LAS ALTAS PROBABILIDADES DE QUE EL PP, EN CUANTO A LA JUSTICIA, SIGA LA MISMA “POLÍTICA” DEL PSOE
Al final del “post” anterior, anunciaba que en éste explicaría en qué fundamento mi pronóstico de una alta probabilidad de “más de lo mismo” en cuanto a la Justicia. Me aplicaré ahora a tal explicación, pero antes quiero insistir en que mi temor al “más de lo mismo” no se debe a mi desacuerdo, como procesalista, con reformas ya efectuadas —con muy negativos efectos— y con las anunciadas y no consumadas al finalizar la legislatura anticipadamente o al lanzamiento por el PSOE de propuestas de cambio (ejemplo más importante: un Anteproyecto de nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal) cuando, aun sin la disolución anticipada de las Cortes, ese cambio nunca se habría podido producir en esta legislatura. Mi temor es el de un ciudadano que ve recortado y condicionado, una y otra vez, el ejercicio de la potestad jurisdiccional o, lo que es igual, que ve una deriva administrativizadora en lo que correspondería a la Justicia, con arrinconamiento progresivo de los Jueces y Magistrados constitucionales y, a la vez, múltiples mecanismos de socavamiento de su independencia.
Verdad es que los análisis de los diversos cambios en la Justicia conducen necesariamente a valoraciones muy negativas, fundadas en a) los conocimientos sobre la historia o experiencia pretérita y sobre la realidad actual de la Justicia en España; b) los elementos de juicio que proporciona el Derecho comparado tomado en serio; c) lo que aporta la técnica jurídica específica del Derecho Procesal; d) lo que el Derecho Procesal también aporta, que es mucho, respecto de principios y criterios informadores de la política legislativa sobre la Justicia. Pero los procesalistas españoles hemos expuesto, colectiva o individualmente todo cuanto pensamos, sin apenas incidencia o eficacia en los ámbitos decisorios, los políticos. En términos más llanos: no han servido de nada nuestros esfuerzos, ya se tradujesen en declaraciones públicas suscritas de modo muy indudablemente representativo del criterio general, ya fuesen expresados en escritos e intervenciones públicas individuales. A diferencia de lo que sucedió en su día respecto de una nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, con remisión de un Borrador para el más amplio debate y la recepción de sugerencias de toda clase (operación repetida con un primer Anteproyecto), jamás, en la última década, han remitido los poderes públicos a las Facultades de Derecho, con la finalidad de obtener gratis opiniones quizá valiosas, ninguno de los muchos y muy importantes anteproyectos y proyectos sobre la Justicia. Ninguna reforma legal ha sido objeto de consulta alguna dirigida a los expertos (que lo son, en principio, según el Derecho del Estado español). Y cuando hemos considerado que debíamos opinar aun sin estímulo de los que mandaban, de nada bueno ha servido: sólo se han derivado represalias cuando y contra quienes podían fulminarlas (v. http://andresdelaoliva.blogspot.com/2009/11/o-adhesion-o-intolerancia-y-represalia.html)
Prescindo de todo eso. Insisto en que escribo ahora sólo como un español que no ve regeneración posible de este país sin una Justicia independiente y medianamente eficaz y que tampoco ve en el horizonte tal Justicia, sino todo lo contrario.
Es previsible “más de lo mismo”, en primer lugar, porque es previsible que el PP no cambie de rumbo. Y, a su vez, esa previsión deriva de ser de nuevo previsible que no cambien las personas del PP a quienes se deja fijar, en materia de Justicia, la actuación de ese partido (eso es lo que hay en realidad: ocurrencias políticas de personas, nunca un conjunto programático coherente realmente preocupado por lo que puede contribuir a una Justicia mejor, más independiente, de más calidad). Y no se advierten indicios de que, en las alturas del PP, se aprecie la necesidad de un cambio de rumbo y así se vaya a decidir.
