MATAR LA UNIVERSIDAD, CURIOSA MEDIDA PARA EL PROGRESO DE UN
PAÍS
“Recortada”:
dícese de la escopeta a la que se le han acortado los cañones, de manera que es
más fácil de ocultar y manejar y para la que, además, resulta sencillo adquirir
munición (cartuchos con perdigones). Aunque el alcance del disparo es menor,
sus efectos son devastadores a corta distancia. Se trata de un tipo de arma
prohibida en la mayoría de los países, pero muy utilizada con fines criminales.
Todos estamos al tanto
de los “recortes” de gasto, en las empresas privadas y en el sector público. En
las Universidades públicas (en la mayoría, al menos), los “recortes” ya parecen
más bien un ataque múltiple con la “recortada”. Con muy diversos motivos, a
veces muy subjetivos, las perdigonadas de la “recortada” se multiplican: además
de los “recortes” comunes a las
retribuciones de los funcionarios, que afectan a miles de profesores y,
además de la subida general del IRPF, cierran materialmente los edificios de
las Universidades durante las vacaciones y cada vez que tienen ocasión (ahorro
en luz, calefacción, etc.), bajan todos los capítulos presupuestarios de los
gastos ordinarios de los Departamentos (si viene un profesor extranjero no hay
ni 9 euros para invitarle a comer; hay bastante menos dinero para libros y
revistas o para reponer “consumibles”, etc.)
Pero son tres disparos
de “recortada” los que pueden tener -si no los están teniendo ya-consecuencias letales para muchas
Universidades. Los dos primeros afectan directamente al elemento esencial de éstas, al
profesorado. Me refiero, por un lado, a la aplicación
de la llamada “tasa de reposición 0” en casos de jubilación, defunción o
cualquier otra causa por la que finaliza el status
profesoral y, por otro, a la suspensión o
eliminación de los planes de promoción del profesorado permanente. El
tercero, a las becas y a los proyectos de investigación (I+D).
Los lectores de este
blog, entre los que me consta que son numerosos los profesores universitarios
españoles (y también extranjeros), me perdonarán si, a fin de no hablar de lo
que no conozco bien, me refiero en este “post” o entrada especialmente a lo sucede o
amenaza a mi Universidad, la Universidad Complutense, Madrid, España.
Ciertamente, bastante de lo que diga valdrá para cualquier Universidad pública,
pero no puedo omitir comparaciones en las que no se deben ver connotaciones
peyorativas, sino sólo la exposición de diferencias entre Universidades, que
considero racionalmente relevantes para una política sensata de asignación de
recursos en estos tiempos de durísima crisis económica.
Con todo, debe ir por
delante una idea general y básica: aunque se ponderen y se recorten gastos no
plenamente justificados e incluso superfluos (por no hablar de despilfarros y
lujos inaceptables), no debería disminuir, sino en lo posible aumentar, el
esfuerzo global del Estado (Comunidades Autónomas incluidas) en la Educación,
en todos sus niveles. Porque sabemos todos que la Educación es el suelo sobre
el que necesariamente se tiene que ir construyendo un futuro mejor. O dicho en
términos: si la Educación empeora, no cabe duda de que nuestra vida empeorará. Reasígnense
recursos, eliminando unos y mejorando otros, racionalícese cuanto se deba, pero
establézcase y hágase real el criterio de que la Educación y, en concreto, la
Educación Superior, no puede ser objeto de “recortes” si se desea realmente el
progreso del país. Y, en concreto, no se abandone ni se maltrate al elemento
humano esencial para toda Universidad, que es el profesorado.
Personalmente, nada me
va ya en la deriva que siguen y puedan seguir las Universidades españolas. Estoy a pocos
años del final de mi vida académica. Pero todavía me importan la Universidad y
mis compañeros, de modo que me permitiré ampliar esta referencia personal.
Terminé la Carrera de Derecho en 1967. Obtuve el grado de Doctor en 1969. Y en
el año 1974 gané plaza de Profesor Agregado de la Universidad Complutense
(antigua “Universidad Central”). El invento de los “Agregados” fue eliminado al
cabo de no muchos años. A los Agregados que no habían pasado ya a ser
Catedráticos por concurso se les convirtió sin más en
Catedráticos de la Universidad en que estuviesen. Fue una medida lógica, puesto
que la oposición era la misma que la de Cátedra (de seis ejercicios: “pata
negra” nos llaman aún) y las funciones prácticamente iguales. Como yo sí había concursado
y convertido en Catedrático en 1976, peregriné por varias plazas hasta ocupar
Cátedra de la Complutense en 1984. Lo digo para que se vea que conozco la
historia contemporánea de las Universidades españolas y, en concreto, de las
Universidades públicas. En los años 70 no pasaban de 12 y ahora han llegado a
ser 50.
