacen hablar al mudo o, en mi caso, me determinan a correr los riesgos que acabo de describir. No es sólo que estomague y encrespe el hecho de que, puestos a evaluar la actividad académica, resulte un factor determinante de valoración adversa no haber participado en una gran cantidad de cursos sobre “innovación educativa”, cuando, además, esos cursos muy poco o nada positivo aportan sobre la enseñanza de muchas materias (p. ej., jurídicas, filosóficas, etc.) si es que no llegan a incluir, como ha ocurrido, consejos terriblemente disparatados, como el de prescindir de los libros (lo que en Derecho y en otros ámbitos, es sencillamente letal y contrario a una experiencia de muchos siglos en todos los países civilizados y cultos del mundo). Tampoco se trata únicamente de soportar sin náuseas que la evaluación positiva de un docente e investigador universitario dependa de haber ocupado u ocupar cargos académicos, cuando ni todos los profesores pueden ocupar cargos ni tienen por qué ocuparlos para ser excelentes profesores: sucede, más bien, que mientras se ocupan bastantes de esos cargos, disminuye el tiempo disponible para investigar y preparar (con preparación próxima y también remota) buenas clases de todo tipo. Pase, no obstante, que se incentive razonablemente el desempeño de trabajos directivos. No es admisible, en cambio, que los incentivos por ese concepto se igualen con otros datos docentes e investigadores. Y resulta ya irracional, si no inicuamente favorecedor del amiguismo entre autoridades académicas, que no haber desempeñado cargos se alce como un obstáculo para la valoración positiva. Por añadidura, este criterio de baremación es discriminatorio en perjuicio de los profesores de Universidades de tamaño grande o mediano, donde hay menos cargos a repartir entre más personas.

Otra importante majadería es la de sobrevalorar las llamadas “estancias de investigación” y la de no puntuar como “estancias de investigación” las que no superen el mes, se trate de académicos dedicados al Derecho Mercantil, microbiólogos o botánicos. Con el desarrollo de las comunicaciones, salir al extranjero —que es siempre entre “interesante” y “muy interesante” salvo para gente incapaz de observar y aprender— no puede ser prácticamente obligatorio para cualquier progreso en toda carrera académica universitaria. Por su parte, la duración superior a un mes, como criterio fijo y general, carece de todo sentido. Habría que tener en cuenta siempre el objeto de la investigación, el conocimiento del idioma extranjero cuando sea distinto del propio y otros factores: así, un mes puede ser poco o demasiado. Muchas veces, una semana es más que suficiente como tiempo para lo que requiere de verdad la investigación de que se trate y en otras ocasiones, un mes ni siquiera puede servir para introducirse en el asunto en cuestión. Además, no es raro que los profesores de Derecho y de otras materias puedan, al acudir a Universidades distintas de la suya, disponer de bibliotecas y otros recursos, de cantidad menor y calidad inferior a los materiales que tienen a mano en su Universidad. En estos y otros parecidos casos, la “estancia de investigación” es simple turismo universitario. Se me ocurre, por último, que, tanto cuando los recursos económicos eran razonables, como en estos tiempos de “austeridad”, el factor de las “estancias de investigación” resulta discriminatorio por motivos económicos y desprecia enteramente la atención que merecen diversas circunstancias personales (sobre todo, las familiares y las de salud: es real y no aislado el caso de un esforzado y meritorio profesor, sometido a constantes diálisis, que durante varios lustros no ha podido ni pensar en alejarse algunos kilómetros de su lugar de residencia y trabajo).

Con ser todo lo anterior inaceptable y difícil de sobrellevar, recientemente he visto algo aún peor, que no es que resulte poco inteligente o racional, sino ya del todo idiota. He visto cómo excelentes profesores, muy positivamente valorados por los alumnos en encuestas serias sobre su calidad docente (siempre, claro es, a la búsqueda de la cacareada “excelencia”), han recibido objeciones relevantes por falta de “participación en actividades de coordinación”. El concepto mismo de este supuesto mérito ya resulta chusco o más bien grotesco. La calidad de la enseñanza nada tiene que ver con participar mucho, poco o casi nada (algo de coordinación es forzoso que exista) en “actividades de coordinación”. Si lo que hace el profesor para que sus alumnos aprendan es adecuado al programa, si la puntualidad y el cumplimiento de los deberes resulta impecable (y así se reconoce), si los mismos destinatarios de los esfuerzos del profesor valoran muy positivamente esos esfuerzos, ¿qué importa participar más o menos en “actividades de coordinación”, siendo de difícil entendimiento, para empezar, cuáles pueden ser esas “actividades” y de qué “coordinación” se está hablando? Pues, lector, no ya por entidades externas a la Universidad, sino desde dentro de ella se castiga, de hecho, a excelentes profesores por ausencia o poca entidad de ese pretendido “mérito”. ¿No les parece, lectores, que tal castigo es, como les adelantaba, algo que hace hablar al mudo?

Pero aún falta lo peor, la apoteosis del absurdo, la claudicación plena de cualquier idea decente de la Universidad y de toda otra empresa educativa. Me refiero a la bonificación del profesorado por una alta “tasa de éxito” y a su penalización por una “tasa de éxito” menos alta o baja, que sería fracaso. Dicho en román paladino: cuantos más o menos alumnos aprueben, más o menos “tasa de éxito”. Así que ya lo saben: del “fracaso escolar” (el de los escolares, hay que suponer) se ha pasado a hacer relevante el éxito del profesor, que no lo miden los alumnos con sus encuestas, con su consideración de sus profesores, con las pequeñas distinciones que pueden otorgar a quienes han apreciado más, como es el caso de la designación como “padrinos” de una promoción para esos llamados “actos de graduación” (con orla incluida) que se están imponiendo por doquier. No: el éxito del profesor es medido según el número de alumnos matriculados (no necesariamente reales y, muchas veces, con poco que ver con los reales) que aprueban en las diversas convocatorias e incluso el número de alumnos matriculados que se presentan a examinarse. “Suspensos” y “no presentados” son el térmómetro exacto del “éxito” y de la “excelencia” del profesor para los evaluadores de la calidad de la enseñanza. Y esa “tasa de éxito” o de fracaso es relevante para la promoción de los profesores.

La benignidad en las notas, incluso si llega a ser una benignidad maligna, por perniciosa para la sociedad, es la clave del “éxito” y de la “excelencia” del profesor. ¿Es Vd. lo que siempre se ha llamado un “coladero”? Pues, ¡Vd. sí que sabe lo que es pedagógicamente correcto! ¡Vd. sí que sabe manejarse en la modernidad! ¡Vd. sí que sabe, a secas: sabe lo que le conviene! No importa que los alumnos reales, los que fueron encuestados minuciosamente sobre la enseñanza de un profesor, incluidos los que no han aprobado, los que han sido suspendidos, califiquen a ese profesor con las más positivas apreciaciones. Si el profesor suspende a algunos o a bastantes, su “tasa de éxito” es mala, su puntuación mengua y yerra en el camino oficial hacia la “excelencia”… oficial.

