¿SE PUEDE TERGIVERSAR TANTO UN CASO DE “LIBERTAD CONDICIONAL”?

 

NO IMPORTA SÓLO LA SITUACIÓN DE LA SALUD, SINO TAMBIÉN EL “PRONÓSTICO DE REINSERCIÓN”

 

D. José Luis Castro Antonio, Magistrado-Juez titular del “Juzgado Central de Menores (con funciones de Vigilancia Penitenciaria”), ha resuelto, por Auto de 30 de agosto de 2012, lo siguiente: “se aprueba la propuesta de libertad condicional elevada por la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario de Álava y se concede el beneficio de libertad condicional al penado JESÚS MARÍA URIBECHEVARRIA BOLINAGA, vía art. 196.2 del Reglamento Penitenciario”. Para abreviar, me referiré a este criminal por su segundo apellido, Bolinaga. Si quisiesen leer entero el Auto, vayan a

 http://politica.elpais.com/politica/2012/08/30/actualidad/1346321669_072887.html

Los más veteranos lectores de este “blog” quizás habrán observado que muy pocas veces entro en asuntos relativos al terrorismo de ETA, a los etarras y a su entorno. Hay sobreabundancia de comentarios de todo tipo en torno a ese criminal fenómeno y, como es explicable, frecuentemente lo político invade y desfigura lo jurídico. Hago hoy una excepción porque he sentido curiosidad por los aspectos jurídicos (y médico-juridicos) de este asunto de la libertad condicional de Bolinaga y, tras informarme, me ha parecido penosa la confusión difundida y veo algo sobre lo que apenas se ha dicho nada, cuando, a mi parecer, resulta de lo más llamativo y poco explicable.

Diré, para empezar, que no entiendo a qué ha venido tanta discusión sobre el estado terminal, o no, del etarra Bolinaga, condenado a 32 años de cárcel por secuestro (fue uno de los verdugos-torturadores del funcionario de prisiones, Sr. Ortega Lara, que fue privado de libertad, en condiciones sumamente penosas, durante 532 días), a 145 años de cárcel por atentado mortal contra dos guardias civiles (1987) y a 33 años por asesinato de otro guardia civil (1993). Permanece en prisión ininterrumpida desde el 6 de julio de 1997.

Según el art. 92.1, pfo. segundo del Código Penal (CP), la libertad condicional se puede decretar “cuando, según informe médico, se trate de enfermos muy graves con padecimientos incurables”. No hay que decir que ese precepto legal no exige que el preso se encuentre en situación “terminal”, que puede no darse y, de hecho, no se da en muchísimas personas que padecen enfermedades muy graves e incurables. Personas aquejadas de enfermedades susceptibles de calificarse, sin duda, de “muy graves” y de “incurables”, pueden hallarse muy lejos de encontrarse en la situación que médicamente se considera “terminal”.  Así, por poner un solo ejemplo, los enfermos de SIDA. Por otra parte, tampoco “terminal” es lo mismo que “agónico”, de modo que el Magistrado-Juez Castro podría haberse ahorrado algunos párrafos sobre la condición agónica en su prolijo Auto de 15 folios. Bolinaga se encuentra actualmente aquejado de carcinoma renal con metástasis pulmonar y cereberales. Se trata, sin duda, de una enfermedad muy grave y, además, incurable o “con muy mal pronóstico”, lo que, al parecer, consideran equivalente al carácter incurable (aunque, desde luego, no lo es: una enfermedad que se cura raramente no es propiamente incurable).

Demos por bueno, no obstante, que Bolinaga se encuentra en la situación del art. 92.1 pfo. segundo CP. Sucede, sin embargo, que el mismo art. 92.1, en su pfo. primero, exige reunir “los requisitos establecidos, excepto el haber extinguido las tres cuartas partes de aquélla o, en su caso, las dos terceras” y esos “requisitos establecidos” son los del art. 90 CP, menos el de la letra b), que se refiere a lo que se lleve cumplido de condena. De modo que, quedan, el de la letra a), “que se encuentren en el tercer grado de tratamiento penitenciario”, requisito que cumplía Bolinaga, pero también el de la letra c): “que hayan observado buena conducta y exista respecto de los sentenciados un pronóstico individualizado y favorable de reinserción social, emitido en el informe final previsto en el artículo 67 de la Ley Orgánica General Penitenciaria." 

Es muy importante señalar que Bolinaga fue clasificado en el tercer grado de tratamiento penitenciario amparándose en el caso especial del aptdo. 4 del art. 104 del Reglamento Penitenciario (RP): “los penados enfermos muy graves con padecimientos incurables, según informe médico, con independencia de las variables intervinientes en el proceso de clasificación, podrán ser clasificados en tercer grado por razones humanitarias y de dignidad personal, atendiendo a la dificultad para delinquir y a su escasa peligrosidad.”

