DEL JUSTICIDIO Y SUS PROTAGONISTAS
(con postscriptum revelador)
La Justicia española no ha sido ajusticiada en un solo acto, sino que va a serlo con diversas reformas y actuaciones. Pero lo que, para abreviar, llamo "justicidio" es de un desarrollo tan complejo que, so pena de escribrir algo demasiado extenso y prolijo para un blog, tengo que limitarme a marcar y comentar unos cuantos puntos.
1º) Pieza clave de la Justicia administrativizada y dependiente que se implantará con la aprobación del extensísimo "Proyecto de Ley de Reforma de la Legislación Procesal para la Implantación de la Nueva Oficina Judicial" (ahora pendiente de dictamen en el Senado) es la previa Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Esta Ley Orgánica de 2003 fue impulsada y aprobada por el Gobierno del Partido Popular, a partir de un deplorable "Pacto de Estado" PP-PSOE, que se plantea y se alcanza en la segunda legislatura de Aznar, tras obtener mayoría absoluta. El Pacto se escenifica con gran aparato mediático siendo Ministro de Justicia, D. José María Michavila y actuando como interlocutor en el PSOE el Dr. López Aguilar, luego primer Ministro de Justicia con Rodríguez Zapatero. La LO 19/2003 contiene numerosas disposiciones, pero aquí destacaré sólo dos:
I.-- Eliminación del principio organizativo de los Juzgados y Tribunales, según el cual el Secretario ostentaba la jefatura inmediata del personal del Juzgado p Tribunal, pero atribuía la "superior direccíón" al Juez del Juzgado o al Presidente del Tribunal. La reforma pendiente de aprobación no enmienda un error tan garrafal como dejar sin cabeza los organismos complejos que son los Juzgados y los Tribunales (llámeseles, Audiencias, como las Provinciales y la Nacional, o Tribunales, como los Tribunales Superiores o el Supremo).
[Para los lectores no juristas, conviene subrayar que cada Juzgado y cada Tribunal es, por sí solo, Poder Judicial, con independencia de otros órganos jurisdiccionales del conjunto de la Justicia (por supuesto, con independencia del Ejecutivo, central o autonómico, así como del CGPJ). No imparte justicia una organización compleja a la que se denomina "Poder Judicial". Quienes imparten justicia son los concretos Juzgados Tribunales a los que cada caso corresponda conforme a reglas legales. Por tanto, para que se administre justicia (o, lo que es igual, se ejerza la potestad jurisdiccional) con eficacia e independencia resulta vital que cada Juzgado y cada Tribunal cuente con personal, locales y medios materiales suficientes. A ese conjunto de personas y medios se le llama "oficina judicial". Y bien está que existan "servicios comunes", pero racional y legalmente no deben faltar (ni fallar por extrema debilidad), las oficinas propias de cada Juzgado y Tribunal, legalmente denominadas "unidades procesales de apoyo directo"]
[Para los lectores no juristas, conviene subrayar que cada Juzgado y cada Tribunal es, por sí solo, Poder Judicial, con independencia de otros órganos jurisdiccionales del conjunto de la Justicia (por supuesto, con independencia del Ejecutivo, central o autonómico, así como del CGPJ). No imparte justicia una organización compleja a la que se denomina "Poder Judicial". Quienes imparten justicia son los concretos Juzgados Tribunales a los que cada caso corresponda conforme a reglas legales. Por tanto, para que se administre justicia (o, lo que es igual, se ejerza la potestad jurisdiccional) con eficacia e independencia resulta vital que cada Juzgado y cada Tribunal cuente con personal, locales y medios materiales suficientes. A ese conjunto de personas y medios se le llama "oficina judicial". Y bien está que existan "servicios comunes", pero racional y legalmente no deben faltar (ni fallar por extrema debilidad), las oficinas propias de cada Juzgado y Tribunal, legalmente denominadas "unidades procesales de apoyo directo"]
II.-- Anuncio de que los Secretarios Judiciales asumirían funciones procesales hasta ahora atribuidas a los Jueces y Magistrados. Este anuncio era muy inquietante, pero cabía esperar que esas atribuciones no fuesen ni remotamente las que prevé el Proyecto de mega-Ley todavía en el Senado, porque no se atreviesen a despojar a los jueces de la decisión sobre cuestiones procesales condicionantes de la sentencia y del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.