Por supuesto, a la Oficina para la Excelencia Docente (llámese como se llame) le da lo mismo, en cuanto a los alumnos matriculados que ni siquiera se presentan a examen, si se trata de una asignatura impartida al comienzo de la carrera (boloñesa o no) o si es asignatura de las que se cursan al final, lo que en algunas carreras (Derecho, por ejemplo) puede explicar y explica un número de matrículados especialmente alto y una gran desproporción entre éstos y los que realmente acuden a la Facultad o Escuela y se examinan. Hay personas que están procurando, muy legítimamente con frecuencia, culminar una carrera universitaria mientras trabajan y su ritmo de avance es más lento, sin que se les pueda dirigir reproche alguno: al contrario, las autoridades que constituyen y amparan la Oficina para la Excelencia deberían agradecerles que pague las tasas.

Con estos planificadores y evaluadores, que idean y aplican parámetros disparatados, ¿cómo es que quienes los permiten y los apoyan se atreven luego a hacer propaganda de pifias tremendas cometidas por titulados universitarios en las oposiciones? ¿No habrá alguien con simple sentido común, por raro que éste sea, que ponga fin a tantos dislates? ¿No habrá quien liquide la opresión de la estulticia? Espero que sí, porque como tenga que volver a escribir al respecto, con lo que me cuesta, es seguro que a los genios de la evaluación opresora les escocerá más que hoy.

MUCHAS COSAS NUEVAS, NADA NOVEDOSAS, PRELUDIO DE UNA PRÓXIMA DEBACLE TOTAL

 

LA AUTOLISIS DEL “SISTEMA”

NO ESPEREMOS QUE NINGUNA INSTITUCIÓN REGENERE ESPAÑA: SE NECESITA UNA REBELIÓN DE PERSONAS DECENTES

En el conjunto de instituciones, públicas y no públicas, que hemos dado en llamar establishment o “sistema” han ocurrido, desde el comienzo de esta segunda época de POR DERECHO, bastantes cosas nuevas, aunque nada novedosas. Son hechos recientes y por eso son “nuevos”, pero no son de distinto estilo, naturaleza o índole de otros muchos anteriores y por eso no son "novedosos". Con todo, reaparezco porque el conjunto de esos hechos revela que se está acelerando lo que pienso que cabe denominar autolisis del “sistema”.

Autolisis: Diccionario de la Real Academia Española (DRAE): “Degradación de las células por sus propias enzimas.” Diccionario médico on line: “1. Suicidio. 2. Sinónimo: autofagia, autoproteolisis. Autodigestión de un órgano, de un tejido o de una célula abandonado a sí mismo y que conduce a su destrucción, bajo la influencia de fermentos proteolíticos propios a este órgano, a este tejido o a esta células, independientemente de toda intervención exterior a él. La liberación de las enzimas contenidas en los lisosomas es un factor de autolisis celular.”

Si nos fijamos en la definición actualizada del DRAE y en esta segunda acepción del Diccionario médico y si, además, nos atenemos a la etimología, diferenciaremos perfectamente la autolisis del suicidio, aunque la palabreja autolisis, derivada del griego, se use para referirse eufemísticamente al suicidio, vocablo de claras raíces latinas. El “sistema” no se ha suicidado ni se está suicidando. Porque no quiere poner fin a su propia existencia, sino que, muy al contrario, querría prolongarla indefinidamente. El “sistema” se está disolviendo, está autodestruyéndose por la acción de sus propios componentes, que serían como las enzimas o fermentos que, desmadrados, en vez de sostener la vida, van aniquilándola, célula tras célula.

Las noticias sobre la corrupción política y económica se han acumulado con tanta abundancia como gravedad en las dos últimas semanas. No me voy a entretener en mencionarlas todas, porque sin duda los lectores de este blog las conocen y todos hemos experimentado ramalazos de tristeza e indignación cada vez que las recordamos o nos las mencionan y no es necesario ese sufrimiento para el propósito de este post. Porque, como escribió Rodrigo Caro (A las ruinas de Itálica), "¿para qué la mente se derrama en buscar al dolor nuevo argumento?"

Esos episodios de corrupción que se multiplican son otros tantos síntomas de un proceso de autodestrucción de instituciones, que se agrava aceleradamente. Hay que incluir, desde luego, entre los síntomas de la autolisis, no sólo las apropiaciones indebidas, los cohechos, los tráficos de influencias, etc., sino también los asuntos malolientes sin relevancia monetaria conocida, como indultos injustificables -pese a informes desfavorables del tribunal y de la fiscalía- (v. los hechos en este comentario: http://www.vozpopuli.com/blogs/2081-jesus-cacho-ruiz-gallardon-el-conductor-kamikaze-y-el-indulto-como-manifestacion-suprema-de-la-corrupcion-del-poder) o nombramientos judiciales como el que ha recaído, para Magistrado de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en la persona del hasta hace nada máximo asesor jurídico de una gran entidad financiera (la Caixa), implicada en numerosos litigios civiles. Hay que incluir el engaño de prometer y encargar una reforma para acabar haciendo lo contrario de lo prometido, como el del Ministro faraónico respecto del Consejo General del Poder Judicial. Y no es sino corrupción, síntoma de autolisis, que se utilicen los nombres y el trabajo de unos “sabios”, con nombramiento en el Boletín Oficial del Estado (B.O.E.), para una propuesta de nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal -propuesta que no me convence en absoluto-, que se oculta una vez formulada, mientras se somete, para ser "pulida", al superior criterio de los asesores ministeriales, con uno ellos, muy principal (ministerialmente hablando), Magistrado él, poseedor de una cualificación jurídica tan poco clara que acaban de suspenderle en las pruebas para especializarse en el ámbito jurisdiccional penal (lo siento: me hubiera gustado no dar esta información, pero además de ser pública es relevante, porque callar este tipo de hechos contribuye decisivamente al progreso de los impostores y a la destrucción que producen).

Lo grave, con todo, no es que existan personas así, incompetentes super-auto-prestigiados, cofrades de pequeñas o no tan pequeñas sociedades de bombos mutuos, sino que se les confíe por un Ministro algo tan importante y delicado como el instrumento para la persecución jurídica de la delincuencia. Del mismo modo, lo grave no es que pueda existir un político profesional (“fiscal por un día”, más o menos) que acumule descomunal prepotencia y una ignorancia más que notable, mal disimulada con unos aires postizos de intelectualidad y exquisitez cultural. Lo grave, lo gravísimo, es que a ese político, que ha ido embarrando todo espacio que tocaba (piensen en la situación económica y política que ha dejado a su paso) se le haya nombrado Ministro y se le mantenga en ese puesto, porque las reglas de la política habitual (tan habitual como pestilente) repelen, por lo visto, todo lo que dicta el uso de razón y la prudencia más elemental.

