HASTA EL 20-N, UN PARÉNTESIS; DESPUÉS DEL 20-N, ¿“MÁS DE LO MISMO”? (I)

JOSÉ BONO Y EL NUCLEO DURO DEL CGPJ COINCIDEN EN LA "RECETA" DEL "CONSENSO" POST 20-N

[Aclaración previa sobre el contexto personal. Es muy probable que no pocos lectores de este “blog”, que ya recibe visitas desde los cinco continentes, desconozcan la trayectoria personal y profesional de Andrés de la Oliva Santos, aunque mi curriculum completo esté disponible como se indica en los “Datos personales” que aparecen siempre al acceder a POR DERECHO. Lo que ahora interesa no son estos o aquellos pormenores, sino señalar que, aficiones (más o menos intensas) aparte, son o han sido tres mis centros de interés (llamarle “pasiones” me suena mal). Me importan o me han importado, con la consiguiente dedicación ininterrumpida desde hace más de 44 años, 1º) La Justicia, en todos los sentidos de esta palabra; 2º) La educación y, más en concreto, la Universidad; pero también 3º) Conocer y entender la realidad más allá de apariencias, tópicos y modas. Estos tres “intereses” son coherentes, el primero con mi condición de cultivador del Derecho Procesal y el segundo y tercero, con la de profesor universitario. En el conocimiento y comprensión de la realidad incluyo destacadamente la política y social, a su vez conectadas en especial con la Justicia y la educación superior. He utilizado en esta aclaración el pretérito perfecto, porque debo reconocer que, respecto de la Universidad, he tirado la toalla en el ring, aunque aún me permita, de vez en cuando, opinar como espectador. Dicho todo esto, se entenderá que, respecto del futuro de España, ahora en trance de singular incógnita a causa del 20-N, me interese especialmente lo que se refiere a la Justicia. Como procesalista, no me atrae ya seguir y estudiar los constantes cambios legales. Pero mi preocupación por la Justicia en España es más fuerte que nunca porque como ciudadano, veo clarísimo que sólo en una Justicia independiente y servida por verdaderos juristas (los dos elementos) cabe apoyar la esperanza de que España se regenere social y políticamente y sea, en sustancia, aun con los naturales fallos que siempre y en todas partes derivan de la fragilidad humana, un Estado de Derecho, un país donde el poder no mande omnímodamente, de modo que los que más pueden siempre se salgan con la suya y los menos poderosos o desprovistos de fuerza siempre lleven las de perder y pierdan. Del estado de la Justicia depende, por tanto, la realidad de las libertades, los derechos y los deberes reconocidos, otorgados o establecidos por la Ley. Y depende también nuestro futuro económico, porque, lamentablemente, nos vamos acercando a grandes pasos a una situación de inseguridad jurídica y de habitual arbitrariedad, que, con toda lógica, desacredita a un país, lo que, literalmente, significa perder crédito o credibilidad y desalentar todo género de inversiones y, con ellas, el comienzo de una recuperación del empleo. Por todo lo expuesto, lo que más me importa del "post 20-N" es qué va a pasar con la Justicia. Supongo que nadie discutirá que no es mal indicador de un cambio sustancial.]  

Pensando en la situación posterior a las elecciones generales convocadas en España para el próximo 20 de noviembre (20-N), D. José Bono, aún Presidente del Congreso de los Diputados, dijo hace unos días que el que gane "tiene que tener la seguridad" de que el otro "no le va a criticar ni va a inflamar la calle" y lo ilustró con estas expresivas palabras: "es muy fácil un megáfono, una tienda de campaña y una acera llena que puede dar motivo para una fotografía y para mil periódicos". De ahí concluía en la necesidad de un “pacto de Estado” entre “el que gane” y “el otro”. Dichas esas palabras el 29 de septiembre de 2011, era indudable a quién se refería Bono con “el que gane” y con “el otro”. Finalmente puede ser que gane Rubalcaba (PSOE) y no Rajoy (PP), pero en ese día, se daba por sentado lo contrario.

La mayoría de los comentaristas o analistas políticos españoles han relacionado estas declaraciones de José Bono sólo con la situación económica y los “ajustes” o “recortes” de gasto público que serán necesarios tras el nuevo Parlamento y el nuevo Gobierno, resultantes del 20-N. Y, así entendidas las palabras del Sr. Bono, los comentaristas o analistas se han situado entre la aquiescencia y el aplauso más o menos fervoroso.

Como quiera que vengo siguiendo la trayectoria de D. José Bono desde mucho, mucho antes de que salieran a relucir, en estos últimos tiempos, sus importantes elementos patrimoniales y sus intensas relaciones con discutibles empresarios, sería del género tonto, por mi parte, una interpretación tan bienpensante e ingenua como la de esos comentaristas o analistas. Dispongo de muchos y muy significativos datos para desconfiar absolutamente del Sr. Bono como persona y para considerarle, como político, uno de los más funestos de su clase. No he dejado de pensar que, entre Bono y Rodríguez Zapatero (ZP), los grandes electores del PSOE probablemente acabaron prefiriendo a ZP, porque muchos de ellos conocían bien a Bono y no sólo no sentían simpatía alguna por él, sino que, más aún, eran conscientes del peligro que suponía, para todos, el que aún era gran cacique de Castilla-La Mancha.