[INCISO IMPORTANTE: Registré hace semanas, una rotunda oposición de la portavoz “popular” en el Congreso, Dña. Soraya Sáenz de Santamaría, a confiar a los fiscales la dirección de la fase de instrucción en los procesos penales. Era y es, sin duda, una postura muy relevante, pero se condicionaba a un cambio respecto del Ministerio Fiscal (MF), como si ese cambio no requiriese necesariamente una reforma constitucional y como si tal reforma pudiese ser, no ya hacedera, sino conveniente (¡qué tópico lamentable el de la independencia del MF, que, propiamente dicha, sólo existe en Italia!). Se diría que en el PP ignoran o han olvidado que ya se hicieron reformas del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), en 2003 (Ley 14/2003, de 26 de mayo) y 2007 (Ley 24/2007, de 9 de octubre) y que ésta última buscaba, pretendidamente (es decir, falsamente), aumentar la autonomía del Ministerio Fiscal, con el resultado de aumentar los poderes del Fiscal General del Estado. Lo que tendría que hacer un nuevo Gobierno, respecto de la Fiscalía, es designar a un jurista en verdad prestigioso e independiente, no necesariamente perteneciente a la Carrera Fiscal, como lo hizo posible en 1981, con toda intención, el EOMF, probablemente la ley más concienzudamente meditada y más arduamente consensuada en su día entre UCD y PSOE. La fórmula constitucional es correcta, perfectamente homologada con la de todos los países serios. Sólo falta que la Fiscalía General no esté a cargo de personajes sin prestigio y de clarísimo sesgo partidista. Y que el PP no vuelva a tener ocurrencias como las que condujeron a la Fiscalía Anticorrupción. Me consta que medio PP no recuerda este origen.]
Aunque se advierten movimientos de un notable número de políticos “populares” dispuestos a aferrar la cartera de Justicia (e incluso convencidos de que así será) y algo semejante se ve respecto de la Fiscalía General del Estado, los diversos aspirantes no representan cambio alguno. Al contrario, pertenecen prácticamente todos al mismo círculo de personas implicadas grandemente en lo que se viene haciendo en el PP desde el nombramiento de Ministro de Justicia del licenciado D. Ángel Acebes Paniagua, acompañado, como Secretario de Estado, por D. José María Michavila Núñez, que después sucedió al Sr. Acebes, ascendido a notorio Ministro del Interior en el último Gobierno del Sr. Aznar. Los “logros” protagonizados e iniciados por este duo, hoy alejado formalmente de la política, ya han sido descritos y glosados aquí. Fueron los iniciadores del “consenso” con el PSOE o más exactamente del seguidismo acrítico, para vender a la opinión pública un “Pacto de Estado sobre la Justicia”, sobre la que no sabían absolutamente nada: ni ciencia ni experiencia. Al respecto, además del reciente “post” de 17 de septiembre de 2011, repaso otras “entradas” de este “blog”, entresacando lo que decía en ellas:
23 de abril de 2011. “CASORIO” DE LA “CÚPULA DE LA JUSTICIA” Y EL PODER EJECUTIVO EN ESPAÑA (II): «Como todo esto que sucede es producto del Consenso, resulta irrevisable. En nuestro asunto, se trata de aquel consenso entre listos e inútiles, que comenzó con la mayoría absoluta de Aznar y se consagró en las reformas de la LOPJ en los años 2001 (L.O. 2/2001, de 28 de junio: para implicar a las asociaciones judiciales en la parlamentarización del CGPJ) y 2003. Lo culminaron, hace poco, Caamaño y Trillo, que ahí siguen, sostenidos por el Presidente dimisionario y por el aspirante a Presidente.»