Pero, aunque parezca imposible, peor aún que todo lo anterior, es la beatería ante el poder político inoculada en tantos españoles que habitualmente no carecen de buen juicio y que están mucho más cualificados profesionalmente que el político con el que se relacionan. Eso que llamo beatería ante el poder provoca que esos conciudadanos abdiquen de sus conocimientos y criterios, se traguen con naturalidad, como si fuese saliva, todo su espíritu crítico (incluso el que han expresado en público y por escrito) y, en definitiva, se amolden al deseo del poderoso de turno, al que rinden pleitesía con toda naturalidad y para quien muestran una comprensión y una indulgencia que no proyectan sobre las víctimas del poderoso. De este modo, ocurre algo que da pena: ver cómo personas valiosas se dejan manipular por un honor minúsculo y más que cuestionable y se despojan de su dignidad y categoría, deslumbradas por lo que, a la postre, es un empleo interino: Ministro, Secretario de Estado, etc. Pero, al fin y al cabo, eso que es penoso sólo afecta a los inconscientes beatos. Lo que a todos nos perjudica, y mucho, es su servilismo. Porque, aunque ellos no lo vean así y no lo quieran, se trata objetivamente de servilismo y el poder se afianza y aumenta con ese servilismo de quienes, por su formación y condición, podrían y deberían ser críticos y rebeldes. Todo lo educada y cortésmente que quisieran, pero críticos y rebeldes.

No piensen que con los últimos párrafos me he desviado del asunto principal. También son fenómenos de corrupción el silencio o la aquiescencia ante la impostura de falsos expertos y la obsequiosidad sistemática con el poder, mirando hacia otro lado ante tus errores y desmanes (como el de las tasas judiciales), callando ante ellos (a estos silenciosos los considero cómplices, por amigos que sean) y colaborando con el poder político en cuanto el propio “ego” es mínimamente estimulado por el poderoso. Esas actitudes son anomalías opuestas a la naturaleza de las cosas y a la lógica, contrasentidos éticos que están a la orden del día en nuestra sociedad sólo porque ésta ya se encuentra en trance de avanzada disolución, de imparable autolisis. No sólo hay enzimas desmadradas, como las he llamado antes: estamos, además, por así decirlo, ante un fallo total del sistema inmunológico. No hay elementos internos que defiendan de la corrupción al organismo político y social. Podrido desde dentro, nada hay dentro que contrarreste lo patológico. El “sistema” o “establishment” se acerca al final de su autolisis, de su disolución.

Ha estado muy de moda, desde hace bastante tiempo, teorizar (siempre con vaguedades) sobre unos inexorables procesos de autodestrucción que se desencadenan con el paso del tiempo. Así se autodestruirían, por ejemplo, partidos políticos y también, por referirme a una realidad que conozco bien, escuelas académicas. Varios años atrás dediqué cierta reflexión a esta teoría y, sobre todo, al fenómeno (innegable como fenómeno en sentido estricto) de los (aparentes) procesos autodestructivos.  Acabé comprendiendo, sin particular sorpresa, que esos “procesos” no son sino la destrucción consiguiente a los agigantados defectos o vicios personales de numerosos miembros del colectivo de que se trate.

Todos sabemos que, con el tiempo, si no los detectamos y no procuramos combatirlos, nuestros defectos aumentan en número y, sobre todo, en intensidad. Quien era a los veintitantos años un poco envidioso, un poco egoísta, un poco vanidoso, algo mentirosillo y un tanto cobardica, sólo veinte años después andará a todas horas pavoneándose, apuñalando a traición a sus compañeros, pisando cráneos ajenos con tal de trepar, mintiendo al por mayor a propios y extraños, escurriendo el bulto a la hora de decisiones poco gratas y mostrando una pusilanimidad penosa ante cualquier tarea que se salga de la rutina. Rechazará a su lado a personas valiosas y se rodeará de aduladores y mediocres que no le hagan sombra. Y si al comenzar su vida adulta no se preocupaba por la elegancia y la limpieza de sus ingresos, no tardará mucho en arramplar con todo lo que pueda, convertido en adorador incondicional del dios Pluto. Comprenderán que si todos podemos un mal día dejar a un lado por un momento unas buenas y sólidas convicciones éticas o traicionarlas decididamente de modo habitual, quien comienza su vida adulta desprovisto de ellas, no tardará mucho en convertirse en una bestia amoral sin el menor escrúpulo.

Si a la indigencia moral se une la intelectual,  más intenso aún es el proceso destructivo, que no sólo es ignorado por quienes están inmersos en él, sino que, muy frecuentemente, convive con la más intensa egolatría y con la convicción de una condición personal triunfante, con apenas cumbres más altas que alcanzar.

Así, y no por ningún misterioso proceso psico-sociológico, es como, al pasar el tiempo, toda clase de grupos e instituciones son frecuentemente destruidos. No se autodestruyen, sino que los destruyen algunos de sus más prominentes miembros. Mucho antes del asunto de los procesos de autodestrucción me había ocupado de recordar que no hay y no ha habido nunca un “sistema” que, por sí mismo, se pueda considerar inmune a la corrupción de las personas con mayor poder y responsabilidad: cualquier entramado institucional se viene abajo sin buenas dosis de ética en las personas, en cada persona y, en especial, en los dirigentes.

En España han destruido casi todo lo institucional. No me parece incurrir en exageración y, desde luego, me produce una intensa tristeza ese panorama. Intelectual, ética y estéticamente, estoy en las antípodas de quienes encuentran cierto gusto morboso en proclamar la decadencia y el hundimiento de España. Pero la realidad es terca e innegable, sin que exista algún buen patriotismo que permita disimularla. De modo que sí, apenas veo una institución sana, prestigiosa, capaz de encabezar un empujón de renovación y limpieza. Estoy convencido de que se equivocan quienes siguen proponiendo reformas o innovaciones institucionales. ¿Qué cabe esperar, por ejemplo, de un así llamado “fiscal anti-corrupción” en cada partido político o en cada Ayuntamiento? ¿Acaso no han tenido y tienen ya todos los partidos y Ayuntamientos cargos con autoridad y potestad para impedir y reprimir la corrupción? ¿No son “anti-corrupción” todos los cargos?

Pero, a diferencia de quienes, indignados con hartos motivos y razones, se han dado ya a generalizar y a descalificar a todos los integrantes de los grupos de personas que protagonizan la política, la justicia, la educación, los sindicatos, p. ej., el conocimiento de la realidad me permite afirmar que no todos los políticos son corruptos y vagos, ni todos los jueces ignorantes, perezosos o descuidados, ni todos los profesores incompetentes y ni siquiera todos los sindicalistas unos vividores aprovechados. En todas partes, en todos los ámbitos, incluso en los más deteriorados, quedan más o menos personas decentes, con buena y genuina cualificación profesional e incluso con un historial de trabajo comparable al de sus mejores colegas del resto del mundo. Son, sumadas una a una, muchas, muchísimas personas. Lo que ocurre es que bastantes de ellas están como atrapadas en sus respectivos ambientes, algunos (como el de la política) especialmente podridos y en los que resulta sumamente difícil o casi imposible desplegar un esfuerzo operativo de regeneración.

