HASTA EL 20-N, UN PARÉNTESIS; DESPUÉS DEL 20-N, ¿“MÁS DE LO MISMO”? (y III)

 

DIFICULTADES DEL PP PARA ENMENDAR EL RUMBO EN MATERIA DE JUSTICIA…Y DE REGENERACIÓN DEL ESTADO DE DERECHO
(Actualización de importancia a 15 de octubre de 2011)

Si los lectores de este “blog” pueden estar cansados del tema, sepan que a mí me pilla con mínimas fuerzas, que aún menguan por la tristeza que me produce la tan lamentable y prolongada situación de la Justicia y de los mecanismos básicos del Estado de Derecho, situación ante la que casi nadie reacciona, Jueces y Magistrados incluidos. Pero hay que terminar lo que se comienza. Así que allá voy, con el aviso de que me propongo ser escueto. Si sobre algún punto se quieren explicaciones, recurran los lectores a la posibilidad de dejar comentarios. Gracias anticipadas si se acogen a esa posibilidad.

Las dificultades que ha de afrontar el PP para enderezar su rumbo de los diez últimos años son de dos tipos. En primer lugar, las que proceden de dentro. De estas llamémosles dificultades internas, está, ante todo, la carencia en el PP de unas cuantas convicciones acertadas sobre la Justicia. No tiene el PP una mínima tradición programática sobre bases firmes, que, para empezar, bien podrían ser las que aparecen en preceptos claves de la Constitución (el principal, el art. 117). Como ya dije en el “post” anterior, el PP no posee un cuerpo de doctrina certera y sólida sobre la Justicia y tampoco compensa esa carencia con el influjo de personalidades con autoridad e influencia. No es que no existan personas con ideas acertadas dentro o en las proximidades políticas del PP: es que no han sido tomadas en consideración, sino ignoradas y alejadas.

La segunda dificultad interna es la implicación expresa del PP con la política del PSOE durante estos diez últimos años. Grandes empeoramientos de la situación derivan del nuevo sistema de elección de los 12 Vocales judiciales del CGPJ (2001) y de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en 2003,  cambios realizados con el PP en el Gobierno. En gran medida, la lamentable mega-reforma procesal (aunque no sólo procesal) del 2009, impulsada por el PSOE, es una continuación de lo aprobado en el 2003, sin que el PP supiese y quisiese advertir hasta qué punto la ulterior propuesta del PSOE sobrepasaba lo aprobado en el 2003. Un apoyo al PSOE prolongado en las renovaciones del CGPJ (y del TC) según la “lógica del Estado de partidos”, con el resultado de varias “ediciones” del CGPJ absolutamente proclives a apoyar entusiásticamente la política del PSOE, en la legislación y en toda praxis de control y neutralización del Poder Judicial (de paso: en estricta política menor, ¡vaya lucimiento del PP!). Parlamentariamente, todas las iniciativas de reforma del PSOE respecto de la Justicia han podido contar con el apoyo —en ocasiones, imprescindible— del PP, con un CGPJ desacreditado, pero máximamente beligerante en favor de la “agilización procesal”, de los “Tribunales de Instancia” (invento dirigido a destruir los Juzgados como órganos de Administración de Justicia a cargo de un Juez: destrucción nunca visto en país civilizado alguno), de una Ley sobre mediación que la impondría como obligatoria y que sería, como mínimo, retardataria de la acción de la Justicia y de otras leyes y actuaciones encaminadas al control de la Justicia por el Ejecutivo a través de instrucciones, comisiones “asesoras” y aplicaciones informáticas, limitadoras del poder de decisión de los Jueces y Magistrados, atribuyéndoselo a funcionarios dependientes del Ministerio de Justicia.

Tampoco se ha visto que el PP reaccionase en absoluto ante un Anteproyecto de nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, en sí mismo pura propaganda, pero también una pieza que se ha querido colocar en el tablero para empujar al PP a seguir por esos pasos si alcanza el poder el 20-N. Señalo, como anécdota altamente significativa, que el moribundo gobierno de ZP está logrando que el Consejo de Estado se vea en el trance de dictaminar Anteproyectos con Cortes disueltas. Se trata de un absurdo y una anomalía, pero es que, con esos dictámenes, la presión se incrementará.