15 de febrero de 2011. PARA GANAR LAS ELECCIONES HAY QUE MERECERLO (I): «Ya he apuntado aquí muchas veces mi rotundo desacuerdo en asuntos que considero de máxima importancia: la Justicia y la autenticidad del Estado de Derecho es sólo uno, aunque suficiente para mi criterio electoral y pienso que para el de los ciudadanos más apegados a los fundamentales valores democráticos: la igualdad ante la ley, la efectiva tutela contra la arbitrariedad, la sumisión de los poderes públicos al Derecho. Ha sido enorme el daño que, por consenso con el PSOE, ha hecho el PP y aún puede ser —está a punto de ser, si contribuye a la desaparición de los Juzgados de todo tipo con el camelo de los “Tribunales de Instancia— sencillamente devastador y prácticamente irreversible. Del PP es la pésima reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, perpetrada en el 2003, culminada en la cooperación necesaria para la ley de megareforma procesal relativa a la mágica “oficina judicial”, en el 2009. He comentado también en este “blog” el enfangamiento del PP en el engendro de la Comisión de Propiedad Intelectual (vulgo “Ley Sinde.2”). Y no menos grave es la implicación del PP en la suciedad política judicial: en las relaciones con asociaciones judiciales, en las normas y en la praxis de designación y de funcionamiento del CGPJ, órgano corrupto y corruptor, máximo exponente del “Estado de Partidos”; en el partidismo del Tribunal Constitucional; etc. El tema —que conozco muy bien— me asquea y me entristece desde hace mucho tiempo.»
Ahora debe entrar explícitamente en escena otro personaje, D. Federico Trillo-Figueroa y Martínez-Conde, responsable directo del consenso para la megareforma procesal de 2009, esa Nueva Oficina Judicial (NOJ) que no funciona, pero que conlleva una considerable impartición de justicia por funcionarios administrativos. Traté este asunto en dos amplios “post”: DE LA JUSTICIA QUE ANDA MAL, A LA QUE PRONTO NO EXISTIRÁ (I y II), de 22 y 28 de septiembre de 2009. http://andresdelaoliva.blogspot.com/2009/09/de-la-justicia-que-anda-mal-la-que.html. Me da a mí que D. Federico, que ya ha sido Ministro de Defensa y Presidente del Congreso de los Diputados, aspira seriamente a ser Ministro de Justicia. Este hombre no ha sido nunca un analfabeto jurídico, uno de esos sedicentes “juristas” que, en realidad, no han hecho otra cosa que sacarse el título de Licenciado a trancas y barrancas y colegiarse enseguida para titularse “abogados”. Aparte de su tesis doctoral sobre Shakespeare y el Derecho, Federico Trillo-Figueroa ganó en su día (1974 y 1979, respectivamente) dos oposiciones exigentes: al Cuerpo Jurídico de la Armada (tradición familiar) y a Letrado del Consejo de Estado.
Le conocí en 1983 cuando trabajaba como “segundo de a bordo” (el “primero” era Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón) en la asesoría jurídica del Grupo Parlamentario de la Coalición Popular (AP, PDP y “la patita liberal”, primero UL y después el PL de Segurado, Fontán, Pío Cabanillas Gayas, etc., donde moré políticamente pocos años, hasta el 24 de octubre de 1986, en que me fui). Ignoro cuáles pueden ser hoy los conocimientos jurídicos del Sr. Trillo-Figueroa, pero, si leyese este “blog”, no le sonaría a nada nuevo mi convicción de que no cree en la independencia judicial (se lo reproché hará ya 20 años ante muy cualificados testigos). Después de aquel momento, nada ha dejado de confirmarme en esa convicción personal, lo que lamento mucho y me entristece muchísimo. Por su cargo en el PP, desde el primer triunfo de ZP hasta hoy, Trillo-Figueroa viene ocupándose de los asuntos de la Justicia y resulta así corresponsable de las renovaciones de CGPJ (con inclusión de politicastros sin formación jurídica, prestos a venderse o alquilarse al poder) y del TC. Está muy generalizado en círculos jurídicos serios el asombro ante sus preferencias en cuanto a candidatos. Desempeña otros cometidos que la prensa ha publicado y le son atribuibles, a veces por omisíón, otras gestas, que resumo mediante el repaso de otros “post” de este "blog". Ahí van:
25 de enero de 2011, LA REAPARICIÓN DE LA “LEY SINDE: «Y, digan sus Señorías: ¿ha pasado la propiedad privada (porque la propiedad intelectual, de momento, sigue siendo propiedad privada) al ámbito de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa? Parece que sí, aunque la monstruosa criatura jurídica engendrada en ese coito político tan abrupto todavía reconoce alguna atribución a la Jurisdicción civil: revisar las decisiones arbitrales de la Sección Primera de la malnacida Comisión de Propiedad Intelectual. Se han lucido sus Señorías con tamaño desatino. Después de la propiedad intelectual, puede ser primordialmente controlada por la Administración la propiedad inmobiliaria urbana y rústica, la de ciertos bienes muebles o la propiedad industrial. Nada de ir a los tribunales correspondientes. Se acude a la Comisión creada ad hoc, en el seno de la Administración (más cargos, carguitos y carguetes, para los amigos y los amiguetes) y, si acaso, el disconforme recurre a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Para más inri, aún habrá entre Vds., Señorías del PP, quien atribuya connotaciones liberales a estos cambios.»
