A PROPÓSITO DE LOS JUECES DEL “CASO GÜRTEL”

DAÑOS GRAVES PARA LA IMAGEN Y LA REALIDAD DE NUESTRA JUSTICIA

CAUSAS DE LO LAMENTABLE Y LEGITIMACIÓN PARA QUEJARSE

Advertencia previa: quien vaya a leer este post pensando que, por sus no flamígeros titulares y su arranque de índole histórica, voy a quitarle importancia, como algo deplorable, a la situación de que dos Magistrados (uno de ellos, ponente) no ya afines (la afinidad interior es irrelevante), sino públicamente vinculados al Partido Popular (PP) juzguen un caso de graves acusaciones de corrupción en el PP, se equivoca de medio a medio. Quien después de leer este post piense algo parecido, siento decirlo, pero no ha entendido nada. Lo que va escrito tras esta advertencia muestra y demuestra exactamente hasta que extremo de perversión se ha llegado, justamente porque muestra y demuestra que hay que decidirse, de una vez por todas, a cambiar un sistema que permite una situación tan superlativamente indeseable que es imposible de arreglar inmediatamente con los instrumentos de nuestro Derecho, que son los mismos de otros ordenamientos jurídicos civilizados, que no disponen de más o distintas herramientas.

Uno puede usar su libertad de opinión y expresión para sollozar e indignarse literariamente ante lo indeseable. Respeto esa opción (¡cómo no respetar el desahogo ante lo deplorable!), pero no comparto que esa opción sea ni la única admisible y legítima ética y jurídicamente ni pienso que sea la más conveniente y útil si se quieren evitar esas situaciones indeseables. Al menos tan legítimo como expresar indignación y clamar contra lo indignante es exponer las causas de lo que produce indignación y hasta ganas de echarse a llorar. Y me atrevo incluso a pensar, con no poco apoyo lógico-metafísico, que no sirve de gran cosa lamentar los efectos sin determinar las causas y proponer, propugnar y clamar para que las causas se eliminen. Nadie quiere seriamente remover un efecto si no quiere actuar sobre su causa. Lo que va seguido a esta advertencia es precisamente ese clamor contra las causas de lo deplorable y una propuesta radical para eliminarlas, eliminación que, sospechosamente, eluden por completo bastantes de los indignados.

Que el titular de este blog POR DERECHO y autor de este post deplora la noticiosa situación creada es tan palmario y obvio como que lleva muchos años clamando contra la politización de la Justicia en todas sus formas. Quizás el lógico cansancio de esos muchos años le inclina, me inclina, más al énfasis en las causas que a una explosión airada de desacuerdo con lo inmediato, que requiere más gasto de energías, que ya son muy justitas. Porque también resulta, no sólo indignante y deplorable, sino muy cansado, casi agotador, aguantar el considerable número de indignados que en estos días se asoman a protestar airadamente del tribunal del "caso Gürtel" cuando han sido responsables, por acción o por omisión, de la causa o serie de causas y concausas que han conducido al tribunal del "caso Gürtel". Por otra parte, textos que deploran lo que sucede los hay muchos y muy expresivos. Análisis mínimamente a fondo del por qué de lo que sucede, no he visto hasta ahora ninguno. Mi libertad de opinión y de expresión se orienta a intentar ese análisis y también, aunque subordinadamente, a aclarar suavemente -la irritación, ya lo acabo de apuntar, desgasta mucho- que no cabe prescindir de la historia, de la coherencia y del sentido de la responsabilidad.