Digamos algo sobre cada uno de esos dos puntos. En cuanto al primero, constituye un disparate mayúsculo pretender que la Nueva Oficina Judicial, que se podría consolidar gracias al Proyecto de mega-Ley pendiente ahora en el Senado, será la madre de una Nueva Justicia moderna y progresiva. Cualquier persona con sentido común sabe que un organismo complejo necesita una cabeza, una dirección. Por tanto, la Nueva Oficina, sin dirección, es exactamente lo contrario de una organización en la que se pueda depositar la más mínima confianza.
Pero ese estado de cosas no les importa a los justicidas porque, en todo caso, lograrán con las nuevas leyes que el Juez independiente no mande nada en su Juzgado ni el Magistrado Presidente de un Tribunal en su Tribunal. El territorio del personal de Juzgados y Tribunales (los antiguos Oficiales, Auxiliares y Agentes) pertenece al Ministerio y/o a la Comunidad Autónoma. Y el Poder Ejecutivo sin duda ocupará y regentará ese territorio gracias al Secretariado judicial jerarquizado hasta el Ministro y a las Gerencias Territoriales, que también son órganos del Ministerio de Justicia.
La ausencia de dirección de los Juzgados y Tribunales por los Jueces y Magistrados se completa con tres elementos: 1º) las enormes atribuciones sobre "lo procesal" conferidas a los Secretarios Judiciales; 2º) la posibilidad legal de que lo que le corresponde hacer al Secretario lo hagan, en realidad, funcionarios de menor categoría; 3º) La atribución al Secretario de la potestad de dictar a esos funcionarios instrucciones en materia "técnico-procesal".
Así, el Juez y los Magistrados, ya arrinconados orgánicamente, serán también arrinconados en cuanto a la actividad judicial. Mucho de lo que los Jueces y Magistrados aún habrán de decidir en cada proceso (si, como es probable, se aprueba el mega-Proyecto de Ley citado) estará condicionado por decisiones de otros, concretamente, de los Secretarios Judiciales.
Dicho lo anterior, pasemos ahora a los protagonistas, con especial detenimiento en los del PP, pues lo del PSOE es mucho más conocido. D. Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde, ha sido, durante mucho tiempo (a finales de 1990 ya lo era), el hombre de la Justicia en el PP. Dejó de serlo de 1996 a 2000, por ocupar la Presidencia del Congreso y en el tiempo en que se encargó de la cartera ministerial de Defensa. Ha vuelto a ser ahora, por encomienda de D. Mariano Rajoy, el encargado de los asuntos de justicia en el PP. De él es la responsabilidad de resucitar el "Pacto de Estado" sobre la Justicia, sólo "suspendido" en tiempos del Ministerio de Justicia de D. Mariano Bermejo. Y, siendo Ministro Caamaño, el PP ha venido prestando al PSOE un apoyo imprescindible en obsequio del repetido "Pacto de Estado". Dejo al criterio de los lectores la valoración política, muy de tejas abajo, de esa "entente", dadas todas las circunstancias.
Trillo-Figueroa no ha cesado de hacer protestas verbales contra el plan de control y de administrativización de la Justicia (el justicidio), pero su trabajo a favor de ese mismo plan ha proseguido inalterable. A mí no me ha sorprendido en absoluto esa posición de Trillo-Figueroa (v. en este blog "Justicia dependiente y responsabilidad del PP", de 28 de mayo de 2009). Refleja el pensamiento real del ex-Ministro de Defensa. Y sus temores y su debilidad. Pero todo eso no disminuye ni la responsabilidad personal del ex-Ministro de Defensa ni la "culpa in eligendo" ni la incoherencia programática y política del PP. ¿Con qué coherencia se remite el PP, un dìa sí y otro también, a la independencia y la imparcialidad de los jueces, si luego apoya la dependencia que el Proyecto de mega-Ley establecerá?
Por lo demás, no es fácil de entender el seguidismo de Trillo respecto de lo iniciado por Michavila, Astarloa y Lesmes (en tiempos ministeriales de Acebes y Michavila). ¿Por qué lo que antaño pudo pactar verbalmente Michavilla -ese fantástico "Número uno al Consejo de Estado" (v. http://www.ppcv.com/ficha.php?id=72, como se decía también en la web ministerial cuando era Ministro) en una oposición a una sola plaza- tiene Trillo-Figueroa que sostenerlo y no enmendarlo, sino rectificarlo y empeorarlo ampliando el desapoderamiento de los Jueces y Magistrados? Sólo un interés político, de la política más ínfima, baja y no publicable, puede explicar una posición de Trillo y del PP que causa una lesión gravísima a la independencia en la administración de la Justicia y que, objetivamente, se corresponde con una crasa ignorancia del Derecho y con un completo desdén hacia lo que sucede en otros países civilizados, donde se está pidiendo (o estableciendo) una mayor implicación del juez en cada proceso.