Dejemos a un lado las
Universidades privadas. Hablemos de las Universidades públicas. ¿Son todas
iguales? Por supuesto que NO. Ya se entiende que algunas, como la Complutense,
se inventaron hace más de cinco siglos y otras, en cambio, son bastante
nuevecitas. Unas, pocas, albergan centros de todas clases, con profesorado de
solera y otras, muy jóvenes, han reclutado y reclutan apenas los profesores
justos. En unas se defienden semanalmente varias tesis doctorales y, en otras,
los nuevos doctores al año son bien pocos.
¿Eran y son necesarias todas esas Universidades? NO. ¿Las creamos los
profesores universitarios? NO. ¿Las crearon los políticos? SÍ. ¿Se ha
descubierto con la crisis económica el despilfarro de los políticos en situar Universidades
públicas por doquier? NO, ya se había descubierto hacía tiempo e incluso, en
ciertos casos, se sabía que era irracional crearlas justo cuando se creaban.
¿Es ahora razonable aplicar las mismas recetas en todas las Universidades
públicas? NO: es tan “razonable”, es decir, tan tonto, como puede serlo tratar
por igual realidades extraordinariamente desiguales.
Dicho esto podemos
establecer algo poco práctico, pero no carente de importancia: los dirigentes
políticos que crearon Universidades, Facultades (¡ay las de Derecho!) y Escuelas innecesarias carecen
de toda legitimación para hablar de despilfarro y para imponer recortes. Lo
harán de todos modos, pero conviene dejar claro que debería caérseles la cara
de vergüenza. Este punto es en cierta medida aplicable a quienes utilizan la
“recortada” contra mi Universidad Complutense, porque, aunque no crearan
Universidades públicas en Madrid, sí han permitido que en las nuevas se gastase
el dinero de todos en cosas superfluas, mientras la Complutense, tan “vieja”
ella, padecía –y sigue padeciendo- muchas penalidades auténticas. Algunas penalidades básicas, que no se padecen en los centros penitenciarios.
Además de que en España ya tenía que haberse
planteado en serio, como en otros países, la posible fusión de Universidades, vamos a los dos primeros grandes
trabucazos de “la recortada”. Aplicación de la tasa de reposición de personal 0. Voy a dar por sentado que ni
siquiera se aplicará automáticamente esa “política” en los ámbitos que no se
anunciaron previamente excluidos: “Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y
Servicios Públicos Básicos” (lit. del discurso de investidura del Sr. Rajoy).
En algunos ámbitos, que no son ni la policía ni los denominados “servicios
públicos básicos”, sobran funcionarios de carrera, interinos y contratados. En
otros, faltan funcionarios o, cuando menos, funcionarios con elemental
cualificación. Es de suponer, pues, que la “tasa de reposición 0” se aplica
globalmente. Y es de suponer, todavía más, que no se aplica sólo a la
Administración Central, sino también (y sobre todo) a las autonómicas y
municipales: de lo contrario, la medida es una broma cruel y ya van demasiadas.
Dejo a un lado otras distinciones, sin duda convenientes, pero que complicarían
innecesariamente lo que quiero decir.
En las Universidades
como la Complutense hay notables desigualdades en cuanto a número de profesores
según las materias. Con todas las matizaciones que se quieran hacer sobre la
conveniencia de no prescindir de excelentes profesores e investigadores y sobre
la imperfección del criterio de carga de trabajo según el número de alumnos (en efecto: un
país que se precie mantendrá y cuidará centros de estudio y unidades de
investigación excelentes, por minoritarios que sean), hay desigualdades
desprovistas de explicación racional, debidas a factores sobre
los que no hace falta ahora ser más explícitos. Primer mandamiento contra “la recortada”: no traten por igual a los Departamentos y “áreas” hiperdotados y a los
que se encuentran infradotados, suponiendo igual carga de trabajo y similar
interés de la materia. No es lo mismo aplicar a rajatabla la tasa de reposición 0 al Departamento
sobrecargado en que fallece un Catedrático a causa del cáncer, bastante antes
de cumplir 70 años, que amortizar la vacante cuando el Departamento o “área”
está hiperdotado, de manera que les sobra profesorado para afrontar los
dichosos créditos (o las horas de clase) mientras otros andan echándose sobre
los hombros más créditos y horas de trabajo de los debidos.
