DURANTE SEIS DÍAS, TODOS EXCELENTÍSIMOS Y EXCELENTÍSIMAS; DESPUÉS, ALGO ASÍ COMO LA “LAUREADA JURÍDICA COLECTIVA”: LA “GRAN CRUZ DE SAN RAIMUNDO” COLECTIVA

LA ULTIMA GRAN HAZAÑA JURÍDICA Y POLÍTICA DEL INCREÍBLE MINISTRO DE JUSTICIA

Me parece que debo disculparme. Conocedor como era de un insólito otorgamiento masivo de la máxima distinción que el Estado Español concede por méritos jurídicos -la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort-, oculté la noticia y no felicité a los innumerables destinatarios de esa condecoración, que se ha de otorgar mediante Real Decreto.

En mi descargo diré que, por más que miraba y remiraba el Boletín Oficial del Estado y veía los seis Reales Decretos medio escondidos -una osadía ministerial tan enorme, con desprecio completo de todas las normas pertinentes e implicación del Jefe del Estado (v. http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/es/1200666550200/Tramite_C/1215326286346/Detalle.html)- no podía acabar de creer lo que veían mis ojos y, por otra parte, pensé que, ni siquiera para criticar, debía contribuir a hacer público lo que, según todas las señales, había pasado inadvertido.

Hay dos días al año -la onomástica del Rey y el Día de la Constitución- en que, de ordinario, se conceden estas Grandes Cruces -la máxima distinción entre ocho o siete, según las fuentes- y sólo extraordinariamente fuera de esos días “cuando se produzca algún hecho relevante o acontecimiento que así lo aconseje”.  Estaba claro, por la igual y repetida justificación de los Reales Decretos (enseguida la verán), que el hecho o acontecimiento relevante era, en estos casos, el fin de ETA, cosa que ni siquiera el Gobierno de la Nación, del que era parte el Ministro de Justicia, se había atrevido a considerar un hecho cierto y digno de festejo. Así que, por todas estas razones, decidí no hacer de pregonero del dislate de que, en vista del pretendido fin de ETA, apreciado por el Sr. Caamaño, se concedía la máxima condecoración jurídica del Reino de España a todos y cada uno de los Jueces y Magistrados, los del Constitucional incluidos, y a todos y cada uno de los Secretarios Judiciales, con lo que, no tratándose de condecoración pensionada (como la última distinción otorgada por Rubalcaba a Gómez Bermúdez mediante Orden Ministerial), los beneficiarios simplemente pueden estar contentos, ostentar cuando sea oportuno una condecoración bien vistosa y deben recibir de por vida el tratamiento de Excelentísimos señores o Excelentísimas señoras (siempre que no sean Ministros del Gobierno de España: entonces serán “compañeros” y "compañeras" o "señores" o "señoras")

En los ambientes jurídicos es sabido que “la Raimunda”, como se conoce popularmente a esta distinción, se ha venido concediendo, en sus diferentes categorías, con bastante generosidad, lo que, en ocasiones, conduce a agravios comparativos. Pero una concesión masiva de “la máxima Raimunda” era algo nunca visto y ni siquiera imaginado.

Pero el Ministro Caamaño, campeón de ventas de humo, garante de constitucionalidad de Estatutos de Autonomía y rancio social-nacionalista a la vieja usanza, no iba a detenerse en su propagandística demagogia (por delante del mismo ZP) ante ninguna norma, ni siquiera si estuviese colgada en su “web”, con mucho la más propagandística (y mentirosa) de cuantas aparecen ramificadas desde www.lamoncloa.es.  Así que vean, por si aún no se lo creen, lo que se publicaba en el

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO, NÚM 287, MARTES 29 DE NOVIEMBRE DE 2011

SECCION III. OTRAS DISPOSICIONES

 18752

Real Decreto 1746/2011, de 25 de noviembre, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort a los Jueces y Magistrados integrantes del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional.

Por la defensa de los derechos y libertades frente a la violencia terrorista y desde el reconocimiento a todas las víctimas que permanecerán por siempre en nuestra memoria, a propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros, en su reunión del día 25 de noviembre de 2011.