Quizá se entienda algo la posición de Trillo-Figueroa (y, bajo su batuta, la de los parlamentarios "populares" más implicados) si nos fijamos en personajes secundarios, cuya influencia en el justicidio está sólidamente establecida. A algunos ya mencionados, como Lesmes, cabe añadir los nombres de Fernando de Rosa, actual Vicepresidente del CGPJ, magistrado excedente, ex-Conseller de Justicia con Francisco Camps o el ex-Presidente del "Colegio Nacional de Secretarios" (que no es un Colegio profesional), Antonio Dorado Picón, actual Vocal del CGPJ. Estos dos miembros del CGPJ fueron designados a propuesta del PP, en tiempos en que Trillo-Figueroa había retomado el papel de hombre de la Justicia en su partido.
No se olviden dos cosas. La primera, que, para la designación de los 12 Vocales de procedencia judicial, el tan repetido "Pacto de Estado" combinó lo peor de los dos sistemas, el de 1980 (los 12 vocales judiciales por elección de y entre Jueces y Magistrados en activo) y el de la LOPJ de 1985 (todos los Vocales por designación parlamentaria, aunque 12 hayan de ser "judiciales"). Con el nuevo sistema, alumbrado en el 2003, a los riesgos del corporativismo judicial se añadieron los comprobados efectos perversos del sistema de cuotas parlamentarias propio del "Estado de partidos" (García Pelayo y TC dixerunt). En su aplicación, grupos parlamentarios y asociaciones judiciales se combinaron en un conchabeo indisimulable, pero, echándose unos a otros las culpas, pudieron eludir verbalmente responsabilidades por la extrema y super-visible politización del CGPJ.
La segunda realidad digna de consideración es que uno de los cambios introducidos por la L.O. 19/2003 fue exigir una mayoría reforzada (tres quintos) para ciertas decisiones del CGPJ: la designación del Presidente del Tribunal Supremo y de Magistrados del Tribunal Constitucional (dos) cuando al CGPJ le corresponda la propuesta vinculante. Congruentemente, el PP se esforzó, en la última renovación del CGPJ (retrasada dos años), por no dejar de tener lo que se ha dado en llamar "minoría de bloqueo": 9 de los 20 o de los 21 votos. Un solo voto es crucial en esas decisiones. Intelligenti pauca...o "a buen entendedor..."
Mi batalla, en la que he estado muy bien acompañado cualitativamente, pero rodeado de mucha tibieza ambiental (¿qué cabía esperar en estos tiempos de engaño masivo y generalizado individualismo pancista?), nunca ha sido contra los Secretarios y a favor de los Jueces y Magistrados. Ha sido una batalla por lo que podría quedar de Justicia independiente, para mantenerla y, a partir de ahí, reconstruirla y reforzarla. Ha sido una batalla consciente de que la Justicia interesa poco a la ciudadanía (que no entiende y no sabe casi nada) y mucho a los políticos... para neutralizarla y dominarla. Pero no puedo terminar el análisis de este asunto (sobre el que quisiera no volver en mucho tiempo) sin lamentar la enorme insensibilidad que, en la defensa de la independencia judicial, han mostrado, en general, las asociaciones judiciales. De los jueces movilizados por su cuenta poco puedo decir, porque no tengo referencias suficientes para generalizar. En todo caso, la suya es, por lo que sé, una insensibilidad inferior a la de las cúpulas directivas de las asociaciones judiciales, aunque dos de ellas difundieron de inmediato la declaración suscrita por 120 Profesores de Derecho Procesal y, debo señalar, por pura justicia, que, desde hace meses, la APM ha puesto sobre la mesa de negociación con el Ministerio el Proyecto de mega-Ley que consumaría el justicidio. Como era de esperar, el Ministerio ha estado dispuesto a negociar todo, menos la futura mega-ley.