«Por hoy, no me voy a extender mucho más. El PP, tan ufano en sus fastos del pasado fin de semana, no ha podido dar una muestra más completa y convincente de la mezcla de ignorancia jurídica e idiocia política con que discurre su actuación política en verdad relevante (también electoralmente), que no es la de sus actividades internas (reuniones, declaraciones, actos públicos diversos), sino la de lo que planean y hacen (o no planean ni hacen) por los españoles. Vds., dirigentes del PP, que son tan "listos" (frente a los pobres tontos teóricos, como yo), ¿han logrado, a cambio del apoyo a esta desdichada y calamitosa improvisación, que el PSOE deje de insistir en alguna de sus deplorables iniciativas (que retire alguna ley proyectada o anteproyectada, de las muchas que deberían ir a la papelera)? ¿Acaso han "colocado" a alguien suyo en algún sillón vacante? ¿O es que el US Ambassador resulta también demasiada presión para Vds.?»
11 y 7 de octubre de 2010: EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE ESPAÑA: “RENOVARLO” PARA REMATARLO (I y II). Aquí les dejo los enlaces, con la recomendación de leer o releer estos textos, que no me siento capaz de resumir: http://andresdelaoliva.blogspot.com/2010/10/el-tribunal-constitucional-de-espana.html y http://andresdelaoliva.blogspot.com/2010/10/el-tribunal-constitucional-de-espana_11.html El lío y la irregularidad en que se encuentra sumido el Tribunal Constitucional son de general conocimiento y de también general lamentación. La mano del Sr. Trillo-Figueroa dirige los movimientos, salvo puntuales intervenciones, mucho más afortunadas que los criterios del encargado "popular" de los asuntos de la Justicia.
Dejando ya a un lado al Sr. Trillo-Figueroa, otro episodio en el que el PP mostró notable desconcierto es el que trataba aquí el 6 de noviembre de 2009: EL "GRAN HERMANO" TELEFÓNICO Y EL "SHOW" DEL PP. A quien le interese refrescar la memoria y formar criterio sobre las opciones del PP en materias jurídicas y, más concretamente, judiciales, lea este “post” al que directamente enlazo: http://andresdelaoliva.blogspot.com/2009/11/el-gran-hermano-telefonico-y-el-show.html
Pues todo lo anterior, más el hecho de que, como ya he dicho, quienes bullen en los asuntos de la Justicia dentro o al lado del PP (p. ej., en FAES) anden prácticamente todos en la misma órbita (amigos queridos o colaboradores del duo Michavila-Acebes, como Lesmes, p. ej.) amigos y beneficiados de D. Federico e incluso aliados en tales y cuales entidades del ámbito judicial), son uno de los elementos principales en que se funda mi predicción del muy probable “más de lo mismo”, que ójala resultase completamente equivocada. Pero este “post” ya se ha alargado bastante. De manera que lo que queda en el tintero aparecerá aquí más adelante.
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