Mas, por difícil que resulte, desprestigiados los partidos políticos y el entramado de instituciones que ellos dominan, desmoralizada y carcomida la Universidad, maltratada la Justicia desde dentro y desde fuera, etc., sólo cabe esperar que personas, personas decentes, muchas personas decentes que aún quedan, comiencen por distanciarse intelectualmente de la corrección teórica y práctica imperante en su partido, en su Universidad, en la Justicia, en su mundo empresarial, etc. Lograda la distancia intelectual (o, con otras palabras, restaurada la finura del espíritu crítico) y recuperada una cierta valentía (es decir, desechada la cobardía y la pereza habituales), estarán -estaremos- en condiciones de pensar en serio qué hacer, cada uno solo y junto a otros. Después, a hablar, escribir y actuar, como buenamente podamos, pero sin perder tiempo ni concederse más descanso que el necesario. El resultado de esos esfuerzos personales nadie puede predecirlo ni augurarlo. Pero son lo único que resulta posible y lo que debemos considerar objeto de un serio e inexcusable deber personal. Por otra parte, sabemos con certeza que, de seguir como hasta ahora, meramente contemplativos de lo que pasa, mudos y pasivos, el tinglado actual acabará derrumbándose del todo.  Más bien pronto que tarde.

Suponiendo que no se reaccione (y, de momento, eso es lo que hay que suponer), ¿qué quedará, qué nos quedará cuando el “sistema” se caiga, cuando el “establishment” se venga abajo? No estoy en condiciones de profetizar y responder a esa cuestión. No veo a nadie capaz de hacerlo. Pero quizá quede algo -algo que no sean ruinas y escombros- si, cada uno por sí y todos juntos, que diría Cervantes, hablamos, escribimos y actuamos en una buena dirección, con cabeza y valor, sin soberbia cegadora ni el inconmensurable atrevimiento de la ignorancia.

SE ACERCAN UNAS SUPER-TASAS JUDICIALES Y UNA JUSTICIA SÓLO PARA RICOS

TODOS A LO SUYO Y NADIE (O CASI) EN LO DE TODOS

Habrán visto en este blog “Por Derecho” un enlace que se refiere al amenazante “Proyecto de Ley  por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses”. En el blog “Hay Derecho” (con enlace aquí) se publicó el lunes 8 de octubre de 2012, un artículo que informa suficientemente, me parece, de la tremenda amenaza. Y si quieren ver el Proyecto con detalle, vayan a la web del Congreso de los Diputados:

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas/IniTipo?_piref73_1335527_73_1335526_1335526.next_page=/wc/detalleDocumento&idIniciativa=121&numExpediente=18&numDocumento=0&paginaActualB=null

No voy a insistir ahora en ejemplos de lo que pretende ese Proyecto, que sigue la línea de la implantación, por el anterior Gobierno, de unas tasas relativas a los recursos. Los efectos nefastos de lo que ahora avanza sin parar en el Congreso de los Diputados son infinitamente superiores a los de las tasas ya implantadas. Tampoco me detendré en el hecho de que —con dudosa constitucionalidad— Cataluña ya aprobó una ley de tasas en la línea del temible Proyecto, aunque con cuantías mucho más razonables. Esta dualidad de normas (y en la Comunidad Valenciana se prepara otra) no es precisamente clarificadora sobre el acceso a la Justicia. Pero el Proyecto de Ley citado supondría, en todo caso, impedir el acceso a los Tribunales a millones de españoles, sobre todo a personas físicas y a pequeñas y medianas empresas, que no andan precisamente holgadas en liquidez y, con frecuencia, sí están ahogadas por el impago de las Administraciones y empresas públicas (con cruel sarcasmo, estos acreedores no podrían demandar a esos deudores gracias a la Ley proyectada).

De lo que ahora quiero hablar es de lo que hacen, al respecto, el Consejo General de la Abogacía y los Colegios de Abogados, el Consejo General del Poder Judicial, las asociaciones judiciales, las Facultades de Derecho y sus profesores, etc. Es muy corto lo que tengo que decir: no hacen nada, al menos nada de mínima entidad, nada informativamente digno de atención, pese a que el Proyecto, de convertirse en Ley, cambiará de modo radical la realidad jurídica española.

Los jueces (simplifico y me refiero también con este nombre a los que han alcanzado la categoría de “magistrados”) no hacen nada porque quizá piensan que su carga de trabajo disminuirá drásticamente en cuanto se empiece a cobrar sin moderación el inicio de cualquier litigio (menos las denuncias y querellas). Tal vez eso explique su silencio y su inacción. Pero esa explicación implica que los jueces ya han decidido no ser sino unos funcionarios más, un tipo de empleado público como otro cualquiera: eso se viene predicando desde dentro (alguna asociación lo ha dicho recientemente sin ningún pudor) para movilizar reivindicativamente a los miembros de la Carrera Judicial como se movilizaría cualquier trabajador ante los “recortes”.

 

Hay en eso un tremendo error de base, consistente en no reconocerse como unos servidores públicos muy especiales, con una potestad singularísima atribuída para protegernos a todos. Que los jueces se consideren ante todo jueces no les debería impedir moverse en defensa de sus derechos. En cambio, que para incrementar su actitud o talante reivindicativo acepten dejar a un lado su específica condición judicial, aparte de no serles de ninguna utilidad para sus derechos, es fatal para los derechos y deberes de todos nosotros. Los partidarios de esa proletarización judicial se están haciendo responsables de una degradación ética y cívica del oficio de juzgar que será devastadora para la tutela jurídica de todos. La proletarización de la Judicatura que ya hemos denunciado hace tiempo nos deja a todos a merced del puro poder de cualquier tipo (piensen un poco en la extrema dificultad añadida por las tasas para acceder la jurisdicción contencioso-administrativa, que más directamente controla la legalidad del Ejecutivo y de las Administraciones públicas). Y no es consolador que nuestra tristeza la padezcan también cierto número de jueces decentes y dignos, que injustamente sufrirán —sufen ya— el desprestigio general de la Judicatura.

Ni CGPJ ni asociaciones judiciales dicen nada de las tasas futuras. Lo que ahora recoge la prensa es una pelea entre jueces y fiscales de la Audiencia Nacional por unas plazas de aparcamiento. Y hace días, lo que veía publicado el español medio era una pelea entre jueces y Ministerio de Justicia por tipos y días de permisos, pelea que, al parecer, no iba a llegar a mayores por la generosa cesión del Ministerio. ¿Cómo podrán los jueces quejarse del desprestigio social —que, sí, es indeseable e incluso injusto— cuando permiten esa “imagen” de casta alejada de la gente, de la realidad? ¿Cómo piensan que, metidos en su mundo pequeñito, pero con empleo fijo y bastante bien pagado (señores jueces y magistrados: piénsenlo bien antes de quejarse públicamente: Vds. cobran más que la mayoría de los servidores públicos titulados universitarios y no hablemos de los magistrados del Tribunal Supremo, que cobran bastante más que los Ministros del Gobierno de España) podrán recibir la comprensión de unos ciudadanos que las están pasando canutas? (Por si los dos párrafos anteriores no estuviesen del todo claros, lean el comentario de Anónimo judicial y mi respuesta en dos partes).