Vengo en conceder a los Jueces y Magistrados integrantes del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort.

Dado en Madrid, el 25 de noviembre de 2011.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,

FRANCISCO CAAMAÑO DOMÍNGUEZ

Con igual motivación al anterior, seguía otro Real Decreto (1747) de concesión de la misma Gran Cruz “a la Carrera Fiscal”:

http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/29/pdfs/BOE-A-2011-18753.pdf

Y otro, igual, con igual contenido (1748) otorgaba la misma Gran Cruz a “la Abogacía del Estado”

http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/29/pdfs/BOE-A-2011-18754.pdf

Inmediatamente después, éste otro R-D.:

 18755

Real Decreto 1749/2011, de 25 de noviembre, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort a los Secretarios Judiciales y demás Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia.

Por la defensa de los derechos y libertades frente a la violencia terrorista y desde el reconocimiento a todas las víctimas que permanecerán por siempre en nuestra memoria, a propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros, en su reunión del día 25 de noviembre de 2011,

Vengo en conceder a los Secretarios Judiciales y demás Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort.

Dado en Madrid, el 25 de noviembre de 2011.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,

FRANCISCO CAAMAÑO DOMÍNGUEZ

Y después, en otros dos Reales Decretos (1750 y 1751), otras tantas Grandes Cruces de San Raimundo a “la Guardia Civil” y “al Cuerpo Nacional de Policía”.

Son míos los subrayados de los Reales Decretos íntegramente reproducidos, para indicar quiénes eran, según el texto  de los Reales Decretos, los beneficiarios individuales de la Gran Cruz. En otros Decretos, esa condecoración se otorgaba a “la Carrera Fiscal”, a “la Abogacía del Estado”, a “la Guardia Civil” y a “la Policía Nacional”. En el Real Decreto 1749/2011 la Gran Cruz era concedida a “los cuerpos de Médicos Forenses, de Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, de Gestión Procesal y Administrativa, de Técnicos Especialistas del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, de Tramitación Procesal y Administrativa, de Auxilio Judicial y de Auxiliares de Laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.”

Conforme a lo que se puede leer en la misma “web” del Ministerio de Justicia, está claramente dispuesto que cualquiera de las distinciones de la Orden de San Raimundo de Peñafort se puede conceder a distintos tipos de personas, pero no a colectivos. Pero el Sr. Caamaño, por ser catedrático de Derecho Constitucional (no pregunten sobre este punto, por favor), es capaz de prescindir de cualquier regla y equiparar la Orden de San Raimundo de Peñafort con la Real y Militar Orden de San Fernando, instituida por Decreto número LXXXVIII de las Cortes de Cádiz, de 31 de agosto de 1811 y refrendada por Real Decreto de S.M. el Rey Don Fernando VII, de 28 de noviembre de 1814. Se trata de una institución aún vigente: véase el Real Decreto 899/2001, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Real y Militar Orden de San Fernando. Hablamos de la que coloquialmente es denominada “Laureada de San Fernando”, que en su máxima categoría, puede ser y ha sido en ocasiones otorgada a colectivos: la “Laureada colectiva”. Caamaño inventa la “laureada jurídica colectiva”. Y así se la otorga a los ya citados cuerpos, con el refrendo del Rey, por los citados o reproducidos Reales Decretos. En otros casos, ya señalados, otorga "la laureada jurídica", la Gran Cruz de San Raimundo, a personas concretas, identificables por ser "miembros de...", en activo servicio, en excedencia, en servicios especiales o en cualquier otra situación.

Mas, por si el esperpento no era ya descomunal, por si la burla del mérito no alcanzaba el nivel del absoluto escarnio, todavía quedaba un segundo acto, porque en el

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO, NÚM. 293, DE MARTES 6 DE DICIEMBRE DE 2011

aparecían estos textos:

 19190

Corrección de errores del Real Decreto 1746/2011, de 25 de noviembre, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort a la Carrera Judicial y al Tribunal Constitucional.