El aptdo. 3 del art. 92 CP dispone que “si el peligro para la vida del interno, a causa de su enfermedad o de su avanzada edad, fuera patente, por estar así acreditado por el dictamen del médico forense y de los servicios médicos del establecimiento penitenciario, el Juez de Vigilancia Penitenciaria podrá, previa en su caso la progresión de grado, autorizar la libertad condicional sin más trámite que requerir al centro penitenciario el informe de pronóstico final al objeto de poder hacer la valoración a que se refiere el párrafo anterior, todo ello sin perjuicio del seguimiento y control previstos por el artículo 75 de la Ley Orgánica General Penitenciaria."

Aparte de otras consideraciones y de matices no irrelevantes que podrían formularse sobre la aplicabilidad al caso del 92.3 CP, hay algo innegable, que es esto: se siga la vía del art. 92.1 pfo. primero o la del 92.3, siempre del Código Penal, resulta que es preciso en todo caso un “pronóstico final” y un pronóstico de reinserción social o, como el mismo Magistrado Castro recuerda, evocando el art. 104.4 RP, “de escasa peligrosidad del penado”, a la que el Magistrado añade “dificultad para delinquir”.

¿Es posible que, conforme a la recta razón y al conocimiento de los datos del caso, se haya emitido un pronóstico final de reinserción social favorable respecto de Bolinaga, que sigue siendo un etarra confeso y activo, que se encuentra estable y con escasos síntomas clínicos de su muy grave enfermedad? ¿Es posible que se predique de este sujeto “su escasa peligrosidad” cuando hace quince años, siendo conducido a Madrid, cuando el vehículo policial rebasaba a dos guardias civiles de tráfico, se abalanzó sobre el conductor para hacerle arrollar a estos guardias, sin importarle lo que pudiera ser de él? Si se le pone en libertad condicional, ¿no dispondrá Bolinaga de una ventana, por así decirlo, de unos cuantas semanas, en las que podría llevar a cabo grandes fechorías, sangrientas o no? Las preguntas, como habrán comprendido los lectores, son meramente retóricas. El auto del Magistrado Castro pasa de puntillas sobre la "escasa peligrosidad" y sobre la "dificultad para delinquir". de Bolinaga. Pasa de puntillas porque si mañana fuese puesto en libertad Bolinaga, no tendría, previsiblemente, mayor "dificultad para delinquir" durante semanas o meses. Sobre la "escasa peligrosidad" de Bolinaga no se extiende el Magistrado. ¿Qué podría decir? A mí me parece muy bien, en general, que los presos gravemente enfermos, también los que cumplen condena por gravísimos delitos, puedan pasar sus últimos días o semanas -sin necesidad de esperar a que hayan entrado en agonía- en su casa o donde quieran. Pero, como viene a decir la Ley, siempre y cuando no puedan hacer daño.

Desde el punto de vista médico, Bolinaga está por empezar un tratamiento que no es estrictamente paliativo, según le han aclarado al Magistrado Castro los médicos donostiarras que atienden al etarra. Que el tratamiento no se le pueda aplicar adecuadamente en la enfermería de una institución penitenciaria, ¿exige concederle el beneficio de la libertad condicional? A mí me parece, sin lugar a dudas, que la respuesta ha de ser negativa. Porque la alternativa, respecto de la salud de Bolinaga, no es o cárcel o libertad. Bolinaga podría seguir siendo tratado en el Hospital de San Sebastián, donde hoy se encuentra, privado de libertad, como ya estuvo antes en un Hospital de León. Desde el punto de vista médico, esa hospitalización, con el control constante de su evolución, sería además, preferible que enviarle a su casa amonestándole para que vaya a este o a aquel centro hospitalario según citas diversas. Si peligra la vida del interno Bolinaga, ningún sitio mejor que un hospital, pero privado de libertad mientra sea peligroso.