PS. Horas después de terminar este texto y publicarlo, tengo que añadir la noticia de un hecho: en ciertos ámbitos judiciales se propone represaliar profesionalmente, con ilegalidad y totalitarismo manifiestos, a una persona firmante de la declaración de Profesores de Derecho Procesal que se puede leer en http://www.ucm.es/info/procesal/declaracion.htm. Aducen que, por firmar la declaración, esa persona se ha manifestado contraria a la oficina judicial. Y de ahí derivan que habría que negarle el pan y la sal: su legítima promoción profesional y su derecho -que no concesión discrecional ni graciosa- a la docencia universitaria fuera del horario que su empleo exige y contra las disposiciones legales y reglamentarias que son de aplicación. Veremos en qué para este conato de intriga persecutoria. Pero, en todo caso, ninguno de los firmantes de la declaración somos contrarios a la oficina judicial. Nos hemos manifestado razonadamente en contra de un determinado Proyecto de Ley, confiados, de buena fe, en las libertades ideológicas que reconoce y garantiza máximamente la Constitución. Las maniobras incoadas contra esta persona firmante revelan que en el entramado orgánico de la Justicia aún son demasiados los totalitarios que sin duda alardearán de demócratas, pero que, a la hora de los hechos, detestan la libertad y les importa un bledo el Estado de Derecho.
Pero ese estado de cosas no les importa a los justicidas porque, en todo caso, lograrán con las nuevas leyes que el Juez independiente no mande nada en su Juzgado ni el Magistrado Presidente de un Tribunal en su Tribunal. El territorio del personal de Juzgados y Tribunales (los antiguos Oficiales, Auxiliares y Agentes) pertenece al Ministerio y/o a la Comunidad Autónoma. Y el Poder Ejecutivo sin duda ocupará y regentará ese territorio gracias al Secretariado judicial jerarquizado hasta el Ministro y a las Gerencias Territoriales, que también son órganos del Ministerio de Justicia.
La ausencia de dirección de los Juzgados y Tribunales por los Jueces y Magistrados se completa con tres elementos: 1º) las enormes atribuciones sobre "lo procesal" conferidas a los Secretarios Judiciales; 2º) la posibilidad legal de que lo que le corresponde hacer al Secretario lo hagan, en realidad, funcionarios de menor categoría; 3º) La atribución al Secretario de la potestad de dictar a esos funcionarios instrucciones en materia "técnico-procesal".
Así, el Juez y los Magistrados, ya arrinconados orgánicamente, serán también arrinconados en cuanto a la actividad judicial. Mucho de lo que los Jueces y Magistrados aún habrán de decidir en cada proceso (si, como es probable, se aprueba el mega-Proyecto de Ley citado) estará condicionado por decisiones de otros, concretamente, de los Secretarios Judiciales.
Dicho lo anterior, pasemos ahora a los protagonistas, con especial detenimiento en los del PP, pues lo del PSOE es mucho más conocido. D. Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde, ha sido, durante mucho tiempo (a finales de 1990 ya lo era), el hombre de la Justicia en el PP. Dejó de serlo de 1996 a 2000, por ocupar la Presidencia del Congreso y en el tiempo en que se encargó de la cartera ministerial de Defensa. Ha vuelto a ser ahora, por encomienda de D. Mariano Rajoy, el encargado de los asuntos de justicia en el PP. De él es la responsabilidad de resucitar el "Pacto de Estado" sobre la Justicia, sólo "suspendido" en tiempos del Ministerio de Justicia de D. Mariano Bermejo. Y, siendo Ministro Caamaño, el PP ha venido prestando al PSOE un apoyo imprescindible en obsequio del repetido "Pacto de Estado". Dejo al criterio de los lectores la valoración política, muy de tejas abajo, de esa "entente", dadas todas las circunstancias.
Trillo-Figueroa no ha cesado de hacer protestas verbales contra el plan de control y de administrativización de la Justicia (el justicidio), pero su trabajo a favor de ese mismo plan ha proseguido inalterable. A mí no me ha sorprendido en absoluto esa posición de Trillo-Figueroa (v. en este blog "Justicia dependiente y responsabilidad del PP", de 28 de mayo de 2009). Refleja el pensamiento real del ex-Ministro de Defensa. Y sus temores y su debilidad. Pero todo eso no disminuye ni la responsabilidad personal del ex-Ministro de Defensa ni la "culpa in eligendo" ni la incoherencia programática y política del PP. ¿Con qué coherencia se remite el PP, un dìa sí y otro también, a la independencia y la imparcialidad de los jueces, si luego apoya la dependencia que el Proyecto de mega-Ley establecerá?