Advertidos errores en el Real Decreto 1746/2011, de 25 de noviembre, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort a la Carrera Judicial y al Tribunal Constitucional, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 287, de 29 de noviembre de 2011, se procede a efectuar las oportunas rectificaciones:

En el título, donde dice: «a los Jueces y Magistrados integrantes del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional», debe decir: «a la Carrera Judicial y al Tribunal Constitucional».

En el párrafo segundo, donde dice: «Vengo en conceder a los Jueces y Magistrados integrantes del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional (…)», debe decir: «Vengo en conceder a la Carrera Judicial y al Tribunal Constitucional (…)».

19191

Corrección de errores del Real Decreto 1748/2011, de 25 de noviembre, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort al Cuerpo de Abogados del Estado.

Advertidos errores en el Real Decreto 1748/2011, de 25 de noviembre, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort al Cuerpo de Abogados del Estado, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 287, de 29 de noviembre de 2011, se procede a efectuar las oportunas rectificaciones:

En el título, donde dice: «a la Abogacía del Estado», debe decir: «al Cuerpo de Abogados del Estado»

En el párrafo segundo, donde dice «Vengo en conceder a la Abogacía del Estado (…)», debe decir: «Vengo en conceder al Cuerpo de Abogados del Estado (…)».

19192

Corrección de errores del Real Decreto 1749/2011, de 25 de noviembre, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort al Cuerpo de Secretarios Judiciales y demás Cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia.

Advertidos errores en el Real Decreto 1749/2011, de 25 de noviembre, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort al Cuerpo de Secretarios Judiciales y demás Cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 287, de 29 de noviembre de 2011, se procede a efectuar las oportunas rectificaciones:

En el título, donde dice: «a los Secretarios Judiciales y demás Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia», debe decir: «al Cuerpo de Secretarios Judiciales y demás Cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia».

En el párrafo segundo, donde dice: «Vengo en conceder a los Secretarios Judiciales y demás Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia (…)», debe decir: «Vengo en conceder al Cuerpo de Secretarios Judiciales y demás Cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia (…)».

Con estos textos y conforme a lo que he subrayado, las Grandes Cruces de San Raimundo de Peñafort, otorgadas el día 29 de noviembre de 2011 a individuos, a personas, se convertían también, el 6 de diciembre de 2011, en “Raimundas colectivas”, en “Laureadas jurídicas colectivas”. Los Jueces y Magistrados y los Secretarios Judiciales dejaban de ser -salvo otro título- Excelentísimos Señores y Excelentísimas Señoras.

¿Necesita el esperpento algún comentario? Me parece que no. Pero para los buscadores de temas de tesis doctoral, he aquí algunos posibles: “Validez, anulabilidad o nulidad absoluta de los Reales Decretos 1746/2011-1751/2011: análisis formal y material”; “Naturaleza, requisitos y límites de las denominadas ‘correcciones de errores’”; “Procedencia de la revisión de oficio, por nulidad absoluta, de la concesión de condecoraciones”: “El acto administrativo sin autor conocido”; “Responsabilidad y 'culpa in vigilando' concurrentes de los actos refrendados por S. M. el Rey”, etc.

LO QUE FALTABA: LOS “EMPRESARIOS” ATACAN A LOS FUNCIONARIOS: ASÍ, SIN ANESTESIA

EL PRESIDENTE DE LOS EMPRESARIOS

NO DEBE HABLAR COMO UN POLÍTICO

LO PÚBLICO Y LO PRIVADO: MANIQUEÍSMO "NEOLIBERAL"