Termino con la reproducción de pfo. tercero del art. 90 CP: “en el caso de personas condenadas por delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas y delitos de terrorismo del Capítulo VII del Título XXII del Libro II de este Código, o cometidos en el seno de organizaciones o grupos criminales, se entenderá que hay pronóstico de reinserción social cuando el penado muestre signos inequívocos de haber abandonado los fines y los medios de la actividad terrorista y además haya colaborado activamente con las autoridades, bien para impedir la producción de otros delitos por parte de la organización o grupo terrorista, bien para atenuar los efectos de su delito, bien para la identificación, captura y procesamiento de responsables de delitos terroristas, para obtener pruebas o para impedir la actuación o el desarrollo de las organizaciones o asociaciones a las que haya pertenecido o con las que haya colaborado, lo que podrá acreditarse mediante una declaración expresa de repudio de sus actividades delictivas y de abandono de la violencia y una petición expresa de perdón a las víctimas de su delito, así como por los informes técnicos que acrediten que el preso está realmente desvinculado de la organización terrorista y del entorno y actividades de asociaciones y colectivos ilegales que la rodean y su colaboración con las autoridades.” ¿Puede Bolinaga acogerse a algún extremo de esta norma?

Se dirá tal vez que ese precepto no es aplicable a los casos del art. 92 CP. A mí me parece que sí es aplicable, porque se refiere a los requisitos para la libertad condicional y esos requisitos son exigibles, salvo uno de ellos (cumplimiento de parte de la condena) en los casos del art. 92 CP. En todo caso, es una norma reveladora de lo que se exige para un pronóstico de reinserción social a penados como Bolinaga. Personalmente, yo sería menos exigente: sólo exigiría que fuese segura la ausencia de peligrosidad. Las víctimas -directas o indirectas- no tienen (o no tenemos) derecho a la venganza. De acuerdo. Pero todos tenemos derecho, por así decirlo, a que no se libere a quien está cumpliendo una pena privativa de libertad si aún puede delinquir y todavía es peligroso. En estas condiciones, las "razones humanitarias" no se dan en realidad. 

Sólo falta decir que la Fiscalía de la Audiencia Nacional pudo recurrir la clasificación de Bolinaga en tercer grado de tratamiento penitenciario y no lo hizo. El Magistrado Castro lo recuerda y no sé si lo reprocha. Aunque la incoherencia de la Fiscalía no  me asombre, a mí sí me parece que esa inactividad fiscal merece reproche y no leve. El Magistrado ha pasado una vez por encima de la ausencia de un fundado pronóstico de reinserción y del requisito de la falta de peligrosidad, pero la Fiscalía lo ha hecho dos veces: al no recurrir la clasificación de Bolinaga en tercer grado de tratamiento penitenciario y al fundar su informe al Magistrado, desfavorable a la libertad condicional de Bolinaga, en la ausencia en éste de la condición de enfermo terminal, condición que la ley no exige (cosa que los Fiscales debieran saber).

No sé si esta chapuza múltiple, lógica, médica y jurídica, de la Fiscalía y del Juez, se inscribe, o no, en una política gubernamental respecto de ETA (que, personalmente, no podría ni siquiera entender). No es que no quiera pronunciarme, por unos u otros motivos: es que, de verdad, no lo sé. Lo que sé -o me parece saber- es que aquí hay un exceso de incompetencia jurídica, profesional. De principio a fin: desde Instituciones Penitenciarias hasta el Juzgado. El yerro puede enmendarse, pero será preciso explicar muy bien al órgano judicial competente para la apelación todo lo que ha fallado en la aplicación de la ley, sin teñir el recurso de visceralidades o de vericuetos extrajurídicos de ningún tipo.

DOS COSAS DISTINTAS: CRISIS DEL “ESTADO MODERNO” Y PUTREFACCIÓN DEL ESTADO EN ESPAÑA

INDEFENSOS ANTE LA INDIGNIDAD Y LA RAPIÑA; LEGITIMADOS PARA LA REBELIÓN

Sin duda cabe hablar de la crisis del llamado “Estado moderno” (que hace tiempo dejó de ser “moderno”) con referencia a aspectos y características diversas de ese Estado. Personalmente, considero que el elemento esencial de la crisis es la disparidad o desproporción entre el poder que ese Estado supone y los mecanismos de exigencia de responsabilidad a quienes ejercen el poder. Siendo el poder enorme y creciente, con cada vez mayores posibilidades de influjo inmediato (y en gran medida irreversible), los mecanismos para exigir responsabilidades son pequeños y escasamente efectivos. En pocas palabras: las elecciones periódicas son muy poca cosa como instrumento para impulsar el buen ejercicio del poder y para reaccionar ante un ejercicio desacertado y no digamos abusivo y arbitrario.