Una Universidad que se
precie no puede funcionar sin unos papeles orientadores -“documentos de
plantilla” se les ha llamado, pero me daría igual otra denominación- en que
consten las diversas situaciones de personal docente e investigador por Centros,
áreas y Departamentos. ¡Ah! ¿Qué se quiere tomar en consideración, junto a
datos cuantitativos, criterios cualitativos? No me parece mal: aunque los
instrumentos criteriológicos no se encuentren cerca de la perfección ni mucho
menos, los “recortadores” disponen de muchos elementos de juicio proporcionados
por el “moderno“ sistema que tanto
aprecian: miren los I+D nacionales solicitados y obtenidos por el “área” o
Departamento (eso depende de la Agencia
Nacional de Evaluación y Prospectiva: ANEP); miren los sexenios
de investigación solicitados y obtenidos por sus profesores (eso depende del Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad
Investigadora: CNEAI); miren cómo les han evaluado las famosas
agencias de evaluación (ANECA y
criaturas autonómicas semejantes). Y escuchen a los interesados, que es muy
sano eso de la “audiencia al interesado”,
verdadero principio general del Derecho, eliminado del ámbito universitario. En
no pocos casos, los interesados, si se les oye, pueden explicar bastante bien
un maltrato inexplicable de los evaluadores. Pero cuando los criterios de estos artilugios evaluadores (ANEP, CNEAI, ANECA) tan modernos y estupendos son favorables, ¿también nos
serán inútiles e inservibles frente a los “recortadores”? Eso ya sería el colmo
del acabóse. Pero ese colmo es, precisamente, lo que estamos ya padeciendo
docenas de Departamentos y “áreas”.
Segundo
mandamiento contra crímenes de “la recortada”: no traten al profesorado con contrato
laboral como si fuesen personal contratado en la Consejería tal o en el
gabinete del Ministro cual. No lo son. No los traten como eventuales ni
como interinos. No lo son. En primer lugar, que el contrato sea laboral fue el empeño
lamentable de una Ministra desfasada en sus juveniles vivencias universitarias.
Pero el Ayudante, el Ayudante Doctor (contratos temporales) o el Profesor
Contratado Doctor (contrato indefinido) no son “colocados” a dedo por motivos
clientelistas de tal o cual partido o coalición ni personal reclutado porque se
pensó que había dinero y no se quiso dotar plazas de funcionario (fuese esto
consecuencia de enchufismo puro y duro o de la locura ultra-neoliberal contra
todo lo público y, por tanto, contra
el funcionariado: de las dos cosas ha habido). Hay casos de nepotismo, desde luego, pero son excepciones. Los Ayudantes, Ayudantes
Doctores y Profesores Contratados Doctores son los tres primeros pasos de la carrera de Profesor Universitario,
afortunadamente establecida aquí mucho antes de Franco y entendida en muchos
países como un enorme adelanto, que están queriendo incorporar para dar
seriedad y base investigadora a la docencia universitaria. Las Universidades
-al menos la mía, la Complutense- han venido incorporando esos Profesores con
cálculos previos semejantes a los de las dotaciones de plazas de Profesores
funcionarios y esas auténticas “plazas” han salido públicamente a concurso, con
baremos previos, tribunal evaluador y comisión de reclamaciones independiente por
si las cosas no se han hecho bien.
Y por si fuera poco lo
anterior, esa carrera de Profesor Universitario suele comenzar -al menos así lo
hacemos en bastantes Departamentos- con un paso previo: la obtención de una Beca de Investigación, de las que se
ofrecen por el Estado y sólo después, subsidiariamente, de las que han venido
ofreciendo las Comunidades Autónomas. La Beca de Investigación, por tres años,
no se obtiene en mi ámbito sin una nota media de sobresaliente o, al menos, notable
alto en el expediente de la carrera.
Si la tasa de reposición 0 se aplicase
literalmente, se abandonaría a los Becarios de Investigación cuando agotan su
beca, por más que hayan elaborado una excelente tesis doctoral, publicada en
editorial con criterios de exigencia y hayan desarrollado otras actividades
valiosas. No valiosas simplemente porque lo decimos los que sabemos. Valiosas
también porque el “sistema” las ha considerado así y ese Becario ha sido “acreditado”
oficialmente por un organismo oficial para proseguir la carrera universitaria
en una categoría superior. Cabe dentro de lo posible y no es infrecuente, que
el becario, a punto de terminar la beca y ya con el grado de Doctor, se someta a evaluación de la ANECA y ésta lo acredite, es decir, lo
reconozca oficialmente como apto para ser Ayudante Doctor e incluso Profesor
Contratado Doctor. Otro tanto cabe decir de quienes finalizan sus contratos
temporales como Ayudantes o Ayudantes Doctores: la ANECA puede haberles acreditado como Profesores Contratados
Doctores. Debería haber dinero para que esos profesores avancen en su Carrera
allí donde son necesarios e incluso donde no lo sean estrictamente por razón
del número de alumnos. Porque, en primer lugar, a las
Universidades, a las Facultades y Escuelas -a las plenamente justificadas por
todos los conceptos- no se les puede dejar sin profesorado (y
menos en pleno “proceso Bolonia”, que requiere más profesores). Y, en segundo
lugar, porque resulta inicuo haber enrolado en una Carrera a personas de valía -tras
superar filtros muy serios- y dejarlas luego en la estacada, cuando, por
añadidura, eso conduce a un estado de anemia grave a los Centros, Departamentos
y “áreas de conocimiento” universitarios, que convendría a todos, no ya no
debilitar, sino robustecer.