Tiempo hubo en que la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) estuvo en manos dignas y competentes. Ahora la preside el Sr. Juan (o Joan, a mí me da igual) Rosell, en sustitución de D. Gerardo Díaz Ferrán, de tan discutible y discutida actuación empresarial. Este Sr. Rosell (no confundir con el Presidente del F.C. Barcelona) no venía diciendo tonterías para ser un personaje público de trayectoria ya larga. Pero, por razones o motivos que ignoro, el Sr. Rosell se ha contagiado del virus microfónico, que está siendo devastador. La estructura de este virus es desconocida, pero se sabe por innumerables observaciones empíricas que las posibilidades de infección son directamente proporcionales a la confluencia en las personas de dos factores no mensurables, pero reales: la ambición y la vanidad.  Y son bien conocidos los efectos del virus: aunque llevamos años presenciándolos, su visibilidad (como ahora se dice) ha aumentado en los últimos meses. Y como el aumento ha sido enorme, hay que calificarlo, como también ahora se estila, de exponencial. Así se explica que centenares de dirigentes (reales o aparentes) estén perdiendo el ipurdi (basque word for “ass”) y, lo que es peor, la cabeza, en cuanto simplemente olfatean la cercanía de un micrófono, llegándose al paroxismo cuando el micrófono va acompañado de una cámara.

Pues bien, el actual Presidente de la CEOE ha contraído el antedicho virus y, al parecer, en una de sus peores variantes. En la muy grave situación empresarial, que soy el primero en deplorar, el Sr. Rosell no ha encontrado una ocupación mejor, en los últimos días, que atacar a los funcionarios. Así, atacar a los funcionarios: a los de todo tipo y en todos los ámbitos.

Aunque las inquietudes políticas del Sr. Rosell vienen de antiguo y no son ningún secreto (incluso llegó a estudiar Ciencias Políticas en mi Universidad Complutense, sin llegar a graduarse, lo que puede tener una interpretación muy favorable a Rosell, a la que me apunto) y su “curriculum vitae” oficial no muestra una trayectoria de empresario nato y neto (el que tiene ideas, arriesga dinero y reúne gente para producir o dar servicios), sino que refleja mucho más una vocación de gestión, mando y representación, con acusados rasgos de publicista u opinador general, el Sr. Rosell haría bien, mientras represente al conjunto del empresariado español, en defender los legítimos intereses de los empresarios, que no es leve tarea, para lo que no tiene ninguna necesidad de atacar infundadamente a los no empresarios y, en concreto, a los funcionarios. Más aún: no debe dedicarse a esos ataques en tanto represente a los empresarios.

¿En qué consiste el ataque infundado del Sr. Rosell? En señalar, como pecado social máximo e imperdonable de los funcionarios, su estabilidad profesional. Y en derivar de esa estabilidad la consecuencia de que, puestos al sacrificio general -para salvar, no ya a la Patria, sino al mundo occidental o a la civilización del siglo XXI- los funcionarios son -somos: yo soy funcionario del Estado y añadiré hoy, por primera vez, frente a la simpleza del Sr. Rosell, que lo soy “a mucha honra”- un sector de la población que debe sacrificarse (o, más bien, ser sacrificado) preferencialmente. A la vez, el Presidente de la CEOE no se ha ahorrado  insinuaciones de vagancia e ineficiencia del funcionariado, sin excepciones, que él considera inherentes a la estabilidad profesional del funcionario.

La inmensidad del doble error del Sr. Rosell y de la CEOE me abruma, porque este Sr. Rosell no es un Presidente del Gobierno, un Ministro, un Secretario de Estado o el jefe de un partido político. Es el presidente de los empresarios españoles, al que se le debe suponer prudencia y conocimientos. Y no sé qué es peor: si que ese encadenamiento de “argumentos” del Sr. Rosell se deba a una demagogia suicida -ningún favor y sí bastante daño le hace al empresariado ese ataque- o que provenga de la ignorancia. Excluyo que se trate de una bellaca maniobra de distracción, aunque las circunstancias permitirían esa sospecha.

Que la estabilidad profesional de los funcionarios sea denostada y ligada claramente al demérito puede ser el exabrupto de un pequeño autónomo, exasperado por un revés o una tardanza atribuible a una Administración pública. Se podría entender y disculpar. Y,  más aún: no faltaría un funcionario dispuesto, precisamente por razón de su función, a asesorar gratis al autónomo de nuestro ejemplo, dueño de una taberna o una pequeña droguería. Que el Presidente de la CEOE ataque, como privilegio injusto ligado a la indolencia y la ineficacia, la estabilidad en el empleo propia de los funcionarios públicos en la inmensa mayoría de los países civilizados es un disparate mayúsculo o una demagogia rechazable con la máxima contundencia.