Se dirá (es la inmediata respuesta tópica) que así es la democracia y que, cualesquiera que sean sus limitaciones y debilidades, no se ha inventado un sistema mejor (“es el menos malo de los sistemas”). Esta respuesta ha dejado de ser aceptable hace mucho tiempo. Así –abocada al abuso impune- es la democracia actual. Cabría inventar otra mejor, pero los protagonistas del poder, incluso aunque se alternen en el Gobierno, no tienen el menor interés en mejorar sustancialmente el modelo democrático que existe. Pero si la esencia de la democracia reside en la participación, basada en la igual dignidad de los ciudadanos y en su libertad, la lógica ordena imperativamente, desde hace décadas, esfuerzos para corregir nuestra democracia. Lo que sucede en todas partes -nada estoy descubriendo: lo vemos todos- es que los políticos de esta democracia (que no es igual a los políticos demócratas, muy escasos) no quieren mejoras y correcciones. Y los ciudadanos no podemos introducirlas.

De vez en cuando, como ahora en España, la crisis de la antigualla que ha llegado a ser el “Estado moderno” es más visible, casi tangible. La teoría de que la soberanía reside en el pueblo, que la ejerce mediante representantes libremente elegidos se aleja sideralmente de una realidad en la que el pueblo cuenta cada vez menos, influye cada vez menos y sabe cada vez menos sobre la realidad o verdad política, mientras que el poder, por el contrario, sabe cada vez más de cada uno de nosotros, dispone de más eficaces instrumentos para ocultar y desfigurar la realidad y utiliza medios más potentes para influir casi decisivamente en los ciudadanos, en el pueblo. Nuestros representantes lo son únicamente pro forma, porque, sustancialmente, son piezas de representación del poder. No es de extrañar que los ciudadanos se consideren crecientemente al margen de los mecanismos de esta democracia y que sean sólo profesionales del poder quienes encarnen y sirvan a esos mecanismos. Que la clase política exista como tal, como grupo humano diferenciado, cerrado, casi impermeable a la ciudadanía común, es una consecuencia lógica o natural de la crisis del “Estado moderno”. Un grupo humano monopoliza, aislado y bien separado del pueblo, todas las instituciones de esta democracia e incluso innumerables instituciones no estrictamente políticas, con las que el poder ha penetrado en el ámbito de la sociedad civil, que ha dejado de conformarse por decisiones personales libres. En vez de esforzarse en mejorar lo que se necesita mejorar, la clase política se ha esforzado con éxito en politizarlo todo. La clase política es, en su naturaleza, totalitaria, aunque muchos de sus miembros no se hayan dado cuenta. Esa clase se mantiene y se defiende con el totalitarismo, porque todo lo politiza: la cultura, las profesiones, las Universidades, la vida económica y la Ciencia, incluida la experimental. Sin duda deben existir aún, dentro de la clase política, hombres y mujeres con ideales, pero la clase se ocupa de que sólo sirvan para la retórica, de la que usan y abusan los diversos partidos y las distintas piezas del sistema. Aun así, asistimos con alguna frecuencia al abandono o expulsión de esas personas.

Si la división de poderes se va difuminando y los partidos políticos reinan en ese Estado (el "Estado de Partidos") es porque a la clase política le conviene la máxima concentración (no la dispersión ni la diferenciación) y porque los partidos se han convertido en únicos fabricantes de políticos en régimen de oligopolio con prácticas colusivas. Esos dos elementos se combinan para el fatal resultado de un poder único y sin otros límites que los económicos.

En España está agudamente en crisis el “Estado moderno”. Fallan los mecanismos de responsabilidad y de control incluso ante situaciones de excepcional necesidad, como las que estamos viviendo ahora mismo. La participación del pueblo en la cosa pública está, de hecho, reducida a cero. Pero, acumulada a esa crisis aguda del "Estado moderno", en estrecha conexión con ella pero distinta, se ha producido en España una putrefacción estatal cada día más maloliente. Los ciudadanos comunes vivimos duramente castigados en nuestro olfato personal y en nuestra personal dignidad por una singular descomposición del "Estado moderno” en crisis, que ya no logra vivir discretamente ni intenta actuar con mínima higiene y limpieza al menos de puertas afuera. Estamos, todos y cada uno, salvo excepciones de superlativa insensibilidad, como si viviéramos junto a un vertedero incontrolado o al lado de una fétida fábrica de papel de las antiguas.

Sobre lo que está ocurriendo en el “Reino de España” (un “Estado moderno” en crisis) y sobre la putrefacción añadida por lo que hace y omite el actual “Gobierno de España” se pueden escribir libros, de muy diversos estilos y con distintos enfoques, pero libros que, en sí mismos, serían de mucho interés y de gran importancia. Porque serían la historia pormenorizada de unas décadas (o de unos lustros, años o meses: a elección del escritor) de acelerada y de extrema decadencia intelectual y ética, con innumerables efectos en la educación, las libertades y la seguridad públicas, el Derecho, la economía y la cultura. Una decadencia que, más allá de las grandes cifras y de las valoraciones generales, muchos sienten (sentimos) ya, cada día, en cuerpo y alma.

