UN (MUY DESEABLE) ÚLTIMO SERVICIO DE LAS TELEVISIONES PÚBLICAS, ANTES DE SER CERRADAS: QUE DESDE ELLAS NOS EXPLIQUEN LOS “AJUSTES”

EL ESTADO NO ESTÁ NI PARA INFORMAR NI PARA ENTRETENER: SI NUESTROS POLÍTICOS NO CIERRAN TV Y RADIOS PÚBLICAS NO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA AJUSTAR NI RECORTAR NADA
(Actualizado a 12 de abril de 2012: la necia injuria de un funcionario político, que desprestigia a España)

Continuaré, a no mucho tardar, el asunto de la “guerra económica” USA-Europa, pero hoy me parece necesario ajustar algunas cuentas con los “ajustadores”. No estoy seguro de la bondad pero tampoco de la maldad de ciertas medidas de ajuste presupuestario: de medidas adoptadas y de medidas que proponen adoptar unos y otros, con el consabido lanzamiento de “globos sonda” (que debería cesar y ser prohibido por la superioridad, porque es sumamente peligroso para todos). Pero estoy absolutamente seguro de dos cosas: la primera, es que, ya que nuestros gobernantes miran más a Bruselas que los españoles, deben evitar espectáculos como el de la desautorización de un Ministro de Economía por un cargo mediano del Partido Popular, desautorización clarísima aunque ahora, casi una semana después, resulte que siguen planteándose desde ese Partido lo que el Ministro puso sobre la mesa (el “copago” sanitario, concepto que no puede ser, por otra parte, menos preciso y menos apto para una discusión seria: ¿hay “copago” tanto si pongo de mi bolsillo la mitad del precio como si, aun provisto de receta “salvadora”, pongo 10 céntimos de euro cada vez que compro un medicamento?: el concepto puede aplicarse a lo uno y a lo otro y cualquiera aprecia que no es lo mismo) . Pero, a lo que voy: si el Ministro no hubiese estado acertado, él mismo, motu proprio o por mandato superior, debería hacer matizado sus declaraciones. Que saliera al paso de sus concretas declaraciones un Vicesecretario de Organización del PP no es nada acertado para la impresión que en Bruselas, en Nueva York, en Londres y en Berlín, conviene muy mucho que tengan de la autoridad de un Gobierno que afronta una crisis gravísima. No estoy abogando por fingir una autoridad de la que se carezca: sólo de que no se socave imprudentemente, insensatamente, la que se pueda tener.

[INCISO DE ACTUALIZACIÓN: El 12 de abril de 2012, todos los servidores públicos o, al menos, los del Estado, nos desayunamos con este mensaje del Sr. Beteta, de profesión funcionario del Partido Popular, con destino político interino como Secretario de Estado de Administraciones Públicas: "los funcionarios deben olvidarse del cafelito y de leer el periódico". Con tan generalizadora gracieta, el Sr. Beteta, para empezar denigra e injuria a muchos funcionarios públicos que ocupan puestos en virtud de los principios de mérito y capacidad tras superar pruebas competitivas -cosa que no ha hecho nunca Beteta- y que no merecen tacha alguna de vagancia, como la que él, irresponsablemente, nos ha arrojado a todos. Pero es que, además, Beteta, dando pruebas de nula prudencia, ha lanzado a los cuatro vientos, precisamente con la que está cayendo sobre España, el mensaje de que la Administración del Estado español está en manos de vagos. ¡Genial! En mi condición de funcionario del Estado, me siento personalmente personalmente ofendido y como los sindicatos de funcionarios no van a reaccionar (o muy poco), porque, al fin y al cabo, son sindicatos, tendré que decirle directamente a Beteta, para más inri "jefe de los funcionarios": "debe Vd. olvidarse de vivir de la política, que lleva Vd. haciéndolo desde 1983, y debe olvidarse de disponer de coche oficial con chófer: ¡váyase, Beteta, váyase del Gobierno y pruebe a intentar ganarse la vida por ahí, quizá donde no se lea el periódico ni se tomen cafelitos!" Y si no se va, porque no tiene tanta categoría, cumpla dignamente como Secretario de Estado de Administraciones públicas y haga que funcione la Inspección de Servicios, de modo que se expediente y se sancione a los funcionarios incumplidores, sin insultar a los demás. De lo contrario, tendremos que pensar que Vd., Beteta, es un resentido, que ha abusado de su cargo para un desahogo injusto e injurioso, muy dañino para España.] 

Pero aún más importante que evitar espectáculos como los referidos, es la segunda cosa de la que estoy seguro: los “ajustes” se están haciendo, no sólo a trompicones, no sólo con una dilación electoralista reprobable (que ya se apuntó en este blog), sino simplemente mal, en el fondo y en la forma. Comenzaré por la forma, que es rematadamente mala. En primer lugar, para hacer ajustes hay que legitimarse muy bien, muy contundentemente, sobre todo cuando los tijeretazos y los sablazos al contribuyente común llueven sobre mojado. Y esa legitimación continúa sin fundamentarse como es necesario. Por poner un par de ejemplos: resulta indecoroso que, tras el episodio aquí referido en el post de 25 de marzo de 2012, el Gobierno no haya actuado para eliminar “retribuciones” de consejos de administración -de cualquier clase de empresas- que ningún ciudadano decente puede entender, ni siquiera en tiempos de bonanza económica. A mí me parece vomitivo que se persiga el pluriempleo de mil formas distintas (vía incompatibilidades administrativas que no sean incompatibilidades reales, vía jurídico-laboral) y, en cambio, se admita como normal que Zutano y Perengano -siempre personas importantes, claro es- acumulen “retribuciones” por lo que se ha llamado y debe llamarse figurar. Estos figurantes riquísimos, acumuladores de “consejos”, son suficientes para desmoralizar al ciudadano, deslegitimar al gobierno y legitimar la cólera general. Otrosí digo: es lamentable la tardanza en la poda de empresas públicas injustificadas o en la fusión de organismos que, como diría Ockham (aunque, en muy diverso sentido, ya lo había apuntado Boecio), fueron en su día entes multiplicados sin necesidad.