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En 1985 fue cambiado el sistema de designación de los 12 vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que han de ser Jueces o Magistrados, atribuyéndola al Parlamento (6 al Congreso y 6 al Senado) y no a los resultados de unas elecciones entre los Jueces y Magistrados en activo. Desde entonces, no han dejado de producirse fenómenos indeseables para la apariencia y la realidad de la Justicia en España. Yo me mostré sumamente preocupado y crítico con ese cambio de la LOPJ de 1985 y escribí al respecto en numerosas ocasiones (éstas, prensa aparte, fueron las primeras: "Nuevo panorama de la Administración de Justicia según la Ley Orgánica del Poder Judicial", en Boletín del Colegio de Abogados de Madrid (BCAM), núm. 5-1986, septiembre-octubre, págs. 33-59; "La nueva Ley Orgánica del Poder Judicial: análisis jurídico general y constitucional", en Revista de Derecho Procesal, núm. 1-1987, págs. 7 a 53; "En torno a la crisis de la Administración de Justicia", en BCAM, núm. 4/1990, de julio-agosto, págs. 11-29).[1]

En este mismo blog me he ocupado muchas veces del tema. Pienso que es muy conveniente, casi necesario, repasar la historia, los antecedentes, porque lo que hoy ocurre se explica por lo que se hizo y se omitió ayer. Les selecciono, para el recordatorio de la historia reciente, sólo tres post, que ordeno de más antiguo a más próximo. Ahí van los títulos y los enlaces, para facilitar la lectura:

29 de abril de 2011: CINCO MILLONES DE PARADOS Y AQUÍ NO PASA NADA. UN VIRUS PARALIZANTE, EL “NHNQH”: “NO HAY NADA QUE HACER”: http://andresdelaoliva.blogspot.com.es/2011/04/cinco-millones-de-parados-y-aqui-no.html

18 de junio de 2012: YA NO HAY DUDA: EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL ES EL “NO VA MÁS” DEL CORRUPTO “ESTADO DE PARTIDOS”. UN MINI-CONSEJO (CGPJ), OCURRENCIA POCO ORIGINAL DEL MINISTRO DE JUSTICIA DE ESPAÑA: http://andresdelaoliva.blogspot.com.es/2012/06/ya-no-hay-duda-el-consejo-general-del.html

30 de abril de 2013: LA DICTADURA ABSOLUTA DE LA MAYORÍA ABSOLUTA. TIRO EN LA NUCA AL ÓRGANO DE GARANTÍA DE LA INDEPENDENCIA JUDICIAL. LA CONSTITUCIÓN, DE NUEVO A LA BASURA: http://andresdelaoliva.blogspot.com.es/2013/04/la-dictadura-absoluta-de-la-mayoria.html

Al repaso que recomiendo se debe añadir ya el dato legal (art. 467 LOPJ y 122.3 CE) de que todas las designaciones parlamentarias de Vocales requieren el voto favorable de tres quintos de los miembros del Congreso o del Senado. Esto significa algo de suma importancia: que los Vocales que se dicen (con motivo, pero inexactamente) propuestos por el Partido Popular (PP), por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), por Convergencia i Unió (CiU), por el Partido Nacionalista Vasco (PNV), etc., son designados, no sólo con los votos (que serían insuficientes) de esos concretos partidos, sino también con los votos de Diputados o Senadores de los demás partidos, votos que tienen todos (no debería ser necesario decirlo) el mismo valor. En la designación de los Vocales, también los judiciales, hay, pues, una clara corresponsabilidad de las fuerzas políticas con representación parlamentaria. Hay, para esa designación corresponsable, una previa negociación de cuotas y de nombres y, finalmente, un pacto con nombres y apellidos. Es el “Estado de partidos” en su apogeo: exactamente lo que el Tribunal Constitucional en su famosa Sentencia 108/1986, de 29 de julio, señaló como peligroso y contrario al propósito de la Norma Fundamental: “Ciertamente, se corre el riesgo de frustrar la finalidad señalada de la Norma constitucional si  las Cámaras, a la hora de efectuar sus propuestas, olvidan el objetivo perseguido y, actuando con criterios admisibles en otros terrenos, pero no en éste, atiendan sólo a la división de fuerzas existente en su propio seno y distribuyan los puestos a cubrir entre los distintos partidos, en proporción a  la fuerza parlamentaria de éstos. La lógica del Estado de partidos empuja a actuaciones de este género, pero esa misma lógica obliga a mantener al margen de la lucha de partidos ciertos ámbitos de poder y entre ellos, y señaladamente, el Poder Judicial.”