Por lo demás, no es fácil de entender el seguidismo de Trillo respecto de lo iniciado por Michavila, Astarloa y Lesmes (en tiempos ministeriales de Acebes y Michavila). ¿Por qué lo que antaño pudo pactar verbalmente Michavilla -ese fantástico "Número uno al Consejo de Estado" (v. http://www.ppcv.com/ficha.php?id=72, como se decía también en la web ministerial cuando era Ministro) en una oposición a una sola plaza- tiene Trillo-Figueroa que sostenerlo y no enmendarlo, sino rectificarlo y empeorarlo ampliando el desapoderamiento de los Jueces y Magistrados? Sólo un interés político, de la política más ínfima, baja y no publicable, puede explicar una posición de Trillo y del PP que causa una lesión gravísima a la independencia en la administración de la Justicia y que, objetivamente, se corresponde con una crasa ignorancia del Derecho y con un completo desdén hacia lo que sucede en otros países civilizados, donde se está pidiendo (o estableciendo) una mayor implicación del juez en cada proceso.
Quizá se entienda algo la posición de Trillo-Figueroa (y, bajo su batuta, la de los parlamentarios "populares" más implicados) si nos fijamos en personajes secundarios, cuya influencia en el justicidio está sólidamente establecida. A algunos ya mencionados, como Lesmes, cabe añadir los nombres de Fernando de Rosa, actual Vicepresidente del CGPJ, magistrado excedente, ex-Conseller de Justicia con Francisco Camps o el ex-Presidente del "Colegio Nacional de Secretarios" (que no es un Colegio profesional), Antonio Dorado Picón, actual Vocal del CGPJ. Estos dos miembros del CGPJ fueron designados a propuesta del PP, en tiempos en que Trillo-Figueroa había retomado el papel de hombre de la Justicia en su partido.
No se olviden dos cosas. La primera, que, para la designación de los 12 Vocales de procedencia judicial, el tan repetido "Pacto de Estado" combinó lo peor de los dos sistemas, el de 1980 (los 12 vocales judiciales por elección de y entre Jueces y Magistrados en activo) y el de la LOPJ de 1985 (todos los Vocales por designación parlamentaria, aunque 12 hayan de ser "judiciales"). Con el nuevo sistema, alumbrado en el 2003, a los riesgos del corporativismo judicial se añadieron los comprobados efectos perversos del sistema de cuotas parlamentarias propio del "Estado de partidos" (García Pelayo y TC dixerunt). En su aplicación, grupos parlamentarios y asociaciones judiciales se combinaron en un conchabeo indisimulable, pero, echándose unos a otros las culpas, pudieron eludir verbalmente responsabilidades por la extrema y super-visible politización del CGPJ.
La segunda realidad digna de consideración es que uno de los cambios introducidos por la L.O. 19/2003 fue exigir una mayoría reforzada (tres quintos) para ciertas decisiones del CGPJ: la designación del Presidente del Tribunal Supremo y de Magistrados del Tribunal Constitucional (dos) cuando al CGPJ le corresponda la propuesta vinculante. Congruentemente, el PP se esforzó, en la última renovación del CGPJ (retrasada dos años), por no dejar de tener lo que se ha dado en llamar "minoría de bloqueo": 9 de los 20 o de los 21 votos. Un solo voto es crucial en esas decisiones. Intelligenti pauca...o "a buen entendedor..."
Mi batalla, en la que he estado muy bien acompañado cualitativamente, pero rodeado de mucha tibieza ambiental (¿qué cabía esperar en estos tiempos de engaño masivo y generalizado individualismo pancista?), nunca ha sido contra los Secretarios y a favor de los Jueces y Magistrados. Ha sido una batalla por lo que podría quedar de Justicia independiente, para mantenerla y, a partir de ahí, reconstruirla y reforzarla. Ha sido una batalla consciente de que la Justicia interesa poco a la ciudadanía (que no entiende y no sabe casi nada) y mucho a los políticos... para neutralizarla y dominarla. Pero no puedo terminar el análisis de este asunto (sobre el que quisiera no volver en mucho tiempo) sin lamentar la enorme insensibilidad que, en la defensa de la independencia judicial, han mostrado, en general, las asociaciones judiciales. De los jueces movilizados por su cuenta poco puedo decir, porque no tengo referencias suficientes para generalizar. En todo caso, la suya es, por lo que sé, una insensibilidad inferior a la de las cúpulas directivas de las asociaciones judiciales, aunque dos de ellas difundieron de inmediato la declaración suscrita por 120 Profesores de Derecho Procesal y, debo señalar, por pura justicia, que, desde hace meses, la APM ha puesto sobre la mesa de negociación con el Ministerio el Proyecto de mega-Ley que consumaría el justicidio. Como era de esperar, el Ministerio ha estado dispuesto a negociar todo, menos la futura mega-ley.