Si esos libros se fuesen a leer y resultase probable que suscitaran una reacción social, sería un deber apremiante escribirlos, aunque presenten la enorme dificultad de terminarlos sin poder narrar el final, porque la vida sigue, por miserable que sea. Pero, como ya he dejado dicho aquí si no recuerdo mal, una repetida experiencia de libros de contenido “explosivo”, que, aun sin rectificación alguna, no han provocado ninguna “explosión” y ni siquiera un pequeño “incendio” o “escándalo”, desaconsejan (al menos, me lo desaconsejan a mí, que no vivo de escribir) acometer una empresa escrita de gran magnitud.

En cambio, no es posible, con mínima coherencia, callar cuando se ha construido una tribuna para hablar, por modesta que sea, como ésta lo es. Tras apuntar el marco general, he de decir cosas concretas, muy sabidas y ya escritas, pero no silenciables por mí.

En estos últimos días de agosto de 2010, se han amontonado sucesos graves y tristes. Hemos podido presenciar el ultraje a unas mujeres trabajadoras, constituidas en autoridad, llevado a cabo por ciudadanos controlados del vecino Reino de Marruecos. Y el silencio absoluto del “Gobierno de España” ante ese ultraje, seguido de un viaje del Sr. Rubalcaba, superior gubernamental de las directamente ultrajadas, para rendir pleitesía al Sultán de los ofensores violentos, nos ha empapado de vergüenza ante tan viscosa y sucia indignidad. Le han llamado diplomacia a la ausencia de la menor reacción previsible según las reglas diplomáticas que rigen en las Naciones y Estados respetables, porque esas reglas suponen un mínimo, aunque sea formal, de propia estimación.

Poco después -en medio de unos movimientos de reinicio del diálogo con los terroristas domésticos de ETA, movimientos cuando menos despreciables por su oscuridad- hemos asistido al pago de rescate en metálico y a otras concesiones a reconocidos terroristas internacionales, los de Al Qaeda en el Sahel, simultáneamente a nuestro apoyo militar y policial a la acción de la OTAN en Afganistán. La alegría de ver a dos personas en libertad (los “cooperantes”) se ha visto anulada por la suma indignidad y el descrédito de retribuir a terroristas tras meses de inactividad y de negociaciones. No me vale desviar la indignación contra “oenegés” pretendidamente imprudentes e irresponsables, como algunos han hecho. La indignación la merece íntegramente el “Gobierno de España”, que ha perpetrado la suma irresponsabilidad de ceder ante el terror y de rearmarlo.

Casi a la vez, eran asesinados tres españoles a causa de un fallo de seguridad y, sobre todo, por el odio insuperable de uno de ésos que llaman “talibanes”, con improbable exactitud, pero muy probable conexión con Al Qaeda. Fueron acribillados a balazos José María Galera Córdoba, capitán de la Guardia Civil, de 33 años, natural de Albacete; Abraham Leoncio Bravo Picallo, alférez de la Guardia Civil, de 33 años, nacido en A Coruña, y el intérprete Ataollah Taefy Khalili, de 54 años, ciudadano español de origen iraní, residente desde hace más de 30 años en Cuarte, cerca de Zaragoza.

Seguimos en Afganistán mientras lo diga Barack Obama, porque la acción de la OTAN en Afganistán -sujeta a fecha de caducidad dictada por Barack Obama- es necesaria para la seguridad de Occidente. Ya no sabemos, a estas alturas, en qué consiste esa acción: la democratización de Afganistán es (ha sido siempre) una trágica majadería y su pacificación por ejércitos extranjeros, un imposible antropológico en una tierra tribal, multiétnica y endémicamente guerrera desde hace más de mil años. Si lo necesario fuese una presencia militar de control, nos tendrían que explicar de qué y para qué. Pero queda claro que, en estos momentos, lo que quizá sea necesario (no excluyo que lo sea, pero no lo explican) para Afganistán y el mundo occidental, resulta contrario a lo que necesita políticamente Barack Obama en sus “USA”. De manera que ni agradecidos ni pagados. Porque no se le ocurrirá a Moratinos, tan contento él con su disfraz afgano de Rey Gaspar, sugerir a la Sra. Clinton (ni Zapatero osará pedirle a Obama) que, a cambio de nuestro apoyo, le den un toque al Sultán marroquí, aliado de EEUU en el área (como lo somos nosotros, se supone).