Más sorprendente, con todo, es el silencio de los abogados. Y lo dice quien ha sido y se ha sentido y aun se siente abogado, desde hace más de treinta años, aunque ahora no ejerza. Incluso si los Colegios de Abogados hubiesen perdido (que lo han perdido) todo aliento de mínimo altruismo y de conciencia de su legítima función social, ¿cómo no reaccionan ante un Proyecto que previsiblemente perjudicará tremendamente a miles de abogados, al reducir su clientela?

Se puede pensar —hay quien lo piensa— que el dominio de los grandes despachos o “firmas” de abogados es total sobre los Colegios. No estoy en absoluto seguro de eso y no me parece que la pasividad corporativa de la Abogacía ante el Proyecto de Ley citado se explique así. Pienso que más bien se trata de la conjunción de dos elementos: por un lado, esas corporaciones carecen de reflejos y de músculos para lo que no sea su propia rutina de funcionamiento y financiación y, por otro, están creyendo, tontamente, que —como el Proyecto se atreve a decir, pese a ser falso e ilegal: contrario a la Ley Ley 8/1989 de Tasas y Precios Públicos— lo que se saque de las venideras tasas servirá para pagar los turnos de oficio, un problema envenenado que no tiene nada que ver con la falsedad propagandística de que “en España, como la Justicia es barata, litigamos por capricho a troche y moche y eso no puede ser: el que quiera litigar, que pague”.

Este tópico pseudo-liberal, que equipara acceder a los Tribunales con beber whisky de malta o embarcarse en un super-crucero, es una gran mentira. En España, la Justicia no es barata y mucho menos gratuita, ni siquiera para quienes, como manda la Constitución, acrediten insuficiencia de recursos para litigar (art. 119 CE). En España, todo el mundo conoce que “más vale un mal acuerdo que un buen pleito” y todo el mundo sabe la verdad que encierra la maldición gitana “pleitos tengas y los ganes”. De manera que no estamos poblados por cientos de miles de litigantes maliciosos, que dan rienda suelta a su morbosa afición, como si fuesen ludópatas, a costa de todos. Y hay, por lo demás, bastantes medios contra los litigantes temerarios, distintos de cerrar las puertas a todos poniendo un alto precio a la Justicia… pero, eso sí, con exención de pago para las Administraciones públicas y asimilados (que sí litigan “gratis total” con el dinero de todos), para el Ministerio Fiscal, etc.

¿Salen a la palestra pública Decanos de Colegios o dirigentes del Consejo General de la Abogacía para ilustrar a los ciudadanos de la transformación degenerativa que se avecina, apoyada en la mendacidaz falaz que acabo de denunciar e incluso en la tergiversación absoluta de una sentencia del Tribunal Constitucional? ¡Desde luego que no! Los Colegios Profesionales, corporaciones de Derecho Público que un Pedrol Rius consiguió introducir en el texto constitucional, han perdido por completo su médula de servicio a la sociedad y su entraña deontológica y altruista. Antonio Pedrol Rius se revolverá en su tumba, porque, con todas sus particularidades (nunca fui “pedrolista”), esta desidia absoluta no le iba y no padecía la insensibilidad que se aprecia.

Pero, como se me ha hecho notar, tampoco se advierte reacción desde el ámbito académico ante el monstruoso designio de poner precios prohibitivos a la Justicia, especialmente a los particulares, a las personas físicas, a consumidores y a usuarios que quieran reaccionar de modo individual. El reproche al profesorado universitario de Derecho (y de otras carreras, también afectadas) está plenamente justificado. Pero es que la Universidad y, en concreto, las Facultades de Derecho o centros similares con otro nombre ya dejaron, hace tiempo, de ser, en su conjunto, ámbitos de constante atención a la realidad social y de generación de análisis críticos independientes. Hay, sí, algunas iniciativas aisladas, no sólo de éste o de aquél docente, sino incluso de Departamentos o de “áreas” enteras: así se entienden coloquios, conferencias, mesas redondas y publicaciones sobre asuntos de actualidad. Pero no tenemos medios ni tiempo para lograr que esas iniciativas, nunca o casi nunca corporativas, alcancen difusión social. Y, además, se trataría siempre de excepciones. La actitud general es de pasotismo y desatención hacia la realidad, actitud fomentada en ciertos casos —también hay que decirlo— por crecientes cargas de trabajo y exigencias abrumadoras de papeleo burocrático (aunque eso sí, todo por internet). Desde los Rectorados, la comunicación institucional no se pone nunca al servicio de causas cívicas, bien analizadas y fundamentadas por los universitarios que saben del tema de que se trate.

La Justicia en España no es gratuita ni barata. Pero aún es una Justicia accesible. Tras el Proyecto, si se aprueba —y me temo que así sea, pese a las enmiendas a la totalidad presentadas, primero por UpyD y después de los restantes grupos parlamentarios, excepto el Popular, claro—, la Justicia en España sólo será para los económicamente poderosos. Un enorme cambio, que apuntilla a este país. Habrá, como hemos visto, graves corresponsables de tal cambio, pero siempre será el Gobierno del Partido Popular quien habrá cometido la atrocidad y, por tanto, el primer responsable. Seguiremos (sin saberlo o sabiéndolo, tanto da) imitando lo peor del Imperio Americano: lo peor en educación y lo peor en la Justicia, como lo peor en la Banca. No sé Vds., pero yo no perdonaré ese pecado al Gobierno del Sr. Rajoy y del Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.

LA “RECORTADA” CONTRA LA UNIVERSIDAD EN ESPAÑA

MATAR LA UNIVERSIDAD, CURIOSA MEDIDA PARA EL PROGRESO DE UN PAÍS

 “Recortada”: dícese de la escopeta a la que se le han acortado los cañones, de manera que es más fácil de ocultar y manejar y para la que, además, resulta sencillo adquirir munición (cartuchos con perdigones). Aunque el alcance del disparo es menor, sus efectos son devastadores a corta distancia. Se trata de un tipo de arma prohibida en la mayoría de los países, pero muy utilizada con fines criminales.

Todos estamos al tanto de los “recortes” de gasto, en las empresas privadas y en el sector público. En las Universidades públicas (en la mayoría, al menos), los “recortes” ya parecen más bien un ataque múltiple con la “recortada”. Con muy diversos motivos, a veces muy subjetivos, las perdigonadas de la “recortada” se multiplican: además de los “recortes” comunes a las  retribuciones de los funcionarios, que afectan a miles de profesores y, además de la subida general del IRPF, cierran materialmente los edificios de las Universidades durante las vacaciones y cada vez que tienen ocasión (ahorro en luz, calefacción, etc.), bajan todos los capítulos presupuestarios de los gastos ordinarios de los Departamentos (si viene un profesor extranjero no hay ni 9 euros para invitarle a comer; hay bastante menos dinero para libros y revistas o para reponer “consumibles”, etc.)