En España, como en otros países civilizados, criticar la condición funcionarial estable es postular una brutal regresión al régimen de cesantías. La estabilidad de los servidores públicos ha sido una conquista para un Estado eficiente. Otras cosas, muy distintas, son la hipertrofia de la función pública, el gigantismo del sector público con pléyades indebidas de interinos y contratados laborales (sí, Sr. Rosell, de contratados laborales), la tolerancia del incumplimiento de algunos funcionarios por parte de sus jefes y otros fenómenos negativos. Es evidente que la principal responsabilidad de esos fenómenos recae, no en los mismos funcionarios, sino en los dirigentes políticos, a los que tanto se está asemejando el Sr. Rosell.

LO PÚBLICO Y LO PRIVADO: MANIQUEÍSMO “NEOLIBERAL”

Durante mucho tiempo, me he tenido por liberal. Aún pienso que lo soy y que quienes no lo son son otros muchos que afirman serlo a cada paso que dan. A fuer de liberal (aunque sea provisional), quiero un Estado fuerte. Pequeño, pero fuerte. Debe ser fuerte porque no tiene que hacer muchísimas cosas, pero las que tiene que hacer son de enorme importancia. Pues bien, gran parte de la necesaria fortaleza del Estado reside en una Administración pública compuesta por profesionales exigentemente seleccionados según los razonables y constitucionales principios de mérito y capacidad. Profesionales que no cesen con los cambios políticos. Profesionales al servicio de todos y a un precio o coste menor, casi siempre, que los profesionales semejantes contratados por las empresas privadas.

Si al Sr. Rosell no le gusta el tamaño del Estado español actual (en sentido amplio: es decir, incluyendo Comunidades Autónomas y Municipios y empresas públicas, con cierta frecuencia innecesarias y en competencia, no siempre equitativa, con empresas privadas), que se ponga a la cola de los que venimos quejándonos de tamaña elefantiasis desde hace décadas. Si no le gusta la degeneración del Estado de Derecho, que lo diga con detalle: consta que sabe leer y escribir. Pero mientras el Sr. Rosell presida la CEOE no debería castigarnos con ignaras e insultantes generalizaciones. Y no debe hacer demagogia, porque no debe dar ocasión a que ésta se ejercite contra aquéllos a los que representa, ahora tan desatinadamente.

A fuer de liberal (aunque sea provisional) y, sobre todo, de ciudadano medianamente informado, no debo aguantar ni el maniqueismo socialista (de cualquier socialismo) ni el “neoliberal”. Pero éste último es, desde hace algún tiempo, especialmente peligroso. Que el representante de los empresarios españoles, el Presidente de la CEOE, cargue contra la función pública in toto y que, como a los funcionarios de carrera no nos pueden despedir, insinúe que somos todos unos vagos y debemos soportar mayor presión fiscal (¡cosa que el Sr. Rosell dice, vaya por Dios, justo cuando se debate en este y otros países subir los impuestos a los mega-ricos!) sitúa al Sr. Rosell en el maniqueismo neoliberal (en realidad, me parece, pseudoliberal: de liberales analfabetos y acríticos) según el cual lo privado es siempre excelente y lo público siempre maligno. Y la realidad no es ésa. Con eso -como con el maniqueísmo contrario: lo privado es el Mal y lo público, el Bien- se puede hacer demagogia, pero con demagogia nunca se progresa, porque es, por definición, un arma de destrucción...masiva.

La realidad es que lo público y lo privado se necesitan y se complementan. La realidad es que el sector privado necesita un Estado serio y fuerte. Si no hay seguridad ciudadana y seriedad jurídica (la seriedad jurídica es la genuina seguridad jurídica), no hay inversión, no hay actividad económica competitiva protegida por una legalidad razonable, no hay empleo, no hay dinero. (Por cierto, si no hay normas, algunas regulaciones, no hay actividad económica estable y duradera. La manía anti-regulación no es sino la manía de regulaciones torpes, que favorecen la estafa y la competencia desleal… sin que bajen los precios)