Consecuentemente con lo anterior, la “advertencia” de José Bono tendría que ser considerada como una clara amenaza al PP, más clara y más grave cuanto más disimulada, porque al personaje, de gigantesco ego, le caracterizan, precisamente, su habilidad para el disfraz, el disimulo, la impostura, el manejo de las medias verdades y la disposición para cualquier componenda, sin límite de ningún tipo.

Pero, por si la interpretación de las palabras de Bono resultase dudosa para algunos, hay otro dato aún más significativo, si cabe: la propuesta de siete Vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para un nuevo “pacto de Estado” sobre la Justicia en el próximo futuro. Lo que dice esa propuesta, que pretenden convertir en acuerdo del Pleno del CGPJ (y seguramente lo lograrán), es lo de menos (cualquiera suscribiría más inversiones en la Justicia, mejor política de nombramientos, etc.) Lo importante es de dónde sale la propuesta, quiénes son sus patrocinadores y cómo proponen que se lleve a cabo lo que postulan.

Me detendré en estos tres puntos. Primero: de dónde sale la propuesta del nuevo “pacto de Estado”. Sale del CGPJ, el órgano que más perfectamente encarna el “Estado de partidos”, degeneración  del Estado Social y Democrático de Derecho en que se constituyó España según el art. 1 de nuestra Norma Fundamental vigente, de 1978. No es ninguna manía personal esta idea de que el CGPJ es el exponente más intenso del “Estado de partidos”, corrupción de la democracia parlamentaria, sin atisbo ya de una genuina separación de poderes. Entender al CGPJ como órgano constitucional convertido en máximo exponente de la corrupción objetiva de la democracia constitucional tiene un fundamento claro: el último sistema de elección de los 12 Vocales del CGPJ que han de ser Jueces y Magistrados provoca que el ámbito partidista-parlamentario y el judicial se empasten con una mixtura que no tiene parangón.  Que Diputados y Senadores tengan que designar a esos 12 Vocales de entre los Jueces y Magistrados que figuran en unas listas confeccionadas sobre todo por las asociaciones judiciales no conduce, como se quiso hacer pensar, a limitar la capacidad de decisión de los Diputados y Senadores a cambio de un mayor peso del conjunto de los Jueces y Magistrados: conduce a que, en cuanto se aproxima la renovación del CGPJ, se inicie un largo, intenso y duradero compadreo entre los partidos y las asociaciones judiciales, aunque éstas, sumadas, no alcancen a integrar a la mitad de los Jueces y Magistrados en activo. Las asociaciones judiciales (o cualquier iniciativa independiente que pretenda no ser meramente testimonial) operan en función de lo que a los responsables políticos les pueda parecer y les parezca aceptable. Así, tras ese compadreo o “negociación”, salen las listas pretendidamente limitativas de posibles Vocales judiciales y, después, por cuotas parlamentarias, como desde 1985, los partidos designan los 12 Vocales. Tamaña implicación del mundo del Derecho y de la Justicia con el mundo de los partidos políticos no se produce ni siquiera al designar Magistrados del Tribunal Constitucional: ahí, la pugna y la “negociación” son directamente político-parlamentarias (para más ilustraciones sobre el CGPJ, pinchen, si quieren, la etiqueta correspondiente: hay muchas, muchísimas, “entradas” sobre el CGPJ).

Segundo punto: quiénes son los patrocinadores de la propuesta. No conozco a todos, a los siete. Pero entre ellos destacan los miembros más influyentes de la actual “edición” del CGPJ: Manuel Almenar (Asociación Profesional de la Magistratura, APM; “ala conservadora”, según la usual taxonomía periodística, próximo al PP) y Margarita Robles (Jueces para la Democracia y “ala” o “sector progresista”, próxima al PSOE, siempre según las habituales etiquetas), acompañados por el Vicepresidente, Sr. De Rosa (ex-Conseller de Justicia de la Generalitat valenciana) y por el Prof. Gómez Benítez (asimismo “progresista” y también próximo al PSOE, pese a ciertos enfrentamientos con la Sra. Robles, ex-Secretaria de Estado de Interior en tiempos del biministro Belloch). Estos Vocales son los que “negocian” los nombramientos discrecionales, ahora muchas veces por el sistema de “packs” o grupos de plazas vacantes. Como se necesitan al menos 3/5 (siempre sobre 21) de votos conformes para los nombramientos discrecionales más importantes y no basta la mayoría simple de los Vocales presentes, hay una llamada “minoría de bloqueo”, con la que es preciso llegar a un acuerdo o los nombramientos no se producen (como está ocurriendo con gran frecuencia). El “desbloqueo” y el acuerdo sólo se puede lograr mediante un “do ut des”: “ésta para mí” a cambio de “ésta para ti”. Es el denominado “cambio de cromos”. Con sarcástico escarnio y cruel burla de la ciudadanía, son precisamente los Vocales más decisivos en el “cambio de cromos” los que ahora proponen “mejorar la política de nombramientos”.