Pero son tres disparos de “recortada” los que pueden tener -si no los están teniendo ya-consecuencias letales para muchas Universidades. Los dos primeros afectan directamente al elemento esencial de éstas, al profesorado. Me refiero, por un lado, a la aplicación de la llamada “tasa de reposición 0” en casos de jubilación, defunción o cualquier otra causa por la que finaliza el status profesoral y, por otro, a la suspensión o eliminación de los planes de promoción del profesorado permanente. El tercero, a las becas y a los proyectos de investigación (I+D).

Los lectores de este blog, entre los que me consta que son numerosos los profesores universitarios españoles (y también extranjeros), me perdonarán si, a fin de no hablar de lo que no conozco bien, me refiero en este “post” o entrada especialmente a lo sucede o amenaza a mi Universidad, la Universidad Complutense, Madrid, España. Ciertamente, bastante de lo que diga valdrá para cualquier Universidad pública, pero no puedo omitir comparaciones en las que no se deben ver connotaciones peyorativas, sino sólo la exposición de diferencias entre Universidades, que considero racionalmente relevantes para una política sensata de asignación de recursos en estos tiempos de durísima crisis económica. 

Con todo, debe ir por delante una idea general y básica: aunque se ponderen y se recorten gastos no plenamente justificados e incluso superfluos (por no hablar de despilfarros y lujos inaceptables), no debería disminuir, sino en lo posible aumentar, el esfuerzo global del Estado (Comunidades Autónomas incluidas) en la Educación, en todos sus niveles. Porque sabemos todos que la Educación es el suelo sobre el que necesariamente se tiene que ir construyendo un futuro mejor. O dicho en términos: si la Educación empeora, no cabe duda de que nuestra vida empeorará. Reasígnense recursos, eliminando unos y mejorando otros, racionalícese cuanto se deba, pero establézcase y hágase real el criterio de que la Educación y, en concreto, la Educación Superior, no puede ser objeto de “recortes” si se desea realmente el progreso del país. Y, en concreto, no se abandone ni se maltrate al elemento humano esencial para toda Universidad, que es el profesorado.

Personalmente, nada me va ya en la deriva que siguen y puedan seguir las Universidades españolas. Estoy a pocos años del final de mi vida académica. Pero todavía me importan la Universidad y mis compañeros, de modo que me permitiré ampliar esta referencia personal. Terminé la Carrera de Derecho en 1967. Obtuve el grado de Doctor en 1969. Y en el año 1974 gané plaza de Profesor Agregado de la Universidad Complutense (antigua “Universidad Central”). El invento de los “Agregados” fue eliminado al cabo de no muchos años. A los Agregados que no habían pasado ya a ser Catedráticos por concurso se les convirtió sin más en Catedráticos de la Universidad en que estuviesen. Fue una medida lógica, puesto que la oposición era la misma que la de Cátedra (de seis ejercicios: “pata negra” nos llaman aún) y las funciones prácticamente iguales. Como yo sí había concursado y convertido en Catedrático en 1976, peregriné por varias plazas hasta ocupar Cátedra de la Complutense en 1984. Lo digo para que se vea que conozco la historia contemporánea de las Universidades españolas y, en concreto, de las Universidades públicas. En los años 70 no pasaban de 12 y ahora han llegado a ser 50.

Dejemos a un lado las Universidades privadas. Hablemos de las Universidades públicas. ¿Son todas iguales? Por supuesto que NO. Ya se entiende que algunas, como la Complutense, se inventaron hace más de cinco siglos y otras, en cambio, son bastante nuevecitas. Unas, pocas, albergan centros de todas clases, con profesorado de solera y otras, muy jóvenes, han reclutado y reclutan apenas los profesores justos. En unas se defienden semanalmente varias tesis doctorales y, en otras, los nuevos doctores al año son bien pocos.  ¿Eran y son necesarias todas esas Universidades? NO. ¿Las creamos los profesores universitarios? NO. ¿Las crearon los políticos? SÍ. ¿Se ha descubierto con la crisis económica el despilfarro de los políticos en situar Universidades públicas por doquier? NO, ya se había descubierto hacía tiempo e incluso, en ciertos casos, se sabía que era irracional crearlas justo cuando se creaban. ¿Es ahora razonable aplicar las mismas recetas en todas las Universidades públicas? NO: es tan “razonable”, es decir, tan tonto, como puede serlo tratar por igual realidades extraordinariamente desiguales.

Dicho esto podemos establecer algo poco práctico, pero no carente de importancia: los dirigentes políticos que crearon Universidades, Facultades (¡ay las de Derecho!) y Escuelas innecesarias carecen de toda legitimación para hablar de despilfarro y para imponer recortes. Lo harán de todos modos, pero conviene dejar claro que debería caérseles la cara de vergüenza. Este punto es en cierta medida aplicable a quienes utilizan la “recortada” contra mi Universidad Complutense, porque, aunque no crearan Universidades públicas en Madrid, sí han permitido que en las nuevas se gastase el dinero de todos en cosas superfluas, mientras la Complutense, tan “vieja” ella, padecía –y sigue padeciendo- muchas penalidades auténticas. Algunas penalidades básicas, que no se padecen en los centros penitenciarios.

Además de que en España ya tenía que haberse planteado en serio, como en otros países, la posible fusión de Universidades, vamos a los dos primeros grandes trabucazos de “la recortada”. Aplicación de la tasa de reposición de personal 0. Voy a dar por sentado que ni siquiera se aplicará automáticamente esa “política” en los ámbitos que no se anunciaron previamente excluidos: “Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Servicios Públicos Básicos” (lit. del discurso de investidura del Sr. Rajoy). En algunos ámbitos, que no son ni la policía ni los denominados “servicios públicos básicos”, sobran funcionarios de carrera, interinos y contratados. En otros, faltan funcionarios o, cuando menos, funcionarios con elemental cualificación. Es de suponer, pues, que la “tasa de reposición 0” se aplica globalmente. Y es de suponer, todavía más, que no se aplica sólo a la Administración Central, sino también (y sobre todo) a las autonómicas y municipales: de lo contrario, la medida es una broma cruel y ya van demasiadas. Dejo a un lado otras distinciones, sin duda convenientes, pero que complicarían innecesariamente lo que quiero decir.