A ningún representante de ningún sector funcionarial se le ha ocurrido hasta ahora -y espero que, en esto, sigamos así- atacar a los empresarios sobre la base, p. ej., de las retribuciones fastuosas de unos cuantos Epulones del mundo empresarial. ¿Qué crítica puede merecer la condición de empresario, pese a las empresas que han vivido como parásitos del sector público? Entonces, ¿qué legitimidad tiene el representante de todos los empresarios españoles para criticar lo público y cargar contra los funcionarios sin excepción, cuando muchos sabemos hasta qué extremos inaceptables y dañinos han vivido pegados a las ubres de los caudales públicos enteros sectores empresariales? ¿Acaso los grandes pelotazos de las décadas pasadas no han sido posibles por la hibridación voluntaria de cierta empresas privadas -no precisamente PYMES- con mandamases políticos?  No se atreva el Sr. Rosell a negarlo y, como dice un viejo chotis sobre la bomba atómica, apliquése lo de “Hiro-Hito, Hiro-Hito, recapacita un poquito”. Déjese de tonterías personal e institucionalmente indignas de un Presidente de CEOE.

Hace ya bastantes años, tuve el honor de colaborar en el Libro Blanco sobre el papel del Estado en la Economía Española, que pilotó Rafael Termes Carreró, un catalán y español eximio. Para el que sienta curiosidad: http://web.iese.edu/rtermes/libros/libro08.htm

Al cabo de cierto tiempo de terminarse y publicarse ese Libro Blanco (del que, por cierto, era también coautor un hombre muy de CEOE, José Folgado, 16 años en CEOE), Termes, que se ocupaba ya de programas para empresarios en el IESE (campus de Madrid), nos invitó a una sesión con un buen grupo de empresarios al Prof. Alejandro Nieto y a mí, que nos habíamos ocupado de los capítulos del Libro dedicados a la Administración y a la Justicia, respectivamente. Moderaba el mismo Termes. Llegados al coloquio, brotó impetuosamente en los asistentes al Programa de Alta Dirección el maniqueísmo al que me he referido: lo privado era todo maravilloso y lo público, todo deplorable. Yo, que tiendo a la vehemencia cuando escucho lo que me parecen exageraciones, simplificaciones o valoraciones injustas, repliqué no menos impetuosamente, con idénticas consideraciones a las que ahora he dejado dichas (no me faltaba alguna intensa experiencia directa en la empresa privada). Pero lo interesante del episodio es que, con gran sorpresa mía, Termes, que destacaba por su prudencia y su suavidad verbal y que, a mi parecer, no estaba, por su trayectoria y su dedicación profesional en aquel momento, en las mejores condiciones para pronunciarse públicamente con toda libertad, tomó la palabra para darme la razón (así se expresó) y, acto seguido, atestiguó, a modo de ejemplo, la rendición, convoluto incluido, de todo un importantísimo sector empresarial a las exigencias (muy próximas al chantaje, todo hay que decirlo) del poder político aún predominante en aquel momento. Al sorprenderme, no hice honor a la honradez y al rigor intelectual de Rafael Termes. Pero no he perdido la memoria de aquel suceso. Y miren por dónde, hoy se me ha presentado la ocasión de reparar mi injusto acto interior (que fue breve).

Otro día, más sobre libertad, liberalismo y neoliberalismo de actualidad. Yo, con tanta bobada dicha y tanta barbaridad hecha, a diario, por pretendidos “neoliberales”, quizá ya no puedo ser o llamarme liberal. Seré otra cosa, aún innominada. El tema tiene su interés, pero no por las etiquetas, que ya vamos viéndolas cambiadas hace bastantes años. Tiene interés por la sustancia: por la libertad y su falsificación. Y por el Derecho, que garantiza la libertad.

Mientras tanto, a ver si nos dejan en paz, un poquito, a los probos funcionarios, pobres probos.  Busquen los políticos, con la ayuda de D. Juan Rosell, bolsas de fraude fiscal y no le hagan muchos ascos a los mega-ricos. Pero sólo a los “megas”, porque ahí no hay confusión: los "mega-ricos" no son la clase media.