Las propuestas de Vocales por este o aquel partido las conocemos por la prensa. La prensa no suele mentir ni equivocarse al informar del origen de las candidaturas de esta o aquella persona, pero jurídicamente no existen las propuestas de PP, PSOE, etc., porque las propuestas vienen siendo presentadas al alimón por varios grupos parlamentarios previamente concertados y sólo el apoyo de los Diputados o Senadores de esos grupos las hace viables y determina la designación. Son, jurídica y políticamente, propuestas de varios partidos, de modo que todos los partidos proponentes de las propuestas son jurídica y políticamente responsables de ellas. Así, todos han contribuido a la politización de quienes designan, aunque algunos de los Jueces y Magistrados designados (no todos) ya se habían politizado ellos mismos de modo lamentable al vincularse antes, por propia iniciativa, a este o a aquel partido, al buscar ser amigos políticos de este o de aquel partido y procurar que este o aquel partido les considere amigos. Así se gesta, entre unos y otros, la politización que luego es muy visible.

Sentado lo anterior, veamos el ultimísimo episodio indeseable, que es el siguiente: el llamado “caso Gürtel” (lo más nuclear de él), un caso penal que afecta a dirigentes del Partido Popular, va a ser juzgado, entre otros, por un Magistrado que fue sucesivamente Letrado, Vocal y portavoz del CGPJ (con innegable sesgo político) (del 2001 al 2008: prolongaron su periodo legal, por falta de acuerdo de los partidos mayoritarios para la renovación prescrita). A ese Magistrado, sumamente involucrado con el PP de modo público, se le nombró después, por clarísima influencia y prolongada determinación de los dirigentes del Partido Popular, Magistrado del Tribunal Constitucional, cargo del que tuvo que dimitir al estrellarse tras saltarse un semáforo en rojo con más alcohol en sangre del permitido. Otra de las personas llamadas a juzgar el “caso Gürtel” es una Magistrada que también fue Vocal del Consejo General del Poder Judicial, del 2008 al 2013, asimismo designada por el Senado a propuesta (en el sentido aclarado) del Partido Popular. Esta Magistrada ha protagonizado gestos públicos de cercanía política a ese partido, gestos a mi parecer nada acertados y aceptables (en algunas resoluciones judiciales suyas mediáticamente discutidas no voy a entrar, porque nunca lo hago cuando no conozco bien los casos).

Y así, anteayer, ayer y hoy tenemos, por todas partes, una noticia titulada más o menos así: “Dos (incluso tres, según algún medio) Magistrados elegidos por el Partido Popular (“conservadores”, rezan otros titulares) juzgarán el caso Gürtel”.

No voy a lanzar sobre esos dos o tres Magistrados una suerte de presunción de prevaricación futura, que se fundaría en un temerario juicio de intenciones, pero la situación que protagonizan es, como he dicho, penosa e indeseable, porque indudablemente resta mucha confianza en la imparcialidad judicial para juzgar el caso de marras y permite denostar con demagogia y falsedad a toda la Justicia en España, lo que es muy injusto para centenares de Jueces y Magistrados que trabajan honradamente. Pues bien: esa indeseable situación y sus lamentables consecuencias no se darían, insisto, si el Consejo General del Poder Judicial no hubiese sido sometido a sucesivas reformas in peius (a peor), comenzando por la que, con la Ley Orgánica del Poder Judicial, de 1985, derogó la Ley Orgánica 1/1980, de 10 de enero, del Consejo General del Poder Judicial. Otras reformas posteriores, incluida la última (comentada en los “post” citados), no han hecho sino agravar aún más las cosas, con tenaz resistencia a remover la desviación primigenia, pese a promesas electorales incumplidas, como la del PP antes de las últimas elecciones generales.