Hay en el país, e
incluso en las mismas Universidades (cargos, servicios, actividades extracurriculares,
etc.), muchos ámbitos en que los “recortes” estarían justificados y no se han
hecho ni parece previsto que se hagan. En cambio, los “recortes” en el profesorado universitario en formación con
buenos resultados contrastados o en el profesorado con una formación, que, aun
sin terminar -no debe terminar nunca-, se puede considerar y oficialmente se
considera buena y sólida, constituyen una matanza de Universidades vivas y viables y un factor de enorme regresión social y económica.
Es el momento de decir
que los “recortes” e incluso los tremendos disparos de “la recortada” se están
produciendo ya, no tanto como efecto de planes nacionales, sino por iniciativa
de las mismas Universidades, que detectan “agujeros” presupuestarios y
financieros y por contemporánea decisión de las Comunidades Autónomas con
competencias en materia educativa, que, de un lado, andan también empeñadas en
reducir el gasto público y, de otro, no están dispuestas a remediar los “agujeros” y sí a
prescindir de quiénes resultan perjudicados de verdad por el agujereamiento. En cuanto a los,
llamémosles así, “agujeros particulares”, los habitantes permanentes de las
correspondientes Universidades mereceríamos una cumplida explicación. Si mi
Universidad, por ejemplo, es capaz de cuantificar un “agujero” de “cerca de 150
millones de deuda”, deberíamos saber en detalle cómo se ha producido ese “agujero”,
que no es un fenómeno natural. Los que padecen directamente las consecuencias del
“agujero” están especialmente legitimados para saber si no están recibiendo en
su ipurdi (del vascuence: ass) la patada que merecerían los agujereadores. Pero, en realidad,
debería ser realidad perceptible por cualquier ciudadano, en toda la Nación, que
el que la hace, la paga.
En cualquier caso,
resulta sencillamente tremendo que, por la acción combinada de “agujero”
misterioso y de cicatería y miopía autonómica en la política de “recorte”, de “tijeretazo”,
etc., se camine hacia la “tasa de reposición 0” y, además, se suspendan o
eliminen los planes públicos de promoción
del profesorado universitario. Por tales planes entiendo aquéllos que
preveían calendarios determinados para a) convertir en plazas de Profesores Titulares
de Universidad (funcionarios docentes universitarios) a quienes hubiesen sido
acreditados oficialmente como tales y fuesen Profesores Contratados Doctores y b)
para convertir en plazas de Catedráticos de Universidad las plazas de
Profesores Titulares ocupadas por quienes hubiesen sido acreditados como
Catedráticos, siempre oficialmente. La primera conversión, con coste 0. La
segunda, con un coste nada alto, porque no es muy grande la diferencia de
retribución entre Profesores Titulares y Catedráticos.
Es un hecho que esos
planes han sido dejados sin efecto, precisamente en Universidades más viables e
indiscutibles, más grandes. En Universidades pequeñas, los pocos profesores
acreditados han podido acceder mediante concurso a la categoría de la
acreditación recibida, porque la plaza correspondiente ha sido creada de
inmediato. Paradójicamente, en Universidades grandes, eso es lo que no sólo no
ha sucedido, sino que, al contrario, los planes de promoción aprobados y publicados han sido
eliminados. No se han suspendido por
falta de fondos, sino que se han eliminado o suprimido.