En las Universidades como la Complutense hay notables desigualdades en cuanto a número de profesores según las materias. Con todas las matizaciones que se quieran hacer sobre la conveniencia de no prescindir de excelentes profesores e investigadores y sobre la imperfección del criterio de carga de trabajo según el número de alumnos (en efecto: un país que se precie mantendrá y cuidará centros de estudio y unidades de investigación excelentes, por minoritarios que sean), hay desigualdades desprovistas de explicación racional, debidas a factores sobre los que no hace falta ahora ser más explícitos. Primer mandamiento contra “la recortada”: no traten por igual a los Departamentos y “áreas” hiperdotados y a los que se encuentran infradotados, suponiendo igual carga de trabajo y similar interés de la materia. No es lo mismo aplicar a rajatabla la tasa de reposición 0 al Departamento sobrecargado en que fallece un Catedrático a causa del cáncer, bastante antes de cumplir 70 años, que amortizar la vacante cuando el Departamento o “área” está hiperdotado, de manera que les sobra profesorado para afrontar los dichosos créditos (o las horas de clase) mientras otros andan echándose sobre los hombros más créditos y horas de trabajo de los debidos.

Una Universidad que se precie no puede funcionar sin unos papeles orientadores -“documentos de plantilla” se les ha llamado, pero me daría igual otra denominación- en que consten las diversas situaciones de personal docente e investigador por Centros, áreas y Departamentos. ¡Ah! ¿Qué se quiere tomar en consideración, junto a datos cuantitativos, criterios cualitativos? No me parece mal: aunque los instrumentos criteriológicos no se encuentren cerca de la perfección ni mucho menos, los “recortadores” disponen de muchos elementos de juicio proporcionados por el “moderno“ sistema que tanto aprecian: miren los I+D nacionales solicitados y obtenidos por el “área” o Departamento (eso depende de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva: ANEP); miren los sexenios de investigación solicitados y obtenidos por sus profesores (eso depende del Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora: CNEAI); miren cómo les han evaluado las famosas agencias de evaluación (ANECA y criaturas autonómicas semejantes). Y escuchen a los interesados, que es muy sano eso de la “audiencia al interesado”, verdadero principio general del Derecho, eliminado del ámbito universitario. En no pocos casos, los interesados, si se les oye, pueden explicar bastante bien un maltrato inexplicable de los evaluadores. Pero cuando los criterios de estos artilugios evaluadores (ANEP, CNEAI, ANECA) tan modernos y estupendos son favorables, ¿también nos serán inútiles e inservibles frente a los “recortadores”? Eso ya sería el colmo del acabóse. Pero ese colmo es, precisamente, lo que estamos ya padeciendo docenas de Departamentos y “áreas”.

Segundo mandamiento contra crímenes de “la recortada”: no traten al profesorado con contrato laboral como si fuesen personal contratado en la Consejería tal o en el gabinete del Ministro cual. No lo son. No los traten como eventuales ni como interinos. No lo son. En primer lugar, que el contrato sea laboral fue el empeño lamentable de una Ministra desfasada en sus juveniles vivencias universitarias. Pero el Ayudante, el Ayudante Doctor (contratos temporales) o el Profesor Contratado Doctor (contrato indefinido) no son “colocados” a dedo por motivos clientelistas de tal o cual partido o coalición ni personal reclutado porque se pensó que había dinero y no se quiso dotar plazas de funcionario (fuese esto consecuencia de enchufismo puro y duro o de la locura ultra-neoliberal contra todo lo público y, por tanto, contra el funcionariado: de las dos cosas ha habido). Hay casos de nepotismo, desde luego, pero son excepciones. Los Ayudantes, Ayudantes Doctores y Profesores Contratados Doctores son los tres primeros pasos de la carrera de Profesor Universitario, afortunadamente establecida aquí mucho antes de Franco y entendida en muchos países como un enorme adelanto, que están queriendo incorporar para dar seriedad y base investigadora a la docencia universitaria. Las Universidades -al menos la mía, la Complutense- han venido incorporando esos Profesores con cálculos previos semejantes a los de las dotaciones de plazas de Profesores funcionarios y esas auténticas “plazas” han salido públicamente a concurso, con baremos previos, tribunal evaluador y comisión de reclamaciones independiente por si las cosas no se han hecho bien.

Y por si fuera poco lo anterior, esa carrera de Profesor Universitario suele comenzar -al menos así lo hacemos en bastantes Departamentos- con un paso previo: la obtención de una Beca de Investigación, de las que se ofrecen por el Estado y sólo después, subsidiariamente, de las que han venido ofreciendo las Comunidades Autónomas. La Beca de Investigación, por tres años, no se obtiene en mi ámbito sin una nota media de sobresaliente o, al menos, notable alto en el expediente de la carrera.

Si la tasa de reposición 0 se aplicase literalmente, se abandonaría a los Becarios de Investigación cuando agotan su beca, por más que hayan elaborado una excelente tesis doctoral, publicada en editorial con criterios de exigencia y hayan desarrollado otras actividades valiosas. No valiosas simplemente porque lo decimos los que sabemos. Valiosas también porque el “sistema” las ha considerado así y ese Becario ha sido “acreditado” oficialmente por un organismo oficial para proseguir la carrera universitaria en una categoría superior. Cabe dentro de lo posible y no es infrecuente, que el becario, a punto de terminar la beca y ya con el grado de Doctor, se someta a evaluación de la ANECA y ésta lo acredite, es decir, lo reconozca oficialmente como apto para ser Ayudante Doctor e incluso Profesor Contratado Doctor. Otro tanto cabe decir de quienes finalizan sus contratos temporales como Ayudantes o Ayudantes Doctores: la ANECA puede haberles acreditado como Profesores Contratados Doctores. Debería haber dinero para que esos profesores avancen en su Carrera allí donde son necesarios e incluso donde no lo sean estrictamente por razón del número de alumnos.  Porque, en primer lugar, a las Universidades, a las Facultades y Escuelas -a las plenamente justificadas por todos los conceptos- no se les puede dejar sin profesorado (y menos en pleno “proceso Bolonia”, que requiere más profesores). Y, en segundo lugar, porque resulta inicuo haber enrolado en una Carrera a personas de valía -tras superar filtros muy serios- y dejarlas luego en la estacada, cuando, por añadidura, eso conduce a un estado de anemia grave a los Centros, Departamentos y “áreas de conocimiento” universitarios, que convendría a todos, no ya no debilitar, sino robustecer.

Hay en el país, e incluso en las mismas Universidades (cargos, servicios, actividades extracurriculares, etc.), muchos ámbitos en que los “recortes” estarían justificados y no se han hecho ni parece previsto que se hagan. En cambio, los “recortes” en el profesorado universitario en formación con buenos resultados contrastados o en el profesorado con una formación, que, aun sin terminar -no debe terminar nunca-, se puede considerar y oficialmente se considera buena y sólida, constituyen una matanza de Universidades vivas y viables y un factor de enorme regresión social y económica.