Los citados Vocales se han distinguido también por la promoción fervorosa de ciertas reformas legales, casi todas nefastas, a mi parecer, no precisamente aislado. Paradigma de esas reformas, la de la Nueva Oficina Judicial (NOJ), que ya no debería ser materia opinable, porque sobre los hechos no se opina y es un hecho que la NOJ no funciona y paraliza la Justicia (v. aquí mismo http://andresdelaoliva.blogspot.com/2011/04/el-secreto-voces-ya-no-es-secreto-la.html).  Estos Vocales fueron los que acudieron a presionar a ZP y a Rajoy en favor de Proyectos de Ley como el de los Tribunales de Instancia, que no ha logrado salir adelante al disolverse las Cortes, o como el de Agilización Procesal, que se aprobó in extremis y que nada agiliza, porque sólo recorta recursos, con inclusión de algunos disparates, en los que no puedo detenerme ahora. Todos esos proyectos han sido conchabados, en el fondo y muchas veces en la forma (v. http://andresdelaoliva.blogspot.com/search/label/Partido%20Popular) con los responsables de la Justicia en el PP.

Tercer punto. Se propone un nuevo “pacto de Estado” sobre la Justicia, ya encarnado por los citados Vocales con su consensuada actuación, que ha incluido la máxima implicación nunca vista con el Ejecutivo por parte de un órgano llamado constitucionalmente a “desapoderar al Ejecutivo” (TC dixit: v.  108/1986, de 29 de julio) (v. dos post reveladores: http://andresdelaoliva.blogspot.com/2011/04/casorio-de-la-cupula-de-la-justicia-y.html y http://andresdelaoliva.blogspot.com/2011/04/casorio-de-la-cupula-de-la-justicia-y_23.html). ¿En qué consiste, para los referidos Vocales y para el CGPJ, un “pacto de Estado” sobre la Justicia? En pocas palabras, consiste en que PSOE y PP sigan de acuerdo en domesticar la Justicia y en desactivar la independencia de los Jueces y Magistrados, a los que, además, se les recorta una y otra vez el ejercicio de la potestad jurisdiccional. Digo “sigan de acuerdo” porque, aunque a los electores del PP (y también a bastantes del PSOE) les importe mucho una Justicia independiente, los dirigentes de uno y otro partido, desde hace algo más de una década, coinciden en el intento de neutralizar la Justicia constitucional. No lo reconocen de palabra, claro está, pero lo que legislan y lo que deciden es meridianamente claro para quienes estamos en condiciones de analizar las reformas legales y seguimos de cerca las vicisitudes de la Administración de Justicia.

Voy a repetir lo mismo que acabo de decir, pero en un lenguaje político inteligible para los electores que abriguen grandes esperanzas de cambio en relación con la convocatoria electoral del 20-N, del próximo 20 de noviembre. Tengo especialmente en cuenta a quienes, habitual u ocasionalmente, se inclinen por apoyar al PP, porque el PP sería el cambio, a su juicio.  A todos esos ciudadanos va este mensaje, que lanzo con enorme tristeza: obviamente, es innegable que, respecto del actual “Gobierno de España” e incluso respecto de la candidatura de Rubalcaba, candidatura del PSOE, el PP significaría un cambio. Pero de lo que estoy firmemente convencido es de que, en cuanto a la Justicia, es muy alta, altísima, la probabilidad de que el cambio tras el 20-N se limite a que ciertos cargos (Ministro de Justicia y colaboradores inmediatos, Fiscal General del Estado, en su día, dentro de dos años, Presidente del Supremo, etc.) sean ocupados por distintas personas, pero no varíe un ápice la política sobre la Justicia, incluido el sentido de las iniciativas legislativas del PSOE, que se tomarían como punto de partida. Es decir, y aún más claro: si votan al PP esperando que cambie algo para bien en materia de Justicia, que se enmienden graves errores, que no se cometan otros incoados, también muy graves ("la instrucción a los Fiscales", por ejemplo), es altamente probable que se encuentren defraudados por completo, porque lo que se avizora en el horizonte es, lisa y llanamente, “más de lo mismo”.

Continuará, porque he de explicar el por qué de esta apreciación y conviene explicar o recordar los antecedentes y otras circunstancias. Y también continuará porque no quiero dejar de contemplar la hipótesis de que el PP quisiese trabajar por una Justicia independiente, despolitizada y eficaz. Adelanto que quizás no se encontraría con acampadas y pancartas, pero sé con qué obstáculos sí se encontraría. Y los quiero decir con libertad y conocimiento de causa.