Con independencia de la admisibilidad de los argumentos para la supresión, la
falta de los fondos necesarios no debiera darse, porque asumida la financiación de esas
Universidades públicas por la Comunidad Autónoma correspondiente, el “recorte”
ahí es un recorte letal para esas Universidades y para la sociedad de esa
Comunidad y de todo el país, dada la indiscutible movilidad del alumnado y la
cacareada conveniencia de competitividad entre Universidades. Si
mi Universidad Complutense tiene un “agujero”, que el Rectorado y la Comunidad
Autónoma de Madrid depuren sin piedad las irregularidades, pero que no dejen a
la Universidad Complutense sin sus recursos humanos de calidad o con esos
recursos en condiciones de precariedad y de inexistencia de estímulos perfectamente
razonables y previamente previstos.
Puede suceder en
ocasiones -de hecho, sucede-, que la Comunidad Autónoma que asumió en su día
con gusto competencias educativas plenas, no es que llegue un momento en que tenga
que plantearse “recortes”, sino que los decide sumariamente respecto de la
Educación Superior con un talante que, por lo que aparece en la prensa (sin
necesidad de “información privilegiada”), se puede calificar de dura hostilidad hacia las
Universidades públicas o hacia alguna de ellas. Me temo con fundamento que eso
esté sucediendo por lo que respecta a la Universidad Complutense y, en cierto
modo, probablemente por defectos de expresión, hacia las Universidades públicas
de Madrid. Es lamentable por muchas razones -y a mí se me hace particularmente
triste- que se dé la impresión de que mis jóvenes compañeros profesores acaban
recibiendo en su ipurdi (del
vascuence: ass) las patadas que se le
quieren dar al Rector Fulano o Mengano. Pero esa impresión es inevitable y nada
infundada si a mis jóvenes compañeros no se les escucha ni se les explica nada,
sino que, simplemente, resultan ser los meros y puros paganos, los que pagan el
pato de un cacería ajena controvertida, las víctimas objetivas de “la
recortada”, que afecta a la Universidad entera. La Universidad Complutense es muy
anterior y de mucha más trascendencia y proyección que el Rectorado de Fulano o
de Mengano. Fulano y Mengano deben verlo así, pero los financiadores públicos
también, lo vean o no Fulano y Mengano. Por si el desastre fuese pequeño, se da
pie a acusar a los financiadores de estar favoreciendo a lo privado a costa de
lo público. La acusación suele ser una tontería (las Universidad privadas van a lo suyo, con sus precios), pero los problemas reales, que serían cuestión de reflexionar y contar bien las
habas, se envenenan política e ideológicamente. Y ya no siquiera son abordados con una mínima objetividad.
Para no alargarme,
trataré brevísimamente del tercer objetivo de “la recortada”: las becas de investigación y los proyectos de
I+ D. Lo que quiero decir es sencillo: el dinero del Estado -me refiero ahora
al Estado central- para becas de investigación y proyectos competitivos
nacionales de I+D no debería reducirse ni un euro, precisamente por la
naturaleza de la crisis económica. Han
llevado la Investigación, con rango de Secretaría de Estado, a un rebautizado
Ministerio de Economía y Competitividad. Hagan, pues, honor a lo que eso supone. Las
Universidades públicas (las privadas, en general, no se preocupan de eso) son en
España un lugar relevantísimo de investigación. No sé -ni me hace falta saber-
si superan el volumen de investigación del Centro Superior de Investigaciones
Científicas y de otros centros de investigación. Sé de sobra que si disminuyen los
recursos para investigación (básica y aplicada) en las Universidades, a
través de las becas de investigación y de los proyectos de I+D, nuestros
dirigentes políticos están mintiendo y, puestos a apostar, como tanto les gusta
ahora, no apuestan por el futuro de España. No tiene vuelta de hoja. [Por descontado, me parecerá muy bien que desaparezca la incipiente cultura en virtud de la cual algunos profesores, autoerigidos en "investigadores principales", consideran que con unos cuantos papeles vale para conseguir unos eurillos que permitan pequeños desahogos: pero eso no significa mermar los dineros para proyectos, sino sólo seleccionarlos decentemente.]
Eximios miembros de
nuestra clase política dirigente: ante lo que aquí se ha escrito pienso, con el
máximo esfuerzo de sinceridad y honradez intelectual, que no tienen Vds. otro
discurso que oponer que no sea el de la demagogia, extrapolando a todo y a todos los muy
conocidos defectos de nuestras Universidades públicas. Vds. saben que esa
extrapolación, ese ataque indiscriminado a la Universidad -ya iniciado por lenguas insensatas y cerebritos rellenos de serrín- es muy injusto, más aún que la descalificación general de la
clase política a cargo de “los indignados”. Deben Vds. saber que esa demagogia -denostando
a nuestras Universidades públicas en su conjunto o a varias en particular- es
también muy mala para la “marca España” y muy negativa, mortal, para nuestra
realidad dentro de un simple lustro. Vds. verán.