Una traca final de la constante implicación del PP con el PSOE —con responsables a los que ya señalé en el “post” anterior: el Sr. Trillo-Figueroa y todos los colaboradores y amigos del duo Acebes-Michavila, como Astarloa, Lesmes, Enrique López, etc., introducidos en FAES y, por supuesto, en el CGPJ— ha sido la clandestina reintroducción del más facilitador sistema de ida y vuelta de la Jurisdicción a la política (además de mi “post” aquí http://andresdelaoliva.blogspot.com/2011/09/reinstauran-de-tapadillo-una.html) pueden ver detalles de la unanimidad parlamentaria en el artículo en EL PAÍS, de Ruiz Robledo, con el que estoy en casi todo de acuerdo, aparte de un error menor y de un juicio de inconstitucionalidad que no puedo compartir conforme a la técnica jurídica, por más que la reforma me pareciese y me parezca deplorable en el fondo e indecente en la forma  (v. http://politica.elpais.com/politica/2011/10/10/actualidad/1318269514_491590.html).

Paso ya a las dificultades externas, las que encontraría el PP desde fuera si quisiera tomar un rumbo claro y positivo en asuntos de la Justicia y del Estado de Derecho (aunque, como verán, conectan con las que provienen de su interior).

En primer lugar, estará la presión del PSOE y sus acompañantes. Por debilitado que quede el PSOE tras el 20-N si los análisis actuales aciertan y no se equivocan las encuestas y previsiones, esa presión existirá y quizá sea más intensa y agresiva cuanto mayor sea la derrota.

No faltará, en segundo lugar, una presión contraria al cambio ejercida por el CGPJ, donde ya se ha cocinado un consenso en ese sentido, como señalé en el “post” I de esta serie. Hay una serie de Vocales, en número relevante, que, en términos políticos, deben su puesto al PP, pero que, como ya se ha visto en otras “ediciones” del CGPJ, prefieren la comodidad de sumarse a la mayoría o se consideran situados en el CGPJ para favorecer a la asociación judicial que les promovió… y que les acogerá protectoramente cuando terminen su mandato. Por tanto, resulta muy probable que se sumen a una presión dirigida a que el PP mantenga su línea de los últimos diez años y, en concreto, a que siga adelante con las iniciativas del PSOE que no han podido ser parlamentariamente tratadas y aprobadas por la anticipada disolución de las Cortes. Asimismo, es casi seguro que el CGPJ siga siendo partidario de la Nueva Oficina Judicial (NOJ), con la que se ha comprometido hasta extremos nunca vistos, pese a su conato de fuerte reacción contraria en vista de las experiencias en Murcia y Burgos (v., en este blog, los “post” anteriores de esta misma serie y los enlaces).

[Inciso de actualización, a 15 de octubre de 2011: Recibo un comentario anónimo, que no reproduzco para respetar la regla, pero que dice, aprox: "Sr. De la Oliva. Los jueces deben dedicarse a dictar sentencias y presenciar audiencias, sin ocuparse de la gestión de personal ni de las resoluciones interlocutorias. Olvídese de la oficina judicial en Burgos, que hoy funciona perfectamente." Me olvido con sumo gusto de esa oficina judicial, sobre cuya situación actual yo no decía nada, como es fácil comprobar. Pero, mira por dónde, el que sí ha dicho algo -y no precisamente que la oficina en Burgos funcione perfectamente- es el mismísimo Sr. Trillo-Figueroa, el 14 de octubre de 2011, tras inspección in situ, parece que como Ministro de Justicia in pectore. Véanlo en la edición de Castilla y León del ABC:  http://www.abc.es/20111014/comunidad-castillaleon/abcp-trillo-asegura-revisara-modelo-20111014.html. Diré después, que no soy partidario de que los Jueces se ocupen de la gestión del personal, pero sí de que sean la cabeza de su Juzgado (y los Presidentes, la cabeza de su tribunal colegiado). La organización descabezada actual es un atentado al sentido común, que sólo sirve para que el Ejecutivo ocupe de facto la "tierra de nadie" legal. Finalmente, lo principal: el Sr. Anónimo llama "resoluciones interlocutorias" a muchas decisiones que pueden ser determinantes de la sentencia y, por si fuera poco, a decisiones sobre el fondo de ciertos litigios, en todo equivalentes a sentencias, que les han sustraído a los jueces. De la mayoría de las genuinas "resoluciones interlocutorias" (de trámite, para los legos en Derecho) no se ocupaban ya directamente los Jueces antes de la mega-reforma del 2009. Sobre la negación de la naturaleza jurisdiccional de lo procesal o confusión (interesada) de lo jurisdiccional con las sentencias y resoluciones sobre el fondo, v. la declaración pública suscrita en su día por más de un centenar de procesalistas de todas las "escuelas" y de 32 Universidades distintas: POR LA UNIDAD Y LA INDEPENDENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA Y POR LAS GARANTÍAS PROCESALES DE LOS CIUDADANOS . Sobre el "Proyecto de Ley de Reforma de la Legislación procesal para la implantación de la Nueva Oficina Judicial", mediante este enlace: http://www.ucm.es/info/procesal/documentos.htm.]