Por si este ultimísimo episodio de los jueces del “Gürtel” no fuese suficiente, hay otras situaciones preocupantes. Vean, por ejemplo, cómo el micro-CGPJ presidencialista del Sr. Lesmes (resultado de la reforma efectivamente realizada, en vez de la prometida, por el PP) ha designado Presidente de la Audiencia Provincial de Valencia nada menos que al ex–Consejero de Justicia de la Comunidad de Valencia bajo la presidencia del Sr. Camps, D. Fernando de Rosa, de magro historial judicial y muy notable e innegable implicación política. Y, para colmo de rarezas con super-tufo político, Juan Alberto Belloch Julbe, el ex–Vocal del CGPJ, ex–Ministro de Justicia, ex–Ministro de Justicia e Interior (¡rarisima avis incluso en España!) y Alcalde de Zaragoza hasta hace dos días, escenifica una vuelta a la Judicatura, precisamente a la Audiencia Provincial de Zaragoza, cuando aún era Alcalde, vuelta que no se producirá realmente mientras no agote su mandato como Senador (pero el micro-Consejo presidencialista del Sr. Lesmes le asigna plaza cuando es incompatible, porque a los incompatibles les permiten concursar: ¡qué cosas!). Vean y lean el acto protagonizado por Belloch, que se me antoja surrealista: algo así como “vuelvo, pero hoy no: ¡mañana!”, que diría José Mota: http://www.20minutos.es/noticia/2434016/0/belloch-dice-que-tiene-sensacion-volver-casa-al-regresar-carrera-judicial/

Los hechos de los aludidos Magistrados del “caso Gürtel” no encajan en ninguna causa de abstención o recusación (si lo dudan, repasen las 16 causas del art. 219 LOPJ) y la abstención tiene que tener el mismo fundamento legal que la recusación. Además, resultaría jurídicamente muy problemático añadir (con reforma de ley orgánica) una nueva causa en el sentido de impedir a los Jueces y Magistrados ex–Vocales juzgar ciertos casos en razón de su procedencia remota (no siempre ligada a este o a aquel partido). ¿Acaso la solución podría consistir en establecer que los Vocales que constitucionalmente han de ser Jueces y Magistrados no pueden volver a ejercer como tales? NO. Rotundamente, no: en tal hipotético caso, los Vocales que deben ser Jueces y Magistrados precisamente para representar a la Carrera Judicial tendrían que abandonarla, lo que sería un despropósito lógico y contrario a las previsiones y prescripciones constitucionales.

Por tanto, lo que hay que hacer es impedir que los nombramientos de Jueces y Magistrados como Vocales del CGPJ se tiñan políticamente e impedir, aún más, todo cuanto favorezca la designación de amigos políticos en la Judicatura. Es que en la Judicatura no debe haber, ni parecer siquiera que hay, “amigos políticos” y para eso es necesario que todo gesto de contaminación política (como lo es cobrar cualquier dieta del Ejecutivo o trabajar para el Ejecutivo o intervenir en fundaciones ligadas a partidos políticos o simplemente asistir a ciertos actos) esté claramente prohibido y sea debidamente sancionado. Las “concesiones” a la libertad de pensamiento y expresión de Jueces y Magistrados en materias políticas, discutibles y discutidas, se tienen que acabar, dejándose de monsergas: ha de estar meridianamente claro para quien quiera ser y seguir siendo miembro de la Magistratura que esa decisión suya libre —la de ser juez, que no es un funcionario más, sino un singularísimo servidor público— tiene el precio de renunciar al ejercicio de ciertos derechos, por el bien de una Justicia que sea y parezca ser imparcial. Sí: estoy defendiendo la vieja idea de que los Jueces y Magistrados no deben meterse en política. Es una idea muy vieja: la pueden encontrar, implícita, pero clara, en el Libro V de la Ética a Nicómaco, de Aristóteles. Y naturalmente, no considero que sea meterse en política, para un juez, exponer los problemas con que se encuentra para desempeñar su función, opinar sobre reformas legales en curso o finalizadas y otras actuaciones semejantes. No propugno en absoluto unos jueces sordos, ciegos y mudos. Estoy seguro de que me entienden.