PS. Horas después de terminar este texto y publicarlo, tengo que añadir la noticia de un hecho: en ciertos ámbitos judiciales se propone represaliar profesionalmente, con ilegalidad y totalitarismo manifiestos, a una persona firmante de la declaración de Profesores de Derecho Procesal que se puede leer en http://www.ucm.es/info/procesal/declaracion.htm. Aducen que, por firmar la declaración, esa persona se ha manifestado contraria a la oficina judicial. Y de ahí derivan que habría que negarle el pan y la sal: su legítima promoción profesional y su derecho -que no concesión discrecional ni graciosa- a la docencia universitaria fuera del horario que su empleo exige y contra las disposiciones legales y reglamentarias que son de aplicación. Veremos en qué para este conato de intriga persecutoria. Pero, en todo caso, ninguno de los firmantes de la declaración somos contrarios a la oficina judicial. Nos hemos manifestado razonadamente en contra de un determinado Proyecto de Ley, confiados, de buena fe, en las libertades ideológicas que reconoce y garantiza máximamente la Constitución. Las maniobras incoadas contra esta persona firmante revelan que en el entramado orgánico de la Justicia aún son demasiados los totalitarios que sin duda alardearán de demócratas, pero que, a la hora de los hechos, detestan la libertad y les importa un bledo el Estado de Derecho.
5 comentarios:
Pero Trillo....¿No es de la "Obra"?
Excepcionalmente, he publicado el comentario anterior, de "anónimo", para poder responder ¿Y QUÉ SI LO ES? De lo que haga y de lo que omita tendrá que responder, como todo "quisque", ante los demás (que somos libres para estar en profundo desacuerdo) y, siendo creyente, también ante Dios. Esta responsabilidad social o política o cívica, además de las responsabilidades jurídicas en las que puede incurrir, como todo hijo de vecino.
Qué tristeza y qué hipocresía, lo del PP no tiene nombre, aunque después de lo que han hecho con el derecho a la vida y de los pactos vergonzantes con el gobierno, esto no me extraña lo más mínimo, es más, lo explica todo.
Por otra parte, me causa una pena infinita comprobar que la tibieza ha inundado todas las parcelas de este mundo y que hay tan pocas personas dispuestas a mojarse ni tan siquiera por lo que supuestamente les debiera importar.
El término justicidio, es tan real que asusta...
Gracias por escribir aquí Don Andrés.
Besos.
Todas las "predicciones" se están cumpliendo con creces. En los territorios en los que se ha implantado la NOJ (así llaman al engendro) la experiencia está siendo un desastre (pregunten en Burgos y en Murcia). De todas formas, para mí lo más grave es el flagrante ataque a la independencia judicial y -lo peor- cómo está pasando prácticamente desapercibido para la ciudadanía. Quizás no estaría de más un nuevo manifiesto de los catedráticos y profesores de Derecho Procesal recordando lo que se vaticinó. En cualquier caso, enhorabuena, profesor de la Oliva por poner, negro sobre blanco, verdades como templos.
Estimado D. Andrés:
Estoy de acuerdo con el anónimo "último". Y a mí lo que me causa tristeza es que, si Dios no lo remedia o no le ponemos remedio nosotros, tal vez en un plazo no demasiado largo haya que decir aquello de "entre todos la mataron y ella sola se murió".
Que lo lamentable es que las grandes fuerzas políticas pacten para estos asuntos (el interés fundamental de éstas parece estar en que no alcance la Justicia a los muertos que tienen bien guardaditos en sus respectivos armarios) y no para asuntos que beneficien al común de la ciudadanía. Tan lamentable como que no se extienda la noticia de estos "pactos" tan rastreros.
Saludos,
Aguador
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