Además, las asociaciones profesionales de jueces y de fiscales, más las de Secretarios Judiciales, estarán prontas a crear problemas al PP en cuanto éste no les secunde por completo, con nombramientos y medidas del agrado corporativista. En todas las asociaciones que mencionaré, como en otras, me consta que hay afiliados e incluso directivos decentes y de completa buena fe. Pero, por desgracia, las asociaciones, en conjunto, se han convertido en “lobbys” y grupos de presión, sin altura de miras. Y debo aclarar que cuando preveo su presión no me refiero sólo ni principalmente a los “colectivos” profesionales etiquetados como “progresistas”. Estoy pensando más en los que la prensa suele calificar de “conservadores” (¿tengo que decir que no creo en esas etiquetas y que la realidad las desmiente?). Pienso en la “Asociación Profesional de la Magistratura” (APM), en la “Asociación de Fiscales” (AF) y en el equívocamente denominado “Colegio Nacional de Secretarios Judiciales” más que en “Jueces para la Democracia” (JpD), la “Asociación Progresista de Fiscales” (APF) o la “Unión Progresista de Secretarios” (UPS). Porque he podido comprobar, en los muchos años que llevo siguiendo las vicisitudes de nuestra Justicia, esta aparente paradoja: los “conservadores” se muestran mucho más beligerantes y reivindicativos cuando el Gobierno es “de derechas”. Innumerables comentaristas se han hartado de señalar la inoperancia e incluso la “dulzura” de las “centrales sindicales” (CC.OO. y UGT, ambas “de izquierdas”) ante la política económica y social del “Gobierno de España” (el de ZP), lo que —siguen señalando— no se hubiese dado con un gobierno “de derechas” o “centro-derecha”. Nada parecido, sino todo lo contrario, ocurrirá —me atrevo a predecir— con estos grupos pretendidamente representativos de los profesionales la Justicia. Todo lo que han aguantado con ZP —tantos silencios, tantas “suavidades”, tanto fatalismo y tan pleno y penoso conformismo— se convertirá fácilmente en impaciencia y protesta, sin descartar la movilización (huelgas, manifestaciones), si gobierna el PP.

He hablado de paradoja “aparente” porque este fenómeno, que ya se ha visto antes y que me atrevo a vaticinar en caso de triunfo electoral el 20-N y posterior gobierno del PP, tiene fácil explicación. No es sólo ni principalmente que estas asociaciones abriguen poco temor a “represalias” (o a reacciones legales estrictas) por parte del PP, a diferencia de lo que han sentido ante el PSOE. Es también, al menos en muchos de los dirigentes, el factor psicológico de aprovechar una buena oportunidad para presentarse con una actitud de independencia, incluso con alardes de ella que resultarían verdaderamente escandalosos si se conociesen muchas pequeñas historias. Los tildados de “conservadores” se pueden realizar e intentar sacudirse tan molesta etiqueta justamente mostrando en público, a las primeras de cambio, desacuerdo, distancia e incluso hostilidad con un gobierno “de derechas”. Y coadyuvará a esa actitud hipócrita la presión que recibirán de otras asociaciones, las “progresistas”, que cuentan con el acomplejamiento y el descriterio de sus colegas.

Ya se advierten movimientos preelectorales entre estos servidores públicos, especialmente en los más intrínsecamente politizados, que son los “líderes” de los Fiscales. Quiero dejar claro mi respeto y mi admiración por muchos miembros del Ministerio Fiscal irreprochablemente decentes, que procuran trabajar a conciencia. Pero sus corporaciones e incluso, ciertos grupos de ellos, autoproclamados “la crème de la crème”, hacen honor a la tradicional implicación de la Carrera Fiscal con la política, en la que los Fiscales ocuparon muchos cargos, siendo, en ciertas épocas, un auténtico semillero de vocaciones de servicio al Estado (o sea, al Gobierno). Ahora, es sabido que muchos echan pestes, en privado, del actual Fiscal General del Estado, al que los más antiguos no encuentran parangón en cuanto a despotismo y arbitrariedad. Pero, como aquí se reflejó, no sólo no han protagonizado en estos pasados años una actitud de clara protesta, sino que hemos vistos gestos corporativistas de increíble ausencia de sentido crítico (v. http://andresdelaoliva.blogspot.com/2010/06/el-consejo-fiscal-un-corporativismo.html). Aunque internamente hay una importante división de opiniones —que no se corresponde la dicotomía Fiscales “progresistas” y Fiscales “conservadores”—, ante el propósito de que el Ministerio Fiscal dirija la instrucción de los procesos penales, considero más probable una toma de posición corporativa de los Fiscales favorable a ese propósito, que —no nos engañemos— es, en España, un plan de control pleno de la Justicia penal por el poder político.