En medio de la perplejidad de lo afgano, que viven sufrida, silenciosa y dignamente nuestros militares allí destacados, un detalle del “Gobierno de España” añade el último toque de indigna estulticia: insistir machaconamente, al hablar del triple asesinato de Qala-i-Naw, en la noción de “atentado terrorista”. Este énfasis es necio, porque la pretensión de no hablar de “guerra”, situación bélica o conflicto bélico, etc., es tan evidente como la guerra que realmente existe. Hay que ser tan estultos como rastreros para ponerse a hacer equilibrios nominalistas ente guerra y terrorismo con esos muertos y con los hechos como fueron y como son. Ni un solo español ignora la guerra de Afganistán a causa de esas matizaciones verbales.

La penúltima proeza han sido los evidentes malos tratos de la policía (o, tanto da, permitidos por la policía) del Sultán de Marruecos a activistas españoles pro saharauis. Tienen razón los que se asombran de la extrañeza de esos activistas ante el trato recibido. Pero que fuesen de esperar los golpes y humillaciones no los hace ni un ápice menos injustos y condenables. En este caso, el “Gobierno de España” ha pedido explicaciones, las ha recibido enseguida de los marroquíes, las ha aceptado de inmediato ¡y las ha hecho suyas de cabo a rabo!: ¡españoles, respeten la legalidad de otros países!. En abstracto, el mensaje es inobjetable. Pero en concreto, resulta que si a algún español (o española) le parten la cara en el extranjero por defender una causa que considera justa, pero que las autoridades extranjeras tachan de ilegal, que la víctima no espere del “Gobierno de España” otra cosa que la que ha hecho en el caso: una amonestación a cumplir la legalidad (la marroquí, en este caso). Como si la ilegalidad (según Marruecos) de una protesta justificase y legalizase los golpes y las vejaciones. "No hay pruebas de fuesen policías los causantes de los golpes y moratones", nos dicen (nos lo dicen gentes que, por cierto, casi nunca necesitan pruebas). Pero es indiscutible que poco o nada sucede en territorio bajo control marroquí sin que lo sepa la policía.

A todas estas, ya tenemos de nuevo al “Gobierno de España” sometiéndose al chantaje del nacionalismo. Para prolongarse en el poder, Zapatero hace cualquier cosa: por ejemplo, hablar de “autogobierno” en Euskadi con los adversarios de quien ahora ostenta legítimamente el autogobierno. Más “negociación”, como con los piratas del “Alakrana” y los terroristas de Al Qaeda y de ETA.

Pero a la indignidad añaden, abierta y contemporáneamente, su disposición a aumentar la rapiña: con más multas, con más impuestos (aunque no sepan o no quieran decir cuáles) y con más endeudamiento, que alguna vez tendremos que pagar.

No sabemos los ciudadanos comunes qué podemos hacer, concretamente, ante la presente putrefacción en España del “Estado moderno” en crisis. Se han ocupado de acorralarnos en la indefensión. No es fácil idear modos nuevos de reacción, y de reacción eficaz. Pero, por lo menos, debemos saber que estamos plenamente legitimados para la rebelión, infinitamente más legitimados que ETA, que Al Qaeda, que los piratas somalíes y que la metodología represiva del islamismo moderado. Quizá una fuerte conciencia de esa legitimidad nuestra nos estimule a pensar más que nunca y logremos inventar formas pacíficas, pero eficaces, de la rebelión que necesitamos.

ETA Y VENEZUELA: UN EXTRAÑO Y OSCURO EPISODIO

LO QUE PLANTEA UN AUTO JUDICIAL LO ZANJA, AL PARECER, UNA NOTA DEL MINISTERIO DE AA. EXTERIORES ESPAÑOL, QUE REPRESENTA TAMBIÉN A VENEZUELA
(actualizado a las 23.57 h. del mismo domingo 7 de marzo de 2010)

Una resolución judicial (un Auto) en la instrucción de un proceso sobre terrorismo etarra generó hace unos días un más que notable revuelo por afectar al régimen venezolano de Hugo Chávez y a un afirmado apoyo a ETA, que no constituía, por otra parte ninguna novedad: ya se habían publicado informaciones sobre el reparto de grandes núcleos de etarras entre México y Venezuela. Pero, otra cosa era que un juez afirmase como muy probable la connivencia de Venezuela con la clara conexión ETA-Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Como era de esperar, el Caudillo venezolano respondió con exabruptos y sin miramientos ni respeto mínimo al “Gobierno de España” ante la mera noticia de que dicho “Gobierno de España” se disponía a pedirle “explicaciones”. El incendio estaba en marcha. Pero, enseguida, el bondadoso Ministro Moratinos, buenísima persona donde las haya, se apresuró a aclarar dos extremos: 1º) que el diálogo con el militar venezolano y su régimen continuaría porque estaba dando “buenos resultados”, que no concretó y que, personalmente, no soy capaz de adivinar; 2º) que no se habían pedido “explicaciones” al Caudillo bolivariano, sino información, no sin la aclaración, al parecer muy necesaria, de que la resolución judicial aluda no era cosa del “Gobierno de España”. Hoy, el “Gobierno de España” y el venezolano han dado por zanjado el asunto en la muy expeditiva forma que se verá.