Es el momento de decir que los “recortes” e incluso los tremendos disparos de “la recortada” se están produciendo ya, no tanto como efecto de planes nacionales, sino por iniciativa de las mismas Universidades, que detectan “agujeros” presupuestarios y financieros y por contemporánea decisión de las Comunidades Autónomas con competencias en materia educativa, que, de un lado, andan también empeñadas en reducir el gasto público y, de otro, no están dispuestas a remediar los “agujeros” y sí a prescindir de quiénes resultan perjudicados de verdad por el agujereamiento. En cuanto a los, llamémosles así, “agujeros particulares”, los habitantes permanentes de las correspondientes Universidades mereceríamos una cumplida explicación. Si mi Universidad, por ejemplo, es capaz de cuantificar un “agujero” de “cerca de 150 millones de deuda”, deberíamos saber en detalle cómo se ha producido ese “agujero”, que no es un fenómeno natural. Los que padecen directamente las consecuencias del “agujero” están especialmente legitimados para saber si no están recibiendo en su ipurdi (del vascuence: ass) la patada que merecerían los agujereadores. Pero, en realidad, debería ser realidad perceptible por cualquier ciudadano, en toda la Nación, que el que la hace, la paga.

En cualquier caso, resulta sencillamente tremendo que, por la acción combinada de “agujero” misterioso y de cicatería y miopía autonómica en la política de “recorte”, de “tijeretazo”, etc., se camine hacia la “tasa de reposición 0” y, además, se suspendan o eliminen los planes públicos de promoción del profesorado universitario. Por tales planes entiendo aquéllos que preveían calendarios determinados para a) convertir en plazas de Profesores Titulares de Universidad (funcionarios docentes universitarios) a quienes hubiesen sido acreditados oficialmente como tales y fuesen Profesores Contratados Doctores y b) para convertir en plazas de Catedráticos de Universidad las plazas de Profesores Titulares ocupadas por quienes hubiesen sido acreditados como Catedráticos, siempre oficialmente. La primera conversión, con coste 0. La segunda, con un coste nada alto, porque no es muy grande la diferencia de retribución entre Profesores Titulares y Catedráticos.

Es un hecho que esos planes han sido dejados sin efecto, precisamente en Universidades más viables e indiscutibles, más grandes. En Universidades pequeñas, los pocos profesores acreditados han podido acceder mediante concurso a la categoría de la acreditación recibida, porque la plaza correspondiente ha sido creada de inmediato. Paradójicamente, en Universidades grandes, eso es lo que no sólo no ha sucedido, sino que, al contrario, los planes de promoción aprobados y publicados han sido eliminados. No se han suspendido por falta de fondos, sino que se han eliminado o suprimido. Con independencia de la admisibilidad de los argumentos para la supresión, la falta de los fondos necesarios no debiera darse, porque asumida la financiación de esas Universidades públicas por la Comunidad Autónoma correspondiente, el “recorte” ahí es un recorte letal para esas Universidades y para la sociedad de esa Comunidad y de todo el país, dada la indiscutible movilidad del alumnado y la cacareada conveniencia de competitividad entre Universidades. Si mi Universidad Complutense tiene un “agujero”, que el Rectorado y la Comunidad Autónoma de Madrid depuren sin piedad las irregularidades, pero que no dejen a la Universidad Complutense sin sus recursos humanos de calidad o con esos recursos en condiciones de precariedad y de inexistencia de estímulos perfectamente razonables y previamente previstos.

Puede suceder en ocasiones -de hecho, sucede-, que la Comunidad Autónoma que asumió en su día con gusto competencias educativas plenas, no es que llegue un momento en que tenga que plantearse “recortes”, sino que los decide sumariamente respecto de la Educación Superior con un talante que, por lo que aparece en la prensa (sin necesidad de “información privilegiada”), se puede calificar de dura hostilidad hacia las Universidades públicas o hacia alguna de ellas. Me temo con fundamento que eso esté sucediendo por lo que respecta a la Universidad Complutense y, en cierto modo, probablemente por defectos de expresión, hacia las Universidades públicas de Madrid. Es lamentable por muchas razones -y a mí se me hace particularmente triste- que se dé la impresión de que mis jóvenes compañeros profesores acaban recibiendo en su ipurdi (del vascuence: ass) las patadas que se le quieren dar al Rector Fulano o Mengano. Pero esa impresión es inevitable y nada infundada si a mis jóvenes compañeros no se les escucha ni se les explica nada, sino que, simplemente, resultan ser los meros y puros paganos, los que pagan el pato de una controversia ajena, las víctimas objetivas de “la recortada”, que afecta a la Universidad entera. La Universidad Complutense es muy anterior y de mucha más trascendencia y proyección que el Rectorado de Fulano o de Mengano. Fulano y Mengano deben verlo así, pero los financiadores públicos también, lo vean o no Fulano y Mengano. Por si el desastre fuese pequeño, se da pie a acusar a los financiadores de estar favoreciendo a lo privado a costa de lo público. La acusación suele ser una tontería (las Universidades privadas van a lo suyo, con sus precios), pero los problemas reales, que sería cosa de reflexionar y contar y repartir bien las habas, se envenenan política e ideológicamente. Y ya ni siquiera son abordados con una mínima objetividad.

Para no alargarme, trataré brevísimamente del tercer objetivo de “la recortada”: las becas de investigación y los proyectos de I+ D. Lo que quiero decir es sencillo: el dinero del Estado -me refiero ahora al Estado central- para becas de investigación y proyectos competitivos nacionales de I+D no debería reducirse ni un euro, precisamente por la naturaleza de la crisis económica.  Han llevado la Investigación, con rango de Secretaría de Estado, a un rebautizado Ministerio de Economía y Competitividad. Hagan, pues, honor a lo que eso supone. Las Universidades públicas (las privadas, en general, no se preocupan de eso) son en España un lugar relevantísimo de investigación. No sé -ni me hace falta saber- si las Universidades superan el volumen de investigación del Centro Superior de Investigaciones Científicas y de otros centros de investigación. Sé de sobra que si disminuyen los recursos para investigación (básica y aplicada) en las Universidades, a través de las becas de investigación y de los proyectos de I+D, nuestros dirigentes políticos están mintiendo y, puestos a apostar, como tanto les gusta ahora, no apuestan por el futuro de España. No tiene vuelta de hoja. [Por descontado, me parecerá muy bien que desaparezca la incipiente cultura en virtud de la cual algunos profesores, autoerigidos en "investigadores principales", consideran que con unos cuantos papeles vale para conseguir unos eurillos que permitan pequeños desahogos: pero eso no requiere mermar los dineros para proyectos, sino sólo seleccionarlos decentemente.]

Eximios miembros de nuestra clase política dirigente: ante lo que aquí se ha escrito pienso, con el máximo esfuerzo de sinceridad y honradez intelectual, que no tienen Vds. otro discurso que oponer que no sea el de la demagogia, extrapolando a todo y a todos los muy conocidos defectos de nuestras Universidades públicas. Vds. saben que esa extrapolación, ese ataque indiscriminado a la Universidad -ya iniciado por lenguas insensatas y cerebritos rellenos de serrín- es muy injusto, más aún que la descalificación general de la clase política a cargo de “los indignados”. Deben Vds. saber que esa demagogia -denostando a nuestras Universidades públicas en su conjunto o a varias en particular- es también muy mala para la “marca España” y muy negativa, mortal, para nuestra realidad dentro de un simple lustro. Vds. verán.