Legitimados a fondo y con urgencia nuestros gobernantes, hay un segundo punto formal que tampoco se puede eludir por más tiempo: explicar los ajustes, cada uno (al menos los más importantes) y en su conjunto. Y eso no es una cosa que el Presidente del Gobierno pueda limitarse a desear o sustanciar con una amonestación a sus mesnadas a que expliquen “la política del Gobierno”.  Eso, en vista de lo que ocurre, lo tienen que hacer, en directo, los mismos gobernantes o dirigentes que nos aprietan el cinturón o el cuello. Los que aumentan impuestos directos e indirectos, los que suben tarifas de eléctricas y de gas, los que partipan en empresas que aumentan el precio del transporte público.

También en el fondo no son acertados los “ajustes”.  No lo son, porque hay algunas cosas, al parecer intocables, que no se tocan sin otro motivo que el menos elevado de los intereses políticos. Me refiero a las Televisiones públicas (y a las radios públicas). Que subsista Televisión Española (TVE), incluso con dos canales, quizá pueda tener la justificación histórica de haber sido la primera y, en aquellos tiempos, probablemente la única posible. Pero que haya 3 canales de TV autonómica en Andalucía, 6 canales en Cataluña, 2 en Madrid, 4 en Valencia, 4 en Galicia, 5 en el País Vasco, 2 en Canarias, 1 en Castilla-La Mancha, 1 en Murcia, 1 en Aragón, 2 en Asturias y 1 en Baleares es un desatino espectacular. No sólo por lo que gastan, sino por un cuestión de principio: porque para la información específica que el Estado (sea el Central, las Autonomías o los Municipios) tiene que proporcionar, no se necesita para nada la televisión. La información general, la opinión y el entretenimiento no están entre los fines claros del Estado. Lo dicho para los canales autonómicos de TV vale, por supuesto, para las emisoras públicas de radio.

Empezamos muy mal hace tiempo cuando se admitió -buena parte de mis colegas de Derecho Administrativo, no todos, tienen de qué arrepentirse- que el ejercicio de la libertad de difundir información por cualquier medio y el ejercicio de otras libertades de las llamadas ideológicas, fuese tratado como servicio público en sentido estricto y, por tanto, objeto de concesión administrativa. No me callé ante aquel esperpento jurídico, pero sí se me dio la callada por respuesta y, en privado, se enarboló como argumento la limitación del espacio radioeléctrico (¡qué diferente es hoy el estado tecnológico del asunto!).

CIERRE DE LAS TV Y RADIOS PÚBLICAS: NO PRIVATIZACIONES PARA QUE ALGUNOS HAGAN NEGOCIOS SUCULENTOS

No quiero extenderme más: ahora es el momento de cerrar -así, cerrar- las TV y las radios autónómicas y no aferrarse a lo que carece de otra justificación que el puro interés rastrero de la clase política. No mareen la perdiz con la privatización. Y nada de privatizar TVE para que unos cuantos compren a bajo precio sus activos y luego hagan negocio (esa película ya está muy vista): o la mantienen reestructurada y limitada, o la cierran. En cuanto a las TV autonómicas (y las municipales que pueda haber), echen el cierre, que hay modos de no dejar a la intemperie a los trabajadores de esos entes -por ejemplo, pagarles lo convenido hasta la jubilación, que sería la fórmula más costosa- bastante más económicos que mantener esos “medios de comunicación”.

Antes de cerrar esos “medios”, rotundamente supérfluos, acudan a explicar los gobernantes a explicar los ajustes. Que ése sea el último servicio que preste lo que nunca debió existir. En algunas cosas -autovías, trenes de alta velocidad (AVE), etc.- quizá hemos estirado más el brazo que la manga, pero esas infraestructuras son activos valiosos, que ahí están, mientras que las Televisiones y radios autonómicas no son ni activos, ni prestaciones sociales: son puras rémoras.  Es absurdo que se caiga en el meaculpismo por el AVE (o en la crítica, como la que acaba de hacer Artur Mas al AVE a Galicia) y nada se diga de las TV y radios públicas (¡seis tiene la Generalitat del Sr. Mas!). Y que, mientras las TV y radios públicas subsisten, se recorten becas y se congele la investigación en la Universidad no es sólo absurdo, es obsceno.

Si PP y PSOE no se ponen de acuerdo (“yo cierro Telemadrid; tú cierras Canal Sur”), llame el Gobierno a esos legisladores de emergencia, como los que tuvo Boyer (que se mejore le deseo sinceramente) para reprivatizar Rumasa o, sin ir tan lejos, ZP, Pepiño Blanco y Rubalcaba para la encerrona de los controladores aéreos, porque la situación no consiente contemplaciones. Seguro que en el equipo de Rajoy son capaces de producir instrumentos jurídicos aseaditos y decentes. El Decreto-Ley está aquí justificado.

Si no adoptan esa medida -que causaría, a buen seguro, un fuerte impacto positivo en “los mercados” y, mejor aún, en la ciudadanía- que sepan que no les creemos y que no les queremos. Así de clarito he pensado que debía decirlo.