Antecedentes. El pasado día 24 de febrero, el Juez titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6, Eloy Velasco, dicta auto de procesamiento contra seis ciudadanos españoles y siete colombianos (presuntos miembros de las FARC) por delitos de terrorismo atribuibles a ETA.

El Juez afirma que "obran diligencias en este procedimiento que ponen de manifiesto la cooperación gubernamental venezolana en la ilícita colaboración entre las FARC y la ETA". Entiende que esa circunstancia se da especialmente en el caso del presunto miembro de ETA Arturo Cubillas Fontán, uno de los procesados. Cubillas está casado desde 1990 con la "venezolana Goizeder Odriozola Lataillade", quien ha ostentado cargos públicos en el gobierno venezolano del presidente Hugo Chávez, y él mismo [Cubillas] fue nombrado en 2005 "director adscrito a la Oficina de Administración y Servicios del ministerio de Agricultura y tierras Venezuela".

Según el auto, el presunto activista ha sido "responsable del colectivo de ETA en esa zona de América desde el año 1999, encargándose de coordinar las relaciones con las FARC y la participación de integrantes de la ETA en cursillos de explosivos y armamentos y en la difusión de técnicas de guerrilla urbana terrorista".

Fontán es acusado por el juez Velasco, junto a los miembros de las FARC Edgar Gustavo Navarro Morales y Víctor Ramón Vargas Salazar de "un delito de conspiración para cometer homicidios terroristas". El presunto miembro de ETA también está acusado, junto a otros activistas de la banda armada vasca, de los delitos de tenencia de explosivo.

El juez dicta este auto en el marco de una investigación sobre la supuesta ayuda de ETA a las FARC para atentar contra personalidades colombianas en España. La investigación había comenzado en diciembre del 2008 a iniciativa de la fiscalía "a raíz de la información que se obtuvo en el ordenador de Raúl Reyes", número dos de las FARC, que había muerto en una operación contra las FARC en Ecuador en marzo del mismo año.

El Auto me parece formalmente poco cuidadoso, pero lo que se afirma en él es de suma gravedad y tampoco puedo decir que no exponga los “indicios racionales de criminalidad” que deben provocar el procesamiento. Si alguien está especialmente interesado en el tema, puede leer íntegramente el Auto mediante este enlace:

http://estaticos.elmundo.es/documentos/2010/03/01/auto_farc_eta.pdf

Ante el Auto, parezca mejor o peor fundado, caben diversas actuaciones procesales. Por de pronto, recurrirlo. Luego, con el respeto y discreción con que estas resoluciones han de ser tratadas por el Ejecutivo, podría estudiarse la colaboración que el “Gobierno de España” ha de prestar al juez que requiere la detención de sujetos con fines de extradición. Pero, en vez de respaldar, como cuestión de principio, al poder judicial español, el “Gobierno de España” ha situado públicamente el auto en un ámbito de análisis crítico: la Asesoría Jurídica del Ministerio de Asuntos Exteriores. Y sin esperar -que nadie sepa- los resultados de ese análisis, presentado como necesaria criba de una resolución, se ha producido, el 6 de marzo de 2010, el siguiente

“Comunicado conjunto de los Gobiernos del Reino de España y de la República Bolivariana de Venezuela”

“La Dirección General de Comunicación Exterior del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación hace público el siguiente comunicado:

“Los gobiernos de España y Venezuela ratifican su más enérgica condena al terrorismo en todas sus formas y manifestaciones.”

“El gobierno venezolano refuta y desmiente las informaciones publicadas sobre una supuesta colaboración con la organización terrorista ETA, cuyas actividades rechaza sin paliativos.”

“Ambos gobiernos reiteran su compromiso de seguir colaborando en los ámbitos judicial y policial, implementando efectivamente los instrumentos de cooperación existentes.”

“España y Venezuela declaran su firme voluntad de profundizar su relación amistosa y fructífera, basada en una amplia cooperación en todos los ámbitos, incluyendo el de la lucha antiterrorista.”