Por último, quiero decir que de todo lo recordado en este post se sigue la muy dudosa legitimación (lo de "muy dudosa" es un suavizante, un eufemismo) para clamar contra este indeseable episodio del “caso Gürtel” de quienes son corresponsables del estado de cosas que genera tales episodios. Tal vez algunos de quienes ahora gritan sobre el “caso Gürtel” no sean responsables de todos y de cada uno de los pasos contrarios a una Justicia que sea y parezca imparcial. Pero lo son de los pasos principales y no veo libre de responsabilidad sustancial a ninguna de las más importantes entidades políticas (ya las he mencionado) que han tenido representación en Congreso y Senado. Se libra UPyD. Las cosas como son y han sido.

¿Y por qué es importante la legitimación para la protesta? Porque si no se exige legitimación, los que causan un daño pueden presentarse como víctimas del daño que han causado. Y porque si la legitimación se hace irrelevante, la responsabilidad social, moral y política se desvanecen. Y esas dos consecuencias son mendaces, injustas y corrosivas para la Res Publica, muy nocivas para toda la sociedad.

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[1] En octubre de 1990, el Senado me designó como uno de los 8 Vocales no judiciales (norma constitucional nunca discutida en sí misma). Ciertamente, la iniciativa de esa designación fue del Partido Popular (PP). Aclararé que nunca he militado en el PP, como tampoco en su antecesor “Alianza Popular”: sólo tuve una experiencia de política de partidos, que fue en “Unión Liberal”, luego sustituida por el “Partido Liberal”, del que llegué a ser Presidente en Madrid; pero esa experiencia finalizó por completo exactamente el 24 de octubre de 1986 (no es que tenga gran memoria: es que existen archivos y hemerotecas) y había comenzado tres años antes. Y nunca más me he afiliado a partido alguno ni nada parecido. Al designarme Vocal del CGPJ, fui muy atacado por aceptar formar parte de un órgano que había criticado muy duramente poco antes (en la arriba citada publicación de julio-agosto de 1990). El diario El Mundo, de 27 de octubre de 1990, publicó como carta al Director este texto mío: “Es rigurosamente exacto que, desde la parlamentarización total del Consejo General del Poder Judicial, he venido criticando duramente el sistema de elección de los Vocales. Comprendo, pues, que mi aceptación de la propuesta para ser nombrado Vocal haya causado sorpresa y ni qué decir tiene que acepto la crítica como fenómeno normal. Pero me parece que puedo rogarle, en beneficio de la verdad y a favor de unos criterios en los que coincidimos, que permitan el conocimiento por los lectores de unas pocas aclaraciones y una sola rectificación: 1. No he pedido a nadie ser propuesto Vocal del Consejo. Se me ha ofrecido esa posibilidad conociendo mis ideas y sin pedirme que abjurase de ellas o las dejase a un lado. No haré ni lo uno ni lo otro. Ser Vocal del Consejo, si finalmente se me designa, supondrá defender esos mismos criterios, con la misma intensidad, en un ámbito más. 2. El artículo 119.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que “los vocales del CGPJ no estarán ligados por mandato imperativo alguno”. Si se me nombra, tengo el propósito de comportarme con arreglo a ese precepto. En cuanto a la rectificación, es ésta: nunca, que yo recuerde, he pedido a los juristas que no se incorporasen al Consejo. Si así fuese, no habría aceptado ser propuesto: la coherencia es uno de los principales valores del patrimonio que, como universitario, más me importa.” Puestos ya, excepcionalmente, a hablar de uno mismo, en las actas del Consejo (por desgracia, legalmente secretas) ha de constar que no quise participar en la elección del Presidente del Tribunal Supremo (y, ex Constitutione ipsa, Presidente del Consejo mismo), que es lo que tiene que hacer, en el minuto uno, cada nuevo Consejo con sus 20 nuevos flamantes Vocales: en vista de que se insistía en un paripé para disimular el pacto previo de los partidos más importantes, salí del Salón de Plenos. En cuanto a mi trabajo de esos años, con otros miembros del CGPJ, los documentos están recogidos en Papeles del C.G.P.J. (1990-1996), Madrid, 1997, Ed. G.F. 576 págs. Es una inusual rendición de cuentas objetiva.