Ninguna de las dificultades que he descrito sería insuperable (ni siquiera la mayor: la del cambio interior del PP) y ninguna de las presiones, irresistible. Y mucho menos para un Gobierno que dispusiese de un amplio respaldo popular y de una clara mayoría parlamentaria. Por el contrario, ese Gobierno se encontraría ante una oportunidad de oro para poner orden, claridad, decencia y más eficacia en nuestra Justicia. No tendría que entrar en el terreno con gran estrépito, como a caballo y con sable. No serían necesarios muchos aparentes “grandes cambios”: bastarían unos pocos. Sólo se precisaría un poco de verdadero sentido del Estado y la conciencia de que, aunque la Justicia no dé votos, la continuación de su deterioro puede darle la puntilla a este país, también desde ese punto de vista que se diría el único que a algunos les importa: el económico. Y, además de esa conciencia, serían indispensables, claro está, al menos unas cuantas personas prudentes que sepan de verdad del tema (lo que no es igual a ser o haber sido durante un tiempo Juez, Abogado, Fiscal, etc.), que posean autoridad moral e intelectual y que no aspiren a medrar en ningún aspecto (y, casi añadiría, como importante: que tampoco aspiren a pasar a la historia o Historia).

No seré yo el que formule aquí lo que podría ser un programa del PP en materia de Justicia. Aunque me moviese exclusivamente, como me muevo, por lo que pienso que necesita este país, me introduciría sin remedio en un terreno partidista, que me he vedado y, por añadidura, más de uno pensaría que me postulo para algún cargo (cosa que no sería ilegítima, pero que no deseo). Con todo, sí puedo indicar algunos objetivos urgentes, además del principalísimo, que es reprimir la demagogia: 1) Poner orden en Juzgados y Tribunales, restituyendo al Juez o al Presidente la autoridad que nunca debieron perder; 2) Comenzar a regenerar el CGPJ (puesto que está en la Constitución) sin miedo a decirles cuándo se están saliendo de sus funciones legales ni a exigirles que asuman en serio las que sí tienen; 3) Establecer unas reglas razonables de responsabilidad, también penal, para los miembros del Ministerio Fiscal: no es verdad, sino una gran falsedad, que los Fiscales no pueden prevaricar puesto que no dictan resoluciones: los Fiscales adoptan resoluciones —aunque no las “dicten”— de enorme importancia: acusar o no acusar; acusar de esto o de lo otro; informar favorablemente la prisión provisional; realizar indagaciones que pueden ser injustamente infamatorias si se “filtran” o se “visualizan” con detenciones televisadas, son ejemplos claros. Que se impongan demasiadas “penas de banquillo” a personas que luego son libremente absueltas o que se dejen sin sancionar comportamientos delictivos porque no se acusa o se acusa disparatadamente es algo cotidiano. Si el responsable es un Juez, la querella inmediata procede sin lugar a dudas: carece de toda lógica, que, en cambio, resulte una proeza lograr la admisión de una querella si el responsable es un Fiscal; 4) No recortar, sino invertir más en la Justicia, con cabeza, con controles serios, pero entendiendo que ahí no ha habido despilfarro inútil, salvo acciones puntuales de mucha gravedad, como —no quiero omitirlo— los millones que se han presupuestado y gastado en la informática judicial. En este punto, procedería una inmediata auditoría doble: operativa y económica.

Para los amantes del Derecho y de la libertad, la política del PSOE desde el postfranquismo ha sido constantemente —y mucho lo lamento— algo más que una gravísima amenaza. Por tanto, se impondría que el PP tomase la máxima distancia respecto de esa política socialista, tan alejada del respeto al Derecho y a la Justicia apreciable en otros socialistas y socialdemócratas europeos. Si el PP quisiese mostrarse como un partido seriamente defensor del Estado de Derecho, sería de esperar, en lugar de ir improvisando reformas y reformitas y copiando piezas deslabazadas de otros ordenamientos, un estudio serio de los problemas reales y un trabajo de profundización en las raíces de nuestro ordenamiento jurídico, muy envidiable en muchos aspectos. La acción popular, ni tocarla, por ejemplo.

Además de los muchos peligros, dificultades y presiones ya tratados, que sostienen la predicción del “más de lo mismo” tras el 20-N, queda uno último, que parece de broma, pero es muy serio, real y efectivo. Me refiero a la ya experimentada praxis política consistente en que cuando no se sabe qué hacer (ni se tiene interés en averiguarlo), se anuncian y aprueban nuevas leyes, a destajo y todas publicitadas como importantísimas. Parecerá que se hace algo (e incluso algo bueno) a coste adicional cero. Si esto de hacer leyes para aparentar ha sucedido en época de vacas gordas, hay motivos para ponerse a temblar cuando cabe decir “no hay un euro”.