A mí, al menos, me llama la atención que se anuncie un comunicado conjunto y resulte que el papel así denominado es emitido exclusivamente por una Dirección General de un Ministerio español. Porque esa Dirección General podría ser mera transmisora del comunicado, pero si es conjunto, al menos dos personas deberían aparecer como responsables. Y mucho más llamativo aún me resulta que, sin seguirse ningunos trámites judiciales, esa Dirección General del Ministerio de Asuntos Exteriores del “Gobierno de España” afirme que “el gobierno venezolano refuta y desmiente las informaciones publicadas sobre una supuesta colaboración con la organización terrorista ETA”…etc.

¿Ante quién refuta y desmiente el gobierno del Caudillo Chávez lo que dice una resolución de un Juez español? Obviamente, lo procedente y deseable sería un mentís y una refutación en sede procesal, ante el Juez que ha dictado el Auto y para los que hubiesen de intervenir en el mismo proceso por vía de recursos o en otros momentos procesales. Pero no es eso lo que sucede, puesto que el Auto sigue en manos de los asesores jurídicos del bondadosísimo Moratinos. Por tanto, es el “Gobierno de España” el que considera fundada la desconocida refutación venezolana. Y eso produce la impresión -así lo presenta toda la prensa española- de que el asunto lo da por zanjado nuestro Gobierno. Es cosa verdaderamente notable que un asunto judicial se zanje por una “nota conjunta” gubernamental que luego resulta ser emitida por el mismo país del juez del caso.

No puedo descartar que el auto del Juez Central de Instrucción nº 6 contenga extremos merecedores de un análisis por los asesores jurídicos del Ministerio de AA. Exteriores. Pero puedo asegurar sin vacilación que una nota como la transcrita no es la respuesta jurídica apropiada a un Auto de procesamiento, a órdenes internacionales de detención y a una petición de información. Esta insólita reacción merece ser estudiada, aunque sólo sea como fenómeno muy extraño, por todos los estudiosos del Derecho procesal e internacional público. Por el momento, la impresión más intensa es ésta: el “Gobierno de España” de nuevo se sale de su sitio y los pies de algún ministro pisan sonoramente profundos y oscuros charcos. Quizá es que, entretenidos en analizar el Auto, los asesores jurídicos del Ministerio de AA.EE. no tenían tiempo de aconsejar al bondadoso Moratinos que se abstuviese de chapotear donde no debía.


ACTUALIZACIÓN: Aunque el "Gobierno de España" considere zanjado algo, uno tiene ciertas dudas. Ésta es la noticia de final de la tarde: "El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Nicolás Maduro, asoció este domingo al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco con "la mafia del ex presidente José María Aznar" y "lo peor del Partido Popular" por el auto en el que acusa a Caracas de connivencia con ETA y las FARC."

"Al pasar los días quedan más claras las circunstancias que rodean tal acusación", aseguró Maduro en una entrevista a la cadena venezolana Televen. Según el titular de Exteriores de Venezuela, el juez Eloy Velasco "está asociado a la mafia del ex presidente José María Aznar, a lo peor del Partido Popular y a sectores de la ultraderecha, hijos directos de la dictadura franquista".

"Tras responsabilizar a Colombia de "aupar" el contencioso surgido entre España y Venezuela, Maduro aseguró que cualquier comunicación que sea recibida desde España será evaluada y respondida en los "justos términos que traiga esa comunicación".

"No obstante, insistió en que el auto de Velasco es una "ligereza" que le tocará evaluar a España, pues el Gobierno venezolano no tiene nada que explicar al respecto. "Tenemos un Gobierno apegado al derecho internacional (. . . ) así que la pelota está en el campo de España", argumentó."
 
"Le toca al Gobierno, a instituciones y a la sociedad española reaccionar con firmeza ante el chantaje de sectores vinculados al Gobierno colombiano y a los mecanismos de información e inteligencia de los Estados Unidos", agregó. Maduro denunció una campaña sistemática reflejada en medios de prensa como 'El País' y 'El Mundo' que "trata de sembrar odio, desprecio hacia la figura de Hugo Chávez como líder y hacia el Gobierno que dirige, que busca dañar las relaciones entre ambas naciones". 

HERMOSO COLOFÓN DIPLOMÁTICO AL COMUNICADO CONJUNTO ARRIBA TRANSCRITO. ¿No intervendría en redactarlo el Sr. Maduro? El bondadoso Moratinos seguirá dialogando, porque ese diálogo da "buenos resultados". Pero algunos pocos pensaremos que, ante estas palabras del Ministro venezolado, si el "Gobierno de España",  no habla alto y claro al Caudillo bolivariano y no defiende al juez español, será porque se está valiendo de Chávez y de Maduro para atacar a ese juez propio. Este sería el protocolo secreto del "comunicado conjunto".